Qué hacemos
Estudios e investigaciones
Compras y Contrataciones en los Gobiernos Locales
Estudio sobre la aplicación de la Ley No. 340-06 en los ayuntamientos con énfasis en el proceso de construcción de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal en los municipios: Azua, Baní, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.
Informe Final Observación Electoral 2020
Desde el 2019 hasta el 2020, el proceso electoral dominicano estuvo caracterizado por varios factores de trascendental importancia, algunos inéditos, que lo convierten en un referente de obligada atención para el país, así como para los organismos especializados, la sociedad civil y los estudiosos del tema electoral
Boletín de Orientación Ética No. 1
El Código de Ética de Participación Ciudadana, en su acápite 5 establece un Régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses. El artículo 5.2 establece lo siguiente: Quienes pertenezcan o simpaticen por un partido político deben evitar cualquier situación que involucre a la organización, dado el carácter de movimiento cívico no partidista. En ningún caso sus actividades podrán comprometer las posiciones y la imagen de la organización.
Memoria del Panel: Consejo Económico y Social – Ámbito de Actuación y Perspectivas para su Desarrollo
El evento estuvo dirigido a representantes de entidades de los sectores empresariales, sindicales y sociales de la Provincia Santiago, con incidencia en la generación de políticas públicas, con el objetivo de dotar a los participantes de los conocimientos indispensables sobre el ámbito de actuación, iniciativas promovidas y perspectiva futura del Consejo Económico y Social (CES), a fin de promover adecuados niveles de empoderamiento de la sociedad civil de la Provincia Santiago en los procesos de concertación y consulta vinculados a los sectores sociales, económicos y laborales.
Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana
Este estudio analiza desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa la evolución de las carreras administrativas y especial en la administración pública dominicana. A pesar de las políticas implementadas, los avances obtenidos en materia de aumentar el número de funcionarios que son de carrera dentro del Estado Dominicano pueden considerarse infructuosos, a toda luz que los datos expresan que apenas un cuarto de los empleados públicos registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública pueden considerarse de carrera, lo que a 8 años de la entrada en vigencia de la END podemos considerar muy lejos de los objetivos que se marcan a 10 años de la implantación de la Ley 1-12, una meta que estableció que un 100% de los empleados públicos deben ser funcionarios de carrera.
21 Recomendaciones para la Seguridad Ciudadana del Municipio en Tiempos de Emergencia
El impacto social, político y económico de la pandemia global del COVID-19 todavía es incierto, pero si se acciona a tiempo y el contagio de esta pandemia se controla sus consecuencias sobre nuestro país evitarán que pasen a mayores. De ahí que la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia como espacio plural para la articulación con entidades y organizaciones de base de la sociedad civil, para elevar la conciencia ciudadana en demandar la aplicación de políticas públicas de seguridad ciudadana en ámbito municipal, que favorezcan la construc- ción de ciudades seguras, con el apoyo de Participación Ciudadana presenta las 21 recomendaciones ante la crisis del COVID-19 para fomentar la actuación responsable de los organismos del Estado y de la ciudadanía en el combate de esta pandemia global.
Extracto de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios
Con la publicación de este extracto de la Ley 176 -07 del Distrito Nacional y los Municipios con los artículos relativos 6 al Presupuesto Participativo Municipal, pretendemos contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales y los líderes locales, conozcan y se apropien de una herramienta que le permita participar activamente de acuerdo a los mandatos de la Ley en todo el ciclo del proceso de formulación, aprobación, seguimiento y ejecución del presupuesto participativo en sus municipios.
Segundo Informe Observación Electoral 2020
PC decidió realizar esta observación debido a que la misma pondría a prueba la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, promulgada el 15 de agosto del 2018. El establecimiento de las primarias, abiertas o cerradas en la citada Ley, creó la expectativa de mayor transparencia y democracia en la selección de los candidatos/as y provocaría una renovación del liderazgo de los partidos. Por el contrario, las primarias se caracterizaron porque en vez de reducir, incrementaron la extensión y el costo de la precampaña; implicaron 10 SEGUNDO INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 2020 un subsidio del Presupuesto Nacional adicional que al momento sobrepasa los 2 mil 400 millones de pesos, no contemplado en ninguna ley. Con unos topes de gasto excesivamente altos, el proceso mostró el reinado del dinero en beneficio de los precandidatos de mayor poder económico, o que se aprovechan de los recursos públicos.
Código de Ética
El Código de Ética de Participación Ciudadana está orientado a establecer las normas para la actuación de integrantes y relacionados con la organización. Ha sido elaborado colectivamente, con una amplia participación y en un proceso democrático, con el propósito de unificar criterios y alinear la organización en una materia tan sensible como lo es la ética. Las normativas contenidas en este Código expresan un compromiso con los principios, valores, misión y objetivos de la organización.
Informe sobre Implementación del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley No. 176-07
El presupuesto participativo municipal (PPM) en República Dominicana es una herramienta de participación ciudadana que ha alcanzado un alto grado de institucionalización legal tras la aprobación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y su posterior reconocimiento a nivel constitucional tras la reforma proclamada en enero de 2010. Las primeras experiencias de presupuestos participativos fueron impulsadas previa a la existencia de este marco legal a finales de los años 90 y, desde entonces, la práctica del presupuesto participativo se ha ido extendiendo con diferentes grados de alcance y resultados.
