Los directores ejecutivos de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Francisco Cueto, dijeron que los resultados de la encuesta Gallup-Hoy, se corresponden con la realidad, en cuanto a la alta percepción de los ciudadanos sobre la corrupción pública en el país.

Recomendaron al gobierno tomar en cuenta lo que piensa la población sobre sus ejecutorias en materia de combate y sanción de la corrupción, en torno a la situación económica que padece, a los fines de tomar las medidas que corrijan los males que afectan el fortalecimiento de la democracia, el sistema de partidos políticos y la calidad de vida de la población.

Cabreja y Cueto opinaron sobre los resultados de la encuesta Gallup-Hoy, los cuales revelan que el 66% de los encuestados cree que la corrupción aumenta; mientras el 84% dice que hay mucha impunidad. Asimismo, el 82% ve negativa la economía local.

Sobre la corrupción Cabreja y Cueto dijeron que hay más percepción de corrupción por la falta de controles para el combate de ese flagelo.

El vocero de PC calificó grave que no se vean medidas dirigidas a investigar y sancionar la corrupción “sino más bien respuestas de las autoridades que intentan justificar esos hechos”.

Respecto a la situación económica del país, Cabreja lo atribuyó a la profundización de la crisis a nivel internacional y al mismo tiempo, al mal manejo del gobierno de la economía a nivel nacional, falta de austeridad, baja inversión social y a la mala calidad en el gasto.

Las claves

1. ¿Por qué la percepción?

Cabreja lo atribuye a la falta de controles del Estado para perseguir, sancionar y castigar la corrupción; a los altos niveles del gasto, a que el gobierno no ha tenido clara sus prioridades en términos económicos. Esto ha hecho, dice, se incrementen los niveles de pobreza y de deterioro y social y económico.

2. Datos preocupantes

Para Cueto son de preocupación los resultados de la encuesta Gallup-Hoy. Empero, considera que lo importante en la política y en la democracia es saber qué piensan los ciudadanos porque son éstos los que dan la legitimidad al sistema político.

Ante el pacto dado a conocer el jueves entre el Presidente de la República Leonel Fernández y quien fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del 2008, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Participación Ciudadana desea señalar lo siguiente:

1.Acogemos los aspectos positivos contenidos en el acuerdo presentado al país, especialmente en lo referente a la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, la elección de diputados nacionales por acumulación de votos que abriría las puertas a la representación de las minorías y la congelación de la matrícula de la Cámara de Diputados.

2.Resalta, sin embargo, que la prisa con que se pactó impidió que se presentaran los textos a ser sometidos a consideración de la Asamblea Nacional.

3.Deploramos que se haya ratificado la propuesta de reunificar las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales en un mismo año, a lo que siempre nos hemos opuesto por considerar que debilita la representación legislativa y fortalece el arrastre y en consecuencia el presidencialismo.

4.Es de mucha preocupación que este acuerdo  se haya hecho al margen de la institucionalidad de los partidos, reforzando la cultura caudillista que tanto daño ha causado al desarrollo institucional y democrático de la nación. Más lamentable por cuanto el doctor Leonel Fernández lo firmó como Presidente de la República, en vez de hacerlo como presidente de su partido, que era lo correspondiente. En cuanto al Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la condición de excandidato presidencial no le confiere ninguna representación institucional.

5.El acuerdo debió abarcar a los demás partidos políticos con representación legislativa, y haberse realizado en el marco mismo de la Asamblea Nacional Revisora a través de los bloques parlamentarios, lo que hubiese salvado la institucionalidad y la majestad de la Presidencia de la República.

6.El acuerdo es muy limitado, fundamentalmente en torno a la distribución del poder, y no aborda aspectos substanciales del proyecto de nueva Constitución  referentes a la institucionalidad democrática, la justicia, y los poderes legislativo y municipal, en los cuales no hay consenso.

7.Finalmente consideramos que todavía hay tiempo para someter el acuerdo a consideración de los órganos decisorios de los partidos políticos, así como para ampliar su contenido.

El movimiento cívico Participación Ciudadana saluda que el gobierno haya formulado un  “Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012”. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra disposición de darle estricto seguimiento a su puesta en marcha, y anunciamos al país que periódicamente estaremos informando de los resultados de nuestra observación.

Sin embargo, entendemos que la transparencia es mucho más que un plan estratégico, por muy bien formulado que el mismo esté. Es una concepción de cómo se manejan los asuntos de Estado. La transparencia es una forma de vida. Es un patrón de comportamiento cotidiano.

En el acto de presentación del Plan, el Presidente Leonel Fernández sorprendió a la opinión pública nacional con una declaración en el sentido de que su gobierno aplicará una política de tolerancia cero frente a la corrupción. De ser esa su real intención, esta podría ser la mejor noticia que reciba el pueblo dominicano de parte de sus autoridades en esta época de tantas incertidumbres.

Y de verdad que quisiéramos creerle. Sin embargo, resulta difícil de entender si se trata de un simple enunciado de intenciones de cara al futuro, sin tomar en cuenta ninguna acción frente a los innumerables y escandalosos casos del pasado.

Siendo así, para hacer creíble esa promesa, Participación Ciudadana sugiere al Presidente que responda a una serie de reclamos que hemos hecho en los últimos años respecto a situaciones de evidente corrupción en que se han visto envueltas diversas instancias o dependencias de su gestión, y que son conocidas por la opinión pública, no por efecto del trabajo eficiente de los organismos públicos responsables de la prevención, detección y persecución de la corrupción, sino gracias al esfuerzo de un grupo reducido pero meritorio de productores de medios de comunicación.

Para dar muestras de que efectivamente habrá tolerancia cero frente a la corrupción, el Presidente debe comenzar por explicar a la ciudadanía a dónde fueron a parar los US$130 millones de los pagarés que fueron firmados a la empresa Sun Land, en cuyos términos dice textualmente “por concepto de valor recibido”, recurriendo a procedimientos impropios en el uso de crédito internacional del país y la contratación de obras públicas, violatorios de la Constitución, de diversas leyes adjetivas y de acuerdos internacionales

Todavía Participación Ciudadana espera respuestas a la solicitud de que sea aclarada la denuncia de la periodista Nuria Piera, apoyada en pruebas de laboratorios, de que cerca de la mitad de la leche que se estaba suministrando a los niños a través del desayuno escolar se trataba prácticamente de agua con saborizante. En aquella ocasión manifestamos que una denuncia tan grave como esta debió iniciar una investigación para someter a la justicia a los responsables de una estafa contra el Estado, que afecta fondos públicos y que por perjudicar a los niños pobres del país, constituye un verdadero crimen de lesa humanidad.

También ha reclamado Participación Ciudadana aclaración de la cuantía de dinero repartido a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana con fondos del Presupuesto Nacional, a través de las llamadas nóminas CB.

Debería el Presidente, para hacer creíble su promesa reciente, aclarar al país qué se está haciendo respecto a los casos que han estremecido la conciencia nacional en meses recientes, y que afectan el uso de los recursos públicos en instituciones como la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y el Programa de Reducción de Apagones, así como en la Oficina de Supervisión de Obras del Estado (Remodelación del Palacio de Bellas Artes y de la Catedral de San Juan de la Maguana).

Tampoco hay muchos motivos para confiar en la palabra del Presidente si todavía una altísima proporción de sus funcionarios ni siquiera cumplen con el formalismo de hacer su declaración jurada de patrimonio, como manda la ley, ni cumplen otras como la del deber de información pública o la de compras y contrataciones, sin que reciban ninguna sanción.

Su discurso tampoco es muy creíble si no manifiesta arrepentimiento y disposición a enmendar sus acciones en situaciones como el desistimiento de la acción judicial en casos como el del PEME o en el de Angel Lockward, así como en los indultos concedidos a responsables del fraude de Banínter y del Plan Renove.  Sería importante mostrar a la ciudadanía el interés del Presidente de la República cuando en vez de destituir o suspender a sus funcionarios por denuncias de los medios de comunicación  de actos de corrupción pública,   pone a disposición de los órganos de persecución penal a dichos servidores públicos para que éstos evalúen los méritos de las denuncias y así  hacer valer la legitimidad del enunciado del Presidente Fernández en su discurso: Cero Tolerancia  a la Corrupción.

Como movimiento que propugna por el ejercicio de ciudadanía y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, Participación Ciudadana se siente obligada a expresar que la interposición de recursos ante los tribunales no es otra cosa que el ejercicio  de un derecho ciudadano, como lo han hecho organizaciones y ciudadanos que en estos días han interpuesto dos recursos, uno de amparo, y el otro de inconstitucionalidad a la ley  70-09 que convoca la Asamblea Revisora de la Constitución.

Contrario a lo que han expresado voceros políticos y los presidentes de las cámaras legislativas, de ninguna forma se puede atribuir a los promotores de esas instancias la intención de deslucir el proceso de reforma constitucional y mucho menos promover un golpe de Estado judicial. Simplemente están ejerciendo derechos que les confiere el sistema jurídico nacional.

Ambos recursos han sido ejercidos por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, por lo que merecen ser  ponderados debidamente por las instancias judiciales a las que fueron sometidos, sin evasiones ni facilismos para rendirse ante los poderes constituidos que no acaban de entender las dimensiones de los derechos ciudadanos y la participación democrática. Dado el hecho de que el proceso de aprobación de una nueva Constitución está en marcha, es urgente el dictamen de ambas instancias, tanto del tribunal de  primera instancia como de la Suprema Corte de Justicia.

Ante el inicio de los trabajos de la Asamblea Revisora, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, informan a la opinión pública nacional de la conformación  de un espacio de coordinación de organizaciones sociales con el propósito de reiterar y fortalecer las demandas de la sociedad dominicana sobre la necesidad de un texto constitucional que garantice el ejercicio de derechos ciudadanos, en libertad e igualdad

Este conjunto de organizaciones se  propone desarrollar un proceso permanente de monitoreo, información y puesta en alerta a la sociedad dominicana sobre los debates que se desarrollen en la Asamblea Revisora, para que la Reforma Constitucional que ya está en curso responda a las necesidades y expectativas de la sociedad dominicana y no a las tradicionales intenciones  de complacencia de intereses particulares, como ha acontecido en procesos  anteriores de reformas a la Carta Magna.  Cualquier modificación constitucional debe tener en cuenta los anhelos del pueblo dominicano de una mayor institucionalidad democrática y de niveles más amplios de desarrollo social y económico y de una democracia más inclusiva y participativa.

Consideramos impropia la ignorancia de los consensos generados alrededor del mecanismo de modificación por vía de una Asamblea Constituyente  expresada por la mayoría de los y las participantes en la Consulta Popular, convocada por el Ejecutivo, y la realizada por decenas de organizaciones sociales.  Reafirmamos nuestra demanda de que esta figura sea incorporada como el  mecanismo más idóneo para la modificación de la Constitución, en tanto garantía de una mayor democracia y participación en una reforma de tanta trascendencia para el país.

Queremos dejar establecido que en el actual proyecto de reforma Constitucional existen importantes amenazas a la democracia y el Estado de derecho, que los asambleistas están en el deber de evitar. De aprobarse la propuesta Constitucional presentada al Congreso por el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna, el país experimentaría serios retrocesos en su institucionalidad, como lo supone la ampliación del presidencialismo y de la concentración del poder, evitando así el correcto funcionamiento de la democracia en lo que respecta a la independencia de los poderes públicos y la existencia de un efectivo sistema de frenos y contrapesos.

Consideramos igualmente una amenaza a la gobernabilidad el hecho de que sean transferidas responsabilidades indelegables del Estado como derechos económicos, sociales y culturales, entre otros el de la educación.

Consideramos que el Estado Dominicano se considere laico reconociendo el derecho al culto y la equidad entre las diferentes religiones existentes en el país, al tiempo que demandamos la adopción de políticas de igualdad de género.

En otro orden, demandamos que el actual proceso de reforma Constitucional sea revestido de la mayor transparencia posible y que la población esté debidamente informada sobre cada uno de los temas discutidos en el marco de la  Asamblea Revisora, así como del rol asumido por cada uno de los y las asambleistas en este proceso, haciendo público su voto. Exigimos a su vez, que se permita la participación de representantes de la sociedad civil en el Congreso Nacional en calidad de observadores y observadoras.

Las limitaciones señaladas deben ser superadas por los actuales asambleistas quienes tienen frente al país el compromiso de dotar a la República Dominicana de una Constitución realmente democrática que reconozca y garantice los derechos humanos, su interdependencia e integralidad.

Las organizaciones aquí representadas seremos permanentes vigilantes de los contenidos y perspectivas adoptados por la Asamblea Revisora demandando que sean consideradas las propuestas formuladas al proyecto de Constitución.

1.      Centro Bonó

2.      Ciudad Alternativa

3.      Foro Ciudadano

4.      Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional

5.      Participación Ciudadana

6.      Red Dominicana de Culturas Locales

El movimiento Participación Ciudadana entregó hoy al Congreso un documento contentivo de unas setenta modificaciones al proyecto de nueva Constitución a ser conocido próximamente, en su mayoría sobre aspectos substanciales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, reduciendo los excesivos poderes presidenciales que contiene y acentuando la separación de los poderes del Estado.

PC mantiene el reclamo de que cualquier reforma substancial a la Constitución se haga mediante Asamblea Constituyente por elección popular y participación de las organizaciones sociales en proporción del veinte por ciento y que sea sometida a la aprobación de la ciudadanía mediante un referéndum, incluyendo la que ahora se conoce.

Así mismo propugna por reducir el número de los diputados, de los titulares de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, rechaza la creación de un Tribunal Superior Administrativo y plantea un Tribunal de Garantías Constitucionales en vez de una Sala Constitucional.

Participación Ciudadana propone que se prohíba la reelección presidencial consecutiva, se mantengan las elecciones presidenciales separadas de las legislativas y municipales por el fortalecimiento de la independencia de estas funciones estatales, que se reduzca al 45 por ciento el mínimo de votos requerido para elegir presidente y vicepresidente de la República y que se otorgue facultad a la Junta Central Electoral para regir todo lo concerniente a las campañas electorales, incluyendo el gasto de los partidos y candidatos.

A continuación sintetizamos las propuestas sobre aspectos substanciales del proyecto de Constitución. Muchas otras de carácter secundario o de forma aparecen también en el documento entregado al Congreso:

1.- Para reducir el presidencialismo

1.1.- Suprimir el numeral 3) del artículo 22 que establece la previa autorización del Poder Ejecutivo para aceptar función o empleo de un gobierno extranjero, por atentar contra los derechos individuales. Las funciones diplomáticas y consulares están regidas por tratados y convenciones internacionales.

1.2.- Agregar una letra al artículo 80 para que el Presidente de la República tenga que obtener la aprobación del Congreso para enviar tropas militares o policiales al exterior.

1.3.- En el mismo artículo agregar otra letra para facultar al Congreso a examinar de manera permanente los actos del Poder Ejecutivo y determinar si se ajustan a la Constitución y las leyes.

1.4.- Eliminar la parte del artículo 102 que declara al Presidente de la República como “símbolo de la unidad nacional y de la permanencia del Estado” por corresponder a un régimen monárquico y no a la democracia representativa.

1.5.- Modificar el artículo 104 para prohibir la reelección presidencial consecutiva.

1.6.- En el artículo 108, que se refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo, se plantea establecer la aprobación del Congreso para todo contrato suscrito por el Poder Ejecutivo que afecte las rentas nacionales en cualquier moneda.

1.7.- Suprimir el ordinal 16 del artículo 108 que autoriza al Presidente de la República a actuar como juez superior de los actos de los ayuntamientos, por considerar que debe ser función del Poder Judicial, y en última instancia de la Suprema Corte de Justicia.

1.8.- Suprimir, por idéntica razón, el ordinal 17, que autoriza al Presidente de la República a conceder indultos a personas condenadas por los tribunales.

1.9.- Modificar el artículo 114 para que el Presidente de la República sólo pueda designar los viceministros que sean creados por ley.

1.10.- Transferir, en el artículo 160, al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad, otorgada al Presidente de la República, de designar al Procurador General, el Procurador General Administrativo y los Procuradores Generales Adjuntos.

1.11.- Modificar el numeral 1) del artículo 175 para limitar  a sólo 15 días la facultad del Presidente de la República para establecer el estado de excepción sin aprobación del Congreso.

1.12.- Establecer, en el artículo 205, que las designaciones de Gobernador y Vicegobernador del Banco Central, y de los miembros de la Junta Monetaria por parte del Presidente de la República, debe  ser confirmada por el Senado.

1.13.- Suprimir los artículos 216 y 218 porque presuponen que el Presidente de la República pueda violar la Constitución y la Ley General de Presupuesto.

1.14.- Reformular el artículo 219 para hacer más viable que el Congreso pueda modificar los proyectos de leyes de ingresos y gastos públicos que somete el Poder Ejecutivo, estableciendo la mayoría absoluta de cada cámara, dejando las dos terceras partes de los votos sólo para incluir nuevas partidas.

1.15.- Eliminar el artículo 223 porque otorga una excesiva facultad al Presidente de la República para modificar la Ley de Presupuesto cuando el Congreso esté en receso, lo que técnicamente es la mitad del año.

1.16.- En el artículo 232 reducir a tres, en vez de nueve, los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, y transferir del Presidente de la República a la Cámara de Diputados la facultad de presentar las ternas al Senado que los elige.

1.17.- Reducir a tres, en vez de cinco, los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral y otorgar a la Cámara de Diputados, en vez del  Presidente de la República, la facultad de presentar al Senado ternas para su elección.

1.18.- En el artículo 237 mantener las elecciones congresionales y municipales separadas de las presidenciales en lapso de dos años como forma de reducir el peso del presidencialismo y sostener la independencia de los poderes legislativo y municipal.

2.- Del régimen electoral

2.1.- Modificar el numeral 2 del artículo 65 por considerar gravoso que se llame a elección cuando se produzcan vacantes en el Congreso y establecer que en tal caso el puesto sea ocupado por el candidato del mismo partido que le siguiera en número de votos en la última elección.

2.2.- Agregar un numeral del mismo artículo para establecer que no pueden ser candidatos a senador o diputado los secretarios y subsecretarios de Estado, directores generales de organismos del Estado, gobernadores, jueces, miembros del ministerio público, militares, policías y miembros de consejos de administración de sociedades que tengan contratos con el Estado, a menos que renuncien 6 meses antes de los comicios.

2.3.- Eliminar los artículos 66, 67 y 69 que establecen representación legislativa de los residentes en el exterior, por considerar impracticable su elección y que se trataría de puro clientelismo.

2.4.- Modificar el artículo 69 para reducir a 150 los integrantes de la Cámara de Diputados, cinco de los cuales serán a nivel nacional por acumulación de votos de los partidos que no alcanzaren representación en las circunscripciones locales.

2.5.- Modificar el artículo 104 para establecer que el Presidente de la República no podrá ser electo para el período constitucional siguiente.

2.6.- Establecer en el artículo 237 que las elecciones presidenciales se mantendrán separadas de las congresionales y municipales por dos años de diferencia.

2.7.- Proponer un artículo adicional para, en atención a varios consensos, el Presidente y el Vicepresidente de la República queden electos si una candidatura alcanza un mínimo del 45 por ciento del sufragio, o del 40 por ciento si supera al siguiente por más de 10 por ciento.

2.8.- Agregar un numeral 5) al artículo 240 para facultar a la Junta Central Electoral a reglamentar estrictamente la campaña electoral, actividades de propaganda y gasto, tanto en las elecciones primarias de los partidos como en las nacionales.

2.9.- En el artículo 240 reducir a tres los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral.

2.10.- En el artículo 242 reducir a tres los integrantes y suplentes  del Tribunal Superior Electoral, a ser designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

3.- Del régimen Judicial

3.1.- Modificar el artículo 130 para agregar a las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura la elección del Procurador General de la República, el Procurador General Administrativo y los Procuradores Generales adjuntos. Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el Consejo Nacional de Procuradores.

3.2.- En la Sección II y en el artículo 137 cambiar el título “De la Sala Constitucional” por “Del Tribunal de Garantías Constitucionales” que operaría como órgano independiente.

3.3.-En el artículo 139 precisar el carácter del Consejo del Poder Judicial como un organismo superior de carácter normativo y consultivo, el cual decidiría en última instancia sobre traslado de jueces y personal administrativo y determinaría la política salarial y remunerativa de todo el personal judicial.

3.4.- Eliminar por completo el capítulo IX “De la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que contempla la creación de un Tribunal Superior Administrativo, por considerarlo una superestructura que se colocaría por encima de la Suprema Corte de Justicia y fuera del régimen del Poder Judicial.

4.- De Reformas Constitucionales

4.1.- Cambiar la denominación del Capítulo II, del Título XII  “De la Asamblea Nacional Revisora” por el “De las Reformas Integrales y Parciales” para establecer dos categorías de asambleas para la revisión de la Constitución.

4.2.- Haciendo honor a consensos anteriores establecer, en el artículo 245, la Asamblea Nacional Constituyente para las modificaciones de la Constitución que versen sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y de la banca, de los poderes fundamentales o para una revisión integral de la Constitución. Las reformas puntuales sobre otros temas corresponderán a la Asamblea Nacional Revisora integrada por ambas cámaras.

4.3.- La Asamblea Nacional Constituyente la integrarían 150 representantes mediante elección directa de la ciudadanía. El 80 por ciento correspondería a los partidos en las circunscripciones electorales ordinarias a través de candidaturas de los partidos y agrupaciones políticas reconocidas, cinco de ellos por acumulación de votos a favor de los que no alcancen representación en las circunscripciones, y a razón de un hombre y dos mujeres. El 20 por ciento será postulado por organizaciones sociales no partidistas en una sola circunscripción nacional en proporciones iguales de hombres y mujeres.

4.4.- Sustituir el artículo 246 para establecer que cuando se trate de

una reforma integral de la Constitución se requerirá una aprobación plebiscitaria con la mayoría de por lo menos un tercio de los electores nacionales.

4.5.- El referendo aprobatorio que se instituye en el artículo 247 regirá para la ratificación de la nueva Constitución en proceso, añadiendo un artículo transitorio.

          5.- Otras propuestas de reformas

5.1.- Modificar la letra b del artículo 16 para que se considere en tránsito “toda persona definida como tal en los tratados internacionales suscritos por el Estado Dominicano”.

5.2.- Modificar el artículo 18 referente a la adquisición de la nacionalidad para igualar a los dominicanos de nacimiento y los que adopten una segunda nacionalidad en el derecho a postularse a cargos electivos, indicando que los que hayan adquirido otra nacionalidad por acto voluntario o por lugar de nacimiento no podrán optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República a menos que hayan renunciado a la misma diez años antes y que estuvieren residiendo en el país en los cinco años anteriores.

5.3.- Modificar el artículo 30 para eliminar el enunciado “desde la concepción hasta la muerte” en el derecho a la vida, por considerar que esta concepción religiosa contradice el principio de la libertad de conciencia. Se propone que diga: El derecho a la vida es inviolable. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

5.4.- Modificar el artículo 52 para establecer el derecho a una educación integral de toda persona residente en el país.

5.5.- En los artículos 67 y 70, sobre las condiciones para ser senador y diputado, agregar “no haber sido condenado irrevocablemente a una pena criminal aflictiva o infamante”.

5.6.- En el artículo 82, reducir del dos por ciento del padrón electoral al número de 10 mil, los ciudadanos que tendrán derecho a proponer iniciativas legislativas.

5.7.- Modificar el artículo 123 para que establezca con carácter obligatorio la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos y que corresponderá siempre a los funcionarios públicos probar el origen de sus bienes.

• Participación Ciudadana ante el proyecto de nueva Constitución (Documento completo)

Con la disertación de las responsables de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y de la Cámara de Diputados; licenciadas Karina Mena y Catalina Olea y Laura Acosta, abogada; Participación Ciudadana, Foro Ciudadano y La Lucha organizaron el panel Información Pública Vs Políticas de Privacidad.

Las palabras de bienvenida al panel estuvieron a cargo del licenciado Mario Berges, Coordinador de La Lucha Contra la Corrupción, quien agradeció la presencia de todos los presentes en la actividad.

“El acceso a la información como derecho individual” fue el tema de la disertación de la licenciada Karina Mena, Responsable de Acceso a la Información Pública del SESPAS.

Mena expresó que, “El acceso a la información pública es un derecho y una fuente de desarrollo y fortalecimiento de la democracia, ya que permite a la sociedad valorar y ponderar las acciones realizadas por sus representantes, e incentiva la transparencia en los actos administrativos del Estado”

Dijo que, el mismo permite monitorear y controlar la gestión pública, se constituye además en necesario para la formación de la opinión y el debate público informado, impulsa la participación ciudadana en la cosa pública e incrementa la transparencia en la gestión del Estado.

Explicó que la transparencia es una nueva forma de gestionar el Estado además se constituye en el motor de un gobierno eficaz.

Hasta abril del 2004 el libre acceso a la información pública en el país, era visto solo como un derecho de los medios de información, como lo expresa la Constitución de la República, es pues esta falta de instrumento lo que por un lado, arraigaba la errada concepción en los servidores públicos de que debían manejar la información del órgano en el que trabajaban como privada,, incluyendo la relacionada con los sueldos, y por el otro separaba a los ciudadanos de su deber de velar por el buen manejo de los fondos públicos.

Agregó Mena que, la ley No. 200-04 ampara al ciudadano de manera clara y precisa a solicitar y recibir información completa y oportuna.

“El  Acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”, añadió.

Mientras que la licenciada Catalina Olea, Responsable de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados de la República. Tuvo a su cargo el tema “Políticas de Privacidad de las informaciones personales del servidor Público: garantía de un derecho fundamental”, quien manifestó que, Las directrices que deben regir la forma de publicación de la información relativa a los funcionarios, legisladores, magistrados, empleados que laboran en las instituciones del Estado resultan de la existencia de derechos fundamentales tales como de la intimidad, de la privacidad y de la protección de datos personales; y de los límites que éstos definen para el ejercicio del derecho fundamental de libre acceso a la información pública.

Olea ponderó que, Estas directricesresultan del reconocimiento de esos derechos fundamentales como tales en: Normativa Internacional sobre Derechos Humanos y Protección de Datos Personales.

En tanto que la abogada laura Acosta habló del tema  El acceso a la información como reclamo colectivo y bien jurídico,  los cometarios estuvieron a cargo de la periodista Edith Febles mientras que Carlos Pimentel, Responsable del Área de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana y Coordinador de la Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano fue el encargado de  las reflexiones finales y clausura del panel.

Participación Ciudadana, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional lanzó lanueva imagen de la Ley 200-04 en un concurrido evento que contó con la presencia de los principales directivos de la institución.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del Sr. Samir Chami Isa, Coordinador General de Participación Ciudadana y el Sr. Javier Cabreja, Director Ejecutivo.

Chami Isa al dirigirse a los presentes explicó que, para garantizar el derecho ciudadano de acceder a las informaciones públicas contamosen la República Dominicana, con laLey General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, aprobada por el Congreso Nacional, el trece (13) de abril año 2004, de igual manera el Reglamento de Aplicación fue promulgado por el Poder Ejecutivo,  el 25 de febrero del 2005, cuando emitió el Decreto 130-05, tomando en consideración los valiosos aportes de las organizaciones sociales.

La promulgación de dicha normativa y su Reglamento, ha provoco grandes expectativas en diferentes sectores de la sociedad dominicana, considerada como un instrumento normativa que contribuye y es un apoyo para el combate a la corrupción administrativa y el aumento de la transparencia,  ayudando a la erradicación de la cultura del secreto, del autoritarismo, la discrecionalidad, fortaleciendo la gestión pública y democratizando los poderes públicos, sostuvo.

En tanto que Cabreja manifestó que la campaña publicitaria de la Ley se lanza como una bebida energizante que les permitirá a las personas abrir los ojos, despertar y conocer sus derechos para acceder a la información pública como herramienta para prevenir y combatir la corrupción.

Dijo el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana que con esta campaña se busca atraer la atención del público hacia los mensajes publicitarios de productos y servicios del diario vivir y con la misma se recurrieron a técnicas persuasivas que fueran capaces de burlar el cerco de la indiferencia.

Expresó que, la campaña está basada en un planteamiento estratégico que consiste en hacer que el público conozca cuál es la herramienta que le permitirá tener libre acceso a la información pública, en este caso la Ley 200-04, pero además se quiere despertar el interés por conocer el contenido de esta Ley y los procedimientos de aplicación. También, y no menos importante, pretendemos con nuestra propuesta lograr motivar al público a que actúe, al poner en conocimiento de los ciudadanos los poderes que le otorga la Ley, pero también las limitaciones.

Añadió que, la población dominicana ha visto cómo las luchas para exigir que sean atendidas y cumplidas las responsabilidades que deben asumir los ciudadanos y ciudadanas que desempeñan funciones públicas han dejado pocos resultados. Por estas y muchas otras razones el pueblo se muestra indiferente cuando se les invita a por lo menos conversar sobre temas de carácter político, en el sentido administrativo y legal de la palabra.

Para la campaña se utilizarán:

• Avisos de prensa

• Volantes

• Minivallas

• Gorras

• Camisetas

• Botones

• Banderolas

• Dummie del Producto tamaño gigante

• Tope de mesa

• Acciones de promoción en Supermercados y zonas de alto tránsito de personas.

En el marco de la actividad fueron premiadas las estudiantes Milagros Mejía Manzueta del Instituto Fabio Amable Mota, con el primer lugar y  Marianelis Contreras Ramos del Politécnico María de la Altagracia con el segundo lugar que participaron en el concurso de investigación donde utilizarían como principal  herramienta la Ley 200-04.

Para escuchar el Jingle del lanzamiento clic aqui

Ing. Temístocles Montás Secretario de Estado de Economía Planificación y Desarrollo Mons. Agripino Núñez Collado Presidente del Consejo Económico, Social e Instituciona

Distinguidos Señores:

Nos complace saludarles al responder la invitación que nos formularan para participar en el proceso de concertación que ha iniciado el Gobierno. Atendiendo el procedimiento informado nos permitimos señalarles las cinco prioridades que consideramos fundamentales para iniciar un diálogo sobre las urgencias económico sociales e institucionales de la nación:

1.- Frente a la Crisis Económica

Como una señal de que se va a avanzar en el respeto de acuerdos anteriores, es importante la revisión del presupuesto de gastos públicos para el año recién iniciado, especialmente en lo concerniente a las prioridades del gasto y el incumplimiento de los consensos y leyes que privilegian la educación, salud y seguridad social y los municipios. La reformulación de dicho instrumento es fundamental además, en el espíritu de “atenuar los impactos negativos de la actual crisis económica mundial sobre la economía y la sociedad dominicana” para reorientar recursos hacia regiones, acciones de infraestructura y grupos sociales muy afectados, así como a establecer un efectivo plan de austeridad, mayor racionalidad en el uso de los fondos públicos, y reajuste del gasto fiscal que permita una reducción de las tasas de interés en beneficio de las actividades productivas.

2.- Incentivo a la Competitividad

Establecimiento de un programa de promoción de la competitividad empresarial en orden al mejoramiento de la producción y la productividad, y en consecuencia al empleo, así como a las exportaciones, con el objetivo de reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos

3.- Transparencia y Lucha Contra la  Corrupción

Un definitivo compromiso de cumplir de inmediato todas las leyes concernientes a la transparencia de la gestión pública y la reducción de la corrupción administrativa. Entre otras la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado, la Ley sobre  Declaración jurada de Bienes, la Ley de Función Pública y Carrera Administrativa, la Ley que Penaliza el Robo de Electricidad y la Ley que instituye el Defensor del Pueblo. Para ello es importante el instituir un Fiscal Anticorrupción y fortalecer  la independencia del Ministerio Público.

4.- Seguridad Ciudadana

Asumir con carácter de urgencia la reforma y profesionalización  de la Policía Nacional en todos los órdenes, y medidas adicionales que propicien la seguridad ciudadana, la paz social y el respeto a los derechos humanos, incluyendo la suspensión de la política policial de ejecución de ciudadanos. Para combatir efectivamente el crimen organizado y el tráfico y consumo de drogas se impone una depuración de las Fuerzas Armadas. Así mismo se requieren disposiciones efectivas para fortalecer los mecanismos institucionales, policiales y judiciales para reducir la impunidad de los transgresores de las leyes.

5.- Marco Institucional

Suspensión del proceso que persigue establecer una nueva Constitución de la República y adoptar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como base para una real concertación de todas las fuerzas políticas y sociales invitadas al diálogo que propicia el Gobierno “para arribar a un gran pacto nacional entre los actores políticos, sociales y económicos que se plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo incluyendo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años” .

Finalmente queremos enfatizar que no parece posible que podamos participar en un proceso de concertación de esta naturaleza si simultáneamente se está imponiendo una nueva Constitución de la República que excluye dicho consenso, y al mismo tiempo se está ejecutando un Presupuesto de Gastos Públicos que desconoce acuerdos anteriores sobre los mismos temas a discutir, ya que así es imposible “asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República”, como reza la convocatoria al diálogo.

Con sentimiento de consideración y estima, les saluda, atentamente.

Lic. Francisco Checo

Coordinador General de Participación Ciudadana

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana escogió al abogado Samir Chami Isa como nuevo Coordinador General para este año 2009, durante la primera reunión de esta organización.

Samir Chami Isa sustituye en la coordinación general al licenciado Francisco Checo.

El Doctor en Derecho, Chami Isa es miembro de Participación Ciudadana desde el 2001, fue coordinador de la Comisión de Justicia, actualmente coordina la Comisión de Sostenibilidad Financiera, y forma parte de la Comisión del Fondo Patrimonial.

Además de Participación Ciudadana, el Sr. Chami Isa ha participado en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS);  la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE); y el Club Rotario.

En su trayectoria profesional ha ejercido en las áreas de Derecho Empresarial, Cobros Compulsivos, Asuntos Bancarios e Inversión Extranjera, se desempeñó como  abogado del Banco de Reservas durante cinco años, luego pasa a formar parte  del departamento legal de Industria Nacionales, en la actualidad es director y presidente de la firma de abogados Chami Isa & Asociados.

Durante la reunión del Consejo Nacional, también  escogieron los miembros integrantes del Comité Coordinador para este año, el cual está integrado por Francisco Cueto,  José Tejada, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez, Francisco Checo, Somnia Vargas y el propio Samir Chami Isa.

Los demás integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana son, Julio César Urbáez, Roque Napoleón Muñoz, Norkely del Rosario y Cándido Mercedes.