Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, celebró este jueves, 23 años fortaleciendo la democracia  y trabajando por el cese de la corrupción e impunidad.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Josefina Arvelo, coordinadora general de la organización de la sociedad civil, quien recordó que “Participación Ciudadana, surge el 31 de octubre de 1993, tras procesos electorales fraudulentos, que mantenían a la sociedad dominicana insatisfecha con los resultados”.

“A lo largo de estos 23 años Participación Ciudadana ha mantenido cuatro grandes áreas: Político electoral, mostrando como logros 10 observaciones electorales con gran éxito; Transparencia en la gestión pública que  permitió convertirnos en Capítulo Nacional de Transparencia Internacional  con un trabajo contra la corrupción administrativa; Justicia y derechos ciudadanos que exhiben 9 Casas Comunitarias de Justicia, ubicadas en 7 municipios de 5 provincias del país, en las que han sido beneficiadas más de 259,000 personas; Educación que ha trabajado temas tan diversos como observación electoral, Estado, democracia y ciudadanía, liderazgo democrático, auditoría ciudadana, el municipio, la Constitución, seguridad ciudadana, control social, incidencia,  puntualizó Arvelo.

En el marco de celebración también fue entregado el  “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción”.  Este año el premio fue otorgado a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, por su ejemplar  entereza y ética en 42 años al servicio del sistema de justicia, una jueza que se ha ganado la confianza ciudadana por respetar los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, una mujer llena de principios, virtudes y valores éticos.

Germán Brito quien estuvo acompañada de sus familiares, recibió el galardón con mucha humildad y agradeció a Participación Ciudadana por tomarla en cuenta, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir luchando por una mejor administración de justicia  desde su posición de jueza.

El  reconocimiento fue creado por el movimiento cívico no partidista por la necesidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y  el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

Participación Ciudadana  ha entregado Reconocimientos  La Integridad y a la Lucha contra La Corrupción al  procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz y los periodistas  Nuria Piera,  Luis Eduardo-Huchi- Lora Iglesias, Alicia Ortega y  Fausto Rosario, siendo esta la séptima ocasión.

Breve biografía de la jueza Miriam Germán Brito

Mirian Germán Brito es desde el 2012 la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y segunda suplente del presidente.

Germán Brito se graduó de abogada en 1972 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fue docente académica por más de 10 años, impartió la materia de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Especial. Lleva en sus hombros el mérito de ser  la primera mujer Vice-Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En 1974 fue nombrada fiscalizadora del juzgado de paz de Santiago, pero la historia relata que nació para ser jueza, ese mismo año fue designada Jueza de Paz de la 2da Circunscripción de la Provincia Santiago, luego en Salcedo, posteriormente en Moca y en 1978 fue trasladada al Distrito Judicial de Espaillat pero como Jueza de Instrucción.

De 1979 a 1985 puso una pausa a la carrera judicial que desarrollaba al norte del país y se trasladó hasta Santo Domingo, desde entonces y hasta el 2012, hizo vida profesional en el Distrito Nacional, primero como abogada ayudante del Procurador Fiscal; Pero como la historia reza que nació para ser jueza, a finales de 1986  fue designada Presidenta de la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, luego Presidenta de la Primera Sala de la Corte de Apelación,  posteriormente presidenta de la  Segunda Sala de la Corte de Apelación, finalmente  presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación .

El pasado mes de abril la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial le entrego el  V Premio al Mérito Judicial. Para ese entonces, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana remitió una comunicación apoyando dicha propuesta.

Esos mismos valores, su ejercicio con ética, su desempeño como jueza  y el combate implacable a la corrupción, son los que hacen posible que  Participación  Ciudadana, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional,  con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción establecido por Naciones Unidas, le otorga el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Participación Ciudadana

1ro diciembre 2016

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, en conjunto con diferentes organizaciones y expertos del sector forestal llevaron acabo una mesa de reflexión para discutir sobre la problemática actual del sector, la necesidad de un marco legal que promueva el desarrollo y la sostenibilidad y por políticas claras para el manejo forestal.

El marco legal e institucional de la República Dominicana relativo al sector forestal requiere de normativas urgentes y de la aplicación de políticas públicas que permitan su desarrollo de manera sostenible, transparente y articulado.

La República Dominicana debe apostar al desarrollo de políticas de transparencia y control en la gestión forestal, a fin de garantizar la sostenibilidad económica, social  y ambiental.  La gestión forestal debe desarrollarse bajo principios sostenibles, tomando en cuenta la protección de las cuencas hidrográficas, la diversidad biológica, los ecosistemas boscosos y las amenazas del cambio climático.

Esta mesa está integrada por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, y expertos forestales, que tienen como objetivo buscar soluciones a la problemática del sector.

Esta mesa de reflexión se realizó en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Transparencia en la Gobernabilidad Financiera Climática, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La Coalición por una Justicia Independiente rechazó la conformación unilateral de una nueva Comisión Electoral en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Expresó que esa Comisión no cumple con la sugerencia hecha en el sentido de que sean seleccionados jueces para dirigir las elecciones del gremio profesional.

La Coalición también rechazó la posposición de las elecciones para agosto de este año, considerando que las mismas debían realizarse a más tardar en mayo próximo. Entiende que el padrón electoral del gremio debe ser sometido a una amplia depuración por parte de una Comisión Electoral independiente, lo que podría realizarse en los próximos tres meses.

La entidad, conformada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Centro de Estudios Padre Juan Montalvo, Asociación Dominicana de Abogados Empresariales (ADAE), Centro Dominicano de Investigación Legales (CEDAIL) y el Centro Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), demandó de los partidos políticos no interferir en la campaña electoral del colegio.

Las instituciones aseguraron que en los últimos años las elecciones celebradas por el gremio de los abogados se han visto envueltas en escándalos de fraudes que han debilitado su institucionalidad y le han impedido a esa organización integrarse al proceso de reforma judicial que vive el país.

La Coalición por una Justicia Independiente precisó que a través de una asamblea extraordinaria del CARD podrán adoptarse medidas que conlleven a un proceso eleccionario más democrático y participativo, que devuelvan la confianza de los abogados en su organización, que tiene funciones legales de representación.

Sostienen que la mayoría de los abogados desconoce la fecha de las elecciones, la cual, la actual directiva del gremio no ha hecho ningún esfuerzo para divulgar, ni muchos menos en estimular a su participación.

En una carta enviada al presidente del CARD, doctor Miguel de la Rosa Genao, las instituciones agrupadas en la Coalición por una Justicia Independiente insisten en que el gremio debe ser saneado, a fin de que recupere la confianza ante la ciudadanía.

"Para rescatar el Colegio de Abogados e insertarlo en la lucha por la reforma judicial tenemos que abrir sus puertas a la democracia y a la institucionalidad interna", refiere la comunicación enviada a Rosa Genao.

De acuerdo a los estatutos del CARD, las elecciones deben celebrarse el primer sábado de diciembre de cada año, sin embargo la situación imperante en el gremio ha impedido el fiel cumplimiento de la disposición.

Las instituciones trabajarán en la creación de un espacio permanente para la participación de todos los sectores de sociedad civil ante los retos del calentamiento global para el desarrollo nacional.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC) y Fundación Sur Futuro, lanzaron la convocatoria a la sociedad civil para la creación de un espacio de diálogo activo entre todos los actores sociales, con el objetivo de aunar esfuerzos para constituir el Foro Dominicano de Cambio Climático.

La iniciativa busca la creación de un espacio participativo donde se promoverá el diálogo y el consenso necesarios para enfrentar este nuevo reto que amenaza el desarrollo y la calidad de vida de toda la sociedad dominicana.

En la actividad participaron representantes de la organizaciones de la sociedad civil de la Academia de Ciencias de la R.D., Alianza ONG, Articulación Nacional Campesina, Asociación Nacional Campesina, Asociación Dominicana de Rehabilitación, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios – ANJE, Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (CADOAR), Cámara Forestal Dominicana, CODIA, Colegio Dominicano de Periodistas, Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicana, Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Inc. CODUE, Consejo Nacional de la Empresa Privada – CONEP, Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), Coordinación de Organizaciones para el Desarrollo de Los Guandules – CODEGUA, Coordinadora de Organizaciones de la Zurza, Cruz Roja Dominicana, Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO), REDOTUR y la Sociedad para el Desarrollo Integral de La Zurza, Inc.

La temática del foro incluirá aspectos de información, fortalecimiento de capacidades y diálogo sobre todo lo relacionado al cambio climático, con la garantía de que todos los sectores nacionales tendrán un espacio para ser escuchados dentro del más amplio y transparente ejercicio ciudadano.

La conformación de este foro surge dentro del marco del convenio de colaboración suscrito por el INTEC, Participación Ciudadana y Sur Futuro para la promoción de espacios de discusión de temas sobre el cambio climático, el consenso sobre políticas, estrategias y acciones para incidir en los procesos de toma de decisiones vinculadas con efectos del calentamiento global.

El convenio fue firmado por Rolando M. Guzmán, rector del INTEC; la señora Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro y Josefina Arvelo Tejada, coordinadora general de Participación Ciudadana.

Dirección de Comunicación Institucional

23 de noviembre de 2016.

Participación Ciudadana (PC), Movimiento Cívico no Partidista,  presentó el Informe  “Actuaciones Irregulares de la Policía Nacional en el Ejercicio de sus Funciones”. Esta nueva investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional  creado en  2013, se enmarca en el Programa “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ),  ejecutado en consorcio con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el financiamiento de la USAID. El Programa tiene como objetivo fortalecer el monitoreo ciudadano a la política de prevención y persecución del delito en la República Dominicana, mejorando el clima de diálogo entre los actores de la seguridad ciudadana en las reformas iniciadas.

Según los datos aportados por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional al Observatorio de PC, en 2015  se dictaron 1,882 medidas disciplinarias contra miembros de esta institución.  El 75% de los 513 agentes cancelados fueron separados del servicio por actos de corrupción y  se impusieron distintas sanciones disciplinarias a 496 agentes.  El 51% de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron un servicio irregular ajeno a los protocolos y el 13%  fueron expedientados por agresiones  y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad.  El exceso  de autoridad y las amenazas de muerte fueron también los principales motivos  por los que la Institución policial  envió a la justicia a 764 agentes el pasado año 2015.

El Informe llama la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales. En 2015, un total de 193 personas murieron como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, de las cuales  177 lo hicieron a manos de la Policía Nacional.  En el año 2010, el 10% de los homicidios cometidos en el país  fueron ejecutados por agentes policiales y en 2015 este porcentaje alcanzaba el 11% del total de muertes violentas en la República Dominicana. Aunque justificadas como muertes en defensa propia  y “caídos” en intercambio de disparos, los representantes de PC denunciaron  que estas ejecuciones extralegales son  graves violaciones a los derechos humanos.  Las comunicaciones de las autoridades policiales en las que se refieren a ellas como  “antisociales caídos por la acción policial”, reflejan una actitud de justificación  e impunidad  gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho.

Con respecto a las instituciones encargadas de investigar las violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional, los fiscales del Ministerio Público  han de iniciar las averiguaciones pertinentes cuando le sean notificados hechos que podrían constituir delitos. Sin embargo, tal como manifestó  la Oficina Nacional de Defensa Pública al Observatorio de PC, en la práctica, si la víctima o sus familiares no presentan denuncia formal es muy poco probable que se investiguen los hechos. Por el contrario, el Informe evidencia que el Defensor del Pueblo ejerció su potestad de control externo solicitando regularmente informes ordinarios semestrales y extraordinarios oportunos en cumplimiento de la ya derogada Ley Institucional de la Policía Nacional (art. 13, Ley No.96-04). En ellos, la Defensoría expresó su preocupación por los métodos represivos en las redadas barriales, exigió un mayor seguimiento a los casos de personas desaparecidas y mostró su indignación por los intercambios de disparos.  En 2015 se tramitaron ante el Defensor del Pueblo 25 reclamaciones contra  el Ministerio de Interior y Policía, la AMET y la Policía Nacional, denunciando actuaciones de sus funcionarios que lesionaban gravemente la libertad y la vida de las personas (20%),  la seguridad jurídica (28%), la seguridad personal (16%), la libertad de expresión y manifestación (4%)  y el libre tránsito (32%). 

Participación Ciudadana destacó la importancia de aprovechar el nuevo escenario de la Ley No. 590-16 para emprender una reforma estructural  de modelo y cultura de actuación  en el que primen la profesionalizacióny la recuperación de la confianza ciudadana. Para alcanzar estos objetivos, la Institución deberá caminar hacia una Policía de proximidad con enfoque comunitario, orientada a la solución de problemas para prevenir el delito, más visible a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos. En este sentido, los expertos presentaron los 6 desafíos para lograr el control efectivo y democrático de las actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad del Estado en la República Dominicana:

1. Fortalecer el compromiso con la transparencia de las instituciones de la seguridad ciudadana, facilitando en tiempo y forma  los documentos públicos que solicita la ciudadanía para sus labores de monitoreo.
2. Fortalecer el control disciplinario interno en la institución para erradicar las prácticas corruptas de los agentes.  
3. Democratizar la depuración policial, trasladando a la justicia  todos los casos que constituyan violación de  las leyes y superar  el secretismo e impunidad de la institución policial.
4. Fomentar un cambio de cultura de intervención en los asuntos de la comunidad en el que primen el respeto a la integridad personal y material, erradicando el uso ilegítimo de la fuerza y el abuso de autoridad.
5. Exigir al Ministerio Público el cumplimiento de su deber de oficio de velar por el respeto a los derechos humanos y  el debido proceso en todas las situaciones en que resulten comprometidos por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.
6. Incentivar la actitud proactiva y regular de control externo  del Congreso Nacional y el Defensor del Pueblo,  en materia de derechos humanos e institucionalidad democrática.

[display-frm-data id=6862 filter=limited entry_id=559]

Llama a la sociedad dominicana debe estar vigilante y evitar que la compra de equipos para la prevención y persecución del crimen, el narcotráfico y  el lavado, se convierta en una nueva fuente de corrupción e enriquecimiento ilícito como en caso TUCANOS.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista,  la Fundación Institucionalidad y Justicia,  en el marco del Proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y  la Justicia, con el apoyo de la Agencia Internacional de los Estados Unidas para el Desarrollo (USAID), organizaron junto al Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), el seminario: “IMPACTO DEL CRIMEN INTERNACIONAL Y EL NARCOTRÁFICO E INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA”, con el objetivo de dotar a los participantes de un panorama internacional y regional del crimen transnacional  y el narcotráfico, así como de las políticas que dan respuesta al mismo y su impacto en la seguridad ciudadana del país.

Las palabras de apertura estuvieron a  cargo de Josefina Arvelo, Coordinadora General de Participación Ciudadana, quien resaltó que para  Participación Ciudadana  la penetración del crimen y los avances del narcotráfico en la sociedad dominicana está incidiendo de forma profunda en los problemas de inseguridad, sobre todo si consideramos la ubicación geográfica del país, su condición de insularidad, los contextos societales, el sistema político y los factores culturales”.

Arvelo advirtió que todos los dominicanos debe estar vigilante y  evitar que la compra de equipos para la prevención y persecución del crimen, el narcotráfico y el lavado, se convierta en una nueva fuente de corrupción e enriquecimiento ilícito, “Como sucedió en el año 2007 donde ya se advirtió, que los montos de compra de los tucanos eran muy elevados en vista de que los 8 aviones adquiridos carecían de capacidad de vuelo nocturno por falta de los equipos de navegación y de artillería, mientras que esos mismos aviones adquiridos por el gobierno de Colombia fueron vendidos por un precio significativamente menor” y hoy la realidad de la transacción es cuestionada en el ámbito nacional e internacional con procesos abiertos y en espera de imputaciones en RD”.

La conferencia de apertura: “Políticas de Drogas y Seguridad Ciudadana en República Dominicana”, estuvo a cargo del Lcdo. José Antonio Tejeda Tejada, Director del Dpto. de Reducción de la Demanda del Consejo Nacional de Drogas (CND); Seguido por la Magda. Kenya Romero, Jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien disertó sobre “Justicia Terapéutica y el Tratamiento Bajo Supervisión Judicial”; Posteriormente  Zoe Reiter, Directora Regional de Programas en las Américas-Transparencia Internacional  hablo sobre el “Panorama actual del Narcotráfico y el Crimen Organizado – Presentación del Programa la “La Ruta de la Cocaína”.

Los participantes en el seminario tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre  “Lavado de Activos y Seguridad Ciudadana”, luego de participar en el panel  a cargo del                Mag. Germán Miranda Villalona, Procurador Adjunto de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos; Dr. Manuel Ulises Bonnelly,  Co- autor de Proyecto Ley de Extinción del Dominio y Heiromi Castro. Experto en Antilavado de Activos.

Francisco José Hidalgo Tous, Director Administrativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Rey  Mercedes Bastardo, Encargado de la Sub- Dirección de Capacitación  y  Adiestramiento de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN); Aida Valdez Liranz, encargada De Asuntos Comunitarios de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN); Miguel Ángel Mariñéz Comprés, Capitán de fragata, ARD,  Encargado División de Operaciones de Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y Fidias Aristy Payano, Ex Presidente del Consejo Nacional de Drogas, participaron en el panel “Políticas de Coordinación Interinstitucional de las  Agencias de Control del Crimen y el Narcotráfico”.

El seminario finalizo con el panel “Desafíos del Sistema de Justicia en la Lucha contra el Narcotráfico y la Seguridad Ciudadana”, a cargo del  Magistrado. José Alejandro Vargas, Juez Coordinador del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la Licda. Maritza Ramírez, Sub- Directora técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Dr. Cándido Simón, Abogado Penalista

Santo Domingo, D.N.- El Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, celebraron el X aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia.  Esta iniciativa surgió como un proyecto piloto para la promoción y uso de los métodos de mediación y conciliación, como herramientas idóneas para facilitar el acceso a justicia, en especial, de la población vulnerable.

Durante la celebración, el Embajador de los Estados Unidos de América, James W. Brewster, reconoció la ardua labor y el compromiso de Participación Ciudadana, la Procuraduría General, la municipalidad y la sociedad civil con el programa.  Destacó que el éxito del programa es el acceso a justicia en las comunidades de alta conflictividad.

Las Casas Comunitarias de Justicia son espacios donde convergen el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ayuntamientos municipales y el sector empresarial, bajo la coordinación de la sociedad civil.  Esta iniciativa fue replicándose, y en la actualidad se cuenta con 9 casas de justicia en el Distrito Nacional, Santiago, Moca, San Francisco, La Vega, Esperanza y Mao.

El Programa de Casas Comunitarias de Justicia ha beneficiado a más de 250,000 personas, a través del abordaje de conflictos tanto familiares como laborales y comunitarios, tales como pensión alimentaria, custodia de menores, regulación de visitas, partición de bienes, conflictos de linderos, inquilinato, deudas, ruidos ambientales y atención a personas migrantes en proceso de regularización.   Además ayudan a prevenir la violencia en las comunidades, ya que permiten a los ciudadanos tener acceso gratuito a los servicios de conciliación, la mediación, orientación legal, atención psicológica, asuntos municipales, articulación con las organizaciones sociales y educación ciudadana, atención a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, entre otros.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, expresó que aunque el programa ha resultado altamente exitoso y abogó por la unidad de diferentes sectores de la vida nacional para extender el modelo Casa Comunitaria de Justicia a diferentes partes del país.

Dentro del marco de la celebración se llevó a cabo la conferencia magistral “La Mediación y Conciliación como estrategia eficaz para la construcción de paz social” a cargo de la doctora María Maltos, experta internacional en mecanismos alternos para solución de controversias en Latinoamérica.

Durante más de cinco décadas en el país, la USAID, en estrecha colaboración con el pueblo y el gobierno dominicano, ha contribuido con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de instituciones dominicanas en los sectores de salud, economía, gobernabilidad, justicia, sociedad civil y educación.  A la fecha, la USAID ha invertido más de US$1,700 millones en la República Dominicana.

Al acusar a la sociedad civil de pretender que  el presidente Danilo Medina viole la Constitución de la República, cuando se le pide que auspicie un consenso para elegir los titulares de los órganos electorales y de la Cámara de Cuentas, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofende la inteligencia  de los dominicanos/as y revela una  deplorable escasez argumentativa para  negar derechos fundamentales.

El dirigente político pretende una independencia de poderes a ultranza que  negaría la facultad  presidencial de iniciar gestiones legislativas, y debería desprenderse también que los legisladores carecen de facultad para solicitar acciones del Poder Ejecutivo.

En todas las democracias los jefes de Estado tienen responsabilidad en la promoción de acuerdos y consensos políticos y sociales, sobre todo en los asuntos fundamentales que se refieren a la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Sería  una tontería citar  ejemplos.

Basta recordar que el propio Presidente Danilo Medina  fue quien recientemente  pidió la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado para buscar consenso una vez más sobre la Ley de Partidos Políticos y la Ley del Régimen Electoral.   El mandatario también ha tomado  otras numerosas iniciativas para buscar consensos políticos y sociales, anticipándose a la gestión legislativa.  Eso fue el intento de pacto fiscal del 2012, el pacto por la educación del 2015  y el pacto eléctrico  aún en discusión. En el 2013, mediante el decreto 286-13 creó una “Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo”, presidida por  el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, e integrada por abogados representantes de los sectores empresariales y sindicales.

Hasta para reformar la misma Constitución los presidentes Medina  y Leonel Fernández, del partido gobernante, crearon comisiones y auspiciaron amplias consultas político-sociales y crearon organismos como el Consejo Económico Social, con participación empresarial y social.

¿Fue el Congreso de la República  quien tomó la iniciativa para modificar la Constitución  el año pasado para posibilitar una nueva reelección del presidente Medina? ¿O ya Peralta olvidó que eso lo decidió el Comité Político del PLD en una sesión en la que él mismo tomó parte? ¿Violaron entonces la Constitución?

Pero si nos vamos más atrás encontraremos innumerables ejemplos de concertaciones político-sociales que luego fueron convertidas en leyes, como la del código laboral, la Estrategia Nacional de Desarrollo,  la Ley de Seguridad Social, y también para integrar la Junta Central Electoral o modificar la Constitución  o la Ley  Electoral, como ocurrió en los años 1994 con el Pacto por la Democracia,  y  luego en 1997, 2002 y 2003.

En Participación Ciudadana insistimos en reclamar, como lo hacemos junto a la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, en la necesidad de la concertación de un nuevo pacto político social para superar las debilidades  y los retrocesos registrados en el reciente proceso electoral. La elección de los titulares de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas  es parte fundamental de la concertación.-

27 de septiembre del 2016.-