El Movimiento Cívico indica que lo que se debió eliminar es el arrastre que representa la boleta conjunta de diputados y senadores.

Participación Ciudadana expresó su más enérgica protesta ante el retroceso que implica  la decisión apresurada e inconsulta de la Junta Central Electoral de derogar la resolución que establecía el voto preferencial, que había sido adoptada como complemento del mandato legal del desarrollo del voto por circunscripciones.

El Consejo Nacional de PC advirtió que esta decisión violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral, que dispone que “las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.

El Movimiento Cívico explicó que fue cumpliendo ese mandato legal que la Junta Central Electoral aprobó la resolución que establece el voto preferencial que hoy deroga, pues es la única forma en que la ciudadanía puede obtener una verdadera representación es a través precisamente del voto preferencial.

La Organización No Gubernamental citó que Belarminio Ramírez define el Voto Preferencial en su obra Derecho Constitucional, como “aquel en que el elector puede alterar el orden en que los partidos presentan la lista” de candidatos.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que la actual situación es preocupante, alegando que    “ya que en la República Dominicana habíamos pasado de las listas cerradas y bloqueadas de candidatos a diputados, donde los partidos imponen a los electores el orden en que los candidatos serán elegidos en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido, al de las listas cerradas y no bloqueadas, en que los electores deben escoger entre los candidatos propuestos pero deciden libremente a cuál de ellos escoger, que es lo que se acaba de derogar”.

Sosa denunció que cuando se esperaba que el próximo paso de avance en materia electoral sería eliminar el arrastre que representa la boleta conjunta de diputados y senadores, para superar la etapa actual en que al votar por un diputado se arrastra al  senador del mismo partido, se nos sorprende con la decisión regresionista de volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas, en que serán  las cúpulas de los partidos y el clientelismo los que impondrán a la mayoría de los diputados que serán “elegidos” en lo adelante.

La JCE argumenta que la decisión busca preservar a los partidos políticos ya que el voto preferencial “recrudece luchas internas que se originan a propósito de la nominación de los candidatos”, cuando la realidad es que uno de los factores que la indujo a tomar esta decisión es la dificultad para contabilizar el voto preferencia, que no ha podido solventar eficientemente en los dos últimos procesos electorales congresuales y municipales.

Estos argumentos debieron orientar a la Junta Central Electoral en la dirección de adoptar las medidas necesarias para que las “luchas internas” se realicen en un plano de igualdad, como lo mandan los principios democráticos, la ley electoral y nuestra Constitución.

El Consejo Nacional de PC recordó que el  párrafo IV del artículo 212 señala que la “Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencias en la utilización del financiamiento.”

“ La desigualdad en el uso de los recursos, el abuso del clientelismo, las decisiones autoritarias de las cúpulas de los partidos, son los elementos que han debilitado a los partidos políticos y no el voto preferencial”, expresó El Movimiento Cívico No Partidista.

Aún está fresca en la memoria la forma en que las cúpulas de los tres principales partidos se reservaron la mayoría de las candidaturas a diputados para las recién transcurridas elecciones congresuales y municipales.

No hay duda de que el voto preferencial poco puede hacer si las listas de candidatos se completan en las primarias de los partidos no a través del voto libre, sino a través del dedo o del voto condicionado por el clientelismo y por los recursos.

PC dice que sorprende que ahora que la nueva Constitución le otorga un claro poder reglamentario a la Junta Central Electoral para disponer medidas que eliminen o por lo menos reduzcan la desigualdad de los candidatos,  este organismo se incline por tomar medidas que reducen dramáticamente la eficacia del voto de la ciudadanía en vez de atacar el problema en sus raíces.

Esto indica que los que aspiren a diputados en el futuro deberán desde ahora ir agenciándose el dedo salvador de algún líder mesiánico, para que les permitan aplastar a sus compañeros en las primarias a través del clientelismo y las influencias, y luego ser colocados en lugar preferente en la lista cerrada y bloqueada, pues ya  la ciudadanía independiente, tanto fuera como dentro de los partidos,  no podrá moverlos de lugar.

El arrastre electoral, que implica una reducción considerable del voto libre que ordena la Constitución, sigue consolidándose, primero con la eliminación de la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales, y ahora con la eliminación del voto preferencial.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Dos de tres líderes de sectores sociales  coincidieron en que el Estado de derecho no se constituye solo con reformas legales. Uno de ellos atribuyó al Gobierno  contradecirse al auspiciar  reformas pero  apoyar una cultura clientelista.

La visión optimista del Presidente Fernández sobre una “revolución institucional” en el país fue rebatida en función de la falta de políticas contrarias al caudillismo y favorables a la sociedad.

Mientras el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que el país  se encamina hacia una revolución institucional con la nueva Constitución, tal y como afirmó el miércoles el presidente Leonel Fernández,  el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, rechazó lo dicho por el mandatario argumentando  que el Estado  democrático, social y de derecho no se constituye solo con reformas legales sino que debe ir acompañada de una práctica institucional.

Entrevistados por separado, Castaños Guzmán dijo  que si la Constitución proclamada el 26 de enero  se implementa de acuerdo con los principios que la sustentan, el Estado  se puede catapultar porque establece  derechos fundamentales y los órganos que los van a garantizar.

Cabreja expresó que el Gobierno se contradice porque aprueba reformas institucionales en la Carta Magna  y sigue promoviendo la cultura clientelista y caudillista, y no aplica políticas públicas para la mejoría de las condiciones de vida de la gente.

Fernández, al dictar la  conferencia “Retos Institucionales de la Sociedad Dominicana tras la Reforma Constitucional”, que tuvo el auspicio de FINJUS con motivo del 20 aniversario de esa entidad, afirmó    que a partir  de la proclamación de la nueva Constitución el país atraviesa por una profunda y radical revolución institucional democrática como nunca antes.

Cabreja consideró sobre ese aspecto   que en materia institucional el país se queda a nivel de leyes, tras señalar que se irrespeta la carrera de función pública, se siguen nombrando secretarios sin cartera, viceministros. Entiende que el presidente Fernández con su práctica se contradice.

Zoom

Por buen camino

A juicio de Castaños Guzmán el país va camino a su institucionalización con la creación de órganos importantes en la nueva Constitución  como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

La Constitución

También destacó que con la proclamación de la actual Carta Magna han salido fortalecidas instituciones como la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional.

Tulio Castaños Guzmán

Coincide con el Presidente en que el país se encamina hacia una revolución institucional.

Javier Cabrera

Rechaza criterio  por  entender que la reforma debe incluir  una práctica de respeto a los principios.

Cristóbal Rodríguez

Advierte que si se cambian  las  normas para beneficio del Poder  entonces no hay institucionalidad.

El combate a la corrupción no avanza en la República Dominicana, un mal que mantiene su misma incidencia desde hace varios años.

El diagnóstico proviene de la organización Transparencia Internacional, que asienta un índice de 3.0 al país en una escala del 0 al 10. Este es su informe para el año 2010.

En la relación de países en los que se midió la presencia de la corrupción, República Dominicana aparece en el lugar 101 de un total de 178 naciones. Se destaca la falta de acción judicial en RD.

La República Dominicana “se mantiene estancada” en el combate a la corrupción  con un índice de 3.0 en una escala del 0 al 10, según un informe para el 2010 de la organización Transparencia Internacional.

El  informe de la entidad  indica que desde hace varios años el país  mantiene el mismo índice  de corrupción de 3.0, el cual lo ubica “entre los países con alta percepción de corrupción”.

Según el informe, República Dominicana está ubicada “en el lugar 101 de una lista de 178 países del mundo cubiertos por el índice”.

El  estudio de Transparencia Internacional fue dado a conocer en conferencia de prensa por su capítulo en República Dominicana,  el movimiento no partidista Participación Ciudadana y en la que estuvieron  Carlos Pimentel, Cándido Mercedes; su coordinador general Santiago Sosa; Miriam Díaz, quien leyó el documento; Javier Cabreja y Samir Chami Isa. Al margen del documento, el coordinador general  Santiago Sosa, dijo que la corrupción en el país “es una práctica habitual y extendida” y que “los casos de corrupción no llegan a la jurisdicción penal”.

Deploró que algunos ex funcionarios enviados a los tribunales hayan sido indultados y que solo uno fue condenado en los últimos años. Criticó al Ministerio Público y al Departamento Contra la Corrupción Administrativa   porque no han jugado su rol como representantes de la sociedad.

El  informe dice que República Dominicana ocupa el lugar 14 de 23 del continente.

“En este contexto, su posición mejoró, pero no por méritos propios, sino porque la situación de otros países ha empeorado, como son los casos de Venezuela, Haití y Paraguay que aparecen entre los países de mayor corrupción del mundo”,  expresa Participación Ciudadana.

Transparencia Internacional deploró que  “en nuestro continente la mayoría de los países nunca han pasado esta prueba con notas aceptables”.

La clave

Otros países

Los países “que son percibidos como menos corruptos”, con índices superiores a 9 en el 2010 son Dinamarca, Nueva Zelandia, Singapur, Finlandia y Suecia. Los países del Continente Africano y del Medio Oriente son los que obtienen las peores puntuaciones, seguidos por los  de América Latina.   Transparencia Internacional es una organización no gubernamental.

• La organización Transparencia Internacional pone en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial, correspondiente al 2010.
• La República Dominicana mantiene este año la misma puntuación del año pasado, con un índice de 3.0, en escala del 0 al 10, lo cual denota la percepción generalizada de que en el país existe un alto nivel de corrupción.
• El país se ubica en el lugar número 101 entre 178 países del mundo cubiertos por el índice.

La organización Transparencia Internacional puso en circulación hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente al año 2010. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, líder en el mundo entre las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, cuya representación en la República Dominicana ejerce el movimiento cívico Participación Ciudadana.

La República Dominicana desde hace varios años se mantiene estancada en un índice  de 3.0, el cual la ubica entre los países con alta percepción de corrupción.

Los países que son percibidos como menos corruptos, con índices superiores a 9 en el 2010 son: Dinamarca, Nueva Zelandia, Singapur, Finlandia y Suecia.

Países del Continente Africano y del Medio Oriente son los que obtienen las peores puntuaciones, seguidos por los países de América Latina.

En nuestro continente, la mayoría de los países nunca ha pasado esta prueba con notas aceptables, ya que obtienen por debajo de los 5 puntos. De 23 países del continente incluidos este año, sólo 7 obtuvieron índices superiores a 5, mientras 16 están por debajo, para un promedio de la región de 4.1.

La República Dominicana ocupa el lugar 14 de 23 del continente. En este contexto su posición mejoró, pero no por méritos propios sino porque la situación de otros países ha empeorado, como son los casos de Venezuela, Haití y Paraguay que aparecen entre los países de mayor corrupción del mundo. 

Participación Ciudadana realizó un taller de planeación estratégica en donde se analizaron los proyectos que el Movimiento Cívico tendrá en ejecución en los próximos tres años.

Durante el taller también fueron discutidas las amenazas que enfrentará Participación Ciudadana en ese periodo, fortalezas y debilidades actuales, así como los objetivos del Plan Estratégico 2011-2013 con sus respectivas estrategias.

Para determinar el Plan Estratégico de Participación Ciudadana se hizo un consenso entre más de 28 miembros del Consejo Nacional de PC participantes en el encuentro.

 Entre los asistentes al taller se encuentran integrantes del equipo técnico de PC, ex coordinadores, miembros de la Comisión de Análisis Político y de otros departamentos, provenientes de Santiago, Navarrete, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Baní, Moca, Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.

 El taller de Planeación Estratégica de Participación Ciudadana se realizó el domingo 17 de octubre del 2010, de nueve a cuatro de la tarde, en las instalaciones del Hotel Clarión del Distrito Nacional.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Participación Ciudadana rechaza la propuesta del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Vincho Castillo, quien propuso modificar el artículo 124 de la Constitución para establecer el Referendo Consultivo, y que sea el pueblo quien decida sobre la repostulación o no del presidente Fernández.

El coordinador general de PC, Santiago Sosa, la calificó de “contraproducente”, “precipitada” y opuesta a los principios de participación, y recordó que la reelección troncha la posibilidad de que nuevas figuras aspiren a la presidencia.

Sosa indicó que luego de un largo proceso de conocimiento y aprobación de la Nueva Constitución, producto de la consulta de diversos sectores, y a solo 10 meses de su promulgación, es insólito que se esté proponiendo su modificación para favorecer a sectores sectores políticos del país.

Posición otros sectores.

Precandidatos presidenciales y legisladores manifestaron ayer un amplio rechazo a la propuesta de Marino Vinicio Castillo (Vincho) de que se reforme la Constitución para que el pueblo decida sobre la reelección presidencial.

Al respecto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, afirmó que la reelección presidencial “es cosa del pasado”.

Vargas puso en duda que la población apruebe un plebiscito al Gobierno, como propuso Castillo, y es de opinión de que tampoco existen condiciones para introducir una reforma a la Constitución que recién se acaba de poner en vigencia, ya que el PRD y otros sectores pueden impedir ese proyecto.

Asimismo, su compañero de partido y precandidato presidencial Luis Abinader, consideró que la propuesta de modificar la Constitución de la República para reintroducir la reelección presidencial consecutiva, es un factor de perturbación que podría contaminar sensiblemente el ambiente político, económico y social del país.

Dijo que el primer efecto que tendría la discusión del proyecto reeleccionista sería dividir las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con repercusiones en el Congreso Nacional y en otras instancias del Estado, además de enfrentar al Gobierno con amplios sectores de la sociedad que rechazan de plano esa posibilidad.

Mientras que el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, consideró la propuesta como un aporte importante al debate en torno a la reforma constitucional.

Sin embargo, consultados por separado, los diputados peledeístas Gustavo Sánchez, vocero de la bancada morada; René Polanco, secretario del bufete directivo, y Elpidio Báez, así como los diputados perredeístas Carlos García y Ruddy González, y el reformista Ramón Rogelio Genao coincidieron en señalar que las posibilidades de que una propuesta de esa naturaleza pueda ser acogida son mínimas.

En tanto que el coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, la calificó de “contraproducente”, “precipitada” y opuesta a los principios de participación, y recordó que la reelección troncha la posibilidad de que nuevas figuras aspiren a la presidencia.

Posición del aliado del PLD

Vincho propuso modificar el artículo 124 de la Constitución para establecer el Referendo Consultivo, y que sea el pueblo quien decida sobre la repostulación o no del presidente Fernández.

La sociedad santiaguera reaccionó escandalizada, con el anuncio de que los regidores del Ayuntamiento del municipio comenzaron a cobrar 100 mil al mes, en vez de los 80 mil que percibían por concepto de dietas. Hasta el pasado mes, los legisladores de Santiago de los Caballeros recibían 65 mil al mes como dieta, más 15 mil por comisiones, 80 en total. El profesor universitario Paulino Sarita, coordinador de la provincia de Santiago del movimiento apolítico Participación Ciudadana, calificó como una burla y una provocación para la sociedad el desproporcionado aumento.

Considera,"la población de Santiago no puede sentirse bien con ese aumento porque la mayoría de esas llamadas dietas no tiene justificación".

Mientras que José Ceballos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santiago (ASOCOSA), consideró que el incremento de la disfrazada dieta, es exagerada con relación al trabajo que realizan los regidores.

Se recuerda, que a principios del año, los regidores aprobaron mediante resolución aumentarse la dieta en esa proporción, pero el ex alcalde José Enrique Sued no firmo la decisión.

En la resolución del Consejo de Ediles del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, también se incluye un incremento de 55 mil pesos mensual al alcalde Gilberto Serulle, llevando su sueldo de 125 mil a 180 mil al mes.

Comunicado consejo nacional de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana reitera su posición de que lamenta que el Senado, a través de la Comisión Especial, continúe el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral sin antes modificar la  ley que aún exige que sólo los abogados puedan ser miembros.

No sólo la disposición  transitoria séptima  de la nueva Constitución exige primero la conformación del órgano antes de la elección de sus miembros, sino que el texto sustantivo redujo las funciones de la Junta Central Electoral  al segregar las funciones contenciosas y asignárselas al nuevo órgano creado bajo la denominación de Tribunal Superior Electoral. De esta manera, los miembros de la Junta Central Electoral dejarán  de ser “jueces” y serán exclusivamente administradores de procesos, por lo que tiene sentido que profesionales de otras disciplinas más afines con estas funciones puedan optar para ser seleccionados.

Tarde o temprano el Congreso tendrá que adecuar la actual Ley No.  275-95, que regula la Junta Central Electoral, a las nuevas disposiciones constitucionales, así como aprobar la Ley de Partidos Políticos para evitar las ventajas electorales que se obtienen debido al abuso del poder.

Con respecto al proceso de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral que se lleva a cabo en estos momentos, Participación Ciudadana hace un llamado al Senado con la finalidad de que  evite desacreditar un método tan positivo como el de la presentación abierta de candidatos y el derecho a objetar los mismos por parte de la ciudadanía, pues se corre el peligro de que se entienda que se cumple con la parte formal, pero que las designaciones ya están decididas, y que aquellos que de buena fe presentan sus candidaturas creyendo que la selección se hará rigurosamente, de acuerdo a un perfil que priorice la capacidad,  integridad e independencia, no están siendo más que tontos útiles.

Al igual que en ocasiones anteriores, Participación Ciudadana  no propone candidatos, debido a que nuestra tradición de monitorear los procesos electorales nos aconseja mantenernos al margen de la proposición de nombres. Sin embargo, Participación Ciudadana sí trabajará en la verificación de los perfiles de los candidatos existentes.

Por esa misma razón, y visto que la experiencia con el más reciente proceso electoral, y particularmente con la administración de  la JCE, ha dejado demasiadas sombras, entendemos que en el momento de la escogencia el Senado debería aprovechar para producir una profunda renovación de la matrícula del órgano electoral. En adición, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que en caso de ser reelectos los miembros actuales estarían en esas funciones por seis años, lo que sumado al tiempo que ya tienen, haría demasiado prolongada su permanencia en funciones directivas, , no de carrera, lo que no es sano porque puede convertirse en un obstáculo a  la transparencia e incluso a la renovación de la entidad a través de nuevas ideas.

Participación Ciudadana también critica los aprestos existentes para repartirse la Junta Central Electoral en razón de criterios estrictamente político-partidarios, pues existen muchas probabilidades de que cualquiera de los lleguen allí con compromisos partidarios, los defenderán por encima de los intereses generales.

Consejo Nacional . 

El director ejecutivo del movimiento Participación Ciudadana (PC), licenciado Javier Cabreja, afirmó que en el país hay un retroceso en materia de combate a la corrupción administrativa, porque el discurso de tolerancia cero hacia ese delito no se ha traducido en la práctica.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró que no se ha avanzado de forma efectiva en materia de lucha anticorrupción por distintos factores, entre ellos los niveles de impunidad que siguen reinando en la República Dominicana.

Declaró que a pesar de las denuncias públicas que se hacen en contra de distintos funcionarios, que supuestamente incurren en actos dolosos desde la función pública, el Estado no lleva a cabo ningún tipo de acción que implique una sanción efectiva.

Cabreja enfatizó que en los últimos diez años la corrupción en el país ha crecido y no se han producido sanciones efectivas, porque la mayoría de los funcionarios implicados en esos hechos no han sido condenados.

“Esto se hace acompañar por el hecho de que las instituciones que están llamadas, primero a sancionar la corrupción y a investigarla, son muy débiles”, dijo.

Opinó que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción y el Poder Judicial no han evidenciado la capacidad ni la eficiencia necesaria para enfrentar los casos de corrupción.

Asimismo, dijo que ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría General de la República llevan a cabo el rol que deben desempeñar en materia de fiscalización que impida el crecimiento de la corrupción en el país.

“A esto se le suma la falta de voluntad política de los principales líderes y funcionarios del Estado dominicano y todo esto ha generado que la República Dominicana tenga los niveles de corrupción que tiene y que en los indicadores sigamos apareciendo como un país con uno de los niveles más altos de corrupción en la región”, agregó.

Cabreja manifestó que mientras persista la cultura de los niveles de discrecionalidad y los funcionarios públicos entiendan que la información que se genera desde el Estado son de propiedad privada, seguirán creciendo los niveles de corrupción.

El reparto de cargos

El director ejecutivo de Participación Ciudadana consideró que detrás del proceso acelerado de designación de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas y la urgencia que tiene el Senado está el interés de los partidos políticos de repartirse esos cargos.

Cabreja manifestó que esos puestos no pueden responder al interés clientelar que tienen los partidos políticos, sino que deben responder a la institucionalidad y al desarrollo.

Manifestó que Participación Ciudadana está muy preocupada por el proceso que ha estado llevando a cabo el Senado de la República, en cuanto a la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Calificó como contraria a la Constitución la decisión del Senado, de designar al senador Félix Vásquez como miembro del CNM.

“Por lo siguiente, para la designación del Consejo Nacional de la Magistratura la Constitución es clara, respecto a que el segundo miembro tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, debe corresponder o debe ser asignado al partido de la oposición de dicha cámara”, enfatizó.

Cabreja dice que aunque Vásquez es claramente un senador del Partido Reformista Social Cristiano, en la boleta electoral fue propuesto y alcanzó la curul con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana.

“Por ende no es el senador que entra al Consejo Nacional de la Magistratura siendo de un partido distinto o contrario o de oposición, como establece el propio espíritu de la Constitución”, dijo.

Manifestó que la Constitución obliga a la designación de los miembros de esas instituciones, pero también a una readecuación del marco legal y jurídico del país.

Entiende que lo más adecuado y conveniente para el fortalecimiento institucional, era iniciar este proceso con las modificaciones y ajustes legales que están pendientes, para que los nombramientos estén a la altura de la Carta Magna.

“Pero que al mismo tiempo que en esas legislaciones se establecieran claramente los mecanismos y los procedimientos para la designación de los miembros de esas instituciones”, precisó.