El coordinador nacional de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, reclamó ayer a la Junta Central Electoral (JCE) que apruebe un reglamento para normar la campaña electoral y tome la decisión de enviar todas las actas desde las mesas a los medios de comunicación porque la ley no establece doble validación.

Expresó que la JCE no está para expresar preocupación por la campaña sucia que han comenzado a practicar algunos partidos, sino para asumir su responsabilidad de reglamentar la campaña.

“La Junta no debe solo externar preocupaciones, tiene que actuar, porque es el órgano al que le compete actuar”, manifestó Álvarez Valdez durante una entrevista en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN 37.

Agregó que ya la JCE tiene años por reglamentar la campaña y con la nueva Constitución tiene facultades legales para hacerlo, por lo que debe discutirse la propuesta del juez Eddy Olivares.

Consideró necesaria la aprobación de un reglamento de campaña porque de no hacerse, con las campañas sucias puede llegarse a la violencia y costar vidas humanas.

En relación con el envío de las actas desde los colegios electorales a los medios de comunicación, el coordinador de Participación Ciudadana favoreció que la JCE la apruebe ya, pues la ley no contempla que la Junta haga una validación de actas.

“Si alguien hizo un fraude con un acta, se va a saber porque va a los medios y se va a poder enterar la gente. ¿Qué es lo que quieren, que si hay un fraude se pueda meter debajo de la alfombra?”, cuestionó Álvarez Valdez.

Manifestó que el presidente de la JCE, Roberto Rosario ha dicho que hay partidos que se están oponiendo a que se envíen las actas a los medios de comunicación, pero a su juicio la Junta puede decidir aunque haya partidos que se opongan.

Reiteró que la doble validación que quieren algunos partidos no está en la ley y por tanto la JCE tiene plena facultad para enviar las actas para que las conozca la ciudadanía.

“Esperamos que la Junta imponga el tema de que no se va a validar (actas) en la JCE y que todas las actas van a ir a los medios de comunicación”, puntualizó Álvarez Valdez.

Con relación a la observación de las elecciones, el coordinador de Participación Ciudadana dijo que favorece que otras organizaciones cívicas nacionales o extranjeras participen como observadoras, sin embargo deploró que la JCE financie a quienes la van a observar a ella.

Afirmó que Participación Ciudadana no aceptará ni puede aceptar un solo centavo de la JCE porque la observación no es solo al comportamiento de los partidos, sino también al proceso de organización y gestión de la Junta.

Calificó de falso que Participación Ciudadana haya sometido una factura de dos millones de dólares a la JCE como publicara la semana pasada el Diario Libre en una columna que se llama “De buena tinta”.

Aclaró que el programa de observación de Participación Ciudadana tiene un costo de 40% de dos millones de dólares, pero que ni un centavo saldrá de la JCE.

Álvarez Valdez dijo que Participación Ciudadana se financia actualmente con fondos de la Unión Europea y de empresarios dominicanos, pero el aporte fundamental es miles de personas que trabajan en forma voluntaria.

Sostuvo que la entidad no tiene problemas con los jueces de la JCE y los consideró buenos técnicos para organizar las elecciones, pero en el cumplimiento de su misión siempre encontrarán resistencia porque su papel es vigilar todo el proceso.

Se pronunció a favor de que cualquier diferencia personal que pueda existir entre los jueces de la JCE y el liderato de Participación Ciudadana deba dejarse a un lado para garantizar unas elecciones transparentes.

No obstante advirtió que si la JCE no aprueba el reglamento de campaña electoral y el envío de las actas directamente a los medios de comunicación, Participación Ciudadana criticará al tribunal electoral porque ambas decisiones son necesarias y están dentro de su competencia legal.

Preocupación por incremento en los últimos años

La presidenta de la junta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, dijo ayer que el índice de corrupción en la República Dominicana supera el máximo establecido para las naciones del Caribe y  sigue ascendiendo.

Explicó que los niveles de corrupción se miden del 1 (que es el máximo nivel) al 10 (el de menor incidencia). Advirtió que la nación dominicana tiene un nivel de 2.6%, el cual para el organismo es muy alto.

“En la República Dominicana en lugar de subir ha ido bajando en los últimos años, lo que es  un indicador de que hay que revisar las razones de porqué ocurre ésto”, dijo Labelle.

Dijo que un país que esté en un nivel por debajo de cinco  tiene mucho trabajo que hacer  y pidió a las autoridades gubernamentales que “vean, por favor, esta situación con mucho cuidado”.

Recomendaciones

Labelle dijo que para superar ese porcentaje de corrupción el Gobierno debe garantizar la perfección  del sistema judicial y  que el mismo sea independiente del Poder Ejecutivo.

También que la candidatura y nominación de jueces sea hecha de manera  independiente.Señaló, además, que los jueces deben garantizar que su actuación sea de manera transparente.

Agregó que el Gobierno debe garantizar que todo el ingreso que entre al tesoro del país sea publicado, para que la gente pueda ver  qué se hace con esos recursos.

Decomendó que sea expuesto al público el presupuesto y los desembolsos a cada organismo.

Labelle  dijo que para disminuir el índice de corrupción en el país  el Gobierno debe mejorar los servicios de las entidades públicas, garantizar la profesionalización de los servidores y que las promociones sean en base a los méritos.

Otra recomendación es que si algún departamento actúa con impunidad  garantice que se resuelvan los problemas. Dijo que se debe vigilar el área de compras  y construcciones del Gobierno.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario Dominicano  apoyaron ayer la propuesta del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que consiste en que las actas de votación sean transmitidas  de manera simultánea desde los colegios electorales a los medios de comunicación.

Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana, y Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD, aseguraron que la iniciativa es un paso de avance.

Álvarez sostuvo que sería la única forma de lograr resultados en tiempos oportunos, mientras    Jorge Mera dijo que el PRD apoya todo lo que haga la JCE a favor de la transparencia.

Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana ( mantiene su posición de que la   transmisión de los documentos debe realizarse después de que hayan sido validados en las Juntas Municipales.  Danilo Díaz explicó que si las actas se envían desde los colegios lo que los medios recibirán “será basura”.  

Informa que al país le quedan tareas pendientes

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette  Labelle, tocó ayer varios temas sobre  la lucha contra la corrupción y asegura que al país le quedan tareas pendientes.

La presidenta de Transparencia Internacional (TI), Huguette  Labelle, recordó ayer al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, la importancia de llevar los casos de corrupción ante la justicia, luego de ser informada por la Cámara de Cuentas de que ha presentado gran cantidad de informes y  todavía está a la espera de que se actúe sobre ellos.

 Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Labelle explicó que le comunicó al jefe del Ministerio Público que la importancia de judicializar los casos radica en que esa acción se convierte en un factor de desaliento en el futuro para que no haya funcionarios corruptos.

“Como la gente del sector bancario que pensó que era sumamente importante crear una nueva forma de comportarse”, expresó.

Impunidad total.

Al respecto el Coordinador General de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, aseguró que en el país existe una impunidad total en materia de corrupción pública y que “no hay un solo caso que pueda servir de ejemplo a aquellos que pretendan sustraer fondos públicos”.

Manifestó que eso es algo altamente preocupante porque lo que ocurre es que la corrupción sigue incrementándose y no hay consecuencias.

Dijo que la presidenta  de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, le comunicó que están cumpliendo con su trabajo y que muestra de ello son las más de 20 auditorías que  han puesto en manos del Ministerio Público.

“Son auditorías en las que existen evidencias de infracciones a la Ley Penal, o sea que deberían haber personas castigadas con penas privativas de libertad por esos hechos que están relatados en auditorías de la Cámara de Cuentas”, subrayó Álvarez.

Indicó que le recordaron a la Cámara de Cuentas que tiene la facultad de sugerir al Poder Ejecutivo la destitución de un funcionario cuando detecta irregularidades, pero que la doctora Barrios le dijo que de esa manera estaría violando la presunción de inocencia y la separación de poderes.

“Le explicamos que en la mayoría de los casos hay faltas graves de tipo administrativo en base a las que la Cámara de Cuentas puede solicitar la destitución de ese funcionario, sin vulnerar la presunción de inocencia y dijeron que lo iban a ponderar”, indicó.

Álvarez Valdez dijo que el presidente puede no destituirlo pero entiende que la iniciativa sería suficiente para que el Presidente se vea en la obligación de actuar.

Transparencia Internacional y PC tratan caso del Indrhi a  Jiménez Peña

El caso que envuelve al ex director del Indrhi, Héctor Rodríguez Pimentel, salió a relucir en el encuentro sostenido entre la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, y Participación Ciudadana  con la Cámara de Cuentas.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelotte Marte de Barrios, dijo que es una auditoría importante en la que no ha habido reacción por parte de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción.

Francisco Álvarez Valdez dijo que refirieron el tema al procurador general Radhamés Jiménez y que éste aseguró que ese caso estaba siendo trabajado.

“Nosotros desde PC y la doctora Labelle le dijimos que esperamos que en la República Dominicana se cuente con el primer caso”, señaló.

Indice de impunidad

Participación Ciudadana solicitó el apoyo  de Transparencia Internacional para crear en la República Dominicana un índice de impunidad a modo de poder medir de la manera más objetiva posible cómo va aumentando y disminuyendo en el país. Álvarez dijo que en el país no existen ejemplos palpables en sometimientos de casos de corrupción a pesar de que el procurador se quejó ante ellos de que han llevado el caso a los tribunales y no han obtenido sentencia. “Yo quiero decir que Participación Ciudadana va a identificar esos casos”, advirtió el nuevo coordinador general de Participación Ciudadana en el encuentro semanal.

Prejuicio y obstáculos les hace temer que será uno de los procesos más difíciles

Transparencia. El riesgo de esta práctica va en aumento

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, recomendó ayer a los empresarios dominicanos que publiquen todo lo que pagan al Gobierno a fin de evitar la extorsión.

Explicó que en los últimos años existen más riesgos de negocios ilícitos y que si las empresas divulgan lo que aportan crearían la condición para esperar que el gobierno haga lo mismo y transmita lo que recibe.

Trabaja con los gobiernos

“Trabajamos de manera muy estrecha con los líderes de negocios, con sindicatos y los gobiernos a fin de encontrar y ofrecer un programa para que los empresarios estén en capacidad de prevenir la corrupción en sus propias empresas”, dijo Labelle.

Instó, además, a los empresarios a que publiquen los nombres de sus accionistas y soportadores de capital para impedir que se conviertan “en la próxima frontera para los que quieren lavar fondos, ya sea Ben Alí, Gadafi o cualquier líder de otro país”.

Explicó que si la empresa se percata de quién es que aporta el capital se convierte en un enclave donde las personas que intenten ocultar dinero robado tendrían un serio problema.

El coordinador para América Central y el Caribe de Transparencia Internacional, Manfredo Marroquín, dijo ayer que la República Dominicana se ha quedado atrás en materia de ejecución de leyes electorales.

Dijo que la  falta de estas  ha deteriorado la política del país, donde “aún se realizan prácticas que ya no existen en ninguna región de la zona”.

Indicó que la compra y venta ta de votos es una práctica que ya no realiza en casi ningún país del mundo.

Hizo un llamado al liderazgo político para que fortalezca la ley electoral, a fin de evitar esas prácticas.

“El rezago que hay  aquí se debe en gran parte a la falta de voluntad política, en no tener un marco regulatorio,    una ley electoral más integral, donde se establezca claramente el parámetro electoral”, dijo Marroquín.

El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que publique  el esquema que tiene esa institución para promover a los jueces.

Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana, indicó a Germán que pese a que existe un escalafón  para promover a los jueces “nadie lo conoce, por lo que los ciudadanos no pueden saber si se está aplicando”.

“Ese aspecto tiene que hacerse a la vista de todos para asegurar la independencia, ya que   al saber el juez que  se aplica un escalafón  no tendrá necesidad de favorecer a un superior  que le pida un favor, ni va a temer al Poder Ejecutivo al tratar un tema de corrupción, porque sabe que cuando haya que llenar la vacante que le toca más arriba le va a corresponder porque tiene todos los méritos ganados”, dijo.

Lamentó que el Índice de Percepción de la Corrupción en el país haya aumentado y pide aprobación de leyes

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, dijo que Participación Ciudadana ha demostrado que tiene experiencia y pericia en la observación electoral, por lo que calificó como muy importante que continúe haciendo ese trabajo en el actual proceso.

Huguette Labelle indicó que PC ha monitoreado las elecciones durante muchos años de manera eficiente.

“Pienso que es beneficioso para la ciudadanía y para los partidos políticos que Participación Ciudadana esté involucrado en la observación del proceso electoral, para luego poder hablar de elecciones libres y transparentes” expresó Labelle.

La presidenta de Organismo Internacional habló luego de visitar al Procurador General de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Presidente del Senado en reuniones separadas.

Durante el encuentro con legisladores la presidenta de Transparencia Internacional y los miembros de Participación Ciudadana solicitaron a los legisladores agilizar la aprobación de varias leyes que promueven la transparencia en el país como son la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la Ley de Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios y Enriquecimiento Ilícito; así como las legislaciones de Fiscalización y Control de la Función Pública, de Cámara de Cuentas, de Providad, de Procedimientos Administrativos, la Ley de Partidos y la Ley del Salario Público.

Índice de Percepción de la Corrupción

La Presidenta de Transparencia Internacional informó que cualquier país en donde el Índice de Percepción de la Corrupción se haya incremento con en el caso de República Dominicana, debe hacer un análisis profundo y determinar que está ocurriendo para frenar el problema

Mientras que Francisco Alvarez, nuevo coordinador general de PC, destacó que la lucha contra la corrupción es un compromiso de todos, de los gobiernos y de la ciudadanía.

Presidente del Senado

El Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, agradeció la visita y destacó la labor de Participación Ciudadana de exigir a los actores públicos que se acojan a la transparencia.

Pared Pérez reiteró el compromiso que tiene el como presiente del Senado de actuar con pulcritud, alegando que esa conducta y accionar es añorada por la población de República Dominicana.

Observación: El Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional ubicó al país en la posición 129 de 178 países en donde se mide el mismo. RD bajó de la posición 101 en el 2010 a la posición 129 en el 2011, lo que refleja un incremento de la percepción de corrupción en el país, según los ciudadanos.