PC demanda implementación de la carrera docente y la dignidad salarial como garantía de una educación de calidad

La Mesa de Expertos en Función Pública que el día de hoy abordó la “Carrera Docente en la República Dominicana: Retos y Perspectivas”, fue coordinada por Participacion Ciudadana y por el Ministerio de Administración Pública, en el marco del Proyecto “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos” con el apoyo de la Unión Europea.

Esta Mesa de Expertos en Función Pública, es un espacio de diálogo y reflexión Estado-sociedad civil, para contribuir con la búsqueda del consenso político para la efectiva implementación de la Ley de Función Pública, mediante el establecimiento de intercambios y concertación sobre los temas relativos a los recursos humanos en la Administración Pública y los retos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades en este tema.

Ahora que se aplica el 4% del PIB al sector de la educación pública Inicial, Básica y Media, este momento debe ser una oportunidad para que se implemente la Carrera Docente que, como toda carrera administrativa, debe seleccionar los mejores docentes, ofrecer estabilidad y profesionalización, garantizar calidad de vida a los/as maestros/as, practicar la evaluación del desempeño, como crítica, auto crítica y superación de las fallas, y promover las buenas prácticas, premiando a sus autores.

La ciudadanía debe exigir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Administración Pública el cumplimiento de la Ley de Educación, que en su artículo 132 establece que el Estatuto del Docente es el conjunto de disposiciones legales que tiene por objeto reglamentar las relaciones mutuas del Estado con los docentes (activos, pensionados y jubilados) y garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, y atendiendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad.

La efectiva aplicación de  la Carrera Docente permitiría la vinculación del servidor de la educación con el conjunto de disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción, así como sus deberes y sus derechos laborales.

La Carrera Docente comprende también el conjunto de disposiciones relativas a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el nombramiento de personal, la estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinden a la educación los mejores recursos humanos.

En ese sentido Participación Ciudadana exhorta a que se establezca un régimen especial que garantice la estabilidad del docente y que contemple, entre otros, los aspectos de: ingresos, normas de trabajo, remuneración, profesionalización, perfeccionamiento, bienestar de los docentes, protección, seguridad, derecho de organización, promoción, ascenso, traslado, licencia, vacaciones, regalía pascual, sanciones, pensiones y jubilaciones.

 El Coordinador General de Participacion Ciudadana expreso que “el Estado a experimentó en los últimos años un amplio proceso de reforma que es nuestro interés sea más participativo, eficiente y de calidad”.

En la actividad el Lic. Roberto Álvarez también expresó que en el caso de la Función Pública y de la Administración en general, existe una dinámica propia, como parte del complejo estatal y que ésta con frecuencia marcha con retrasos con respecto a la dinámica social y la actuación de los sujetos sociales. La cultura organizacional, la pesada burocracia y el carácter monopólico del Estado en algunos ámbitos, entre otros aspectos, representan barreras para la reforma del sector público.

Por eso, a veces ocurren reformas políticas, pero la Administración no cambia, o lo hace mínima y  lentamente. La rutina burocrática, que especializa y hace eficiente los servicios públicos, lleva consigo el riesgo del acomodamiento y de la deshumanización.

Esta Mesa de Expertos que desarrollamos en el día de hoy sobre la  Carrera Docente la consideramos fundamental, por ser parte íntegra de la preocupación número uno de la sociedad dominicana en los últimos años: lograr una educación de calidad.

Para hablar de la calidad en la educación, necesariamente debemos impulsar el Estatuto Docente, que tiene por objeto precisamente, “garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, y atendiendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad”, al tiempo que se garantiza un salario digno y justo.