Participación Ciudadana rindió informe de 2010 durante su XVll Asamblea General

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, denuncio que  a pesar de las múltiples legislaciones que se han creado  en el país en los últimos años para transparentar el manejo de los fondos en la administración pública, los resultados  no se ven, esto fue durante la XVII Asamblea General de Participación Ciudadana. 

Citó la  ley de Compras, Contrataciones y Concesiones de Obras Públicas, así como las leyes que regulan el manejo del crédito público, la Tesorería, los controles internos, y las asignaciones presupuestarias, entre otras.

Afirmó que  transcurrida más de una década, el esfuerzo legal por cubrir las brechas por donde se escapan tantos recursos y se filtra la corrupción y la ineficiencia, es “virtualmente invisible”, dijo.

 Agregó que no hay evidencias de que el comportamiento de los gobernantes en materia de gastos públicos haya cambiado positivamente por estas leyes, y la  gestión fiscal no  es transparente, ni eficaz.

Sosa habló en esos términos al rendir un informe   de las acciones de Participación Ciudadana durante el año  2010.

Nebulosa.   Precisó que en el ámbito político y social, las perspectivas no parecen nada favorables en lo atinente a la gobernabilidad y el respeto a los derechos ciudadanos y  la Constitución. “Todo indica que estamos ante un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder”,  indicó.

 Reiteró que  los aprestos para continuar violando el principio constitucional de separación de poderes se  evidencian en la forma en que fueron designados los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, así como en la conformación de una comisión para asesorar al Congreso tras el conflicto surgido con las modificaciones hechas por el  Senado al  proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

¿Dictadura? En opinión de Sosa,  las decisiones tomadas con posterioridad a la promulgación de la Constitución, no favorecen al pueblo, sino “a ese proyecto de poder personal concentrado” que se viene gestando, rememorando tiempos que se pensaban ya  superados.

“El momento es de reflexión, concertación y lucha para vigilar el proceso de conformación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Defensor del Pueblo, ya que las mismas constituyen columnas indispensables para garantizar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en la República Dominicana”, acotó.

Asamblea.    Sosa ofreció el informe de gestión   de PC durante durante la celebración de la XVll Asamblea General de la entidad no partidista.

En el acto, realizado en el centro de los Dominicos, en la Zona Colonial, fueron electos como nuevos miembros del Consejo Nacional de PC  Sonnia Vargas, Samir Chami  Isa, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez, entre otros.

Las claves

1. Esperan fallo SCJ

Sosa dijo que están a la espera de que  la Suprema  Corte de Justicia   falle  un recurso de inconstitucionalidad  contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos  para los legisladores.

2. Un abuso

Dijo que   entre enero  2002 y octubre  2009 los legisladores importaron 678 vehículos  por  CIF equivalente a RD$1,993 millones. Afirmó,  que de haber sido adquiridos de acuerdo con las normas regulares,  habrían conllevado  impuestos  por RD$1,022 millones, recursos con los que  el Estado pudo haber financiado  importantes iniciativas como escuelas y hospitales.

La Red Nacional de Acción Juvenil, integrada por decenas de organizaciones juveniles de todo el país, desarrolló una Parada Cívica por los Derechos de la Juventud, dicho evento se realizó en el marco del “Día Nacional de la Juventud”.

Los jóvenes dieron inicio a la manifestación a las 10 de la mañana, los cuales se congregaron frente al Ministerio de la Juventud y en las Oficinas Provinciales de esta entidad Estatal. La actividad se realizó simultáneamente en el Distrito Nacional, Santiago, Barahona, La Romana, La Vega y Sánchez Ramírez.

Los manifestantes expresaron su inconformidad por la falta de seguimiento a la juventud, la inoperancia del ministerio, la falta de políticas públicas para cubrir las necesidades del sector y de igual forma condenaron la promoción de anti-valores por parte de los políticos desde sus funciones públicas.

Los jóvenes de la Red Nacional de Acción Juvenil, presentaron un documento que da cuenta de cómo andan los indicadores del país en materia de juventud, donde se manifiesta que el  87.9% de jóvenes están en condición de desempleo, si consideramos los jóvenes que trabajan en el sector informal de la economía como desempleados y le agregamos la tasa de desempleo actual.

Otro dato que destacan los jóvenes es que la deserción universitaria en nuestro país ronda un 38.9 %, esto en contraposición con el 9% de la población dominicana que no tiene ningún tipo de instrucción educativa formal.  

Al ser cuestionados sobre la aplicación de la Ley de Juventud, estos manifestaron “que en los más de 10 años que lleva en funcionamiento la Ley 49-00, presenta pocos avances en materia de juventud. La situación social, económica y política de los jóvenes dominicanos, lejos de ir mejorando, se va agravando con el transcurrir de los años, factores que han incidido de manera negativa en las vidas de este importante segmento de la población dominicana. Dichos aspectos se traducen en la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, el deseo de migrar, las deserciones universitarias y los lamentables hechos delincuenciales, en lo que reincide una parte importante de nuestra desesperanzada juventud”.

De igual forma criticaron la poca voluntad del Estado para desarrollar políticas de juventud que sean serias y coherentes con las necesidades que demanda este importante sector de la población dominicana. Señalaron que los esfuerzos del Estado en materia de juventud sólo se han visto reflejados en la creación de instrumentos legales para la elaboración y seguimiento de políticas públicas, que ha quedado enmarcado en la creación de un Ministerio de Juventud, que lejos de asumir sus funciones institucionales, representa un barril sin fondo, que desangra el presupuesta nacional, alimentado una burocracia infuncional, que reproduce los mismos esquemas clientelares y de nepotismo que tanto daño nos han hecho a la juventud dominicana.

El evento fue levantado próximo al mediodía, donde los convocantes concluyeron con las notas del himno nacional y demandando del Presidente de la República el cumplimiento del marco legal de juventud, al igual que del Ministerio de Juventud cumpla con su rol de ser un motorizador de las políticas públicas a favor de este importante sector poblacional.

Organizaciones de la sociedad civil coincidieron ayer en señalar que la desconfianza en los partidos políticos que refleja la sociedad dominicana se debe a que esas organizaciones no representan a los ciudadanos en los poderes del Estado y se olvidan de sus promesas y compromisos una vez terminan las elecciones.

El director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y el coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, comparten la idea de que los partidos han dejado de ser organizaciones que representan diversos intereses de la ciudadanía, para concentrarse en sus propios beneficios.

Cabreja manifestó que más allá de participar en los procesos electorales los partidos po1íticos tienen la función de representar y ser intermediarios de la población frente al Estado, algo que a su entender no han estado realizando en los últimos años.

“La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos se debe a que éstos se han constituido en una maquinaria electoral que se activa en función del proselitismo de las campañas electorales”, dijo.

Expresó que existe una desconexión entre las estructuras políticas y los intereses y las demandas de los ciudadanos, que van más allá de los torneos electorales.

“Parte de la desconfianza se debe a que una vez los partidos políticos han alcanzado el poder, sea en el Ejecutivo, en los municipios o en el Congreso Nacional, no han sido coherentes con las propuestas y los discursos que presentan en el marco de la campaña política”, dijo.

De la Rosa estimó que los partidos no están jugando el papel que están llamados a jugar, que es el de procurar el cumplimiento de todas las demandas de la población.

“Los partidos son el único medio que tiene la población para exigir seguridad ciudadana, derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, y ese medio les ha fallado”, expuso.

Organizaciones de la sociedad civil coincidieron ayer en señalar que la desconfianza en los partidos políticos que refleja la sociedad dominicana se debe a que esas organizaciones no representan a los ciudadanos en los poderes del Estado y se olvidan de sus promesas y compromisos una vez terminan las elecciones.

El director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y el coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, comparten la idea de que los partidos han dejado de ser organizaciones que representan diversos intereses de la ciudadanía, para concentrarse en sus propios beneficios.

Cabreja manifestó que más allá de participar en los procesos electorales los partidos po1íticos tienen la función de representar y ser intermediarios de la población frente al Estado, algo que a su entender no han estado realizando en los últimos años.

“La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos se debe a que éstos se han constituido en una maquinaria electoral que se activa en función del proselitismo de las campañas electorales”, dijo.

Expresó que existe una desconexión entre las estructuras políticas y los intereses y las demandas de los ciudadanos, que van más allá de los torneos electorales.

“Parte de la desconfianza se debe a que una vez los partidos políticos han alcanzado el poder, sea en el Ejecutivo, en los municipios o en el Congreso Nacional, no han sido coherentes con las propuestas y los discursos que presentan en el marco de la campaña política”, dijo.

De la Rosa estimó que los partidos no están jugando el papel que están llamados a jugar, que es el de procurar el cumplimiento de todas las demandas de la población.

“Los partidos son el único medio que tiene la población para exigir seguridad ciudadana, derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, y ese medio les ha fallado”, expuso.

Considera tiene que ser en marco de Constitución

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, afirmó  ayer que cualquier propuesta que haga la comisión de asesores del Congreso  para el proyecto de ley orgánica del Tribunal  Constitucional tiene que ser en el marco de lo que establece la Constitución de la República.

Dijo que ya es suficiente con la injerencia que ha tenido el presidente Leonel Fernández en el tema, al convocar el debate en la Fundación Global, e imponiéndole al Congreso Nacional un poder externo para que lo asesore.

“Y eso pasa cuando tenemos un Congreso Nacional que no es capaz de diferenciarse ni de asumir  con independencia y autonomía su accionar frente al Poder Ejecutivo , o cuando tenemos acciones como las que hizo el Senado ayer  (miércoles), dando un reconocimiento al  Presidente de la República, cuando sus funciones son otras”, agregó.

Inoportuno. Cabreja criticó que ese reconocimiento al presidente Fernández se  haga, sobre todo, faltando un mes y días para el 27 de Febrero, fecha en  que el mandatario  deberá rendir las cuentas de su gestión de su Gobierno, mecanismo que tiene el Congreso Nacional para evaluarlo.

“Con este reconocimiento lo que se está diciendo es que no es necesario ese acto de rendición de cuentas porque ya la presidencia de la República pasó muy bien con cerca de  100 puntos, como bien señalan los senadores”, acotó Cabreja.

Dijo que acciones como esas son “muy graves y delicadas” y afianzan la preocupación  que  tienen muchos sectores, respecto a que el Congreso Nacional no está siendo un poder que se diferencie o que  respete ese principio de separación de poderes en el país.

“Las funciones del Senado son las de fiscalizar y supervisar a los funcionarios públicos para que  jueguen su rol de acuerdo con lo que está establecido en las leyes y la constitución, y todo cuanto está pasando en estos momentos es lo que nos indica que  hay una excesiva concentración de poder en el Presidente de la República, que se afianza cada vez más y que es muy peligrosa para la democracia y la institucionalidad en el país”, puntualizó.

Exhorta al Presidente Fernández a ejercer su liderazgo de una forma más cónsona con los principios democráticos.

Participación Ciudadana informa que el país marcha hacia un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder y toda la sociedad debe prestar atención a este proceso.

El Consejo Nacional de PC indica que el Presidente Leonel Fernández pondrá a prueba su verdadera vocación democrática a través de la forma en que ejerza su liderazgo en las próximas semanas en lo relacionado con la aprobación de leyes y la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo.

El Movimiento Cívico denuncia que el Presidente de la República viola el principio constitucional de separación de poderes, lo que se vio evidenciado en la forma en que fueron designados recientemente los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como la de una comisión para asesorar al Congreso en relación al conflicto surgido con la aprobación por el Senado del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que esto permite pensar que las decisiones de nuestros representantes se toman no para favorecer al pueblo sino a ese proyecto de poder personal concentrado que se viene gestando, rememorando tiempos que pensábamos superados.

Sosa advierte que una nueva violación a la Constitución se aproxima cuando el 26 de enero se desconozca el mandato Constitucional de haber elegido para esa fecha a los miembros del Tribunal Constitucional, debido  a la falta de planificación y diligencia del Congreso en la aprobación de las leyes necesarias para poder poner en funcionamiento los nuevos órganos creados por la Constitución proclamada hace casi un año.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señala que por esta razón hacen un llamado a toda la ciudadanía a supervisar y prestar atención al proceso de conformación del Tribunal Constitucional, Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia y Defensor del Pueblo, ya que las mismas constituyen columnas indispensables para garantizar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

El Consejo advierte que sin miembros íntegros, independientes y capaces, el Tribunal Constitucional no podrá evitar que  la Constitución continúe  siendo un pedazo de papel; la Suprema Corte de Justicia no podrá contribuir a impedir que la corrupción mantenga en la pobreza a la mayoría de los dominicanos; el Tribunal Superior Electoral no podrá poner freno a las trampas electorales y la Defensoría del Pueblo no podrá cumplir con su misión de defender los intereses ciudadanos de aquellos que ejercen el poder de una manera incorrecta.

“El Presidente Fernández ganó las elecciones en el 2008 y su partido en el 2010, pero todos han sido elegidos para cumplir la Constitución y las leyes y tomar decisiones que favorezcan tanto a los que votaron por ellos como a los que no, pues no son Presidente y legisladores de sus partidos sino de la República Dominicana” expresó Sosa.

Por esto Participación Ciudadana pondrá especial cuidado en dar seguimiento a todo el proceso de elaboración de leyes relacionadas con estas instituciones mencionadas y sobre el proceso de selección de sus miembros y hace un llamado a la ciudadanía,  a los medios de comunicación, a las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos y a todos, sin discriminación, a prestar atención a estos procesos que marcarán el futuro de la democracia dominicana.

Participación Ciudadana defiende proyecto de ley original

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, afirmó que en el país se ha discutido mucho acerca de la supresión o no de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la facultad que tenga el Tribunal Constitucional (TC), cuando lo que se debería  hablar es del procedimiento adecuado para la aplicación del Tribunal Constitucional y de la escogencia de sus 13 jueces, para que no respondan a intereses de partidos,  grupos ni de empresarios.

Sosa dejó claro que la propuesta de Participación Ciudadana es el respeto irrestricto a la Constitución, que se aplique lo que dice y que el Congreso Nacional se aboque a aprobar la ley orgánica del funcionamiento de este tribunal.

Añadió que Participación Ciudadana aspira  que, en lo posterior, el Consejo Nacional de la Magistratura elija los jueces del Tribunal Colegiado, que sean personas idóneas y expertos en derecho constitucional.

Expresó que no tienen propuestas para señalar nombres de jueces, sino que sean imparciales.

Dijo que el artículo 277 de la Constitución no deja espacio a otra cosa que no sea  que el TC conozca las decisiones de la SCJ.

Declaró que si el texto constitucional excluye las sentencias dictadas hasta el 26 de enero de 2010, es porque necesariamente tendría que incluir las que vienen posteriores.

Dijo que lo propuesto por el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa,  que el Tribunal Constitucional revise las sentencias del control difuso y no por la vía ordinaria,  “deja con autoridad de la cosa juzgada el fondo de la sentencia”, lo que a juicio de Sosa tiene el inconveniente  que los procesos se harán interminables.  “Nosotros hemos venido planteando desde que  inició esta discusión que definitivamente no es posible que dos tribunales tengan al mismo tiempo, simultáneamente el control constitucional”, agregó  el coordinador de  Participación Ciudadana.

El Movimiento Cívico indica que con este fallecimiento se pierde uno principales luchadores del Grado a Grado.

Participación Ciudadana manifiesta pesar con la partida de Roque Napoleón Muñoz (Polón), presidente  de la Comisión de Ética, ex miembro del Consejo Nacional y Premio Nacional a la Lucha contra la Corrupción 2010.

El Movimiento Cívico afirma que Muñoz hizo grandes aportes en la creación de la ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas, y siempre se mantuvo firme en la lucha contra corrupción y del otorgamiento de obras “grado a grado”

Santiago Sosa, coordinador general de PC, indica que Don Roque Napoleón Muñoz mejor conocido como Polon, deja un gran legado a los dominicanos que  servirá de ejemplo y guía de orientación moral.

“Don Roque Napoleón Muñoz siempre actuó apegado a los principios éticos y  morales; fue un gran defensor de la legalidad, luchó constantemente para lograr que los gobiernos respeten la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y otras legislaciones”, expresó Sosa.

El Coordinador General de PC dijo que la integridad, honestidad y firmeza caracterizaron a Polon Muñoz, ya que era un hombre que no se doblegaba y defendía con firmeza sus posiciones.

La Organización No Gubernamental destacó que todos los cargos que ocupó Muñoz se manejaba de forma correcta, apegado a la ética; como secretario de Deportes, Presidente del Comité Olímpico Dominicano, del Comité Olímpico Internacional, como miembro fundador del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y presidente de la Comisión de Ética de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana a nombre de todos sus miembros reiteramos nuestro profundo dolor por la partida de Roque Napoleón Muñoz, miembro activo de nuestra Organización sentimiento que le extendemos a su esposa  Xiomara Aleida Benedicto Fernández, sus hijos José Leopoldo, Aleida Josefina, César Guillermo, Marisol Altagracia, Roberto Rafael y Roque Napoleón, así como sus hermanos y nietos.

Sus restos fueron sepultados este lunes en el cementerio Jardín Memorial.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, llamó ayer a la sociedad civil  a salir a las calles a protestar  contra  los propósitos de los promotores de la reelección del presidente Leonel Fernández con relación al Tribunal Constitucional.

Calificó de “muy alarmantes” las revelaciones hechas por el Vinicio Castillo Semán,  de que tiene informaciones de que ya está redactado un fallo del Tribunal Constitucional que dirá que el presidente Fernández se puede reelegir.

“La sociedad no política tiene que activarse, y yo creo creo que  debemos levantarnos y ponernos de pie en la calle a reclamar la consolidación del Estado de derecho en el país, y evitar que nazca  un Tribunal Constitucional viciado de una ilegitimidad que lo haga improcedente”, dijo Sosa.

Hay que evitarlo como sea. El vocero de Participación Ciudadana    dijo que hay que evitar “a toda costa” que una estructura tan importante para la sociedad  y para el fortalecimiento de la democracia dominicana  como el Tribunal Constitucional, nazca viciado de una ilegitimidad que lo haga improcedente, porque entonces no tendría razón de ser.

Consideró que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, se quedó corto cuando en su discurso del Día del Poder Judicial enumeró los cinco retos que tiene ese sector.

“Creo  que se le quedó el reto de recuperar el posicionamiento, la confianza de la justicia en la sociedad dominicana, para legitimar, porque una justicia sin legitimidad no hace el papel que está llamada a jugar”, puntualizó Sosa al participar como invitado en el programa “El Día”.