Una agenda para las reformas político-electorales

La necesidad de fortalecer las instituciones políticas se ha convertido en una demanda de importantes sectores de la sociedad civil, en el entendido de que mientras más consolidadas estén las instituciones, mayores garantías existirán para la buena conducción del país y la promoción de valores, prácticas y relaciones sociales más democráticas.

La dispersión de las instituciones, la competencia entre los poderes, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y participación de la ciudadanía, el incumplimiento de los diferentes acuerdos asumidos por la clase política, la discontinuidad en la agenda de las reformas, las propuestas de contra reformas políticas, entre otros elementos, son algunos de los puntos que debemos enfrentar si queremos que el sistema político supere los niveles de descrédito y falta de confianza existentes.  La sociedad en su conjunto se ve afectada por esta situación, por lo que es una responsabilidad de todos buscar, de manera colectiva, las respuestas que contribuyan con su superación.

Ante esa situación, Participación Ciudadana ha iniciado un proceso para el debate de las reformas políticos electorales pendientes, convirtiéndose dicho proceso  en un medio para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las principales reformas políticas que requiera el país y favoreciendo que  sugerencias, propuestas y  demandas de la ciudadanía puedan ser organizadas en pliegos de recomendaciones para  que los organismos correspondientes ya sea la propia Junta Central Electoral  y/o el Congreso Nacional, conozcan y consideren.

La participación de la sociedad civil en  los procesos de Reformas

Importantes avances en el proceso de fortalecimiento de las instituciones electorales y en términos de la organización de procesos más libres, diáfanos y transparentes se producen en el país entre 1994 y el 2000. Estos cambios experimentados en el sistema electoral son en gran medida el resultado de una  mayor presión de la sociedad civil sobre el sistema político dominicano y en particular sobre las  elites partidarias. El conjunto de reformas electorales efectuadas durante  la década pasada han incidido también en la competencia político-partidaria y han creado condiciones más propicias para la participación desde la sociedad civil en favor de la  democratización del sistema político dominicano.[1]

Entre estas reformas podemos mencionar:

El cambio  en la  proporción de votos válidos que requiere un candidato presidencial para ser elegido, que pasó de mayoría simple a mayoría absoluta o el 50% más un voto.

El establecimiento de la  doble vuelta electoral, en caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría requerida.

La separación de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales, con un período de dos años entre cada proceso.

Prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Reforma, echada para atrás  en  enero del 2003.

La conformación de los Colegios Cerrados, también modificado para las elecciones presidenciales del 2004, aplicándose la modalidad de los colegios abiertos pero que fue considerada una medida salomónica, ya que reducía el margen de fraude el día mismo de la jornada electoral.

En 1997 se introducen otras 4 reformas al sistema electoral mediante las cuales se dispone financiamiento del Estado a los partidos políticos para la campaña electoral, se establece una cuota de candidatura femenina no menor al 25% para los cargos congresionales y municipales, se crean circunscripciones electorales para elegir los diputados y regidores, y se otorga el derecho al  sufragio de los dominicanos residentes en el exterior, puesta en práctica esta última en estas elecciones transcurridas, es decir 7 años después de su introducción.

En el año 2000 el  reto más importante que enfrentó las autoridades electorales  fue sacar adelante un proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral  y la elaboración de un nuevo padrón electoral digital y fotográfico, conjuntamente con la organización de las elecciones. Para esas elecciones, se había modificado la ley electoral añadiendo dos (2) integrantes a la Junta Central Electoral, de manera provisional. Pasados los comicios, se aumentaría y así se hizo, con un carácter permanente la cantidad de integrantes del organismo, de 5 a 7.

En el año 2000 también se aprobaron las leyes 12-2000 y 13-2000 que aumentaron la cuota de candidaturas femenina para la Cámara de Diputados y las Salas Capitulares para las elecciones congresionales del año 2002

En las elecciones del 2002 se introduce la elección de los funcionarios municipales y congresionales a través de nuevas circunscripciones electoralesy se utilizaron listas electorales desbloqueadas y cerradas para la elección de los integrantes de la cámara de diputados, entendiéndose  que la separación   de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales trae consigo una serie de ventajas que favorece a la propia ciudadanía la cual tendrá la oportunidad de elegir sus representantes a través de un voto más consciente y objetivo sin dejarse presionar por la propia cultura caudillista que nos ha caracterizado.

La sociedad civil ha mantenido la expectativa   de que dicha separación  traer consigo cambios importantes en la relación  partido y comunidad,  ya  que las candidaturas  deben tener su propio atractivo a nivel local,  por no estar amparadas en la sombra de  la candidatura presidencial.[2]

En el año 2003 la ley electoral sufre nuevas modificaciones. La ley número 02-03 del 7 de enero del 2003, reformula la composición y funcionamiento de la Junta Central Electoral, aumentando a nueve (9) miembros sus integrantes y creando las Cámaras Administrativa y Contenciosa y el Pleno del organismo. Asimismo, la indicada ley introduce los cambios necesarios para ajustar la ley electoral al sistema de colegios electorales abiertos.[3]

Desde el punto de vista logístico, las elecciones del 2004 conocieron de otros cambios de no menor importancia. Entre otros asuntos, se introdujo un sistema de plastificación de las actas electorales que previene cualquier tipo de alteración y se instaló un sistema de lectura y transmisión de resultados por scanner.

Al transcurrir  de manera exitosa las elecciones presidenciales del 2004, a pesar de todas las dificultades que  caracterizaron las mismas, el rol de la sociedad civil debe estar enmarcado a promover el  debate de las reformas electorales pendientes, porque como ya expresara se hace necesario alcanzar la institucionalidad del proceso a fin de que podamos participar de una manera diferente en comicios  futuros.

Esta institucionalidad debe abarcar todos los ámbitos y  espacios  políticos como son:

Los poderes del  Estado:  el  Poderes Ejecutivo erradicando el uso de los recursos del Estado en la campaña a favor de su organización política haya o no reelección, El poder Legislativo  concertando con la ciudadanía  y respetando la voluntad popular en asuntos relacionados con reformas alcanzadas y valoradas como logros para el sistema político.

Los partidos políticos mediante  la transparencia en el manejo de los fondos del financiamiento público y privado y la  propia calidad de las campañas electorales  permitiendo  el conocimiento y el debate de los programas de gobiernos y por supuesto el respeto  a lo que denominamos el código de ética electoral, para que podamos tener campañas electorales de calidad  y respeto no sólo a la condición humana de los adversarios sino a  todo lo que es el patrimonio nacional  como son los espacios públicos.

La Junta Central Electoral de modo que sus ejecutorias estén reglamentadas y pueda actuar en consonancia con el precepto constitucional que la define como la rectora de todos los procesos electorales. Es decir que  su  labor debe  también abarcar de manera clara y precisa todo lo relacionado con lo contencioso electoral.

Las expectativas de la sociedad civil es  contribuir a lograr la institucionalidad del sistema político electoral, por ende entendemos que el debate de las reformas electorales pendientes debe ser realizado en la actualidad, de manera que se pueda elaborar un pliego de demandas bien documentadas, para que las reformas se realicen de manera consciente, evitando lo que ha sido una tradición: la realización de reformas en momentos de crisis para salvar situaciones coyunturales, método que no es el adecuado ni el que aspiramos porque el mismo sólo trae consigo satisfacciones de intereses particulares y para evitar que las reformas se adopten  precipitadamente, en función de conveniencias del momento de los principales partidos políticos, sin incorporar otras perspectivas, y sin pensar cuidadosamente en el impacto de las reformas electorales para el funcionamiento del sistema democrático.[4]

En una fase inicial estamos promoviendo el debate de las siguientes reformas pendientes:

A. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS

Organo Electoral.Se ha planteado la necesidad de modificar las regulaciones relativas al órgano electoral dominicano, la Junta Central Electoral. Primero, para garantizar que su  elección este dotada de una mayor legitimidad y de una composición equilibrada y no partidista. Segundo, para separar de manera más efectiva sus funciones jurisdiccionales y administrativas, evitando las dobles competencias y la falta de una clara unidad de mando que dificulta la operatividad del organismo.

Partidos Políticos.Se ha depositado en el Congreso Nacional y ya se encuentra bajo estudio de una comisión legislativa, el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Este proyecto trata de regular la organización democrática de los partidos, sus elecciones primarias, su financiamiento y supervisión, creación y extinción, entre otros aspectos.

Fiscalía Nacional Electoral.Para garantizar la persecución de los delitos electorales y especializar un órgano público en la supervisión de los partidos políticos, se ha valorado la propuesta de crear una Fiscalía Nacional Electoral, tomando como parámetros las que ya existen en Panamá y El Salvador.

Campañas Electorales y Uso de los Medios de Comunicación.La modificación de la ley electoral en cuanto a la regulación de las campañas electorales y el uso de los medios de comunicación, tendría como propósito limitar el uso del espacio público, las manifestaciones y los “bandereos” que hasta ahora han caracterizado estas jornadas;  estimular la promoción de los candidatos a través de sus propuestas programáticas y garantizar la utilización equitativa de los medios de comunicación.

Participación Social.Fue sometida al Congreso Nacional la propuesta de Ley General de Participación, que crea mas espacios para la integración de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en la gestión pública, tanto municipal como nacional.

Uso de los Recursos del Estado. Una de las reformas pendientes a la ley electoral tendría elpropósito de limitar una serie de actividades que implican el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral y establecer sanciones graves a los responsables de estos hechos.

Separación del Nivel Congresional.Para eliminar el arrastre entre los senadores y diputados, se ha propuesto separar el nivel congresional de manera que se tenga que votar especificamente por el senador y por el diputado de manera diferenciada.

Cuota Femenina. Está pendiente la revisión de la cuota de candidaturas femeninas a fin de garantizar la elección de más legisladoras, regidoras y sindicas.

Voto Electrónico. Con el propósito de eliminar el manejo de actas por delegados políticos y agilizar el proceso de votación y escrutinio, se ha estado debatiendo la conveniencia de introducir el sistema de voto electrónico con una tecnología similar a la que se usa en Brasil o Venezuela

Unificación de las Elecciones Presidenciales y Congresionales. Ante el propósito manifestado por diversos sectores en el sentido de reformar la Constitución de la República a fin de que todas las elecciones se realicen en un mismo año, es necesario definir las estrategias correspondientes, valorando lo que más convenga a la gobernabilidad y al equilibrio de poderes.

B. REFORMAS REGLAMENTARIAS Y OPERATIVAS

Existen una serie de propuestas de reformas electorales pendientes que pueden ser implementadas mediante un Reglamento o Resolución que la Junta Central Electoral adopte al respecto:

Lista Desbloqueada.Se ha planteado incluir el sistema de lista desbloqueada para elegir los regidores y regidoras, garantizando así un voto más personalizado y un compromiso más directo entre el elector y su representante.

Automatización del Registro Civil.Una de las tareas pendientes de la JCE es la automatización del registro civil con el propósito de mejorar sustancialmente los servicios que los ciudadanos requieren en cuanto a su estado civil y de manera implícita, mejorar también el padrón electoral.

Actualización del Padrón Electoral.Dando cabida a las sugerencias que ofreciera la compañía que auditó el padrón electoral, está pendiente la inclusión de las huellas dactilares y el control de la imagen en el padrón, lo cual eliminaría las posibilidades de que una persona tuviera dos cédulas y limitaría la falsificación del documento electoral.

Revisión del Escrutinio en las Juntas Electorales.Una de las conclusiones derivadas del recién finalizado proceso electoral, es que resulta necesario revisar el proceso de acopio de actas y escrutinio en las Juntas para garantizar que sea suficientemente ágil y que los delegados de los partidos no obstaculicen el mismo.

Carrera Administrativa Electoral. Se ha ponderado la necesidad de aplicar la ley de servicio civil y carrera administrativa en la Junta Central Electoral con el propósito de profesionalizar cada vez más el personal de los organismos, incorporando también a determinados funcionarios de las juntas electorales.

Código de Ética Electoral.Es necesario que se adopte de manera oficial el Código de Ética Electoral promovido por las organizaciones sociales en el proceso electoral recién terminado, como una forma de contribuir a mejorar la calidad de la actividad política nacional.

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO DE DEBATE DE LAS REFORMAS POLITICO- ELECTORALES

Encuentros regionales para la discusión del ante proyecto de ley  de las organizaciones políticas.

Realización de  4  encuentros regionales para la discusión del ante proyecto de ley de los partidos políticos, con el fin de que la ciudadanía participe activamente en  la comprensión de dicho ante proyecto de ley  y pueda opinar y dar sugerencias que puedan enriquecer y mejorar la propuesta. Estas recomendaciones se organizarán y se  elaborará un pliego de sugerencias para entregar a la JCE y/o Congreso nacional a fin de que sean consideradas en el momento del debate para su implementación como ley. Los lugares sede han sido: Santiago,  Valverde, Mao, San Juan de la Maguana y Distrito Nacional.

Seminarios  sobre la ley de participación social. Realización de dos seminarios con el fin de socializar el proyecto de ley general de participación sometido a la cámara de diputados por diversos sectores de la vida nacional y recoger sus observaciones, recomendaciones al tiempo de propiciar el cabildeo frente  a sus legisladores. Los lugares sedes de los encuentros son Región Este, en la Romana y en la provincia  Santo Domingo.  Estas acciones han sido  planificadas para  los representantes regionales,   entre los que consideramos a Miembros de Organizaciones; Autoridades Locales, Membresía de Participación Ciudadana

Paneles de jóvenes de partidos políticos y sociedad civil. Tres paneles han sido planificado por el programa liderazgo político, con el tema del ante proyecto de ley de partidos políticos, a fin de que los jóvenes  se incorporen al debate de este importante anteproyecto de ley y cuyas reflexiones sean parte del pliego de recomendaciones a presentar a las autoridades correspondientes.

Cursos locales sobre las reformas político-electorales pendientes. Se realizan 50 cursos con una diversidad de participantes, entre los se encuentran líderes  comunitarios, representantes de las ONGs locales, miembros de  organizaciones políticas y estudiantes universitarios. Estos cursos pueden ser de una sola reforma o del conjunto de reformas, dependiendo de lo que los beneficiarios aspiran conocer.

Paneles de discusión.  Realización de un panel sobre las circunscripciones electorales de Santiago:  Balance del 2002 y posibles soluciones para el 2006. Entendiendo que entre las 7  provincias que en las elecciones del 2002 fueron divididas con nuevas circunscripciones electorales, Santiago fue la que presentó  mayores dificultades,   era pertinente iniciar con tiempo el proceso de discusión. El resultado de esta acción será conocida por la JCE a fin de que considere las diversas propuestas planteadas.

Proceso de debate de las reformas electorales pendientes.

Esta  actividad ha sido planificada considerando tres acciones fundamentales:

Un taller de trabajo.  La realización de un taller de trabajo con expertos nacionales, analistas políticos,  Directivos de PC , representantes de partidos políticos y congresistas, a fin de analizar y debatir los temas de las reformas electorales pendientes. Alrededor de los diferentes temas que aborde la propuesta se organizarán los debates dentro de los Talleres. Estos talleres harán discusiones por grupo de cada tema presentado. Las conclusiones de los grupos serán sometidas al debate de la plenaria.

Un seminario Internacional.  Se realizará un  seminario internacional donde se presentarán experiencias exitosas  en otras naciones relacionadas con los tema de las reformas electorales que nos ocupan.

Un taller técnico. Se realizará un taller técnico para elaborar una una propuesta base que toque los diferentes aspectos pendientes de reforma, tanto de la Constitución de la República como de la Ley Electoral.

El próximo miércoles 8 de septiembre, a partir de las 9:00 am, en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata, Participación Ciudadana llevará a cabo un panel regional de discusión dirigido a jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, sobre el tema “Democracia Interna de los Partidos Políticos: propuestas de la juventud”.

Durante este espacio diversos jóvenes de partidos políticos presentarán sus opiniones sobre la democracia interna de sus agrupaciones políticas, así como algunas ideas y propuestas para fortalecer estos procesos.

En esta ocasión se contará con Demóstenes Martínez (PLD), quien es regidor en Santiago, Nelson Carela (PRD), Rafael Cruz (PRSC), quien funge como vice-presidente regional de la Juventud Reformista Social Cristiana y Rebeca Ureña (FNP).

Esta actividad forma parte de las acciones que desarrolla la institución desde el proyecto iniciado en el año 2001 denominado “Democratización del Liderazgo Político”, línea de trabajo que tiene como base la integración de la juventud en diferentes espacios de formación e intercambio de ideas con miembros de organizaciones sociales y partidarias.

El movimiento cívico Participación Ciudadana destacó que la nueva ley de primarias electorales tiene una serie de elementos que deben ser objeto de revisión, a fin de que la misma contribuya al fortalecimiento del sistema de partidos políticos del país.

Señala la organización de la sociedad civil que lo más legítimo y democrático es que sea la militancia de los partidos políticos la que decida con su voto universal y secreto quienes serán los candidatos y candidatas que les representarán en las elecciones nacionales y municipales. “Las elecciones primarias –indica la nota – evitan que las élites partidarias impongan sus candidatos a la mayoría del partido y permite un mayor desarrollo de la democracia interna en las organizaciones políticas”.

Participación Ciudadana, sin embargo, cuestiona que la ley conciba las elecciones primarias de manera “abierta”, es decir, que se permita que todo el que figure en el padrón electoral pueda participar en estos procesos partidarios. Señala que esto podría conllevar a  que los miembros de un partido se involucren en las elecciones de otro y además incrementaría de manera desproporcionada el costo de las precampañas electorales. “Desde el momento en que toda la población pueda votar en la selección de los candidatos de cada partido, los precandidatos tratarán de conquistar la simpatía del mayor número de ciudadanos lo cual va a obligarles a realizar mayores inversiones económicas que las que tendrían que hacer si el proceso se realizara internamente.

En cuanto a la organización de las primarias, Participación Ciudadana plantea que es necesario que la Junta Central Electoral juegue un efectivo rol regulador y contencioso, pero entiende que el organismo electoral no tiene la estructura necesaria para organizar estos procesos y que deben ser los propios partidos políticos los encargados del montaje y desarrollo de sus primarias. “El papel de la Junta Central Electoral – apunta PC – debería limitarse a comprobar que las elecciones primarias son organizadas por los partidos dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, así como garantizando los derechos de su membresía”.  Asimismo, la organización de la sociedad civil sostiene que son las convenciones internas de los partidos políticos las que deben proceder a validar los resultados de las elecciones primarias y a proclamar los candidatos y candidatas electos y no la Junta Central Electoral.

Otros elementos que conforme el criterio de Participación Ciudadana deberían estar incorporados en la nueva ley de primarias electorales son los siguientes:

§         Regular que el padrón electoral de cada partido político, sea entregado oportunamente a los diferentes aspirantes y tendencias internas, a fin de que puedan revisarlo y depurarlo de manera adecuada.

§         Prohibir que una persona pueda estar inscrita como afiliado en más de un partido político.

§         zermitir que las organizaciones de la sociedad civil observen el proceso de organización y desarrollo de las elecciones primarias.

§         Regular la cuota de candidaturas que puedan ser designadas o atribuidas por los organismos de dirección de los partidos políticos a los fines de articular alianzas o coaliciones.

Finalmente, Participación Ciudadana plantea la necesidad de que la nueva Ley de Elecciones Primarias sea ponderada junto con el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas  que actualmente conoce la Cámara de Diputados de la República Dominicana, con el propósito de garantizar su compatibilidad y armonía como instrumentos que pueden servir al fortalecimiento del sistema de partidos y la democracia dominicanas.

Este informe fue presentado por la Comisión de la Sociedad Civil de Seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción,  integrada por  cincuenta y un (51) organizaciones sociales de diversa índole. Dicha comisión surge en el marco del Primer Seminario Internacional de Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrado del 27 al 29 de noviembre de 2002 en el Distrito Nacional de la República Dominicana, y es ratificada en el Seminario Taller de Capacitación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, convocado por Participación Ciudadana los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003.

Para la elaboración del presente informe se crearon dos sub comisiones de trabajos, las cuales se ocuparon de manera independiente en el proceso de recolección de información, y de manera conjunta, en el proceso de socialización, verificación y validación.

La primera parte del documento da respuesta al Artículo III, numeral 4 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sobre el Sistema de Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas: “Sistema para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando correspondan”.

Las respuestas fueron elaboradas por la sub comisión compuesta por seis (6) organizaciones de la sociedad civil: la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), la Fundación Federalista, Inc, La Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología Inc, (FEVHE), el Bloque de Organizaciones no Gubernamentales (BONGS), la Fundación Opción Comunitaria y Juvenil (FUNOCOJ) y  la Fundación por la Educación y Recuperación de la Adicción Inc, (FERA). Las citadas organizaciones son entidades no gubernamentales, dicha sub comisión fue coordinada por la FINJUS.

La segunda parte presenta los resultados de la sub comisión que trabajó el tema de los Mecanismos para Estimular la Participación de la Sociedad Civil y Organismos no Gubernamentales en los Esfuerzos Destinados a Prevenir la Corrupción,Artículo III, numeral 11, y está integrada por ocho (8) organizaciones. A saber, Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, Bloque de Organizaciones No gubernamentales, Consejo de Juventud de la República Dominicana, Consejo Municipal del Desarrollo del Hábitat, Fundación Dominicana de Ayuda al Anciano, Fundación Universidad Popular, Fundación para la Reforma y Participación Ciudadana. Esta última entidad recibió el mandato de las organizaciones miembros de la Comisión de Seguimiento para coordinar los trabajos para tales fines.

Ver Informe Alternativo CICC- Primera Ronda (PDF)…

El viernes 20 de agosto concluyó el segundo modulo sobre “Democracia y Reformas Políticas”, del II Curso de Formación Socio-Política que organiza Participación Ciudadana en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC.  El módulo contó con 27 participantes y 2 oyentes.

Esta segunda sesión del módulo II contó con la participación de Francisco Álvarez Valdez y Domingo Matías, quienes abordaron el tema “Justicia y Estado de Derecho”, y compartieron con los asistentes los avances logrados en términos de las reformas en el sistema judicial dominicano, las principales debilidades del sistema y los retos a enfrentar para el futuro.

Ambos expositores trabajaron los temas con los participantes de forma interactiva.  Además, hubo una sesión de trabajo y un ejercicio grupal, mediante el cual los participantes presentaron sus opiniones respecto a si las reformas judiciales han sido positivas o negativas, y sobre el nivel en que se encuentra la descentralización en nuestro país.

El modulo III, que versará sobre el tema “Partidos Políticos y Sistemas Electorales”, se realizará el viernes 3 de septiembre y contará con las ponencias de José Angel Aquino y Vianela Díaz.

La actual crisis económica y el creciente deterioro de las condiciones de vida del Pueblo Dominicano son de tal magnitud que exigen un compromiso de todos. Es por ello que el movimiento cívico Participación Ciudadana desea manifestarle nuestra plena disposición a apoyar todas aquellas acciones y decisiones de su Gobierno orientadas al fortalecimiento institucional del país y a superar la actual situación.

Corresponde al Gobierno dar las primeras señales de que sus directrices serán firmes en esa dirección. Entendemos que la sociedad espera una gestión estatal caracterizada por la transparencia y, particularmente, la no impunidad. Es por ello que proponemos un compromiso ético para el ejercicio del poder, dirigido a fomentar una gestión pública  moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos a la ciudadanía, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno fundado en la eficiencia y la austeridad.

Estamos convencidos de que si su gobierno empieza dando señales claras de pulcritud y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos, recibirá todo el apoyo que necesita de la ciudadanía.

En este sentido consideramos que el compromiso ético debe estar fundamentado en los siguientes aspectos:

1.Aplicar una política racional en el gasto público,que abarque desde la depuración de la nómina hasta el control estricto de los gastos en materiales y servicios tales como combustibles, viáticos, telecomunicación inalámbrica y de larga distancia, publicidad, viajes y otros de similar naturaleza.

2.Instruir administrativamente a todos sus Secretarios de Estado, Directores y Administradores Generales y a cualquier funcionario que tenga la responsabilidad de manejar fondos públicos, para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan estrictamente con mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, como única manera de eliminar la corrupción inherente al otorgamiento de contratos grado a grado.

3.Suprimir la práctica clientelista de realizar nombramientos en determinados consulados para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios que deberían ser depositados en la Tesorería Nacional. Entendemos que lo correcto es remunerar a esos servidores públicos con un sueldo o salario en función del costo de la vida de la ciudad o país donde le corresponda ejercer sus funciones.

4.Seleccionar un Ministerio Público comprometido con la lucha contra la corrupciónpública o privada, dotado de la suficiente independencia y probidad para no amedrentarse ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados.

5.Dar cumplimiento estricto a la Ley 82 que obliga a los funcionarios públicos a hacer una Declaración Jurada de Bienes ante un Notario Público, tanto al inicio como al final de su gestión, disponiendo además que estas declaraciones de bienes sean auditadas por la Contraloría General de la República y publicadas en una página de internet.

6.Cesar la práctica de otorgar exenciones y “facilidades” arancelarias,que no estén amparadas por la ley.

7.Velar de manera especial por un eficaz funcionamiento de los mecanismos estatales de control y supervisión en toda la administración pública y muy particularmente en los sectores financiero y eléctrico, así como garantizar la preservación de la propiedad pública.

8.Procurar que los programas sociales lleguen a los sectores más pobres sin distinción en función de preferencias políticas y adoptando los controles necesarios para evitar que se constituyan en fuentes de corrupción.

9.Disponer, una vez depurada la nómina gubernamental, un ajuste general de salarios, en dos etapas,que permita a los servidores públicos y trabajadores en general recuperar parte del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la devaluación y la inflación padecida por el país tanto en el presente como en el pasado año.

10.Impulsar y velar por el estricto cumplimiento de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, incluyendo su Código de Ética del Funcionario Público

Como podrá observar, Sr. Presidente, las líneas de acción de este compromiso ético no requieren la intervención de ningún otro poder del Estado para su ejecución. Dependen sólo de su propia voluntad política.

Por eso, esperamos que estas, así como cualesquiera otras medidas imbuidas del mismo espíritu, serán ejecutadas y mantenidas durante todo el periodo de su mandato constitucional.

Participación Ciudadana, en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC continúan con la realización del II Curso de Formación Socio-Política iniciado el pasado mes de julio.

El pasado viernes 6 de agosto, se dio inicio al segundo modulo del curso titulado “Democracia y Reformas Políticas”, y en dicha sesión participaron 32 participantes y 4 oyentes.

En esta primera sesión del módulo II se contó con la participación de Ramón Tejada Holguín, quien abordó el tema “Democracia y Gobernabilidad” y Javier Cabreja,  quien expuso sobre la importancia de las reformas políticas para el sistema democrático y las principales reformas ocurridas en República Dominicana durante la última década, enfoques del tema “Reformas Políticas y Consolidación Democrática”.

Ambos expositores trabajaron los temas con los participantes de forma interactiva.  Asimismo, durante esta segunda sesión de trabajo se realizó un ejercicio grupal donde los participantes presentaron sus opiniones respecto a los principales desafíos de la gobernabilidad en la República Dominicana y los principales actores y escenarios involucrados en las reformas políticas de los últimos años.

La segunda sesión del modulo II se realizará el viernes 20 de agosto y se abordarán los temas “Justicia y Estado de Derecho” a cargo del Sr. Francisco Alvarez Valdez y “Descentralización en la República Dominicana” a cargo del Sr. Domingo Matías

Del 29 de Julio al 2 de Agosto, Participación Ciudadana estuvo trabajando con el Instituto Nacional Demócrata (NDI) en el desarrollo de la segunda visita de seguimiento a los becarios dominicanos del Programa de Liderazgo (Promoción 2004), acción que forma parte de la coordinación entre ambas instituciones para la implementación en el país de este programa regional.

Para esta visita, contamos con Erica Breth, Responsable del Programa para la Renovación Partidaria del NDI y con Guillermo Yanco, abogado y periodista argentino responsable de relaciones internacionales de la agrupación política Unión por Todos.

La Sra. Breth compartió con los diferentes grupos sobre el tema “Técnicas para Capacitar a Adultos” y presentó una herramienta para el análisis interno de las agrupaciones políticas.  Por su lado, el Sr. Yanco abordó los temas “Negociación y Resolución de Conflictos” y “Herramientas de Negociación para Mujeres”, a la vez que compartió sobre su experiencia en su partido político para la conformación y fortalecimiento de un espacio de capacitación para miembros.

Un total tres talleres se realizaron, los cuales fueron impartidos a miembros del PRD y PLD, en el Distrito Nacional y en Santiago, y en los que participaron 97 personas.   De igual forma durante la visita se realizaron diversas reuniones con dirigentes de estos partidos políticos.

El viernes 23 de julio, con la presencia de 33 participantes y 5 oyentes, Participación Ciudadana  y el Centro de Gobernabilidad Democrática de INTEC dieron inicio al II Curso de Formación Socio-Política para jóvenes de diversas organizaciones políticas y sociales.

El primer módulo abordó el tema “Pensamiento Político” y contó con la participación de José Oviedo, quien presentó las principales líneas del pensamiento político y David Álvarez,  quien analizó el pensamiento político dominicano del siglo XX y sus principales características.  Ambas intervenciones fueron enriquecidas con un espacio de intercambio entre los participantes del curso y los expositores.

La primera sesión del modulo II titulado “Democracia y Reformas Políticas” se realizará el viernes 6 de agosto y se abordarán los temas “Democracia y Gobernabilidad” y “Reformas Políticas y Consolidación Democrática”.  Para esta sesión de trabajo contaremos con los señores Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja.

El pasado jueves 22 de julio, Participación Ciudadana, a través de su proyecto Democratización del Liderazgo Político y el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social de INTEC inauguraron el II Curso de Formación Socio-Política, espacio dirigido a jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.

Durante el acto hablaron Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Altagracia López, Rectora de INTEC, Rafael Toribio, Director del Centro de Gobernabilidad Democrática, y Keila González, Encargada del Programa Democratización del Liderazgo Político de Participación Ciudadana.

En su intervención, Javier Cabreja resaltó la importancia de este tipo de espacio y reseñó el trabajo que ha venido realizando Participación Ciudadana con los jóvenes de partidos políticos y sociedad civil.  Asimismo, reconoció el avance logrado al realizar esta segunda experiencia en coordinación con la Universidad INTEC.

Por su parte, Altagracia López, Rectora de Intec saludó el interés de los jóvenes participantes en formarse políticamente en base a valores democráticos y reconoció la importancia de que instituciones como PC y la Universidad INTEC unan esfuerzos para contribuir con los procesos educativos nacionales.

El señor Rafael Toribio, director del Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social de INTEC presentó algunos comentarios sobre el Informe de la Democracia en América Latina publicado recientemente por el PNUD.

Finalmente, Keila González presentó una descripción general del curso, resaltando los temas que serían abordados, la metodología a utilizar y las expectativas para con los participantes de este espacio