El Director Ejecutivo de PC habló al participar en una protesta frente al Palacio Nacional en demanda del 4% por ciento para la educación.

Participación Ciudadana denunció que la negación del Gobierno de aumentar al 4% del Producto Interno Bruto el presupuesto destinado a Educación evidencia que el Estado no tiene, ni piensa tener como prioridad el tema de la educación en el país.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC,  indicó que resulta contraproducente que el Estado destine miles de millones de pesos a obras suntuosas, malgaste dinero en el pago funcionarios y empleados públicos que no tienen función específica, en momentos en que el sector de Educación se desenvuelve con tanta precariedad.

Al participar en una protesta frente al Palacio Nacional en demanda del 4% por ciento a la educación, Cabreja indicó que “nunca podremos lograr un verdadero desarrollo humano en el país sin una buena inversión en educación”.

Asimismo señaló que esta situación evidencia la poca vocación que tiene el Gobierno Dominicano de cumplir con la constitución y la leyes, ya que el artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97 establece la entrega del 4% del PIB para dicho sector.

El Director Ejecutivo de PC calificó como una vergüenza que la República Dominicana aparezca en los últimos lugares en los estudios de calidad de la educación realizados a nivel mundial. 

Entre los estudios donde el país ha quedado mal posicionado se encuentran El Informe Global de Competitividad 2010 del Foro Económico Mundial, Ruta de Crecimiento Sostenible de la República Dominicana
realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas.

Cabreja también negó la demanda de mayores recursos para la educación sea un falso debate como señaló el presidente Fernández, alegando que es una necesidad para revertir el deterioro que tiene la educación.

“Participación Ciudadana y las otras organizaciones de la sociedad civil presentes aquí le hacemos un llamado a los Legisladores que cumplan con la ley y aumenten el presupuesto para Educación durante el conocimiento del proyecto de presupuesto” demandó Director Ejecutivo de PC.
Agregó que los Legisladores tienen tiempo suficiente para ponderar esta demanda, ya tienen el plazo para la aprobación del presupuesto del 2011 vence el 31 diciembre.

Organizaciones participantes en protesta.

Además participaron el Foro Socioeducativo, Centro Padre Juan Montalvo, Asociación Dominicana de Profesores, Cerito y Cruz, La Revuelta, Toy Harto, Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), Centro Dominicano de Estudios de la Educación, Asociación Dominicana de Profesionales, Técnicos de la Administración Pública en Educación y otras.

El Coordinador de PC habló durante la celebración del primer aniversario de la Casa de Justicia de la Vega que ha atendido a 1800 personas en un año.

La Vega. Participación Ciudadana manifestó preocupación por la dificultad que tienen las personas de escasos recursos a acceder a la justicia y afirmó que este es uno de los derechos más violados en la República Dominicana.

Durante la celebración del Primer Aniversario de la Casa Comunitaria de Justicia de la Vega de PC, Santiago Sosa, coordinador general, denunció que las personas enfrentan múltiples dificultades para acceder la justicia como son el alto costo, falta de información, falta de educación, engaño, entre otros.

Sosa explicó que el acceso a la justicia ha sido considerado como uno de los derechos fundamentales en la Constitución de la República y en Convenios Internacionales.

Por esta razón Participación Ciudadana junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instancias de justicia han coordinado acciones para garantizar que muchas familias pobres tengan acceso a la justicia a través de las Casas Comunitarias de Justicia de PC.

El Coordinador General de Participación Ciudadana dijo que las Casas Comunitarias de Justicia de PC son un medio eficaz para la solución de conflictos, protección de los derechos fundamentales y contribuye al descongestionamiento de otras instancias judiciales.

La Vega: 1800 casos.

El Movimiento Cívico informó que la Casa Comunitaria de Justicia de la Vega de Participación Ciudadana ha atendido a más de 1800 personas gratis en su primer año.

Los casos mas comunes son las denuncias por manutención de menores que suman más de 200, difamación 79, conflicto entre vecinos 77, deudas 43, agresión física 30, conflicto entre parejas 42, agresión física 30, amenazas 22, daño a la propiedad privada 17 y conflicto entre padres e hijos 24.

Mientras que José Ceballos, encargado de Justicia de PC, informó que la Casa Comunitaria de la Vega ha dado servicios judiciales gratuitos a cientos de personas de escasos de recursos de Villa Rosa, María Auxiliadora, Nibaje, El Tanque, el Paraíso, Villa Esperanza, las Carmelitas y otros sectores populares de la Vega.

Ceballos explicó que en la mayoría de casos se ha logrado la solución o conciliación de conflictos.

“Hacemos un llamado a todo el municipio a que apoyen este proyecto y que sepan que aquí tenemos las puertas abiertas para darles cualquier servicio”, indicó Ceballos.

El Encargado del proyecto destacó el interés de las organizaciones comunitarias, las autoridades judiciales y municipales por fortalecer este proyecto.

Participación Ciudadana cuenta actualmente con tres Casas Comunitarias de Justicia en la Vega, Santiago y Santo Domingo Oeste, las cuales ofrecen servicios de conciliación, mediación, orientación legal, asistencia psicológica, municipalidad, declaración tardía, educación sobre derechos y deberes, desarrollo de red de promotores de justicia y otros.

El Proyecto de Casas Comunitarias de Justicia tiene cuatro años y ha prestado más de 50 mil servicios prestados a personas necesitadas.

Sosa habló durante el lanzamiento de una campaña denominada “Porque si tu no pagas de mas, el Gobierno Sí”, con la finalidad de promover compras y contrataciones públicas mas transparentes.

Participación Ciudadana reveló que en los últimos meses no se han registrado avances en la transparencia de compras y contrataciones públicas del Estado, mecanismo a través del cual se pierden miles de millones de pesos del erario público cada año.

Durante la celebración del XVII Aniversario del Movimiento Cívico, Santiago Sosa, coordinador general de PC, indicó que las practicas ilícitas mas comunes en la que incurren muchos Funcionarios durante la compra y contrataciones públicas son la sobrevaluación de obras, la compra a familiares y allegados,  participación a través de terceros en contratación de bienes y servicios, falta de licitación y otras.

Sosa explicó que la falta de licitación es muy grave porque limita a las Instituciones analizar las distintas ofertas del mercado, y seleccionar la mejor en base a criterios de calidad y economía.

Además es bueno recordar que monitoreos realizados por PC en este año han revelado más del 40 por ciento de instituciones públicas no cumplen correctamente con la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y que menos del 10% cumplen con las licitaciones.

Ante esta realidad tan lamentable, Participación Ciudadana, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, La Federación de Asociaciones Industriales, el Foro Ciudadano y otras que integran el programa Acción Ciudadana decidimos lanzar una campaña denominada “ Porque si tu no pagas de mas, el Gobierno Sí”.

El Propósito de esta campaña es transmitir a los dominicanos y dominicanas a que le exijan al Gobierno que haga compras y contrataciones públicas transparentes, explicó Sosa.

La campaña abarcará 50 vallas en Santo Domingo, Santiago, La Vega y Barahona, así como anuncios radiales en más de 20 emisoras del país.

El Coordinador General de PC agregó que el mensaje también será difundido en facebook, twiter y otras redes sociales del país.

“Todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y la población en general tenemos el reto de promover y lograr una compra y contrataciones públicas mas transparente en la República Dominicana, ya que el dispendio que se registra en algunos casos es con dinero de nosotros, del pueblo dominicano”, expresó Santiago Sosa.

Esta campaña tendrá una duración de un mes, comenzando el 18 de noviembre del 2010.

El lanzamiento de la misma se llevó a cabo durante la celebración del XVI Aniversario de Participación Ciudadana que se llevó a cabo en el Hotel Melía, en el que participaron miembros del Consejo Nacional de PC, amigos y relacionados.

Al final del encuentro Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, agradeció la presencia y el apoyo de distintos organismos durante todos estos años y anunció el Participación Ciudadana continuará jugando su rol frente a la sociedad dominicana.

El director ejecutivo del movimiento cívico de Participación Ciudadana aseguró que la posición de los senadores de respaldar una  repostulación del presidente Leonel Fernández resulta peligroso para la democracia de la República Dominicana. Cabreja dijo que esa posición en peligro la estabilidad del país, y lamentó que  habiendo tantos problemas acuciantes en el país como el narcotráfico,  los apagones y la criminalidad y la pobreza, los legisladores estén inmersos en una  repostulaciòn del presidente Fernández. A juicio del director ejecutivo de Participación Ciudadana los legisladores conocen claramente lo que establece la Constitución de la República, por lo que consideró que los senadores son los menos indicados en respaldar una repostulación del presidente Fernández.

Y también miembros del movimiento cívico Participación Ciudadana advirtieron que sería peligroso y hasta un retroceso que el Congreso Nacional se enfrasque en una modificación de la Constitución para permitir la reelección presidencial.

Javier Cabrera y Shamir Isa entienden que la Constitución de la República, que fue promulgada en enero pasado por el Poder Ejecutivo, no debe ser tocada por el Congreso para que el presidente Leonel Fernández pueda repostularse.

Aseguraron que la reelección consecutiva es un tema del pasado, que sólo representaría un retroceso para la institucionalidad y el sistema democrático del país.

El planteamiento de que la Liga Municipal Dominicana (LMD) sea eliminada encontró el respaldo del movimiento cívico Participación Ciudadana, por considerar que esa institución no desempeña ninguna labor a favor de los gobiernos municipales y por el contrario alimenta el clientelismo político.

En cambio, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario de Asuntos Municipales, Ignacio Ditrén, dijo que esa organización está en desacuerdo con que desaparezca la LMD, y  por el contrario, considera que se analice el por qué esa entidad ha sido infuncional y buscar los mecanismos que la hagan eficiente y eficaz.

De su lado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por medio de su vocero Orlando Jorge Mera, entiende que las diversas propuestas, tres en total deben ser estudiadas antes de descartarlas o apoyarlas.

En tanto, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) dijo que aún esa entidad no ha fijado posición al respecto ya que se encuentra inmersa en su proceso eleccionario.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que esa institución aboga porque los fondos que recibe la LMD sean distribuidos a los ayuntamientos.

Las claves

1.  Eliminar la LMD

A la Cámara de Diputados fue sometido  un proyecto de ley que busca eliminar la Liga Municipal Dominicana, mediante la derogación de la Ley 49 del 14 de diciembre de 1938, que creó ese organismo.

2.  Amable renuncia

El senador Amable Aristy   después de permanecer por varios períodos como secretario general de la LMD decidió renunciar y proponer a su primo Fidias Aristy para que le sustituya a partir del sábado.

El Movimiento Cívico afirma que con la aprobación de tres proyectos de leyes se fortalecería la transparencia del sistema demócratico del país.

Participación Ciudadana solicitó a los congresistas agilizar la aprobación de los proyectos de leyes de Participación Social, de Declaración Jurada de Patrimonios y Enriquecimiento Ilícito y de Partidos Políticos.

Esta solicitud fue hecha durante una visita que realizaron miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana a la Cámara de Diputados en donde fueron recibidos por su presidente Abel Martínez.

La Comisión de PC estuvo encabezada por Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana; Javier Cabreja, director ejecutivo; Isidoro Santana y Francisco Álvarez miembros del Consejo de Nacional del Movimiento Cívico.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, dijo que estos proyectos son  importantes para fortalecer la transparencia del sistema democrático del país.

Cabreja explicó que con la aprobación del Proyecto de Ley de Participación Social se crearía un sistema nacional de participación, a través del cual la ciudadanía tendría mayor participación en la toma de decisiones de las políticas públicas. También contribuiría a que haya coherencia en el sistema nacional de Participación.

Mientras que el Proyecto de Ley de Declaración Jurada de Patrimonios y Enriquecimiento Ilícito es uno de los más importantes y ya fue aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

El Director Ejecutivo de PC explicó que a través de esta Ley se podría garantizar medidas más rigurosas para que los servidores públicos cumplan con el compromiso de rendir cuentas de su patrimonio personal.

Este Proyecto de Ley de Declaración Jurada de Patrimonios y Enriquecimiento Ilícito también establece sanciones más claras para los funcionarios que se enriquecen durante su permanencia en la función pública, y que no puedan justificar el incremento de sus bienes.

Dicho Proyecto también obliga a los Funcionarios a demostrar la procedencia de sus bienes o de los contrario establece sanciones drásticas.

El Representante de la sociedad civil agregó que el  tercer proyecto que debe ser aprobado por el Congreso con la mayor celeridad posible, es la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, alegando que la misma contribuiría al fortalecimiento de la democracia interna de los Partidos Políticos y se lograría mayor transparencia en el financiamiento de los mismos.

Cámara Cuentas

Participación Ciudadana destacó la necesidad de que el proceso de selección de las ternas de la Cámara de Cuentas se haga en base a criterios objetivos, independientes y con la autonomía necesaria.

Javier Cabreja manifestó temor porque la mayoría de congresistas pertenecen al PLD, por lo que pidió objetividad en la toma de decisiones.

El Movimiento Cívico indica que lo que se debió eliminar es el arrastre que representa la boleta conjunta de diputados y senadores.

Participación Ciudadana expresó su más enérgica protesta ante el retroceso que implica  la decisión apresurada e inconsulta de la Junta Central Electoral de derogar la resolución que establecía el voto preferencial, que había sido adoptada como complemento del mandato legal del desarrollo del voto por circunscripciones.

El Consejo Nacional de PC advirtió que esta decisión violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral, que dispone que “las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.

El Movimiento Cívico explicó que fue cumpliendo ese mandato legal que la Junta Central Electoral aprobó la resolución que establece el voto preferencial que hoy deroga, pues es la única forma en que la ciudadanía puede obtener una verdadera representación es a través precisamente del voto preferencial.

La Organización No Gubernamental citó que Belarminio Ramírez define el Voto Preferencial en su obra Derecho Constitucional, como “aquel en que el elector puede alterar el orden en que los partidos presentan la lista” de candidatos.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que la actual situación es preocupante, alegando que    “ya que en la República Dominicana habíamos pasado de las listas cerradas y bloqueadas de candidatos a diputados, donde los partidos imponen a los electores el orden en que los candidatos serán elegidos en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido, al de las listas cerradas y no bloqueadas, en que los electores deben escoger entre los candidatos propuestos pero deciden libremente a cuál de ellos escoger, que es lo que se acaba de derogar”.

Sosa denunció que cuando se esperaba que el próximo paso de avance en materia electoral sería eliminar el arrastre que representa la boleta conjunta de diputados y senadores, para superar la etapa actual en que al votar por un diputado se arrastra al  senador del mismo partido, se nos sorprende con la decisión regresionista de volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas, en que serán  las cúpulas de los partidos y el clientelismo los que impondrán a la mayoría de los diputados que serán “elegidos” en lo adelante.

La JCE argumenta que la decisión busca preservar a los partidos políticos ya que el voto preferencial “recrudece luchas internas que se originan a propósito de la nominación de los candidatos”, cuando la realidad es que uno de los factores que la indujo a tomar esta decisión es la dificultad para contabilizar el voto preferencia, que no ha podido solventar eficientemente en los dos últimos procesos electorales congresuales y municipales.

Estos argumentos debieron orientar a la Junta Central Electoral en la dirección de adoptar las medidas necesarias para que las “luchas internas” se realicen en un plano de igualdad, como lo mandan los principios democráticos, la ley electoral y nuestra Constitución.

El Consejo Nacional de PC recordó que el  párrafo IV del artículo 212 señala que la “Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencias en la utilización del financiamiento.”

“ La desigualdad en el uso de los recursos, el abuso del clientelismo, las decisiones autoritarias de las cúpulas de los partidos, son los elementos que han debilitado a los partidos políticos y no el voto preferencial”, expresó El Movimiento Cívico No Partidista.

Aún está fresca en la memoria la forma en que las cúpulas de los tres principales partidos se reservaron la mayoría de las candidaturas a diputados para las recién transcurridas elecciones congresuales y municipales.

No hay duda de que el voto preferencial poco puede hacer si las listas de candidatos se completan en las primarias de los partidos no a través del voto libre, sino a través del dedo o del voto condicionado por el clientelismo y por los recursos.

PC dice que sorprende que ahora que la nueva Constitución le otorga un claro poder reglamentario a la Junta Central Electoral para disponer medidas que eliminen o por lo menos reduzcan la desigualdad de los candidatos,  este organismo se incline por tomar medidas que reducen dramáticamente la eficacia del voto de la ciudadanía en vez de atacar el problema en sus raíces.

Esto indica que los que aspiren a diputados en el futuro deberán desde ahora ir agenciándose el dedo salvador de algún líder mesiánico, para que les permitan aplastar a sus compañeros en las primarias a través del clientelismo y las influencias, y luego ser colocados en lugar preferente en la lista cerrada y bloqueada, pues ya  la ciudadanía independiente, tanto fuera como dentro de los partidos,  no podrá moverlos de lugar.

El arrastre electoral, que implica una reducción considerable del voto libre que ordena la Constitución, sigue consolidándose, primero con la eliminación de la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales, y ahora con la eliminación del voto preferencial.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Dos de tres líderes de sectores sociales  coincidieron en que el Estado de derecho no se constituye solo con reformas legales. Uno de ellos atribuyó al Gobierno  contradecirse al auspiciar  reformas pero  apoyar una cultura clientelista.

La visión optimista del Presidente Fernández sobre una “revolución institucional” en el país fue rebatida en función de la falta de políticas contrarias al caudillismo y favorables a la sociedad.

Mientras el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que el país  se encamina hacia una revolución institucional con la nueva Constitución, tal y como afirmó el miércoles el presidente Leonel Fernández,  el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, rechazó lo dicho por el mandatario argumentando  que el Estado  democrático, social y de derecho no se constituye solo con reformas legales sino que debe ir acompañada de una práctica institucional.

Entrevistados por separado, Castaños Guzmán dijo  que si la Constitución proclamada el 26 de enero  se implementa de acuerdo con los principios que la sustentan, el Estado  se puede catapultar porque establece  derechos fundamentales y los órganos que los van a garantizar.

Cabreja expresó que el Gobierno se contradice porque aprueba reformas institucionales en la Carta Magna  y sigue promoviendo la cultura clientelista y caudillista, y no aplica políticas públicas para la mejoría de las condiciones de vida de la gente.

Fernández, al dictar la  conferencia “Retos Institucionales de la Sociedad Dominicana tras la Reforma Constitucional”, que tuvo el auspicio de FINJUS con motivo del 20 aniversario de esa entidad, afirmó    que a partir  de la proclamación de la nueva Constitución el país atraviesa por una profunda y radical revolución institucional democrática como nunca antes.

Cabreja consideró sobre ese aspecto   que en materia institucional el país se queda a nivel de leyes, tras señalar que se irrespeta la carrera de función pública, se siguen nombrando secretarios sin cartera, viceministros. Entiende que el presidente Fernández con su práctica se contradice.

Zoom

Por buen camino

A juicio de Castaños Guzmán el país va camino a su institucionalización con la creación de órganos importantes en la nueva Constitución  como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

La Constitución

También destacó que con la proclamación de la actual Carta Magna han salido fortalecidas instituciones como la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional.

Tulio Castaños Guzmán

Coincide con el Presidente en que el país se encamina hacia una revolución institucional.

Javier Cabrera

Rechaza criterio  por  entender que la reforma debe incluir  una práctica de respeto a los principios.

Cristóbal Rodríguez

Advierte que si se cambian  las  normas para beneficio del Poder  entonces no hay institucionalidad.

El combate a la corrupción no avanza en la República Dominicana, un mal que mantiene su misma incidencia desde hace varios años.

El diagnóstico proviene de la organización Transparencia Internacional, que asienta un índice de 3.0 al país en una escala del 0 al 10. Este es su informe para el año 2010.

En la relación de países en los que se midió la presencia de la corrupción, República Dominicana aparece en el lugar 101 de un total de 178 naciones. Se destaca la falta de acción judicial en RD.

La República Dominicana “se mantiene estancada” en el combate a la corrupción  con un índice de 3.0 en una escala del 0 al 10, según un informe para el 2010 de la organización Transparencia Internacional.

El  informe de la entidad  indica que desde hace varios años el país  mantiene el mismo índice  de corrupción de 3.0, el cual lo ubica “entre los países con alta percepción de corrupción”.

Según el informe, República Dominicana está ubicada “en el lugar 101 de una lista de 178 países del mundo cubiertos por el índice”.

El  estudio de Transparencia Internacional fue dado a conocer en conferencia de prensa por su capítulo en República Dominicana,  el movimiento no partidista Participación Ciudadana y en la que estuvieron  Carlos Pimentel, Cándido Mercedes; su coordinador general Santiago Sosa; Miriam Díaz, quien leyó el documento; Javier Cabreja y Samir Chami Isa. Al margen del documento, el coordinador general  Santiago Sosa, dijo que la corrupción en el país “es una práctica habitual y extendida” y que “los casos de corrupción no llegan a la jurisdicción penal”.

Deploró que algunos ex funcionarios enviados a los tribunales hayan sido indultados y que solo uno fue condenado en los últimos años. Criticó al Ministerio Público y al Departamento Contra la Corrupción Administrativa   porque no han jugado su rol como representantes de la sociedad.

El  informe dice que República Dominicana ocupa el lugar 14 de 23 del continente.

“En este contexto, su posición mejoró, pero no por méritos propios, sino porque la situación de otros países ha empeorado, como son los casos de Venezuela, Haití y Paraguay que aparecen entre los países de mayor corrupción del mundo”,  expresa Participación Ciudadana.

Transparencia Internacional deploró que  “en nuestro continente la mayoría de los países nunca han pasado esta prueba con notas aceptables”.

La clave

Otros países

Los países “que son percibidos como menos corruptos”, con índices superiores a 9 en el 2010 son Dinamarca, Nueva Zelandia, Singapur, Finlandia y Suecia. Los países del Continente Africano y del Medio Oriente son los que obtienen las peores puntuaciones, seguidos por los  de América Latina.   Transparencia Internacional es una organización no gubernamental.

• La organización Transparencia Internacional pone en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial, correspondiente al 2010.
• La República Dominicana mantiene este año la misma puntuación del año pasado, con un índice de 3.0, en escala del 0 al 10, lo cual denota la percepción generalizada de que en el país existe un alto nivel de corrupción.
• El país se ubica en el lugar número 101 entre 178 países del mundo cubiertos por el índice.

La organización Transparencia Internacional puso en circulación hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente al año 2010. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, líder en el mundo entre las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, cuya representación en la República Dominicana ejerce el movimiento cívico Participación Ciudadana.

La República Dominicana desde hace varios años se mantiene estancada en un índice  de 3.0, el cual la ubica entre los países con alta percepción de corrupción.

Los países que son percibidos como menos corruptos, con índices superiores a 9 en el 2010 son: Dinamarca, Nueva Zelandia, Singapur, Finlandia y Suecia.

Países del Continente Africano y del Medio Oriente son los que obtienen las peores puntuaciones, seguidos por los países de América Latina.

En nuestro continente, la mayoría de los países nunca ha pasado esta prueba con notas aceptables, ya que obtienen por debajo de los 5 puntos. De 23 países del continente incluidos este año, sólo 7 obtuvieron índices superiores a 5, mientras 16 están por debajo, para un promedio de la región de 4.1.

La República Dominicana ocupa el lugar 14 de 23 del continente. En este contexto su posición mejoró, pero no por méritos propios sino porque la situación de otros países ha empeorado, como son los casos de Venezuela, Haití y Paraguay que aparecen entre los países de mayor corrupción del mundo.