La designación de Rosalía Sosa se llevó a cabo por mayoría de votos de los miembros del Consejo Nacional

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designó a la Dra. Rosalía Sosa Pérez como nueva directora ejecutiva de la organización.

Previo a esta designación, Participación Ciudadana realizó una convocatoria pública en la que participaron 10 candidatos y candidatas, entre los cuales la Comisión designada, seleccionó una terna la cual fue presentada al Consejo Nacional.

Sosa Pérez ingresó a Participación Ciudadana como miembro activo desde el año 2007 y ha pertenecido al Consejo Nacional, al Comité Coordinador, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Fortalecimiento Institucional.

Dentro de las funciones que ejercerá la nueva Directora Ejecutiva están las de planificar, coordinar y supervisar las actividades operativas y administrativas de Participación Ciudadana, así como servir de enlace entre los órganos de dirección de la entidad, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Asamblea General, el Consejo Nacional y el Comité Coordinador.

La Dra. Sosa Pérez, sustituye al Licdo. Javier Cabreja renunciante, quien desempeñó con notable éxito sus funciones continuando su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución.

Trayectoria de Rosalía Sosa Pérez

La Dra. Sosa Pérez es abogada y economista, con maestría en Planificación de la Economía Nacional, con especialidad en Derecho Penal y doctorado en Derecho.

Ha laborado en los proyectos de reforma y modernización de la justicia auspiciados por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD),  National Center States Courts, Chemonics International y  DPK Consulting,  financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dentro del ámbito docente y docente-administrativo, la Dra. Sosa Pérez  ha sido responsable Ad-Honorem de la Cátedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, coordinadora de la Cátedra de Derecho Penal y directora de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sosa ha coordinado la maestría en Derecho Penal y en la actualidad  coordina el Programa Doctoral Sociedad Democrática, Estado y Derecho bajo el auspicio de la Universidad del País Vasco y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Asimismo es docente de grado y postgrado tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como del programa Doctoral de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México,  bajo la coordinación de la Universidad del País Vasco.   Es facilitadora del Curso Virtual sobre Derechos Humanos auspiciado por la Organización Azmos, País Vasco.

La nueva Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana también es autora de  los libros “El derecho a la Defensa en un Estado de Derecho”, “A la Cárcel: La protección de los Derechos por la Justicia”, “La Defensa Pública en la República Dominicana” y “La Presunción de Inocencia”.

Además, es coautora de “Introducción al Estudio del Derecho”, “Análisis de la Situación de la Enseñanza-Aprendizaje de los Derechos Humanos en el Área de Educación Superior, en las Facultades y Escuelas de Derecho” y de la “Constitución Comentada”.   Es articulista de la Revista Derecho y Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD  y en la revista mensual “Gaceta Judicial”, sobre temas de derechos humanos, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, entre otros.

25 de Julio, Santo Domingo, Participación Ciudadana realizará el miércoles 1ro de agosto del 2012 un  debate sobre la Ley de Acceso a la Información vs. Datos Personales en la Rep. Dom., el panel estará integrado por los destacados juristas:

• Dra. Laura Acosta Lora: Abogada que se ha hecho notoria por la defensa del derecho que tienen los usuarios a la información.  Fue la jurista de la parte acusadora en el caso Metro/Santo Domingo, donde tubo ganancia de causa y obligando a la OPRET a entregar todos los estudios empleados para la construcción del Metro de Santo Domingo, este caso se convirtió en el primer triunfo ciudadano en la defensa  del derecho a la información.
• Dra. Berenice Barinas: con un PhD en “Estado y Derecho” es Directora Oficina de Acceso Información Pública en Procuraduría General de la República, en su gestión, en esta oficina ha logrado los mejores índices de evaluación en los diversos ranking y monitoreos de atención al usuario en cuanto a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
• Lic. Fabián Díaz: politólogo y periodista, es el actual Coordinador de Unidad de Transparencia del CONARE, se ha destacado en la defensa que la ciudadanía tiene de acceder libremente a la información pública, en el ejercicio de sus funciones ha hecho una cruzada por los diversos niveles de la administración estatal para que se mejoren los estándares de libre acceso a la información.
• Dr. Reemberto Pichardo Juan: Abogado procesalista con un master en derecho civil, se ha destacado por llevar la defensa en los tribunales de sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil en materia de libre acceso a la información pública

Últimamente se han desatado conflictos, ante la negación de información a ciudadanos que acuden a instituciones públicas  en busca de datos tales como: Nóminas de empleados y distintos beneficiarios sociales y demás, los alegatos de las instituciones públicas consisten en que muchas de estas informaciones requeridas por la ciudadanía contienen datos personales, como son los número de cédula, y que de entregar esta información al publico, podrían constituirse en una violación del derecho a la privacidad  de las personas que laboran en la diversas instituciones publicas.

Es allí, donde se da un dilema de tipo jurídico, ya que la ley de acceso a la información pública ordena que sea entregada información veras a los usuarios que así lo soliciten,  para muchos  en los casos de nóminas públicas el número de cedula de identidad permite comparaciones y análisis sobre el personal que labora en las diversas instituciones.

El debate se realizará este miércoles 1ro de agosto, a las 5:30 PM, en el salón Samaná del Hotel Meliá Santo Domingo, el acceso al mismo estará abierto a los interesados, para confirmar asistencia favor llamar a 809-685-6200 ext. 234.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento Participación Ciudadana rechazó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló el juicio que condenó a ocho años de prisión a los banqueros Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, por estafar a los clientes del Bancrédito.

Advirtió que a nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún el país no se ha recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito.

Recordó que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados del caso Bancrédito,  que ha sido criticado por la opinión pública.

“No entendemos cómo una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG”, indicó PC.

La entidad cívica recordó que desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, reclamó sanción contra los responsables, como lo hace ahora.

Asimismo, señala que no comprende por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

“Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública”, precisa PC.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

“Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada”, argumenta PC.

Indica que el nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

Directivos de PC participaron en actividad frente al congreso

Unas 60 organizaciones de la sociedad civil declararon “día de luto” este miércoles, 11 de julio, por considerar “emergencia nacional” la ola de feminicidios que en menos de seis meses ha cobrado más de 100 vidas en el país.
Las organizaciones convocantes hacen un llamado al país a vestirse de luto todo el día del

miércoles 11 de julio contra los feminicidios, a colocar símbolos de luto en las casas, oficinas y vehículos, para apoyar la causa.

Asimismo está programada una vigilia frente al Congreso Nacional, donde entregaran un documento a los y las Congresistas con un pliego de demandas en torno a esta problemática.

La vigilia está programada para este miércoles, 11 de julio, a partir de las 7 de la mañana en la parte frontal del Congreso Nacional.

“Nunca como ahora es tan necesaria la acción social para proclamar un freno firme a esta epidemia de crímenes de género”, señala el llamado.

Las cifras oficiales señalan que en República Dominicana, el 2011 cerró con 230 mujeres asesinadas y que para junio del presente año, los números ya arrojaban 106 víctimas mortales.

“Vístete de negro, blanco, gris, de luto, para protestar en contra de los feminicidios en el país. Concentración en el Congreso Nacional y entrega de documento de 7am a 9am”.

Organizaciones convocantes:

1. Foro Feminista
2. Colectiva Mujer y Salud
3. Red Nacional de Jóvenes
4. Participación Ciudadana
5. Alianza ONG
6. Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA), CNTD-CASC-CNUS
7. Coalición por una Educación Digna
8. Foro Ciudadano
9. Colegio Dominicano de Periodistas
10. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP
11. Centro de Investigación y Acción Feminista CIPAF
12. PROFAMILIA
13. Red de Periodistas con Perspectiva de Género
14. La Multitud
15. La Revuelta
16. Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA)
17. Colegio Dominicano de Periodistas-Seccional Santiago
18. Coalición ONGSIDA
19. ASOLSIDA
20. Mujeres en Desarrollo Dominicana MUDE
21. Asociación Tú Mujer
22. Centro de Estudios del Género de Intec.
23. Fundación para el Desarrollo de Santo Domingo OESTE FUNDESADO.
24. Coordinadora de Mujeres del CIBAO
25. Fundación Grupo Paloma
26. Núcleo de Apoyo a la Mujer
27. Unión Democrática de Mujeres UDEMU
28. Organización de Mujeres Higüeyanas OMH
29. Centro de Asesoría Legal para las Mujeres CENSEL
30. Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora ASODIFIMO
31. Centro de Planificación y Acción Ecuménica CEPAE
32. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer CEMUJER
33. Red Dominicana por la Salud de las Mujeres
34. Red de Entidades de personas con discapacidad Física
35. Frente Amplio de Lucha Popular FALPO
36. Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer CUDEM
37. Red de Derechos Humanos de San Pedro de Macorís
38. Fundación por los Derechos del Consumidor FUNDACOM
39. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio Santo Domingo Norte
40. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio Santo Domingo Este
41. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio de Guerra
42. Acción Verapaz
43. Fundación Jibijoa
44. Colectivo de Acción Social para la Promoción del Desarrollo Arcoíris
45. Casa Verde Camila
46. FUNDELOSA
47. Capítulo Dominicano de la Comunidad Internacional de Mujeres ICW Latina
48. Casa Abierta
49. Centro de investigación y Apoyo Cultural CIAC
50. Comunidades de Vida Cristiana
51. Acción Callejera
52. Asociación de Clubes de Mujeres en Acción de Los Cacaos
53. Club de Madres El Desarrollo
54. Instituto de Investigaciones y Estudios de Género y Familia (IGEF-UASD)
55. ODESA
56. INDESUI
57. Red por una Vida sin Violencia (REDAVI) Azua
58. Ingeniería Sin Fronteras.

Desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, Participación Ciudadana ha tenido un importante activismo reclamando sanción contra los responsables y hoy, ante una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que anula la sentencia condenatoria contra los antes condenados y hoy nuevamente imputados en el caso Bancrédito, desea expresar su posición, coherente con sus actuaciones pasadas.

A nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún no nos hemos recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito, sobre todo tomando en cuenta que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados  que ha sido cuestionado por la opinión pública.

No entendemos como una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG. O por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública. Se olvida el Procurador General de la República que él es el representante de la sociedad y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada.

El nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que nos dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

CONSEJO NACIONAL
17 de julio del 2012

Favorecen se apruebe antes de que asuma Danilo Medina

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) favorecieron ayer la  aprobación de la Ley Sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito. Consideraron que esa ley erradicaría la corrupción en la administración pública.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus;  Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de PC, y Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, coincidieron con el planteamiento del senador de Monte Plata, Charlie Mariotti, de que se legisle para evitar que algunos funcionarios se enriquezcan de manera ilícita.  “En este país hay más ricos que empresarios; gente que de la noche a la mañana comienza a exhibir una fortuna que nadie sabe de dónde la sacó. Aquí hay que controlar eso” dijo Castaños Guzmán.

Indicó que es oportuna la aprobación del proyecto de ley promovido por Mariotti y Francisco Domínguez Brito, porque la actual herramienta “no sirve para nada,  no establece sistema de consecuencia y no ha sido respetada por muchos los funcionarios”.

En tanto Castaños Guzmán señaló que  la propuesta   está correctamente articulada, porque establece sistema de consecuencia y una especie de metodología para que lo que se declare sea lo que realmente pueda tener un funcionario.

Álvarez Valdez afirmó que “los niveles de corrupción que tenemos en la administración pública son palpables, evidentes y no se ha producido ninguna reacción del Congreso para aprobar las leyes que frenen la situación, ni del Ministerio Público para perseguir los actos de corrupción que ocurren”.

Además, opinó si los funcionarios no empiezan a actuar con apego a las leyes la sociedad dominicana le pasará factura en los comicios, cuando quieran reelegirse. “Todavía no han habido consecuencias importantes para los funcionarios corruptos, pero las habrá  porque ya el ciudadano está exigiendo respeto”.

Mientras De la Rosa Tiburcio, de Adocco, planteó su posición en un comunicado en el que  insta a  aprobar la ley antes de la toma de posesión del Presidente electo Danilo Medina, por constituir este un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción que permea las instituciones estatales.

Zoom

Necesidad

Los representantes de las tres organizaciones de la sociedad civil   advirtieron que estos meses de transición son los adecuados para aprobar la ley,  porque permitirá que las declaraciones que deberán hacer los funcionarios al iniciar la gestión de Danilo Medina, puedan ser verificadas si se corresponde con lo declarado.

Confianza

Francisco Álvarez Valdez dijo confía en que Medina frene la corrupción administrativa, porque firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, abogó porque la solución a la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la aporten las bases de esa organización política en una convención, porque prolongando la confrontación pierden sus líderes y también la democracia.

Ante la crisis del PRD y la concentración del poder

La crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el inevitable  resultado de un proceso de descomposición institucional de la sociedad,  que afecta particularmente el funcionamiento del sistema de partidos, corporativizados dentro de una concepción del Estado como botín a ser repartido.

La división  del más antiguo partido del país podría convertir la crisis del sistema partidista en una crisis de la democracia dominicana en virtud de la extrema concentración del poder, no solo en un solo partido político, sino especialmente en el grupo hegemónico encabezado por el Presidente Leonel Fernández, a quien se le atribuye la intención de continuar  un proyecto de dominación política de largo alcance.

Asistimos a un progresivo debilitamiento de los partidos políticos, incluyendo al que ejerce el poder, donde los órganos ejecutivos han sido sustituidos en gran medida por el liderazgo del primer mandatario, quien distribuye favores con un manejo patrimonialista del Estado. Ese dominio será puesto a prueba cuando asuma el poder el presidente electo, licenciado Danilo Medina.

El liderazgo concentrador del presidente Fernández y su capacidad para repartir el patrimonio público han debilitado su propio partido, haciéndolo depender cada vez más de las alianzas con múltiples grupos satélites enquistados en organismos públicos que les dan vida mediante el acceso a millares de empleos, canonjías y favores.

El tercer  partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, ha devenido en un satélite más, dividido y segmentado en la medida en que el reparto no ha alcanzado para todos sus dirigentes. Despojado de su personalidad e identidad, el PRSC es una especie en extinción que se mantiene artificialmente en virtud del aliento estatal.

El PRD acusa los efectos de ese  proceso de descomposición, ya que gran parte de su dirección participa de la misma concepción patrimonialista y clientelista de la política, tanto como de los intentos de instrumentalización por parte de quienes han controlado el poder en los últimos tiempos, presa fácil por su incapacidad para renovarse y ejercer internamente la democracia, con organismos hipertrofiados  e inoperantes.

La actual crisis perredeísta tiene origen en la progresiva debilidad institucional de ese partido, pero también en la campaña interna que concluyó con la elección del agrónomo Hipólito Mejía como su candidato presidencial. Quedó patente ante el  país que  las fuertes discrepancias con su contrincante en la campaña interna, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se  agravaron en la campaña electoral. Todo indica que tanto la negativa del Ingeniero Maldonado a conducir su partido en la campaña electoral, haciendo inoperantes por falta de convocatorias los organismos de dirección, así como las debilidades que evidenció el candidato presidencial, fueron factores relevantes en el resultado electoral  del PRD y en la profundización de la crisis que hoy padece.

Son esos los factores que han dividido el PRD dejándolo expuesto a un largo proceso de desgaste, por la inoperancia de sus organismos internos y la inexistencia de un arbitraje electoral externo con imparcialidad y legitimidad suficiente para ejercer un papel regulador.

La crisis del PRD puede comprometer el proceso democrático dominicano, facilitando aún más la concentración del poder y exponiendo a la nación a decisiones unilaterales sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad, la gobernabilidad así como para la resolución de importantes cuestiones relativas al desarrollo económico y social de la nación. Lo anterior cobra particular relevancia cuando se tiene en cuenta que  están pendientes fundamentales reformas fiscales y rectificaciones del modelo de desarrollo económico, y de las prioridades de inversión.

La democracia requiere de partidos políticos fuertes, institucionalizados, capaces no sólo de contender, sino también de proponer. A pesar de que el nuevo gobierno representa sólo poco más de la mitad del electorado nacional y la  otra mitad  votó por las opciones de oposición, no cabe duda de que una mayoría de dominicanos y dominicanas reclama fundamentales rectificaciones en las políticas públicas, pues hasta el candidato del partido oficial tuvo que asumir un discurso de cambio. En este contexto es importante que la democracia funcione en todos los partidos para permitir que esta expresión de cambio se convierta en realidad.

En lo inmediato la crisis del PRD parece depender del arbitraje del Tribunal Superior Electoral, una instancia que no escapó al proceso de concentración del poder por parte del presidente Fernández, y al reparto con el PRD presidido por Vargas Maldonado.

Resulta muy difícil que el conflicto político existente en el PRD pueda solventarse a través de decisiones del Tribunal Superior Electoral, que por el contrario pueden conducir a ese partido en el menos grave de los casos a una división,  por lo que lo deseable es que ambas partes en conflicto pongan en manos de las bases del partido la decisión, anticipando para este mismo año la Convención que deberá renovar su dirigencia y que está pautada para el próximo año.

El PRD no podrá superar esta crisis sin una profunda renovación institucional y de su liderazgo, que se sitúe por encima  de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, restaurando la democracia interna y recuperando el diálogo y la conexión con el resto de la sociedad.

Toda la sociedad dominicana debe seguir con atención la crisis del PRD y reclamar de los poderes públicos actuaciones que no dejen lugar a la sospecha de arbitrariedad con fines de dominación y restricción de la aún adolescente democracia nacional.

Participación Ciudadana ha sostenido como esencial el fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia y sistemáticamente ha abogado por su progresiva institucionalización. En ese orden, la suerte del partido que más votos obtuvo en la última contienda electoral no puede ser indiferente para nadie.

Consejo Nacional
Miércoles 4 de julio 2012

El renúnciate director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, atribuyó este viernes a pura especulación que su renuncia se deba a que ha recibido oferta para formar parte del gabinete  del gobierno que presidirá Danilo Medina.

Tras la renuncia circularon los rumores de que la renuncia de Cabreja se produjo porque alegadamente ocupará un cargo en el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto.

Cabreja dijo que no existe ninguna oferta para integrar el gabinete del próximo gobierno y agregó que tampoco está en sus planes.

Indicó que su renuncia estaba motivada desde hace un año y en lo adelante se dicará a atender proyectos personales.

Manifestó que deja el cargo con la satisfacción del deber cumplido y recomendó a quien le sustituya, continuar con el fortalecimiento institucional del país.

Cabreja recordó que ha Participación Ciudadana la han querido descreditar con campañas negativas, ligándole a partidos políticos y sectores económico, pero afirmó que uno de los momentos más difícil fue la reciente lucha con la Junta Central Electoral cuando intentó
descalificar a sus observadores electorales.

El Movimiento Cívico anunciará concurso público para el cargo

Participación Ciudadana informa a la opinión pública que ha  aceptado la renuncia del Lic. Javier Cabreja a su posición de director ejecutivo, y que la misma entrará en vigor tan pronto concluya el concurso público que se abrirá en los próximos días para contratar a una persona para esa posición.

Cabreja ha desempeñado con notable éxito sus funciones desde hace más de diez años hasta convertirse prácticamente en la imagen que identifica a la organización y que por su excelente trabajo en Participación Ciudadana, todos sus miembros, voluntarios y el personal del  equipo técnico, se sienten  altamente orgullosos.

Javier Cabreja  no se desvinculará de Participación Ciudadana y continuará su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución, aportando su talento y dedicación como miembro de la Comisión de Análisis Político.

Como persona talentosa,  el Lic. Cabreja ha decidido retomar algunos proyectos personales que poseía antes de asumir la Dirección Ejecutiva, así como otras oportunidades que ha estado explorando, iniciativa que todos los miembros de la organización apoyarán en el camino que  decida emprender, con la plena confianza de que tendrá el mismo éxito que ha tenido en el desempeño como Director Ejecutivo.

En los próximos días Participación Ciudadana dará a conocer los términos del concurso público que llevará a cabo para seleccionar a la persona que ocupará la Dirección Ejecutiva, para lo cual ha contratado la asesoría de la empresa About HR de la consultora Teresa Espaillat.

Consejo Nacional
28 de junio de 2012