El movimiento cívico Participación Ciudadana dio inició a un proceso orientado a analizar y dar publicidad a las declaraciones juradas de patrimonio que beben hacer los funcionarios públicos al momento de asumir sus funciones y al terminar de su gestión.

La referida declaración tiene su sustento legal en la Ley No. 82 de 1979, y su publicidad queda garantizada por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública No. 200-04. Las informaciones para llevar a cabo el análisis de los datos serán tomadas de la página web de la Procuraduría General de la República.

El referido proceso de publicación y análisis de datos se iniciará una vez transcurrido un mes a partir del presente anuncio, en aras de dar a la Procuraduría General de la República el tiempo prudente para recopilar, organizar, depurar y colocar en su página las informaciones con un nivel más razonable de transparencia y detalle.

Esto así, en vista de que los datos encontrados, hasta ahora, son en extremo limitados. Por un lado, no contienen las declaraciones de muchos de los funcionarios importantes que, de ninguna manera podría admitirse que no las hayan presentado. Por otro lado, en el caso de aquellos cuya declaración sí aparece, los datos están tan agregados, ofrecen tan pocos detalles, que resisten muy poco análisis y no posibilitan la más mínima comprobación.

Las declaraciones juradas de bienes encontradas, hasta ahora, no nos permite ver con claridad el significado o el contenido de muchas de las partidas. Por ejemplo, en muchos casos aparece la mayor parte del patrimonio de ciertos funcionarios en partidas denominadas como “inversiones”, o  “terrenos”  o sencillamente “otros”, sin ningún detalle de su contenido.

Esta situación no se explica, debido a que la Procuraduría General de la República cuenta con un formulario que dispone la forma como deben ser presentados los datos de patrimonio, e identifica adecuadamente los diversos tipos de activos, llegando incluso a identificar el nombre de los negocios, la ubicación de los inmuebles y  otros detalles útiles para el análisis o la comprobación.

Nos llama mucho la atención, que la mayoría de  los funcionarios salientes del periodo 2000-2004 aun no hayan hecho sus declaraciones, al igual que los miembros del Congreso Nacional y autoridades municipales; por lo que les exhortamos a que cumplan con lo establecido por la Ley, y depositen ante la entidad responsable su declaración de bienes.

La primera etapa de este esfuerzo

En la primera etapa de este esfuerzo Participación Ciudadana se limitará a mostrar los datos correspondientes a cada funcionario tal como están disponibles, de modo que la ciudadanía pueda ver los órdenes de magnitud y hacer algunas comparaciones.

En tanto que en la segunda etapa realizará análisis comparativos, que permitan ver las variaciones de patrimonio de los funcionarios salientes y entrantes; en el caso de los funcionarios que ya cesaron en sus funciones, su patrimonio al momento de iniciar y al concluir su gestión; y en el caso de aquellos que han repetido en períodos diferentes en una misma función o en funciones diferentes, los cambios en su patrimonio en el período transcurrido.

El orden en que serán suministradas a la ciudadanía y analizadas las declaraciones juradas de los funcionarios será el siguiente, siempre incluyendo a los del pasado y a los del actual gobierno:

–          Primero: Presidente y Vicepresidente de la República, Secretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la Junta Central Electoral, Procurador General de la República, Gobernador del Banco Central, Administradores de bancos del Estado y administradores de otras instituciones descentralizadas del Estado.

–          Segundo: Miembros de la Junta Monetaria, miembros de los consejos de administración de las empresas eléctricas, INDOTEL, instituciones de agua potable y de otras instituciones que manejan parte del patrimonio público.

–          Tercero: El Contralor General de la República, Tesorero Nacional, los Colectores de impuestos y los Gobernadores Provinciales.

–          Cuarto: Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores y Tesoreros Municipales.

–          Quinto: Subsecretarios de Estado, Sub-Administradores Generales, Directores y Sub-Directores Generales, Vicegobernador del Banco Central, Superintendentes, y Gerentes de Bancos Estatales.

–          Sexto: Todos los demás Jueces, los miembros del Ministerio Público y los miembros de la Cámara de Cuentas.

Esperamos contar con la debida colaboración de las personas que ocupan o han ocupado posiciones a las que alude la Ley 82-79, a fin de que los datos disponibles sean lo más claros y precisos posibles. En todo caso, si llegado el momento de la publicación aún no ha sido colocada en la página web de la Procuraduría General de la República la declaración jurada de algún funcionario o exfuncionario, tendremos que presumir que es porque el indicado individuo, en violación a la Ley 82-79, no la ha presentado, y así lo haremos saber a la ciudadanía y a los órganos responsables de velar por el cumplimiento de la Ley.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano sostienen que la renuncia del licenciado Gustavo Montalvo de todas sus funciones en el Estado Dominicano, entre ellas la de Coordinador de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), es un duro revés a la lucha contra la corrupción pública y la promoción de una cultura de la transparencia en el seno del Estado Dominicano. En especial porque en las motivaciones de la  renuncia de este servidor público se evidencia la existencia de un conflicto ético y situaciones que van en contra de las licitaciones transparentes que hemos promovido en el seno de la CNECC.

Según las informaciones que se nos han dado la decisión del licenciado Montalvo se relaciona a la forma en que se convocó y adjudicó la licitación pública nacional e internacional OPTIC/LC-001-2005, realizada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación dejando de lado recomendaciones de organismos internacionales y del  subcomponente del Gobierno Electrónico del Programa de Modernización del Poder Ejecutivo (PRO-REFORMA), que Montalvo dirige.

Su salida es un duro golpe a la CNECC, ya que cuestiona seriamente las posibilidades de que los principales productos elaborados por ella formen parte de las políticas públicas. En efecto, la licitación OPTIC/LC-001-2005va contra el espíritu del Decreto que Prohíbe el Grado a Grado y Regula las Compra, Concesiones y Contrataciones del Gobierno Dominicano. También se aleja del espíritu que anima la elaboración del Plan Nacional de Ética y Combate a la Corrupción elaborado por la comisión, con la participación de las más representativas organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones estatales.

Al mismo tiempo la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad  y el Foro Ciudadano se encuentran evaluando los pasos a seguir ante la crisis que se ha presentado en el seno de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción con la renuncia de Gustavo Montalvo.

Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad
Foro Ciudadano

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, integrada por más de 52 organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta la tradición de impunidad que han rodeado los casos de corrupción pública y privada en la República Dominicana y la importancia que por el daño causado tienen para el país los casos de fraudes bancarios relacionados con el Baninter, Bancrédito y Mercantil, ha decidido crear un programa de seguimiento permanente y continuo  sobre tales casos.

En reunión celebrada en fecha 17 de agosto de 2005, la CTI aprobó  un plan de dos años, que será ejecutado por una Unidad que será integrada por personal dedicado a tiempo exclusivo, con el apoyo de comisiones integradas por voluntarios que darán soporte en las áreas jurídica, de comunicaciones y económica-social. Para tales fines, durante el mes de septiembre se estará convocando a un concurso público para elegir a la persona que dirigirá el programa antes indicado.

El plan aprobado incluye el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales relacionados con los casos ya señalados, el estudio, análisis y discusión pública de los dictámenes de los miembros del ministerio público y de las sentencias dictadas en cualquier etapa del proceso, la redacción de documentos para fines de divulgación pública sobre las consecuencias económicas y sociales que tales casos han generado para el país, el uso de la ley de acceso a la información pública para obtener y divulgar información de estos casos que no ha sido dadas a conocer, identificar y proponer medidas que contribuyan a sancionar a los responsables de estos fraudes, denunciar cualquier situación que pueda poner en peligro la posibilidad de que los responsables de estos fraudes sean debida y ejemplarmente sancionados, entre otras actividades. Las labores de divulgación serán realizadas tanto en el Distrito Nacional como en varias provincias del país.

La CTI entiende que estos casos de fraude bancario, por su importancia y sus efectos negativos a corto, mediano y largo plazo, deben servir como el catalizador que requiere la sociedad dominicana para poner fin a un estado de impunidad que sólo ha contribuido a aumentar los niveles de corrupción, aumentado cada año la deuda social que tanto el sector público como el privado poseen con los más necesitados. Tres casos que en total envuelve una pérdida para el Estado dominicano de más de cien mil millones de pesos, son lo suficientemente relevantes como para cambiar el rumbo de corrupción e impunidad que ha imperado en el país, impidiendo la existencia de una democracia con equidad social y económica para la República Dominicana.

Todas las personas involucradas en este proceso, desde jueces a fiscales, abogados e  imputados, incluyendo la parte civil, serán objeto de un cercano seguimiento, a través de todo un proceso que además pretende reunir toda la información pertinente de estos casos para ser consultada por los interesados, con la finalidad de que jamás caigan en el olvido.

La designación con rango de Secretario de Estado del principal defensor de Ramón Báez Figueroa, implicado como el mayor responsable del más grande fraude bancario cometido en toda la historia de la vida nacional, pone en tela de juicio la política anticorrupción del presidente Leonel Fernández Reyna, consideró  hoy, el movimiento cívico Participación Ciudadana, a través de su Coordinador General el doctor Luis Scheker Ortiz.

El coordinador de PC, precisó que esta situación coloca en una situación bien difícil al Procurador General de la República, encargado de  la política criminal y anticorrupción del gobierno, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su  disposición de no dar tregua a  la corrupción, y se ha comprometido para que los fraudes bancarios no queden impunes.

El Dr. Sheker aclaró que con esta designación ya no se trata sólo de enfrentar jurídicamente al defensor de Baninter en los estrados, lo que ha venido haciendo con integridad y entereza el Ministerio Público, sino de enfrentar políticamente a un hombre que sabe usar los instrumentos del poder y que goza de la irrestricta admiración y confianza del  Presidente de la República.

En nota de prensa, Scheker Ortiz recordó que recientemente el Presidente de la Republica confesó que el  fundador del PLD, el extinto Profesor Juan Bosch, ex Presidente de la República,  junto con el activo dirigente de Fuerza Nacional Progresista, FNP, Dr. Mario Vinicio Castillo (VINCHO)  son sus dos admirados mentores políticos.

El dirigente del movimiento cívico no partidista,  entiende que no es ético ni institucional que este alto funcionario público, vista la toga, suba a estrado y postule en contra de los intereses del Estado al que oficialmente presta servicios, o mantenga una tribuna pública abierta, a favor de sus intereses particulares, haciendo uso de sus derechos ciudadanos, ahora que está investido de una función pública.

No obstante, Scheker Ortiz dijo que un abogado en ejercicio es libre de asumir la defensa de su cliente y creer hasta en su inocencia, pese a las pruebas que puedan presentarse en su contra. Sin embargo, no es compatible que una persona que se le ha confiado una alta representación en el Poder Ejecutivo, desempeñe esta función y al mismo tiempo este comprometido profesionalmente con un caso que atenta contra los intereses del Estado dominicano.

Precisó que el choque de intereses causa una profunda perturbación en la  política pública del Estado que parece no definirse, y se contradice ante una situación tan delicada como lo es la lucha contra la criminalidad y la corrupción.

Las elecciones congresionales y municipales del 2006 revisten una importancia particular, en tanto las mismas se realizarán en medio de un amplio proceso de modernización de las instituciones electorales y luego de que los partidos políticos con mayor nivel de representación electoral han desarrollado sus convencionesde reorganización interna. Estos  procesos partidarios no tuvieron exentos de dificultades y rebatiñas, al final todos lograron elegir sus principales autoridades. Pero a fin de cuenta serán los resultados del 2006 quienes determinarán la fortaleza del sistema de partidos y el grado de avance en la democratización de los mecanismos de representación electoral.

Tomando en cuenta que la Junta Central Electoral ha comenzado a organizar los comicios, y que estamos a tiempo para poder ponderar las propuestas que buscan mejorar su calidad, Participación Ciudadana  considera oportuno plantear ante la opinión pública nacional las inquietudes que alberga respecto a las elecciones que se avecinan, así como las propuestas que entiende deben implementarse en la organización de dichos comicios para garantizar el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y del sistema  democrático.

La campaña electoral para las elecciones del 2006. 

A Participación Ciudadana le preocupa que ya ha comenzado la campaña de promoción de candidaturas,  para unas elecciones que se celebrarán dentro de 9 meses, por lo que sugerimos a la JCE que  convoque a los partidos políticos reconocidos y proponga un compromiso para  aplazar la campaña hasta enero del próximo año, a fin de reducir los costos  de este ejercicio democrático en una nación que aún no se recupera de la  grave crisis financiera y económica que estalló en el 2003.

Las campañas electorales dominicanas son extremadamente  largas y costosas, lo que incentiva el abuso de  los recursos del Estado y compromete excesivamente a los que resultan  elegidos con los poseedores de las mayores riquezas, incluyendo las  provenientes de actividades ilícitas. Van en perjuicios de los candidatos y candidatas  que tienen menores financiamientos, que no se apropian de los recursos  públicos ni alienan su independencia con los grandes poderes económicos. Las  extensas campañas debilitan la institucionalidad de los partidos, pues  tienden a crear grupos con finanzas propias y en detrimento de la unidad.

  Ampliación del  voto preferencial

Para las elecciones del 2006, es necesario profundizar las reformas democráticas que comenzaron a implementarse en los comicios del año 2002. En ese sentido, las listas cerradas y desbloqueadas que permiten el voto preferencialde la ciudadanía, deben permanecer para la elección de los diputados y diputadas y extenderse para la elección de los regidores y regidoras. El voto preferencial reduce la elección de arrastre, fortalece los liderazgos locales y permite a la ciudadanía la opción de elegir entre las distintas ofertas, a  las candidaturas de su preferencia.

Las elecciones del año 2002 demostraron que la gente utilizó masivamente el voto preferencial y que las dificultades que el mismo generó al interior de los partidos, pudieron ser evitadas con una regulación más estricta de las campañas electorales, una mejor acta para el escrutinio de los votos y una más efectiva capacitación de los integrantes de colegios electorales. Lamentamos que la Junta Central Electoral haya decidido limitar el voto preferencial a la elección de los diputados(as) y esperamos que revise esta decisión, aprobando listas desbloqueadas para la elección de las regidurías.

Propuestas para mejorar la calidad del proceso electoral.

Las circunscripciones electorales deben ser rediseñadas atendiendo al propósito de lograr una representación entre los electores y sus representantes, conforme lo establece la ley electoral. Hay que solucionar las dificultades que se presentaron en determinadas provincias, específicamente en Santiago, donde el diseño de la circunscripción operó en perjuicio de los candidatos y candidatas  de los municipios pequeños. No es conveniente la creación de más circunscripciones pequeñas pues estas impactan negativamente en la proporcionalidad y no posibilita la adecuada representación de la minoría y los sectores subrepresentados. En ese sentido, una opción que debe considerarse para lograr un mayor nivel de representación de las minorías es la creación de una circunscripción electoral nacional.

El momento es oportuno para separar las elecciones de senadores de las de diputados  y las de síndicos de las de regidores. Esto permitiría que el elector tenga la posibilidad de votar por un senador(a) de un partido y un diputado(a) de otro partido, o, si así lo prefiere, de votar por un síndico (a) de un partido y por un regidor(a) de otra organización política.

Hay también que considerar la posibilidad de introducir un método de asignación de escaños que permita una representación más proporcional. La experiencia de los países de Centroamérica ha demostrado que el método del cociente electoral permite una distribución de escaños más justas que el método D´Hondt, que es el que hasta ahora se ha utilizado en el país.

Participación Ciudadanacree que elproceso de automatización del registro civil  es el núcleo fundamental de la modernización de los procesos electorales dominicanos. Este proceso debe regular las Oficialías del Estado Civil dando cumplimiento al artículo 8 de la Ley 8-92 en el que se sostiene que “la Junta Central Electoral establecerá para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.PC reitera que no es posible introducir el voto electrónico ni un nuevo documento de identidad personal, si no se consigue primero una adecuada organización de nuestro registro civil y de las Oficialías del Estado Civil.  Nuestra organización trabajará junto a otras organizaciones sociales promoviendo la incorporación de la ciudadanía a este proceso, para garantizar que el mismo beneficie a la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas.

Los Partidos Políticos tienen la responsabilidad de organizar los procesos de selección de sus candidatos y candidatas para los comicios del 2006. Participación Ciudadana espera que en estos procesos se permita una participación masiva de las bases de cada partido, garantizando el derecho de cada militante a ser postulado, eliminando cualquier barrera que limite ese derecho y respetando la decisión de la mayoría partidaria. PC espera que cada partido se esfuerce por escoger a sus mejores candidatos y candidatas, así como por conformar una propuesta electoral en la que se respete la cuota de candidaturas femenina y haya una importante representación de la juventud.

Rol de PC en las próximas elecciones. 

Con el propósito de promover una campaña electoral propositiva, Participación Ciudadana solicitará a los diferentes partidos políticos y candidaturas a comprometerse con el cumplimiento de unCódigo de Etica Electoral que daremos a conocer de manera oportuna. Pedimos elevar el nivel y calidad de las opciones que se presente, que la elaboración de propuestas programáticas y que la propaganda política se base en el respeto por la democracia, el debate de ideas. La colocación de la propaganda política debe realizarse de manera que se respete el medio ambiente. Llamamos a los partidos políticos a respetar el período previsto por la ley para la realización de campañas electorales y a la Junta Central Electoral a ejercer su autoridad, limitando el uso abusivo de los medios de comunicación para  la promoción política a destiempo.

Como en otros procesos electorales, Participación Ciudadana desarrollará una observación electoral integral de todo el proceso electoral; que abarcará tanto la  selección de las candidaturas de los partidos políticos, las campañas electorales, el financiamiento partidario, la logística electoral, la jornada de votación y la proclamación de los candidatos y candidatas electas. Igual que en las elecciones anteriores miles de voluntarios de Participación Ciudadana y cientos de organizaciones hermanas estarán en todo el territorio nacional, sirviendo como salvaguarda de la voluntad popular.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano solicitan al Poder Ejecutivo la pronta promulgación del prometido Decreto que regularice las Contrataciones Públicas de Obras, Bienes, Servicios y Concesiones, área que históricamente ha sido más vulnerada por actos de corrupción.

La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción entregó al Señor Presidente Constitucional una propuesta de Decreto, en la cual nuestras organizaciones realizaron importantes aportes y cifraron grandes esperanzas contando con su rápida promulgación tal como prometió el Presidente. Este decreto sería un indicador convincente de que  existe una real voluntad política para reducir las posibilidades de corrupción dentro del Estado, en especial cuando se toma en cuenta que a un año de gestión del actual período gubernamental se han identificado varias contrataciones no apegada a los estándares de transparencia.

El decreto es una necesidad impostergable para poder ir avanzando en lo que debe  ser la implementación de un eficiente, eficaz, transparente, y ágil sistema de compras y contrataciones del ámbito de acción del Poder Ejecutivo: El decreto tendría la virtud de poder convertirse en un elemento que acelere el conocimiento de un Proyecto de Ley similar que descansa en el Congreso y el cual tendría como ámbito de acción a todo el Estado Dominicano, incluyendo los gobiernos locales, el congreso, la justicia y el poder ejecutivo.

Su promulgación daría paso a mecanismo e instrumentos transparentes, ya que puede permitir:

1.Operativizar la inactiva, inoperante e insuficiente Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, constituyendo un Órgano Rector responsable de las contrataciones y concesiones del Estado como una unidad funcional de carácter normativo y consultivo, bajo los principios de centralización normativa y descentralización operativa; que procurará la excelencia en las contrataciones cumplimiendo con principios expuestos en el Reglamento.

2.Crear las bases para el Registro Nacional de Proveedores, Constructores y Consultores, directamente o por vía de concesión de estos servicios;

3.Generar la necesidad del Sistema de Información de Contrataciones (SIC), en el que se incluyen las concesiones, así como las bases de datos y página WEB, directamente o mediante concesión de estos servicios;

4.Crear un medio para las consultas, sobre la materia de contratación administrativa       pública, donde se podrán acceder a los requerimientos que formulen las entidades del sector público;

5.Obligar al registro de datos de inhabilitados para contratar con el Estado;

6.Estructurar desde las instituciones del gobierno central los Comités de Licitaciones y  Comités Técnico de Apoyo.

7.Contar con un procedimiento de emergencia más transparente, cerrando el paso al grado a grado.

Nuestra preocupación se inscribe en la necesidad de ir creando las bases y estructuras  necesarias para la aplicación de una nueva legislación y es en este sentido es que se inscribe la propuesta que derogaría  Decreto-Reglamento 262-98 y el Decreto 406-04, con sus debilidades y limitaciones.

Para dar una firme demostración de voluntad en la prevención de la corrupción, el Presidente Fernández tiene a mano un recurso efectivo, que además sería muy bien acogido por la opinión pública, cumpliendo con la recomendación de promulgar e implementar ese importante marco normativo elaborado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.

ES HORA DE CONTRATACIONES TRANSPARENTES!

Que se apruebe el Decreto que prohíbe el grado a grado

Si requiere información adicional,
favor comunicarse con Nurys Paulino,
Participación Ciudadana teléfonos 809-685-6200/ 224-8997

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana reunido en San Pedro de Macorís, ha declarado en torno a la situación de los emigrantes haitianos lo siguiente:

1.El problema de la inmigración haitiana tiene que ser analizado con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares de grupos o sectores.

2.Somos también un país de emigrantes hacia Estados Unidos, Puerto Rico, Europa  y las Islas del Caribe. En algunas de estas naciones  los dominicanos emigrantes llegan a ser  el 8 y 10 por ciento de la población.

3.Ciertamente que República Dominicana no puede cargar con el peso de la pobreza haitiana, permitiendo el ingreso de todos los que quieran venir. Se impone una real política de migración, y el establecimiento de cuotas para aquellos oficios en que sean imprescindibles.

4.de prestaciones. La ley tiene que sancionar ese tráfico y la violación de las cuotas de trabajadores extranjeros.

5.En tanto  aceptamos y explotamos la mano de obra haitiana, estamos obligados moral y jurídicamente, por la Constitución y las Leyes, y los tratados y compromisos internacionales, a darles un trato  acorde con  el Código Internacional de los Derechos Humanos.

6.Al igual que ocurre con los dominicanos que han emigrado, es normal y ponderable que las iglesias e instituciones sociales especializadas tiendan a solidarizarse con las miserias y precariedades, con el abandono, la discriminación y la soledad, que afecta a los migrantes, de todas las razas y nacionalidades.

7.sin que  se considere eso lesivo a la soberanía ni la dignidad de la nación dominicana.

8.Los cerca de un millón y medio de dominicanos que viven en el exterior, en su mayoría con ingresos ilegales, una buena  proporción aún indocumentadas, nos obligan a la serenidad y hasta la generosidad en el tratamiento de los problemas  migratorios. Sobre todo, porque sobre sus remesas descansa la economía nacional, tanto como del turismo.

9.Condenamos cualquier acto de violencia provenga de donde provenga.

10.Llamamos a la tradicional hospitalidad del pueblo dominicano y a evitar situaciones que puedan afectar la imagen del país en el exterior.

SANTO DOMINGO, D.N.- El coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Luís Scheker Ortiz, manifestó que si bien la entidad no discute si el Estado Dominicano es fallido o si la democracia representativa ha fallado, “el país ha mostrado un insuficiente avance en términos de desarrollo humano, menos de lo que avanzó el mundo y por debajo del promedio de los países de la región”.

El dirigente cívico, leyó el documento de PC durante celebrado en Santiago el domingo, subrayó “que en medio de la opulencia oprobiosa de unos pocos, ocupamos el tercer lugar de pobreza de la región de América y el Caribe, y eso es señal inequívoca de corrupción”.

A su juicio, esa corrupción toma múltiples formas y mecanismos, como son cohecho, soborno, asociación de malhechores, prevaricación, tráfico de influencia, desviación de fondos públicos, conexiones onerosas o ilícitas, fraude, lavado de dinero, extorsión, enriquecimiento ilícito, estafa y robo.

Expresa que esa gama de conductas “antisociales y perversas”, que en vano se ha pretendido detener “con elocuentes discursos y leyes justicieras pero vacías, huecas al momento de implementarse, de ser traducidas a la práctica por falta de una real voluntad política que las sostenga y las haga suya, firmemente, con manos de Estadista”.

Denuncia que la corrupción viene a ser prácticamente admitida y fomentada por sectores empresariales y políticos, por negociante de la política que manejan la cosa pública como si fueran propiedad privada, que se refleja en el abultamiento de nóminas, el nepotismo y favoritismo político.

Dice que cuando Participación Ciudadana advierte sobre estos hechos lastimosos y pide que se investiguen y se ventilen en la Justicia, para que sea esa instancia quien juzgue sin privilegios ni preferencias, sino con objetividad e imparcialidad, imponiendo sanciones que los hechos ameritan “se le acusa, sin razón alguna, de favorecer a tal o cual partido político o sector”.

“Pero Participación Ciudadana, como movimiento cívico, representativo de los intereses de la sociedad civil que busca no gobernar, sino ser bien gobernado por aquellos que tienen el deber y la responsabilidad constitucional de defender y proteger los intereses nacionales por encima de todo interés particular”.

Scheker Ortiz, quien produjo estas consideraciones al pronunciar el discurso central del encuentro de Participación Ciudadana con representantes de la región del Cibao, celebrado el pasado domingo 24 de este mes, dijo que la entidad “sigue como Quijote, impertérrito su camino, sin favor ni temor en búsqueda de la verdad, la justicia y el bienestar del pueblo dominicano”.

Propuesta al Gobierno

En otra parte de su discurso, dijo que al asumir el actual gobierno el presidente Leonel Fernández, Participación Ciudadana, preocupada por la crisis económica y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo, presentó una propuesta de solución al gobernante.

“Participación Ciudadana le presentó al gobernante una lista de 10 aspectos que deberían de ser asumidos como un compromiso ético para el ejercicio del poder, y traducirse en un nuevo modelo de gobierno dirigido a combatir la corrupción y garantizar los servicios públicos mediante una gestión eficiente y austera, para lo cual se ofrecía de manera desinteresada, y lo mantiene, su total apoyo y cooperación”.

Precisó que dicha oferta no recibió respuesta alguna y al cado de 11 meses y días del inicio de su gestión, “muy pocas de esas recomendaciones han sido debidamente atendidas en un algunos casos el mal denunciado se ha agravado”.

Participación Ciudadana critica la campaña mediática emprendida contra el sistema financiero, el Banco Central y su Gobernador, por sectores vinculados a los acusados de fraudes bancarios y entiende que la misma persigue presionar a las autoridades y a los jueces de la Cámara de Calificación que conoce el caso Baninter debido a la proximidad del fallo.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana alerta a la ciudadanía y autoridades, específicamente a las judiciales, para que no se dejen sorprender por la intensa campaña montada contra el sistema financiero dominicano, el Banco Central de la República Dominicana, y su Gobernador, Héctor Valdez Albizu, pretendiendo desacreditar los casos de los fraudes bancarios del 2003, que costaron más de dos mil millones de dólares al país y que, junto a la forma en que las autoridades enfrentaron la crisis, son la causa directa del enorme déficit cuasi fiscal del Banco Central, que asciende a más de ciento treinta mil millones de pesos, y que deberemos pagar por muchos años todos los dominicanos a través de más impuestos.

Resulta preocupante que un importante periódico, vinculado a uno de los principales acusados del caso Baninter, haya dedicado su espacio principal de primera página en tres ocasiones en cinco días, a reproducir declaraciones e informes sólo en aquellos aspectos en que pudieran favorecer al propietario del medio implicado por las autoridades en los fraudes, omitiendo aquellos aspectos que claramente le perjudican.

Inconformes con la actitud del Banco Central de no desistir de las acciones judiciales iniciadas en el 2003, incluso con los mismos abogados, las críticas de los acusados y sus abogados, directamente o a través de los medios que controlan, son dirigidas contra las autoridades del Banco Central, desde su gobernador hasta su consultor jurídico.

Tampoco ha escapado a esta campaña el sistema financiero dominicano en su totalidad, pues como absurdo medio de defensa se plantea que los acusados del fraude bancario no hicieron nada distinto de lo que hacia la banca en sentido general en el año 2003. Más que una defensa este argumento plantea una auto incriminación, pues nadie puede quedar exento de responsabilidad alegando que violó la ley porque otros lo hacían.

Se ha llegado al extremo de que uno de los implicados hiciera un llamado público, en un programa de televisión,  a las autoridades del Banco Central para que preserven el clima de confianza que se requiere para superar la todavía precaria situación económica del país, en un claro esfuerzo por presionar a las autoridades para que desistan de las acciones judiciales emprendidas.

Nos llena de asombro el esfuerzo que se realiza, encabezado por el Presidente y el jefe sus asesores económicos, por llamar crisis a los fraudes bancarios del 2003, o de pretender que los mismos fueron consecuencia solamente de la mala política económica del gobierno pasado, obviando que sólo en Baninter se ocultó a las autoridades, por años, la existencia de un banco dos veces superior al mostrado a los supervisores y al país, burlando obligaciones fiscales y de encaje, y permitiendo la distracción de miles de millones de pesos.

Esta campaña interviene en momentos en que la Cámara de Calificación apoderada del caso Baninter, compuesta por los magistrados Katia Miguelina Jiménez, Esther Angelàn Casasnovas y Sergio Ortega, se apresta a dictar su decisión. Los acusados abogan porque la Cámara decline el caso a la jurisdicción administrativa del propio Banco Central. Si un precedente de esta naturaleza llegara a sentarse, en el sentido de que la jurisdicción administrativa tiene preeminencia sobre la acción penal, estaríamos creando en los banqueros una casta de intocables, pues luego de ser sancionados en la jurisdicción administrativa con una multa que no puede exceder de diez millones de pesos, no se le podría someter penalmente sin violar el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa (non bis in idem), por lo que los fraudes cometidos por ellos jamás podrían ser sancionados con penas de prisión.

La impunidad de los autores de los fraudes bancarios del 2003 sólo puede arrojar vergüenza y descrédito, local e internacionalmente, y sería la mejor forma de asegurar nuevos fraudes de la misma naturaleza en el futuro, sembrando de incertidumbre nuestro porvenir.

Participación Ciudadana está organizando el Seminario sobre Pobreza y Corrupción: Retos de los programas Sociales. Con esta actividad se busca analizar los diferentes niveles de las políticas y acciones sociales que se producen desde el Estado para superar la pobreza y las debilidades institucionales que permiten prácticas corruptas que dificultan la equidad y la transparencia.

Asimismo este seminario pretende analizar como las prácticas de corrupción y las principales formas y mecanismos recaen con mayores niveles de crudeza sobre los más pobres y se agudiza la misma ante la falta de fiscalización ciudadana y adecuados controles institucionales.

El seminario Pobreza y Corrupción: Retos de los Programas Sociales, pretende también ponderar la importancia que tiene la transparencia en las políticas, programas y acciones sociales  para lograr un mayor impacto y la racionalización de los recursos. Analizará los diferentes niveles de las políticas y acciones sociales que se producen desde el Estado para superar la pobreza y las debilidades institucionales que permiten prácticas corruptas que dificultan la equidad y la transparencia

Esta actividad que forma parte de las acciones que realiza el programa Transparencia dela Gestión Pública se desarrollará en tres paneles con los siguientes temas:

1.-Corrupción y pobreza

Trata de establecer como la corrupción genera pobreza de manera directa e indirectamente a través de las diferentes formas de corrupción.

2.-La acción social desde el Estado frente a la pobreza: Elementos para lograr prácticas de equidad y cero opacidad.

Con este tema se tratará de establecer las principales modalidades de corrupción que han estado presentes en los programas sociales y cuales estrategias desarrollar para superar el problema.

3.-Transparencia en las Políticas Sociales

Trata la manera de articular mecanismos que garanticen la transparencia y la participación de la ciudadanía desde la labor de fiscalización o control social.

El seminario se realizará el jueves 14 de julio a partir de las 9:00 a.m, en el hotel Santo Domingo.