SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa., previno este martes al país, de que si el próximo Presidente de la República no pone coto a la corrupción y a la fuerte desigualdad social, el pueblo, “cansado” y “jarto” de ellas, puede lanzarse a las calles. Consideró que esas manifestaciones sociales serían el resultado del fuerte empoderamiento de la sociedad civil y de los ciudadanos, el cual obligará al nuevo gobierno a olvidarse un poco de priorizar la inversión en infraestructuras. Chami Isa fue entrevistado por los periodistas Manuel Jiménez y Ángel Barriuso en Propuesta Matinal, que es difundido de 7:00 a 8:00 de la mañana de lunes a viernes por el canal 45.

“Es que el pueblo está cansado, jarto de la fuerte desigualdad social que debe ser resuelta, si no, el pueblo puede lanzarse a las calles”, por los problemas de salud y de alimentación que padece y citó el caso de un ciudadano que asaltó una pizzería al parecer para robarse una pizza.

“Aquí no se está comiendo, aquí la salud está por el suelo, aquí la educación está por el suelo, la vivienda está por el suelo. Entonces, yo entiendo que el capital social hay que atenderlo, y después de que se dé calidad de vida a los dominicanos, que (los gobiernos) hablen de construir lo que les dé la gana. Ahora, que construyan con conciencia y no sobrevaluando obras, como hemos visto obras que tú dices pero esto no puede ser, ¿ya los cuartos no valen?, parqueos en mil millones de pesos, universidades en miles de millones de pesos”, se quejó.

Para  probar la corrupción a funcionarios sugirió invertir el fardo de la prueba a fin de que quien llegó al gobierno con un cepillo (Volkswagen) y salga con un Mercedes (Benz) pruebe dónde obtuvo los fondos y sin justificación en que “el poder es para usarlo”.

Reconoció que puede que el gobierno haya cumplido muchas de las medidas sugeridas por la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) creada a sugerencia del presidente Leonel Fernández e integrada por la sociedad civil, organismos de cooperación internacionales y el sector público.

En otro orden, informó que a Participación Ciudadana le preocupa la renuncia a solo ocho meses de las votaciones del administrador del centro de cómputos e informática de la Junta Central Electoral, Miguel Ángel García, con once años de servicios, quien argumentó que no sería un sello gomígrafo del presidente del tribunal, Roberto Rosario, que en su lugar designó a Franklin Frías.

Sugirió que sea el pleno que informe al país las causas de ese conflicto interno y sobre todo cuáles son las medidas que piensa tomar para resolverlo de manera armoniosa con el consenso de los partidos y eventualmente de sectores de la sociedad civil.

En otro tema, el de la elección de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura que se reunirá en breve para escoger a los jueces del tribunal superior electoral, dijo que Participación Ciudadana no está muy de acuerdo con la forma en que esto ha sido manejado.

“Desde un primer momento nosotros, que somos parte de la Comisión por una Justicia Digna, conformada además por la ANJE (Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios), la Finjus (Fundación Institucionalidad y Justicia) y la Cámara Americana (de Comercio), hemos luchado para que este sea un proceso transparente y público”, por lo que manifestó su desacuerdo con el reglamento.

Dijo que la aspiración de ese organismo de la sociedad civil es que sean elegidas personas idóneas, expertas, con valores éticos y morales, que no respondan a intereses de partidos políticos, personas que defiendan los intereses del pueblo.

Consideró que en vista de que en estos momentos sea escogido primero el Tribunal Superior Electoral por cuanto ante la emergencia de cualquier conflicto en los partidos no habría una instancia donde dirimirlo.

Chami Isa dijo que ojalá que en las evaluaciones que comenzarán esta tarde hasta el sábado la lista de aspirantes publicada no sea la base para la elección de los magistrados y criticó que a cada nueva convocatoria corresponde una medida nueva y que las deliberaciones sean televisadas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA lamenta la actitud que asumieron la mayoría de los senadores al aprobar el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos en un solo día, en dos lecturas consecutivas, sin haber tenido tiempo material para leer su contenido completo y renunciando al mandato conferido en las elecciones y en la Constitución para ejercer la función legislativa de manera independiente al Poder Ejecutivo.

En cualquier sociedad medianamente civilizada, el proyecto al cual más tiempo dedican los parlamentos, al que más análisis se le somete, es el presupuesto fiscal, en razón de que se trata del instrumento de política económica más importante del año. Pero fundamentalmente porque la democracia se sustenta en la independencia y contrapesos entre los poderes públicos, y el presupuesto de gastos es el medio a través del cual adquiere real sentido el control del Legislativo sobre los actos del Ejecutivo.

Es cierto que durante la época de la dictadura, y en la autocracia que conoció el país en decenios anteriores, el Congreso jugaba un papel poco más que decorativo en el entramado institucional,  y el proyecto de Presupuesto solía ser sometido en los días finales de cada año y los congresistas lo aprobaban rápidamente, con la convicción de que eso era lo más que podían hacer, porque de todas formas el Presidente gastaría antojadizamente los recursos públicos.

Pero después se cambiaron las leyes y hasta la propia Constitución, al tiempo que se ha avanzado en las instituciones democráticas. Entre otras cosas, se obligó a someter el proyecto con suficiente antelación para permitir que el Congreso pudiera jugar un  papel más digno. La forma en que aprobaron el proyecto en el Senado constituye una vergüenza, lo que impidió que ni siquiera fueran capaces de percibir claros errores formales, como números incorrectos y cálculos mal hechos.

No cabe duda alguna que esta actitud de la mayoría de los senadores tuvo el propósito de impedir las presiones sociales para mejorar el presupuesto asignado a Educación, que una vez más viola el mínimo legal del 4% del PIB o 16% del presupuesto general.

Pero en el proyecto aprobado  no solo se sigue vulnerando la ley sobre educación, sino las de los municipios, la del Poder Judicial, y varias otras que establecen montos a algunas responsabilidades públicas. Y mucha gente se estará preguntando qué sentido tiene mantener en vigencia leyes que protegen la asignación fiscal a determinadas funciones si es para todos los años estarlas violando.  La propia Cámara de Cuentas y los organismos responsables de la investigación, la prevención y el castigo a la corrupción perciben una permanente asfixia financiera.

Con su conducta los senadores no dejaron espacio alguno para que pudiera discutirse y mejorarse el presupuesto asignado al Poder Judicial y al mismo Ministerio Público, que permanece virtualmente congelado por cuarto año consecutivo, lo que agrega un elemento más al deterioro del servicio público de administración de justicia,  lo que ha llevado al presidente de la Suprema Corte a señalar la existencia de un serio riesgo de quiebra del Poder Judicial.

La principal responsabilidad de los legisladores debe ser para con sus representados, que en esta ocasión han sido olvidados para atender instrucciones exclusivamente partidarias. El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado va ahora a la Cámara de Diputados y PARTICIPACIÓN CIUDADANA espera mayor responsabilidad pública de los diputados, de la que fue exhibida por la mayoría de los senadores.

Consejo Nacional

En cambio el movimiento cívico pide respeto por DH

El coordinador general de movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, se mostró de acuerdo con que la Policía Nacional actúe con mano dura frente a la delincuencia y la criminalidad pero alertó sobre el respeto a los derechos humanos.  Dijo que como organización le preocupan los niveles de delincuencia que hay en el país, por lo que sí es necesario actuar con mano dura, como afirmó el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez y le pidió a sus agentes.

“Nosotros lo que decimos es que hay que garantizar el orden público pero respetando siempre los derechos humanos de las personas. Sí, entendemos que el tema de la delincuencia en la República Dominicana está preocupante en estos momentos por los asesinatos, el crimen organizado y debe prevalecer el orden público y los policías deben actuar con mano dura, pero siempre respetando los derechos del ciudadano”, dijo.

“Eso de actuar a la ligera no estamos de acuerdo con eso y los policías tienen que respetar la ley en ese sentido y cuando vean actuaciones de actos delictivos deben tomar medidas al respecto pero actuar como vigilantes de la seguridad ciudadana, no como verdugos”, agregó.

Intercambios de disparos. Sobre el tema de los intercambios de disparos, dijo que aunque Participación Ciudadana no ha hecho ninguna observación sobre el particular, “mantenemos la posición de que en esos intercambios de disparos debe preservarse la vida del militar (policía) pero no utilizar los intercambios de disparos para disfrazar la muerte de un ciudadano común”, dijo Chami Isa.

Participación Ciudadana de Santiago, consideró ayer que es preocupante el conflicto registrado en la Junta Central Electoral por la renuncia del director nacional de Cómputos, lo que podría afectar la credibilidad del organismo a ocho meses de las próximas elecciones.

El coordinador local del movimiento no partidista, Alfredo Matías aseguró que la JCE debe cuidar su imagen y credibilidad, sobre todo porque el dimitente denuncia que había otro centro de cómputos paralelo al que dirigía.

Abogó Matías porque el conflicto por la renuncia de Miguel Ángel García en la JCE pueda ser resuelto con apego a la institucionalidad.

“Nosotros esperamos que las autoridades de la Junta actúen con apego a lo que establece la Ley electoral de organizar unas elecciones transparentes”, expuso.

Sin embargo, sostuvo Alfredo Matías que el hecho de que esa dimisión de un funcionario técnico tan importante ocurra cercana al proceso preocupa a la organización que observa las elecciones.

Los conceptos del coordinador de Participación Ciudadana se produjeron, previo al acto donde anuncio que el Ayuntamiento de Santiago no ha cumplido con el Presupuesto Municipal Participativo, según el informe de monitoreo realizado por la entidad.

El Informe presentado este martes sostiene que el Presupuesto del Ayuntamiento de Santiago consigna la construcción 55 obras por un monto de RD$158, 747,083.27.

Estas obras corresponden a las seleccionadas por las comunidades en las asambleas barriales del Presupuesto Participativo Municipal 2011 y que posteriormente fueron aprobadas en Cabildo Abierto e incorporadas al Plan de Inversión Municipal.

De las obras aprobadas solo 4 han sido concluidas por un monto de RD$6, 434,395.99, mientras que otras 13 se encuentran en estado de construcción.

Las obras que se encuentran iniciadas, pero no concluidas, ascienden a un monto de RD$38, 307,300.38, equivalente al 19% del presupuesto participativo municipal.

El informe revela incumplimiento de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en lo que respecta al presupuesto Participativo Municipal, toda vez que no se ha cumplido con el cronograma de ejecución de obras, tampoco se han creado las comisiones de auditoría social y los comités de mantenimiento de obras, ni realizadas las licitaciones para la contratación de obras, según lo dispone la legislación dominicana.

 ADOCCO califica de grave conflicto JCE

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, calificó de grave y preocupante el conflicto generado en el órgano neurálgico de la Junta Central Electoral como lo es la Administración General de Informática, que no solo tiene la responsabilidad de operar el sistema de automatización de los actos del estado civil en donde se han invertido muchos recursos, sino también el manejo del escrutinio en las elecciones nacionales, congresuales y municipales, que faltando 7 meses para la celebración de las elecciones nacionales, debería estar fortalecido para credibilidad del proceso.

La organización que vela por la transparencia en el país advirtió que el establecimiento de centros de cómputos paralelos dentro de la Junta Central Electoral que provocó la presentación de renuncia de Miguel Ángel García y aceptada con prontitud por el pleno del órgano electoral afectará significamente los trabajos de digitalización del padrón electoral, la transmisión remota de los resultados electorales, el voto en el exterior, así como la modernización del centro de cómputos, dependencia de la administración de informática.

Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de ADOCCO, llamó a la sensatez del Presidente del pleno de la Junta Central a los fines de que sea reconsiderada la aceptación de la renuncia de Miguel Ángel García de quien tenemos referencia de capacidad, dedicación y de una alta calificación gerencial, por lo que “Nos sorprende que después de este comunicarle al presidente Roberto Rosario de la improcedencia de instalar una estructura computacional paralela, presentara renuncia y su aceptación inmediata, nos indica que el ex administrador de informática fue obligado a dimitir”. Dijo el vocero de la organización anticorrupción.

ADOCCO solicitud del pleno la inmediata separación del Director de Informática generador de la renuncia del Administrador de Informática, de lo contrario la credibilidad de la Junta se verá afectada considerablemente, en detrimento de la institucionalidad del organismo que años atrás fue intervenida por comisiones de notables para poder garantizar un trabajo diáfano y obtener la confianza de la población dominicana.

Sólo 4 obras del Presupuesto Participativo municipal han sido terminadas de las 55 aprobadas e incorporadas al Presupuesto de Inversión Municipal.

El Ayuntamiento de Santiago no ha cumplido con el Presupuesto Municipal Participativo en perjuicio de la ciudadanía, según reveló un informe de monitoreo realizado por Participación Ciudadana en ésta ciudad.

El Informe sostiene que el Presupuesto del Ayuntamiento  de Santiago consigna la construcción 55 obras por un monto de más de 158 millones de pesos para obras solicitadas por la población a través de asambleas barriales del Presupuesto Participativo Municipal del 2011.

Carlos Pimentel, encargado del Área de Transparencia de Participación Ciudadana, dijo que lo lamentable del caso es que de las 55 obras aprobadas en el presupuesto de inversión municipal el Cabildo de Santiago solo ha terminado 4, violentado la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Pimentel explicó que las obras fueron seleccionadas por las comunidades en las asambleas barriales del Presupuesto Participativo Municipal 2011 y que posteriormente fueron aprobadas en Cabildo Abierto e incorporadas al Plan de Inversión Municipal, por lo que no existe razón del retraso en su construcción 

El Informe de Monitoreo señala que “De las obras aprobadas solo 4 han sido concluidas por un monto de RD$6, 434,395.99, mientras que otras 13 se encuentran en estado de construcción. Las obras que se encuentran iniciadas,  pero no concluidas, ascienden a un monto de RD$38, 307,300.38, equivalente al 19% del presupuesto participativo municipal”.

Esta situación revela que el Cabildo ha incumplido con el cronograma de ejecución de obras.

Tampoco ha creado las comisiones de auditoría social y los comités de mantenimiento  de obras, ni licitaciones para la contratación de obras, según lo dispone la legislación dominicana.

Participación Ciudadana indicó que la Ley 176-07 es clara y consigna en el artículo 236 que “se  instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por la Ley, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto”.

El Movimiento Cívico hizo un llamado a la Alcaldía de Santiago y a su alcalde Julián Serulle a cumplir con la ley de Presupuesto Participativo, y terminar las 55 obras prometidas a esa comunidad.

Presupuesto Participativo

Entre los objetivos del presupuesto participativo municipal se encuentran contribuir en la elaboración del Plan Participativo de Inversión Municipal, propiciando un balance adecuado entre territorios, urbanos y rurales; fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación protagónica de las comunidades en la identificación y priorización de las ideas de proyectos; identificar las demandas desde el ámbito comunitario, permitir el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y realizar el mantenimiento preventivo de las obras públicas.

El presupuesto Participativo Municipal tiene su origen en el año 1989 en Porto Alegre, Brasil,  y es  un  mecanismo de participación ciudadana, que permite a los/as munícipes conocer el presupuesto de su municipio, determinar sus necesidades prioritarias para que sean tomadas en cuenta, consensuar los proyectos con las autoridades locales y decidir cuáles son las inversiones y controlar su ejecución.

El Monitoreo sobre el Cumplimiento del Presupuesto Participativo del Cabildo de Santiago fue presentado este martes en el hotel Aloja Sol de esa provincia. Fue realizado por Participación Ciudadana y auspiciado por la USAID.

La actividad la organizó la Coalición Educación Digna y no hubo ningún incidente

Entusiasmados, comprometidos y decididos a conseguir que el Presupuesto de la Nación para el próximo año consigne una partida presupuestaria para Educación equivalente al 4% del PIB. Con estas actitudes y bajo la sombrilla de esta meta marcharon ayer desde la UASD hasta el Parque Independencia miles de capitaleños. Fue la Caminata Familiar por la Educación.

Con los lemas “4% para la educación ya” y “1,2,3,4 no nos hagan más teatro”, una multitud integrada por  niños, jóvenes, minusválidosy ancianos tiñó ayer de amarrillo la avenida Independencia, en el Distrito Nacional en  la marcha organizada por la Coalición Educación Digna que reclama del Gobierno mayor inversión  en ese sector.

Partieron a las 10:35 de la mañana  desde la Plaza Héroes de Abril de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta llegar al Parque Independencia una hora y media después, donde se hizo una proclama y un acto artístico.

En los casi tres kilómetros recorridos se sumaron a las 200 organizaciones convocantes, ciudadanos  de distintas clases sociales, representantes de  denominaciones religiosas y partidos políticos con símbolos de la lucha por el 4%, que sin importar el candente sol se sumaban a la multitud.

Al llegar al Ministerio de Educación fueron colocadas cientos de cintas amarillas en la verja, al igual que banderas amarillas en reclamo del cumplimiento de la Ley 66-97 que ordena al Gobierno  destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 16% del Presupuesto Nacional a la educación.

Algunas de las personalidades que participaron en la marcha fueron la ex secretaria de Educación, Milagros Ortiz Bosch; el  candidato presidencial del Frente Amplio, Julián Serulle, y el dirigente del Partido Alternativa Revolucionaria, Ramón Almánzar, entre otros.

Al final. Ya frente al Altar de la Patria hubo un acto artístico cultural  en el que los niños se expresaron con poesías y canciones. La niña Darihanna Mesa leyó el manifiesto en el que resaltó que los niños y niñas dominicanos quieren educación de calidad para salir de la pobreza, para que sus padres se sientan orgullosos y para crear una nueva sociedad.

A una sola voz la niña exclamó: ¡Señor ministro de Hacienda: 4% ya!; señor ministro de Planificación y Desarrollo: 4% ya!; señor presidente de la República: 4% ya!; señores diputados y senadores: 4% ya! y pueblo dominicano no nos cansemos de exigir: 4% ya!

Resaltó que todos los años se incumple con la ley, por lo que se les niega la oportunidad de ser un profesional, de ser  presidentes. Dijo que solo con una justa inversión en educación la situación   puede cambiar.

La Coalición

Por la Coalición Educación Digna habló  María Teresa Cabrera, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la cual dijo que no es justo que miles de niños y niñas convivan en  escuelas sin agua potable, sin sanitarios y sin ventanas.

Dijo que la discusión está echada desde hace 14 años cuando se aprobó la Ley y todos los gobiernos la han violado.

Sostuvo que el único pacto posible  y aceptable es el que se empiece por el cumplimiento de la Ley 66-97.

“Vamos a reclamar el 4% por que es una obligación legal y moral de nuestro Estado y nuestra sociedad, porque nosotros, todos y todas, tenemos el derecho a una vida digna”, dijo la educadora.

No es privilegio

También habló Mario Bergés, de la Coalición Educación Digna, quien dijo que tener una educación digna no es un privilegio, sino un derecho. Indicó que la crisis de la sociedad es la crisis de la educación.      

Adelantó que volverán a marchar cuantas veces sea necesario hasta que las autoridades entiendan el deber de dedicar más recursos a la educación.

La décima de Huchi

El periodista Huchi Lora recitó una décima alusiva al tema del 4% en la que el eslogan era ¡Levantemos las sombrillas!

El profesor Roberto Suero es activista de la Coalición en los Estados Unidos y dijo que la marcha recogió el sentir de la comunidad   residente en otros países.

Miembros de Participación Ciudadana a nivel nacional se sumaran este domingo a la marcha del 4% para la educación que tiene previsto iniciar en la UASD.

El movimiento civico explico que esta actividad es organizada por la Coalición Educación Digna y se trata de una de las acciones de presión social que organiza la Coalición, para lograr que el Congreso Nacional consigne un presupuesto mínimo de 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación pre-universitaria, como lo establece la Ley General de Educación 66-97.

Detalles.  La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) María Teresa Cabrera, de la comisión de Coordinación General de la Coalición, explicó que la plaza Héroes de Abril del campus universitario será el punto de inicio de la marcha, que llegará hasta el Altar de la Patria, en el Parque Independencia.

Dijo que habrá una tarima en la que se desarrollarán actividades  recreativas hasta que se inicie la caminata, a las 10:00 a.m.

Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Cabrera enfatizó que la manifestación fue organizada para que participe toda la familia, por lo que se tomaron  todas las medidas logísticas y de seguridad.

Indicó que está cubierto todo lo que tiene que ver con el servicio de agua, ambulancia y un amplísimo equipo de voluntarios.

Manifestó que se contrataron  los servicios de una empresa privada de seguridad, que custodiará a los participantes, junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). Cabrera  destacó que delegaciones de ciudadanos de todo el país confirmaron su asistencia a la convocatoria.

Habrá una parada en la sede del Ministerio de Educación y otra en intersección de  la avenida Independencia y Socorro Sánchez, prosiguiendo luego hasta el Altar de la Patria.

Otras acciones.  Para el próximo martes, 4 de octubre, distintas organizaciones internacionales entregarán un documento de respaldo al reclamo de la Coalición Educación Digna en las sedes diplomáticas del país en más de  20 naciones.

Organizaciones religiosas, estudiantiles, empresariales, comunitarias, sindicatos docentes y otras se unirán a la lucha por un mayor presupuesto a Educación.

También ese día, la Red de Mujeres Trabajadoras de la Educación, de la Internacional de la Educación, depositará un documento de apoyo a la entrega del 4% del PIB en la sede del Ministerio de Educación.

Coalición Por una Educación Digna

Aunque durante varios años habían exigido de forma separada que se cumpla la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la cartera educativa, en el año 2010 más de 200 organizaciones se agruparon en la Coalición Educación Digna. El movimiento, que tomó como símbolo las sombrillas amarillas, fue creciendo hasta lograr el apoyo de las  universidades, iglesias, partidos políticos, entre otros sectores de la vida nacional.

Esa es una de las razones que motiva a la Coalición impulsar lucha 4% ciento para el sector

Santo Domingo.-El sistema educativo nacional requiere de unas 20 mil aulas para sustituir  diez mil en condiciones deplorables de las 32 mil existentes y 10 mil nuevas para completar las faltantes y así dejar de impartir clases en aulas con 60, 70 y hasta 90 estudiantes.

“El dato de que el 50 por ciento de la población media está excluida del sistema confirma la necesidad de más inversión en educación; casi  un 11% de los estudiantes de 6 a 13 años, que debería estar en  educación básica, también está excluido y justifica ese reclamo”.

Esas son algunas de de las razones que impulsan a la Coalición por una Educación Digna a no detener su lucha para que se destine  el 4% del Producto Interno Bruto (PBI) para la Educación, como también que la educación técnica laboral apenas alcance sólo un 7 por ciento y  la baja calidad de la enseñanza, según lo expuso María Teresa Cabrera.

Jornadas

De ahí que la Coalición por una Educación Digna  se aboca a realizar dos importantes eventos en demanda de que se cumpla la Ley 66 97 que destina esa partida a favor del sector.

Este domingo se realizará “La gran caminata familiar por la educación”, que arrancará con actividades lúdicas a las 8:30 a. m. en  la Plaza de Abril de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hará una parada en el Ministerio de Educación y culminará en el Altar de la Patria.

Para el  evento se tienen previstas  medidas de seguridad para que la población  se integre junto a las delegaciones de  todo el país que participarán, en reclamo de la demanda convertida ya  en un clamor popular.

El otro  evento, el día 4, será una  Jornada Internacional  para la que han confirmado 20 países, en la que distintas delegaciones visitarán las sedes diplomáticas para entregar un documento de solidaridad con  la Coalición, también lo llevarán  al Congreso y al Presidente de la República,  a fin de  presionar  para que  respeten y cumplan la Ley.  

El anuncio lo hizo Cabrera, miembro   de la Coalición, al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto a Jenny Torres, de la Comisión de Análisis; el reverendo jesuita Mario Serrano,  Comisión de Movilización; Nelson Suárez y Mariana Barrenese, economistas.