La corrupción se ha convertido en un fenómeno político, social y económico que  permea todas las acciones de la sociedad. Las prácticas de corrupción están tanto en las esferas pública como privada.

La corrupción está asociada a diferentes factores: 

1)     Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios  grupales o personales.

2)     Carencia y/o debilidades  de los  procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.

3)     Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública.

4)     Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los  valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.

5)     La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública.

En fina, las  prácticas de corrupción están presentes en los diferentes estratos y niveles de la sociedad, manifestándose no sólo en el ámbito público, sino en todos los ámbitos, como se observa a partir de las diferentes categorías que existen, por lo que erradicarla se hace mucho más complejo y amerita de una estrategia integral que involucre a todos los sectores que conforman la vida del país.

LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA: PRINCIPALES CAUSAS EN NUESTRA NACIÓN

Los problemas de la corrupción en la administración pública están vinculados a la falta de instituciones fuertes, que se sobrepongan a los gobernantes del momento y permitan la continuidad de las políticas y acciones del Estado; queda claro que el sistema político y  de representación vigente en nuestro país, otorga a los gobernantes de turno la centralización en todas las decisiones importantes. La centralización es vista como una de las causas de la corrupción unida a otros elementos no menos importantes como son:

• La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación  de beneficios personales o grupales; por ejemplo a pesar que existe una resolución que prohíbe a los ciudadanos y ciudadanas ocupar más de un puesto remunerado en el gobierno, éstos se las ingenian para acceder a los fondos públicos por diferentes vías como son ayudas, contrataciones puntuales, etcétera.

• Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le permitan prevenir los fraudes o detectarlos.

• La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles. Aunque el Congreso Nacional ha sido apoderado de más de diez iniciativas para promover la transparencia en la gestión pública, las mismas no han sido tomadas en cuenta. Cabe resaltar iniciativas como la ley de acceso a la información pública, creación de la fiscalía anti corrupción; ley de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado; Independencia de la Contraloría General de la República; Modificación de la Ley 82-97 de Declaraciones de Bienes de funcionarios públicos; Ley de Presupuesto; anteproyecto de ley anti-corrupción, modificación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, entre otros.

• La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios / as,   así como  la poca participación  de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.

• La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal.

• La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad.

• La complicidad de diferentes sectores con la corrupción.

Es importante, además, dedicar especial atención al clientelismo el cuál ha sido una de las causas más impactantes de la corrupción, por el daño que ha producido al país.

Las prácticas clientela res favorecen principalmente a aquellos que ofertan la dádiva, ya que en la mayoría de los casos los fondos utilizados son del Estado y la distribución se realiza sin que medien controles financieros, quedándose el ofertante con la mayor parte del pastel.

El clientelismo ofende la dignidad de quienes son receptores, ya que no le confiere a los pobres la posibilidad de salir de su situación, es una solución de un día.

CONSECUENCIAS DE LA  CORRUPCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Al igual que en otros países se hace difícil cuantificar la corrupción, no obstante sí se valoran los efectos de esta en el desarrollo del país, se verá que uno de sus principales costos, es el descreimiento y desconfianza que genera en los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo  en la III Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática (Demos 1994-2001) el  92.8% de los/as consultados / as consideraron que los políticos aprovechan sus cargos para beneficios propios y el 94% tiene la percepción de que la corrupción es un asunto grave.

Lo cierto es que la corrupción vulnera al Estado y sus instituciones, y contribuye con la baja capacidad de la democracia para dar respuesta a problemas tan importantes como la pobreza y el desarrollo.

Existe una estrecha relación entre la corrupción y la pobreza, retraso en el desarrollo de los pueblos y la no consolidación de regímenes democráticos, pues la falta de institucionalidad en los organismos encargados de definir y aplicar políticas públicas y sociales impide que se controlen los ingresos y egresos del país por diversos conceptos.

Ante la corrupción, las políticas públicas en la mayoría de los casos  se improvisan, son irregulares, y son violados los procedimientos que muchas veces podrían estar bien formulados, pero que no se cumplen. Con los recursos públicos que van a engrosar las fortunas privadas, ya sea de políticos corruptos o agentes privados, que se benefician de los primeros, la población pierde la oportunidad de tener acceso a  servicios sociales básicos como salud, alimentación, vivienda, agua y energía eléctrica.

José María Rico y Luis Salas, citando a Robert, Klitgaard, resumen que los efectos negativos de la corrupción: sobre la eficiencia (puesto que dilapida recursos y riquezas, crea  ´´males públicos “ y distorsiona las políticas públicas), la distribución de riquezas  (ya que las concentra en los ricos y poderosos, quienes poseen el poder político, militar o el derivado de los monopolios económicos), los incentivos de la función pública  (en la medida en que desvía las energías del funcionario público hacia actividades socialmente improductivas y de enriquecimiento personal, crea riesgos, induce medidas preventivas improductivas y aleja las inversiones de las áreas con alta corrupción) y el sistema político (dado que crea inestabilidad del régimen y engendra resentimiento popular).

Trabajo tomado del folleto de Participación Ciudadana: LA CORRUPCIÓN : CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Participación Ciudadana realizó su mesa de trabajo con el tema el financiamiento a los partidos políticos y contó con las ponencias del Contralor General de la República, Federico Lalane José y el Dr. Braulio Alcántara, exdirector del Departamento Partido Políticos JCE y actual oficial de Estado Civil de la 3ra. Circunscripción

A continuación ponencia presentada por Federico Lanane José, Contralor General de la República.

Propuestas de Ideas Para Transparentar la Administración y Uso de los Fondos de los Partidos Políticos

En la gentil invitación que nos extendiera el Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana para venir a la Mesa de Intercambio a exponer sobre los controles para administrar los fondos de los partidos políticos, nos sugería que hiciéramos referencia a las regulaciones vigentes y a propuestas para eficientizarlas y transparentarlas.

Nosotros en aras del tiempo solo vamos a exponerles las propuestas o sugerencias que pudieren ser tomadas en cuenta en la discusión para una nueva legislación o reglamentación sobre financiamiento a los partidos políticos.

Llama la atención como los dirigentes y la clase política reclaman eficiencia y transparencia a los Gobiernos de turno, pero en cambio no ofrecen a los ciudadanos y a sus propios partidarios información que les permita saber y evaluar la aplicación de los recursos públicos y privados recibidos. Tampoco respetan sus estatutos y reglamentaciones internas, pero exigen con vehemencia a los Gobiernos que respeten la Constitución, las leyes y los reglamentos.

En principio no estoy de acuerdo con el financiamiento público y privado a los partidos políticos y sus dirigentes. Para mi es la fuente principal de la futura corrupción en los gobiernos. No obstante, de mantenerse la legislación vigente en ese aspecto, sería conveniente que en una nueva ley se tomaran en consideración los aspectos siguientes:

Con esta publicación se procura establecer un ambiente de rendición de cuentas, como parte de la transparencia en el manejo de los fondos públicos o privados.

Es una falla grave que la legislación vigente no prevea un aspecto tan importante como el señalado.

1. Establecer la obligatoriedad de una publicación trimestral en por lo menos dos medios de comunicación de masas y en el internet detallando los ingresos y los gastos ejecutados.
2. La facultad de la JCE de reglamentar el financiamiento privado de los partidos políticos.
3. Establecer porcentajes mínimos y/o máximos que deberían los partidos dedicar o especializar para:

a.Desenvolvimiento institucional (pago de locales, servicios, nóminas, etc.)

b.A la formación y capacitación de sus miembros;

c.A las campañas electorales nacionales

d.A las elecciones internas para designación de candidatos y autoridades partidarias.

En esta línea de acción podría evaluarse también la viabilidad de crear mecanismos de coparticipación relativa (%) de las estructuras regionales o municipales de los partidos, en el uso de las contribuciones públicas o privadas recibidas.

4. Establecer en la Ley o el Reglamento los mecanismos o procedimientos mediante los cuales la JCE pueda comprobar que los partidos políticos han dado cumplimiento a los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley Electoral.

5.Ampliar las causas o razones por las cuales un partido puede perder el derecho a los beneficios de la contribución publica que establece la ley:

a.La no realización de elecciones internas partidarias en los plazos y fechas establecidos en los estatutos de los partidos.

b.No alcanzar el 5% de los votos en las últimas elecciones congresionales y municipales.

c.Abstenerse de asistir a las elecciones nacionales

La contribución se reiniciaría cuando, en nuevas elecciones, se verifica la superación de los obstáculos citados más arriba.

6. Establecer en el Reglamento para el Financiamiento de los Partidos Políticos, la obligatoriedad de que los recibos y registros de las contribuciones o donaciones privadas contenga por lo menos:

a.Nombre completo, cédula de identidad y electoral o pasaporte (en el caso de extranjeros o residentes en el exterior), dirección, teléfono, fax, email, etc.

b.Actividad comercial o industrial a que se dedica.

c.Monto de las contribuciones realizadas.

Esta disposición ayudaría a reducir las posibilidades de que recursos provenientes de la delincuencia nacional o transnacional de cuello blanco, penetren los partidos y los comprometan en el otorgamiento de impunidad.

7. Establecer la obligatoriedad de la auditoria de los fondos de los partidos políticos, a fin de verificar que los mismos se han aplicado conforme a la Ley y cumpliendo con las normas de control interno y transparencia establecidas.

La auditoría incluiría la evaluación de los procedimientos de control interno existente en cada entidad política, para verificar que los mismos cumplan o se ajusten a las normas de control dictadas para tales fines.

8. Establecer la responsabilidad de la Contraloría o Auditoria Interna de la JCE, de realizar las verificaciones de las informaciones contenidas en el informe financiero presentado a la por los partidos a la Secretaría de la JCE.

9.Establecer en el Reglamento que: Cuando como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General, auditores independientes o la Cámara de Cuentas, se detectaren desvíos o mala aplicación de los ingresos percibidos, se procedería a:

a.Remitir a las autoridades del partido un informe preliminar con los hallazgos encontrados que pudieren tener repercusiones de carácter administrativo, civil o penal.

b.Establecer un plazo de tiempo perentorio para responder o dar cualquier explicación sobre los hallazgos reportados.

c.Remitir al Pleno de la JCE el informe final con las recomendaciones que amerite cada caso particular.

10. Establecer la obligatoriedad a la JCE de publicar las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe final de la auditoría realizada.
11. Establecer en la Ley que la JCE, la Cámara de Cuentas o la Contraloría General, cuando lo juzguen conveniente podrán contratar firmas de auditores privados para realizar la auditoria a la JCE y la de los partidos políticos.
12. Establecer como Delitos o Crímenes Electorales de los partidos o sus dirigentes y establecer las sanciones correspondientes, cuando reciban ingresos definidos en la Ley como ilícitos.

Sobre los aspectos de infracciones y delitos electorales nos ha llamado la atención que la máxima pena que establece la Ley Electoral para los crímenes y delitos electorales, es una multa de RD$20,000.0 y reclusión de dos (2) años.

13. Establecer un tope máximo a los gastos de campañas para elecciones generales presidenciales, legislativas y municipales y establecer sanciones económicas y políticas a los partidos que violen la disposición. Una sanción podría ser por ejemplo el reducir las contribuciones públicas que reciben en el equivalente a un % importante del monto incurrido en violación.
14. Establecer un tope máximo a los préstamos o créditos bancarios que podrían recurrir los partidos políticos, debiendo hacerse de público conocimiento los términos y las condiciones de dichos préstamos. En cuanto a los funcionarios electos, también debería legislarse en el sentido de publicar esas operaciones crediticias.
15. Establecer Comisiones de Finanzas en los partidos, bajo la dirección de un Tesorero y en donde se encuentren proporcionalmente representados las minorías. En el reglamento de la ley se establecerían las funciones de esa Comisión.

El movimiento Cívico Participación Ciudadana desea expresar su profunda preocupación por el progresivo deterioro económico que degrada el nivel de vida, acentuando el desempleo y multiplicando la pobreza que afecta a la mayoría de la población, en lo que se estima como una de las peores crisis de nuestra historia.

El panorama es más preocupante por los signos de deterioro institucional que se advierten, con aumento de las actitudes autoritarias, militarización e incursión de oficiales de las fuerzas armadas en actividades políticas.

Así mismo, las pugnas que afectan la institucionalidad democrática y la integridad de dos de los partidos mayoritarios, incluyendo al de gobierno, contribuyen a nublar el porvenir inmediato de la nación, sembrando incertidumbres generadoras de desconfianza y desesperanza que a su vez repercuten en mayor degradación económica.

La persistente crisis energética nacional mantiene al borde de la quiebra a una parte considerable de las micros y pequeñas empresas sustento de una proporción importante de las familias dominicanas, encarece y hace ineficiente la producción nacional, afecta las actividades educativas, sociales y familiares y termina generando un clima de depresión y desesperación.

Ese cuadro explica la contundente protesta nacional del martes 11 de noviembre, cuando casi todas las actividades nacionales fueron paralizadas sin que mediara ninguna actitud coercitiva, en lo que la opinión pública ha considerado como un plebiscito de rechazo a la gestión gubernamental.

En contraste con la protesta pacífica de la ciudadanía, con la excepción de dos o tres desalmados que asesinaron un agente policial, resaltó el nivel de represión desatado por las fuerzas policiales y miliares, responsables de por lo menos otras 7 muertes violentas, tan injustificadas como la del policía.

Las posteriores reacciones gubernamentales parecen indicar que no se ha tomado con seriedad todo lo que tuvo de aleccionadora la protesta generalizada, y que los asesinatos quedarán una vez más impunes.

Es evidente que una buena proporción de la responsabilidad corresponde a la actual administración, por comisión y omisión, por despilfarro, alegre endeudamiento, por corrupción y tráfico de influencia, por no haber cumplido su obligación de supervisar las actividades bancarias, y por haber cubierto el fraude bancario con dinero inorgánico y certificados financieros.

Al gobierno del presidente Hipólito Mejía corresponde la responsabilidad de adoptar todas las medidas urgentes para contener el deterioro económico, institucional y democrático.

Es obvio que el restablecimiento del equilibrio macroeconómico, fundamental para retomar el crecimiento, conlleva restricciones que deben pagar los sectores de mayores ingresos, para evitar descargar el peso de la crisis en los grupos populares y las clases medias bajas, gravando hasta los alimentos y las medicinas, como algunos pretenden.

Pero por encima de todo y en primer lugar es imperativo que el presidente Hipólito Mejía concentre su atención en gobernar ahora, subordinando sus actividades partidarias y expectativas continuistas al interés general de la nación. La situación demanda de un conductor nacional que aúne voluntades y concierte con todos, no que divida, impugne y confronte. La consecuencia de no asumir esta tarea será de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República.

El momento actual requiere de una actitud mas propositiva de las instituciones de la sociedad civil, por lo cual sugerimos la convocatoria del Foro Ciudadano y todas las instituciones sociales a reflexionar y a pronunciarse demandando acciones urgentes y efectivas para contener el grave deterioro nacional.-

Participación Ciudadana saluda las medidas adoptadas por la Suprema Corte de justicia para que haya mayor transparencia en los procesos judiciales y en busca de proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante los tribunales

Esta decisión la SCJ representa un avance en los esfuerzos por proteger el principio del respeto al debido proceso, y deja atrás la época en que los jueces de instrucción en secreto otorgaban libertades provisionales bajo fianza sin la presencia de las partes envueltas, dictando mandamientos de prisión y revocándolos de manera administrativa

En nota de prensa, Participación Ciudadana dijo que la resolución adoptada por el alto tribunal favorece el derecho de la ciudadanía, pues establece claramente que durante la fase de instrucción no se puede otorgar libertad provisional bajo fianza, dictar un mandamiento de prisión o revocarlos sin antes someter a un debate a las partes envueltas.

Entiende que la medida consolida el derecho a una sentencia final en un plazo razonable, el derecho a que se respete la presunción de inocencia, la igualdad de las partes en el proceso, pero sin limitación de ninguna especie, y muchos otros derechos sustanciales reforzados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Estos cambios, según PC, llegan en un momento apropiado para recordar que vivimos en un Estado de Derecho que muchas veces se quiere desconocer de los poderes públicos

Este importante paso de avance en el procedimiento penal, reitera Participación Ciudadana marca un hito, sobre todo, en lo relativo a la libertad bajo fianza, la cual no podrá otorgarse sin el debate entre las partes, también elimina el aspecto secreto a la instrucción del proceso

En nota enviada, se le recordó a la Suprema Corte de Justicia, que ahora en lo adelante le queda el trabajo no solo de lograr la aplicación efectiva de estos principios, sino y sobre todo el evitar que los mismos puedan ser utilizados para amparar la impunidad en los tribunales judiciales que hasta la fecha no se han erradicado debido a la postergación eterna de los procesos judiciales.

Participación Ciudadana junto a otras organizaciones de la sociedad civil dan seguimiento al plan de acción de Québec, a fin de dar cumplimiento a los acuerdo asumidos por el gobierno dominicano en la Cumbre de Las Américas.

Para dar seguimiento a los resultados del Plan, PC utiliza como herramientas principales los instrumentos asumidos por la coordinación del proceso , referidos a la implementación de los cinco mandatos relacionados con el tema de fortalecimiento de la democracia, como son: Fortalecimiento de gobiernos locales, Descentralización, Libertad de expresión, opinión y derecho al libre acceso a la información, Reforma al poder judicial y acceso a la justicia y Fortalecimiento de la participación en los procesos hemisféricos y nacionales.

Asimismo el movimiento cívico reactivó el comité de seguimiento a los acuerdos de la cumbre, también ha hecho reuniones de difusión de los acuerdos, publicación de los acuerdos, realización de encuentros regionales con organizaciones de la sociedad civil y encuentros sectoriales; de igual forma se elaboró un informe siguiendo los parámetros metodológicos establecidos por la coordinación regional del proceso a partir del taller celebrado en Argentina con la participación de los coordinadores Nacionales.

El seguimiento a los acuerdos del gobierno dominicano en la Cumbre de Québec es parte de la estrategia desarrollada por organizaciones de la Sociedad Civil de República Dominicana, las cual la integran Participación Ciudadana como coordinadora del proceso, el Centro de Investigación para la Acción Femenina ( CIPAF), Alianza ONGS, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, el Centro de Investigación Económicas del Caribe ( CIECA), Foro Ciudadano y el Proyecto de Fortalecimiento de la Sociedad Civil BID/INTEC.

Estas organizaciones desarrollaron en el 2000, de cara a la Cumbre de Québec, un proceso de consulta que incluyo la realización de 4 foros regionales y un encuentro nacional. Las conclusiones del proceso descrito fueron socializadas con las autoridades dominicanas.

DISCURSO DE LA COORDINADORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
MIRIAM DIAZ SANTANA

Mañana, 31 de octubre, Participación Ciudadana cumple sus diez años de vida. Particularmente me emocionan mucho los cumpleaños. En estas ocasiones, siempre nos embargan los recuerdos , las emociones, los sentimientos encontrados que nos dejan los momentos vividos. Se entremezclan la alegría y satisfacción por las metas logradas, los esfuerzos desplegados, los frutos cosechados, los grandes momentos; pero también los sufrimientos producidos por las frustraciones, los desencantos, las derrotas y las cosas que pensamos que no hicimos bien. Todos estos estados conforman a los seres humanos y también a las instituciones. Esa variedad de experiencias es la que nos hace crecer, la que nos acerca a la divinidad y la que produce las mayores satisfacciones, porque el peor de los estados es el no hacer nada, la inercia, el pesimismo y la ausencia de confianza en causa alguna.

Porque asumimos nuestra realidad con optimismo y con realismo es que celebramos con alegría este cumpleaños. Hace diez años, nos reunimos con la determinación y la convicción de que teníamos una misión que cumplir y que la misma valía todos los esfuerzos que fueren necesarios. Hoy, seguimos pensando que ha valido la pena y damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de aportar en la consecución de ideas, inquietudes y utopías que habíamos predicado por muchos años y que, aún no sabemos en qué medida se han realizado, aunque sí nos han mantenido muy ocupados.

En el 1993, nuestro país vivía una situación que conviene no olvidar, sobre todo cuando nos asalte la tentación de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los estragos de la crisis económica de la década de los 80 y principios de los 90 apenas comenzaban a superarse. Recordemos que entre el 1986 y el 1990 el peso se devaluó en más de cuatrocientos por ciento. En el 86 la tasa promedio fue 2.89 y en el 90 alcanzó los 12.50. En ese último año el país tuvo una inflación que sobrepasó el cien por ciento y un desabastecimiento tan grande que parecía que estábamos en medio de una guerra.

En ese contexto se dio el trauma electoral del 1990, acontecimiento que estremeció la conciencia de todos los que habíamos soñado y luchado para que este país avanzara. Recordemos el sentimiento de impotencia y el desamparo que experimentamos ante la falta de respuesta organizada de la sociedad dominicana. El Congreso Nacional y la justicia eran instituciones maniatadas por el inmenso poder del entonces Presidente por cuarta vez, el Dr. Joaquín Balaguer. Los partidos políticos fundamentaban su fortaleza de entonces en el caudillismo y el autoritarismo. La sociedad civil estaba fraccionada, carecía de confianza en sus propias fuerzas y no tenía bien definidos sus ámbitos de acción.

En esos momentos, a muchos de los que estamos aquí nos embargaba un gran sentimiento de frustración, a causa de los retrocesos en el orden democrático e institucional. Pero no nos dejamos vencer por el pesimismo y es así que de un pequeño grupo de soñadores surge la idea de crear una organización que, desde un espacio de la sociedad civil, dejara escuchar su voz e hiciera sentir su presión sobre los poderes públicos, a favor de los viejos sueños democráticos y de progreso social de tantos hombres y mujeres dominicanos.

Ese grupo estuvo constituido por ciudadanos y ciudadanas, profesionales de diferentes áreas, con amplio historial en la construcción de la democracia, pero sin interés en la militancia partidaria. Podría decirse que ciudadanos comunes, de los que hay miles en el país, pero imbuidos de mucha determinación de no ser sólo espectadores y analistas, sino actores, dispuestos a ganar un espacio y a rescatar algo de la confianza perdida por esta sociedad.

Y aquí estamos, diez años después, quizás con problemas parecidos, pero con la satisfacción de no habernos quedado callados e inertes. Cada uno de los años transcurridos ha tenido sus afanes y desafíos. En el documental que verán en breve, aparecen reseñados momentos relevantes de nuestro trabajo y el testimonio de muchos de los actores. De manera que, no pretendo en estas palabras resumir una historia que puede ser muy larga. Sólo quiero destacar algunas de nuestras mayores inquietudes en estos años.

Participación Ciudadana nació ligada a la preocupación por la celebración de elecciones limpias, porque creemos que el sistema democrático es el mejor y que la legitimidad de las autoridades electas es una condición indispensable para el afianzamiento de este sistema. Nos sentimos orgullosos de nuestros aportes en este campo, de que seamos señalados como una institución modelo en observación electoral, más allá incluso del continente y de que nuestros conteos rápidos hayan sido calificados como los más aproximados a los resultados por expertos internacionales.

Cinco elecciones se han celebrado en estos diez años. En las últimas cuatro se han registrado avances, muchas experiencias positivas y aprendizajes. Estos avances, sin embargo, se ven constantemente amenazados por una cultura política de nuestros dirigentes que parece no corresponder con la madurez democrática que este pueblo muestra en cada proceso electoral. Hasta hace poco pensábamos que la observación electoral era una actividad pronta a desaparecer en el país. En estos momentos estamos reforzando nuestro programa de observación del proceso electoral con vistas a las elecciones del 2004.

El fortalecimiento del sistema judicial ha sido otra línea de trabajo a la que hemos dedicado muchos esfuerzos, porque estamos convencidos de que es imposible construir una sociedad con justicia social y democracia, sin que impere el respeto a la constitución y a las leyes, ni sobre la base de una justicia que se aplique sólo a aquellos que no tienen con qué comprar impunidad. En este aspecto se pueden señalar avances significativos en los aspectos organizativos, institucionales y de calidad del personal, aunque se mantiene la vieja práctica de archivar los expedientes, especialmente los de corrupción. Aspiramos a que se sienten ejemplos contundentes, con casos que cursan actualmente en los tribunales y que deben enviar un mensaje claro a la sociedad de que la justicia ha cambiado.

La lucha contra la corrupción ha venido ocupando cada vez más tiempo y esfuerzos en nuestros planes de trabajo. En este año, el fraude de BANINTER le dio proporciones gigantescas a este grave problema nacional y lo ha convertido quizás en el mayor desafío de la sociedad dominicana. Si no avanzamos en esto, no habrá reforma que se sostenga, porque este mal corroe a instituciones de todos los tipos, públicas y privadas, consume los recursos, aumenta la pobreza y la desigualdad social y, sobre todo, actúa como un elemento multiplicador de toda clase de males en las jóvenes generaciones.

El fortalecimiento de la democracia en general y de las instituciones políticas y sociales que la sustentan, también ha sido un interés permanente de Participación Ciudadana. Hemos puesto mucho esfuerzo en el fortalecimiento y articulación de la sociedad civil, pero también en los partidos políticos, y la verdad es que nos da mucho pesar ver la situación en que se encuentran algunos de nuestros principales partidos, producto de las ambiciones desmedidas, la debilidad institucional y la ausencia de prácticas democráticas. La pérdida de credibilidad de los partidos ha conducido a profundas crisis democráticas en muchos países de nuestro continente. Hacemos votos para que la República Dominicana no transite el mismo camino y que nuestros dirigentes políticos no sigan apostando a la mala memoria, a la ingenuidad del pueblo dominicano y a su tradicional entusiasmo por los procesos electorales.

Participación Ciudadana ha abogado y lo seguirá haciendo porque nuestro país se enrumbe por caminos de progreso, en el marco de un régimen democrático y de justicia social. En este sentido, seguiremos contribuyendo en el fortalecimiento de las instituciones, el establecimiento de una normativa legal que sirva de marco a las reformas que el país necesita para ponernos a la altura de los tiempos, el respeto a los derechos ciudadanos, la educación, el bienestar general y una mejor distribución de las riquezas.

Todas estas aspiraciones aparecen en nuestra declaración de principios. Algunas de las reformas que visualizamos en aquella ocasión se han logrado y estamos seguros que los esfuerzos de estos años no han sido en vano, pero la mayoría de ellas siguen teniendo la misma vigencia y nuestras aspiraciones están muy lejos de verse satisfechas.

Este aniversario de Participación Ciudadana nos encuentra en un momento de mucho pesimismo. Grandes nubarrones oscurecen el horizonte nacional. Algunos proceden de malos tiempos del planeta, como las guerras, los altos precios del petróleo, los atentados terroristas y la depresión económica. A estos malos tiempos del planeta se suman vientos huracanados criollos, entre los que se cuentan las erradas políticas macroeconómicas, la ambición desmedida, manifestada en creciente corrupción, violaciones a las leyes, la pérdida de credibilidad en la dirigencia política nacional, las acciones irresponsables y dolosas de algunos empresarios que han empañado el honor y la credibilidad en ese sector.

Todos estos elementos se han combinado para presentar un panorama oscuro y amenazante, el cual asumimos como un desafío en este 10mo. Aniversario de Participación Ciudadana; refuerza nuestra misión y nos compromete por muchos años más a continuar en los afanes por la construcción de una sociedad mejor.

Como es tradición pedir un deseo en el cumpleaños, quisiera expresar algunos deseos que son al mismo tiempo un ferviente llamado a la sociedad dominicana y a sus principales actores:

Al Presidente Hipólito Mejía, pedirle que de un ejemplo de patriotismo, concentrando todas sus energías, aun a costa de relegar proyectos personales y expectativas de grupos, en la ejecución de una política económica y social coherente y consistente con las necesidades nacionales y encaminada en sacar al país de la crisis económica en que se encuentra.

A los partidos políticos les pedimos que rescaten la confianza y la esperanza de la ciudadanía, cumpliendo sus promesas, buscando soluciones reales para la disminución de la pobreza y el progreso en general y, sobre todo, rompiendo ese terrible círculo vicioso de corrupción que amenaza con llevarnos al descalabro como nación.

A los congresistas, en estos momentos sólo queremos pedirles que den un ejemplo a un país que tanto lo necesita, aprobando las reformas que ya han sido concertadas y que están pendientes en el Congreso, negándose a pasar cualquier iniciativa que traiga más intranquilidad y retroceso a este país y, sobre todo, aquellas que puedan representar privilegios irritantes en detrimento de la misma población que les dio su voto de confianza.

Al Sistema Judicial Dominicano le pedimos un ejemplo, al menos un caso que envíe a la sociedad y al mundo el mensaje de que terminó la impunidad frente al delito, para que todos sepamos que debemos pagar por las consecuencias de nuestras acciones.

Al empresariado le pedimos una mayor contribución, sobre todo a aquellos que les va mejor en sus negocios. Para los próximos años aspiramos a un empresariado más comprometido con el aumento de la productividad, en un marco de equidad y justicia social, con el cumplimiento de las leyes, la transparencia de la gestión pública y privada y con los mejores valores nacionales.

A las organizaciones de la sociedad civil les pedimos mucha coherencia, persistencia en sus principios y acciones, honestidad en la administración de sus recursos y cuidar mucho lo que hemos construido, porque lo que mas necesita este país es confianza en sus instituciones, buen ejemplo, concertación y una buena dosis de patriotismo.

Al pueblo dominicano en general lo exhortamos a tomar su destino en sus propias manos, integrándose, cada cual en su ámbito y dentro de sus posibilidades a la construcción de una sociedad mejor. Este país cambiará radicalmente cuando se sustituya la famosa frase "dónde está lo mío"por la frase "En qué puedo ayudar".

Gracias a todos los que nos han apoyado en estos 10 años, especialmente a la prensa , que ha estado presente en todas nuestras acciones y las ha transmitido con fidelidad; a las agencias financiadoras que han hecho posible muchos de nuestros proyectos, sin que nos hayan condicionado pensamiento, palabra o acción. A todos ustedes amigos y amigas y a los miles de voluntarios que colaboran en la observación electoral y en todas nuestras acciones, a nuestros colegas de la sociedad civil y a todos lo que han creído en nosotros y con quienes nos sentimos comprometidos a continuar trabajando por la construcción de una patria mejor.

Los dominicanos tenemos muchas fortalezas y bellezas de las cuales enorgullecernos. Somos una nación viable. Tomemos el ejemplo de nuestros deportistas en los pasados juegos panamericanos y en dondequiera que nos representan y exhiben con orgullo los símbolos de la dominicanidad, poniendo en alto nuestros mejores valores.

Levantemos con orgullo esos símbolos dondequiera que nos encontremos.

• Diez años observando los procesos electorales para garantizar la transparencia de los comicios…

• Diez años colaborando en la lucha contra la corrupción.

• Diez años trabajando por el fortalecimiento del ministerio público para lograr una justicia independiente…

• Diez años defendiendo los derechos de la ciudadanía, motivando a las comunidades a ser protagonistas de su propio desarrollo…

Participación Ciudadana cumple diez años trabajando por la construcción de la democracia…

Al conmemorarse su décimo aniversario de fundación, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana realizará un serie de actividades que van desde la una exposición gráfica, encuentro con el voluntariado hasta la celebración de un cóctel el jueves 30 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en el Hotel El Embajador, para compartir junto a su membresía, periodistas, comunicadores, políticos, intelectuales, representantes del cuerpo diplomático, de instituciones del Estado y organizaciones amigas tan importante fecha.

Las actividades se inician este martes 28 de octubre, con la inauguración de una exposición gráfica a las 6:00 PM, en nuestro local; miércoles 29 de octubre habrá un desayuno con comunicadores y periodistas, a las 8:00 de la mañana, en el Hotel V Centenario, Salón Esmeralda; el jueves acto aniversario y el viernes 31 se depositará una ofrenda floral, a las 9:00 de la mañana, en el Altar de la Patria, entre otras actividades.

Participación Ciudadana fue fundada el 31 de octubre del 1993 como resultado de un proceso de reflexión continuo entre ciudadanos y ciudadanas que buscaban alternativas de participación al margen de la militancia partidista.

Durante estos diez años de existencia, Participación Ciudadana, ha hecho un trabajo de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos. También contribuye con el fortalecimiento de la justicia social, la democracia y la participación de la ciudadanía.

Este movimiento promueve la articulación en el seno de la sociedad civil para incentivar la participación de ciudadanos y ciudadanas en aspectos tan importantes como las reformas políticas, institucionales y democráticas que demanda el país.

También "busca el fortalecimiento y una mayor participación de la sociedad civil en los diversos ámbitos de la vida social, contribuyendo así con la consolidación de la democracia dominicana.

Participación Ciudadana cree en el reconocimiento de la democracia como la expresión de pluralidad , tolerancia y protagonismo de los distintos sujetos sociales, a nivel individual y colectivo, y en la reivindicación del derecho de las minorías.

El trabajo que ha realizado la institución pretende fomentar la participación organizada de la sociedad civil en los procesos democráticos, propiciar espacios de diálogos y concentración con el Estado a nivel municipal y nacional, y con las diversas organizaciones políticas.

A fin de constituir  un espacio de debate sobre las iniciativas legales que se encuentran en el Congreso Nacional, Participación Ciudadana realizó un seminario sobre la agenda legislativa pendiente en materia anticorrupción.

La actividad que forma parte de las acciones que desarrolla el Componente de Transparencia de la Gestión Pública de PC, busca lograr una mayor transparencia del Estado dominicano, así como promover prácticas efectivas de rendición de cuentas de los servidores públicos y una mayor eficiencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Las palabras de apertura del seminario la dijo Javier Cabreja, director ejecutivo, quien expresó que es necesario  crear una plataforma legal anticorrupción, que por un lado permita reformar las leyes obsoletas y dispersas que tenemos, y por otro, haga posible la creación y consolidación de instituciones, mecanismos y procedimientos  capaces asumir con éxito los nuevos retos en la lucha contra la corrupción

“Recordó que Participación Ciudadana presentó una propuesta denominada “Diez punto para combatir la Corrupción”, la cual solicita que se coloque en la agenda del Congreso Nacional los diversos proyectos de leyes sometido a la consideración de los legisladores en los últimos años, tales como:  el de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso a la Información Pública, la reforma de la ley de declaraciones juradas de bienes, la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción , la modificación de las leyes de la  Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República y  Presupuesto, entre otros.

Precisó que a los legisladores y al Congreso Nacional le compete conocer, debatir y decidir sobre este conjunto de leyes de tanta importancia para la transparencia del Estado dominicano y la estabilidad de su democracia.

Javier Cabreja, en su discurso apeló a que  los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, asuman una vocación de servicio a la institucionalidad del país, dando prioridad en la agenda legislativa a estos proyectos de leyes que permitirían el enfrentamiento efectivo de la corrupción.

El Seminario contó con la participación de reconocidos expertos nacionales en el área jurídica y de las ciencias políticas, que abordaron los temas centrales en la discusión de la agenda legislativa anticorrupción, Dr. José Ángel Aquino, quien trató el tema de la “Normativa Legal de Control y Transparencia den la Administración Pública: Siete Áreas Críticas”. Que es resultado de una investigación que hizo el Dr. Aquino para Participación Ciudadana, donde se estableció un inventario de las leyes anticorrupción existentes en el país.

En el segundo momento, se abordó el tema: “La Agenda Anticorrupción: Anteproyectos y proyectos pendientes”, en el mismo intervendrán los Doctores Cándido Simón Polanco de la Asociación Americana de Jurista, Faustino Collado del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA) y Rommel Santos del Bloque de organizaciones no gubernamentales (BONGs).

Y en el tercer momento participaron el Dr. Alfredo Rizek de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y el Dr. Franklin García de la UASD, quienes abordaron el tema de la “Ley de Acceso a la Información Pública: su importancia en la lucha anticorrupción”.

Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad entrega propuesta al PTE. Cámara Administrativa JCE

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad  entregó hoy una propuesta  de “Integración de la Sociedad Civil en los Colegios Electorales” al Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral  Dr. Nelson Gómez, la cual fue elaborada con el interés de apoyar a este organismo en el proceso de conformación de los Colegios Electorales.

La coalición por la transparencia y la institucionalidad (CTI) que agrupa a (52)  organizaciones de la diversidad que compone la sociedad civil, estableció en su plan de trabajo procurar la diafanidad del proceso electoral en marcha, buscando colaborar con la Junta Central Electoral en aras de superar las dificultades que pudieran entorpecer la celebración de unos comicios presidenciales transparentes.

En este sentido dado que la experiencia de observación electoral evidenció que gran parte de los miembros de los colegios electorales y de los delegados de los partidos políticos, no contaban con la capacitación necesaria para manejar adecuadamente el proceso de votación y escrutinio de los votos, desde la Coalición por la transparencia y la Institucionalidad se ha considerado oportuno implementar un proceso deIntegración de la Sociedad Civil en la conformación de los colegios electorales.

De igual forma la Coalición  aprobó en su última reunión trabajar en,  seguimiento al financiamiento de la campaña , a los aspectos programáticos  y la integración y capacitación  de ciudadanos / as de la sociedad civil en la conformación de los colegios electorales.

Con el desarrollo de estos tres puntos de trabajo de la Coalición, se pretende ayudar al desarrollo de un proceso electoral sin traumas y que fortalezca el sistema electoral . Para lograr esto, la Coalición entiende que es necesario el desarrollo de campañas electorales que no se caractericen por  el uso desmedido de publicidad  en las  calles en detrimento del medio ambiente, que exista tolerancia política y se abandone la práctica de realizar acusaciones entre candidatos sin contar con las pruebas.

Asimismo  los candidatos se deben comprometer ante la ciudadanía con el desarrollo de una campaña sin excesos y que las contiendas se realicen dentro de un marco de respeto y una discusión seria y consciente de sus programas de gobiernos que proponen, ya que esto beneficia a la ciudadanía, la imagen de las futuras autoridades y contribuye  al desarrollo armonioso de la campaña electoral  y al fortalecimiento del sistema democrático dominicano.

Con el propósito de ofrecer un espacio de formación política que permita la promoción de los valores democráticos y el intercambio entre jóvenes líderes locales, con vinculación directa a organizaciones de la sociedad civil y/o partidos políticos, Participación Ciudadana anuncia la realización del Primer Curso de Formación Socio-Política.

El curso iniciará el  3 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el Salón Ao4, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,   y concluirá el próximo día 3 de diciembre. Será impartido en cinco sesiones de trabajo e incluye material de apoyo y certificado de participación.

El primer curso de Formación Socio-Política se desarrollará en cuatro módulos, con los temas Pensamiento Político, Democracia y Reformas Políticas, Partidos Políticos y Sistema Electoral y Ciudadanía y Construcción de la Democracia.

Los temas a desarrollar serán presentados por académicos y analistas políticos, como son: José Oviedo,  Mu-Kien A. Sang, Javier Cabreja  , Ramón Tejada Holguín, Francisco Álvarez Valdez, Marina Hilario, Domingo Matías, Jacqueline Jiménez Polanco, Isis Duarte  y Rafael Toribio.

En este primer curso de formación socio-política pueden participar personas jóvenes con capacidad de liderazgo,  que pertenezca o que  colaboren durante los últimos tres años de manera consecutiva en alguna organización de la sociedad civil o partido político y  que tenga interés en los estudios sociales y de índole política.