Participación Ciudadana realizó un encuentro con legisladores con el propósito de compartir los resultados de la investigación: “Leyes, proyectos y decretos anticorrupción, 1996-2003: semejanzas, diferencias y contradicciones. El Rol del Congreso Nacional”.
En este encuentro, que se realizó este miércoles 30 de junio de 2004, se presentó el primer borrador de esta investigación, que hizo el consultor Faustino Collado.
A continuación el discurso de Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana:
Sras y Sres.
Amigos todos,
Agradecemos su amable disposición de compartir con nosotros en este 2do. encuentro con legisladores que organiza PC, en el marco de su programa de transparencia de la gestión pública. En esta actividad presentaremos los resultados de la investigación: "Leyes, proyectos de leyes y decretos anticorrupción, aprobados y presentados en el Congreso Nacional en el período comprendido entre el 1996 y el año 2003”.
Además de la presentación del estudio, este encuentro tiene como propósito generar con ustedes un diálogo franco y abierto, que permita evaluar la situación en la que se encuentran distintas iniciativas legales que darían, a partir de su aprobación y/o aplicación, una mayor transparencia a la administración pública en nuestro país.el rol de liderazgo que le corresponde, en el conocimiento, debate y aprobación de una conjunto de proyectos de leyes que en materia anticorrupción han sido elaborados y presentados por distintos sectores nacionales. Entre estos, el proyecto de ley de acceso a la información pública, el de contrataciones de obras, servicios y bienes del Estado y el que crea la oficina nacional de investigación y prevención de la corrupción administrativa, por sólo mencionar algunos.
Hoy más que nunca, es necesaria una profunda evaluación del marco legal anticorrupción que tenemos en el país, la cual permita, por un lado, reformar las leyes obsoletas y dispersas que tenemos, y por otro, hacer posible la creación y consolidación de nuevas leyes, instituciones, mecanismos y procedimientos capaces de enfrentar con éxito los nuevos retos de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Estado dominicano.
En periodo de profunda crisis económica como el que nos encontramos, el acto de corrupción es doblemente inmoral y oneroso, pues mediante el mismo, los servidores públicos se apropian de los limitados recursos con que cuenta el Estado para invertir en salud, educación, vivienda o asistencia social a los más empobrecido. Sólo es posible salir de la crisis actual, si al tiempo que implementamos reformas de carácter fiscal, se promueve la eficiencia, la racionalidad la transparencia y el ejercicio ético en la administración pública.
Por otro lado, vivimos igualmente tiempos difíciles en materia de lucha contra la corrupción. Informes de organismos internacionales nos situan como uno de los países más clientelistas de la región, tenemos una Cámara de Cuentas que nada cuenta, y peor aún, no hay que le pida cuentas; una justicia que tiene a la corrupción como una de las materias pendientes y con muy poca voluntad de prepararse para pasarla; todo un sistema de impunidad que impide que casos como los sonados fraudes bancarios se lleven hasta las últimas consecuencias y se establezcan responsabilidades. De seguir así estamos condenados al fracaso de la lucha contra la corrupción en nuestro país, aún estamos a tiempo de que esto no sea así.
En la última asamblea de la OEA realizada en Quito a principios de este mes, los Estados miembros, entre estos la RD, declararon que el fenómeno de la corrupción representa un grave obstáculo para el desarrollo social de los pueblos y en ese sentido, reafirmaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, fenómeno éste que atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política.
Si en el país queremos detener estos efectos perversos de la corrupción en el sistema político y social, es necesario que sus distintos sectores, entre ellos el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Justicia, las organizaciones de la SC y los empresarios, asuman desde ya el ineludible compromiso de “intensificar esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente”, tal y como lo plantea la declaración final de la asamblea más arriba indicada.
Los resultados preliminares del estudio que hoy les presentamos, indican claramente que los legisladores tienen una gran responsabilidad en sus manos: legislar a favor de la institucionalidad y la rendición de cuentas.
Al Congreso Nacional le compete conocer, debatir y decidir sobre un conjunto de leyes de vital importancia para la transparencia del Estado dominicano y la estabilidad de su democracia. Estamos confiados en que nuestros representantes serán capaces de vencer los obstáculos y resistencias que impide la discusión y aprobación de estas leyes.
Participación Ciudadana ha estado, está y seguirá estando muy atenta a lo que pasa en el Congreso Nacional con estas iniciativas legales. Nuestra labor de seguimiento no implica sólo la crítica, sino además, una clara disposición de colaborar técnicamente, para que la discusión y aprobación de estas leyes pueda ser una realidad. En tal sentido, nos ponemos a su disposición.
Gracias por acompañarnos, y esperamos que este sea un encuentro de mucho provecho para todos.
