Qué hacemos
Estudios e investigaciones
Los Avances en el Cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano
Este estudio analiza desde una perspectiva descriptiva con enfoque cualitativo los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano. Para esto, se analizó la base de datos del SASP que conglomera la información de 413,219 empleados, distribuidos en 125 instituciones con la finalidad de determinar si los salarios de los empleados y funcionarios públicos en República Dominicana cumplen con las normativas aplicables.
Género y anticorrupción en América Latina y el Caribe
Este documento identifica y clasifica algunas iniciativas –principalmente, del movimiento de TI en ALC– que abordan el trabajo entre las agendas de género y anticorrupción. Asimismo, identifica espacios de oportunidad para el trabajo de TI y sus capítulos y plantea líneas estratégicas para el desarrollo de proyectos futuros, brindando algunas ideas y propuestas iniciales para el fortalecimiento mutuo de ambas agendas. Esta investigación es de carácter ilustrativo y no exhaustivo, y reconoce que las diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC), la academia, el sector privado e incluso los gobiernos pueden llevar adelante esfuerzos que abonen al avance de las agendas de género y anticorrupción.
Planificación estratégica y ordenamiento territorial base fundamental para la efectividad de la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas
Desde Participación Ciudadana hemos insistido en la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos; y la ley de Regiones Únicas de Planificación, las cuales, sin dudas, serían las herramientas necesarias para garantizar que el territorio funcione de manera coordinada, equitativa y sostenible, tomando en cuenta las particularidades de cada localidad, su vocación productiva y haciendo un aprovechamiento adecuado de los recursos que garantice mayor resiliencia territorial y su desarrollo sostenible.
Compras y Contrataciones en los Gobiernos Locales
Estudio sobre la aplicación de la Ley No. 340-06 en los ayuntamientos con énfasis en el proceso de construcción de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal en los municipios: Azua, Baní, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.
Informe Final Observación Electoral 2020
Desde el 2019 hasta el 2020, el proceso electoral dominicano estuvo caracterizado por varios factores de trascendental importancia, algunos inéditos, que lo convierten en un referente de obligada atención para el país, así como para los organismos especializados, la sociedad civil y los estudiosos del tema electoral
Memoria del Panel: Consejo Económico y Social – Ámbito de Actuación y Perspectivas para su Desarrollo
El evento estuvo dirigido a representantes de entidades de los sectores empresariales, sindicales y sociales de la Provincia Santiago, con incidencia en la generación de políticas públicas, con el objetivo de dotar a los participantes de los conocimientos indispensables sobre el ámbito de actuación, iniciativas promovidas y perspectiva futura del Consejo Económico y Social (CES), a fin de promover adecuados niveles de empoderamiento de la sociedad civil de la Provincia Santiago en los procesos de concertación y consulta vinculados a los sectores sociales, económicos y laborales.
Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana
Este estudio analiza desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa la evolución de las carreras administrativas y especial en la administración pública dominicana. A pesar de las políticas implementadas, los avances obtenidos en materia de aumentar el número de funcionarios que son de carrera dentro del Estado Dominicano pueden considerarse infructuosos, a toda luz que los datos expresan que apenas un cuarto de los empleados públicos registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública pueden considerarse de carrera, lo que a 8 años de la entrada en vigencia de la END podemos considerar muy lejos de los objetivos que se marcan a 10 años de la implantación de la Ley 1-12, una meta que estableció que un 100% de los empleados públicos deben ser funcionarios de carrera.
Extracto de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios
Con la publicación de este extracto de la Ley 176 -07 del Distrito Nacional y los Municipios con los artículos relativos 6 al Presupuesto Participativo Municipal, pretendemos contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales y los líderes locales, conozcan y se apropien de una herramienta que le permita participar activamente de acuerdo a los mandatos de la Ley en todo el ciclo del proceso de formulación, aprobación, seguimiento y ejecución del presupuesto participativo en sus municipios.
Segundo Informe Observación Electoral 2020
PC decidió realizar esta observación debido a que la misma pondría a prueba la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, promulgada el 15 de agosto del 2018. El establecimiento de las primarias, abiertas o cerradas en la citada Ley, creó la expectativa de mayor transparencia y democracia en la selección de los candidatos/as y provocaría una renovación del liderazgo de los partidos. Por el contrario, las primarias se caracterizaron porque en vez de reducir, incrementaron la extensión y el costo de la precampaña; implicaron 10 SEGUNDO INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 2020 un subsidio del Presupuesto Nacional adicional que al momento sobrepasa los 2 mil 400 millones de pesos, no contemplado en ninguna ley. Con unos topes de gasto excesivamente altos, el proceso mostró el reinado del dinero en beneficio de los precandidatos de mayor poder económico, o que se aprovechan de los recursos públicos.
Informe sobre Implementación del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley No. 176-07
El presupuesto participativo municipal (PPM) en República Dominicana es una herramienta de participación ciudadana que ha alcanzado un alto grado de institucionalización legal tras la aprobación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y su posterior reconocimiento a nivel constitucional tras la reforma proclamada en enero de 2010. Las primeras experiencias de presupuestos participativos fueron impulsadas previa a la existencia de este marco legal a finales de los años 90 y, desde entonces, la práctica del presupuesto participativo se ha ido extendiendo con diferentes grados de alcance y resultados.
