Al evaluar el año 2004 que finaliza, llegamos a la conclusión de que en ese periodo de doce meses, nuestro país logró, aunque de manera lenta, empezar a recuperarse de la profunda crisis en que fue sumergido con la quiebra fraudulenta de tres instituciones bancarias durante el año anterior; al mismo tiempo que se registraron limitados avances en lo político y lo institucional, como veremos a continuación.

1.- La marcha de la economía

El año 2004 siguió caracterizado por el impacto de la crisis bancaria que provocó un fuerte retroceso del crecimiento económico, alto nivel de inflación, agudización del desempleo, caída del salario real, menor provisión de servicios públicos y redistribución negativa del ingreso. Afortunadamente, el ambiente económico que se respira en los días finales del año es muy diferente al de sus inicios; mientras en los primeros meses la crisis macroeconómica se encontraba  en su apogeo, al finalizar el año la moneda se ha apreciado considerablemente, la inflación está bajo control y hay expectativas de que la crisis será superada gradualmente.

A la apreciación del peso dominicano ha contribuido la aplicación de una política de restricción monetaria y fiscal. La emisión monetaria ha bajado considerablemente, fruto de la colocación de grandes montos de certificados del Banco Central, lo cual ha traído como consecuencia un incremento de la deuda cuasifiscal en más de RD$50,000 millones, al pasar de RD$60,000 millones en el 2003 a RD$112,769 millones en noviembre del 2004. Esta nueva deuda que ha asumido el Estado, ha sido otro de los  efectos adversos derivados de la necesidad de recoger el valor total de los pesos que han sido emitidos para pagar el fraude bancario.

Basta señalar que solamente por las pérdidas que ocasiona la nueva deuda cuasifiscal, el Banco Central se descapitaliza cada día más. A noviembre su capital fue negativo en cerca de RD$90,000 millones y cada mes pierde alrededor de RD$3,000 millones más.

Por otro lado, la infraestructura del país se deteriora, los servicios públicos empeoran, incluyendo los hospitales, las escuelas, la seguridad pública y la justicia. Asimismo el nuevo sistema de seguridad social ha tenido que ser pospuesto en  varias oportunidades.

Dado los requerimientos del ajuste, el gobierno se ve muy limitado en su capacidad para hacerle frente a las expectativas ciudadanas. El balance es, persistencia de la pobreza en la mitad de la población dominicana.

De todas formas, el ambiente de crisis y el pesimismo de principios de año se ha ido diluyendo gradualmente. Según los datos del Banco Central, la economía ha venido mejorando en términos de actividades productivas, y el promedio de crecimiento hasta septiembre fue de 1.4%, con desempeño ligeramente positivo de la agricultura, las zonas francas, el turismo y las telecomunicaciones. En el último trimestre del año se estima un crecimiento de 2.8%, para terminar el año completo en un promedio de 1.8%.

Debemos señalar que la política fiscal ha ayudado a estabilizar la economía. Esto así, porque mientras el segundo acuerdo, firmado en febrero con el FMI, fue violado sistemáticamente por el anterior gobierno, al  incrementar el gasto publico en  el periodo previo al certamen electoral de mayo, en los meses recientes se ha aplicado una política fiscal  restrictiva, caracterizada por un aumento en los impuestos y una    disminución tanto de la inversión pública como de algunos subsidios generalizados. De igual modo se ha recurrido a recortes en la calidad y cobertura de servicios como la energía eléctrica y la salud.

El lado positivo de las políticas fiscal y monetaria adoptadas, es que han contribuido a frenar significativamente la inflación que, anualizada, se redujo a 35% en noviembre, tras haber superado el 65% en el mes de mayo pasado, estimándose que terminará el año entre un 30 y un 32%. Mientras las tasas de interés de los certificados emitidos por el Banco Central cayeron de un 60% al 30%. Aunque, debe decirse, que el creciente endeudamiento de esta institución puede convertirse en una fuente de inestabilidad en el futuro.

2.- En lo político e institucional

Gracias al progresivo mejoramiento del sistema electoral y a un gran esfuerzo participativo de la sociedad civil dominicana, así como al  apoyo de varios organismos internacionales y representantes diplomáticos acreditados en el país, las elecciones presidenciales de mayo concluyeron sin alteraciones ni impugnaciones, evidenciando un apreciable grado de madurez democrática, más significativo por la desconfianza que predominó frente a una Junta Central Electoral elegida originalmente sin el consenso de los actores políticos.

El avance de la institucionalidad democrática quedó plasmado en el hecho de que, por primera vez en la historia dominicana, un presidente que intenta la reelección se ve precisado a reconocer su derrota apenas 5 horas después de cerradas las urnas y sin que se realizara una sola impugnación a los resultados.

Aunque hubo abusos de poder y utilización de los recursos públicos en la campaña electoral, eso no fue suficiente para torcer la voluntad de una ciudadanía que ha aprendido a valorar el poder de su voto, lo cual estamos seguros contribuirá a una mayor limpieza en los procesos electorales futuros.

El deterioro de la imagen y la credibilidad de los partidos políticos que persistió este año es otro de los elementos preocupantes, en tanto esas entidades constituyen  el sustento fundamental de la democracia. Las expresiones más concretas fueron los fraccionamientos surgidos en dos de los tres partidos mayores y en algunos de los minoritarios, como consecuencia de la falta de democracia interna, de la cultura de la imposición y la incapacidad de concertación incluso dentro de las propias agrupaciones políticas.

En el ámbito legislativo resultó positiva la aprobación y promulgación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública así como la sanción en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley para la Regularización y el Fomento de las Asociaciones sin Fines de lucro, fruto de un largo proceso de concertación  entre varios centenares de instituciones públicas y privadas.

Como nota negativa, debe señalarse, que esa misma Cámara de Diputados mantuvo congelada la ejecución de la Ley 19-01, que instituye el Defensor del Pueblo, legislación que al  comienzo del próximo año cumplirá  cuatro (4) años de promulgada.

Otros proyectos, como el de ley de Participación Social y el de Partidos Políticos siguen pendientes en las cámaras legislativas, mientras se aprobó sin suficiente ponderación ni consenso una Ley de Elecciones Primarias virtualmente inaplicable.

Afortunadamente, y gracias a un rechazo generalizado, el Congreso no aprobó el proyecto de Ley de Lemas que generó incertidumbres a comienzos del año, ya que  implicaría la posibilidad de postular múltiples candidatos presidenciales por cada partido político.

Importa señalar  que lograron superarse las tensiones surgidas en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, al quedar sin efecto algunas medidas que tendían a lesionar  la autonomía municipal.

3.- Justicia y Seguridad Ciudadana

A lo largo del año se acentuó la percepción negativa en torno al sistema judicial. La ciudadanía luce cada vez mas decepcionada sobre los resultados de las reformas judiciales de los últimos años, y en el 2004  creció la convicción de que la justicia sigue siendo lenta y clasista, alentando una impunidad que es, a su vez, caldo de cultivo para el desorden social, la delincuencia y el abuso en todas sus expresiones.

Un año más y la justicia dominicana siguió dejando pendiente numerosos expedientes de corrupción pública, sin que tampoco se diera un sólo paso de avance en dirección a sancionar la corrupción privada que hizo explosión en el fraude bancario  del año 2003, con un altísimo costo económico, social y moral para la sociedad dominicana.

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal es una promesa de mayor observación de los derechos individuales consagrados en la Constitución de la República y en numerosos tratados de los que la nación es suscriptora, así como de una justicia más expedita. Pero persisten temores de que no hayamos previsto todos los mecanismos auxiliares de la investigación judicial, lo que podría dificultar la    funcionalidad del nuevo sistema.

De todas maneras, el nuevo código se inscribe en la dirección correcta de garantizar la seguridad jurídica de la nación. Pero para ello es urgente una depuración, reorientación y modernización de la Policía Nacional, que ponga esa institución en capacidad de enfrentar la creciente delincuencia que afecta al país. Ha sido evidente que la promulgación de una nueva ley orgánica de la PN no ha sido suficiente para superar las rémoras que afectan a ese cuerpo del orden, y ha faltado la voluntad política para invertir los recursos financieros, tecnológicos y humanos imprescindibles para su transformación.

Como resultado de una Policía sin mecanismos suficientes de prevención de la delincuencia, de una parálisis judicial que promueve la impunidad, y de la persistencia de mecanismos de aniquilación de los delincuentes comunes por la vía rápida, este año las muertes de supuestos y reales delincuentes a manos de agentes del orden público alcanzaron cifras sin precedentes.

4.- Expectativas para el 2005

Las expectativas para el 2005 sugieren una economía que seguirá mejorando, aunque  muy lentamente. No se pueden esperar resultados espectaculares, sobre todo por el gran problema que significa la deuda del Banco Central, la cual obligará al gobierno a mantener una política fiscal y monetaria restrictiva, para evitar que resurjan presiones desestabilizadoras. Las proyecciones oficiales son de que el PBI crecerá un 2.5% y que la inflación se reducirá a un 13.5%. Pero para lograr esas metas necesitará del concurso de la comunidad internacional; por lo cual será imprescindible arribar al acuerdo con el FMI, cuya  formalización esta prevista para los primeros meses del 2005.

El próximo año deberá marcar un resurgimiento de las energías nacionales para reiniciar las reformas institucionales y sociales llamadas a fortalecer el proceso democrático. De tal manera que, junto con la recuperación económica, se logre reorientar la acción del Estado hacia un combate más efectivo de la inequidad y de la pobreza que abate a la mitad de la población.

El  movimiento cívico Participación Ciudadana expresa su firme apoyo a la aprobación de una legislación que consagre la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en la gestión pública, como una forma de profundizar el sistema democrático y de mejorar el desempeño del Estado en sus diferentes esferas.

1.      De manera particular, PC está de acuerdo con el establecimiento de las instancias de participación territorial denominadas consejos económicos y sociales, en las cuales las autoridades de los diferentes niveles consulten a la sociedad civil para el diseño e implementación de políticas públicas y planes de trabajo, identificando las necesidades y prioridades de las comunidades e incorporándolas a ellas a la realización y conservación de las obras y proyectos realizados con fondos del erario.

2.      Igualmente importante es la participación directa de la ciudadanía mediante mecanismos como el plebiscito local, los cabildos abiertos, las vistas públicas o la iniciativa local;  ya que estos procedimientos tienden a fortalecer la integración de la gente con sus autoridades más cercanas en el municipio, incidiendo de manera positiva en la gestión local.

La participación en instancias sectoriales como las Juntas o Consejos Directivos; y en otros poderes públicos como el Judicial, el Legislativo o el Electoral; no hacen sino reconocer y fortalecer la vocación expresada por la ciudadanía y sus organizaciones que en diferentes momentos han participado en estos órganos de poder y manifiestan actualmente la necesidad de incrementar este involucramiento con el propósito de mejorar el desempeño de la Justicia, el Congreso Nacional, la Junta Central Electoral y las instituciones descentralizadas del Estado.

3.      Para mejorar el contenido normativo de la propuesta, Participación Ciudadana hace las siguientes recomendaciones:

§         Ampliar la normativa para la contratación de organizaciones sociales como prestadoras de servicios, incluyendo requisitos mínimos y sistema de licitación.

§         Establecer los procedimientos a través de los cuales funcionarán las veedurías ciudadanas.

§         Flexibilizar el sistema de representación de las organizaciones de la sociedad civil en las instancias territoriales, de manera que aunque se tienda a mantener un 75% de organizaciones sociales, su composición pueda variar dependiendo de las condiciones particulares de cada región, provincia o municipio el país.

§         Incluir las disposiciones relativas a la auditoría social y que ya están reguladas mediante decreto para garantizar la fiscalización de la comunidad a la construcción de obras públicas.

§         Establecer el Plebiscito Nacional como un mecanismo de consulta a la ciudadanía en relación con temas de interés general cuya decisión este pendiente por algún poder público.

Finalmente, Participación Ciudadana exhorta a los legisladores a ponderar positivamente este proyecto de Ley General de Participación, teniendo la seguridad de que la conversión en ley del mismo constituirá un paso de avance para la democracia dominicana.

Nota: Este documento fue leído hoy, por el Director Ejecutivo, Javier Cabreja, durante la vista pública celebrada en el Congreso Nacional con el tema anteproyecto de ley de  Participación Social.

Apoyamos la modernización del registro del estado civil

·         El voto electrónico puede esperar. Analicemos la conveniencia de un plan piloto para elecciones 2006.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, hace de público conocimiento su posición respecto al proyecto de Automatización del Registro del Estado Civil, Registro Electoral y del Proceso Electoral, que auspicia la Junta Central Electoral.

1.      El Registro del Estado Civil en la República Dominicana, que incluye información pertinente sobre la identidad, nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio de todas las personas y que es la base sobre la cual se hace el padrón electoral y la cédula de identidad y electoral, requiere desde hace muchos años de un proceso de modernización que permita eliminar las omisiones y dificultades que lo afectan, creando un registro ciudadano mucho más confiable y accesible.  Este proceso reviste una importancia particular en nuestro país, no solamente por la necesidad natural de garantizar la seguridad en cuanto a la identidad y status de las personas, sino también por el continuo requerimiento que de estos documentos realizan los países a los cuales emigra una parte significativa de la población dominicana.

2.      En este sentido, la automatización del Registro Civil es un paso importante, en la medida en que permite organizar la información ya existente creando una base de datos única de cada persona, la cual sería actualizada de manera permanente con los cambios que se operen en su vida civil, permitiendo realizar las comparaciones y cotejos correspondientes. Apoyamos la modernización del Registro Civil, que no debe limitarse a la automatización de la información, sino que también debe tocar otros aspectos, como la creación de ágiles sistemas de información entre los Ayuntamientos y las Oficialías del Estado Civil, la adopción de medidas permanentes que tiendan a disminuir el número de personas sin declaración de nacimiento y la propia reestructuración de las Oficialías, regulando estrictamente la contratación, competencia y remuneración de su personal.

3.      Participación Ciudadana entiende que cualquier modernización del Registro Electoral debe realizarse sobre la base de un nuevo registro civil. Aunque la seguridad de nuestro padrón electoral fotográfico podría ser reforzada mediante la inclusión de la huella dactilar, los recientes procesos electorales y la propia auditoría del padrón que realizara la compañía Identix por mandato de la Junta Central Electoral, en el mes de marzo del año 2004, demuestran que las deficiencias que actualmente tiene este padrón no han provocado entorpecimiento alguno en los últimos  procesos electorales realizados.

4.      En consecuencia, entendemos que tiene que ser objeto de una mayor ponderación la instalación del sistema deVoto Electrónico, que contempla el proyecto de modernización promovido por la Junta Central Electoral. Esto así, porque la experiencia internacional demuestra que los países que han adoptado este sistema, incluyendo Brasil, han durado más de diez (10) años para aplicarlo en todos los niveles de elección y luego de haber concluido precisamente con la actualización y modernización de su registro civil. Además, no es apropiado que en la situación económica crítica por la que atraviesa la República Dominicana, se invierta una cuantiosa suma de dinero en la automatización de un proceso electoral que no ha reportado fallas graves en los últimos años. A lo sumo, podría analizarse la conveniencia de realizar una prueba piloto del sistema, en las elecciones del año 2006, que no abarque más de medio del uno por ciento (0.5%) de los colegios electorales, repartidos aleatoriamente entre un sector urbano de clase alta y media alta, un barrio urbano pobre y un área rural.

En el marco de las actividades regionales que impulsa la Red Interamericana para la Democracia (RID), y algunas de sus organizaciones asociadas, Participación Ciudadana junto a varias organizaciones que integran este Red en la República Dominicana presentó hoy el Índice de Participación Ciudadana (IPC- 2004), durante una conferencia de prensa en la que asistieron masivamente los medios de comunicación.

La presentación la hizo Miriam Díaz Santana, coordinadora de la Comisión de Transparencia de la Gestión Pública, Javier Cabreja Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, respectivamente y Rafael Acevedo, Presidente de Gullup Dominicana S.A., compañía que realizó el estudio en el país.

Asimismo estuvieron presentes durante la presentación las organizaciones que forman parte de la RID, ACOPRO  y  Fundación Para la Reforma.

Este Índice de Participación Ciudadana fue presentado de manera simultáneas en siete países de América: Argentina,  Perú, México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Chile.

El Índice de Participación Ciudadana es un instrumento para evaluar el estado actual de la participación ciudadana en un país determinado y constituirse en una herramienta que permita comparar su evolución año a año. Luego de una exitosa aplicación piloto en Chile durante 2003, la RID replicó la herramienta en los siete países de la región mencionados.

En República Dominicana el estudio fue realizado por la empresa encuestadora Gullup Dominicana S.A., quien adaptó la encuesta original a las características locales de cada país.

A continuación la presentación del Índice de Participación Ciudadana presentado en al República Dominicana.

A fin de propiciar un espacio de intercambio entre los diferentes sectores políticas, sociales en torno a ley de partidos y agrupaciones políticas de manera concertada, Participación Ciudadana (PC), el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), el Centro para la Gobernabilidad Democrática del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  realizarán el seminario “Propuestas de la Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones”, este miércoles 8 de diciembre de este año, en el hotel V Centenario, a las 9:00 de la mañana.

Con este seminario los organizadores aportarán propuestas y recomendaciones en torno al proyecto de ley de forma concertada, para contribuir con la institucionalidad  democrática del sistema político del país.

El seminario tendrá como oradores centrales a la dirigente reformista Licellot Marte de Barrios y al experto chileno Carlos Eduardo Mena Keymer, experto en asuntos de reformas políticas, quienes hablarán acerca del anteproyecto de  ley de partidos y agrupaciones políticas y propuestas de modificación a la pieza legislativa.

Asimismo,  tendremos la participación del Coordinador General del movimiento cívico, Alfonso Abreu Collado; el representante en el país del PNUD, Niky  Fabiancic y el Dr.  Marcos Villamán, director ejecutivo del CONARE

El seminario busca además, propiciar un espacio de reflexión entre las diversas instituciones  políticas y sociales de la República Dominicana interesadas en lograr una propuesta de ley de partidos y agrupaciones políticas concertada y que satisfagan las expectativas sobre el tema, así como contribuir con la conformación de espacios de diálogo  y consenso entre los sectores involucrados en los procesos de reformas políticas, de manera que se de seguimiento a la elaboración de un anteproyecto de Ley de partidos y agrupaciones políticas mediante un proceso democrático y participativo.

Los organizadores de este seminario, entienden que la propuesta de ley de partidos y agrupaciones políticas constituye un tema de gran importancia; sobre todo, a partir del año 1997 cuando se aprobó la ley 275-97 que sustituyó la antigua ley electoral 5884 y que incluyó entre otros aspectos el financiamiento público de los partidos políticos.

Una de las razones del seminario consiste, de acuerdo con los organizadores, en que el estatuto jurídico partidario debe promover la posibilidad para que en el interior de  las organizaciones partidarias se  fomente la cultura democrática.

En este sentido, “una ley de partidos y agrupaciones políticas debe contemplar y regular lo que  son las primarias de los partidos, no debiendo esta permanecer aislada del propio instrumento legal que regula de manera principal a los partidos”, explican.

Durante su intervención , el experto internacional Mena Keymer hará un balance del trabajo realizado para rediseñar el anteproyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas y expondrá sus conclusiones sobre experiencias adquiridas durante el tiempo que tiene estudiando el tema.

Mena Keymer esconsultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el área de Gobernabilidad Democrática. Vicepresidente del Directorio del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH). Consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) ad honorem. Fue Embajador de Chile ante la República Federativa de Brasil, Secretario Técnico de la Red de Cooperación de los Ministros de las Presidencias Iberoamericanas, Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Es un ex  subsecretario de Marina.  Ministerio de Defensa Nacional de Chile y ex director de Proyecto Regional del  PNUD Apoyo a los Servicios Exteriores de América Latina.

A esta actividad fueron invitados los dirigentes de los diferentes partidos políticos, el presidente y jueces de JCE, Congresistas, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y entre otros sectores.

Al final del evento se abrirá  una sesión de aclaraciones y se realizará una presentación de los resultados de los trabajos realizados en grupo.

Palabras del Coordinador General, Alfonso Abreu Collado

El movimiento Cívico Participación Ciudadana realizará  este primero de diciembre, un operativo a nivel nacional  de promoción de placas con el slogan “No a la Corrupción”, uno de los elementos de la campaña por una Gestión Pública Transparente  que desarrolla la institución desde el pasado 30 de septiembre, dirigida a los nuevos funcionarios.

La promoción será presentada en forma simultánea este primero de diciembre a partir de las 3:00 de la tarde en las principales calles y esquinas de la capital y el interior del país, por voluntarios/as de Participación Ciudadana.

Entre esas vías estarán las avenidas Charles de Gaulle y San Vicente de Paul con Carretera Mella, Sabana Larga, Venezuela con Las Américas y la 27 de Febrero con las intersecciones Máximo Gómez, Abraham Lincoln y Winston Churchill y la calle doctor Delgado con avenida México.

En todas esas vías, voluntarios/as del movimiento cívico estarán distribuyendo las placas al público por una contribución de RD$ 50.00 pesos.

En el interior el operativo se realizará en las comunidades de Santiago, Navarrete, Villa González, La Vega, Moca, Altamira, Cotuí, San Francisco, San Pedro de Macorís, LaS Guáranas, Salcedo y Barahona. Además, en Azua, Baní, San José de Ocoa, San Cristóbal, Haina, Villa Altagracia y La Romana.

Las placas estarán también, a disposición de las personas que deseen adquirirlas en la sede de la institución, ubicada en la calle Wenceslao Alvarez número ocho, zona Universitaria.

El operativo que forma parte de la campaña se inscribe, dentro de lo que es la prioridad fundamental de Participación Ciudadana que es la lucha por la transparencia y contra la corrupción tanto pública como privada. Honradez, honestidad, respecto, institucionalidad y justicia, es lo que nos gustaría que digan de tí.

Participación Ciudadana firmó un convenio de cooperación con los síndicos de las comunidades de Sabana Grande de Boyá, Pimentel, Navarrete y San Pedro de Macorís, con el propósito de fortalecer la capacidad de transparencia  de los gobiernos locales, mediante la auditoria social de las obras públicas.

El acuerdo fue suscrito por el Director Ejecutivo, Javier Cabreja, y  por los síndicos Sergia Santiago, María Cándida Sánchez, Amantina Gómez y Antonio Echavarría, respectivamente.

El convenio compromete a las instituciones a desarrollar  trabajos para promover la descentralización mediante la mejora de la capacidad  de gestión de las entidades  descentralizadas  que conduzcan a crear la confianza  necesaria para producir un cambio que traslade a los ayuntamientos mayores recursos y competencia.

El acuerdo establece también, la realización de actividades conjuntas  contenidas en el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Transparencia  de los gobiernos locales  como son auditoria social de obras públicas, resolución de la sala capitular asumiendo el decreto 39-03, apoyo al trabajo de sistematización y otras.

Para lograr estos objetivos, los firmantes convinieron designar un equipo técnico responsable  de operativizar dichas actividades, cuyos costos será asumido por Participación Ciudadana  a través del financiamiento  recibido desde ONFED vía el PARME.

La firma del convenio se realizó en el salón de reuniones de PC y el cual entrará en vigencia de inmediato con una duración de ocho meses, pudiendo ser renovado a partir del interés de ambas partes.