Hay más amor que odio en las relaciones de Participación Ciudadana con los partidos políticos a través de la formación de jóvenes líderes y en la observación de primarias y convenciones.
Aunque cuando están en el poder los partidos tienden a descalificar los reclamos de Participación Ciudadana (PC), en los 19 años del movimiento cívico ha habido más amor que odio entre ellos, resaltando un programa de formación y gerencia política del que han egresado 1,770 jóvenes militantes partidistas.
Sin renunciar a su condición de movimiento de presión, PC ha tenido también amplia colaboración con los órganos del Estado, especialmente con la Junta Central Electoral (JCE), además de haberse constituido en un enclave de concertación con los más vivos segmentos de la sociedad civil.
Descalificación alternativa.
Desde que se constituyó en 1993, PC ha tenido tensiones con los tres partidos que han gobernado el país, debido a su persistencia en reclamar reformas políticas, sociales e institucionales y en particular en la última década desde que adoptó como principal línea de acción la lucha contra la corrupción, por lo que pasó a ser capítulo nacional de la organización Transparencia Internacional.
El movimiento cívico nació con el objetivo fundamental de promover reformas políticas e institucionales como reacción a la tradición de fraudes electorales que se había repetido en los comicios de 1990, y fue integrado por profesionales, intelectuales y activistas sociales de “convicciones progresistas” lo que de inmediato le valió la animadversión del entonces gobernante Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), tanto como las simpatías de sus opositores, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
La confrontación con los reformistas alcanzó su mayor grado cuando se produjo el siguiente fraude electoral, en 1994, que Participación Ciudadana denunció y documentó junto a organismos internacionales de observación electoral, demandando la anulación de esos comicios. Llegó a someter a los jueces electorales de entonces a la acción judicial, lo que fue desestimado por una Suprema Corte balaguerista.
Cuando los reformistas salieron del poder pudieron hacer la paz y entenderse con PC, pero peledeístas y perredeístas se contaminaron de la tendencia a descalificar a PC en la medida en que ejercieron el poder, aunque aprecian las presiones del movimiento cuando están en la oposición. Dirigentes del ahora gobernante PLD se han quejado de que con ellos ha habido mayor tensión, lo que se explica porque han gobernado el país en casi 12 de los 19 años del movimiento cívico.
En los 4 años del Gobierno perredeísta PC mantuvo su presión por reformas y priorizó la lucha contra la corrupción, encabezando el rechazo de la sociedad civil a la reforma constitucional que posibilitó la repostulación del presidente Hipólito Mejía, a quien le pidió que tomara una licencia en su campaña reeleccionista, lo que también generó descalificaciones.
Formación de líderes.
Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha invertido recursos y esfuerzos en la formación de jóvenes líderes políticos y sociales bajo la convicción de que son ellos los más llamados a la transformación democrática del país. Se estima que más de cien mil personas han participado en los entrenamientos, más de la mitad en sus observaciones electorales que para los comicios de 1998 llegaron a 12 mil, y que fueron reducidos en la medida en que mejoró el sistema electoral, a 7, 900 en el año 2000, a 5,000 dos años después, a 6,500 en el año 2004 y para este año se reclutan 3,500.
En centenares de talleres, seminarios y cursos de larga extensión PC ha contribuido a entrenar líderes municipales, mujeres legisladoras, candidatos y candidatas de todos los partidos y de múltiples entidades sociales, comunitarias y de base, incluyendo cursos de formación en el exterior en cooperación con entidades como el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos.
El movimiento cívico ha gestionado el Programa de Formación y Gerencia Política auspiciado por la USAID que obtuvo en un concurso asociado con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana. De sus cursos sabatinos de 83 horas han egresado 2,040 jóvenes, 1211 hombres y 829 mujeres de todo el país, de los cuales 1,770 (el 87 %) son militantes acreditados por 25 partidos y 270 procedieron de organizaciones sociales. De los militantes partidistas el 37% son del PLD, el 31% del PRD, 12% del PRSC y 20% de los demás partidos.
La cooperación de PC con los partidos incluyó en dos ocasiones la observación de las elecciones primarias para escoger candidatos del PLD y el PRSC para los comicios del 2002 y 2004, a solicitud de sus órganos directivos. Las del PRD no se han podido observar porque lo han solicitado con poco tiempo de anticipación. También ha logrado la firma de pactos de ética electoral entre candidatos presidenciales
Dirigentes de todos los partidos han participado en decenas de seminarios nacionales e internacionales auspiciados por PC que ha estado presente en casi todos los escenarios de concertación auspiciados por los gobiernos, como el Diálogo Nacional de 1997-98 y la Comisión para la Reforma Constitucional del 2001, así como en la concertación de leyes, como la del Defensor del Pueblo, Presupuesto Participativo, de Seguridad Social, de Libre Acceso a la Información, de Administración Pública, de Partidos Políticos, de Participación Social, y los códigos del Menor, de Violencia Intrafamiliar y Procesal Penal.
Colaboración con la JCE.
La colaboración de PC con la JCE ha sido intensa y fructífera, por lo que ha recibido reconocimiento de todos los que la presidieron entre 1995 y 2010, los doctores César Estrella Sadhalá, Juan Sully Bonelly, Ramón Morel Cerda, Luis Arias y Julio César Castaños. No faltaron desacuerdos y tensiones, como las sostenidas con el doctor Morel Cerda para los comicios del 2000 cuando PC junto con CAPEL realizó la auditoría y verificación del nuevo padrón electoral que desde entonces funciona eficientemente, pero nunca trató de excluir a PC y terminó en público reconocimiento.
Durante años, la JCE y PC han realizado seminarios y actos conjuntos, incluyendo los destinados a los observadores internacionales, con los cuales el movimiento ha tenido colaboración, proporcionándole apoyo logístico y entregándole los resultados de sus precisos conteos rápidos, lo mismo que a la JCE, respetando la restricción de no publicarlos hasta que concluye el conteo oficial.
Contrario a lo que algunos detractores señalan, PC nunca ha recibido financiamiento de la JCE ni de los partidos ni ha reclamado exclusividad alguna en la observación electoral sino, por el contrario, ha colaborado con otros grupos que la han realizado limitadamente.
Y la gran mayoría de sus decenas de miles de observadores han salido de acuerdos con universidades y organizaciones sociales de todos los niveles y de las iglesias. Porque PC nunca ha pretendido ser una organización de masas y sus militantes activos son apenas centenares.
Promueve concertación
Alternativamente los líderes políticos han acusado a Participación Ciudadana de sostener una línea antipartido, pero un trabajo sistemático de acercamiento y búsqueda de concertación con los partidos y las instituciones del Estado lo ha desmentido, por lo que la colaboración ha superado la descalificación.
El artículo primero de sus estatutos reza que “Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos y los partidos políticos”.
Su acción ha sido relevante en la constitución de redes sociales como el Foro Ciudadano, la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y la Coalición por una Justicia Independiente.
Alternando sus dirigentes, ya que no admite reelección, Participación Ciudadana ha mantenido coherencia con sus principios y accionar, lo que no le ha impedido estar presente en los ámbitos de los tres poderes tradicionales y en la gestión municipal, pactando acuerdos y desarrollando programas con decenas de entidades del Estado, relevantemente con la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional para Reforma del Estado, la Comisión Presidencial de Apoyo a la Reforma Judicial, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, con el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con ministerios y con decenas de ayuntamientos.
Un centenar de libros y folletos recogen los programas desarrollados por Participación Ciudadana con instituciones públicas y de la sociedad civil, gracias al prestigio logrado que le ha permitido financiamiento y cooperación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Española, de los gobiernos de Canadá, Alemania y Gran Bretaña, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de fundaciones internacionales, como la Ebert, Intermón-Oxfam, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos y de múltiples empresas e instituciones nacionales.
