El premio fue entregado luego de una conferencia sobre “Narcotráfico y Corrupción” en América Latina con motivo del 16 aniversario de PC.

Participación Ciudadana entregó anoche el Primer Premio Nacional a la Lucha contra la Corrupción a Germán Miranda Villalona, director de la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, por su integridad y aportes a la lucha contra la corrupción.

El Movimiento Cívico destacó la labor realizada por Miranda Villalona en la lucha contra el narcotráfico y exhortó al Ministerio Público a continuar asumiendo un importante rol para combatir este flagelo.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, explicó que para la selección del ganadora el consejo nacional del organismo analizó la historia de vida de los concursantes y el detalle de sus acciones.

Chami Isa informó que este reconocimiento será entregado todos los años con la finalidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos para luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

Mientras que Germán Miranda Villalona agradeció la entrega del reconocimiento y dijo estar comprometido con continuar su labor para combatir el narcotráfico.

El Premio Nacional a la Lucha contra la Corrupción de PC fue entregado luego de una cena conferencia sobre “Narcotráfico y Corrupción” y sus efectos en los procesos democráticos que se llevó a cabo en el Hotel Hilton, con motivo del 16 aniversario del Movimiento Cívico.

La ponencia estuvo a cargo de Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo de España, quien pidió a las autoridades dominicanas evitar financiamiento del narcotráfico en las campañas políticas, a solo meses de un proceso electoral.

Zaragoza dijo que el narcotráfico y la corrupción en República Dominicana y Latinoamérica son actividades muy extendidas lo que calificó como preocupante y exhortó a las autoridades evitar su penetración en la campaña política.

El Fiscal del Tribunal Supremo de España indicó que en muchas ocasiones las organizaciones criminales desean tener impunidad y poder político, y tratan de obtenerlo a través de los partidos, listas electorales y financiamiento de campaña política.

El Expositor recomendó a las autoridades dominicanas aplicar nuevos mecanismos de prevención del sistema financiero para controlar el lavado de activos, mayor acción de la sociedad civil en defensa de los principios y valores de los procesos democráticos, fortalecer la supervisión del financiamiento de las campañas políticas, así como fomentar la cultura de legalidad a través de endurecimiento de las sanciones, cambio de normas para la confiscación de bienes, protección de testigos, reforzar los procesos de investigación y evitar el otorgamiento de libertad condicional en casos de corrupción.

Durante el evento celebrado en el Gran Salón del Hotel Hilton, Javier Zaragoza señaló que varios países de Latinoamérica como República Dominicana son muy vulnerables al narcotráfico debido a que todavía persiste debilidad institucional, Sin embargo destacó el esfuerzo de las autoridades dominicanas para combatir este flagelo.

El Magistrado advirtió que el narcotráfico es la actividad criminal que más efectos colaterales genera en todos los países. Agregó que el binomio narcotráfico-corrupción es una realidad especialmente en países de América Latina en los que la presencia de carteles de narcotráfico ha generado un verdadero cáncer de la corrupción, que en muchas ocasiones se han reflejado en casos de sobornos, actos ilícitos de funcionarios públicos, impunidad y otros.

Javier Zaragoza dijo que “en algunos casos se ha llegado a la situación de lo que se conoce como estados fallidos, en donde la impunidad a favor de organizaciones criminales es la regla general, y en donde el aparato estatal no es capaz de ejercer e imponer su autoridad, debido a la infiltración de organizaciones criminales”.

En tanto que Javier Cabreja, director ejecutivo de PC y Radhamés Jiménez, procurador general de la república también hablaron sobre las consecuencias de ambas actividades ilícitas y destacaron la labor que se realizan las autoridades para combatir las mismas. El Director Ejecutivo de PC pidió mayor acción de las autoridades antinarcóticos.

A esta actividad asistieron personalidades del mundo político, empresarial y social del país.

SANTIAGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana en la ciudad de Santiago, entregó este domingo un reconocimiento a la periodista Alicia Ortega por sus aportes al periodismo dominicano.

Ortega agradeció esta distinción y exhortó al movimiento cívico no partidista a continuar con la labor que realizan en beneficio de la sociedad, a pesar de las dificultades que deben enfrentar.

Explicó que en ocasiones, aunque ellos no disponen de los contactos y de la accesibilidad con los que cuentan los periodistas, pero que aún así deben seguir adelante.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo este lunes que espera que la auditoria que hizo la Cámara de Cuentas a ocho partidos pequeños sea la primera fase y que la segunda continúe con los mayoritarios.

“Uno lo que supone es que si en esos partidos políticos pequeños ha habido manejo irregular de estos recursos en materia de los procedimientos administrativos, qué será en estos partidos grandes donde se maneja recursos sustanciosos”, precisó Javier Cabreja.

Recordó que en términos de financiamiento los partidos que obtienen mayor partida son el de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD).

En ese sentido, Cabreja deploró que se le otorgue el mayor porcentaje de dinero a estas dos entidades políticas tras considerarlo desigual frente a los demás.

“No se trata solo de establecer topes o límites en los financiamientos que se hacen a los partidos políticos sino que es sumamente necesario que se establezcan topes al gasto que realizan los candidatos y partidos políticos en medio de una campaña electoral”, puntualizó.

Por otro lado, indicó que pese a que el presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) declarara que Participación Ciudadana no es transparente, de igual el movimiento cívico participará como observador de las elecciones de mayo del año entrante.

Entrevistado en el programa televisivo El Día, que se transmite por Telesistema canal 11, aseguró que la entidad a la que pertenece es transparente e invitó a los ciudadanos a observar los informes de su página web.

“Entiendo que si el presidente de la Cámara Administrativa está decepcionado con la informaciones que encontró en la página de Participación Ciudadana debe estar frustrado con la manera que la Cámara Administrativa está manejando el tema de la transparencia de su pagina web”.

Dijo que en el observatorio que hicieran en torno al manejo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y su implementación, la JCE no salió favorecida ya que presenta muchas limitaciones en materia de nóminas, compras y contrataciones así como en el manejo presupuestario y financiero.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) criticó ayer que el Estado se de a la tarea de crear leyes a sabiendas de que las tendrá que violar, como ocurre con las normas que especializan fondos del Presupuesto.

Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que en la República Dominicana hay una especie de ‘populismo legislativo’ y la política ha llevado a que cada vez que una institución quiere que se le establezca un porcentaje desde una ley, el Congreso la crea y al Estado se le hace ‘prácticamente’ imposible cumplirla.

“El Congreso no solo está para hacer leyes, está para supervisar, para evaluar las leyes que el Congreso vota y evidentemente tenemos años que desde el mismo Congreso Nacional se vienen creando leyes que se vienen violando y eso, lejos de fortalecer el Estado, lo debilita”, expresó Castaños Guzmán.

Recientemente el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, reconoció que el Poder Ejecutivo viola las 24 leyes que especializan fondos del Estado, porque absorberían el 70% de los ingresos.

PC pide revisión leyes. Al respecto, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, indicó que en lugar del Estado seguir violando leyes que se aprueban en el país, sobre todo las que tienen que ver con la ejecución presupuestaria, el Congreso Nacional tiene que abocarse a una revisión de algunas de esas leyes.

Declaró que no generaliza en ese aspecto porque el país tiene el compromiso de enfrentar uno de sus males fundamentales que es el de la pobreza y la desigualdad. “Y en ese sentido lo que está estipulado en las leyes que tienen que ver con la designación de un porcentaje del Presupuesto a las áreas sociales eso no puede ser tocado”, precisó.

En ese orden mencionó la partida asignada a Educación porque consideró como una vergüenza que el país esté muy por debajo de lo que la ley establece.

Las claves

1. Intercambios disparos

Participación Ciudadana dijo que es muy lamentable y grave que se siga entendiendo que la criminalidad se enfrenta sobre la base de la violación de los derechos humanos como, entiende, se ha estado haciendo con ese tipo de práctica de intercambios de disparos “que muchas veces se ha comprobado que no son tales”.

2. Falta coordinación

La Finjus dijo que los “intercambios” reflejan que las instituciones que diseñan la política criminal del Estado no han coordinado lo que es una acción conjunta de combate al crimen organizado.

El reconocimiento será entregado como parte de las actividades del 16 aniversario de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana entregará este año el Primer Reconocimiento al Combate de la Corrupción de PC con la finalidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos para luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que “este reconocimiento tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, así como resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República y que promueve Participación Ciudadana”.

Cabreja explicó que el reconocimiento será entregado luego de una cena conferencia sobre “Narcotráfico y la Corrupción: Sus efectos en los procesos democráticos” a cargo de Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo de España y jefe de la audiencia nacional del Reino de España.

El Director Ejecutivo dijo que el premio será entregado este miércoles 9 de diciembre a las 7:00 de la noche en el Gran Salón del Hotel Hilton.

El Movimiento Cívico informó que para la selección del o la ganadora del Reconocimiento, el consejo nacional de PC analizó la historia de vida de los concursantes, el detalle de las acciones que fundamentan la presentación de la candidatura y una carta de presentación.

Los concursantes deben de ser ciudadanos dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética yo que hayan hecho una contribución significativa en este campo. El reconocimiento sólo se otorgará una vez a una misma persona.

Las candidaturas podrán ser presentadas a más tardar el 9 de octubre de cada año por las Comisiones de Trabajo de PC, Comisión de Ética de PC, Comités Municipales o Regionales, Organizaciones de la sociedad civil o comunitarias.

Esta premiación será entregada el 9 diciembre de cada año con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción establecido por Naciones Unidas.

Entidades se unen en reclamo mayor asignación para educación

El Foro Ciudadano y entidades sociales y empresariales y demandaron ayer del Gobierno una modificación del Presupuesto general de 2010 para incluir las partidas que permitan un aumento sustancial de la inversión social y cumplir con lo que establece la Constitución y leyes especiales, sobre educación y la seguridad social.

Las instituciones señalan que es obligatorio invertir en el sector de la educación un 4% del producto Interno Bruto (PIB) y que esa ley ha sido permanentemente incumplida.

El Foro Ciudadano y las asociaciones sociales manifestaron su preocupación por el aumento del gasto público de alrededor de RD$50,000 millones, de los cuales solo RD$7,000 millones estarían destinados a aumentar la asignación para la educación.

Dicen que les preocupa, además, el aumento de la deuda y alegan que para el año próximo el monto destinado al pago de amortización e intereses será de RD$104 mil millones, monto que duplica el gasto público en educación y equivale a más del 40 por ciento de los ingresos tributarios estimados por el Gobierno para el 2010.

Los voceros de las entidades, Manuel Cabrera, de los industriales de Herrera, y Román Batista, del Foro, dijeron que el Gobierno ha presupuestado para el sector salud el equivalente al 1.8 por ciento del PIB.

Junto al Foro Ciudadano hacen la demanda el Centro de Estudios Juan Montalvo y la Asociación de empresas Industriales de Herrera, entre otras agrupaciones.

Más de 20 mil personas han recibido asistencia legal gratuita en Casas de Justicia de Santo Domingo Oeste y Santia

Participación Ciudadana inauguró este jueves su tercera Casa Comunitaria de Justicia en La Vega a través de la cual pretende ofrecer asistencia legal y educativa de forma gratuita a los residentes de esta provincia.

El acto estuvo encabezado por el coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez; el síndico de La Vega, ingeniero Fausto Ruiz; y el procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta.

Samir Chami Isa destacó que “miles de personas han sido asesoradas en materias legal y educativa de forma gratuita en las Casas Comunitarias de Justicia, un proyecto auspiciado por el movimiento cívico Participación Ciudadana”.

El Coordinador General aseguró que el proyecto juega un papel trascendental ya que beneficia a miles de personas de escasos recursos que, de no existir estas Casas, tendrían conflictos de magnitudes impredecibles, debido al difícil acceso y alto costo que podrían representar las asesorías legales.

Durante el período enero 2006-octubre 2009 las Casas han recibido a 21,949 personas. De esta cifra, el porcentaje de mujeres beneficiadas es de 54.6%, mientras el de hombres es de 45.4%.

Mientras que José Ceballos, encargado del Área de Justicia de PC, informó que con este proyecto también se han beneficiado 763 representantes de organizaciones comunitarias, quienes han recibido formaciones relacionadas a sus deberes y derechos, y sobre las leyes y herramientas que facilitan su acceso a justicia.

Ceballos explicó que entre los servicios que ofrecen las Casas Comunitarias de Justicia están la mediación, conciliación, orientación legal popular para el manejo de procedimientos y herramientas que faciliten el acceso al ciudadano a justicia y al gobierno local, educación ciudadana para reforzar la cultura de la convivencia pacífica en derechos humanos, fiscalía, asistencia psicológica, municipalidad y presupuesto participativo y desarrollo de red de promotores de Justicia.

El Coordinador del Área de Transparencia indicó que el respaldo económico de instituciones públicas y privadas es crucial para continuar desarrollando esta ardua labor.

En la inauguración de la Tercera Casa de Justicia de Participación Ciudadana también estuvieron presentes el procurador adjunto de la Corte de La Vega, doctor Víctor González; la magistrada del Poder Judicial, Arelis Ricour; una delegación de la iglesia católica representada por el padre Anyolino Abreu; el senador de La Vega, Euclides Sánchez; el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vázquez y otras personalidades.

La Casa Comunitaria de Justicia de La Vega está ubicada en la calle Concepción Taveras esquina Pepe Álvarez, en el sector Villa Rosa.

Piden sociedad se mantenga atenta para reclamos

El texto de la nueva reforma constitucional es objeto de análisis y discusiones por parte de juristas y legisladores que, aunque con opiniones encontradas, la mayoría coincide en que sus avances o retrocesos solo se podrán comprobar con el tiempo.

Ayer expusieron sobre el tema en el programa El Día, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y los diputados Cristian Paredes (PRD-Sánchez Ramírez) e Isabel Bonilla (PLD-María Trinidad Sánchez), quienes afirmaron que el gran reto ahora para el país, los sectores políticos y sociales, será procurar que a través de las leyes adjetivas que se derivan de ella, se corrijan los gazapos que contiene.

“Es un gran reto hacer que lo aprobado sea llevado a la práctica con el artículo que establece que vivimos en un estado social, democrático y de derecho, porque creo que muchos aspectos podrían quedarse en simple retórica”, dijo Cabreja.

En términos similares se expresó paredes, quien indicó que la nueva Constitución dominicana es un marco cuya mayoría de artículos fueron remitidos a la ley, donde afirmó, el texto “tiene que aterrizar”.

Bonilla, de su lado, declaró que lo importante ahora es que la sociedad se mantenga vigilante para que mandatos constitucionales que no se pudieron limitar en la Constitución, puedan limitarse a través de esas leyes adjetivas.

“Vamos a mantenernos vigilantes porque, tal como lo han dicho todos, la población está cada día más empoderada y la clase política va a tener que que verse obligada a responder a esas expectativas de participación que tiene la gente”, puntualizó la legisladora peledeísta.

Lo más criticado

Entre los aspectos más negativos de la reforma constitucional PC, Paredes y Bonilla citaron la no inclusión del referéndum revocatorio del mandato ni de la constituyente, la limitación de las personas comunes a ejercer la acción de inconstitucionalidad y de accesar libremente a las playas y lo del aborto, entre otros.

Entre las Instituciones peor posicionadas en el cumplimiento de esta ley se encuentran la Oficina supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras.

Participación Ciudadana presentó el “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública” que revela que el 64 por ciento de las instituciones públicas del país no cumplen con la publicación de sus nominas en violación al artículo III de dicha legislación.

Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, informó que otro punto que llama a preocupación es que el 40 por ciento de las Entidades consultadas no tienen Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), lo que coarta el derecho de la ciudadanía a obtener datos.

Chami Isa informó que para este estudio la Comisión de Transparencia de PC seleccionó a 85 de las principales Instituciones del país, de las cuales solo 52 cuentan con Oficina de Libre Acceso a la Información.

Este estudio realizado en septiembre-octubre del 2009 también presenta un rankin de las instituciones sobre el cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Entre las Instituciones peor posicionadas en el cumplimiento de esta ley se encuentran la Oficina Supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras que obtuvieron una puntuación de cero por no tener Oficina de Libre Acceso, una persona responsable de dar informaciones, un link de transparencia en su página web y por no dar respuesta a las solicitudes hechas por PC.

Otras que obtuvieron puntuaciones mínimas fueron el Banco de Reservas, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Superintendencia de Seguros, Dirección de Migración, entre otras.

Mientras que las Instituciones Públicas más transparentes y que mejor cumplen con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública son la Procuraduría General de la República que obtuvo un 98.5 por ciento, el Instituto Dominicano de Aviación Civil con 97.5, la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicaciones (OPTIC) con un 95.2, la Secretaría de Industria y Comercio que obtuvo un 93.8 y la Dirección General de Contrataciones Públicas que tiene 93.7 por ciento.

El Coordinador General de PC dijo que este estudio también revela que el 94 por ciento de las Instituciones seleccionadas tienen con página web; sin embargo más del 40 por ciento de las mismas no presentan informaciones completas como el organigrama, fax, correo electrónico, auditorias, estados financieros, nóminas, cantidad de empleados, cargos, funciones, salarios, declaración jurada de bienes y otros.

El “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso” también determinó que el 48 por ciento de las Instituciones Públicas se han reservado la publicación de su presupuesto general y su ejecución, y solo un 16 por ciento lo han presentado de forma parcial.

El Coordinador General también explicó que en el área municipal la situación se torna peor debido a que el acceso a la información pública es más limitada.

Para la selección de las Instituciones analizadas se tomó en cuenta la relevancia social de las funciones que desempeñan y sus presupuestos.

Este estudio fue realizado por la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana con los auspicios de la USAID.Informe del 4to. Monitoreo a la Aplicación de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04)

Estudio Internacional refleja la existencia de una corrupción rampante

La organización Transparencia Internacional puso en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial correspondiente al 2009.

Participación Ciudadana como capítulo en el país de Transparencia Internacional informó que la República Dominicana mantiene en el 2009 la misma puntuación que el año pasado, con un índice de 3.0, en escala del 0 al 10, nivel muy bajo que denota la percepción internacional, que nos ve como un país en el que existe una corrupción rampante.

El estudio revela que el país está ubicado en el lugar número 99 entre 180 países del mundo cubiertos por el Índice de Percepción de la Corrupción.

Isidoro Santana, coordinador de la Comisión de Transparencia de PC, informó que la puntuación alcanzada por el país este año es mucho menor que la de varios países del área lo que calificó como preocupante.

Santana explicó que en el documento Transparencia Internacional llama la atención sobre los nefastos efectos que tiene la corrupción para los ciudadanos de diferentes partes del mundo, muy particularmente para los más pobres.

Dentro del área de Las Américas, nuestro país está en el lugar 21 de 31 países cubiertos, lo que muestra que es uno de los percibidos como más corruptos, seguido por Jamaica, Argentina, Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití.

El país de mayor corrupción percibida a nivel mundial es Somalia, pero hay otros 18 países con puntuaciones inferiores a 2, incluyendo dos de nuestra región, que son Venezuela y Haití, según el Análisis Internacional.

El índice de Percepción de la Corrupción 2009 revela que América Latina y el Caribe es una región percibida como de amplia difusión de la corrupción, ya que la puntuación promedio de la región es apenas de 3.8.

Mientras que el país con mayor puntuación asignada este año es Nueva Zelanda con 9.4 por ciento. Las puntuaciones superiores a nueve recaen también en Dinamarca, Singapur y Suecia, como es habitual en muchos años.

Otras de las naciones en las que existe mayor transparencia en el manejo de asuntos públicos son Canadá, Estados Unidos, Barbados, Uruguay, Saint Vicent y Dominica.

El Coordinador del Área de Transparencia de PC denunció que cuando las instituciones básicas son débiles o inexistentes, como ocurre en nuestra sociedad, la corrupción aumenta sin control y el saqueo de los recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad

Participación Ciudadana como capitulo en el país de Transparencia Internacional destacó ¨ que si bien los inversionistas, académicos y expertos de organizaciones internacionales han visto dictarse leyes, e incluso condenas judiciales por algunos casos graves de corrupción, se han visto retrocesos increíbles como el caso de los indultos de la navidad pasada o el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de la Sun Land, del cual todavía hoy ni siquiera se ha informado a la ciudadanía quién tiene el dinero de los pagarés que fueron colocados en el mercado internacional de capitales ¨.

Para obtener los datos del IPC 2009 Transparencia Internacional realizó sondeos a expertos de organismos internacionales, inversionistas, instituciones y empresas independientes, así como expertos nacionales consultados de cada país.

El estudio de este año cubre unos 180 países, de los cuales se recabaron informaciones por medio de 13 encuestas diferentes. En el caso de la República Dominicana se obtuvieron datos procedentes de 5 encuestas.

El IPC solo mide percepción, no se trata de cuantificación de hechos reales. La razón es que, como la corrupción tiene lugar por medio de múltiples mecanismos subterráneos, invisibles, resulta muy difícil su medición de manera inequívoca, de modo que las organizaciones preocupadas por el combate a la corrupción tienen que guiarse por la percepción pública.