Ante el comunicado de ayer 1 de mayo de la Comisión de Observación Electoral de la Junta Central Electoral (JCE) Participación Ciudadana formula las siguientes respuestas:      

1.-Se trata de un comunicado lleno de acusaciones carentes de evidencias,elaborado con el claro objetivo de difamar a nuestra institución pretendiendo presentar a PC y sus voluntarios como una red de delincuentes.  Rechazamos este propósito enérgicamente y  exigimos el respeto que merece una institución que tiene 19 años promoviendo la democracia. Expresamos nuestra sorpresa por esos extremos y no logramos entender por qué se ha puesto tanto empeño en desacreditar  nuestra institución y nuestra observación.

2.-La lista de “inconsistencias” que la JCE alega haber encontrado en una presunta muestra tomada de los  3,805 ciudadanos que han voluntariamente sometido su solicitud de observar, a través de PC, está plagada de errores y omisiones culposas que desacreditan la investigación llevada a cabo por el organismo.

a)     Los únicos nombres que se citan son dos personas que figuran como delegada y suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación, Barahona,  y Cristóbal, de la provincia Independencia.  La JCE omite decir que en su primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17 ciudadanos por considerarlos vinculados a partidos políticos, de los cuales  6 eran de la Unión Demócrata Cristiana, 4 de Dominicanos por el Cambio, 2 del MIUCA y los cinco restantes del PLD, PRD,PRSC, PDI y PVUD.  Es importante destacar que esta pequeña cantidad, por demás insustancial, se refiere a ciudadanos que en muchas ocasiones sólo han figurado en elecciones anteriores como candidatos a regidores y vocales de pequeños municipios y distritos municipales de diversas regiones, los cuales conservan intactos su derecho a observar las presentes elecciones.

b)     Los casos de antecedentes penales“de recientes sometimientos a la justicia”, que no se identifican, por lo demás, violan el principio de inocencia constitucionalmente consagrado.

c)     Las  “varias personas”  que cumplen sentencia en cárceles de Higuey yCotuí debieron igualmente haber sido identificadas por la JCE.  Resulta insólito que la JCE pretenda que Participación Ciudadana fue a las cárceles a reclutar y a dar entrenamiento a observadores. Suministrar los nombres de esos presuntos reclusos nos ayudaría a determinar cómo llegaron sus solicitudes y quiénes firmaron y tramitaron los formularios correspondientes, pues de lo contrario se alimentaría la idea de infiltración maliciosa para tratar de desprestigiar nuestra organización no partidista.

d)    De igual manera, la JCE omite mencionar por su nombre la persona que dice  no haber firmado el formulario de solicitud. Para PC es de sumo interés que se divulgue el nombre para permitirnos descartar la información recibida de que esa persona trabaja en la propia JCE.

e)     Por ultimo, resulta altamente preocupante que dentro de esas “inconsistencias” se haga figurar el hecho deque existe un llamado “Sistema de Investigación Criminal” que crea fichas desconocidas para la ciudadanía, que pueden inhabilitarla para el ejercicio desus derechos ciudadanos, en franca violación a sus derechos fundamentales.

3.-En ocho observaciones electorales la metodología de reclutamiento de PC se ha fundamentado en la confianza en la ciudadanía.  Los observadores llenan un formulario cuyos datos verifican, de manera principal,que se trata de voluntarios cuyos derechos ciudadanos están hábiles y por esa razón figuran en el padrón electoral.  Confiamos en el padrón electoral para depurar a nuestros voluntarios, de la misma manera que la JCE confía en ese instrumento para determinar quién está hábil para votar. PC no cuenta con organismos de seguridad que, a contra pelo de derechos fundamentales y sobre todo, del principio de inocencia, recurren a antecedentes criminales no validados por tribunales o crean fichas en un llamado Sistema de Investigación Criminal cuya legitimidad la ciudadanía desconoce. 

4.-No criticamos que la JCE investigue a nuestros observadores, pero exigimos que lo haga de forma institucional,  apegada a La Constitución, y sobre todo de forma transparente, publicando los nombres, identificando las condiciones que utiliza para inhabilitar a cada uno, señalando los textos legales que establecen esas inhabilitaciones, mostrándolas pruebas que posee y respetando el derecho de defensa de estos ciudadanos.

5.-La JCE ha sometido a PC  a un proceso discriminatorio, con requerimientos especialmente diseñados para ella, tales como la toma de datos biométricos y una obligación presencial innecesaria.  La verdad es que estos requerimientos, que no figuran en la Ley ni en el Reglamento de Observación Electoral al cual PC ha dado estricto cumplimiento; que no han sido exigidos a las decenas de miles de ciudadanos que integraran los colegios, a los delegados de los partidos o a los observadores internacionales, sólo tienen por objeto dificultar la labor de observación de nuestra organización.

 6.- La obligación de ir a cada junta municipal a llenar nuevos formularios no agrega ningún dato que ya no hayamos entregado ala JCE.  Para determinar si existían  antecedentes judiciales, no era necesaria la presencia de los voluntarios, tal y como lo demuestra la presunta depuración que ha llevado ahora a cabo la JCE. Se trata de un nuevo recurso de dilación y distracción, encaminado a desincentivar y atemorizar a la ciudadanía para reducir nuestra nómina de observadores.

7.- Reconocemos que en su Informe, por primera vez, la Comisión de Observación Electoral ha finalmente accedido a la repetida solicitud de PC de que se aclare la facultad reglamentaria de observarlos  colegios electorales, además de los centros de votación y las juntas electorales. En la comunicación de la JCE que aceptaba nuestra solicitud de acreditación, fechada 21 de abril y entregada el 24, los colegios habían sido omitidos, aún cuando son  el núcleo fundamental de  nuestra observación y especialmente del conteo rápido que hacemos desde 1996.

8.-La JCE llama a nuestros voluntarios a acudir, a partir del próximo viernes 4 de mayo, a retirar su acreditación, siempre que la misma no esté en discusión.  Sin embargo, como la JCE no ha identificado la lista de los “discutibles”, es imprescindible que esta publique, antes de esa fecha, los nombres de las 188 personas que dice objetar y les otorgue el derecho a defenderse. Urge que la JCE cumpla con este paso de inmediato, para no continuar retrasando el proceso de observación de PC a sólo 16 días de las elecciones y asegure la preparación diligente de una logística que permita entregar, rápidamente, la acreditación a todos los voluntarios cuyo derecho no esté en discusión o haya sido exitosamente discutido. Igualmente solicitamos a la JCE habilitar los días sábado y domingo para que nuestros observadores que no obtengan permiso de sus empleadores, puedan acudir a retirar sus acreditaciones en días no laborables.

9.-Finalmente, PC deja constancia de su férrea voluntad de cumplir con el derecho y el deber ineludible de observar las próximas elecciones con la pulcritud y honorabilidad ciudadana que nos ha ganado prestigio nacional e internacional.Llamamos a toda la ciudadanía, a las diversas organizaciones sociales, políticas y religiosas a defender la observación electoral como un derecho ciudadano adquirido y reconocido en todas las naciones democráticas.-

Santo Domingo

2 de mayo del 2012   

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, pidió este lunes a la Junta Central Electoral (JCE), eliminar cualquier obstáculo para que el movimiento Participación Ciudadana participe como observador en las elecciones de mayo próximo, y que el organismo trabaje en el proceso en adecuadas condiciones.

Vargas Maldonado observó que la transparencia es la principal característica que ha de tener el próximo proceso electivo para contribuir a fortalecer el curso democrático que transita la sociedad dominicana.

El juez titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, afirmó hoy que ese organismo no ha manejado bien su relación con Participación Ciudadana (PC), y lamentó los obstáculos que le ha puesto al movimiento cívico para la observación del proceso electoral venidero.

Dijo que solo por el tiempo y la seriedad con que ha venido haciendo la observación electoral en el país, PC es ya parte del proceso.

“Si tuviera en mi poder, yo lo dejaría libre para hacer la observación y también los autorizaría para que como siempre hiciera su conteo rápido, porque eso no afecta en nada, ellos han sido siempre respetuosos y nunca han divulgado esos resultados”, subrayó Olivares.

Refirió que cuando la presidencia de Julio César Castaños Guzmán, PC le entregaba esos resultados en un sobre lacrado y este lo guardaba en una caja fuerte, y luego de concluir el proceso, le entregaba una copia a cada miembros de la JCE.

“Nunca PC hizo público su conteo rápido hasta tanto la JCE no diera los resultados oficiales, de modo que no hay razón para que la JCE haya asumido una serie de actitudes frente a una entidad con tanta credibilidad en lo que tiene que ver con la observación electoral como Participación Ciudadana.

Abogó porque la JCE atienda los reclamos y le otorgue todas las facilidades en su trabajo en las elecciones del 20 de mayo.

Olivares refirió que de 326 organizaciones que solicitaron acreditación para observar el proceso electoral de mayo próximo, sólo clasificaron dos: Participación Ciudadana y la Iglesia Adventista.

La queja de PC. El Coordinador del movimiento cívico no partidista, Francisco Álvarez, denunció ayer que los obstáculos presentados hasta ahora por la JCE a esa entidad amenazan la observación de las elecciones que cada cuatro años realizan.

Afirmó que ahora "como nunca antes", la JCE ha puesto una serie de trabas que limitan el trabajo de la entidad e indicó que con o sin obstáculos PC hará su trabajo de observación, y ahora más que nunca estará el Centro Carter.

El Ministro Consejero de la embajada de Estados Unidos en el país, Christopher Lambert, abogó ayer porque cualquier discrepancia que haya entre la Junta Central Electoral y Participación Ciudadana sea superada.

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La JCE dispuso que deberán acreditarse en la Junta municipal donde trabajarán

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) calificó como un obstáculo a la observación electoral el que la Junta Central Electoral dispusiera que los  observadores  deban registrar  sus datos biométricos en las Juntas Municipales donde realizarán sus labores y luego de ser verificados  se procedería a darles su acreditación.

Francisco Álvarez Valdez, coordinador de PC, dijo que  esta medida es  otro de los obstáculos que la Junta pone  para la el trabajo de observación electoral del Movimiento Cívico, que  de ser   así no podrán participar en el  proceso.

Explicó que con esta decisión  los 3,800 observadores    tendrían que  el Centro de Operaciones y Emergencias  acudir personalmente a recoger su acreditación.

“Movilizar a 3,800 personas a 32 juntas municipales es un proceso complicado y costoso y eso lo conoce perfectamente la JCE, la mayoría de nuestros observadores son personas de escasos recursos, muchos de comunidades muy alejadas”, dijo.

Serulle habló luego de la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

El candidato presidencial del Partido Frente Amplio, Julian Serulle, indicó que la transparencia y la lucha contra la corrupción serán los pilares fundamentales de un gobierno suyo.

Julian Serulle señaló que la  impunidad y el incumplimiento de leyes está permitiendo que la corrupción en la República Dominicana vaya cada vez más en aumento.

Serulle habló luego de la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

Con esta firma Serulle se comprometió cumplir 21 compromisos concretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo.

Francisco Álvarez, coordinador general de PC, informó que la institución apoyará la implementación del protocolo y dará seguimiento a su cumplimiento con las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción OCI-IPAC.

Álvarez explicó que entre las medidas que el candidato presidencial se comprometió impulsar se encuentran el establecimiento de las condiciones necesarias para el cumplimiento de la ley de Libre Acceso a la Información Pública; garantizar en los primeros cien (100) días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro; emprender la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas; así como garantizar la independencia política, presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República, del Consejo Superior del Ministerio Público y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministerio Público para la persecución de la corrupción.

Mientras que Julian Serulle acordó impulsar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción; promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.

Asimismo deberá promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado; nombrar únicamente los ministros y viceministros que estén previstos en las leyes orgánicas de los ministerios, y los asesores y asistentes del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que sean estrictamente necesarios para un desempeño eficiente de la función pública y que el servicio exterior de la República Dominicana transitará el camino de la profesionalización de las funciones diplomática y consular.

El protocolo lo suscribieron también en calidad de testigo Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana capitulo dominicano de Transparencia Internacional y será seguido por representantes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), EDUCA, Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, PROJUVENTUD, Ciudad Alternativa, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Asociación Dominicana de embotelladores de Agua Purificada (ADEGUA), Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano.

Transparencia Internacional

Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparency International informó que: “Este Protocolo es una lista de políticas, reformas y compromisos pendientes que no pueden seguir esperando. No tienen que ver con quien gana las elecciones, ni son bandera de ningún partido político, son medidas que tienen que llevarse a la práctica por cualquier líder genuinamente interesado en la gobernabilidad democrática y el bienestar de todas y todos los dominicanos”.

Las tres casas comunitarias de justicia necesitan más recursos para poder seguir operando por lo que buscan respaldo

Más de 9 mil personas han sido atendidas de forma gratuita por la Casa Comunitaria de Justicia del sector Villa Rosa, La Vega.

José Ceballos, coordinador del proyecto Casas Comunitarias de Justicia informó que la Casa Comunitaria de la Vega fue fundada el 19 de noviembre de 2009 y hasta la fecha ha atendido a 9,441 personas de forma gratuita, 5,097  mujeres y 4,344 hombres.

Estos datos fueron ofrecidos durante la II Cumbre Provincial de Justicia, Municipalidad ySociedad Civil, organizada por Participación Ciudadana en la que participaron autoridades de La Vega. 

Ceballos explicó que la mayoría de los conflictos presentados fueron atendidos por la unidad de Fiscalía de la Casaque abordó 3,776 solicitudes de servicios concernientes a violencia intrafamiliar, amenazas, manutención de hijos menores, trabajos realizados y no pagados y difamación e injuria.

Agregó que el que la segunda cantidad de servicios prestados (2,360) recae sobre la unidad de Mediación, para el tratamiento de conflictos sobre inquilinato ,manutención, deudas o prestamos, títulos, linderos y aguas residuales.

Entanto que 1,300 personas se les dio servicios de orientación legal, 221 dearticulación comunitaria, 944 recibieron atención psicológica, 1,300 orientación en asuntos municipales y 490 sobre defensoría pública, derechos del consumidor, Junta Central Electoral, etc…

En la II Cumbre Provincial de Justicia, Municipalidad y Sociedad Civil se llevó a cabo en la biblioteca municipal Guido Despradel Batista y estuvo encabezado por Javier Cabreja, director ejecutivo de ParticipaciónCiudadana; José Ceballos, coordinador del programa Casa Comunitaria de Justicia; Euclides Sánchez, Senador de la Provincia; Alexis Pérez, alcalde del municipio La Vega; Johanna Reyes, procuradora fiscal de La Vega;  Arelis Ricourt, juez presidente Corte Civil de La Vega; Vianela García, procuradora adjunta de la corte de Apelación de La Vega;  Domingo Rodríguez, presidente Federación Vegana de Juntas de Vecinos, así como representantes del empresariado y  la sociedad civil.

Casas Comunitarias de Justicia

Las casas comunitarias de justicia fueron creadas con elpropósito de implementar unmodelo de acceso ciudadano a la justicia de los sectores vulnerables, a travésde la promoción y uso de métodos alternos para la resolución de conflictos.

La Casa de la Vega seadiciona a las ya existente en Cienfuegos y  La Joya en la provincia de  Santiago, así como a la del sector de  Herrera, Municipio Santo Domingo Oeste.

Este programa ha prestado servicios gratuitos de justicia,municipalidad y educación ciudadana en casi seis años de gestión a un total de75,562 usuarios, los cuales desagregados por sexo corresponden 41,057 al sexofemenino y 35,029 al masculino.

Expansión del Proyecto y Gastos

En la II Cumbre Provincial de Justicia, Municipalidad y Sociedad Civil, Ceballos destacó la necesidad de alcanzar la sostenibilidad del Programa, señalando el desafío de lograr mayor soporte económico de las entidades que soncopartícipe y de ampliar las entidades donantes.

José Ceballos explicó que los gastos periódicos de la Casa Comunitaria de Justicia de Villa Rosa, La Vega es 2 millones 826 mil pesos anuales y solo recibe enpromedio 1 millón 541 mil 580 pesos al año, por lo que operan actualmente condéficit 1 millón 284 mil 580 pesos, por lo que espera la captación de estosrecursos que solo representarían la suma de 107,048 pesos mensuales.

Por esta razón Participación Ciudadana ha creado una estrategia de sostenibilidad que consiste en promover el incremento de responsabilidades financieras de lasinstituciones públicas participantes, la búsqueda del respaldo del sector privado y de organismos internacionales, así como el apoyo de instituciones dela sociedad civil dominicana para enfrentar las dificultades y desafíos del programa.

Entidades que Apoyan

Durante la II CumbreProvincial de Justicia, Municipalidad y Sociedad Civil Participación Ciudadana agradecióel apoyo recibido por instituciones como la Procuraduría Fiscalde La Vega, elComisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, la Alcaldía Municipalde La Vega, elInstituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Defensa Pública, la Junta CentralElectoral, el Instituto Dominicano de Protección del Consumidor, la Administración de los Fondos Mineros de La Vega, Asociación La Vega Real  (ALAVER),Fundación Falconbridge (FALCONDO), la Federación Vegana de Juntas de Vecinos,  entre otros.

También agradeció a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por su continuo respaldo al Programa en general.

Participación Ciudadana correspondió el apoyo recibido en el desarrollo de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, entregándoles pergaminos de reconocimiento por su colaboración al Ing. Euclides Sánchez, Senador Provincia La Vega, Ing. Alexis Pérez, alcalde Municipio La Vega, Licda. Johanna Reyes, Procuradora Fiscal de La Vega, Licda. Arelis Ricourt,Juez Presidente Corte Civil Distrito Judicial de La Vega, Licda. Vianela García, procuradora adjunta de la Corte de Apelación Distrito Judicial de La Vega,  Domingo Rodríguez, presidente Federación Vegana de Juntas de Vecinos.