Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, afirmó este sábado que lo presentado  como plan de seguridad pública el pasado miércoles 20 en el Palacio Nacional no pasa de “lineamientos generales”, razón por la que prefiere esperar que las autoridades den a conocer el programa de ejecución para poder expresar una opinión acabada al respecto.

Sin embargo, declaró que “no me satisface lo que hasta ahora se ha presentado” debido a que la parte que el gobierno dio a conocer debió acompañarse no solo del programa y el cronograma de ejecución, sino también del presupuesto y las fuentes de financiamiento para poner en marcha las medidas anunciadas.

La iniciativa cuenta con una web (http://policiaintegral.org) donde se puede encontrar información sobre el proceso de reforma de la Policía, temas de seguridad ciudadana y noticias de cómo el cuerpo de orden público  cumple su papel.

De acuerdo con Sosa, la seguridad ciudadana debe ser enfocada atendiendo a las múltiples causas que la generan, tomando en cuenta que  en la base de cualquier plan para solucionar esta grave problemática debe estar la garantía del cumplimiento de la ley.

Sosa dijo que solicitará el plan completo al Ejecutivo ya que “en realidad la sociedad dominicana desconoce lo que el gobierno se propone hacer en materia de seguridad ciudadana debido a que faltan los detalles de las medidas concretas y el presupuesto para que el plan pueda ser creíble”.

Sosa habló con 7días.com.do al participar en el lanzamiento del Observatorio Ciudadano para una Policía Integral en la ciudad de Santiago, con la participación de representantes de organizaciones sociales, principalmente juveniles.

El Observatorio es una iniciativa de la sociedad civil que cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional. El propósito del  proyecto, de acuerdo con sus impulsores,  es activar la conciencia social acerca de la necesidad de reclamar un cuerpo policial “que cumpla con los roles que la Constitución y las leyes le otorgan, que exista para salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público y que prevenga e investigue los delitos en coordinación con el Ministerio Publico”.

Con el Observatorio para una Policía Integral también se pretende involucrar a las organizaciones sociales y a la población en general en acciones orientadas a demandar participación en el proceso de reforma de la Policía y de adecuación de su rol a la nueva legislación.

“Para Participación Ciudadana  la reforma de la ley de la policía y el plan de seguridad ciudadana deben  obedecer a un proceso integral, y para que no pase igual que lo sucedido con los planes anteriores,  debe contarse con la participación activa de la ciudadanía”, expresó Sosa al explicar los alcances y la metodología del Observatorio.

La iniciativa cuenta con una web (http://policiaintegral.org) donde se puede encontrar información sobre el proceso de reforma de la Policía, temas de seguridad ciudadana y noticias de cómo el cuerpo de orden público  cumple su papel.

El Observatorio para una Policía Integral es sustentado por una coalición de instituciones entre las que están,  además de Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Foro Ciudadano, Centro Bonó y Centro Juan XXIII.

Foro Nacional: 

Para la activista social el tema no debe estar secuestrado en la academia o en la propia Policía Nacional, sino democratizarse a todos los sectores.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa, reclamó al Gobierno que la sociedad civil sea incluida en la comisión que elabora la propuesta de reforma policial, porque -entiende- la seguridad es un tema nacional.

“Queremos llamar la atención porque existe una percepción de que con hacer una norma se hace una reforma, sin embargo, la norma es el punto de partida, pero la reforma integral que demanda la Policía Nacional, no sólo es el marco regulario, sino también los sistemas y procedimientos con la certificación ISO 9000”, dijo Sosa en el programa especial Foro Nacional sobre Seguridad Ciudadana y Reforma Policial que desarrolla esta Z101.

Rosalía Sosa sostuvo que es necesario hacer un levantamiento de los procedimientos administrativos y de actuación de la Policía en sí, de los protocolos de actuación, no sólo los vinculados con el Ministerio Público.

“Otro elemento importante de esa reforma integral es el capital humano que debe tener la Policía Nacional. Hay que definir los perfiles de puesto, desde algo tan sencillo como un simple supervisor, quién es su supervisor inmediato, la unidad laboral a la que pertenece, los requisitos de formación, habilidades y destrezas, manejo de tecnología…”.

Para la directora ejecutiva de PC, otro aspecto importante de la reforma es la planta física de los destacamentos de la Policía y las tecnologías con las que cuentan, “el monitoreo y mejora continua de todo lo que hemos hablado hasta llegar a la plena implementación de esa reforma integral que reclamamos”.

También considera necesaria la coordinación interinstitucional, que “son los acuerdos que tiene la institución con las demás instituciones con las cuales interactúa”.

Para finalizar, dijo que “es un reclamo que hace la sociedad civil, que nosotros queremos participar, ser actores para apoyar esa reforma integral de la Policía Nacional y que es parte importante de esa seguridad ciudadana”, volvió a reiterar la ejecutiva.

La Z101, como parte de su responsabilidad social empresarial, pone a disposición de autoridades, especialistas e interesados, su espacio de radio para que debatan el tema de la seguridad ciudadana y la reforma policial, en momentos en que la delincuencia y criminalidad azotan a la sociedad dominicana.

Marco juridico actual de la Policia Nacional (Descargar aquí)

San Pedro, 10 de Abril 2013, Felipe Fortine, del equipo de coordinación de Reconoci.do, recibió en la noche de hoy 10 de abril una llamada del Coronel Berroa de San Pedro para informarle que tiene órdenes de la Capital de no permitir la Caminata que este grupo tiene pautada salir mañana 11 de Abril (2013) desde las 7 AM hacia Santo Domingo y cuyo destino final es el palacio nacional.

La caminata pacifica que se pretende hacer en reclamo de un derecho humano tan básico como la nacionalidad, es organizada por el movimiento reconoci.do, los cuales se han caracterizado por el reclamo pacífico y no violento de su lucha.

Ya en el pasado la Policía Nacional ha reprimido de manera violeta y descomunal a este movimiento social, en manifestaciones que se caracterizan por el respeto y la no interrupción del orden público, la última manifestación de este colectivo social que fue reprimida ocurrió el pasado 11 de marzo, mientras realizaban una vigilia pacifica frente a la Junta Central Electoral, La vigilia fue violentamente atacada por los miembros de la Policía Nacional que se presentaron alrededor de las 9 de la noche y desplegaron a los protestantes con lanzamientos descomunales de bombas lacrimógenas y deteniendo de manera ilegal a 16 jóvenes, violentando el derecho que les asiste a la protesta.

Reporte que nos llega desde el Centro Bono.

Reporte en nuestro mapa de reportes de violaciones de derechos humanos (Aquí)

El Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de la República Dominicana, fue firmado por el Lic. Danilo Medina Sánchez,  en el cual  se comprometió y pactó, con Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, el cumplimiento de veinte un (21) puntos para el fortalecimiento de la administración pública, impulsar las medidas contra la corrupción, por la transparencia y la institucionalidad en caso de ser electo Presidente de la República Dominicana.

Participación Ciudadana ha realizado un  Monitoreo al “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad”, desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un  Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el Presidente Medina, en el cual se observa una débil acción del  Presidente para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales  el 63% han sido incumplidas, el 27% están en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplida, medidas en su conjunto que  constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción,  la transparencia y la institucionalidad.

Resultados del Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

1. No cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas  en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo,  lo que evidencia  que aún no  se implementa el proceso de sistematización de la información.
2. No se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral  por lo que no se ha dado cumplimiento  en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política  y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso.
3. A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras  fueron unificadas, pero  la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y  las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
4. En relación a los nombramientos Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió  contar con un marco normativo  que indique sobre la base del principio de racionalidad,  cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido  y las  competencias requeridas, labor que no se ha realizado aún,  sino que se procedió a nombrar en cada ministerio  de 5 a 6  viceministros sin determinar las necesidades de los mismos. Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos  137  posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad   proclamada  y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
5. No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha,  a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas.  En ese sentido, no se observa iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular lo que contribuye a mantener los mismos nombramientos existentes y realizar nuevos nombramientos, lo que claramente nos indica que no hay una política clara de recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
6. En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los  21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 Ministros han depositado su declaración jurada de bienes.  Los 7  restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente.  Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales,  Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo  ha impulsado por decreto  mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental  el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes  a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas. En síntesis, no obstante todas estas iniciativas, a la fecha no se ha presentado a la sociedad dominicana un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo de ciento veinte días (120) días.
7. En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito,  Ley General de Salarios.  Lamentamos que por sexta vez  se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa.  Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios,  el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.
8. Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.
9. En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la  Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la  cual tiene como propósito monitorear este sector  para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos  por las operaciones en el país.
10. En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto  en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones. Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación  (DICOM)  diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda  del sector público, para que publicaciones  gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.

Matriz de Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

Consejo Nacional
Abril 1, 2013

Participación Ciudadana apoya firmemente la posición del gobierno de renegociar los aspectos fiscales del contrato original con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en virtud de las cambiantes circunstancias internacionales en los precios del oro que han intervenido desde las negociaciones originales del 2002 y del 2009, en los mercados de metales internacionales. Respalda, por tanto, los esfuerzos, dentro del marco jurídico del país, para que se logre una nueva redistribución del inesperado excedente de los ingresos extraordinarios de la compañía multinacional, a la vez que aplaude que esos nuevos recursos del Estado sean utilizados exclusivamente, como solemnemente manifestara el presidente Medina en su discurso ante la Asamblea Nacional y el pueblo dominicano el pasado 27 de febrero, para “la inversión social y (el) combate a la pobreza”.

En vista de la importancia que la inversión extranjera directa desempeña para el desarrollo nacional, como lo expresara el presidente Medina, es esencial dejar constancia que el caso de la Barrick Gold debe ser enfocado como una situación única y sui géneris, en particular, dado el contexto social, político y económico del país, los niveles de corrupción y las prácticas de puertas giratorias que ha capturado al Estado dominicano. Decimos esto, porque la seguridad jurídica de los contratos, en particular los que tienen una dimensión internacional, es el fundamento sobre el cual se sustenta el buen nombre e imagen del país.

El movimiento cívico apartidista Participación Ciudadana, exige un control absoluto de nuestras aduanas, para todas la inversiones, nacionales y extranjeras, así como un seguimiento detallado y transparente de las proporciones de oro, plata, doré y otros metales exportados, con apego irrestricto a las leyes. Las operaciones de la multinacional deben estar sujetas a inspección y comprobación de su veracidad, para erradicar procedimientos contables que promueven la opacidad y la confabulación entre empresa y funcionarios públicos al servicio de intereses privados y en detrimento del interés nacional.

De igual manera, reclama políticas de absoluta transparencia y rendición de cuentas en la relación entre el Estado y la empresa extractiva, sobre los ingresos percibidos por las autoridades, en particular, todos los pagos que la empresa realice al gobierno dominicano.

Advertimos que, con cierta frecuencia, las prácticas en otros países de las empresas extractivas tiende a la discrecionalidad, el ocultamiento de información, el doble registro y la evasión de impuestos, situación que obliga a los ciudadanos a reclamar extrema vigilancia y al gobierno central a mantener una alerta continua, de forma tal que se eliminen las posibilidades de ser sorprendidos con tales hábitos.

Aprovechamos, además, para exhortar al Congreso Nacional, en el sentido de que el proceso de revisión del contrato con la Barrick Gold sea acompañado por una amplia participación de todos los sectores de la sociedad dominicana. En consecuencia, hacemos un llamado a la celebración de Vistas Públicas en su momento, para que no repita su previa negligencia de no haber legislado y fiscalizado oportunamente en representación del pueblo, como ordena el artículo constitucional 93, otorgando privilegios, sin leer el contrato, en perjuicio del Estado dominicano.

De igual manera, queremos recordar a cada miembro del Poder Legislativo que deben actuar “siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”, y no responder a mandatos contrarios al interés nacional remitidos desde el Poder Ejecutivo, como sucedió, de acuerdo a las denuncias de varios legisladores, cuando el presidente Leonel Fernández Reyna ejerció presión para la aprobación de dicha enmienda, en franca violación al mandato constitucional de separación de poderes del Estado, así como también, las directrices enviadas a sus legisladores, por los altos dirigentes de los  partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano,  para que aprobaran la enmienda al contrato con escaso conocimiento y reflexión.

Participación Ciudadana aprovecha la oportunidad para recordar el compromiso número 16 del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, suscrito el 7 de mayo de 2012, por el entonces candidato Danilo Medina, hoy Presidente de la República, para “Emprender en el país la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que promueve Transparencia Internacional, la cual procura lograr transparencia en los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado con empresas mineras y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector”

Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, manifiesta la necesidad de impulsar esta herramienta de transparencia para la industria extractiva, esfuerzo que debe ser llevado a cabo por el gobierno, empresas y grupos de la sociedad civil, quienes en alianza estratégica, deben informar a la ciudadanía acerca de los pagos realizados por la Barrick Gold, los ingresos recibidos por el Estado de las actividades de minería, y el destino de dichos recursos, los cuales deben contribuir al desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.

En un país como República Dominicana, con abundancia de recursos naturales no renovables,   pero con un Estado de débil institucionalidad, de fácil cooptación de los órganos de fiscalización y control, con un marcado índice de alta percepción de corrupción, es una obligación promover la movilización de la ciudadanía en el monitoreo de dichas riquezas para que su explotación e ingresos sean utilizados en beneficio de las clases más necesitadas del país.

Participación Ciudadana reafirma su inalterable compromiso de dar seguimiento al proceso de renegociación de las condiciones lesivas contenidas en  la “Enmienda al Acuerdo Especial de Arrendamiento de los Derechos Mineros” de fecha 10 de junio del 2009, así como el de velar que no sean vulnerados los intereses económicos del pueblo dominicano; posición valorada por el Presidente Medina Sánchez como “sencillamente inaceptable”.

CONSEJO NACIONAL
19 de Marzo de 2013

El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema generalizado en muchos de los países de la región. En el caso de la República Dominicana tiene características particulares, que convierte su abordaje en una agenda  aún más compleja, si consideramos el débil estado de derecho, los problemas de institucionalidad y los altos niveles de corrupción, que arropan las instituciones que tienen responsabilidad y deben salvaguardar la seguridad ciudadana, además del bajo estándar de cumplimiento e implementación de la ley.

En nuestro país, la agenda vinculada a la seguridad ciudadana es aun inconclusa, no obstante los planes, las reformas legales que en los últimos años se han aprobado, las cuales no se implementan, no se cumplen y no logran los resultados deseados por la ciudadanía, generándose un círculo vicioso de modificaciones normativas y nuevos procedimientos  que no logran reducir la violencia y la criminalidad, todo lo contrario aumentan y se incrementan.

En ese sentido la aplicación de políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana, debe ser un proceso integral y coordinado entre diferentes instancias del Estado;  coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Armas, el Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras.

No obstante las instituciones que deben intervenir en las políticas de seguridad ciudadana, la Constitución dominicana en su artículo 255 indica un rol especial a la Policía Nacional, definiéndola como “ un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”

Además le asigna como misión la de: Salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas, como la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.

De aquí se desprende la gran preocupación de la sociedad dominicana, en que la Policía Nacional es una de las instituciones con mayor nivel de desconfianza para la ciudadanía y percibida como una de mayor opacidad y menor transparencia, por eso en el último año aumentan las voces que demanda una nueva reforma integral de ese cuerpo.

Ese proceso de reforma integral, debe conducir a la constitución de un cuerpo de seguridad ciudadana que respete y cumpla con la Constitución y las leyes, con capacidad de prevenir el delito, que garantice los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y que nos permita contar con una institución al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia.

Al mismo tiempo es fundamental tomar las previsiones necesarias para reducir los altos riesgos de corrupción presentes en la Policía Nacional y las diferentes modalidades, claramente identificadas en la sociedad dominicana, como son;

1)         Ausencia de un estricto cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones Pública.

2)         Personal designado en instituciones para tareas y funciones que no le son propias.

3)         Ausencia de controles en la asignación de combustible y suministros.

4)      Discrecionalidad en las posiciones donde se ejecuta presupuesto, considerando que son los puestos más codiciado para enriquecerse en la policía.

5)         Pago de viáticos y dietas en efectivo y de manera discrecional.

6)         Ascenso, traslados sin cumplir criterios, ni escalafón.

7)         Ausencia de un sistema de control y rendición de cuentas.

8)         Penetración del crimen internacional organizado.

9)         Conflictos de interés en las decisiones administrativas y de cumplimiento de funciones.

10)    Opacidad de las informaciones sobre la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones de dirección.

En el proceso de reforma de la Policía Nacional, debe trascender las modificaciones  normativas y apuntalar al impulso de medidas o políticas, que garanticen la seguridad ciudadana y contribuyan a la construcción de un estado de derecho, nos referimos a:

1)      Promoción e implementación de políticas de transparencia e integridad.

2)   Garantizar la profesionalización, ascenso en base al mérito del personal, para que puedan ser bien remunerados sus integrantes.

3)      Reducir y prevenir la corrupción en la  institución policial.

4)      Poner en marcha el código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

5)      Revisión de la Doctrina de la Policía y adecuación de la misma al carácter civil.

6)      Separar  de las filas policiales el referente militarista y adoptar los roles y funciones de una entidad civil.

7)      Invertir el modelo policial actual, para que responde a un modelo de prevención y de seguridad de la ciudadanía.

8)      Garantizar el espíritu de cuerpo de la Policía Nacional, reducir la  dispersión y dualidades en las funciones, competencias en las estructuras y los mandos.

9)      Proveer a los miembros de la institución de salarios dignos, dietas, un  avituallamiento completo, un único uniforme, transporte de calidad para sus labores.

10)  Modificación de la estructura territorial Regional, Provincial, Municipal, adecuándola al plan estratégico.

11)   Implementar la Carrera Especial de la Función Policial.

12)  Transparentar la nómina y cruzarla con las de otros organismos de seguridad.

En resumen: Desarrollar un proceso de reforma para socializar a todos sus miembros de la institución policial para que internalicen los valores y acepten una institución bajo una concepción, organización y mando de carácter civil.

“Por una cultura de respecto, cuidado y defensa de la ciudadanía”