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El acuerdo suscrito en marzo de 2011 por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la entonces imputada Sobeida Félix Morel,  dado a conocer parcialmente por el matutino HOY, ha llenado de asombro y estupor a toda la sociedad. Aunque tales acuerdos son posibles en derecho, los resultados que el mismo ha producido han abierto serias interrogantes que deben ser despejadas por el Ministerio Público, pues afectan seriamente el Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.

Las informaciones suministradas por la señora Félix Morel tenían por objeto permitir al Ministerio Público investigar a personas vinculadas a las operaciones de narcotráfico o lavado de activos realizados por José Figueroa Agosto, teniendo como contrapartida un tratamiento favorable de su caso, en términos condenatorios. Sin embargo, luego de veintiún meses de firmado el acuerdo, todos los indicios permiten inducir que una autoridad superior decidió no utilizar la información recibida y lo que es más grave aún, decidió colocarla fuera del alcance de las nuevas autoridades y del conocimiento de la ciudadanía.

Corresponderá al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito,  y a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, confirmar o no las informaciones  que circulan en el sentido de que no conocían el referido acuerdo hasta su reciente divulgación por la prensa, y si lo conocían por qué razón no ordenaron las investigaciones de lugar.

De los datos parciales divulgados se desprende que la señora Félix Morel suministró suficiente información, además de detalles muy específicos, que eran relativamente fáciles de investigar y determinar su veracidad o falsedad: si el ex general De la Cruz Consuegra invirtió o no fondos propios en la adquisición de la yipeta Lexus que se indica como regalada por Figueroa Agosto; si el ex mayor general Domínguez Castillo puede justificar la compra con recursos propios y legítimos del apartamento en la torre Don Pedro, que se le atribuye haber comprado con recursos de Figueroa Agosto o si alguna persona lo vió con los costosos relojes supuestamente regalados por el narcotraficante boricua; verificar si el coronel Fernández Castillo  tenía las facilidades para conseguir carnets del DNI, si tenía su oficina en Plaza Naco y si el patrimonio que detenta está amparado en alguna actividad legítima; si el ex coronel Sánchez Pérez tiene un apartamento en el Ensanche Ozama y el origen de los fondos para su adquisición.

Con respecto al Ing. Miguel Vargas Maldonado las dudas son hoy mayores que las existentes cuando se divulgó la información, pues su carta de explicación parece escudarse en el  mismo argumento ofrecido por otros en el sentido de que el nombre de José Figueroa Agosto no había sido dado a conocer como ligado al narcotráfico, cuando lo grave del hecho que le imputa Sobeyda Felix Morel,  es la recepción en efectivo en tres ocasiones de cien mil dólares cada vez, sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de informar a las autoridades por ser operaciones que sobrepasan los US$10,000.00. En la carta de explicación nada se dice con respecto a la recepción del efectivo que se le atribuye.

El hecho de que el Ing. Vargas Maldonado era, y es, el presidente del principal partido de la oposición, que en el momento de la denuncia de la señora Félix Morel se aprestaba para competir en las elecciones presidenciales,  genera dudas muy serias que solo pueden ser despejadas a través de una investigación independiente, sobre todo si se toma en cuenta que nunca fue llamado a interrogatorio, como sí ocurrió con los militares y policía denunciados. El Ing. Vargas Maldonado debería tomar la iniciativa de ponerse a disposición del Ministerio Público para fines de ser interrogado e investigado.

La responsabilidad mayor descansa en el Ministerio Público, que es la autoridad llamada a garantizar  que los hechos criminales sean investigados y perseguidos sin discriminación de ningún tipo, y por lo tanto debe ofrecer una explicación convincente a la ciudadanía, que ante el silencio, con justificada razón, saca sus propias conclusiones, dejando muy mal paradas a las autoridades y los entes involucrados.

Como cada año, Participación Ciudadana pasa balance al año que termina con la finalidad de ofrecer su visión de lo acontecido y contribuir con información que permita a las autoridades y a la ciudadanía iniciar un nuevo año sin olvidar lo ocurrido en el que termina, sea para fortalecer o preservar lo bien hecho, como para corregir lo mal hecho.

Debe destacarse como la nota más positiva del año, aunque con miras al año siguiente, el cumplimiento de la Ley No. 66-97 que obliga a asignar un 4% del Producto Interno Bruto a la educación.

El año 2012 ha estado fuertemente marcado por dos acontecimientos importantes: las elecciones presidenciales y de diputados en el exterior, que dominó todo el primer semestre, y el déficit con que terminaremos, que dominó la última parte del año.

Ambos acontecimientos fueron responsables de otros tantos que resultaron de alta incidencia en la vida nacional, como el cambio de gobierno en agosto que implicó un conjunto de medidas positivas, la división del PRD y el PRSC, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Consejo Económico y Social (CES) sobre el Pacto Fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la aprobación acelerada y sin consenso de una ley que aumentó los impuestos y de la ley general de presupuesto para el 2013, la movilización ciudadana protestando primero por la reforma tributaria y luego por la impunidad que se pretende imponer en beneficio de aquellos funcionarios públicos que han colocado a la República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo y campeón indiscutible en despilfarro de los recursos públicos.

1.      El año del 4% para la Educación.

El presidente Danilo Medina cumplió su promesa de asignar en el proyecto de presupuesto para el 2013 el 4% del PIB para la educación, que aunque no es otra cosa que cumplir con el art. 197 de la ley No. 66-97, merece ser destacado y bien ponderado.

Este hecho constituye una clara demostración de lo importante que resulta para el país el empoderamiento de la ciudadanía en los temas de políticas públicas. También obliga a prestar mucha atención a la forma en que se utilizarán estos fondos.

2.      Un año de retroceso en materia electoral.

Durante el primer semestre del año se puso a prueba el sistema electoral dominicano con las votaciones que tuvieron efecto el 20 de mayo para elegir presidente y vicepresidente de la República y los diputados de ultramar.

Por nueva vez se comprobó que el organismo electoral ha logrado un control importante de los aspectos logísticos y del proceso de conteo de los votos, lo que fue corroborado por la observación electoral que realizamos, incluyendo nuestro conteo rápido.

Sin embargo, no se pudo avanzar y por el contrario, se retrocedió en el control de la modalidad de fraude electoral que ha venido ganando cada vez más fuerza en nuestro país: condicionar el voto de la ciudadanía usando masivamente los recursos del Estado e incluso con recursos captados del sector privado sin ningún cuidado y sin transparencia ni rendición de cuentas.

Participación Ciudadana denunció el uso de los recursos del Estado por parte del partido oficial en cada uno de sus seis informes de observación pre-electoral, desde noviembre de 2011, que era mucho más que evidente a través de la repartición de alimentos, materiales de construcción, electrodomésticos, publicidad estatal con fines electorales, un total desequilibrio en la publicidad electoral, visitas del presidente de la República por todo el país prometiendo y comenzando obras públicas no planificadas ni contenidas en el presupuesto en clara violación a la Constitución de la República y a todo el conjunto de leyes que rigen la Administración Financiera del Estado y los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental.

La Junta Central Electoral falló en controlar el tiempo en la campaña y el uso de los recursos públicos y privados, a pesar de que su potestad reglamentaria había quedado claramente consolidada en la nueva Constitución aprobada en el 2010, lo que dio lugar a unas elecciones en las que no se respetó el principio de equidad que manda el artículo 211 de la Constitución.

El desborde en el gasto público alcanzó igualmente al organismo electoral, que termina el año con un déficit que en declaraciones de funcionarios electorales estaría entre 700 y 1,000 millones de pesos, a pesar de lo cual mantuvo una importante campaña publicitaria luego de concluidas las elecciones.

El año concluye sin que el Congreso haya puesto en agenda los proyectos de Ley Orgánica Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de que todos los candidatos y representantes de los principales partidos se comprometieron durante la campaña electoral a aprobarlos antes de que finalizara el 2012.

3.      Un cambio de Gobierno y un cambio de estilo de gobernar.

El 16 de agosto asumió la presidencia el Lic. Danilo Medina y a pesar de la decepción generalizada que produjo el mantenimiento en sus funciones de cerca del 70% de los principales funcionarios públicos, no cabe duda alguna que comenzó a imponer un nuevo estilo de gobernar.

Este nuevo estilo quedó marcado con iniciativas como el decreto de austeridad y el comienzo de su cumplimiento, la destitución del Contralor General de la República por haberse asignado una pensión exagerada en sus funciones anteriores, la distribución del gasto público en pequeñas obras, la reducción significativa de todo el aparataje que rodeaban la presencia y traslados del presidente anterior, el cumplimiento de su promesa de otorgar el 4% del PIB a educación, la centralización en Promese Cal de todas las compras de medicamentos del sector público, el sometimiento a concurso de los permisos de importación de productos agrícolas y recientemente al otorgar pensiones especiales a los esforzados trabajadores de la caña, entre otras.

4.      Otro año en que la Corrupción y la impunidad siguen creciendo.

En un año en que el gobierno ha gastado más que ningún otro en toda su historia, ha quedado comprobada la enorme deficiencia que padecemos en materia de control y fiscalización del gasto público.

Han quedado al descubierto las debilidades de un Congreso Nacional que ha sustituido su función de control y fiscalización por la de asistencialismo social, en franca violación de la Constitución y las leyes, y de una Cámara de Cuentas sin los recursos y la voluntad para auditar el gasto público y sobre todo dar a conocer oportunamente los contenidos de sus auditorías.

Mención especial merece el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, cuyo director, Otoniel Bonilla, se dedicó a cerrar de manera definitiva investigaciones de corrupción justo antes del cambio de gobierno.

Transparencia Internacional divulgó su nuevo Índice de Percepción de la Corrupción, en el que la República Dominicana obtuvo una calificación de 32 sobre 100, que nos coloca entre los países en que existe una corrupción rampante. Esta evaluación coincide con otras realizadas internacionalmente, como la del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial que nos coloca en el último lugar de 144 países en despilfarro en el gasto gubernamental y favoritismo de los funcionarios públicos y en el lugar 142 en materia de desvío de fondos públicos.

Lamentablemente el presidente Medina estropeó un excelente discurso sobre sus primeros cien días enviando un mensaje de borrón y cuenta nueva al señalar que no se debía recoger piedras para arrojarlas hacia atrás. No es posible combatir la corrupción del presente o del futuro sobre la base de la impunidad de la corrupción del pasado.

Pese a no haberse aprobado todavía una Ley que garantice unas declaraciones juradas fehacientes de patrimonio y con datos fácilmente comprobables, las declaraciones de bienes realizadas por algunos funcionarios públicos ofrecen suficiente evidencia por lo menos para iniciar una seria investigación sobre el incremento de sus fortunas durante el ejercicio de las funciones públicas, partiendo de que la Constitución les obliga a probar el origen de sus bienes y les impide tener otros ingresos distintos a su salario y los percibidos por docencia mientras desempeñen cargos públicos. Igualmente debería verificarse que el incremento de tales fortunas fue declarado anualmente por ante la Dirección General de Impuestos Internos, y fueron cobrados los impuestos correspondientes.

Los niveles de transparencia en el gobierno en vez de aumentar han retrocedido este año 2012, como lo demuestra el Sexto Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, realizado por Participación Ciudadana, en el cual apenas 10 entidades públicas de las 52 evaluadas alcanzaron puntuación por encima de 80 sobre 100, 18 entidades obtuvieron entre 60 y 79 puntos y 24 obtuvieron menos de 59 puntos, entre ellas la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que obtuvo cero puntos.

5.      La evolución macroeconómica

Durante el año 2012 también se registró una desaceleración del crecimiento de la economía, aunque es de admitir que sigue siendo considerable, dado el contexto de crisis internacional. Según el informe del Banco Central correspondiente al período enero-septiembre, el producto interno bruto aumentó en 3.9%, comparado con igual período del año anterior. No se tienen datos aún del último trimestre, pero el ritmo puede haber bajado algo en virtud del ajuste hacia abajo del gasto público que hizo el nuevo gobierno. Siendo así, es previsible que la cifra final de crecimiento se ubique cerca del 3.5%, aunque bien podría alcanzar el 4% al que aspiran las autoridades.

Hasta septiembre, los renglones de mayor crecimiento fueron la energía, intermediación financiera, comercio y agropecuaria, así como educación y salud. Las actividades industriales casi no crecieron, y la industria de la construcción se redujo algo en su conjunto, pese al enorme esfuerzo de inversión pública, debido a que las construcciones privadas se redujeron.

La inflación fue muy moderada en el 2012, hasta el punto de que todavía hasta septiembre los precios apenas habían aumentado en 2.6%, aunque se estima que terminaron el año en alrededor de 4% por los marcados aumentos de finales de año. Curiosamente, el año de más baja inflación de los últimos tiempos coincide con el de mayor devaluación.

Durante el 2012, la tasa de cambio aumentó en aproximadamente un 6%, descontinuándose la práctica de hace mucho tiempo, en que se tenía alta inflación y poca devaluación, encareciendo el país frente a sus competidores y provocando una apreciación real de la moneda, que tanto daño viene haciendo al aparato productivo, e induciendo un crecimiento económico que descansa en plazas comerciales, importación de vehículos y electrodomésticos, torres residenciales y bancas de apuestas.

Congruente con este modelo de crecimiento, las cifras del sector externo son bastante negativas, pese a una ligera mejoría respecto al año previo. La balanza comercial terminará el 2012 con un déficit en torno a los US$9,000 millones, aunque el déficit en cuenta corriente se estima que disminuya, para terminar en 7.3% del PIB, unos US$4,300 millones, gracias a los ingresos por turismo y remesas.

En todo caso, es notorio que la República Dominicana se ha acostumbrado a depender de las entradas de capitales para mantener funcionando su economía. Si bien el flujo neto de los grandes montos de préstamos externos netos y colocación de bonos en el mercado internacional, que habían venido tras el acuerdo con el FMI bajó en el 2012, no desapareció, al tiempo que se mantuvo un fuerte flujo de inversión extranjera. Pero esto obedece a que el país convive con un período en que los capitales andan huyendo de Europa y buscan acogida en América Latina, y aún dentro de esta región la República Dominicana luce un buen refugio, porque se ha vendido bien como tal.

A ello ha contribuido la desconfianza de los inversionistas en dos países con vínculos muy particulares con el nuestro: Venezuela y España. Por razones distintas, los capitales están huyendo de esos países y, en el caso venezolano, nuestro país es su destino por excelencia.

Muchos de esos capitales se manifiestan a través de inversión extranjera directa en nuevos negocios, torres de apartamentos, plazas comerciales y tierras y viviendas en lugares turísticos, etc.; otros vienen a comprar activos o empresas ya existentes, mientras que otra parte se incorpora directamente al flujo financiero, para adquirir los muy atractivos bonos en moneda nacional del gobierno y del Banco Central, elemento fundamental para mantener la estabilidad de la tasa de cambio.

Sin embargo, en el 2012, a pesar de que esos capitales siguieron alimentando la economía nacional, no fueron suficientes para contrarrestar el déficit en cuenta corriente, por lo que las reservas monetarias se redujeron y el tipo de cambio subió más que la inflación interna.

Ahora bien, el elemento más destacado de la evolución macroeconómica dominicana durante el 2012 fue la gran expansión del gasto público que se produjo, sobretodo, en los renglones de inversión fija (155.4%), y de transferencias (29.8%), que incluye al sector eléctrico, aunque también creció la nómina en 12.7%. Todo esto se reflejó en la generación de un extraordinario déficit del sector público consolidado, que terminará en la acumulación de una deuda pública muy por encima de los niveles razonables para una economía subdesarrollada, de alrededor de 44% del PIB.

6.      2012: año del mayor déficit fiscal en la historia del país desde que se llevan registros.

El 4 de octubre el país recibió sorprendido el anuncio de parte del gobierno de que el déficit fiscal del sector público consolidado terminaría el año 2012 en 187 mil millones de pesos, es decir un 8% del PIB. Posteriormente el FMI informó que sería aún mayor, de cerca de un 8.5 % del PIB, rondando los 196 mil millones de pesos. En palabras del Director de la DGII, se trataba del mayor déficit fiscal en toda la historia del país desde que se llevan registros.

Las razones del déficit explicadas por el ex presidente Leonel Fernández, en un discurso al país al que se vio obligado debido a la indignación generada, fueron posteriormente cuestionadas por economistas y hasta por funcionarios públicos.

Una parte importante del déficit se produjo por la decisión del ex presidente de terminar las obras que había comenzado, como lo declaró el jefe de su gabinete económico, Temístocles Montás, y otra parte por la iniciación de nuevas grandes obras, aún en el período de transición y para lograrlo no tomaron en cuenta la violación de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto que establece el Sistema de Programación de la Ejecución Presupuestaria, la Ley de Organización del Ministerio de Hacienda, la Ley de Planificación e Inversión Pública, La Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Contraloría General de la República, la Ley de Función Pública, la Ley de Crédito Público, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, entre otras.

No se trató solamente del terrible daño que sobre la salud económica y financiera del Estado dominicano se infligía con las acciones que generaron este déficit, sino además el daño institucional que representa la violación de toda la normativa legal y constitucional, confirmando la inexistencia, por lo menos para nuestros gobernantes, del Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.

El daño se incrementa ante la clara intención del nuevo gobierno de no investigar y someter a la justicia a los responsables de tales violaciones a pesar de la enorme carga que nuevamente se coloca sobre los hombros de la ciudadanía en forma de mayor endeudamiento, por un lado, y de aumento de impuestos, por otro, para contribuir a tapar el hoyo financiero generado por infracciones legales y constitucionales.

Es penoso que todo el gasto público realizado en los últimos años no contribuyera a reducir la pobreza, y que por el contrario, la pobreza se haya incrementado a 42.2% de acuerdo con datos de la Comisión Económica para America Latina y El Caribe (CEPAL).

Las múltiples informaciones sobre el nivel del déficit fiscal han venido a poner de manifiesto la debilidad del sistema de estadísticas macroeconómicas y carencia de información fehaciente a la ciudadanía. Un elemento perturbador es la falta de transparencia en la información financiera del Estado, constituyéndose el déficit del 2012 en elocuente ejemplo. Mientras que el presupuesto aprobado sólo admitía un déficit de 2.2% del PIB para todo el sector público, el informe del primer semestre del Banco Central arroja una cifra cercana al 5%, y en septiembre la Misión del FMI hablaba de 3.3%.

Tras este rejuego de cifras, la tendencia definitiva del déficit no fue revelada sino hasta el 4 de octubre, pero luego el FMI informó de datos más elevados aún, y ahora a final del año surgen informaciones de que el déficit pudiera terminar siendo más bajo. De esta manera, al cierre del 2012 el nuevo gobierno logró reducir marcadamente el ritmo de gastos públicos que llevaba el anterior, por lo que se estima que al final el déficit del sector público consolidado se situaría en torno al 7% del PIB en vez de 8.5% como había proyectado la Misión del FMI.

Es probable que el nuevo gobierno, aun sabiendo que aplicaría una política que ayudaría a reducir la tendencia del déficit, decidiera no informarlo para facilitar la aprobación de su proyecto de aumento de impuestos, lo que revela una práctica poco transparente en el manejo de la información financiera.

7.      Debilitamiento del sistema de partidos.

La fragilidad institucional que arropa a la sociedad dominicana alcanza a la mayoría de los partidos políticos. Estas elecciones demostraron una vez más que la mayoría de los partidos existen exclusivamente para venderse al mejor postor dentro del sistema clientelar que penetra por todas partes y en esas condiciones nunca tendrán posibilidad real de ganar unas elecciones. De esa manera hemos visto como el PRSC se ha reducido a la condición fuerza minoritaria con fines de negociación, sumándose a una mayoría que hace lo mismo.

En esta ocasión, la crisis en el sistema partidario ha alcanzado al principal partido de oposición, aunque por circunstancias diferentes. El PRD se encuentra sumido en una fuerte crisis interna que lo mantiene dividido en dos partes, aunque existe un conjunto de dirigentes que hacen esfuerzos por crear una tercera fuerza.

La crisis ha impedido que el PRD realice el papel que le corresponde por la votación obtenida en las últimas elecciones, restando el indispensable contrapeso que debería aportar.

Los principales líderes del PRD han sido incapaces de poner el interés del partido y de la ciudadanía por encima de sus intereses personales de control y se vislumbra un largo conflicto que terminaría de todas formas en la división formal del partido, como ya ha ocurrido otras veces en el pasado.

8.      Desempeño de las Altas Cortes.

El año 2012 fue el año de la instalación de las altas cortes. En el Poder Judicial se hizo un cambio de integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y la ratificación de dos de la pasada gestión, de los cuales 9 jueces del ámbito penal conforman la planilla de los 16 jueces de dicho alto tribunal. Este año el Consejo del Poder Judicial fue cuestionado por jueces y empleados administrativos por su actuación poco respetuosa del debido proceso disciplinario. En particular, los jueces fueron sometidos por la toma de decisiones jurisdiccionales vulnerando la independencia funcional de la cual tanto ha luchado la ciudadanía. Si embargo se está en la espera de la revisión del proceso disciplinario tanto para jueces como para empleados administrativos.

 Una decisión importante al cierre el año 2012, fue la del Juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, donde ordenó al ministerio público seguir con la investigación en contra del investigado Félix Ramón Bautista Rosario, por presuntos actos de corrupción y revocando el auto del archivo provisional del expediente dictado por el Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). A pesar de cualquier recurso procesal, la ciudadanía tiene la esperanza de que tanto la Segunda Sala Penal como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cumplan con su misión institucional de ser guardianes de la Constitución y de la Ley.

El Tribunal Constitucional inició sus la labores con grandes limitaciones de espacio físico y de personal, lo que justificó en los primeros meses el bajo desempeño. Sin embargo, a pesar de instalarse en agosto en su propia sede, la ciudadanía cuestiona el bajo rendimiento de los 13 jueces, ya que han evacuado hasta el momento de redacción de este balance unas 104 sentencias, hasta el punto de que una acción de inconstitucionalidad sometida por nuestra institución ante la Suprema Corte de Justicia en fecha 2 de septiembres del 2010, y transferida al Tribunal Constitucional el 31 de enero del 2012, a raíz de su establecimiento, todavía no se le haya puesto en agenda para ser conocida.

Participación Ciudadana valoró la decisión del Tribunal Constitucional en que reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.

El Tribunal Superior Electoral fue creado por la Constitución del 2010, inició sus labores con grandes retos frente al escrutinio electoral de reciente celebración, particularmente para cumplir su misión de conocer los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Sus decisiones han sido cuestionadas poniendo en peligro su legitimidad, preocupación manifestada a ese organismo de que imparta justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes, y de que trabaje para restablecer la confianza de la ciudadanía para garantizar la democracia interna y el fortalecimiento del sistema de partidos.

Las altas cortes deben cumplir con su misión de administración de justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los poderes públicos y las debidas garantías de los derechos fundamentales.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista,  solicita al Senado y a la Cámara de Diputados que den cumplimiento a la Ley No. 194-04, donde se consigna  que el presupuesto del Poder Judicial  y del Ministerio Público  será “de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado, los cuales se deben distribuir en un  65%  del 4.10% para el Poder Judicial y un 35%  del  4.10%  para el Ministerio Público.

De igual manera, recuerda que debe asignar recursos a la Oficina Nacional de Defensa Pública, la cual hasta el momento opera en sólo 22 Distritos Judiciales, estando imposibilitada de garantizar el derecho  a la defensa en 19 distritos judiciales, en franca violación de la Constitución del 2010.

El párrafo del artículo 5 de dicha ley establece que “cada tres años deberán ser revisados los porcentajes con el propósito de adecuarlos a las necesidades” tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público, situación que no se ha hecho hasta el momento en franca violación a la ley y a la Constitución.

La real independencia del Poder Judicial no sólo descansa en su autonomía funcional sino  en la garantía de poder contar con los recursos económicos necesarios para que la actividad judicial alcance la calidad que exige la ciudadanía .Los procesos de reforma y modernización del sector justicia están paralizados por no contar con los recursos necesarios para su implementación plena.

El Ministerio Público debe iniciar el proceso de captación de aspirantes a los fines de poder dar respuesta con un personal de carrera en la investigación y persecución penal para poder contribuir de manera efectiva a la demandada seguridad ciudadana.  De igual manera, no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia organizada por falta de los recursos para la adquisición de los mismos, situación que debe preocupar a toda la sociedad.

Los jueces, los fiscales, defensores públicos y los empleados administrativos de dichas instituciones laboran con grandes carencias lo que explica la dificultad de respuesta rápida y oportuna frente a las demandas de la ciudadanía de acceso a la justicia.

Participación Ciudadana solicita, además,  a la Cámara de Diputados  y al Senado la designación del Defensor del Pueblo, ya que es inaceptable que el Poder responsable de legislar y fiscalizar en representación del pueblo,  sea el primero que no cumpla con la Constitución de la República Dominicana.

Consejo Nacional
14 de diciembre de 2012

Participación Ciudadana rechaza argumentos de Leonel Fernández y lamenta actitud del procurador Domínguez Brito

Los argumentos ofrecidos por el Dr. Leonel Fernández en su reciente discurso a la nación, permiten confirmar que se han violado la Constitución y las leyes en la generación del mayor déficit fiscal que ha tenido el país, en toda su historia, desde que se llevan registros oficiales.

La reducción de los ingresos a la que alude como una de las causas del déficit, debió llevarlo como presidente de la República a contraer el gasto y no a aumentarlo, como lo hizo, violando el artículo 44 de la Ley de Presupuesto que señala que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”.

El aporte que debe hacerse cada año al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal tampoco explica el déficit del año 2012 en razón de que dicho aporte ya estaba consignado en el presupuesto aprobado por el Congreso para este año, mientras que el subsidio adicional eléctrico solo representa un 20% del enorme déficit proyectado para este año y reconocido en su discurso por el Dr. Fernández.

Una de las causas más importante del déficit ya había sido reconocida por el ministro Temístocles Montás cuando en declaraciones recientes señaló que el gasto público se expandió en más de un 2% del PIB porque el presidente Fernández “entendía” que debía terminar sus obras, lo que representó un gasto, por encima de lo presupuestado, entre 50 y 60 mil millones de pesos adicionales.

El déficit puede ser utilizado como un instrumento de la política económica de cualquier país, pero siempre debe obedecer a ciertas normas de carácter legal y constitucional, sin cuyo cumplimiento sería ilegal. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado el presidente Obama estuvo a punto de cesar a 800,000 empleados federales y paralizar las operaciones del gobierno sencillamente porque la mayoría republicana en la Cámara de Representantes no le había aprobado aumentar el déficit, y estaba consciente de que gastar un solo centavo por encima del déficit autorizado comprometía su responsabilidad política y penal.

Sin embargo, en nuestro país, antes de que el Congreso aprobara el 13 de julio de este año la Ley de Presupuesto Complementario, ya el gobierno, por instrucciones del Dr. Leonel Fernández, según lo declaró el ministro Montás, había excedido ampliamente el déficit autorizado en la Ley de Presupuesto General del Estado. La posterior aprobación del presupuesto complementario no borra las violaciones ocurridas con anterioridad pues la misma no contiene una amnistía al respecto.

Por otro lado, nos ha generado una profunda decepción que el Procurador General de la República no cumplió con su deber de realizar una profunda investigación sobre las causas que generaron el déficit y entre las motivaciones para rechazar la denuncia interpuesta por Alianza País, admitió sus sentimientos personales hacia el expresidente, los que precisamente les impedían conocer y decidir la misma. La declaración del Licenciado Francisco Domínguez Brito tampoco se refiere a los contenidos de malversación y sobrevaluación de obras que incluye la instancia, ni a la posible responsabilidad de los otros funcionarios señalados, es decir el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

El artículo 123 del Código Penal sanciona con penas de prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”, sin importar cuáles sean estas leyes. Corresponde al ministerio público investigar si existió esta coalición de funcionarios para violar la Constitución de la República, cuyo artículo 236 establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, o que obliga a que el gasto público obedezca a criterios de transparencia, planificación, eficiencia, prioridad y economía.

En los últimos años se han aprobado leyes importantes que contienen disposiciones precisamente para evitar lo que enfrentamos este año y corresponde a la Cámara de Cuentas, al Congreso Nacional y al Ministerio Público investigar si han sido violadas la ley Orgánica de Presupuesto, la de Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la del Sistema de Administración Financiera del Estado, la del Ministerio de Hacienda, la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la de Planificación de la Inversión Pública, la de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la de Crédito Público, entre otras.

La forma en que se gastó el dinero público en los primeros ocho meses del presente año no puede ser ocultada porque corresponderá al pueblo pagar las consecuencias con sudor y lagrimas y los detalles terminarán por salir tarde o temprano, comprometiendo la responsabilidad de los autores del más grande desafuero económico de los últimos tiempos, y llenando de vergüenza a los que no cumplieron con su obligación desde las posiciones que les tocó desempeñar.

Participación Ciudadana lamenta las muertes de las personas por miembros de la Policía Nacional y recuerda al Presidente Danilo Medina, que una de las funciones esenciales del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, por lo que debe ofrecer el debido amparo y garantía para el goce y disfrute de los derechos ciudadanos.

CONSEJO NACIONAL
14 de noviembre de 2012