El reconocimiento será entregado como parte de las actividades del 16 aniversario de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana entregará este año el Primer Reconocimiento al Combate de la Corrupción de PC con la finalidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos para luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que “este reconocimiento tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, así como resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República y que promueve Participación Ciudadana”.

Cabreja explicó que el reconocimiento será entregado luego de una cena conferencia sobre “Narcotráfico y la Corrupción: Sus efectos en los procesos democráticos” a cargo de Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo de España y jefe de la audiencia nacional del Reino de España.

El Director Ejecutivo dijo que el premio será entregado este miércoles 9 de diciembre a las 7:00 de la noche en el Gran Salón del Hotel Hilton.

El Movimiento Cívico informó que para la selección del o la ganadora del Reconocimiento, el consejo nacional de PC analizó la historia de vida de los concursantes, el detalle de las acciones que fundamentan la presentación de la candidatura y una carta de presentación.

Los concursantes deben de ser ciudadanos dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética yo que hayan hecho una contribución significativa en este campo. El reconocimiento sólo se otorgará una vez a una misma persona.

Las candidaturas podrán ser presentadas a más tardar el 9 de octubre de cada año por las Comisiones de Trabajo de PC, Comisión de Ética de PC, Comités Municipales o Regionales, Organizaciones de la sociedad civil o comunitarias.

Esta premiación será entregada el 9 diciembre de cada año con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción establecido por Naciones Unidas.

Entidades se unen en reclamo mayor asignación para educación

El Foro Ciudadano y entidades sociales y empresariales y demandaron ayer del Gobierno una modificación del Presupuesto general de 2010 para incluir las partidas que permitan un aumento sustancial de la inversión social y cumplir con lo que establece la Constitución y leyes especiales, sobre educación y la seguridad social.

Las instituciones señalan que es obligatorio invertir en el sector de la educación un 4% del producto Interno Bruto (PIB) y que esa ley ha sido permanentemente incumplida.

El Foro Ciudadano y las asociaciones sociales manifestaron su preocupación por el aumento del gasto público de alrededor de RD$50,000 millones, de los cuales solo RD$7,000 millones estarían destinados a aumentar la asignación para la educación.

Dicen que les preocupa, además, el aumento de la deuda y alegan que para el año próximo el monto destinado al pago de amortización e intereses será de RD$104 mil millones, monto que duplica el gasto público en educación y equivale a más del 40 por ciento de los ingresos tributarios estimados por el Gobierno para el 2010.

Los voceros de las entidades, Manuel Cabrera, de los industriales de Herrera, y Román Batista, del Foro, dijeron que el Gobierno ha presupuestado para el sector salud el equivalente al 1.8 por ciento del PIB.

Junto al Foro Ciudadano hacen la demanda el Centro de Estudios Juan Montalvo y la Asociación de empresas Industriales de Herrera, entre otras agrupaciones.

Más de 20 mil personas han recibido asistencia legal gratuita en Casas de Justicia de Santo Domingo Oeste y Santia

Participación Ciudadana inauguró este jueves su tercera Casa Comunitaria de Justicia en La Vega a través de la cual pretende ofrecer asistencia legal y educativa de forma gratuita a los residentes de esta provincia.

El acto estuvo encabezado por el coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez; el síndico de La Vega, ingeniero Fausto Ruiz; y el procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta.

Samir Chami Isa destacó que “miles de personas han sido asesoradas en materias legal y educativa de forma gratuita en las Casas Comunitarias de Justicia, un proyecto auspiciado por el movimiento cívico Participación Ciudadana”.

El Coordinador General aseguró que el proyecto juega un papel trascendental ya que beneficia a miles de personas de escasos recursos que, de no existir estas Casas, tendrían conflictos de magnitudes impredecibles, debido al difícil acceso y alto costo que podrían representar las asesorías legales.

Durante el período enero 2006-octubre 2009 las Casas han recibido a 21,949 personas. De esta cifra, el porcentaje de mujeres beneficiadas es de 54.6%, mientras el de hombres es de 45.4%.

Mientras que José Ceballos, encargado del Área de Justicia de PC, informó que con este proyecto también se han beneficiado 763 representantes de organizaciones comunitarias, quienes han recibido formaciones relacionadas a sus deberes y derechos, y sobre las leyes y herramientas que facilitan su acceso a justicia.

Ceballos explicó que entre los servicios que ofrecen las Casas Comunitarias de Justicia están la mediación, conciliación, orientación legal popular para el manejo de procedimientos y herramientas que faciliten el acceso al ciudadano a justicia y al gobierno local, educación ciudadana para reforzar la cultura de la convivencia pacífica en derechos humanos, fiscalía, asistencia psicológica, municipalidad y presupuesto participativo y desarrollo de red de promotores de Justicia.

El Coordinador del Área de Transparencia indicó que el respaldo económico de instituciones públicas y privadas es crucial para continuar desarrollando esta ardua labor.

En la inauguración de la Tercera Casa de Justicia de Participación Ciudadana también estuvieron presentes el procurador adjunto de la Corte de La Vega, doctor Víctor González; la magistrada del Poder Judicial, Arelis Ricour; una delegación de la iglesia católica representada por el padre Anyolino Abreu; el senador de La Vega, Euclides Sánchez; el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vázquez y otras personalidades.

La Casa Comunitaria de Justicia de La Vega está ubicada en la calle Concepción Taveras esquina Pepe Álvarez, en el sector Villa Rosa.

Piden sociedad se mantenga atenta para reclamos

El texto de la nueva reforma constitucional es objeto de análisis y discusiones por parte de juristas y legisladores que, aunque con opiniones encontradas, la mayoría coincide en que sus avances o retrocesos solo se podrán comprobar con el tiempo.

Ayer expusieron sobre el tema en el programa El Día, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y los diputados Cristian Paredes (PRD-Sánchez Ramírez) e Isabel Bonilla (PLD-María Trinidad Sánchez), quienes afirmaron que el gran reto ahora para el país, los sectores políticos y sociales, será procurar que a través de las leyes adjetivas que se derivan de ella, se corrijan los gazapos que contiene.

“Es un gran reto hacer que lo aprobado sea llevado a la práctica con el artículo que establece que vivimos en un estado social, democrático y de derecho, porque creo que muchos aspectos podrían quedarse en simple retórica”, dijo Cabreja.

En términos similares se expresó paredes, quien indicó que la nueva Constitución dominicana es un marco cuya mayoría de artículos fueron remitidos a la ley, donde afirmó, el texto “tiene que aterrizar”.

Bonilla, de su lado, declaró que lo importante ahora es que la sociedad se mantenga vigilante para que mandatos constitucionales que no se pudieron limitar en la Constitución, puedan limitarse a través de esas leyes adjetivas.

“Vamos a mantenernos vigilantes porque, tal como lo han dicho todos, la población está cada día más empoderada y la clase política va a tener que que verse obligada a responder a esas expectativas de participación que tiene la gente”, puntualizó la legisladora peledeísta.

Lo más criticado

Entre los aspectos más negativos de la reforma constitucional PC, Paredes y Bonilla citaron la no inclusión del referéndum revocatorio del mandato ni de la constituyente, la limitación de las personas comunes a ejercer la acción de inconstitucionalidad y de accesar libremente a las playas y lo del aborto, entre otros.

Entre las Instituciones peor posicionadas en el cumplimiento de esta ley se encuentran la Oficina supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras.

Participación Ciudadana presentó el “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública” que revela que el 64 por ciento de las instituciones públicas del país no cumplen con la publicación de sus nominas en violación al artículo III de dicha legislación.

Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, informó que otro punto que llama a preocupación es que el 40 por ciento de las Entidades consultadas no tienen Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), lo que coarta el derecho de la ciudadanía a obtener datos.

Chami Isa informó que para este estudio la Comisión de Transparencia de PC seleccionó a 85 de las principales Instituciones del país, de las cuales solo 52 cuentan con Oficina de Libre Acceso a la Información.

Este estudio realizado en septiembre-octubre del 2009 también presenta un rankin de las instituciones sobre el cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Entre las Instituciones peor posicionadas en el cumplimiento de esta ley se encuentran la Oficina Supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras que obtuvieron una puntuación de cero por no tener Oficina de Libre Acceso, una persona responsable de dar informaciones, un link de transparencia en su página web y por no dar respuesta a las solicitudes hechas por PC.

Otras que obtuvieron puntuaciones mínimas fueron el Banco de Reservas, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Superintendencia de Seguros, Dirección de Migración, entre otras.

Mientras que las Instituciones Públicas más transparentes y que mejor cumplen con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública son la Procuraduría General de la República que obtuvo un 98.5 por ciento, el Instituto Dominicano de Aviación Civil con 97.5, la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicaciones (OPTIC) con un 95.2, la Secretaría de Industria y Comercio que obtuvo un 93.8 y la Dirección General de Contrataciones Públicas que tiene 93.7 por ciento.

El Coordinador General de PC dijo que este estudio también revela que el 94 por ciento de las Instituciones seleccionadas tienen con página web; sin embargo más del 40 por ciento de las mismas no presentan informaciones completas como el organigrama, fax, correo electrónico, auditorias, estados financieros, nóminas, cantidad de empleados, cargos, funciones, salarios, declaración jurada de bienes y otros.

El “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso” también determinó que el 48 por ciento de las Instituciones Públicas se han reservado la publicación de su presupuesto general y su ejecución, y solo un 16 por ciento lo han presentado de forma parcial.

El Coordinador General también explicó que en el área municipal la situación se torna peor debido a que el acceso a la información pública es más limitada.

Para la selección de las Instituciones analizadas se tomó en cuenta la relevancia social de las funciones que desempeñan y sus presupuestos.

Este estudio fue realizado por la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana con los auspicios de la USAID.Informe del 4to. Monitoreo a la Aplicación de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04)

Estudio Internacional refleja la existencia de una corrupción rampante

La organización Transparencia Internacional puso en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial correspondiente al 2009.

Participación Ciudadana como capítulo en el país de Transparencia Internacional informó que la República Dominicana mantiene en el 2009 la misma puntuación que el año pasado, con un índice de 3.0, en escala del 0 al 10, nivel muy bajo que denota la percepción internacional, que nos ve como un país en el que existe una corrupción rampante.

El estudio revela que el país está ubicado en el lugar número 99 entre 180 países del mundo cubiertos por el Índice de Percepción de la Corrupción.

Isidoro Santana, coordinador de la Comisión de Transparencia de PC, informó que la puntuación alcanzada por el país este año es mucho menor que la de varios países del área lo que calificó como preocupante.

Santana explicó que en el documento Transparencia Internacional llama la atención sobre los nefastos efectos que tiene la corrupción para los ciudadanos de diferentes partes del mundo, muy particularmente para los más pobres.

Dentro del área de Las Américas, nuestro país está en el lugar 21 de 31 países cubiertos, lo que muestra que es uno de los percibidos como más corruptos, seguido por Jamaica, Argentina, Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití.

El país de mayor corrupción percibida a nivel mundial es Somalia, pero hay otros 18 países con puntuaciones inferiores a 2, incluyendo dos de nuestra región, que son Venezuela y Haití, según el Análisis Internacional.

El índice de Percepción de la Corrupción 2009 revela que América Latina y el Caribe es una región percibida como de amplia difusión de la corrupción, ya que la puntuación promedio de la región es apenas de 3.8.

Mientras que el país con mayor puntuación asignada este año es Nueva Zelanda con 9.4 por ciento. Las puntuaciones superiores a nueve recaen también en Dinamarca, Singapur y Suecia, como es habitual en muchos años.

Otras de las naciones en las que existe mayor transparencia en el manejo de asuntos públicos son Canadá, Estados Unidos, Barbados, Uruguay, Saint Vicent y Dominica.

El Coordinador del Área de Transparencia de PC denunció que cuando las instituciones básicas son débiles o inexistentes, como ocurre en nuestra sociedad, la corrupción aumenta sin control y el saqueo de los recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad

Participación Ciudadana como capitulo en el país de Transparencia Internacional destacó ¨ que si bien los inversionistas, académicos y expertos de organizaciones internacionales han visto dictarse leyes, e incluso condenas judiciales por algunos casos graves de corrupción, se han visto retrocesos increíbles como el caso de los indultos de la navidad pasada o el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de la Sun Land, del cual todavía hoy ni siquiera se ha informado a la ciudadanía quién tiene el dinero de los pagarés que fueron colocados en el mercado internacional de capitales ¨.

Para obtener los datos del IPC 2009 Transparencia Internacional realizó sondeos a expertos de organismos internacionales, inversionistas, instituciones y empresas independientes, así como expertos nacionales consultados de cada país.

El estudio de este año cubre unos 180 países, de los cuales se recabaron informaciones por medio de 13 encuestas diferentes. En el caso de la República Dominicana se obtuvieron datos procedentes de 5 encuestas.

El IPC solo mide percepción, no se trata de cuantificación de hechos reales. La razón es que, como la corrupción tiene lugar por medio de múltiples mecanismos subterráneos, invisibles, resulta muy difícil su medición de manera inequívoca, de modo que las organizaciones preocupadas por el combate a la corrupción tienen que guiarse por la percepción pública.

Participación Ciudadana y Finjus califican como grave y lamentable que muchas Instituciones del Estado todavía no cumplan con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información, a pesar de los múltiples requerimientos de la Ciudadanía.

Isidoro Santana, coordinador de la Comisión de Transparencia de PC dijo que esta situación es injustificable, debido a que hace más de cuatro años que se aprobó dicha legislación y esto refleja falta de transparencia.

“Varios legisladores actuales han manifestado su intención de mutilar la Ley de Libre Acceso, mientras que algunos funcionarios se han rehusado a cumplirla, lo que es verdaderamente preocupante”, según Santana.

Ante esta realidad, Participación Ciudadana y Finjus, en coordinación con la Asociación Nacional de Jovenes Empresarios, Colegio Dominicano de Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, el Foro Ciudadano y otras organizaciones anunciaron el lanzamiento de la “Campaña sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública”con el lema “No Permitamos que cambien la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”.

A traves de esta campaña las Organizaciones de la Sociedad Civil pretenden promover el derecho de acceso a la información pública, motivar su uso, empoderar a la ciudadanía para que la aplique y alertar ante la amenaza de modificación de dicha ley.

Carlos Villaverde, director de proyectos de la Finjus, informó que el proyecto publicitario será colocado a nivel nacional en medios escritos, radiales, televisivos y digitales.

En tanto que Lorenzo González, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias (LIDAP) indicó que aunque la promoción se llevará a cabo a nivel nacional, las organizaciones harán mucho énfasis en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.

Isidoro Santana destacó que las instituciones que apoyan la campaña se motivaron ante las amenazas de cercenar o limitar una legislación que propicia la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil anunciaron que se mantendrán firmes y vigilantes en promover la transparencia pública y hacer que se cumplan las leyes, ya que toda la población tiene derecho a saber como se gastan los recursos del pueblo.

La campaña publicitaria se lleva a cabo en el marco del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia y cuenta con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Nota: PC está culminando un estudio que revela la cantidad y nombres de instituciones públicas que no cumplen con la Ley de Libre Acceso, el mismo se dará a conocer en los próximos días.2009-11-

Un estudio revela que la República Dominicana y Guatemala son los países que tienen el menor índice de credibilidad de transparencia en la elaboración presupuestaria en América Latina. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La Fundación Solidaridad y Participación Ciudadana presentaron el estudio “Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria”, donde fue analizada la transparencia en la elaboración del presupuesto en once países latinoamericanos, y en el cual se incluye a la República Dominicana por primera vez. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La investigación fue realizada por Fundar: Centro de Análisis e Investigación en Temas de Democracia desde el 2001. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Juan Castillo, representante de la Fundación Solidaridad y coordinador general del estudio en el país, expresó que los resultados generales apuntan a la poca transparencia y participación presupuestaria en la región. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Pero también, dijo, evidencian retrocesos y todas las naciones de Latinoamérica, excepto Costa Rica, reciben calificación probatoria menor a 60 puntos, siendo la del país de 38. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La encuesta explica que el proceso presupuestario actual del país está enmarcado en una etapa de transición, debido a que las leyes que conforman el nuevo marco legal de la Hacienda Pública no ha logrado ser implementado, dando lugar a la aplicación de antiguos procedimientos y perpetuando debilidades tradicionales en el ámbito de transparencia presupuestaria. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Las variables mejor evaluadas en el caso del país fueron información sobre criterios macroeconómicos, la Ley de Acceso a la Información y cambios en el presupuesto. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La conclusión del estudio señala que esto es un indicativo de que aún falta voluntad política que acompañe los cambios legales necesarios para mantener los niveles conseguidos, y para crear nuevos mecanismos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Resultados generales

El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Reclaman se cumpla con la ley sobre inversión del 4 % del PIB.

El Foro por la Educación y Participación Ciudadana recordó al Gobierno central y al Congreso que el presupuesto para esa área deberá ser incrementado para 2010 en 0.5% del Producto Bruto Interno, en comparación con el vigente, lo que implica adicionar RD$11,400 millones, más los RD$2,109 recortados en el Presupuesto de 2009.

En rueda de prensa celebrada ayer en el local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ambas entidades informaron que el objetivo es alcanzar una asignación de RD$44,800 millones para el próximo año y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el desarrollo de la nación una asignación menor.

En un comunicado leído por Francisco Cueto Villamán, director de Flacso, el Foro Educativo sostuvo que la educación es un derecho humano y que es deber del Estado garantizarla a través de una inversión acorde con las necesidades, los rezagos educativos y los estándares internacionales.

Recuerdan que llevan 12 años esperando alcanzar el cuatro por ciento del PIB para la educación Inicial, Básica y Media de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Señalaron que el 4 por ciento del PIB dirigido a la educación no es un número mágico y que cuando en 1997 se estableció esa meta de financiamiento mínimo para la educación pre-universitaria, la región destinaba precisamente ese porcentaje del PIB.

“Hoy día, el país no ha logrado alcanzar ese promedio y ya la región destina en promedio 5% del PIB al sector educación”, dice.

El comunicado está suscrito por Participación Ciudadana, Educa, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fe y Alegría, la Flacso, Intec, el Centro Cultural Poveda, el Foro Ciudadano, el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Fundación Tecnológica.

Señalaron que a estas alturas no se han cumplido las demandas de la sociedad plasmadas en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 como esfuerzo consensuado por todos los actores sociales y asumido oficialmente por el Gobierno en el 2008, así como en la recién celebrada Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis mundial, Advirtieron que no habrá salida a la pobreza sin inversión en educación.

Metas no cumplidas por el Gobierno

El Plan Decenal estableció metas viables para alcanzar el 4% al año 2012. Para 2009 fue establecida en 2.67% del PIB, garantizando un aumento anual de 0.48% del PIB hasta alcanzar el 4% del PIB, meta de la cual el país se aleja años tras año.

El presupuesto en educación fue recortado de RD$33,359 millones a RD$31,249 millones para todo el año 2009. Ello ha llevado a la secretaría de Educación al acumulamiento de atrasos, que implicará que parte del presupuesto del año 2010 sea tomado para pagarlos.

En reconocimiento de la caída de los ingresos fiscales en el contexto de la crisis financiera internacional, el país se ha visto obligado a reajustar el gasto público hacia la baja. Este reajuste no ha tomado en cuenta la necesitad de blindar la inversión social, en particular la inversión en educación.

Escollos

El gasto público tiene múltiples programas de bajo impacto social y existen muchas duplicidades en ámbitos como la asistencia social, lo que se traduce en espacio para privilegiar el aumento de la inversión social prioritaria como la dirigida a la educación.

El presente contexto representa una oportunidad para que la secretaría de Educación ataque las ineficiencias internas, reasignando recursos hacia las actividades de más impacto educativo y promoviendo la participación de los municipios, las organizaciones comunitarias, el sector privado y padres en la búsqueda de mejores resultados.

Participación Ciudadana aboga por mayor apoyo a CCJ; con trabajo ahorran millones al Esta

Alrededor de 22 mil personas han recibido servicios legales y de educación ciudadana en Herrera, Santo Domingo Oeste, y Cienfuegos de Santiago, a través de las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) que auspicia Participación Ciudadana, con la colaboración de universidades y otras instituciones desde hace tres años.

De enero de 2006 a octubre de 2009, las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) ofrecieron servicios de diferentes aspectos a 21,949 personas con muy escasos o ningún tipo de recurso, que de lo contrario se hubieran convertido en conflictos de magnitudes impredecibles. Se incluyen 2,198 que fueron favorecidos con cursos de capacitación mediante talleres.

Sólo en Cienfuegos, los facilitadores de la CCJ atendieron a 11,531 personas, 5,820 mujeres y 5,711 hombres; en tanto que 7,432 ciudadanos se dieron cita en la CCJ de Herrera, de los que 4,297 fueron mujeres y 3,135 hombres.

Per solamente de septiembre de 2008 a septiembre de 2009 unas 11,937 personas participaron de los servicios judiciales y labores educativas de estas nuevas instancias.

Por otro lado, el 54.6% de quienes tuvieron acceso a los servicios fueron mujeres y 45.4% hombres, mientras que 763 representantes de organizaciones comunitarias fueron capacitados en torno al conocimiento y dominio de sus deberes y derechos fundamentales, así como de las leyes y herramientas que facilitan su acceso a justicia.

Los usuarios recibieron servicios de orientación e información legal popular, fiscalía, psicología, mediación, conciliación, asuntos municipales, de familia, juventud y de capacitación.

La capacitación se desarrolló en forma de cursos en más de 30 talleres con contenidos en materia de acceso ciudadano a la justicia, municipalidad y presupuesto participativo y Ley de Libre Acceso a la Información Pública

De los cursos ofrecidos, la Fiscalía ocupó el 34.16 por ciento, Mediación el 51.7 por ciento, Orientación Popular el 9.67 por ciento y Psicología el 5.10 por ciento. Aclara que la CCJ de Cienfuegos no presta servicio psicológico

Mayores conflictos

Entre los conflictos de mayor presencia en los trabajos de las CCJ se destacan el robo simple, inquilinato, estafa, deudas, trabajos pagados no realizados, trabajos realizados no pagados, amenazas, daño a la propiedad privada, golpes y heridas, riñas, abuso de confianza y partición de bienes.

Asimismo, conflictos entre padres e hijos, conflictos de pareja, manutención alimentaria, guarda de hijos menores, regulación de visitas, protección a niños, niñas y adolescentes, linderos, conflictos por construcción, protección de áreas públicas, convivencia comunitarias y, además, violencia intrafamiliar.

Ruth Henríquez y Petronila Rosario, directora y mediadora, en la CCJ de Herrera, resaltan como uno de los mayores logros haber contribuido a restablecer los lazos entre familias, vecinos y relacionados, evitando la violencia

Cuando los conflictos no tuvieron solución en las CCJ fueron derivados a fiscalías especializadas, departamentos de Violencia de Género, Defensoría Pública, Departamento de Familia y Menores, hospitales de Salud Pública y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

Destacaron, además, el reconocimiento de las comunidades donde funcionan los centros por los servicios que prestan.

Señalan que el trabajo se hace en colaboración de las organizaciones comunitarias de cada lugar en el que funcionan las CCJ, que son las que conocen los casos y canalizan los conflictos. Normalmente se trata de las juntas de vecinos y entidades de amas de casa.

Reclama apoyo Estado y sector privado

José Ceballos, encargado de Justicia y Derechos Ciudadanos de Participación Ciudadana, define como trascendental el trabajo que se realiza en las CCJ, pero dice que necesitan respaldo económico de instituciones públicas y privadas para seguir desarrollándolas en otros lugares conflictivos de Santo Domingo. Lamenta que todavía en la zona Norte del Distrito Nacional no existe un CCJ, a pesar de que esa parte es la más vulnerable, lo mismo que en Santo Domingo Norte y Este.

Entre los ejes fundamentales en que se basa el proyecto citó la operación con una cultura de paz, que tiene la finalidad de reducir la violencia barrial y familiar; acercar a la gente a los servicios de justicia, ya que, como se sabe, los procesos judiciales son caros y de difícil acceso; y la creación de conciencia y esperanza en nuevos mecanismos para resolver los conflictos.