Elecciones Presidenciales del 2004
República Dominicana

Las elecciones presidenciales y el proceso previo a las mismas, representan para los dominicanos y las dominicanas una excelente oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que estamos preparados para asumir los compromisos que conlleva la democracia. La celebración de un torneo electoral legítimo debe transformarse en la base para la concertación entre los distintos sectores del país con el objetivo de lograr un desarrollo integral de la nación.

Es deber de los partidos y las agrupaciones políticas participar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, como una forma de garantizar la libertad y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. En especial se reconoce la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad e independencia de la Junta Central Electoral.

La democracia es más que votar cada cuatro años, ya que debe abarcar la totalidad del proceso de participación de la ciudadanía en la vida política de su país. Por eso debe ser intención y voluntad de los partidos y las agrupaciones políticas propiciar un torneo electoral en el cual predomine el respeto a la dignidad de la persona humana, el debate de las ideas y programas de gobierno y el respeto a la voluntad popular traducida en el voto libremente emitido y honestamente escrutado.

El proceso electoral debe ser transparente desde la convocatoria y organización de la consulta hasta la proclama fidedigna de sus resultados, como condición indispensable para la profundización de la democracia. En tal sentido, los partidos y sus candidatos, los organismos del Estado, las autoridades electorales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, deben velar para que en el proceso electoral prevalezcan las siguientes condiciones:

1.Un ambiente propicio al debate y la discusión de programas, ideas y temas fundamentales para la nación y no por ataques y diatribas personales.

2.El desarrollo de parte de cada partido de campañas electorales inspiradas en el fortalecimiento de la democracia y valores de paz, respeto a los derechos humanos y educación cívica del pueblo.

3.La independencia de la Junta Central Electoral en el orden financiero, jurisdiccional e institucional y que los diversos actores propicien un clima que permita que la JCE cumpla cabalmente con sus funciones de máximo rector y garante de un proceso electoral imparcial, efectivo y transparente.

4.Que las instituciones judiciales, policiales, de investigación y otros organismos del Estado, no sean utilizados como mecanismo de persecución o represión o para coartar de cualquier forma el libre ejercicio del derecho al voto.

5.Que los partidos y candidatos  se comprometan con la no-violencia y a evitar la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones, incluso los mecanismos privados intimatorios y represivos y a impulsar entre su militancia acuerdos de no-agresión verbal o física, a fin de propiciar un clima de entendimiento.

6.No auspiciar mensajes violentos, calumniosos, irrespetuosos o discriminatorios por causa de sexo, raza, edad, extracción social, religión o ideología.

7.Velar para que las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y las libertades ciudadanas sean respetadas por las autoridades y a exigir de sus miembros estricta responsabilidad ciudadana.

8.Que no se utilicen, directa o indirectamente, los recursos del Estado aportados porlos contribuyentes a favor de partidos políticos o candidatos, a excepción del financiamiento que les otorga la ley

9.Que no se realice proselitismo o propaganda partidista en las inauguraciones de obras públicas tanto del gobierno central como de los gobiernos  municipales, así como en la ejecución de las políticas sociales

10.Que los partidos y sus candidatos garanticen la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones que reciban y rindan cuenta del uso que dan a estas donaciones

11.Evitar el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas en toda manifestación de tipo político.

12.Respetar el medio ambiente en todas las actividades electorales, protegiendo los árboles y demás recursos naturales contra el uso de la pintura, colocación de afiches o cualquier otro tipo de propaganda.

13.No colocar propaganda en los locales gubernamentales, municipales y judiciales, en monumentos, en propiedad privada ni en sitios que impidan la visibilidad de conductores o la circulación de peatones

14.Evitar toda manipulación política indebida o inmoral, como por ejemplo las falsas denuncias, la divulgación irresponsable de encuestas falsas o amañadas durante la campaña, la oferta de empleos y la compra de votos, respetando la estabilidad del servidor público y sus derechos a la libre militancia política.

15.Incentivar la participación de la ciudadanía en la discusión de los programas y proyectos y a cooperar en la observación de todo el proceso electoral.

16.Propiciar, después de las elecciones, un período de transición normal, armónico, transparente y pacífico, en aras del interés nacional por el fortalecimiento sostenido del sistema democrático.

EXHORTACION

Participación Ciudadana solicita a los medios de comunicación social que difundan y apoyen  permanentemente la vigencia de este Código de Ética Electoral, de manera  que la ciudadanía lo conozca, asimile y colabore con su ejecución, al igual que cualquier otro proyecto que promueva los valores cívicos. También que auspicien el debate democrático de ideas y programas y que mantengan siempre la apertura y respeto por todas las opciones partidarias, favoreciendo la transparencia y la equidad.

Exhortamos a la Junta Central Electoral a cumplir con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad, transparencia y eficiencia en todas las etapas del proceso electoral, y a expresar su disposición a hacer cumplir el presente Código de Ética Electoral.

Invitamos  a las ciudadanas y ciudadanos, las organizaciones cívicas y al público en general a respaldar y dar seguimiento al Código de Ética Electoral.

Exhortamos a los Partidos Políticos adoptar a lo interno los mecanismos necesarios para la permanente vigencia de los principios del Código de Ética Electoral, de tal forma que sean conocidos y  respetados por su membresía.

El cumplimiento de los aspectos reseñados en este código constituirá el eje principal de la observación preelectoral de nuestra organización y de la red nacional de organizaciones de la sociedad civil que nos apoya.

Participación Ciudadana y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad realizaron un encuentro con los representantes de la comunidad internacional acreditados en el país, a fin de presentar un análisis a la historia electoral dominicana perspectivas para los comicios del 2004 y el plan de observación que desarrollará esta institución para  las elecciones venideras.

Las palabras de bienvenida de esta actividad la presentó  el coordinador general de PC, Alfonso Abreu Collado; a seguida Juan Bolívar Díaz presentó un análisis de la coyuntura política electoral del país, el cual recoge la historia electoral dominicana y el director ejecutivo de PC, Javier Cabreja presentó  el programa de observación electoral que desarrollará PC.

Este encuentro que tenía el propósito de presentar un análisis coyuntura de la situación política a nivel general del país  asistieron representantes de las comunidad internacional acreditados en el país, quienes en su intervención hicieron énfasis en la necesidad de garantizar un proceso electoral diáfano y transparente.

Las posibles dificultades en la organización del proceso electoral y los avances logrados hasta el momento, fueron los temas de discusión en el encuentro con embajadores y organismos internacionales.

A continuación las palabras de Alfonso Abreu Collado, Coordinador General,

en el almuerzo con representantes diplomáticos y de organismos internacionales acreditados en el país

Nos complace expresar la satisfacción de Participación Ciudadana por la presencia en esta sala de los miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores Embajadores o sus representantes, así como de los representantes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan.

Gracias a todos por aceptar nuestra invitación.

En ocasión de procesos electorales anteriores, Participación Ciudadana ha organizado eventos similares a este, con la finalidad de compartir con ustedes nuestra apreciación de la coyuntura y explicarles las acciones que nos proponemos desarrollar para contribuir a la celebración de unas elecciones presidenciales donde la voluntad del electorado dominicano pueda expresarse libre y soberanamente.

En esta oportunidad las elecciones están signadas por un alto grado de conflictividad, expresada, en primer lugar, en las contradicciones intrapartidarias que han ocasionado grandes fisuras, en por lo menos dos, de los partidos políticos de mayores simpatías dentro de la población.

El partido oficial todavía no ha logrado unificar su estructura dirigencial, la cual ha sufrido varias rupturas, a propósito del tema de la reelección presidencial.

Como se conoce, la consagración constitucional de la no reelección consecutiva del Presidente de la República, fue una de las principales conquistas alcanzadas por el país en el año 1994, a raíz de la grave crisis política a que condujo el comprobado fraude electoral de ese año.

Fue lamentable, por consiguiente, que ocho años después, el actual partido oficial, aprovechando su mayoría congresional, introdujera de nuevo la reelección en nuestra constitución, con toda su peligrosa secuela, en países con instituciones tan débiles como en nuestro caso. Y es que, en esas circunstancias, la competencia electoral tiende a desequilibrarse por el uso de los fondos públicos y de otros ilimitados recursos inherentes al propio ejercicio del poder político.

Es indudable que ese retroceso constitucional ha sido la principal causa de la división del actual partido oficial, así como de que las próximas elecciones tengan ese ingrediente adicional de pugnacidad.

Como también es un factor determinante en la percepción ciudadana, reflejada en las encuestas, de una JCE con escasa credibilidad, fruto de que la mayoría de sus miembros fueron seleccionados de manera unilateral con el auspicio del mismo sector partidario responsable de la reforma constitucional.

En este panorama, no resulta alentador conocer que en esta ocasión contaremos con la presencia de menos organismos internacionales en la observación electoral.

Entendemos que parte de esa ausencia podría ser suplida, si el día de las elecciones, el cuerpo diplomático acreditado en el país como un todo o cada uno de sus miembros individualmente, se constituyen en organismo de observación itinerante, que sirva de refuerzo y complemento a la observación que realizará PC antes, durante y después del escrutinio del 16 de mayo próximo.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana expresó  hoy su preocupación por la alta carga de violencia verbal que tienen las declaraciones y discursos de una parte de los candidatos a la presidencia de la República.

Alfonso Abreu Collado, Coordinador General de la organización, deploró el tono de los pronunciamientos recientemente realizados por el Presidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, que se fundamentan en recriminaciones y epítetos que en nada contribuyen a crear el clima de distensión que amerita el actual proceso electoral.

El Coordinador General declaró que “es  penoso  que estos dirigentes políticos no hayan escuchado el llamado de la ciudadanía que les pide una campaña propositiva, fundamentada en programas de gobierno que planteen solución a los graves problemas sociales y económicos que aquejan a la inmensa mayoría del pueblo dominicano”.

La organización cívica planteó la necesidad de que la Junta Central Electoral llame la atención a los diferentes partidos políticos que están participando en el presente torneo electoral, a fin de que ajusten sus actividades a la legislación y reglamentos vigentes que prohíben de manera expresa el uso de frases y conceptos que atenten contra “la decencia, el decoro y la dignidad  de las agrupaciones o partidos políticos adversos y sus candidatos”.

Informó finalmente la organización cívica que en los próximos días contactará los equipos técnicos de los diferentes partidos políticos con el propósito de  promover los encuentros de discusión de los programas de gobierno con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Sectores reclaman eficiencia y rapidez en la justicia

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico no-partidista Participación Ciudadana realizaron el evento “¿Qué pasará en la Justicia? Compromisos del 2004”, con la participación de los líderes políticos y judiciales del país.

En este actividad diez destacadas personalidades del sector justicia y políticos dieron su visión particular sobre dos preguntas: ¿qué debe pasar en la justicia en el 2004? y ¿cuál es el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento del estado del derecho y el sistema de administración de justicia?

Las ponencias presentadas expusieron  lo que es previsible, a su entender, de los cambios que se aproximan durante los próximos meses, adicional a un esbozo sobre las medidas, proyectos, iniciativas y compromiso de la institución que dirige, con miras al fortalecimiento del sistema de administración de justicia y del estado de derecho de la República Dominicana.

Este evento que fue moderado por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, se pensado para la participación de las más respetadas personalidades del sector justicia. Los expositores fueron: Alfredo Pacheco – Presidente de la Cámara de Diputados;  Jorge A. Subero Isa – Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Víctor Céspedes – Procurador General de la República;  Eduardo Estrella – Candidato presidencial por el PRSC; César Pina Toribio, en  representación del  PLD; Julio Terrero – Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD); Fabiola Medina – Fundación Institucionalidad y Justicia y  Alfonso Abreu Collado – Participación Ciudadana

En las diferentes intervenciones los exponentes plantearon la necesidad  de eficientizar y la rapidez con que debe actuar la justicia dominicana.

A continuación ponencia presentada por el Coordinador General de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado

En nuestra opinión, los ciudadanos esperan que el sistema judicial reúna, entre otras, las tres características siguientes:

1.Un sistema judicial que actúe con total independencia, no sólo del poder político que se expresa a través de los demás organismos del Estado, sino también con independencia del poder económico que se manifiesta a través de grupos y personas, que por sus niveles de ingresos o de riquezas, devienen en poderosos poderes fácticos, sobre todo ante la presencia de instituciones tan débiles como las nuestras.

2.Un sistema judicial eficiente en su tarea principal, que no es otra que administrar justicia con decisiones oportunas y apegadas estrictamente a lo que pautan tanto la Constitución de la República como las leyes, reglamentos y normas que conforman el Estado de derecho del país.

3.Un sistema judicial cuyos tribunales estén conformados por personas que no sólo tengan los conocimientos necesarios para impartir justicia con sabiduría y equidad, sino que estén investidas de una incuestionable probidad, que garantice que sus decisiones no estarán influenciadas por el poder o por el dinero de los sujetos involucrados en los conflictos que les toca dirimir.

Sólo cuando existe un sistema judicial que reúne las características anteriormente señaladas, pueden los ciudadanos sentirse confiados en acudir a los tribunales cuando sienten vulnerados sus derechos, sean estos de carácter social, político o económico.

Podría afirmarse que el sistema judicial dominicano está adornado de esos atributos?  

La realidad es que, a partir de la reforma del año 1994, se han logrado importantes avances en el ámbito judicial, que van desde la creación del Consejo Nacional de la Magistratura como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta la independencia administrativa y la relativa independencia económica a través del manejo de su propio presupuesto; pasando por el establecimiento de la inamovilidad y la carrera judicial. Sin olvidar la importante labor de capacitación y entrenamiento desarrollada por la Escuela Nacional de la Judicatura.

Es indudable que estas medidas han contribuido a fortalecer el Poder Judicial, al conferirle a los jueces garantías de estabilidad, permanencia y posibilidad de ascenso en su carrera profesional.

Sin embargo, no es menos cierto, que todavía persisten muchas deficiencia que deben ser superadas para que la ciudadanía cambie su percepción de que, en el caso dominicano, a la diosa Temis se le ha caído la venda o le han puesto una venda transparente.

No parecen casuales los resultados encontrados en las diferentes encuestas realizadas en torno a la percepción de los dominicanos sobre la justicia. Ya en la encuesta DEMOS 2001 se encontró que para el 48% de la población la justicia funciona mal y muy mal, mientras que sólo el 30% consideró bien su funcionamiento.

Pero más grave aún, es el resultado obtenido en el “Diagnostico y consulta sobre las necesidades judiciales desde la perspectivas de las organizaciones comunitarias” realizado entre noviembre del 2002 y enero del 2003, propiciado por FINJUS y Participación Ciudadana, con el auspicio del Programa de Reforma y Modernización del Estado (PARME) y el apoyo de la Unión Europea. Esta vez el 83% de las organizaciones entrevistadas consideró que la justicia funciona mal y sólo el 11.5% ponderó bien su funcionamiento.

Esas percepciones negativas indican que la justicia dominicana tiene muchas tareas pendientes. En ese sentido, consideramos que en el año 2004 podría concentrar sus esfuerzos en mejorar, por lo menos, los dos siguientes aspectos:

a)     Disminución de la mora judicial, a través de fallos oportunos y sin dilaciones innecesarias. Este resultado puede obtenerse, en el área penal, por ejemplo, con un esfuerzo adicional de los jueces para decidir en la misma audiencia la mayor parte de los incidentes, que usualmente tienen como única finalidad retardar los procesos. En este mismo orden, corresponde a la Suprema Corte de Justicia desalentar con decisiones rápidas, las conocidas triquiñuelas usadas con fines dilatorios, como lo es la recusación de jueces, muy utilizada, sobre todo, en los casos de corrupción.

b)     Este año 2004 puede resultar muy provechoso para el Poder Judicial, si empieza a demostrar que la justicia es igual para todos. Los casos de corrupción ya no sólo involucran a funcionarios o ex-funcionarios públicos sino también a influyentes personas, familias y empresas del sector privado. La opinión pública está expectante, con la esperanza de que esta vez no prevalecerá la impunidad. Los casos de corrupción de cualquier naturaleza deben merecer la prioridad de nuestros jueces dentro del esfuerzo colectivo de derrotar esta perniciosa práctica que pone en peligro la vida institucional y fomenta la pobreza del país. La lentitud en el desarrollo de los procesos de esta naturaleza reforzaría la percepción de que nuestro sistema judicial es cómplice de la impunidad que nos arropa.

Por otro lado, este es el año de la entrada en vigencia del Estatuto del Ministerio Público. Aunque la ley que se aprobó no es perfecta, entendemos que puede servir de base para comenzar a trabajar seriamente por un ministerio público independiente y eficiente. Para lo cual es indispensable que durante el 2004 la carrera del ministerio público comience correctamente. Vale decir, que solo ingresen a ella candidatos debidamente depurados, a través de un proceso de evaluación riguroso y transparente, que aleje la tentación de contaminar la selección con simpatías partidarias. La forma de designar a los miembros del ministerio público ha cambiado por mandato de la ley. Debemos estar vigilantes para que la misma se respete.

Renovamos aquí el compromiso asumido y sostenido por Participación Ciudadana, de participar en el proceso de reforma judicial desde nuestra posición de organización de la sociedad civil. Nuestra labor ha sido y será de vigilantes del proceso, prestos a denunciar los peligros que se ciernen sobre el mismo, provengan desde dentro o desde fuera del Poder Judicial. Además continuaremos siendo proactivos, ofreciendo colaboración para facilitar el indispensable acercamiento entre ministerio público, jueces y ciudadanos, así como sugiriendo ideas que puedan contribuir a mejorar el avance o a evitar retrocesos.

Participación Ciudadana demanda que en el caso de las irregularidades encontradas en la implementación del plan RENOVE, la Procuraduría General de la República cumpla con su deber de poner en movimiento la acción pública contra los responsables de tales irregularidades, basado en la auditoria realizada por la Contraloría General de la República.

La gravedad de los hechos señalados en la  referida auditoria, indica que debe darse prioridad a este caso, investigándose exhaustivamente e identificando a los responsables de las irregularidades, sin importar los sectores que estén involucrados.

La Procuraduría General, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), tiene la oportunidad de dar un tratamiento objetivo e imparcial a un caso como el señalado, que procede de la administración de la que esta institución forma parte. Es necesario que exista una real voluntad política de parte de las autoridades para llevar este caso hasta sus últimas consecuencias.

La ciudadanía espera que las investigaciones se realicen apegadas a la defensa del patrimonio público.  Este caso no puede constituirse en uno más que queda en la impunidad, por lo que demandamos una explicación clara y convincente sobre los resultados arrojados por la auditoria realizada al plan Renove y sobre todo la identificación de los responsables y su sometimiento a los tribunales correspondientes.

Faltando tres (3) meses para la celebración de las elecciones presidenciales del año 2004, el movimiento cívico Participación Ciudadana constata avances y dificultades en la organización del proceso electoral, en medio de un panorama agravado por las precariedades económicas,  por la crisis de los partidos políticos, la propuesta de ley de lemas y la débil imagen de la Junta Central Electoral (JCE).

La JCE ha avanzado en la organización de los comicios a efectuarse el próximo 16 de mayo del 2004, con medidas como la emisión de la Proclama Electoral, la entrega a los partidos políticos mayoritarios de una versión preliminar del Padrón Electoral, la preparación del voto de los dominicanos en el exterior, la reestructuración y nombramiento de los integrantes de las Juntas Electorales Municipales, la invitación a los observadores internacionales, entre otros.

Sin embargo, todavía quedan algunos asuntos pendientes de solución, que generan una razonable preocupación en los actores del proceso, siendo el más preocupante de todos estos asuntos el relativo al padrón electoral, pues todavía persisten una cantidad significativa de electores sin fotos y o removidos de sus colegios electorales originales.

Esto sucede en un contexto en el que aumentan en la opinión pública los temores de que el proceso político en curso pueda ser ensombrecido. El factor que incide de manera más negativa en el actual proceso electoral, es la crisis que afecta a los partidos políticos, específicamente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En un escenario de conflictividad partidaria como el descrito, la propuesta de ley de lemas se ha constituido en un elemento que intranquiliza el proceso electoral, en la medida que su eventual aprobación implica la transformación de los procedimientos comiciales vigentes, además de las contradicciones que con la Constitución de la República tiene el mencionado proyecto.

Por esa razón, diversas organizaciones sociales, dentro de las que se encuentra Participación Ciudadana, han manifestado su decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia, en el caso de que sea convertido en ley el proyecto de ley de lemas.

El momento actual requiere de gran responsabilidad por parte de los diferentes actores del proceso democrático nacional. El movimiento cívico Participación Ciudadana exhorta a toda la nación a asumir su compromiso con la celebración de unos comicios transparentes, que expresen fielmente la voluntad ciudadana y que fortalezcan el sistema de partidos y la democracia. En ese sentido, recomendamos acciones concretas a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía para impulsar juntos el proceso electoral.

A la Junta Central Electoral:

1.Las dificultades que aún presenta el Padrón Electoral hacen necesario que la Junta se aboque a una nueva jornada nacional de verificación que complemente la labor de propaganda que será realizada a través de líneas telefónicas especiales, internet, carteles informativos y otros medios.

2.La Junta Central Electoral tiene que tomar medidas adicionales que refuercen la seguridad del proceso electoral,  dentro de las cuales se destaca la selección y capacitación del personal de los colegios electorales, garantizando una composición equilibrada y la idoneidad de sus integrantes.

3.En ese mismo orden se inscriben las medidas tendentes a garantizar el proceso de votación, escrutinio y transmisión de datos electorales debidamente avaladas por las diferentes fuerzas políticas y la Comisión de Seguimiento del Diálogo Nacional. Muy particularmente nos referimos a la auditoría del padrón electoral y del sistema de transmisión de datos electorales.

4.Es responsabilidad de la propia Junta Central Electoral fortalecer su imagen pública dando señales de imparcialidad en las distintas decisiones que adopte, asumiendo una actitud equilibrada en relación con los conflictos de los cuales está apoderada y  siendo cada vez más abierta al escrutinio de la ciudadanía y de los partidos políticos.

A los Partidos Políticos: 

1.Los partidos políticos deben realizar un esfuerzo supremo por solucionar sus conflictos internos, utilizando las vías previstas en los Estatutos  de cada uno y la Ley Electoral. Es conveniente que tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el Partido Reformista Social Cristiano, sigan agotando las vías del diálogo y negociación para solucionar las desavenencias internas que tanto han afectado el panorama político nacional.

2.Es necesario que los partidos políticos y sus legisladores desistan de manera definitiva del conflictivo proyecto de ley de lemas o voto preferencial presidencial. El retiro de este proyecto de la agenda legislativa constituiría un aporte significativo al avance del proceso electoral. Permitiría que las autoridades y técnicos electorales, la sociedad civil y los propios partidos políticos, se dediquen plenamente a trabajar en la solución de los problemas que aún presenta la organización del proceso,  y a reforzar aquellos puntos débiles del sistema de votación y escrutinio que pueden ser objeto de irregularidades.

3.La incapacidad de los partidos políticos dominicanos de dirimir sus conflictos internos replantea la necesidad de regular estas organizaciones, de manera que tengan que ceñir su comportamiento institucional a ciertas reglas sujetas a supervisión oficial. Resulta oportuno reasumir en el mediano plazo la discusión de una ley de partidos y agrupaciones políticas, que se convierta en el estatuto regulador de la actividad política en el país.

4.Es también una responsabilidad de los partidos políticos activar el proceso de auditoria del padrón electoral. Esto implica cotejar a las personas inscritas con aquellos inhabilitados (fallecidos, militares, policías y otros) reportando estos hallazgos a las autoridades electorales competentes. La solución de los problemas del padrón contribuye de manera significativa a la disminución de las posibilidades de fraude electoral.

5.En lo inmediato, los partidos políticos y sus candidatos deben presentar los programas de gobierno que van a ofertar a la ciudadanía, discutiendo estos programas con los representantes de la sociedad y asumiendo compromisos en relación con las agendas sectoriales pendientes.

A la sociedad civil y a la ciudadanía:

1.Llamamos a la ciudadanía a verificar sus datos en el padrón electoral, comprobar la ubicación de su colegio electoral y asegurar que se encuentra perfectamente habilitado para ejercer el sufragio. Esto puede hacerlo a través de los diferentes mecanismos habilitados para ello: Internet, Fonojunta, o directamente con los partidos políticos.

2.Las organizaciones sociales y la ciudadanía deben contribuir de manera directa a la organización del proceso electoral, incorporándose a los colegios electorales que están siendo constituidos por las Juntas Electorales Municipales, y participando como voluntario en las actividades de observación electoral que auspicia un conjunto de organizaciones sociales, dentro de las cuales se encuentra Participación Ciudadana..

El movimiento cívico Participación Ciudadana reitera su compromiso con un proceso electoral diáfano y legítimo, contribuyendo al mismo a través de la observación electoral durante el proceso de preparación de las elecciones, durante la propia jornada de votación y una vez se pase a la entrega de resultados.

ALFONSO ABREU COLLADO 

NUEVO COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El economista Alfonso Abreu Collado fue escogido como nuevo coordinador general de Participación Ciudadana. Sustituye en esas funciones a Miriam Díaz Santana, quien concluyó su periodo el pasado 31 de enero, durante la celebración de la décima Asamblea general.

La elección se produjo durante la primera reunión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por el propio Abreu Collado, Juan Bolívar Díaz, Isidoro Santana, Rafael D. Toribio, Samuel Encarnación Oviedo, Ramón Tejada Holguín y Don Oscar Grullón.

El Sr. Abreu Collado es analista y consultor económico, en varios ocasiones ha sido miembro del Consejo Nacional de esta institución , también se desempeña como árbitro del consejo de Consecución de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

OCHO NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL

En el desarrollo de la Asamblea Nacional de Participación Ciudadana se escogió a ocho nuevos miembros para integrar el Consejo Nacional de la institución. Los elegidos fueron Juan Bolívar Díaz, Luis Schecker, Luis Rosa Valerio, Oscar Grullón, Rafael Toribio, Ramón Tejada Holguín, Samir Chami Isa y Vilma Arbaje

Los demás miembros que integran los 12 miembros del Consejo Nacional de PC son: Alfonso Abreu, Mu-Kien Sang, Samuel Encarnación Oviedo e Isidoro Santana

Los nuevos miembros del Consejo sustituyen a Francisco Álvarez Valdez, Paulino Sarita, Fausto Rosario, Wilfredo Tejeda, Miriam Díaz Santana, Lizzie Sánchez de Roques y Félix Juan Mancebo.

El Consejo Nacional, máximo organismo de dirección de Participación Ciudadana, está integrado por doce miembros que son escogidos por la Asamblea General por un período de dos años. La Asamblea de Participación Ciudadana presentó también un documento sobre la situación política electoral del país y conoció la Memoria anual presentada por la Coordinadora General

La Décima Asamblea Anual Ordinaria de Participación Ciudadana, reunida en Santo Domingo, el 31 de enero del 2004, después de un ponderado análisis de la situación nacional ha considerado necesario formular el siguiente pronunciamiento:

1.- Expresamos nuestra preocupación por los persistentes esfuerzos de sectores políticos y legislativos por cambiar el sistema de elección del Presidente y Vicepresidente de la República, a pesar del rechazo generalizado de la opinión pública nacional.

Ratificamos el comunicado emitido el 8 de enero en curso por la Comisión de Análisis Político y el Consejo Nacional de nuestra institución en el que se rechaza el proyecto de "Ley de Lemas" o "Ley del Voto Preferencial Presidencial", por considerarlo en contradicción con los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución de la República, especialmente por vulnerar el principio democrático fundamental del voto directo, y por estimarlo perturbador del proceso en marcha para unas elecciones presidenciales de la que distan apenas 3 meses y medio.

Otorgamos un mandato expreso a los órganos directivos de Participación Ciudadana para que procedan a elevar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que el polémico proyecto sea convertido en ley.

2.- Estimamos urgente la superación definitiva de la crisis que ha emergido en la Suprema Corte de Justicia afectada por divisiones internas y que tuvo como expresión concreta la amenaza de renuncia de su presidente el doctor Jorge Subero Isa.

Es desafortunado que el máximo tribunal de la nación y garante de los derechos y principios constitucionales sea sacudido por conflictos internos en momentos de grandes preocupaciones nacionales derivadas de la profunda crisis financiera y económica que afecta a la nación y cuando se expresan preocupaciones sobre el proceso institucional democrático.

Solicitamos al doctor Subero Isa que aplace cualquier decisión sobre su cargo y se aboque a la búsqueda de acuerdos internos que permitan conciliar las diferencias que son comunes en cualquier organismo colegiado dentro del régimen democrático, a lo cual deben contribuir todos los integrantes de esa corte y los sectores políticos que inciden en la misma.

3.- Formulamos un llamado a todos los sectores sociales y políticos, especialmente a los responsables de los poderes públicos para que aunemos esfuerzos en orden al fortalecimiento de los órganos del sistema electoral para que los próximos comicios constituyan un nuevo eslabón en el proceso de fortalecimiento democrático que ha vivido la nación en la última década.

En ese sentido ratificamos el compromiso de Participación Ciudadana de trabajar intensamente por la transparencia y legitimidad del proceso electoral en marcha, como fundamento de la convivencia nacional, ahora más necesaria que nunca para que el país pueda superar la crisis económico-social que sufre y retomar el camino de la estabilidad y el crecimiento, cada vez con mejor distribución del ingreso en atención a los sectores más empobrecidos.

4.- Convocamos a los dirigentes de todas las entidades sociales a fortalecer la Coalición por la Transparencia Electoral como mecanismo idóneo para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Debemos hacer los máximos esfuerzos para ayudar a la limpieza electoral aportando voluntarios y voluntarias sin militancia partidista para la integración de los colegios electorales y para la realización del proceso de observación y conteo rápido de las elecciones.

5.- Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas preocupados por el rumbo de la nación a abandonar las actitudes derrotistas y el pesimismo y a sumarse a los esfuerzos por la transparencia electoral y el fortalecimiento del proceso democrático. Es hora de trabajar, de aunar esfuerzos, de salir del individualismo y el aislacionismo para contribuir firmemente a la superación de nuestras limitaciones.-

Las doce organizaciones abajo firmantes, las cuales conforman el Comité de Seguimiento de Foro Ciudadano, espacio de articulación de la Sociedad Civil con una membresía de casi 300 organizaciones en todo el país, quiere expresar a toda la ciudadanía su preocupación por un conjunto de problemas sociales, económicos y políticos, que afectan de manera sensible a toda la población.

En primer lugar deseamos dejar manifiesto nuestra firme oposición a la aprobación en el Congreso Nacional de la llamada Ley de Lemas o del Voto Preferencial para la Elección Presidencial y Vicepresidencial, que vendría a modificar la Ley Electoral vigente, por considerarla inoportuna, perturbadora e imprudente.

Hemos iniciado el año 2004 con una difícil situación económica y social que muestra señales de extrema preocupación. He aquí algunos indicadores:

• Devaluación acelerada del peso dominicano

• Aumento exagerado de los precios de los combustibles

• Incremento en los precios del transporte

• Elevación al 30 % del Impuesto Selectivo al Consumo, en más de 60 artículos, incluyendo algunos esenciales para la vida familiar.

• Aprobación por el Congreso de cargas impositivas al aparato productivo nacional, como el 5% a las exportaciones y el 2% a las importaciones.

• Aprobación de una tasa de veinte dólares por salida del país a cada viajero.

• La Aprobación reciente en la Cámara de Diputados de siete convenios de préstamos por US$ 374 millones y cerca de 40 millones de euros.

• Aumento desorbitante de los productos de la canasta familiar.

• Crecimiento de la tasa desempleo, debido a los despidos masivos y a la quiebra de pequeñas y medianas empresas.

• Las graves limitaciones en la entrega de recursos a los hospitales

• El preocupante incremento de los "intercambios de disparos" por parte de la Policía Nacional.

• Deterioro de la educación pública, disminución de la inversión para educación en violación de la Ley 66-97 y grandes retrasos en la entrega de salarios a los maestros.

Este cuadro de extrema dificultad, que muestra una economía en estado de emergencia nacional, ameritaría una concentración total del Gobierno y de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas en la búsqueda de soluciones efectivas a tan graves problemas así como mecanismos de compensación a una maltrecha clase media y a una situación crítica y desesperante de los sectores populares que han recibido los mayores impactos de esta crisis.

Ante este dramático cuadro sería un atrevimiento querer hacer a la carrera una modificación de nuestra ley electoral, a tan solo cuatro meses de las próximas elecciones, convirtiéndola en una reforma antojadiza, impracticable y desestabilizadora.

En tal virtud, el Comité de Seguimiento se dispone a preparar un Plan de Acción para este año 2004, que sea consensuado por cientos de organizaciones que conforman el Foro Ciudadano, con la finalidad de presentar un dique de contención ante los desaciertos que se pretenden realizar, en perjuicio de la institucionalidad democrática, la estabilidad social y el sosiego de la familia dominicana. Por ello las organizaciones firmantes estamos dispuestas a realizar acciones tendentes a impedir que progrese ningún proyecto o iniciativa que en estos momentos quiera modificar aceleradamente la ley electoral e interfiera en la realización de elecciones democráticas.

Por el Comité de Seguimiento de Foro Ciudadano

Central General de Trabajadores (CGT)
Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)
Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, s.j.
Ciudad Alternativa
Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO)
Centro Cultural Poveda
Pastoral de los Derechos Humanos de la Iglesia Evangélica
Foros para la Participación Municipal
Acción para la Educación Básica (EDUCA)
Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Participación Ciudadana

Santo Domingo, D.N.,
15 de enero del 2004.

• Una reforma impracticable a solo 4 meses de las elecciones

• Vulnera los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución

• Es falso que equivalga al voto preferencial para diputados

• En vez de salvar la unidad partidaria consagra el fraccionalismo, el clientelismo y el personalismo

• Es susceptible de un recurso de inconstitucionalidad

Ante las graves implicaciones del proyecto de "Ley de Lemas o del Voto preferencial para Presidente de la República y para Senador", introducido al Congreso Nacional por el diputado Henry O. Sarraf Urbáez, Participación Ciudadana está en la obligación de fijar la siguiente posición:

1.- Esta iniciativa es absolutamente extemporánea, a sólo 4 meses y una semana de las elecciones presidenciales y de ser impuesta crearía nuevas y serias presiones sobre el proceso organizativo en marcha, ya afectado por las manifiestas desconfianzas en el organismo rector de los comicios.

Su implementación requeriría cambios sustanciales en la tradición electoral dominicana, en la conformación de la boleta de elección, en los reglamentos de votación, de cómputo y procesamiento. También obligaría a una nueva y fuerte campaña de orientación a los electores para que comprendan el complejo sistema.

Esta reforma es improcedente también porque ya varios de los partidos reconocidos han elegido sus candidatos presidenciales, acogiéndose a la normativa vigente y sería injusto cambiarle el sistema a posteriori.

2.- El proyecto es claramente inconstitucional, pues vulnera los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución de la República. Para implementar esa reforma estos artículos tendrían que ser modificados, algo que está fuera de toda posibilidad en la coyuntura preelectoral.

El artículo 17 establece que "La elección de Senadores y de Diputados se hará por voto directo".

El 49 indica que "El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo…"

El párrafo del artículo 90 señala que "Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, ninguna de las candidaturas obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección cuarenta y cinco días después de celebrada la primera. En esta última elección participarán únicamente las dos candidaturas que hayan obtenido mayor número de votos en la primera elección".

El artículo 91 viene a reforzar el 49, al reiterar que "Las Elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto, y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos".

El artículo 119 no deja lugar a dudas cuando reza que "Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo".

Es obvio que el voto directo es, tal como lo define Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política, cuando "el ciudadano elige por sí mismo a los candidatos." Permitir que el sufragio por un candidato específico pueda ser transferido a otro, vulneraría el derecho ciudadano y aniquilaría una tradición electoral con muchas décadas de vigencia en el mundo democrático, incluso en nuestro país, que es fundamento de la democracia representativa.

Según esa tradición, los partidos se conforman para presentar candidatos o candidaturas a consideración de los electores, quienes tienen el derecho de escoger. Por eso para la posibilidad de la segunda vuelta, el párrafo citado del artículo 90 señala que competirían solamente "las dos candidaturas" con mayor votación, no habla de partidos.

Ese sistema de sumatoria de votos podría generar el absurdo de que un candidato con mucho más votos directos que todos sus competidores, pudiera no resultar electo, porque los demás aspirantes de su propio partido no generaran suficientes preferencias.

3.- Contrario a lo que sostiene el proyecto de ley en su motivación, y a lo que han interpretado tanto el Presidente de la República como otros dirigentes políticos, es imposible equiparar esta propuesta de reforma con la que estableció el voto preferencial para la elección de los diputados, vigente desde los comicios del 2002.

Esa reforma fue en sentido inverso, para quitar a los partidos la facultad de imponer los diputados de acuerdo al orden en que aparecían en las boletas y devolver a los electores la posibilidad de señalar su preferido. Nos contamos entre quienes en su oportunidad reclamaron que la reforma se ampliara para que se pudiera escoger un senador de partido diferente al de los diputados. Pero en ningún caso la ley actual contempla transferencia de votos de un candidato a otro.

4.- Finalmente, las experiencias de Uruguay y Argentina, donde ha regido la multiplicidad de candidatos y la transferencia de votos, indica que el sistema no ha servido para los fines que aduce el proyecto que nos ocupa, que es salvar la unidad de los partidos. Por el contrario, debilita los partidos por cuanto no auspicia el ejercicio democrático interno, consagra el fraccionalismo y reduce su cohesión programática.

La multiplicidad de candidatos del mismo partido alentaría el clientelismo, el personalismo y las ambiciones individuales, rémoras tradicionales de la política nacional. Y elevaría desmesuradamente el costo de las campañas electorales, que de una u otra forma lo paga la ciudadanía.

Participación Ciudadana ha expresado reiteradas veces su preocupación por el deterioro de los partidos políticos, a los cuales consideramos fundamento de la democracia. Pero esta no puede ser subordinada a la supervivencia de ningún grupo que muestre incapacidad para acogerse a los procedimientos democráticos.

Una vez más apelamos al liderazgo de los partidos para que pongan en práctica auténticos mecanismos democráticos y participativos que les permitan superar sus dificultades y contribuir al fortalecimiento del proceso democrático nacional.

Llamamos a la ciudadanía, a la opinión pública y especialmente a las instituciones sociales a hacer uso de toda su influencia para evitar el retroceso democrático que implicaría el proyecto de multiplicidad de candidatos por partido y sumatoria de votos. Advertimos de nuestra disposición de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de ese proyecto, en caso de convertirse en ley.