El Movimiento Cívico está a la espera que la JCE acredite sus observadores
Participación Ciudadana presentó su Tercer Informe de Observación Electoral en el que denunció que en el actual proceso electoral se está registrando mucho transfuguismo, poco debate programático y una persistente debilidad institucional de los Partidos.
El Informe fue presentado por Samir Chami Isa, coordinador general; Javier Carbreja, director ejecutivo; Fatima Lorenzo y Candido Mercedes, como miembro del Consejo.
Tercer Informe de Observación Electoral.
1.- Mucho transfuguismo y poco debate programático
Aunque será el 15 de febrero cuando la Junta Central Electoral publicará la convocatoria a las elecciones presidenciales y de siete diputados en representación de los residentes en el exterior, con lo que se proclamará el inicio de la campaña electoral, el activismo partidista está llegando al clímax. Tras la pausa impuesta por el período navideño, la generalidad de los partidos ha incrementado sus actividades proselitista.
De mantener su actual curso, esta campaña electoral será una repetición de las anteriores en cuanto a exceso de caravanas y bandereos y poco énfasis en las propuestas y debates programáticos fundamentales. No obstante los partidos han anunciado que están elaborando programas de gobierno, que esperamos puedan concretarse y ponderarse pronto. Es positivo que el Partido Revolucionario Dominicano presentara este primero de febrero propuestas específicas, en forma de proyectos de leyes, para promover la productividad y competitividad empresarial, prometiendo entregar su programa completo a fin del mes.
Se registra un incremento extraordinario del transfuguismo promovido por las dos fuerzas políticas mayoritarias de los últimos años, especialmente a costa de la dirección y militancia del tercero. No ha pasado una semana sin que los candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) realicen actos de juramentación de dirigentes y militantes provenientes del Partido Reformista Social Cristiano, aunque no han faltado también intercambios de sus propias filas. Pero también se han nutrido de otros partidos menores, mientras que otros se encuentran en oferta, a la espera de la mejor propuesta.
El transfuguismo tradicional dominicano tiene el agravante de que no está originado en cambios de posiciones ideológicas o programáticas motivados por el interés de la nación, sino en un simple tráfico de cargos. Se busca mantener posiciones ya logradas o conseguirlas con cargo inmediato a los que ejercen el poder, o en un futuro gobierno de los actuales opositores. No se puede negar que en algunos casos los apoyos están motivados en convicciones o visiones coyunturales legítimas, pero la mayor parte están motivados por ofertas de efectos inmediatos o futuristas, y que constituyen un mercado pervertidor de la actividad política.
2.- Debilidad institucional en los partidos
Mueve a preocupación la persistente debilidad institucional, con desprecio a los procedimientos y pautas de la democracia, que predomina aún en los partidos dominicanos.
Es obvio que la máxima dirección del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) evadió el cumplimiento del mandato del Tercer Congreso Joaquín Balaguer, que culminó en enero del año pasado disponiendo la elección del candidato presidencial para participar en los comicios de este año. La elección fue aplazada al menos en tres oportunidades, dejando evidente el desinterés en cumplir una resolución consensuada en el máximo organismo de consulta del partido.
La decisión de negociar una alianza política fue adoptada en desmedro del derecho de varios dirigentes reformistas que pasaron meses promoviendo sus expectativas de obtener la nominación democrática a la presidencia de la República. El recurso de nulidad elevado contra la convocatoria de la Asamblea Nacional que el 29 de enero aprobó la línea de alianza y la ausencia en la misma de los precandidatos Amable Aristy Castro, Guillermo Caram, Ito Bisonó, Héctor Rodríguez Pimentel y Oscar Santiago Batista, así como la disidencia de Ricardo Espaillat, quien asistió pero no pudo exponerla en la asamblea, dejan en crisis la democracia interna en el PRSC y alientan su dispersión y división.
La debilidad de la democracia dominicana ha quedado de manifiesto también en las persistentes diferencias entre el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial, más de diez meses después de que éste fuera escogido en una elección universal de su membresía y simpatizantes.
Es poco edificante el espectáculo montado por el liderazgo perredeísta que expone impúdicamente sus diferencias deslegitimándose unos a otros y mostrando incapacidad hasta para reunirse a buscar soluciones con apego a los procedimientos democráticos y las normas estatutarias. La circunstancia es más relevante porque los máximos organismos deliberativos y ejecutivos del PRD parecen incapacitados para reunirse y reivindicar la institucionalidad partidista.
Por otro lado ha generado frustración el que un grupo de partidos emergentes no haya encontrado una metodología para elegir un candidato presidencial común, como se propusieron desde principios del año pasado, lo que ha estado llamado a constituir una nueva opción a los electores descreídos o desesperanzados del sistema partidista predominante.
Aunque varios líderes y candidatos de por lo menos cinco partidos han participado en el esfuerzo promovido por decenas de grupos de las instancias medias y de base de la población, todavía no han podido concertar una metodología para integrar una candidatura alternativa.
3.- La Ley Orgánica del Régimen Electoral
A menos de cuatro meses ya de la elección presidencial y de los diputados en representación de los residentes en el exterior, el Congreso Nacional y los partidos políticos reconocidos siguen sin mostrar interés en aprobar el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Electoral sometido al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral (JCE). Cumplidos este 26 de enero dos años de promulgada la nueva Constitución es preocupante que el país se aboque a un proceso de elección del presidente de la República sin haber adecuado la legislación electoral al nuevo marco constitucional. Definitivamente el asunto no está en la agenda de los legisladores ni del liderazgo político nacional ni parece que lo será de la legislatura a iniciarse el 27 de febrero ya dentro del período oficial de la campaña electoral.
El proyecto de ley electoral depositado en el Congreso contiene múltiples previsiones para regular las campañas electorales con límites de tiempo, de propaganda y de contribuciones y gastos, con la correspondiente rendición de cuentas, pero el sistema partidista no le ha puesto interés. Aunque tiene facultad para reglamentar las campañas electorales, aparentemente la JCE prefirió incluir esas previsiones en la Ley Orgánica del Régimen Electoral como forma de involucrar al sistema partidista en su aprobación. Al tratarse de una ley orgánica requerirá dos tercios de cada cámara legislativa para su aprobación, lo que conlleva la búsqueda de consenso multipartidista.
En el párrafo IV de su artículo 212, la nueva Constitución dispone que la JCE vele porque los procesos electorales se realicen “con sujeción a los principios de la libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
Es relevante que el Congreso Nacional también ha evadido de nuevo la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que fuera introducido en junio pasado también por la Junta Central Electoral y que caducó cuando concluyó la última legislatura del año pasado. Este proyecto, que busca reglamentar y garantizar la democracia interna, elecciones primarias y las finanzas de los partidos ha sido objeto de varios consensos políticos desde hace 12 años y fue incluido en el pacto firmado en el 2009 por el presidente Leonel Fernández y el actual presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado para viabilizar la aprobación de la nueva Constitución.
Participación Ciudadana mantiene vivo el reclamo de una concertación política multipartidista para viabilizar la adecuación del régimen electoral y de la misma JCE al nuevo marco constitucional y reivindicar la transparencia en las finanzas de los partidos y las campañas electorales, con la reglamentación limitativa que se ha impuesto en toda América Latina para preservar los principios fundamentales de la institucionalidad democrática.
4.- Entregado a tiempo el padrón electoral
La JCE ha cumplido con entregar el padrón electoral a los partidos con tiempo suficiente para que puedan revisarlo y formular las objeciones que pudieran tener. La entrega se produjo el domingo 22 de enero y venció un plazo de cinco días sin que se conociera de ninguna observación significativa. De ser así, el padrón definitivo para los comicios del 20 de mayo próximo quedará oficializado el 5 de febrero, de acuerdo al calendario oficial.
Los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en más de 14 mil 700 colegios electorales ascienden a 6 millones 504 mil 943, de los cuales 388 mil 546 se inscribieron tras el proceso electoral del 2010.
Aparte de la revisión de los partidos políticos, el padrón será objeto de una auditoría por técnicos de la Organización de Estados Americanos, en virtud de un acuerdo de la JCE con esa institución, lo que debe ser una garantía adicional.
El actual padrón de electores, con fotografías integradas, fue establecido para los comicios del 2000 y desde entonces en cada elección ha quedado ratificado como un instrumento eficaz, uno de los mayores avances registrados en el sistema electoral dominicano.
5.- Integración del Tribunal Superior Electoral (TSE)
Aunque la designación de los miembros del nuevo TSE por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no se hizo al margen de criterios político-partidarios, lo que podría afectar su independencia, entendemos que es importante que se haya integrado definitivamente este órgano de la jurisdicción electoral. Se requiere crear las condiciones materiales para que a la mayor brevedad, esta institución pueda trabajar a plenitud en el conocimiento de los casos pendientes, y aquellos por llegar, en el marco del actual proceso electoral.
El TSE esta obligado a jugar un rol fundamental en las presentes elecciones, demostrando su compromiso de actuar con eficiencia y autonomía en la impartición de justicia electoral en nuestro país. Es necesario que los distintos recursos e impugnaciones que lleguen a su poder, sean fallados con prontitud, acorde con la Constitución y las leyes dominicanas.
6.- Aclaración de la denuncia de inscripción irregular en el padrón electoral por personal radicado en España.
El periódico HOY denunció hace varias semanas la posible inscripción irregular en el padrón electoral de alrededor de 4,000 personas desde la Oficina para el Registro Electoral (OPRE) de la JCE en Madrid, lo que fue negado en varias ocasiones por la JCE.
La prensa nacional se ha hecho eco de investigaciones llevadas a cabo por la JCE en España e incluso de la suspensión de Julio César Guzmán Acosta, que es la segunda persona al mando de la oficina involucrada en las denuncias. Entendemos que la JCE ha tenido tiempo para investigar lo ocurrido en España y deberá ofrecer oportunamente los resultados de la investigación efectuada con la finalidad de evitar suspicacias sobre un tema tan importante como lo es la integridad del padrón electoral.
7.-Conflicto por resolver
Es lamentable que hayan pasado meses sin que se resuelva el conflicto originado en la dimisión del gerente general del sistema informático de la JCE y las objeciones formuladas al que fuera segundo en el mando de ese importante organismo, a pesar de los esfuerzos de mediación en que sigue empeñado el rector de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado.
Las objeciones a la permanencia del ingeniero Franklin Frías al frente del centro de cómputos de la JCE han sido generalizadas desde su designación hace una década, y han sido ratificadas ahora por los partidos de oposición, lo que debería ser suficiente para su reemplazo.
Seguimos creyendo que es fundamental que la dirección del vital centro de cómputos de la JCE sea fruto del consenso entre todos los actores. Así lo sostuvimos hace una década cuando los objetores a Frías provenían de quienes ahora pretenden imponerlo.
8.- Licencia de la Primera Dama y los ministros en campaña.
Participación Ciudadana comparte el criterio de que la doctora Margarita Cedeño, esposa del presidente Leonel Fernández, debió tomar licencia del llamado Despacho de la Primera Dama desde que aceptó la postulación a la vicepresidencia de la República.
Ese despacho tiene asignados más de 700 millones de pesos en el presupuesto de la nación correspondiente al 2012 destinados a obras sociales. No es equitativo ni democrático que ella siga promoviéndose entre los más pobres con recursos del presupuesto nacional en medio de una campaña electoral.
Recientemente la candidata vicepresidencial del PLD declaró que estaba pensando tomar una licencia de esas funciones administrativas y esperamos que así lo haga y ofrezca el ejemplo correcto a los demás funcionarios públicos del gobierno central, el congreso y los municipios que tienen funciones asignadas en las campañas de sus respectivos partidos, para que también tomen una licencia mientras duren sus trabajos electorales. Lo demanda la equidad democrática.
9.-Relaciones con la JCE
