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Funcionarios no declaren bienes perderán sus cargos

El decreto 287-06, que automatiza el proceso de Declaración Jurada de Bienes bajo la ley 182 ordena a todos los funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo actualizar y presentar vía electrónica la declaración de su patrimonio, en un plazo no mayor de treinta días, a partir de la fecha de nombramiento y ordena suspender de sus funciones a quienes violen la norma.

Específicamente, el artículo cuarto del decreto advierte que serán amonestados y/o suspendidos de sus funciones, sin disfrute de salario los funcionarios que no cumplan el mandato

La sanción se mantendrá hasta que presenten la declaración jurada de los bienes que poseen.

Esto no incluye las sanciones disciplinarias a que se expone el funcionario, dispuestas en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como las penalidades de la Ley 120-01, la cual instituye el Código de Ética del Servidor Público.

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Participación Ciudadana pide excluir el Aborto de reforma constitucional

Participación Ciudadana hizo un llamado a los legisladores a reflexionar varios puntos de la Reforma Constitucional y no aprobar mecánicamente numerosos artículos durante el conocimiento en segunda lectura de la Carta Magna.

Luego de una revisión de lo aprobado en primera lectura por la Asamblea Revisora, El Movimiento Cívico recomienda excluir de la reforma constitucional el artículo 30 que declara la vida inviolable desde la concepción, porque el mismo excluiría la posibilidad del aborto terapéutico. Participación Ciudadana entiende que el tema del aborto debe de ser regulado por una ley adjetiva.

El Abogado Francisco Álvarez Valdez, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, dijo que en última instancia podría aceptarse la formulación de la Convención Americana de Derechos Humanos, propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados que dice que “la vida es inviolable, por lo general, desde la concepción hasta la muerte”.

También recomienda la modificación del artículo (art. 123 proyecto, 87 en primera lectura) que prevé la destitución como sanción para los funcionarios que cometan actos de corrupción. Álvarez recomienda que debe agregarse la inhabilitación permanente o por un lapso considerable para volver a ejercer una función pública.

La Organización No Gubernamental también califica como urgente y necesario incluir en la segunda lectura la propuesta que dispone la rendición de cuentas de los legisladores sobre los fondos que reciben.

También se debe anexar algún artículo que regule o sancione las ausencias prolongadas en las sesiones.

Francisco Álvarez explicó que ¨ Los recientes escándalos agregan una justificación adicional a la idea de que el texto constitucional contemple disposiciones que obliguen a los legisladores a rendir cuentas. Por igual, debería suprimirse la disposición del artículo 95 (74 en el proyecto) que prohíbe demandar en los tribunales a un legislador si no se cuenta con autorización previa de la cámara a la que pertenece, por ser un privilegio irritante y excesivo ¨.

Otro punto que nos llama a preocupación es el aumento del número de diputados a 190, cuando debió ser reducido a 150. Por otro lado, se creó la figura de los diputados de ultramar, que no servirá sino para fortalecer el clientelismo, por lo que debería ser eliminado.

En torno a los miembros de la Junta Central Electoral, creemos que la Asamblea Revisora debe de rectificar su posición, y reducir a tres los jueces del Tribunal de Comicios, así como aprobar la creación de un fiscal electoral.

"La creación de un fiscal electoral es imprescindible, pues de lo contrario continuará la larga tradición de impunidad que existe en el país con respecto a los delitos electorales" explicó el Miembro del Consejo.

En cuanto a la nacionalidad, Participación Ciudadana, pidió a los legisladores que conocerán la reforma constitucional en segunda lectura, modificar el artículo 16 del proyecto, aprobado como 46, que excluye a los hijos de los que residan ilegalmente en territorio dominicano de ciertos derechos, por entender se podría crear un gueto permanente.

Asimismo hacemos un llamado a la Asamblea Revisora a no dejar fuera de los debates La Acción Directa de Inconstitucionalidad, que fue una de las grandes conquistas de la reforma constitucional del 1994 y que fue suprimida en primera lectura.

Francisco Álvarez informó que "Es probable que haya sido por error, pero la realidad es que en el texto aprobado en primera lectura no aparece".

La Organización de la Sociedad Civil también calificó como negativo que los legisladores no hayan aprovechado la ocasión para aumentar el número de miembros del Consejo Nacional de Magistratura, para reducir la influencia partidaria. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que esto es muy relevante, sobre todo tomando en cuenta que en los próximos meses siete miembros de la SCJ serán designados y porque ahora el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá además las funciones de evaluar a los miembros de la SCJ y de juzgarlos disciplinariamente.

En cuento a la Autonomía del Banco Central y la Junta Monetaria No fueron aprobados todos los artículos que establecían la autonomía de la Administración Monetaria y Financiera, la profesionalización de los miembros de la Junta Monetaria y el tiempo que duran en sus funciones. La autonomía del Banco Central ya ha sido consagrada en la Ley Monetaria y Financiera, pero por alguna razón no divulgada existen temores de incluirla en la Constitución.

En otro orden, Álvarez Valdez denunció que al Procurador General de la República no se le dotó de inamovilidad por el período por el que es designado, lo que permitiría al Poder Ejecutivo poder removerlo en cualquier momento, haciendo completamente ineficaz la supuesta autonomía que se establece en el artículo 238 del texto aprobado en primera lectura.

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PC pide nómina y gastos de Superintendencia de Seguros.

Participación Ciudadana solicitó esta semana a la Superintendencia de Seguros su presupuesto del 2009, los llamados a licitaciones, concursos, compras y resultados de los mismos.

El Movimiento Cívico también requirió un listado con los nombres de los funcionarios de dicha entidad y sus respectivos salarios; así como de cualquier otra persona que reciba algún tipo de remuneración en dicha Institución.

Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que además se pidió un listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros.

Cabreja explicó que antes de recurrir a la Superintendencia de Seguros a procurar la referida información, verificó que la misma no se encuentra a disposición del público en la página Web de la Institución.

Esta petición fue efectuada en virtud de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública de fecha 28 de julio del 2004, que dispone que ¨ Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal ¨

Participación Ciudadana dijo esperar que estos datos sean entregados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, tal y como dispone la referida ley.

¨ De acuerdo a lo dispuesto con el artículo 8 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En este caso, el órgano requerido deberá, mediante comunicación firmada por la autoridad responsable, antes del vencimiento del plazo de quince (15) días, comunicar las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional ¨ explicó Cabreja.

El Movimiento Cívico no partidista dijo que realiza la presente solicitud para analizar la información requeridas a la luz de los trabajos que realiza nuestra organización para promover la transparencia en República Dominicana, siendo en estos momentos el Capítulo Nacional de la reputada organización Transparencia Internacional.

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Cree uso recursos narco sería pacto diabólico

Presidente Crea advierte politico uso dinero sucio

El presidente de Hogares Crea Dominicano, licenciado Leopoldo Díaz, advirtió ayer a los políticos que harían un “pacto con el Diablo” si, como se teme, aceptan recursos del narcotráfico para sustentar sus campañas.

Díaz expresó de esa manera perjudicarían la seguridad, la salud, el bienestar y el futuro del pueblo.

En otro orden, Díaz pidió al presidente Leonel Fernández un aumento del subsidio presupuestal para Crea. a fin de evitar el cierre de ocho de los 43 centros de tratamiento de adictos que la entidad tiene a nivel nacional.

Tras señalar que Crea sólo recibe RD$2.8 millones al mes del Estado, Díaz expresó que los gastos de la entidad son de RD$11 millones.

Dijo que el resto es compensado con aportes de empresarios, los bancos y actividades de Crea.

Manifestó que existe la amenaza de desalojo de ocho de los centros Crea, que albergan a unos 240 jóvenes, los cuales irían a las calles.

Crece

El presidente de Crea dijo que el gran crecimiento de las drogas en el país es muy alarmante.

Manifestó que no hay día que no haya bombardeos de drogas por parte de aviones de narcotraficantes.

Apoyo

En los centros de Hogares Crea hay hasta niños de ocho, 10 y 12 años en r ehabilitación por consumo de drogas, dijo el presidente de la entidad, Leopoldo Díaz.

Urgente

Pidió al presidente Fernández una ayuda urgente a Crea.

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La Ley de Partidos amenaza la Reforma Legislativa

El PRD exige que los peledeístas aprueben la iniciativa

 SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Dominicano advirtió ayer que reflexionará sobre la posibilidad de dejar vigente en segunda lectura de la reforma de la Constitución el artículo 49, lo que impediría que el presidente Leonel Fernández pudiera postularse en las elecciones del año 2012, en caso de que el Congreso Nacional no apruebe la Ley de Partidos.

La amenaza la hizo el vocero de los diputados del PRD, José –Neney- Cabrera, luego de fracasara ayer por falta de quórum la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iba a conocer y aprobar la Ley de Partidos en segunda lectura.

Los perredeístas acusan al Partido de la Liberación Dominicana de pretender obstaculizar la aprobación de la pieza, a pesar de existir un acuerdo para que sea sancionada antes del 15 de septiembre y así pudiera entrar en vigencia para las elecciones congresionales y municipales de 2010.

“Parece que el PLD y al presidente Leonel Fernández no les interesa la aprobación de la Ley de Partidos”, precisó Cabrera, quien dijo que la propuesta del diputado Ángel Acosta contribuirá a fortalecer la democracia y evitar el uso de los recursos públicos en las campañas internas de las fuerzas políticas.

Consideró que el PLD adopta una posición incoherente, por lo que aseguró que el PRD inicia la reflexión sobre la posición que asumirá ante la aprobación del proyecto de reforma de la Constitución, cuya segunda lectura será iniciada el 9 de septiembre.

Indicó que esa reflexión abarcaría el artículo 49 de la actual Constitución, que fue modificado para permitir la reelección presidencial. Posición del PRSC.

El vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Euclides Batista, lamentó que el PRD supedite la suerte de la reforma de la Constitución al conflicto que se ha suscitado por la falta de aprobación de la Ley de Partidos, que su partido apoya.

PLD rechaza exista boicot

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, y el vocero de los legisladores, Alejandro Montás, negaron que exista algún plan para impedir la aprobación de la Ley de Partidos.

Medina dijo que la sesión fue levantada por falta de quórum, aunque existía el interés de sancionar favorablemente la pieza.

De su lado, Montás pidió a los perredeístas recurrir al diálogo, igual como ha ocurrido para que la Asamblea Nacional aprobara la reforma constitucional.

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PC Pide Justicia Corrupción Funcionarios.

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana apoya los cambios de funcionarios realizados por el Poder Ejecutivo, alegando que muchos de los mismos estaban involucrados en escándalos de corrupción.

Samir Chami Isa, Coordinador General de Participación Ciudadana, dijo que además de la destitución o cambio, los funcionarios sobre los que pesan denuncias de corrupción debieron de ser sometidos a la justicia, para que demuestren su responsabilidad sobre los hechos que se le imputan.

Chami Isa informó que los ex directores del INDRHI, CDEEE, PRA, Lotería Nacional y de otras instituciones deben de ser investigados, ya que medios de comunicación y periodistas serias han presentado trabajos en los que han reflejado nepotismo, sobrevaluación de obras, violación a la ley de contrataciones públicas, transacciones no transparentes y otras irregularidades.

Participación Ciudadana también indicó que muchos de estos funcionarios no debieron ser removidos, o designados como asesores, sino que debieron de ser dejados sin función, hasta que se demuestre en los tribunales su vinculación o no con actos dolosos.

¨ No podemos seguir permitiendo que algunos funcionarios utilicen los recursos del Estado como si fueran patrimonio propio, recursos provenientes de nuestro trabajo, del pago de impuestos¨, expresó Samir.

El Movimiento Cívico entiende que más del 40 por ciento de la población dominicana vive en pobreza y extrema pobreza, por lo que no es justo que en medio de esta crisis mundial y local, los recursos del pueblo sean malversados.

El Coordinador General de Participación Ciudadana hizo un llamado a la población y a las demás organizaciones de la sociedad civil a unirse y mantenerse en pie de lucha para enfrentar la corrupción.

¨ Advertimos que tanto Participación Ciudadana como las otras organizaciones de la Sociedad Civil nos mantendremos vigilantes de las acciones de las Organizaciones Públicas, para evitar que adopten acciones en perjuicio del pueblo ¨, indicó Chami Isa.

En nuestra Organización también cuestionamos los actos de corrupción en entidades privadas que perjudiquen a la sociedad, pero enfatizamos más en las instituciones públicas porque son las manejan dinero del pueblo.

¨ Vasta ya de tanta impunidad y actos de corrupción¨, reclamó el Coordinador.

Participación Ciudadana trabaja en esta lucha en coordinación con otras organizaciones como El Centro Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, La Alianza de Lucha contra la Corrupción, Fundación Justicia y Transparencia, entre otras.

Valoramos el despertar de las organizaciones de Mujeres, Juventud, Sindicatos, Gremios Campesinos, ONGs, Fundaciones y de la sociedad en general sobre este y otros temas.

También apoyamos los sometimientos judiciales de funcionarios y todas las acciones dirigidas a combatir y luchar contra la corrupción administrativa y el nepotismo.

"Es bueno destacar que no descansaremos hasta lograr erradicar las malas prácticas, y recordamos a todos que la Unión hace la Fuerza."

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Incumplimiento y debilidad de leyes obstaculizan labor Sociedad Civil.

Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de Reforma del Estado, La Alianza de ONGS, INTEC y otras entidades públicas y privadas realizaron un seminario sobre el ¨ Balance y Desafíos de la Participación en República Dominicana y Latinoamérica ¨ que se lleva a cabo el 18 y 19 de agosto.

El Seminario inició este martes con la conferencia magistral de Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo de nacionalidad chilena, quien expuso sus experiencias sobre la ¨ Participación de la Sociedad Civil en América Latina ¨.

Durante su discurso, Carretón destacó la importancia de la sociedad civil en la toma de decisiones del Estado y abogó por un fortalecimiento de los mecanismos de participación en República Dominicana y Latinoamérica como son el referéndum, presupuestos participativos, cabildo abierto, comités de seguimientos a obras públicas, entre otros.

El experto internacional dijo que ¨ Uno de los principales obstáculos que afecta la participación de la sociedad civil es que muchas Instituciones de las naciones Latinoamericanas no cumplen las leyes existentes que permiten el acceso a la información y una mayor participación de los organismos en la toma de decisiones ¨.

El Sociologo Chileno dijo que el Sin Sociedad Civil el Estado no tiene control. Agregó que los principales problemas que afectan a la sociedad civil latinoamericana es su desigualdad social, los poderes fácticos que operan sobre ella y la falta de mecanismos legales e institucionales que permitan una mejor participación de la sociedad civil en decisiones del Estado.

En tanto que Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana indicó durante al apertura del Seminario que esta es una actividad de carácter educativo que procura compartir experiencias, profundizar en el análisis y generar propuestas que contribuyan a mejorar la incidencia y participación de los distintos sectores que conforman la sociedad civil organizada.

En el Seminario ¨ Balance y Desafíos de la Participación en República Dominicana ¨ se han unido por primera vez diversos sectores organizados de la sociedad civil dominicana, para analizar y proponer sobre los mecanismos de participación contemplados en la legislación vigente y cuales son los factores que obstaculizan la participación.

El Coordinador General de Participación Ciudadana y las organizaciones convocantes revelaron que actualmente existe en el Congreso un Anteproyecto de Ley de Participación ¨ a través del cual se busca fortalecer el marco legal para garantizar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones del Estado y el mismo engloba los mecanismos de participación establecidos en otras leyes, muchas de las cuales fueron reagrupadas y organizadas con coherencia ¨.

Algunos de los mecanismos de participación mencionados durante la Conferencia fueron el referéndum, la consulta popular, vistas públicas, participación en la labor legislativa, audiencias públicas y otras.

En tanto que Ernesto López de la Rivas, director del Proyecto de Apoyo a las Iniciativas Locales, informó que si se logra el fortalecimiento del marco jurídico existente, se alcanzaría una gestión pública más eficiente e institucionalizada, con lo que se contribuye al fortalecimiento de la democracia dominicana.

En la apertura de este seminario participaron representantes de organizaciones de Mujeres, Juventud, Sindicatos y Gremios, Campesinas, ONGs y Fundaciones; así como nuevos movimientos sociales y las organizaciones que trabajan los Derecho Humanos.

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PC Pide a Gobierno Cumplimiento Ley Contratación Pública en Obras

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha tomado nota de la información del Sr. Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, en el sentido de que dentro de algunos días su gobierno iniciará una serie de obras públicas. Ciertamente vemos con beneplácito esta iniciativa, bajo el entendido de que se propone contribuir a dinamizar la economía, viabilizar el acceso al empleo de la población, así como mejorar y ampliar la deteriorada infraestructura nacional.

Esos son propósitos muy loables. Pero no por ello se puede admitir que el dinero público sea asignado y gastado sin ningún control, generando un ambiente propicio a mayor corrupción. En tal sentido, Participación Ciudadana reitera que estará pendiente de que la ejecución de ese programa esté enmarcado en los conceptos de economía, racionalidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Por tal circunstancia, se le recuerda al Sr. Presidente que esperamos que la ejecución de las obras se ajuste estrictamente, en lo relativo a la modalidad a utilizar para su adjudicación, a lo que establecen las leyes 360-06 y 449-06, relacionadas con las compras y las contrataciones públicas, a fin de evitar los sobrecostos y la corrupción que muchas veces tienen lugar en este tipo de planes.

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PC, FLACSO y Empresarios de Herrera exigen a funcionarios cumplir Ley de Función Pública.

La Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales pidieron al Gobierno y a los Funcionarios cumplir con la Ley de Función Pública, para que sean erradicados el clientelismo, nepotismo y otras prácticas corruptas.

Durante la celebración del panel ¨ Nepotismo y Clientelismo Político ¨, el coordinador de la Comisión de Transparencia, Isidoro Santana, indicó que ¨ desde hace varios años Participación Ciudadana adoptó como línea de trabajo fundamental contribuir con la transparencia en la gestión pública, realizando esfuerzos en diversos ámbitos con el propósito de elevar la ética de los funcionarios públicos, garantizando una labor más eficiente en las áreas donde se desempeñan ¨.

Santana indicó que lo lamentable del caso es que muchas Instituciones del Estado no cumplen con la referida ley, a pesar de que la misma es bastante clara.

En tanto que Francisco Cueto, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), dijo que las prácticas de nepotismo y clientelismo producen consecuencias graves a la población debido a que se desperdician y dilapidan el dinero del pueblo, que se obtienen a través del cobro de impuestos y por otros conceptos. Cueto indicó que esto limita la inversión de recursos en áreas fundamentales como educación, salud y otras obras sociales.

Mientras que Gregorio Montero, Sub. Secretario de Estado de Administración Pública (SEAP), otro de los panelistas, destacó los avances en la implementación de la Ley 41-08 sobre Función Pública.

El Funcionario señaló que esta ley está siendo aplicada de forma correcta por muchos Organismos del Estado y dijo que muestra de esto son los Reglamentos para definir las relaciones laborales aprobadas el mes pasado.

En tanto que el empresario Manuel Cabrera, Presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera (AEIH) difiere de esta posición indicando que falta voluntad política para implementación correcta de esta ley.

¨ La voluntad política es indispensable para la transparencia y la probidad pública ¨.

Durante el debate de ideas fueron destacados tres artículos de esta ley que sancionan las prácticas de nepotismo y clientelismo como son:

El art. 80 numeral 5 de la ley 41-08 sobre función Pública que establece la prohibición de aceptar designación para desempeñar en forma simultanea más de un cargo en el Estado, salvo excepciones de ley.

Destacaron que el numeral 15 del referido artículo prohíbe prestar servicios en la misma institución que el cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta determinado grado, tal y como ha ocurrido recientemente en diversas Instituciones del Estado

Los Panelistas agregaron que, en ese mismo orden, el artículo 109 del reglamento de Relaciones Laborales de la Ley 41-08 sobre función Pública sanciona el manejo fraudulento o inescrupuloso de fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas.

La Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana también indicó que la Constitución vigente de la República en su artículo 102 sanciona a todo aquel que, para su provecho personal, sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas obtenga provechos económicos y extiende la sanción a las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Algunos de

los Participantes indicaron que otras de las causas del retraso de una correcta aplicación de la Ley de Función Pública es que la misma fue promulgada en enero del 2008, y un año y seis meses tarde fueron dictados cuatro reglamentos para definir aspectos como las Relaciones Laborales (El cual contiene El Régimen Ético y Disciplinario de Funcionarios y Servidores Públicos), el Reclutamiento y Selección de Personal, la Evaluación del desempeño, y la Estructura Orgánica y Política Salarial, lo que pone en evidencia el largo camino que queda por recorrer.

La aprobación y promulgación de la actual ley 41-08 de Función Pública fue lograda gracias al esfuerzo de la Secretaría de Estado de Administración Pública y de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Al Final del encuentro los expositores concluyeron que el Nepotismo y Clientelismo Político no es un tema de coyuntura, sino algo que debe convertirse en una forma de ser y de actuar. Destacaron que los funcionarios públicos deben asumir que administrar el fruto de los impuestos que pagamos todos es una responsabilidad muy grande, que no admite generosidades, contrataciones a relacionadas donaciones a particulares y actos de discrecionalidad cual si fuese una empresa privada.

Desde Participación Ciudadana apoyamos las acciones de control social y monitoreo de la administración pública en su conjunto, que no sea el resultado de coyunturas políticas.

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Los partidos y Justicia considerados entre los más corruptos.

Santo Domingo.- Las cinco instituciones consideradas como las más corruptas en el país son los partidos políticos, con un 52.5%; la Justicia con un 49.8%; la Policía, con 44.6, el Congreso, 40.9, y la Dirección de Prevención de la Corrupción, con un 33%. Los datos forman parte de los resultados del estudio de Percepción de la Corrupción en los Hogares de República Dominicana, auspiciado por varias organizaciones.

Las entidades que auspiciaron el muestreo puesto a circular ayer en el hotel Jaragua son la Agencia para el Desarrolo Internacional (USAID), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y el Consejo Estratégico de Santiago (Cedes), entre otras. El trabajo fue realizado en junio y julio de 2008 y se aplicó a una población de 2,400 personas.

Entre los hallazgos de la medición se estableció que en República Dominicana la corrupción prolifera cuando las oportunidades para abusar de la autoridad y beneficiarse personalmente superan los riesgos y los costos de respetar la ley.

El estudio revela que el 80% de los dominicanos no teme consecuencias al cometer actos de corrupción, lo que pudiera revelar debilidad en los órganos encargados de su control, detección y castigo. La corrupción ocupa el segundo lugar con un 26.8% entre los problemas que afectan el desarrollo del país. El 94% de las víctimas no la denuncia.

Las menos corruptas

Las cinco instituciones consideradas menos corruptas son las iglesias evangélicas, con un 7.8%, la iglesia católica 14.8%, las asociaciones comunitarias y la Dirección Nacional de Pasaportes. La investigación, ejecutada por Gallup, se basó en una población constituida por personas mayores de edad, jefes de hogar y en excepción con el cónyuge.

El trabajo manifiesta que en República Dominicana la corrupción es un crimen de cálculo y al igual que en el resto del mundo prolifera cuando se dan las oportunidades para abusar de la autoridad.

Las entidades indicaron que el trabajo fue dado a conocer un año después de su preparación, porque ahora fue cuando lograron reunirse.

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