1.- Resumen general
El año que termina registró un inmenso deterioro en la democracia interna de los partidos políticos que, en su mayoría, han escogido candidatos para las elecciones generales del 2016 sin observar los preceptos consagrados en la Constitución, la Ley Electoral y sus propios estatutos, y el interés reeleccionista doblegó el Poder Legislativo, mientras el Judicial entraba en una crisis tan profunda que se ha llegado a definir como un colapso.
Faltando a sus compromisos de campaña electoral y a numerosas declaraciones desde el gobierno, sobre los males que conlleva la reelección presidencial en un país de instituciones tan débiles, el presidente Danilo Medina desató una crisis en su propio partido y usó el poder del Estado para doblegar a bloques enteros de legisladores, incluyendo hasta a algunos que poco antes adjuraban del continuismo, para realizar la trigésimo novena reforma de la Constitución a fin de posibilitar su repostulación, dejando una estela de conjeturas sobre compra de conciencias y estimulando la descomposición del sistema partidista.
La corrupción y la descomposición se expandió por todo el cuerpo social de la nación, con múltiples escándalos de corrupción, como el destape de una red de extorsión en la asignación y cubicación de obras en la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), detonada por el suicidio de una de sus víctimas, y la denuncia de una banda integrada por jueces, exjueces y empleados que según el Procurador General de la República traficaba sentencias en materias tan graves como narcotráfico, estafas y asesinatos, salpicando a los más altos funcionarios judiciales. El propio Ministerio Público fue blanco de denuncias sobre extorsiones.
Como agravante de la corrupción queda la impunidad prevaleciente ante múltiples denuncias de corrupción, siendo el caso más relevante el del senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de graves irregularidades que incluyen lavado de activos en manejo de más de 26 mil millones de pesos a quien una justicia demostradamente partidarizada se negó a someter a juicio a pesar de un escandaloso expediente elaborado por la Procuraduría General, cuyo titular se negó luego a llevarlo hasta las últimas consecuencias en lo que pareció un pago político por contribuciones al acuerdo entre partidarios que abrió paso a la reforma constitucional, apenas cinco años después de haber sido prohibida por los mismos actores políticos.
Con un congreso dominado por un solo partido negado a adecuar la Ley Electoral al nuevo régimen constitucional y a aprobar una ley de partidos que se discute hace 17 años, con un incremento de la inseguridad ciudadana e incumplimiento de numerosas leyes de reciente aprobación, incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, sin lograrse la aprobación de los pactos Fiscal y de Electricidad que dispuso, la institucionalidad nacional pareció en proceso de debilitamiento.
Lo más positivo del año ha sido el comportamiento macroeconómico, con un crecimiento muy por encima del promedio regional, con bajas tasas de inflación y devaluación, así como relativa reducción del déficit en el intercambio comercial, pero a costa de nuevos déficits fiscales acumulados y un endeudamiento que para el próximo año el presupuesto proyecta sobre cinco mil millones de dólares, ratificando el camino a la insostenibilidad económica de la nación.
Se reconocen los esfuerzos del gobierno por cumplir la Ley de Educación con la inversión en ese sector del 4 por ciento del producto interno bruto, aunque muy concentrado en edificaciones. También los avances para establecer la cuenta única del tesoro nacional, los esfuerzos de la dirección de compras y contrataciones por mejorar la transparencia y limpieza en los contratos públicos, las auditorías de la Cámara de Cuentas y un interés por mejorar los servicios de salud de la seguridad social.
Participación Ciudadana celebra que este año ha crecido la lucha de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad y reclama un mayor protagonismo de todas las instituciones sociales para contener el deterioro institucional y la corrupción que corroe el alma misma de la nación, a fin de crear nuevas expectativas sobre el devenir colectivo.
2.- Grave retroceso político e institucional
2.1.- Naufragio del sistema partidista
A lo largo del año hemos asistido a lo que podría definirse como el naufragio del sistema partidista dominicano, con un retroceso alarmante en la democracia interna de las agrupaciones políticas, en violación de principios constitucionales, legales y estatutarios que garantizan el derecho a elegir y ser elegido. Para Participación Ciudadana ha sido particularmente penoso el retroceso, porque durante los primeros procesos electorales de este siglo fuimos invitados a observar las elecciones primarias de candidatos por los tres partidos que dominaron el escenario post Trujillo y hubimos de certificar importantes avances democráticos. Esta vez sólo el Partido Revolucionario Moderno convocó a todos sus miembros a elegir candidato presidencial tras una intensa competencia interna, sin que lo haya hecho aún para las candidaturas legislativas y municipales.
El retroceso más relevante se registró en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana donde sus órganos directivos se auto prolongaron su mandato y decidieron la repostulación total del presidente de la República, de los senadores, del 92 por ciento de los diputados y de la mayoría de los alcaldes. Cientos de aspirantes a esos cargos, muchos de ellos con años de inversión de recursos en su promoción, quedaron lesionados en sus derechos, sin que se sepa cómo serán compensados. Para mayor infortunio la votación de las bases para elegir los candidatos a la mitad de las alcaldías y distritos municipales y a las regidurías y de 15 diputados, degeneró en confrontaciones, violencia, tramperías y robo de urnas, con balance de dos muertos y una docena de heridos.
Este año se asistió a la subordinación del Partido Revolucionario Dominicano, el de mayor vigencia en la historia nacional, con tres cuartos de siglo de existencia, y que habiendo obtenido el 47 por ciento de los votos en la última elección presidencial pasó a respaldar la repostulación del presidente Danilo Medina, renunciando a un principio que sustentó desde su fundación. Para ello su candidato presidencial renunció a una postulación que había obtenido con claras deficiencias democráticas y firmó un pacto con el partido gobernante, dejando denuncias de tráfico de prebendas y compras de conciencias con los recursos públicos. Todo ello fue consecuencia de la profunda división sufrida por el PRD el año pasado tras haber sufrido un deterioro de los mecanismos democráticos.
El regateo público de cargos con que los partidos dominantes han encaminado el proceso de alianzas para los comicios del 2016 ha demostrado graves dolencias en un sistema político donde lo que importa es obtener posiciones para el ascenso individual, dejando escaso espacio para los debates ideológicos y programáticos. Ha sido particularmente relevante el caso del Partido Reformista Social Cristiano que primero apoyó la reforma constitucional para posibilitar la repostulación del presidente Medina, y pasaron meses discutiendo en público una posible alianza, para terminar haciéndola, pero con el Partido Revolucionario Moderno.
2.2.- Acusado deterioro institucional
Con la crisis de los partidos políticos, la subordinación del Congreso al interés continuista del presidente con otra reforma constitucional oportunista, y el escándalo que sacude a la justicia no hay dudas de que el país sufrió este año un acusado deterioro institucional, con grave deterioro de la seguridad ciudadana, y debilitamiento de los órganos estatales encargados de contener los excesos, abusos y violaciones de las leyes. La Policía Nacional prosiguió, aunque con relativa reducción, su política de exterminio de delincuentes, con ejecuciones sumarias, mientras parte de sus miembros, como de las Fuerzas Armadas, seguían apareciendo vinculados al narcotráfico y otras manifestaciones delincuenciales, incluyendo bandas de sicarios.
Los legisladores concentraron su interés en buscarse repostulaciones, abusado de recursos públicos, como los fondos para "asistencia social", denominados barrilitos y cofrecitos, sin cumplir su responsabilidad de fiscalizar las actuaciones de los otros órganos del Estado. El Congreso ha dejado pasar otro año sin aprobar la Ley Orgánica del Régimen Electoral dispuesta por la Constitución del 2010 y la Ley de Partidos que se viene consensuando desde 1998, pese a los reclamos de la Junta Central Electoral, de partidos minoritarios y de gran parte de la sociedad civil y la opinión pública.
En los municipios se registra también retroceso en la correcta aplicación del presupuesto participativo y en las proporciones de sus recursos que deben destinar a inversión, como consecuencia de la proliferación de nominillas de activistas para las repostulaciones y búsqueda de otros cargos legislativos. El gobierno mantuvo congelada la asignación presupuestal a los municipios, que no alcanza a la mitad del 10 por ciento de los ingresos fiscales, establecido por ley.
2.3.- Múltiples leyes incumplidas
El deterioro institucional se manifestó también en la multiplicidad de leyes que siguieron sin ser acatadas total o parcialmente, resaltando la de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El año concluye sin que se haya aprobado el Pacto Eléctrico, lo que, según la normativa, debió ocurrir en el 2013, y ni siquiera está en discusión el Pacto Fiscal, que estaba pautado para el 2015. Tampoco se cumplió este año el mandato de la Estrategia de elevar en el 2015 el gasto en salud al 2.8 por ciento del producto interno bruto. A la pobre inversión en salubridad, menor al 2 por ciento, se atribuye el incremento de muertes y afectados por epidemias prevenibles como el dengue, que este año ha causado más de un centenar de víctimas, y la prevalencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad materno-infantil, de las mayores de la región.
Hay que dar crédito al gobierno porque por tercer año consecutivo ha cumplido la Ley General de Educación en cuanto dispone la inversión en este sector del 4 por ciento del producto interno bruto, igual se reconocen algunos esfuerzos por mejorar la aplicación de la Ley General de Seguridad Social.
Pero este año, siguió congelada la aplicación de leyes como la de Administración Pública, la de Capitalización del Banco Central y la Ley de Salarios del Sector Público, cuyo reglamento, según su mandato, debió promulgarse 6 meses después de su entrada en vigencia en agosto del 2013, lo que aún no ocurre.
Es relevante que pese a numerosos reclamos de la Cámara de Cuentas, todavía a mediados de noviembre más de dos mil funcionarios no se habían acogido a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Y por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Medina viola su propio decreto No. 486-12 del 21 de agosto de 2012, que obliga a todos los funcionarios públicos que deben presentar declaración jurada de bienes, a entregar “un informe financiero anual”, a fin de evaluar la consistencia con su declaración. Estos informes nunca se han presentado.
Ante este panorama la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), a pesar de que cambió de titular, sigue sin justificar su existencia y sobre todo sin cumplir la mayoría de las 42 funciones que le asignó el Decreto 486-12.
A lo largo del año la imagen del país siguió afectada por las consecuencias de apatridia derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país. La Ley 169-14, concebida para reducir el daño devolviendo la nacionalidad a los que la habían obtenido antes de la Constitución del 2010, siguió su lento cumplimiento. En junio la JCE publicó una lista de 55 mil personas a las que se les devolvían sus actas de nacimiento y por tanto el acceso a los derechos ciudadanos, pero el proceso de entrega ha seguido bajo denuncias de arbitrariedades y las propias autoridades reconocen que apenas entre 10 y 15 por ciento han logrado su documentación.
Con múltiples avatares el gobierno concluyó en junio el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que había iniciado el año pasado. Tras mantener una lista de requisitos tan exagerada que apenas lo pudo completar el 2 por ciento de los solicitantes del estatus de inmigrante, al final se les expidió un carnet temporal a todos los registrados, lo que podría concluir en la regularización de unos 300 mil. Se reconoce que el gobierno ha realizado esfuerzos por evitar las deportaciones masivas y arbitrarias, especialmente de los nacidos en el país, pero la apatridia que sufren miles de estos sigue siendo un elemento de denuncias nacionales e internacionales pendiente de solución.
3.- Buen crecimiento, pero con endeudamiento insostenible
3.1.- Cifras macroeconómicas positivas
Los datos macroeconómicos disponibles reflejan un año con un Producto Interno Bruto (PBI) creciendo a una tasa que supera por mucho el crecimiento promedio de los demás países de la región latinoamericana, resultando lo más positivo del 2015. La mayor contribución de este crecimiento corresponde al sector construcción, impulsado en gran medida por las obras de infraestructura del sector público, sobre todo por el acelerado plan de construcciones de escuelas y aulas escolares.
De igual modo, las cifras oficiales revelan que tanto la inflación acumulada como la depreciación de la tasa de cambio se mantienen por debajo de los pronósticos de las propias autoridades para el año 2015. Importa señalar, sin embargo, que cuando se mide separadamente la inflación experimentada por el renglón de “alimentos y bebidas no alcohólicas”, se aprecia un incremento de aproximadamente 8%, lo cual obedece a que muchos rubros agrícolas de alta incidencia en la canasta familiar se vieron afectados por la sequía que padeció el país.
Por otro lado, las cuentas externas mejoraron considerablemente, registrándose una significativa reducción del déficit de cuenta corriente. Está claro que esta mejoría estuvo influida, tanto por la caída registrada en los precios del petróleo y sus derivados, como por los incrementos verificados en los ingresos por turismo y en las remesas familiares recibidas desde el exterior. Pero cabe apuntar que las exportaciones de bienes siguen estancadas, por lo que se requiere un mayor impulso de las mismas, a fin de hacer sostenible el balance comercial externo.
3.2.- Los persistentes déficits fiscales
Para este año el Gobierno elaboró un Presupuesto General del Estado (PGE) con un déficit de RD$73,883 millones y una necesidad de financiamiento ascendente a RD$175,501 millones, destinado a cubrir tanto el déficit programado como la amortización de compromisos de deudas por RD$101,618 millones.
Conviene señalar que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reportó que, en el período enero-octubre 2015, las recaudaciones registraron una caída de 5.6% con relación a lo estimado, lo que implica un faltante de RD$16,182 millones y que, por ende, de no disminuirse los gastos en un monto similar, el déficit del año sería un 22% superior al valor originalmente programado. Pero cabe llamar la atención de que, a pesar de esa disminución de los ingresos, el Poder Ejecutivo sometió el 23 de noviembre al Congreso Nacional una propuesta de modificación del PGE con un aumento de RD$3,996 millones en su monto original. En vez de reducir gastos, el Gobierno decide seguir ampliando la brecha negativa en relación a los ingresos fiscales.
Siguiendo el mismo patrón de comportamiento de años anteriores, para el 2016 el Gobierno hace aprobar un PGE con ingresos ascendentes a RD$490,298 millones y gastos por RD$566,192 millones, para un déficit fiscal de RD$75,894 millones. Pero si se agregan los RD$97,366 millones que se tienen destinados para amortización de deuda, el Gobierno Central requerirá financiamiento por RD$173,260 millones. Dicho de otro modo, además de los recursos requeridos para amortización de la deuda pública, el país estará dependiendo de nuevo endeudamiento para financiar el 78% de los desembolsos previstos para cubrir intereses de la deuda durante el próximo año 2016.
Es importante resaltar, que la necesidad de financiamiento del sector público es aún mayor, cuando a los compromisos del Gobierno Central para cubrir un PGE deliberadamente deficitario, se agrega el denominado déficit cuasi-fiscal del Banco Central, el cual se sigue cubriendo fundamentalmente a través de emisiones de valores de parte de esa institución. Basta señalar que al 31 de octubre del 2014 los valores emitidos para ascendido a RD$392,090 millones. Es decir que en ese lapso de un año el Banco Central agregó RD$45,501 millones a su ya desmesurada deuda; lo cual significa un aumento promedio de aproximadamente RD$3,800 millones cada mes.
En otras palabras, al monto de RD$173,260 millones programado por el Gobierno para cubrir el déficit presupuestario y la amortización de deuda durante el 2016, habría que agregarle los valores que tendrá que emitir el Banco Central para hacer frente al costo financiero de su propia deuda, con lo cual la necesidad de nuevo financiamiento para el sector público en el 2016 rondará los RD$230,000 millones, equivalentes a más de CINCO MIL MILLONES DE DOLARES, a la tasa de cambio vigente.
3.3.- Rumbo a la insostenibilidad fiscal
Ya en nuestro balance económico del año 2014, pudimos demostrar, con datos oficiales, que los déficits del Gobierno Central de los últimos años no obedecen al estancamiento de los ingresos tributarios, sino a un gasto público exorbitante e irresponsable destinado a mantener una estructura gubernamental sobredimensionada, tanto en términos de un excesivo personal remunerado como de organismos e instituciones innecesarias para una administración pública eficiente.
En este sentido, basta recordar que, en fecha 7 de mayo de 2012, faltando pocos días para la celebración de las elecciones generales, el licenciado Danilo Medina, en su calidad de candidato presidencial por el PLD, al firmar el “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad” asumió públicamente varios compromisos, una vez alcanzada la Presidencia de la República, dentro de los cuales cabe destacar el siguiente: “auspiciar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción”.
Lejos de cumplir con el compromiso asumido, el gobierno sigue acrecentando la nómina pública y creando nuevos organismos burocráticos. Como muestra, basta apuntar que en el PGE 2016 se incluyen ocho (8) instituciones descentralizadas adicionales, llevándolas de 86 a 94. En el cuadro 16 (pág. 78 del PGE 2016) aparece la lista de las ochos instituciones descentralizadas nuevas, cuatro de las cuales obedecen a leyes de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Dentro de ellas están: Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX); Consejo Nacional de Competitividad; Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS); Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF); Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos naturales; Servicio Geológico Nacional; Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, e Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel.
Como se comprenderá, con este manejo del gasto público, nunca habrá recursos suficientes para cubrir esas erogaciones de manera equilibrada, independientemente del nivel de la Presión Tributaria existente; más bien, el país marcha aceleradamente rumbo a la insostenibilidad fiscal.
4.- Profunda crisis del sistema judicial
4.1.- Predominio de la corrupción y la impunidad
A pesar de los reclamos que la sociedad dominicana ha venido haciendo en los últimos años y del compromiso asumido por el Presidente Medina, las prácticas de corrupción, pero sobre todo la flagrante impunidad, caracterizaron la vida nacional durante todo el 2015 con graves acontecimientos de amplia repercusión y que han dejado al desnudo a los tres poderes del Estado.
El primero es el tratamiento que ha dado el sistema judicial al expediente sometido por el Procurador General contra el Senador Félix Bautista. Primero el No ha Lugar dictado por el Juez Alejandro Moscoso Segarra. Segundo el empate producido en la cámara penal de la Suprema Corte en relación a este tema, seguido por el nombramiento de una quinta jueza claramente relacionada con los intereses del Senador y que terminó en una sentencia a su favor. Por diferentes medios la ciudadanía se ha manifestado en contra de la impunidad y mediante numerosas manifestaciones mantuvo vivo el tema todo el año.
Participación Ciudadana visitó la Suprema Corte de Justicia y entregó la publicación popular que resume la acusación de corrupción contra el Senador y Secretario de Organizaciones del Partido de la Liberación Dominicana el Ing. Félix Bautista.
El 8 de abril, Transparencia Internacional, en un comunicado que circuló por todo el mundo, expresó su preocupación ante los presuntos casos de gran corrupción por parte de miembros de la élite política del país, y la aparente falta de autonomía de la Suprema Corte para juzgarlos. “Un Poder Judicial independiente es pieza clave de la democracia y un pilar fundamental en el sistema nacional de integridad de un país. Sin embargo, la aparente impunidad de la cual gozan actores políticos miembros del partido en el poder, como lo muestra el reciente escándalo que involucra al senador Félix Bautista, hace cuestionar el funcionamiento real y efectivo de las instituciones democráticas en el país caribeño,” señaló la prestigiosa entidad internacional.
El caso del Senador Bautista se convirtió en un símbolo mundial de la corrupción y la impunidad cuando el 9 de diciembre pasado Transparencia Internacional lo sometió a votación mundial para elegir el mayor caso de gran corrupción entre 15 de diferentes países que fueron depurados de más de 380 postulaciones. Que el caso del senador Bautista haya encabezado las votaciones en los primeros días refleja el interés que los dominicanos han puesto en los temas de corrupción e impunidad.
4.2.- Otra vez, el costo de la reelección
La decisión del Presidente Medina de realizar una reforma constitucional para posibilitar su repostulación, es otro acontecimiento con fuerte influencia en el ámbito de la corrupción y la impunidad. Esto porque todo el país sabe que para conseguir los votos necesarios para que la reforma fuera aprobada el grupo del Presidente Medina realizó pactos de impunidad, de repartición de cargos y varios diputados denunciaron hasta ante la Procuraduría General la repartición de dinero entre colegas. El costo para la población dominicana que tendrá este pacto se verá en el futuro cercano, si el Presidente Medina logra reelegirse y tiene que pagar con los recursos del Estado todos los compromisos que hizo.
El papel protagónico que se atribuye al Secretario de Organización del PLD, Félix Bautista, en el pacto para la aprobación de la reforma ha sido atribuido a acuerdos de impunidad en su favor, lo que pareció confirmarse con la negativa del Procurador General a llevar hasta el final una acusación con la que estaba profundamente comprometido.
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado-OISOE- en la cual el hoy senador Félix Bautista amasó la inmensa fortuna que exhibe, terminó de evidenciarse como el mayor antro de corrupción del país, cuando el Arquitecto David Rodríguez se suicidó en sus mismas instalaciones dejando una nota en la que atribuía su decisión a la desesperación por la extorción de que había sido objeto, mencionando algunos de los culpables. Desde que ocurrió esta tragedia, la sociedad civil organizada ha desarrollado una ola de protestas que se han denominado Cadena Humana por el Cierre de la OISOE, la cual se sigue extendiendo por todo el país y en el exterior.
Las actuaciones del Presidente Medina y las demás autoridades nacionales han dejado mucho que desear, ya que con su silencio han tratado de ignorar el reclamo de una profunda investigación sobre todo el alcance y las ramificaciones de esta red mafiosa denunciada por numerosos profesionales y por el Colegio de Ingenieros que llevó ante las autoridades 52 expedientes. Por el contrario. El gobierno se ha dedicado a tratar de impedir y reprimir con un abusivo despliegue de fuerzas policiales y actos de agresión a los ciudadanos y ciudadanas que exigen el cierre de este engendro de corrupción, decisión que depende exclusivamente del Presidente Medina y a lo que se comprometió cuando firmó con Transparencia Internacional y Participación Ciudadana el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.
4.3.- Crisis del sistema judicial
El escándalo que completó el oscuro panorama del 2015 fue el desatado por la acusación del Procurador de la República en el sentido de que existe en el país una red dirigida por un miembro del Consejo del Poder Judicial que se dedica a negociar sentencias, incluyendo la libertad de imputados de narcotráfico y sicariato. La admisión de las acusaciones por uno de los jueces involucrados y su abogado, y su posterior confesión frente a directivos de Participación Ciudadana no dejan duda de que la Justicia ha sido permeada y corrompida por los intereses de políticos corruptos y criminales de la peor calaña.
Informaciones que salieron a relucir muestran que por lo menos hubo encubrimientos por parte de las máximas autoridades judiciales que evidentemente no procedieron como correspondía en un caso de tanta gravedad. Después de un mes no ha habido ninguna acción que contradiga la impunidad ni que rescate el prestigio de la justicia, mientras aparecen testimonios o acusaciones que involucran también en graves irregularidades a miembros del Ministerio Público.
En el 2015, la Cámara de Cuentas dio a conocer decenas de auditorías que muestran graves irregularidades en numerosas instituciones públicas. La actitud de las autoridades nacionales ha sido de indiferencia ante el crecimiento de la cultura de uso abusivo o discrecional de los recursos públicos.
Frente a este panorama tan negativo debemos celebrar la creciente conciencia ciudadana sobre los profundos daños a la sociedad que ocasiona la corrupción. El tema ha sido mantenido en la palestra durante todo el año y ha logrado la integración de amplios sectores ciudadanos y de una parte de la prensa, organismos internacionales, cuerpo diplomático, entre otros.
Como elementos positivos del año no podemos dejar de mencionar los avances que ha hecho la Tesorería Nacional en la implementación de la Cuenta Única del Tesoro. También se destacan los esfuerzos de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, en el cumplimiento de la Ley 340-06. Lamentamos que estas buenas iniciativas se pierdan entre tantos ejemplos negativos.-
Consejo Nacional
17 de diciembre de 2015
