El Movimiento Cívico designa nuevo Coordinador y ratifica miembros del Consejo

El nuevo Coordinador de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, solicitó al Presidente Fernández realizar cambios profundos en la Administración Pública con la finalidad de que se vea una intención de cambiar el mal rumbo en que se encaminan diversas Instituciones del Estado.

Chami Isa dijo que a casi 48 horas del 27 de febrero fecha en que generalmente se realizan cambios de funcionarios, solo hemos visto remociones en los Cuerpos Castrenses y no en las Instituciones que tienen que ver directamente con la ciudadanía.

Isa destacó que Presidente Fernández sabe mejor que nadie, las Instituciones y Funcionarios que están trabajando bien y las que están trabajando muy mal por lo que debe adoptar medidas al respecto.

“Debemos de destacar que muchos funcionarios están haciendo una excelente labor de manera transparente y responsable, pero que otros no, por lo que el Primer Mandatario debe aplicar mano dura y hacer fuertes cambios en el tren gubernamental”, expresó el Nuevo Coordinador General de PC.

Samir Chami Isa destacó que la Sociedad Civil Organizada, la Iglesia Católica y población en general han clamado por cambios rotundos en la administración pública, por lo que esperamos que el Presidente Fernández no ignore estos reclamos.

Chami Isa habló luego de ser designado como nuevo Coordinador General de Participación Ciudadana por el Consejo Nacional.

El Consejo Nacional de PC también ratificó a los 13 miembros del Consejo Nacional seleccionados el pasado 6 de febrero entre los que se encuentran Samir Chami Isa, Rosalía Sosa, Francisco Álvarez , Somnia Vargas, Julissa Rosario,  Miriam Díaz, Fatima Lorenzo, Porfirio Rodríguez, Isisdoro Santana, Paulino Sarita , Carlos Ortega, Eliseo Guzmán y Alcibiades Moreta.

De este grupo Sonnia Vargas, Samir Chami  Isa, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez forman parte de los nuevos integrantes del Consejo Nacional.

Nuevo Coordinador.

Samir Chami Isa es abogado experto en derecho civil y comercial,  tiene más ocho años como miembro de Participación Ciudadana.

Además es miembro de las Comisiones de Justicia y Sostenibilidad de la Institución; así como integrante de la Cámara Americana de Comercio, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Federación Interamericana de Abogados.

Chami Isa ha colaborado en PC en importantes proyectos como son Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, Casa Comunitaria de Justicia, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, Curso de Formación de Gerencia Política, el Marco Legal para la Participación Social, entre otros.

Participación Ciudadana y la Finjus rechazaron ayer las observaciones que hizo el presidente Leonel Fernández a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Las observaciones de Fernández  son con relación al artículo 5, para permitir que el procurador general, ante la ausencia del Presidente o el Vicepresidente, sea quien presida ese órgano y al artículo 13, para que las decisiones en el órgano se tomen por “mayoría simple” y no “mayoría especial” como consigna la ley aprobada.

También propuso que en caso de empate, el Ejecutivo tenga un voto adicional ante el organismo responsable de escoger los miembros del Tribunal Constitucional y otros organismos del Estado.

Esos dos puntos fueron objetados por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, al entender que  no contribuyen a la legitimidad del CNM. Específicamente sobre la observación de que el procurador dirija las reuniones en casos de ausencia del Presidente y Vicepresidente, opinó que “eso es una distorsión a lo que es la lógica de la propia Constitución”.

“Ahora el Presidente está proponiendo que lo haga el procurador general de la República que es un funcionario del Ejecutivo y evidentemente eso puede traer que la sociedad perciba que un partido en el poder quiera controlar las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura”, sostuvo.

De su lado, Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, opinó que la propuesta de voto adicional para el Ejecutivo en caso de empate, daría a éste aún mayor poder  sobre las decisiones del CNM.

Entidades de la sociedad civil y dirigentes políticos criticaron ayer varios aspectos del discurso del Presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional. Algunos consideraron la pieza irrealista y otros se quedaron  esperando pronunciamientos sobre temas que consideran de alto interés nacional. Las organizaciones de la sociedad civil que expresaron quejas por el discurso son Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad  y Justicia (Finjus). Los dirigentes políticos que criticaron el contenido del discurso presidencial fueron Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado y Orlando Jorge, del PRD. También Ismael Reyes, Trajano Santana, Virtudes Alvarez  y Pelegrín Castillo.

El discurso de rendición de cuentas del presidente Leonel Fernández ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas no llenó las expectativas de la oposición política del país, porque  el primer mandatario presentó una nación  irreal e ilusionista.

Así opinaron los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas e Hipólito Mejía; el secretario general perredeísta, Orlando Jorge Mera; los presidentes de los partidos Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, y Revolucionario Independiente (PRI),  Trajano Santana, así como la vocero del Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, (MIUCA), Virtudes Álvarez y el diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo.

En tanto, ponderaron el contenido del discurso del mandatario, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio.

Decepción. Vargas dijo  que el mandatario decepcionó a quienes esperaban que tendría un gesto de compasión por el pueblo, y propondría adelantar las elecciones de 2012, como hacen en otros países cuando un Gobierno fracasa en todos los órdenes.

Agregó que el Presidente se burló de la sociedad dominicana  al afirmar que sólo la educación salva al país, “cuando lo que  ha hecho es colocarnos en la posición 137 entre 139 países”.

No llenó expectativas.  Para Jorge Mera el presidente Fernández no reflejó la realidad que vive el país y por lo tanto lamenta que no haya llenado las expectativas del pueblo.

Lamentó que el presidente viole las leyes dominicanas, lo que se evidenció cuando  presentó  el informe sobre el sector educativo.

Dijo que el PRD esperaba  que respondiera al documento del Episcopado Dominicano, cómo enfrentar los precios de la canasta básica y de   los combustibles, la necesaria austeridad,  el cumplimiento de la ley de Migración, entre otros temas.

Más de lo mismo.  El ex presidente de la República, Hipólito Mejía, expresó   en Santiago que el Gobierno peledeísta es  un sindicato de bandoleros y dijo   no haber  escuchado el discurso de    Fernández por entender que es más de lo mismo.

“El relajo no puede seguir, el  irrespeto, el robo, la ignorancia”, manifestó.

Mejía declaró que tratará de leer el discurso  hoy o mañana.

Revisión Ley   Hidrocarburos.  Santana consideró que el presidente Fernández presentó la visión positiva que tiene del país y dio un discurso de prospectivas no de la realidad.

Álvarez cree no hay lucha contra la corrupción porque    el Ministerio Público y  la justicia están secuestrados por el Gobierno.

Sustituye, evade realidades.   El coordinador del Movimiento Caamañista, Narciso Isa Conde, dijo que el discurso estuvo dominado  por sofismas bien confeccionados, comparaciones antojadizas, manipulaciones estadísticas, construcciones virtuales y afanes propios de los buenos ilusionistas.

Los implicados

Miguel Vargas

Cree que el Presidente no acaba de comprender que mostrar cifras manipuladas sobre el crecimiento económico no sirve para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Hipólito Mejía

Para Mejía escuchar al presidente Fernández en su rendición de cuentas es más de lo mismo. No obstante, piensa estudiar la pieza para opinar  luego. Ayer él estaba  en campaña interna.

Orlando Jorge Mera

Considera que el presidente Fernández evade  su responsabilidad en la lucha contra la corrupción y   no aportó soluciones a los problemas acuciantes que viven los dominicanos.

Pelegrín Castillo

Critica   que el mandatario omitiera    la realidad  de Haití.  Cree que debió fijar posición  sobre el tema migratorio y la política de frontera.

Ismael Reyes

Para el presidente del PDI el discurso del Presidente fue como los acostumbrados, largo, reeleccionista, retórico y falso.

Trajano Santana

Esperaba el mandatario diera instrucciones  precisas de una rebaja sustancial de los combustibles y la revisión de la Ley de Hidrocarburos.

Reacción oficial

El vicepresidente  Rafael Alburquerque y el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, ponderaron el discurso del  mandatario.

Alburquerque   adelantó que desde el Gobierno se han comenzado a tomar y se adoptarán medidas de contingencia  para enfrentar el alza de los    productos alimenticios y el petróleo.

De su lado,  Pina Toribio  destacó  el carácter ponderado y realista del discurso del presidente   Fernández, con motivo del 167 aniversario de la Independencia.

Consideró que el Presidente   hizo una relación  de la situación, en todos los órdenes, realista, bien ponderada y sustentada con indicadores, cifras y datos. Señaló que las palabras del mandatario refuerzan la esperanza en el pueblo de afrontar los problemas que pudieran afectarle.

Criticó las reacciones a priori al discurso  y dijo no sorprenderle ese tipo de reacción porque “al fin y al cabo  es a lo  que nos tiene acostumbrado una oposición que no está en condiciones de afrontar las necesidades del país” Acusó al PRD de desconocer la realidad y problemática del país y le critica que  diga que todo está mal.

El presidente de la  Unidad Demócrata Cristiana (UDC) Acosta Moreta,  califica el discurso valiente y esperanzador.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento Participación Ciudadana coincidieron en señalar ayer que el reto principal que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es la elaboración de un perfil que deben reunir las personas que van a ser escogidas para conformar el Tribunal Constitucional.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, y Francisco Álvarez Valdez, miembro de Participación Ciudadana, dijeron que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que iniciar la elaboración del perfil de los aspirantes a ser jueces del Tribunal Constitucional. “La lógica del Tribunal Constitucional no es la lógica del Poder Judicial y ciertamente quisiéramos que las personas que lleguen a ser jueces de ese tribunal  y las personas que lleguen a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, sean personas que reúnan una serie de condiciones”, dijo Castaños Guzmán.

Los dos juristas externaron sus consideraciones durante  la celebración de una mesa redonda sobre los retos del Consejo Nacional  en la elección de los nuevos Órganos Jurisdiccionales.

En el evento, la ex vicepresidenta, Milagros Ortiz Bosch, consideró que se necesita de una gran transparencia a la hora de designar a los miembros del Tribunal Constitucional.

Participación Ciudadana inició el monitoreo del cumplimiento de las Iniciativas Participativas Anticorrupción en Instituciones del Estado, como parte de los trabajos del Observatorio que inició este martes.

 Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que dichas informaciones fueron requeridas 15 instituciones públicas entre las que se encuentran la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potable (INAPA), la Cámara de Cuentas, el Ministerio Hacienda, Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), Ministerio de Administración Pública (MAP), Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de la Presidencia.

Cabreja destacó que todas las entidades analizadas trabajan en la elaboración de sus iniciativas anticorrupción.

Resaltó que tres de las Organizaciones consultadas se han destacado por sus avances en la elaboración de sus planes completos, con acciones y fechas establecidas.

Las tres Instituciones que han elaborado casi en su totalidad sus Iniciativas Participativas Anticorrupción son la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y Ministerio de Salud Pública.

Asimismo destacó que el lanzamiento del “Observatorio de Seguimiento a la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC)”, constribuirá al fortalecimiento de la transparencia en la gestión público.

Diez organizaciones de la sociedad civil iniciaron este martes el  “Observatorio de Seguimiento a la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC)”, con el propósito de monitorear el nivel de implementación y cumplimiento del mismo.

La Observación o Monitoreo será realizada por Participación Ciudadana, capitulo dominicano de Transparencia Internacional; Federación de Asociaciones Industriales (FAI); Mujeres en Desarrollo (MUDE); Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Asociación deEmpresas Industriales de Herrera (AEIH); Foro Ciudadano; Fundación Justicia y Transparencia; Alianza Dominicana Contra la Corrupción; Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia; Instituto Nacional de Salud (Insalud) y el Comité por la Defensa de los Derechos Barriales(COPADEBA).

Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC, explicó que principal objetivo de estas organizaciones es Identificar los planes o acciones a desarrollar por los entes gubernamentales en lo relativo a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones surgidas en el marco del IPAC, determinar el nivel de avance y evaluar el impacto de las acciones.

Entre las fuentes de información que serán utilizadas se encuentran los medios de comunicación, consultas a expertos, consultas con autoridades gubernamentales.

Mientras que Ignacio Méndez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales,

explicó que esta nueva Coalición promoverá alianzas entre ONG’s, centros académicos, organizaciones sociales, medios de comunicación y líderes de opinión, involucrando en los
procesos de control social a las organizaciones e instituciones sociales con la finalidad de lograr mayor nivel de transparencia de la gestión pública y combatir la corrupción administrativa en República Dominicana.

Méndez informó que cualquier Institución de la sociedad civil puede y debe empoderarse y requerir rendición de cuentas sobre los procesos que impulsen Instituciones públicas, en cumplimiento de la Constitución, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley
de Cámara de Cuentas y otras.

El Presidente de la FAI indicó que parte de los roles que asumirán las Organizaciones de la Sociedad Civil el de recopilar información disponible sobre experiencias exitosas de promoción de transparencia; identificar carencias de información en el tema y cómo suplirlas; compilar y analizar la información, y recomendar acciones concretas a la Presidencia de la República.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil coincidieron en que es hora de asumirresponsabilidades y combatir la corrupción defendiendo así el legado que le dejaremos a las futuras generaciones

Recordaron que la Iniciativa Participativa Anticorrupción surge de una solicitud de la Presidencia de la República en aras de dar respuesta a percepciones de la sociedad sobre la falta de transparencia en la gestión pública.

Manifiesta apoyo a Colegio Médico durante el primer día de audiencia que fue reenviada para el siete de marzo.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana calificó como ilegal la resolución emitida del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS) que dispone devolver a los empresarios y el gobierno casi diez mil millones de pesos del Fondo de Riesgos Laborales.

El Movimiento Cívico informó que dicha resolución no tiene amparo en ningún artículo de la ley 87-01 que instituyó hace diez años el Sistema Dominicano de Seguros Sociales.

PC hizo un llamado a los jueces del Tribunal Contencioso y Administrativo de acoger el recurso interpuesto por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y declarar sin fundamento legal la resolución del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS). La Audiencia fue pospuesta para el 7 de marzo próximo.

La Organización No Gubernamental destacó que ninguna resolución puede estar por encima de las leyes, y que entre las facultades del CNSS indicadas en el artículo 22 no aparece alguna que autorice a este órgano a devolver las  cotizaciones.

La Institución explicó que la Ley de Seguridad Social establece una contribución del 1.2 por ciento del salario cotizable a cargo de los empleadores para cubrir riesgos laborales, pero en ninguna de sus partes prevé la posibilidad de que puedan ser devueltos.

Excedente en medio de dificultades

El Consejo Nacional de PC indica que No puede hablarse de excedentes cuando según una evaluación de la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social (DIDA) el 54 por ciento de los apenas 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (155 viudas y 624 huérfanos) reciben menos de mil pesos mensuales, en algunos casos hasta de 93 pesos.

También sostiene que el monto promedio mensual de 202 pensiones por discapacidad es de aproximadamente 240 pesos.

PC recomienda que antes que devolver tres mil  millones de pesos al gobierno y acreditar 7 mil a los empleadores para que dejen de cotizar durante 5 años, lo justo hubiese sido llevar a límites decentes las pensiones otorgadas por discapacidad o sobrevivencia.

En última instancia destinar esos fondos a cubrir las jubilaciones de 18 mil afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales que llevan muchos años reclamando la pensión a que son acreedores y que no se les otorga supuestamente por falta de recursos (cialis).

Aboga porque parte de esos recursos sean empleados en beneficio de los trabajadores que han sufrido accidentes laborales y de sus cónyuges y descendientes.

Asimismo que se destinen a ampliar  las prestaciones del plan básico de salud, o bien a pensionar a los trabajadores del antiguo seguro social que reclaman en el desierto de la insensibilidad social.

La Organización No Gubernamental calificó como lamentable que la decisión de apropiación de los fondos de riesgos laborales fuera decidida por los empleadores públicos y privados en complicidad de la cúpula sindical.

Denunció que este excedente de fondos acumulado se atribuyen a factores como subregistro de accidentes laborales, niveles miserables de las escasas pensiones otorgadas, subestimación de salarios para reducir las cotizaciones y a la ignorancia de empleadores y trabajadores” expresó Cabreja.

Indica que no se puede hablar de excedentes cuando el 54 por ciento de los pensiones de sobrevivencia reciben menos de mil pesos mensuales, según la DIDA y 18,000 trabajadores de IDSS no le han dado pensiones.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresa su pleno respaldo al  recurso interpuesto por el Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que declare sin fundamento legal la decisión del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS) de devolver a los empresarios y el gobierno casi diez mil millones de pesos del Fondo de Riesgos Laborales.

El Movimiento Cívico dice que al igual que el CMD consideramos que esa infortunada carece de legitimidad legal y moral, ya que no tiene amparo en ningún artículo de la ley 87-01 que instituyó hace diez años el Sistema Dominicano de Seguros Sociales.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informa que Ley de Seguridad Social establece una contribución del 1.2 por ciento del salario cotizable a cargo de los empleadores para cubrir riesgos laborales, pero en  ninguna de sus partes prevé la posibilidad de que puedan ser devueltos.

 Explica que además, entre las facultades del CNSS indicadas en el artículo 22 no aparece alguna que autorice a este órgano a devolver las  cotizaciones.

“Es cierto que se habían acumulado fondos en proporción que podía ser considerada excedente, lo que se atribuye a factores como subregistro de accidentes laborales, niveles miserables de las escasas pensiones otorgadas bajo condicionalidades excesivas, subestimación de salarios para reducir las cotizaciones y a la ignorancia de empleadores y trabajadores” expresa Cabreja.

 El Consejo Nacional de PC indica que No puede hablarse de excedentes cuando según una evaluación de la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social (DIDA) el 54 por ciento de los apenas 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (155 viudas y 624 huérfanos) reciben menos de mil pesos mensuales, en algunos casos hasta de 93 pesos.

También sostiene que el monto promedio mensual de 202 pensiones por discapacidad es de aproximadamente 240 pesos.

PC recomienda que antes que devolver tres mil  millones de pesos al gobierno y acreditar 7 mil a los empleadores para que dejen de cotizar durante 5 años, lo justo hubiese sido llevar a límites decentes las pensiones otorgadas por discapacidad o sobrevivencia. O en última instancia destinar esos fondos a cubrir las jubilaciones de 18 mil afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales que llevan muchos años reclamando la pensión a que son acreedores y que no se les otorga supuestamente por falta de recursos.

 Participación Ciudadana espera que el Tribunal Contencioso se pronuncie en la audiencia de este miércoles en contra la apropiación de los fondos de riesgos laborales decidida por los empleadores públicos y privados con la complicidad de la cúpula sindical deslumbrada por una ínfima contribución para programas de  capacitación laboral.

Y que esos recursos sean empleados en beneficio de los trabajadores que han sufrido accidentes laborales y de sus cónyuges y descendientes.

En última instancia que se destinen a  ampliar  las prestaciones del plan básico de salud, o bien a pensionar a los trabajadores del antiguo seguro social que reclaman en el desierto de la insensibilidad social.

Cabreja habló luego de participar en un panel sobre acceso a la información encabezado por Molina Morillo, Fausto Rosario y Francisco Cáceres.

Participación Ciudadana manifestó su apoyo al trabajo que viene realizando el Instituto  de Protección  de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en relación a la protección de un derecho fundamental, como el de los consumidores, que está consignado en la Constitución y las leyes dominicanas.

En tal sentido, defendió la competencia de esta institución de no sólosolicitar el registro de los contratos de adhesión a los Bancos,  y otras entidades del país, sino también de velar que los mismos no lesionen los intereses de los usuarios de este tipo de servicios.

 Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que la Constitución de la República y la Ley No.358-05 General deProtección del Consumidor o Usuarios, en sus artículos  2, 22 y 81 párrafo I, les dan facultad a Proconsumidor para registrar los contratos de adhesión, incluyendo los de materia financiera.

 Cabreja habló previo al panel sobre acceso a la información titulado: "Intimidad, Privacidad y Publicidad de las informaciones", que estuvo encabezado por Rafael Molina Morillo, director del Periódico El Día; Fausto Rosario Adhames, director del periódico digital Acento.com y Francisco Cáceres, sub-director de Consejo Nacional de Reforma del Estado; organizado por Participación Ciudadana.

El Director Ejecutivo de PC explicó que tal y como establece la ley, “los contratos de adhesión no son más que los contratosredactados previa y  unilateralmente  por un proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener el servicio”. Por lo tanto, se requiere de un órgano que se asegure de que lascláusulas contenidas en dichos contratos, no sean lesivas a la ciudadanía. La ley 358-05 faculta a Procunsumidor para asumir estas funciones.

 Cabreja entiende que es fundamental la labor de Procunsumidor, como garante de los derechos de los consumidores, en un país donde una parte importante de los contratos de adhesión son elaborados con letras muy pequeñas, poco legibles, de largo contenido y elaborado en un lenguaje poco comprensible para el ciudadano común; esto muchas veces dificulta que el consumidor pueda entender los términos del acuerdo que está firmando.

 El Director Ejecutivo de PC indicó que todos los sectores, incluyendo las entidades privadas, deben contribuir con una mayor transparencia de cara a la ciudadanía. El registro de los contratos de adhesión en Proconsumidor ayuda en esta dirección. Al mismo tiempo, solicitó a Proconsumidor que de ninguna manera debe renunciar a su atribución de reclamar y denunciar las posibles clausulas abusivas en muchos de estos contratos, las cuales lesionan los intereses y el patrimonio personal de los usuarios de servicios de esta entidades.

 “Si bien es cierto que la Superintendencia de Seguros también debe velar por la protección de los usuarios de los servicios financieros, la ley 358-05 da también esta facultad aProconsumidor, y no existe ningún problema en que los contratos de adhesión se registren en ambas instituciones, esto daría aún una mayor transparencia” indicó Cabreja.

 El Movimiento Cívico recordó que ninguna persona física,  instituciones públicas y privadas están por encima de la Constitución y las leyes.

PC reiteró de su compromiso de velar y defender los derechos de la ciudadanía.

 El panel sobre acceso a la información organizado por Participación Ciudadana forma parte el Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, auspiciado por a Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo.

Santo Domingo, D.N.- Tres instituciones sin fines de lucro de la sociedad civil anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo para llevar a cabo una serie de foros y otras actividades académicas encaminadas a plantear “una amplia discusión de los problemas nacionales” y promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la transparencia en el sector público y la lucha contra la corrupción administrativa. 

El acuerdo fue suscrito por el  doctor Wilfredo Lozano, por el Centro de  Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); el licenciado Javier Cabrera y el doctor Santiago Sosa, por Participación Ciudadana y el periodista y escritor Miguel Guerrero, por la Fundación Democracia y Libre Empresa (FUNDALIBRE).

El acuerdo tiene como finalidad poner en movimiento una serie de foros de discusión amplia y libre, con el propósito de poner en la agenda del debate nacional los temas fundamentales en los campos de la economía, la política, el medio ambiente y la institucionalidad democrática, entre otros, dijeron.

Agregaron que la situación que vive el país, dentro de un mundo cada día más interdependiente y globalizado con extraordinarios y a veces traumáticos cambios en las relaciones de intercambio, hacen necesario un constante análisis de esas realidades dentro de un contexto nacional que permita al país situarse adecuadamente en el mundo en que vivimos.

Indicaron que el propósito que ha motivado el acuerdo entre las tres instituciones es sacar conclusiones de debates amplios y serios que puedan situar en su justa dimensión las verdaderas prioridades del país y de paso contribuir a crear una opinión pública cada día más fuerte, en condiciones de influir positivamente en la formulación y ejecución de políticas públicas que ayuden al fortalecimiento democrático dominicano.

EL CIES fue creado en el 2003 por decreto 136-04 y FUNDALIBRE fue incorporada  mediante decreto  157 del Poder Ejecutivo de fecha 15 de mayo de 1992. Participación Ciudadana fue creada en el 1996 e incorporada ese mismo año mediante el decreto 27-96.

Participación Ciudadana dijo que este acuerdo permitirá fortalecer los esfuerzos que vienen realizando las instituciones firmantes, en procura de promover una mayor transparencia y una lucha más efectiva contra la corrupción, la cual se constituye en una de las principales amenazas que tiene la democracia dominicana.

Por su parte, Lozano dijo que el CIES  es un centro creado precisamente para estimular la discusión de los problemas de la agenda nacional y la creación de esta alianza fortalece el espacio de discusión que requiere una sociedad con instituciones democráticas.

Guerrero resaltó que FUNDALIBRE cree una prioridad la creación de una opinión pública sólida, como requisito fundamental de una democracia funcional garante de los derechos humanos del pueblo dominicano y que por eso ha luchado desde su nacimiento.