El Movimiento Cívico Participación Ciudadana denunció que la nueva constitución está plagada violaciones a los derechos ciudadanos violentando acuerdos internacionales.

Previo al inicio de una Asamblea en contra el Retroceso Constitucional, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que entre los puntos aprobados que violan los derechos ciudadanos se encuentran el limite al libre acceso a las playas; la aprobación del artículo 38, antiguo 30, sobre la interrupción del embarazo; la eliminación del derecho de la ciudadanía de elevar recursos de inconstitucionalidad; el no reconocimiento a la nacionalidad de hijos de extranjeros que no han regularizado su situación en el país; otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los fiscales y mas del 50 por ciento de los fiscales adjuntos ya que esto crearía mayor dependencia del Poder Judicial del Gobierno.

“Esta situación refleja a toda luz que esta Nueva Constitución es ilegitima”, expresó Cabreja.

Mientras que Luis Gómez, investigador, profesor universitario y experto en el área constitucional dijo que la reforma a la Carta Magna ha tenido sus luces y sombras. Gómez señaló que una de las acciones que provocó mayor insatisfacción en la población es que los legisladores que participaron en la Asamblea Revisora solo aprobaron los artículos pactados entre dos de las principales fuerzas políticas del país, ignorando las consultas populares y el interés colectivo.

Por esta razón Participación Ciudadana en coordinación con otras organizaciones ha realizado varias Asambleas en Contra del Retroceso Constitucional que se han llevado a cabo en Higuey, Barahona, San Francisco de Macorís y Santiago.

La Asamblea de Santiago se realizó este miércoles 28 de octubre en el Ateneo Amante de la Luz, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma, y sus repercusiones en la población.

El evento contó con la asistencia de cientos de personas, incluyendo periodistas, abogados, religiosos, amas de casa, organizaciones civiles, grupos juveniles, asociaciones de mujeres y juntas de vecinos.

Entre las organizaciones que apoyaron el evento se encuentran el Foro Social Alternativo, la Coordinadora de Mujeres del Cibao y la Coordinadora de juntas de vecinos zona sur de Santiago, entre otras.

Durante la rueda de prensa, Cabreja también destacó algunos aspectos positivos de la nueva Carta Magna como son la aprobación de mecanismos de participación directa como el referéndum y la iniciativa legislativa popular, la inclusión en la Carta Magna del estatuto de la función pública, que el defensor del pueblo tenga rango constitucional y que la terna de la Cámara de Cuentas sea elegida por la Cámara de Diputados.

La Asamblea Nacional contra el Retroceso Constitucional que se llevó a cabo en horas de la tarde en Santiago y estuvo encabezada por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, el profesor Luis Gómez, experto constitucional y otros. La misma se realiza en momentos en una comisión de la Asamblea Nacional realiza las ultimas revisiones a la nueva carta magna.

Los evangélicos lograron que se reconocieran sus matrimonios.

SANTO DOMINGO. Los matrimonios religiosos no católicos también tendrán efectos civiles en los términos que establezcan la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Así lo aprobó ayer la Asamblea Revisora de la Constitución que también acogió la sugerencia de las asociaciones empresariales garantizó en la Constitución la libre empresa.

Los asambleístas reconsideraron ambas propuestas, que habían sido rechazadas en primera lectura, acogiendo el informe de la comisión de Verificación y Auditoría.

También la Asamblea acogió que las uniones no formales o "concubinato" generan derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales y que "la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley".

Sobre la libertad de empresa fue sancionado que "el Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las leyes.

23 artículos

En la sesión de este martes fueron sancionados 23 artículos que incluyen el derecho a la libertad y seguridad personal; la prohibición de la esclavitud; el derecho a la integridad personal; al libre desarrollo de la personalidad; a la intimidad y el honor personal la libertad de conciencia y de cultos; la de tránsito, de asociación y de reunión.

También se consignó el derecho a la propiedad; a la propiedad intelectual y del consumidor, la seguridad alimentaria y los derechos de familia; la protección de las personas menores de edad; de la tercera edad y de las personas con discapacidad.

Además fueron sancionados los derechos a la Salud, vivienda y a la seguridad social y el derecho al trabajo.

124 asambleístas votaron en contra de calificar la información de veraz; 38 a favor La Asamblea Nacional Revisora estará en receso hasta el próximo

SANTO DOMINGO. La Asamblea Nacional Revisora de la Constitución rechazó ayer incluir el término "veraz" para calificar la información que puede ser difundida por toda persona en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información.

En contra del término votaron 124 asambleístas y 38 a favor de que se agregara al numeral primero del artículo 50.

En los debates, el proponente de la moción, el asambleísta Pelegrín Castillo trató de convencer a sus colegas " de la importancia de que el término información veraz figurara en la constitución junto a la cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista".

Sin embargo, el pleno de la Asamblea desechó su propuesta y aprobó el artículo con sus numerales que establece: "Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;

2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley;

3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;

4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley;

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.

Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público".

Participación Ciudadana y la Dirección General de Contrataciones Públicas firmaron un acuerdo con el que se comprometen a elevar la transparencia y fortalecer el sistema de compra y contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado.

El convenio fue suscrito por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana y Eric Hazim, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana informó que PC dará apoyo a la DGCP en la evaluación de su Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), dotándole de recomendaciones, insumos técnicos, capacitación del personal y orientaciones para actualizar el link de transparencia del sitio Web de la Institución.

Mientras que Eric Hazim indicó que con este acuerdo se busca fomentar la eficiencia y transparencia en las acciones enmarcadas en la Ley de Contrataciones Públicas.

El Movimiento Cívico también coordinará con la DGCP la conformación de una Mesa de Diálogo entre las entidades de fiscalización de recursos públicos, grupos profesionales y empresariales para recibir su valoración y recomendaciones en torno a los procesos de compras y contrataciones en sentido general.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Participación Ciudadana además trabajarán en conjunto en la capacitación y monitoreo del personal que laborará en el proceso de incorporación de los Ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste en los procedimientos de la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas. Con esta parte del proyecto ambos entidades buscan que los Cabildos utilicen los manuales de procedimientos de compras, elaboren los planes anuales de compras y contrataciones e incorporen sus proveedores en el registro único de la DGCP.

PC asimismo apoyará a la DGCP en la realización de un seminario internacional dirigido a servidores públicos para generar sensibilización en el tema.

El financiamiento de estos trabajos y la designación del equipo técnico estarán a cargo de ambos organismos.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una duración de tres (3) años pudiendo el mismo ser renovado o darse por terminado a instancia de una de las partes.

Castaños Guzmán advierte usarían Reglamento

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) doctor Julio César Castaños Guzmán afirmó ayer que ese organismo no tendrá que esperar la Ley de Partidos para controlar el dispendio de recursos y la duración de las campañas electorales, porque la nueva Constitución le da facultad para ponerle coto a esa situación.

Advirtió que el Reglamento que sería aplicado en el 2008 y que fue objetado por los partidos políticos y los medios de comunicación podría ser utilizado ahora, en atención al Numeral 3, artículo 78 del proyecto de reforma constitucional aprobado en primera lectura por la Asamblea Revisora.

"Es decir, que basta conque se apruebe y promulgue la Constitución de la República, para que la JCE tenga la sartén por el mango", dijo Castaños Guzmán.

El citado numeral expresa que “La JCE velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia de la utilización del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites de los gastos de campaña así como el acceso a los medios de comunicación”.

El presidente de la JCE señaló que aunque la Ley de Partidos es necesaria, la Constitución quitaría “presión”, y se aplicaría el principio de igualdad entre los partidos y el no uso de los recursos del Estado.

Participación Ciudadana rechazó la intención del diputado peledeista por Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, de introducir en la cámara baja un anteproyecto de ley que propone cambios a la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Javier Cabreja, director ejecutivo, dijo que con esta propuesta se busca mutilar los avances en materia de transparencia logrados en el país.

¨ Nos oponemos tajantemente a cualquier intención de modificar o mutilar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ya que esto evitaría que muchas instituciones actúen con transparencia ¨, advirtió Cabreja.

El Movimiento Cívico informó que ley 200-04 de Libre Acceso ha permitido que medios de comunicación obtengan informaciones y publiquen trabajos que han contribuido a hacer más transparente las acciones en las entidades públicas.

La Organización indica que lo más grave es que esta propuesta de categorizar las informaciones que sean entregadas al público se hace en momentos en que todavía muchas instituciones están atrasadas en la aplicación de dicha ley y otras están iniciando el proceso.

Cabreja informó que en vez de que querer coartar o mutilar dicha legislación, lo que se debe es crear las condiciones para que el Gobierno Central, los Ayuntamientos, la Justicia y el Congreso apliquen de manera más efectiva la ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Participación Ciudadana indica que esta propuesta podría tener vinculación con el reportaje realizado por la periodista Alicia Ortega sobre el mal uso de los recursos del barrilito de los legisladores, lo que ha provocado el despido de decenas de familiares de los mismos.

Las organizaciones de la sociedad civil nos mantendremos vigilantes, para evitar que se nos limiten derechos adquiridos.

La Fundación Justicia y Transparencia, (FJT) afirmó ayer que el nepotismo constituye en el país una de las manifestaciones más comunes de corrupción en la administración pública, esparciéndose como un cáncer que ha tocado las diferentes instancias del poder público.

El presidente de la organización, Trajano Vidal Potentini, expresó que el nepotismo al igual que otras formas de corrupción “aposentadas” en la clase política llevará al país a un estado de ingobernabilidad, en el que predominará el tráfico de influencias, el soborno, el testaferrato, la extorsión, la malversación de fondos, la prevaricación y la impunidad.

En ese sentido, la Fundación Justicia y Transparencia “deploró y condenó enérgicamente” los recientes casos de nepotismo detectados en el Senado, a través de algunos de sus representantes legislativos y los casos registrados en el Ayuntamiento de Santiago.

El profesional del derecho Vidal Potentini urgió del Gobierno y, en particular de la secretaria de Administración Pública, adoptar las medidas correctivas de lugar, a fin de contribuir a reducir “esta práctica ilegal e inmoral”.

Abuso de autoridad

La Fundación Justicia y Transparencia al igual que las principales convenciones internacionales asimila la corrupción como “el abuso de autoridad de un funcionario público para obtener beneficio particular” situación que se conjuga en el nepotismo, en franca violación a la Constitución en su artículo 102 y a la Ley 41-08 sobre Función Pública en su artículo 3 numerales 1 y 2, y el artículo 80 en su numeral 15, entre otras normas legales.

El decreto 287-06, que automatiza el proceso de Declaración Jurada de Bienes bajo la ley 182 ordena a todos los funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo actualizar y presentar vía electrónica la declaración de su patrimonio, en un plazo no mayor de treinta días, a partir de la fecha de nombramiento y ordena suspender de sus funciones a quienes violen la norma.

Específicamente, el artículo cuarto del decreto advierte que serán amonestados y/o suspendidos de sus funciones, sin disfrute de salario los funcionarios que no cumplan el mandato

La sanción se mantendrá hasta que presenten la declaración jurada de los bienes que poseen.

Esto no incluye las sanciones disciplinarias a que se expone el funcionario, dispuestas en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como las penalidades de la Ley 120-01, la cual instituye el Código de Ética del Servidor Público.

Participación Ciudadana hizo un llamado a los legisladores a reflexionar varios puntos de la Reforma Constitucional y no aprobar mecánicamente numerosos artículos durante el conocimiento en segunda lectura de la Carta Magna.

Luego de una revisión de lo aprobado en primera lectura por la Asamblea Revisora, El Movimiento Cívico recomienda excluir de la reforma constitucional el artículo 30 que declara la vida inviolable desde la concepción, porque el mismo excluiría la posibilidad del aborto terapéutico. Participación Ciudadana entiende que el tema del aborto debe de ser regulado por una ley adjetiva.

El Abogado Francisco Álvarez Valdez, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, dijo que en última instancia podría aceptarse la formulación de la Convención Americana de Derechos Humanos, propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados que dice que “la vida es inviolable, por lo general, desde la concepción hasta la muerte”.

También recomienda la modificación del artículo (art. 123 proyecto, 87 en primera lectura) que prevé la destitución como sanción para los funcionarios que cometan actos de corrupción. Álvarez recomienda que debe agregarse la inhabilitación permanente o por un lapso considerable para volver a ejercer una función pública.

La Organización No Gubernamental también califica como urgente y necesario incluir en la segunda lectura la propuesta que dispone la rendición de cuentas de los legisladores sobre los fondos que reciben.

También se debe anexar algún artículo que regule o sancione las ausencias prolongadas en las sesiones.

Francisco Álvarez explicó que ¨ Los recientes escándalos agregan una justificación adicional a la idea de que el texto constitucional contemple disposiciones que obliguen a los legisladores a rendir cuentas. Por igual, debería suprimirse la disposición del artículo 95 (74 en el proyecto) que prohíbe demandar en los tribunales a un legislador si no se cuenta con autorización previa de la cámara a la que pertenece, por ser un privilegio irritante y excesivo ¨.

Otro punto que nos llama a preocupación es el aumento del número de diputados a 190, cuando debió ser reducido a 150. Por otro lado, se creó la figura de los diputados de ultramar, que no servirá sino para fortalecer el clientelismo, por lo que debería ser eliminado.

En torno a los miembros de la Junta Central Electoral, creemos que la Asamblea Revisora debe de rectificar su posición, y reducir a tres los jueces del Tribunal de Comicios, así como aprobar la creación de un fiscal electoral.

"La creación de un fiscal electoral es imprescindible, pues de lo contrario continuará la larga tradición de impunidad que existe en el país con respecto a los delitos electorales" explicó el Miembro del Consejo.

En cuanto a la nacionalidad, Participación Ciudadana, pidió a los legisladores que conocerán la reforma constitucional en segunda lectura, modificar el artículo 16 del proyecto, aprobado como 46, que excluye a los hijos de los que residan ilegalmente en territorio dominicano de ciertos derechos, por entender se podría crear un gueto permanente.

Asimismo hacemos un llamado a la Asamblea Revisora a no dejar fuera de los debates La Acción Directa de Inconstitucionalidad, que fue una de las grandes conquistas de la reforma constitucional del 1994 y que fue suprimida en primera lectura.

Francisco Álvarez informó que "Es probable que haya sido por error, pero la realidad es que en el texto aprobado en primera lectura no aparece".

La Organización de la Sociedad Civil también calificó como negativo que los legisladores no hayan aprovechado la ocasión para aumentar el número de miembros del Consejo Nacional de Magistratura, para reducir la influencia partidaria. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que esto es muy relevante, sobre todo tomando en cuenta que en los próximos meses siete miembros de la SCJ serán designados y porque ahora el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá además las funciones de evaluar a los miembros de la SCJ y de juzgarlos disciplinariamente.

En cuento a la Autonomía del Banco Central y la Junta Monetaria No fueron aprobados todos los artículos que establecían la autonomía de la Administración Monetaria y Financiera, la profesionalización de los miembros de la Junta Monetaria y el tiempo que duran en sus funciones. La autonomía del Banco Central ya ha sido consagrada en la Ley Monetaria y Financiera, pero por alguna razón no divulgada existen temores de incluirla en la Constitución.

En otro orden, Álvarez Valdez denunció que al Procurador General de la República no se le dotó de inamovilidad por el período por el que es designado, lo que permitiría al Poder Ejecutivo poder removerlo en cualquier momento, haciendo completamente ineficaz la supuesta autonomía que se establece en el artículo 238 del texto aprobado en primera lectura.

Participación Ciudadana solicitó esta semana a la Superintendencia de Seguros su presupuesto del 2009, los llamados a licitaciones, concursos, compras y resultados de los mismos.

El Movimiento Cívico también requirió un listado con los nombres de los funcionarios de dicha entidad y sus respectivos salarios; así como de cualquier otra persona que reciba algún tipo de remuneración en dicha Institución.

Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que además se pidió un listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros.

Cabreja explicó que antes de recurrir a la Superintendencia de Seguros a procurar la referida información, verificó que la misma no se encuentra a disposición del público en la página Web de la Institución.

Esta petición fue efectuada en virtud de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública de fecha 28 de julio del 2004, que dispone que ¨ Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal ¨

Participación Ciudadana dijo esperar que estos datos sean entregados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, tal y como dispone la referida ley.

¨ De acuerdo a lo dispuesto con el artículo 8 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En este caso, el órgano requerido deberá, mediante comunicación firmada por la autoridad responsable, antes del vencimiento del plazo de quince (15) días, comunicar las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional ¨ explicó Cabreja.

El Movimiento Cívico no partidista dijo que realiza la presente solicitud para analizar la información requeridas a la luz de los trabajos que realiza nuestra organización para promover la transparencia en República Dominicana, siendo en estos momentos el Capítulo Nacional de la reputada organización Transparencia Internacional.