Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana
Documento de adhesión:

Las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas conscientes, que queremos este país,  conmovidos por la grave crisis económica, moral e institucional que nos afecta,  levantamos nuestras voces y clamamos por el adecentamiento de las prácticas políticas y empresariales y por el rescate de la dignidad nacional, fuertemente abatida por los actos de corrupción y  por el manto de complicidad e impunidad que se ha extendido en la sociedad dominicana.

Reunidos hoy, día 2 de junio del 2003, proclamamos lo siguiente:

1.No somos parte, ni cómplices, ni apoyamos, ni silenciamos los actos deleznables de corrupción que han avergonzado a la sociedad dominicana frente al mundo y a nosotros mismos.

2.El escandaloso fraude que produjo la quiebra del Banco Intercontinental debe ser investigado en toda profundidad y sometidas a la justicia  todas las personas involucradas. Reclamamos a las autoridades que han formulado la denuncia que publiquen la lista de las  personas e instituciones beneficiarias del fraude  para que, de una vez por todas, se conozca cómo se distribuyeron los recursos y la sospecha de complicidad no recaiga sobre todos. Solicitamos a los medios de comunicación una cobertura completa y continua, hasta el final, de un caso que debe marcar el inicio del rescate de nuestros valores éticos.

3.Este escándalo constituye un golpe de tal magnitud a la institucionalidad del Estado que no se puede pretender que todo sigue igual y que basta con algunos traslados y declaraciones. Por eso solicitamos al Presidente de la República la destitución y la investigación  de los funcionarios gubernamentales del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos que, por acción u omisión, faltaron a la responsabilidad que fueron puestas en sus manos y que permitieron que este país esté hoy sufriendo las cuantiosas pérdidas denunciadas.

4.La ciudadanía exige que las autoridades judiciales den un seguimiento muy cuidadoso a este expediente, porque a pesar de las reformas y de los avances de los últimos años, predomina el escepticismo en la población dominicana sobre la capacidad  de los tribunales del país para llevar a sus últimas consecuencias este escandaloso caso, ya que en los archivos de los tribunales permanecen impunes decenas de expedientes de corrupción, mientras los acusados disfrutan abiertamente de las riquezas obtenidas a costa de la pobreza del pueblo dominicano. No cabe dudas de que el Poder Judicial está sometido a su prueba más difícil, en la que pone en juego su credibilidad. La ciudadanía debe mantenerse vigilante para reclamar que los procesos judiciales se manejen con la debida transparencia, respeto al proceso y, sobre todo, con eficiencia y sin dilaciones innecesarias.

5.Este pueblo ha pagado en los últimos años muchos millones de pesos  en el financiamiento de los partidos políticos, sin lograr el objetivo para el que este subsidio fue creado. Por el contrario, el escándalo recién denunciado pone en evidencia a una cúpula política demasiado comprometida con intereses particulares. La ciudadanía consciente debe comenzar a exigir a los partidos políticos, informes sobre sus fuentes de financiamiento.  A la Junta Central Electoral corresponde dar a conocer la forma en que están siendo empleados los recursos que salen del erario público. Reclamamos la intervención del máximo organismo electoral para que se aclare públicamente y en todo detalle, los montos aportados a los partidos políticos provenientes del Banco Intercontinental, sus accionistas y empresas vinculadas.

6.Por su parte, tanto el Presidente de la República, como los demás funcionarios del Estado, civiles y militares, al igual que los aspirantes a esas posiciones, deben comprometerse públicamente, a  superar de una vez por todas la práctica de recibir cuantiosos regalos, tarjetas de crédito o servicios que puedan limitar su independencia, el cumplimiento de su responsabilidad o que afecten la dignidad que debe tener un servidor público. La convención Interamericana contra la Corrupción, con fuerza de Ley en nuestro país, por haber sido ratificada por el Congreso Nacional, considera un acto de corrupción el ofrecimiento u otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas.

7.Solicitamos a los partidos políticos y sus líderes no utilizar esta tragedia nacional con fines electorales, excepto en lo que se refiere a contribuir a que sean definidas las responsabilidades y aplicadas las sanciones, sin importar compromisos partidarios, económicos o de cualquier otra índole.

El pueblo dominicano en pocos meses ha visto disminuidos sensiblemente sus ingresos a causa de la inflación, se ha iniciado una recesión económica que no se sabe cuantos años durará, la deuda pública seguirá en aumento, altos intereses bancarios que paralizan la economía y, en fin una situación económica que se reflejará en disminución de la inversión pública y aumento de la pobreza.

Frente a este panorama, no permitamos que el desaliento, la indiferencia o la complicidad aumenten. Hay mucha gente buena y sana en todas las instituciones y sectores del país. Unamos fuerzas para rescatar la dignidad nacional.

¡ LLEGO EL MOMENTO DE ACTUAR!

Nota: Este documento fue firmado por cientos de personas e instituciones que asistieron a la actividad.

INSTITUCIONES CONVOCANTES

PARTICIPACION CIUDADANA/  FORO CIUDADANO/ CENTRO DE ESTUDIOS PADRE JUAN MONTALVO/ CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ACCION ECUMÉNICA, CEPAE/ ACCION PARA EL PROGRESO, INC, ACOPRO; ASOCIACIÓN DE JÓVENES AMANTES DE LA PAZ, ASOJAPAZ/ UNIÓN DOMINICANA DE EMISORAS CATÓLICAS, UDECA/ FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, FINJUS/ CE-MUJER/ COPADEBA/ COORDINADORA DE ONG´S DEL AREA DE LA MUJER/ CENTRO ANTONIO MONTESINO, CEAN/ CASCO/ CIUDADAD ALTERNATIVA/ FRENTE AMPLIO DE LUCHA POPULAR, FALPO/ IDDI/ INSALUD/ ACCION PRO PATRIA/ MOVIMIENTO REGIONAL DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA/ MOVIMIENTO RENOVADOR/ MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR LIBRE Y DEMOCRÁTICO.

Padre Jorge Cela,
Director Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo

ANTE EL CASO BANINTER

¿ Por qué este acto ? ¿ Qué está en juego que merezca una acción ciudadana de este tipo ?

Una respuesta es que están en juego RD$ 55,000,000,000.00. Dos terceras partes del presupuesto nacional que el Estado ha tenido que invertir en tapar el hoyo BANINTER. Sería razón de sobra para reclamar respeto.

Pero hay mucho más:

ü       El país lleva años, por poner una fecha desde 1994, embarcado en un esfuerzo por una reforma institucional que institucionalice nuestra democracia. Aunque se han sufrido derrotas, como la Liga Municipal Dominicana, la reforma constitucional por una Asamblea Constituyente, la elección de los últimos jueces de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral, y las últimas elecciones, sin embargo es indudable que hemos avanzado. Habíamos cambiado la actitud conformista nacida del sentimiento de impotencia por una capacidad de articularnos y luchar y negociar hasta conseguir reformas. Los cambios en las leyes electorales, los avances en los derechos de la mujer, la mejora en la selección de los jueces, la creciente participación de la sociedad civil, los esfuerzos por avanzar en la descentralización, la observación ciudadana de las elecciones, son algunos de los logros conquistados. Esto impulsó a mucha gente a organizarse, participar, hacer sentir su voz. Revitalizó en nosotros el derecho ciudadano a participar. La magnitud del caso de BANINTER y la forma en que se está manejando nos ha golpeado de tal forma que hemos vuelto al desánimo que nace de un profundo sentimiento de impotencia. Esta actitud conlleva la renuncia a articularnos como sujetos sociales, a reclamar nuestros derechos e incluso a sentirnos eximidos de cumplir nuestros deberes. Nos lleva a retirarnos de la arena pública dejando ese espacio, que es el de nuestros derechos y deberes ciudadanos, a quienes lo manejan violando todas las normas de institucionalidad democrática. Nos quieren robar la esperanza

ü       Una de las consecuencias de este hecho es que al disminuir el respeto a la ley y los procedimientos institucionales volvemos a la centralización presidencial y al régimen de fuerza más que al imperio de la ley. El que se impone es el que tiene más dinero, más poder, más armas.  El dinero del pueblo se utiliza para proteger las más grandes fortunas sin antes aclarar por los procedimientos debidos la legitimidad de los reclamos. Se saltan disposiciones de la ley porque alguien opina que en este caso así es mejor. Nos enteramos que la ley monetaria fue cambiada para proteger una de las empresas implicadas en el proceso. El propio Presidente nos informa de las negociaciones personales que realiza con algunos de los implicados. La nación que se sobrecoge cuando piensa en la violencia barrial, en los secuestros, en la violencia contra la mujer, de pronto descubre que a todos los niveles se rige por la ley de la fuerza, donde reina el más fuerte. Estamos presos del terrorismo del poder. Y descubrimos la necesidad de volver a la institucionalidad y la ley.

ü       Lo que en un momento pareció un silencio irresponsable se convierte en abierto apoyo y solidaridad a los implicados. Muchas personalidades e instituciones parecen no temer arriesgar su credibilidad con su silencio o su complicidad. Y esto nos hace valorar la existencia de otras personalidades e instituciones que sí han tomado posición, sin estridencias pero con dignidad.

ü       En un momento preelectoral es particularmente importante hacer frente a las implicaciones de este hecho. Resulta evidente la importancia de controlar las donaciones a partidos, instituciones públicas y privadas para evitar que ellas oculten la compra de favores. Muchos de los funcionarios y funcionarias e instituciones implicados han tenido que aceptar al menos la sospecha sobre su honestidad. Esto debía haber llevado al menos a una separación temporal de sus cargos y a un rendimiento de cuentas público. Pero más bien hemos asistido a un intento de aparentar que aquí no ha pasado nada o a caer en el infantil juego de pretender eliminar las sospechas sobre el propio comportamiento acusando a los otros. Sobre todo en la antesala de unas elecciones donde se habla de reelección, es muy peligroso despertar los temores de que todo vale, que anuncian la vuelta a un pasado que esperábamos superado. Los últimos hechos en la Junta Central Electoral no pueden menos que despertar nuestros temores.

ü       Nos gustaría que fuera esta una oportunidad para la transparencia y la institucionalidad. Que los juegos del poder y la manipulación de la información no sólo se abandonen, sino que se levante toda sospecha sobre ellos.

ü       Es el momento de revisar nuestra legislación sobre muchos temas: el control de los medios de comunicación, el financiamiento de los partidos políticos, la transparencia de la información financiera, la independencia de la justicia, etc.

ü       Es el momento de revisar nuestras prácticas políticas basadas en el soborno y la corrupción. Los escándalos de corrupción han continuado creciendo en gravedad y todavía no hay un preso por corrupción.

ü       No queremos dejarle El país a quienes lo usan como un instrumento para el empoderamiento y el enriquecimiento sin límites. No queremos renunciar a nuestro derecho y deber ciudadano. No queremos conformarnos con un silencio cómplice. No queremos enseñar a las nuevas generaciones ese estilo de sociedad-selva.

Queremos participar de la emergencia de una nueva manera de organizar la vida en sociedad. Por eso queremos repetir estos actos en cada rincón del país.

ACTO PUBLICO

Por El Rescate De La Decencia Y La Dignidad Del Pais

Preocupados por los hechos de corrupción que han conmovido al país en los últimos días y que producen repercusiones en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, cientos de representantes de organizaciones, ciudadanos y ciudadanas,  se reunirán este lunes 2 de junio, a las 5:30 de la tarde, en la Cinemateca Nacional, en el Acto Público: Por el Rescate de la Decencia y la Dignidad del País.

En este Acto dichas organizaciones y personas definirán su posición ante los escandalosos actos de corrupción  que se debaten en la sociedad dominicana en la actualidad.

Este problema ha afectado a los diferentes sectores y estamentos de la sociedad dominicana, provocando gran desaliento en la población, que se siente impotente ante la recurrencia de hechos de corrupción que han salpicado a todos los gobiernos de las últimas décadas, y en este último caso a empresas y personas del sector privado, de los partidos políticos y otras instancias, sin que la ciudadanía pueda avizorar posibilidades de erradicación de un problema cada vez más generalizado y de tanta magnitud.

El grupo de organizaciones,  ciudadanos y ciudadanas que convocan este acto público creen necesario impulsar desde la sociedad civil acciones de rechazo y  propuestas para recuperar los valores éticos y morales que el pueblo dominicano ha enarbolado y asumido desde su fundación.

En esta actividad se definirán acciones a realizar de  manera conjunta orientadas a poner de manifiesto el malestar que sienten los diferentes sectores ante estos hechos que vulneran, nueva vez,  a los ciudadanos/ as menos favorecidos/ as, porque contribuyen al aumento de la pobreza y al deterioro de los servicios sociales básicos.

Con este acto queremos dejar constancia de que el país cuenta con organizaciones y personas preocupadas e interesadas en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y digna y que estamos dispuestos a exigir con firmeza  sanciones drásticas a los corruptos y a los promotores de la corrupción.

Hacemos un llamado a las personas sensibles, a las personas que aman este país y a todos los que quieren un futuro mejor para sus hijos a que rechacen la corrupción y que nos acompañen en este importante encuentro

Las instituciones que se suman a esta convocatoria son: PARTICIPACION CIUDADANA/  FORO CIUDADANO/ CENTRO DE ESTUDIOS PADRE JUAN MONTALVO/ CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ACCION ECUMÉNICA, CEPAE/ ACCION PARA EL PROGRESO, INC, ACOPRO; ASOCIACIÓN DE JÓVENES AMANTES DE LA PAZ, ASOJAPAZ/ UNIÓN DOMINICANA DE EMISORAS CATÓLICAS, UDECA/ FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, FINJUS/ CE-MUJER/ COPADEBA/ COORDINADORA DE ONG´S DEL AREA DE LA MUJER/ CENTRO ANTONIO MONTESINO, CEAN.

A la  Cámara de Diputados y al Senado de la República
A los Partidos Políticos
A la Opinión Pública en General

DECLARACIÓN PUBLICA

En el Congreso Nacional descansa la responsabilidad de la selección del equipo de personas que integrarán la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana. Ante esta decisión,  amplios sectores de la sociedad esperan por un resultado transparente, apegado a la ley 19-01 y alejado  de toda acción que empañe la  credibilidad de tan importante institución democrática.

La Defensoría del Pueblo es una necesidad nacional porque a través de ella aumentarán las garantías y protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía,  fortaleciéndose así el estado de derecho y la gobernabilidad  en el país.

Esta institución es necesaria además, porque  su trabajo está  dirigido a mejorar  la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas a partir del fortalecimiento y supervisión de la administración pública de manera que la misma se ajuste a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho.

Tan importante misión debe ser preservada por el legislador, quien en su decisión debe aportarle al país una Defensoría del Pueblo integrada por mujeres y hombres capaces de cumplir con los objetivos de esta institución, y que al mismo tiempo mantengan una independencia real.

Entendemos que esta significativa labor no concluye con la selección de la Defensoría del Pueblo, por lo que estamos conscientes de nuestra responsabilidad de velar por el  desarrollo institucional de esta nueva instancia. En función de asumir este compromiso las organizaciones abajo firmantes hemos integrado la “COALICIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO”,  la cual hace de público conocimiento que:

1)     Promoverá la designación, el desarrollo institucional y la aplicación de la ley 19-01 que instituye  la Defensoría del Pueblo en el país.

2)     Trabajará por una Defensoría del Pueblo integrada por mujeres y hombres que respondan a los criterios de la ley, que protejan y defiendan los derechos de las personas frente a  las negligencias, arbitrariedades y abusos en el marco de la administración pública  y de las entidades privadas que prestan servicios públicos.

3)     Aportará  orientando y  capacitando a la población en el conocimiento de la figura jurídica del Defensor(a) del Pueblo, su alcance, competencia, y las  responsabilidades de sus funciones.

4)     Fomentará la integración de personas y organizaciones de la Sociedad Civil en el proceso de selección del Defensor del Pueblo y posterior implementación de la Ley.

5)     Desarrollará campañas educativas y publicitarias sobre el valor de esta institución para el  fortalecimiento de la democracia dominicana.

Una vez designada la Defensoría del Pueblo quedamos  en la disposición de coordinar  acciones para el fortalecimiento de sus funciones institucionales, así como colaborar en actividades que necesiten de nuestro apoyo y asesoría.

Esperamos que la sensatez de quienes tienen el poder de designar al Defensor(a) del Pueblo le conduzca a la selección de un equipo de personas de demostrado historial de compromiso con la democracia y el desarrollo del país.

Comité para la Defensa de los Derechos Barriales –COPADEBA-
Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales –Cedail-
Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo –IDHSD-
Fundación Institucionalidad y Justicia –Finjus-
Centro de Planificación y Acción Ecuménica –Cepae-
Justicia y Ciudadanía
Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia –FUDEVA-
Censel
Jóvenes Comunitarios por la paz de Gualey
Fundación Nacional para la Democracia
Junta de Vecinos Padre Ernesto Montás
CODEGUA
Moreta & Asoc.
Sistema Nacional de Integración Comunitaria –SINACIC-
MUDHA
Mujeres para el Progreso Siglo XXI
Instituto Experimental de Contabilidad Rosado
Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Servicios Sociales
Fundación Federalista
Foro para la participación municipal
MODIP (Mov. Dem. Int. Progresista)
IRAC (Asoc. De Inst. Rurales de Ahorros y Préstamos)
Junta de Desarrollo de Gualey –JUDEGU-
Sala Vecinal
Participación Ciudadana

• Graves consecuencias del más escandaloso fraude financiero 

• Fruto del maridaje y el sistema de complicidad de los grandes intereses económicos y políticos

• La nación tiene que exigir justicia con total transparencia

• Llamamos a un acto por la sanidad moral de esta sociedad

La nación dominicana se enfrenta a las consecuencias económicas y morales de lo que puede ser catalogado como uno de los más escandalosos fraudes financieros del mundo.

Las autoridades han informado que la quiebra del Banco Intercontinental involucra un déficit financiero de 55 mil 845 millones de pesos, suma que equivale a las dos terceras partes del presupuesto nacional de este año y aproximadamente un 15 por ciento del producto interno bruto. Ninguno de los fraudes financieros conocidos en el mundo guarda esas proporciones.

En lo inmediato la quiebra del BANINTER ha obligado al Banco Central a emitir 43 mil millones de pesos, alrededor del 20 por ciento en efectivo y el resto en certificados financieros, masa monetaria que ya ha obligado a nuevas y mayores restricciones monetarias que se traducirán en altas tasas de interés y desincentivo a la inversión y en altos niveles de devaluación del peso e inflación que afectarán a las familias de medianos y escasos recursos.

Todos los análisis indican que el costo para cubrir este fraude financiero será excesivamente pesado para la nación y que tendremos que pagarlo todos los dominicanos y dominicanas, probablemente durante diez o quince años. Se traducirá en restricciones de la inversión, pública y privada, mayor desempleo y pobreza.

Establezcamos las responsabilidades

La nación no sale del asombro ante la magnitud del descalabro financiero, ante los detalles de las operaciones dolosas que se han denunciado y la desprotección en que se encuentra la ciudadanía. Cómo ha sido posible que ninguna autoridad gubernamental, ni los auditores externos, ni los organismos internacionales que han realizado estudios y evaluaciones del sistema financiero dominicano, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, nadie pudo constatar y denunciar el hecho de que durante 14 años se operó un banco clandestino dos veces superior al legal.

La responsabilidad recae particularmente sobre quienes ejercieron funciones en la Superintendencia de Bancos, en el Banco Central y en la Junta Monetaria, teniendo la obligación de supervisar, normar y ordenar el mercado financiero. Sobre todo cuando el derroche y la multiplicación de propiedades originaban cuestionamientos en todo el que tenía ojos y oídos para ver y escuchar. Hasta el momento estas instancias no han asumido esa responsabilidad,  ni las consecuencias que necesariamente deben derivarse de sus acciones u omisiones.

Pero más allá de las responsabilidades que tocan a los gobernantes y funcionarios, este escándalo es fruto del sistema de complicidad inmoral que se ha instituido entre grandes intereses económicos y políticos, aceptado y legitimado por sectores de influencia de la sociedad.

Se trata de un sistema que financia a la mayoría de los partidos y de los precandidatos y candidatos; que soborna y corrompe a quienes ejercen los poderes del Estado: gobernantes, legisladores, jueces, funcionarios civiles, policiales y militares; extendiéndolo también al liderazgo de las más variadas instituciones sociales, de los medios de comunicación y sin respetar ni siquiera al poder eclesial y las altas instancias de la justicia. Eso fue lo que denunció el gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, en discurso desde el Palacio Nacional y ante una amplia representación de los poderes nacionales.

Un fraude de la magnitud y amplitud de éste sólo fue posible por la gran repartición que se realizó desde BANINTER. Se ejecutaron todas las posibilidades, comenzando por muchos de los ejecutivos de la misma institución, pasando por los sectores gubernamental, político y social, por una generosa inversión en publicidad y en las actividades artísticas y deportivas.

Pero las autoridades han dicho que el grueso del dinero de los ahorrantes se desvió para un amplio sistema de empresas propias, muchas de ellas deficitarias, especialmente para un complejo de medios de comunicación que incluía 4 diarios, 8 canales de televisión, una red de empresas de telecable y 76 emisoras radiofónicas.

Resultaba difícil supervisar a un grupo financiero cuyos ejecutivos tenían tal poder mediático, que desayunaban, comían y cenaban con las autoridades y el liderazgo político, religioso y social, les proporcionaban sus aviones, helicópteros y yates, les regalaban lujosos automóviles, incluso a los dos últimos presidentes de la nación, así como tarjetas de crédito sin límites y todo el financiamiento que necesitaran.

La complicidad es tan amplia en este escándalo que muchos abrigan el temor de que una vez más predomine la impunidad, a pesar del inmenso costo económico que conlleva. Lo que obliga a la sociedad dominicana a un sacudimiento y a exigir justicia con transparencia. Apego a los procedimientos jurídicos, pero firmeza en su aplicación, sin privilegios para nadie.

Correctivos y propuestas

Si este inmenso fraude bancario no es sancionado hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano debilitándolo hasta su disolución o hasta provocar estallidos de hastío y rebeldía como los que han afectado el orden institucional en varias naciones latinoamericanas.

Es necesario que se recuperen todos los activos derivados del fraude bancario y que se agilicen los procedimientos para su venta y compensar siquiera parcialmente el enorme déficit impuesto a la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana solicita a los diversos sectores de la sociedad  preocupados por la suerte de la nación a clamar por la moralidad y el límite a la corrupción, por la transparencia y la justicia.

Tenemos que renovar la lucha por transformaciones legislativas que pongan fin al tráfico ilícito con los recursos públicos y a la complicidad entre intereses políticos y privados. Hay que evitar que los intereses económicos coloquen cuadros en los organismos públicos y que financien sin límites a los partidos y candidatos, y a quienes ejercen los poderes del Estado, sea con regalos y sueldos, o con igualas o préstamos, por más legítimos que parezcan. Ya los partidos están financiados por el presupuesto nacional.

Tenemos también que reclamar límites a la perniciosa concentración de los medios de comunicación en manos de los grandes grupos financieros y empresariales, especialmente de las frecuencias de radio y televisión, que son limitadas y de propiedad pública.-

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana participará del 15 al 18 de mayo,  en latoma de posesión del Grupo Coordinador de la Red Interamericana para la Democracia, (RID).

Participación Ciudadana fue electa recientemente  miembro del Grupo Coordinador de la RID, durante la celebración de las elecciones internas que desarrollo este grupo.

El  Grupo Coordinador está compuesto por: FOCAL (Canadá, POA (EE.UU.), PARTICIPACIÓN CIUDADANA (República Dominicana) FUNPADEM (Costa Rica), DECIPOL (Colombia), ASER (Perú), CONCIENCIA (Argentina), PARTICIPA (Chile) y  VOTO CONSCIENTE (Brasil)

Durante la toma posesión, que se celebrará en  Washington D.C, las organizaciones que integran el grupo coordinador discutirán temas de gran relevancia para el futuro de la Red Interamericana para la Democracia.

La Red Interamericana para la Democracia está compuesta por más de 200 organizaciones representantes de diferentes países de América Latina y El Caribe.

En nota de prensa, el movimiento cívico explicó que la RID tiene el propósito fundamental de  promover mayor participación de la ciudadanía en la vida democrática de los países del hemisferio.

Asimismo pretende que los ciudadanos conozcan sus derechos, sus responsabilidades ciudadanas y a la vez,  puedan ejercerlos en beneficio del fortalecimiento de sus comunidades.

También busca que las organizaciones de la sociedad civil que pertenezcan a la RID fortalezcan sus capacidades técnicas, lo que les permitirá ampliar su alcance dentro de sus comunidades y en el espacio público internacional.

La nota de prensa explicó además que la RID pretende fortalecer las acciones de colaboración entre organizaciones lideres de la sociedad civil en la región, así como desarrollar un liderazgo en los temas de democracia.

Participación Ciudadana solicita de las autoridades del Banco Central y la Junta Monetaria una explicación sobre lo sucedido en el Banco Intercontinental (BANINTER), que provocó su intervención a finales de marzo, y que ha conllevado una operación de salvamento de muy alto costo financiero y moral para el Gobierno, las autoridades monetarias y el propio sistema financiero privado.

Pedimos una explicación de lo que ha ocurrido porque durante casi dos meses hemos esperado la información oficial que hasta el momento nadie conoce formalmente, salvo las especulaciones que algunos medios de comunicación han dado a conocer.

Participación Ciudadana procura la transparencia en la gestión pública, desarrolla programas en ese sentido y en este momento está lanzando su campaña “Tiempo de Actuar… La corrupción es un problema de todos”, que procura el combate a la corrupción en todos los terrenos, tanto público como privado.

La credibilidad es un tesoro para el sector financiero y debe serlo para las autoridades encargadas de observar el cumplimiento de las reglas que ellas mismas han impuesto. En este caso no ha habido transparencia, tal y como lo exige y proclama el Código Monetario y Financiero, contenido en la Ley 183-02, de modo que al día de hoy el país está pagando las consecuencias de la quiebra de BANINTER con altas tasas de cambio, contínua devaluación de la moneda y falta de recursos gubernamentales para hacer frente a los más urgentes problemas de la sociedad dominicana, caracterizada por la pobreza y la indigencia de la mayor parte de su población.

Esperamos que en su respuesta las autoridades oficiales informen qué están haciendo para resolver la quiebra de BANINTER y cuántos recursos del Banco Central ya han comprometido en esta intervención y hasta cuándo el Banco Central tendrá en su poder, y bajo su responsabilidad, con todas las consecuencias que se derivan, al Banco Intercontinental (BANINTER).

Consideramos que ha transcurrido mucho tiempo desde el momento en que se inició la intervención del Banco Central sobre BANINTER, y que para mantener la institucionalidad y credibilidad ya han debido haber resultados sobre las responsabilidades penales o civiles que se desprendan de la violación de la ley 183-02.

üEl primer desafío es revestir de mayor credibilidad a la JCE, superando las diferencias internas que han aflorado.

üLa restauración de la posibilidad de reelección presidencial obliga a mayores previsiones, a la luz de la experiencia histórica.

üLa instauración del voto en el exterior es la novedad del proceso.

üUrge dar seguimiento al financiamiento de los partidos y candidatos.

üEs necesario revisar las objeciones a los últimos comicios para prevenir retrocesos en el sistema electoral.

I.- Introducción.-

Desde su fundación en 1993 el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha tenido dentro de sus objetivos fundamentales contribuir al mejoramiento del sistema electoral, promoviendo la celebración de elecciones transparentes, libres de los fraudes que caracterizaron la mayoría de los comicios nacionales.

En 1994 denunciamos las múltiples irregularidades y fraudes que caracterizaron las elecciones generales y originaron una grave crisis política que hubo de ser conjurada mediante un pacto por la democracia que incluyó importantes reformas constitucionales, como la que prohibió la reelección presidencial.

A partir de la doble vuelta de los comicios presidenciales de 1996, y en los del 2000, al igual que en los congresionales y municipales de 1998 y 2002 hemos desarrollado procesos cada vez más minuciosos de observación electoral, no sólo de la jornada de votación, sino de las precampañas internas, las campañas electorales y todo el proceso organizativo por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

Una experiencia particularmente rica fue la que vivimos en el exitoso proceso electoral del 2000, por cuanto implicó no sólo la preparación de la votación, sino la creación de un nuevo padrón electoral fotográfico, en un ambiente de suspicacias e incertidumbres, derivado de la elección, sin consenso, de los jueces electorales.

Fuimos testigos de tres elecciones sin mayores irregularidades ni impugnaciones. Sin embargo para las elecciones congresionales y municipales del 2002, reaparecieron las denuncias de irregularidades y se presentaron numerosas impugnaciones que dejaron algunas sombras sobre el proceso

Ya hemos iniciado la observación integral del proceso conducente a los comicios presidenciales del 2004, destacándose hasta el momento el seguimiento de las elecciones primarias de los partidos y el acercamiento a los nuevos jueces electorales, con quienes deseamos establecer una relación de colaboración dentro de un marco de respeto absoluto a las respectivas jurisdicciones, como ha sido desde nuestra fundación.

II.- El primer desafío.-

La elección de la actual Junta Central Electoral, que se produjo sin el deseable y conveniente consenso entre los diversos actores políticos, ha sido un elemento de discordia y siembra de desconfianza en el proceso hacia los comicios presidenciales del próximo año.

Esa deficiencia ha sido compensada parcialmente con la ley de reforma que amplió el número de jueces y dividió las funciones de la JCE, pero es de público dominio que ha habido tensiones entre la mayoría de los titulares y el presidente, lo que ha continuado sembrando dudas sobre el proceso organizativo.

Es fundamental que todos los integrantes del organismo rector del sistema electoral y los actores políticos acepten la realidad de que el consenso logrado a duras pruebas, fue la transacción posible para conjurar revestir a la JCE de cierta credibilidad.

Participación Ciudadana espera obtener, una vez más, la confianza tanto de los jueces electorales como de los partidos políticos para movilizar las energías de cientos de instituciones sociales y millares de voluntarios en todo el país, a fin de contribuir a un nuevo proceso electoral sin traumas y que reafirme la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones nacionales.

III.-La Restauración de la reelección presidencial.-

La restauración de la posibilidad de reelección presidencial marca un desafío histórico para la nación. Es obvio que el continuismo en el poder ha sido una fuente de elecciones amañadas, con abuso de los recursos del poder y de arrebatos en los cómputos de los sufragios, tanto en el país como en muchas naciones latinoamericanas.

No se registra una sola elección nacional libre y transparente cuando ha habido repostulación del Presidente de la República. Es la razón por la que todavía, pese a los avances institucionales logrados, una considerable proporción de la ciudadanía y sus organizaciones se opuso a la reforma constitucional del año pasado que reestableció la reelección presidencial prohibida tras los traumas electorales de 1990 y 1994.

Todos cuantos hemos contribuido al mejoramiento del sistema electoral, a partir de 1996, estamos en la obligación de multiplicar esfuerzos para evitar que el presupuesto nacional y las instituciones del Estado se pongan al servicio de un partido político y un candidato, como ha sido constante histórica y fuente de conflictos.

IV.- El voto en el exterior.-

Una particularidad novedosa del próximo torneo electoral es que por primera vez los ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior podrán ejercer el sufragio para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, lo que implica mayores esfuerzos logísticos transparentes.

Resalta la poca receptividad que hasta ahora ha tenido en la comunidad del exterior la convocatoria a registrarse por parte de la JCE. Hace apenas semanas se informó que sólo unas pocas miles de personas habían llenado los requisitos para ejercer el derecho al voto en el exterior, lo que se atribuye en parte al difícil proceso de inscripción y recepción de la cédula de identidad y electoral a que se somete a esa parte del electorado.

El tiempo parece agotarse para que se facilite el proceso de inscripción imprescindible, lo que parece indicar que esta primera vez será ínfima la proporción de votantes en la comunidad dominicana del exterior. En todo caso serviría como experiencia piloto para el futuro.

No compartimos los objeciones a que las inscripciones se realicen en las legaciones consulares de la República, puesto que eso es lo correspondiente y la práctica internacional. Las suspicacias carecen de fundamento si el proceso se realiza, como hasta ahora, con la participación de todos los actores políticos, y si se entrega a tiempo el correspondiente padrón en cada localidad, como establece el artículo 5 del Reglamento para el Registro de Electores en el Exterior.

Esta conquista de la meritoria comunidad dominicana residente fuera de la geografía nacional no puede ser vulnerada ni convertida en un elemento de conflicto en los próximos procesos electorales.

V.- El financiamiento a los partidos.-

Tomando en consideración que la reforma electoral de 1997 instituyó el financiamiento del Estado a los partidos políticos, por lo que se les entrega cuantiosos recursos aportados por la ciudadanía, es urgente que la JCE dé seguimiento a la forma en que se utilizan.

Dado que los partidos siguen recibiendo también amplio financiamiento privado, fuente de un rentismo que se cobra a los ganadores por parte de entidades y personas interesadas, es necesario que las autoridades electorales requieran informaciones más detalladas sobre las fuentes y cuantías de esos recursos y que se publiquen los informes correspondientes.

Sería conveniente una mayor rigurosidad en la ley sobre esta materia. Pero aún no se ponen en práctica previsiones vigentes, como la contenida en el artículo 52 de la Ley Electoral, y en especial en su Párrafo II el cual dispone que "La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes". Es convicción general que las campañas electorales dominicanas son cada vez más costosas, con derroche de recursos que de una u otra forma tienen origen en el trabajo de los dominicanos y dominicanas, lo que origina el rentismo y dificulta  las posibilidades electorales de los precandidatos y candidatos que no cuentan con abundantes recursos financieros.

Por otro lado, las opciones alternativas están en evidentes desventajas, al no contar ni siquiera con una proporción equitativa del financiamiento estatal, lo que se traduce en simple reafirmación de los partidos tradicionales.

VI.- Experiencias  de la última elección.-

Las elecciones Congresionales y Municipales del 2002 registraron deficiencias en el personal de mesas y de juntas municipales, así como irregularidades que en el caso de Santiago fueron comprobadas y rectificadas por la propia JCE.

Las lecciones de ese proceso obligan a una mayor transparencia y consenso sobre el personal que conforma las Juntas Electorales de los municipios y los Colegios Electorales, superando la práctica de cuotas a los partidos y escogiéndolos en base a criterios de independencia, capacidad y honestidad.

La selección más rigurosa de los agentes electorales y un mejor entrenamiento es de las recomendaciones que formulamos tras la observación de los comicios del año pasado. Los partidos están también en el deber de mejorar el entrenamiento de sus delegados para evitar tramperías y errores en el levantamiento de las actas.

Es necesario que las autoridades electorales, los partidos y la ciudadanía mantengan una estrecha vigilancia sobre el proceso de escrutinio, no sólo en los colegios electorales sino también en las juntas municipales, para evitar irregularidades e intentos de fraude.

Al respecto sugerimos adoptar la tecnología utilizada por el Partido Reformista Social Cristiano para el escrutinio en su reciente elección primaria, consistente en uso de barras codificadas para lector óptico y revestimiento de plástico sobre las actas, lo que debe reducir el margen de alteraciones frecuente en nuestra tradición electoral.

Confiamos en que tanto la JCE como los partidos y las organizaciones sociales harán los mayores esfuerzos para que el proceso electoral ya en marcha culmine como un nuevo certamen democrático que ratifique los avances de los últimos años, superando las deficiencias registradas en los del 2002.-

Palabras de  MIRIAN DIAZ SANTANA
Coordinadora General de Participación Ciudadana

Buenas tardes y gracias a todas las personas, representantes de organizaciones amigas y periodistas que nos acompañan en el  lanzamiento de esta campaña.

El tema de la corrupción parece ser uno de las principales preocupaciones de la opinión pública  en este año y en los próximos, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial.

La corrupción no es un problema exclusivo de un país o de un gobierno en particular y no se limita al ámbito gubernamental, sino que alcanza las diferentes esferas de las naciones . El Índice de Percepción de la  Corrupción 2002 elaborado por la organización Transparencia Internacional, que incluye a 102 países, revela que, de cada diez países, siete, entre los que se encuentra la República Dominicana, son calificados como de alta incidencia de la  corrupción.

Este es un fenómeno múltiple y complejo que tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que se manifiestan en todas las instituciones y corrompen las bases sobre las que se construye la nación, puesto que tiene una capacidad multiplicadora extraordinaria. Las prácticas de corrupción cotidianas e impunes hacen muy difícil convencer a la juventud de cimentar sus vidas sobre los valores éticos que conforman el ideal de la patria que soñaron los creadores de nuestra nacionalidad y por los que han luchado y ofrendado sus vidas tantos buenos dominicanos. El escepticismo, la compasión y hasta la burla es la respuesta de muchas personas a las invitaciones a sumarse a acciones contra la corrupción.

La corrupción que ha sido práctica común en la mayoría de los gobiernos que ha tenido el país es, en gran medida, responsable de la pobreza, del aumento de la criminalidad, de la descomposición social y de la debilidad crónica de las instituciones.

Es por estas razones que Participación Ciudadana incluyó dentro de su Declaración de Principios la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias que pervierten todos los mecanismos regulatorios de las relaciones del ciudadano y la ciudadana con el Estado y la  propia sociedad.

Este compromiso nos ha llevado a realizar y apoyar en los últimos años numerosas acciones tendentes a promover las reformas institucionales que sirvan de base para enfrentar esta terrible enfermedad y a crear la conciencia ciudadana de que la corrupción es un problema de todos y que no sólo debemos criticarla, sino también denunciarla y enfrentarla en el ámbito público y en el privado.

En nuestra última Asamblea General, celebrada el 25 de enero pasado aprobamos y dimos a conocer al país el documento DIEZ PUNTOS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN, todos los cuales estamos impulsando en nuestro plan de trabajo de este y los próximos años.

En el ámbito de las reformas de la legislación hemos apoyado los proyectos de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado; Acceso a la Información Pública; Reforma de la Ley de Declaraciones Juradas de Bienes; Creación de la Fiscalía Anticorrupción; Modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República; Modificación de la Ley de Presupuesto; la Ley que crea el Estatuto del Ministerio Público; la Ley del Defensor del Pueblo y la Ley de Participación Social. Todas estas leyes están destinadas a crear mecanismos institucionales para el control de la corrupción y mecanismos de participación de la sociedad en el control del Estado.

Nuestra organización ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, derivado de la Convención Interamericana contra la Corrupción y ha impulsado el seguimiento de la misma. Formamos parte por un año y medio del Consejo Presidencial en Materia Anticorrupción, del que terminamos renunciando por considerarlo un mecanismo inoperante. Hemos coordinado acciones con el Departamento de Prevención de la Corrupción y estamos participando en la conformación de las Comisiones de Auditoria Social en diferentes municipios.

Recientemente, Participación Ciudadana ha sido elegida como representante de la región del Caribe en el Grupo Coordinador de la RED Interamericana para la Democracia, espacio desde el que seguiremos impulsando la lucha contra la corrupción.

Con el respaldo de todas estas acciones y otras que tenemos en nuestros planes de los próximos años es que Participación Ciudadana lanza al país esta campaña de lucha anticorrupción.

Estamos concientes de que la erradicación de este cáncer que corroe nuestra sociedad desde antes aún de su fundación, es una tarea de largo plazo y muy difícil, pero también estamos seguros de que esta es, quizás la principal amenaza que tiene el desarrollo social y democrático del país y que estamos comprometidos a colocar este tema en un sitial importante de nuestras preocupaciones y acciones porque si nos sumamos al silencio, la complicidad, la indiferencia o la autocompasión todo lo que predicamos y hacemos no tendrá sentido.

Al poner en circulación esta Campaña, queremos reiterar nuestra invitación a todos los sectores de la vida nacional a que aunemos esfuerzos para detener la corrupción. En especial, proponemos que en el corto plazo nos concentremos en los siguientes puntos:

1)     Solicitar al Congreso Nacional que complete la plataforma jurídica anticorrupción con la aprobación de las leyes que están pendientes de conocimiento y dar seguimiento a la puesta en ejecución, de manera transparente y apegado a la letra de la Ley,  de las que ya han sido promulgadas.

2)     Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República el conocimiento por parte de los tribunales de los expedientes que han sido sometidos, sin intervención de manipulaciones políticas de los mismos, con objetividad y justicia..

3)     Que la Comisión encargada para tal fin acelere la conformación y puesta en funcionamiento de las Comisiones de Auditoria Social, creadas mediante el decreto 3920-03 y que las mismas pongan especial énfasis en la fiscalización de los recursos que  ejecutarán el Gobierno Central y los ayuntamientos desde ahora hasta pasadas las elecciones del próximo año.

4)     Hacer un llamado al empresariado nacional a asumir un compromiso junto a los sectores de la sociedad civil involucrados en la lucha anticorrupción para desterrar las prácticas que desde el ámbito empresarial han alimentado una cultura política que ha hecho mucho daño al país y han propiciado escándalos como el que recientemente involucró a una de las más grandes entidades bancarias, con las graves consecuencias económicas que ya estamos padeciendo.

5)     La importancia de este tema amerita también que desde el ámbito educativo, en escuelas y colegios se emprendan campañas de promoción de valores éticos, focalizadas en el combate de la corrupción.

6)     A las organizaciones de la sociedad civil, por nuestra propia naturaleza, nos corresponde ser vanguardia y ejemplo en la lucha anticorrupción, no sólo promoviendo valores éticos, sino también practicándolos en la administración de los recursos que la sociedad y las agencias internacionales ponen en nuestras manos.

7)     Los medios de comunicación ya están jugando un rol fundamental en esta materia y, por su gran diversidad y pluralidad estamos seguros de que lo seguirán haciendo y de que contamos con ellos para que esta campaña y todas las que vengan sean difundidas y respaldadas.

No nos referiremos en esta ocasión a las acciones que le corresponden a los políticos y funcionarios gubernamentales. Estos están concientes del papel que han jugado en materia de corrupción y de lo que hay que hacer para erradicarla.

Creemos fervientemente que a la sociedad dominicana en su conjunto le incumbe la lucha anticorrupción y que ésta no podrá controlarse hasta que los ciudadanos, las familias, las iglesias, las instituciones, el empresariado, la sociedad civil, en fin todos, digamos NO A LA CORRUPCIÓN.

ES TIEMPO DE ACTUAR, solo con el concurso de todos y todas podremos superar los males que aquejan a la democracia dominicana.

Muchas Gracias

Tiempo de Actuar…La Corrupción es un Problema de Todos, es el nombre de la campaña que lanzará Participación Ciudadana, el próximo miércoles 30 de abril, a las 6:30 de la  tarde, en el Hotel V Centenario.

La corrupción se ha convertido en un problema que amenaza la democracia, por lo que Participación Ciudadana entiende que en estos momentos se amerita que la ciudadanía y todos los sectores se involucren en acciones que contribuyan a la búsqueda de soluciones a ese mal que afecta directamente a la sociedad en su conjunto.

En nota de prensa, el movimiento cívico explicó que con esta campaña se pretende sensibilizar a la ciudadanía en torno a los problemas que genera la corrupción pública-administrativa.

Asimismo reiteró que la campaña encierra una serie de elementos que motivarán a la ciudadanía a vigilar y a exigir a las autoridades públicas y privadas que actúen acorde con lo que establecen las leyes.

Tiempo de Actuar…La Corrupción es un Problema de Todos, incluye un spot, una cuña radial, afiches, borchurre, vallas humanas, el buzón en la página web sobre documentación de la corrupción, publicaciones y  la realización del  concurso de Ensayo dirigido a estudiantes del bachillerato : “ Una sociedad Transparente: La Corrupción un mal que debemos combatir que culminó el pasado  11 de abril.

El movimiento cívico precisó que esta campaña involucrará a la ciudadanía en acciones que la hagan reflexionar y salir de los aparentes niveles de apatía en torno a una problemática de tanta importancia, como es la corrupción.

La campaña se enmarca dentro del Programa Transparencia de la Gestión Pública que ejecuta Participación Ciudadana,  y es auspiciada por  la Agencia Internacional Para el Desarrollo de Estados Unidos y OXFAM Gran Bretaña.

Finalmente, PC entiende que con acciones como esta se aporta al desarrollo de ciudadanos y ciudadanas críticos e interesados en la superación de este problema.