Del 29 de Julio al 2 de Agosto, Participación Ciudadana estuvo trabajando con el Instituto Nacional Demócrata (NDI) en el desarrollo de la segunda visita de seguimiento a los becarios dominicanos del Programa de Liderazgo (Promoción 2004), acción que forma parte de la coordinación entre ambas instituciones para la implementación en el país de este programa regional.

Para esta visita, contamos con Erica Breth, Responsable del Programa para la Renovación Partidaria del NDI y con Guillermo Yanco, abogado y periodista argentino responsable de relaciones internacionales de la agrupación política Unión por Todos.

La Sra. Breth compartió con los diferentes grupos sobre el tema “Técnicas para Capacitar a Adultos” y presentó una herramienta para el análisis interno de las agrupaciones políticas.  Por su lado, el Sr. Yanco abordó los temas “Negociación y Resolución de Conflictos” y “Herramientas de Negociación para Mujeres”, a la vez que compartió sobre su experiencia en su partido político para la conformación y fortalecimiento de un espacio de capacitación para miembros.

Un total tres talleres se realizaron, los cuales fueron impartidos a miembros del PRD y PLD, en el Distrito Nacional y en Santiago, y en los que participaron 97 personas.   De igual forma durante la visita se realizaron diversas reuniones con dirigentes de estos partidos políticos.

El viernes 23 de julio, con la presencia de 33 participantes y 5 oyentes, Participación Ciudadana  y el Centro de Gobernabilidad Democrática de INTEC dieron inicio al II Curso de Formación Socio-Política para jóvenes de diversas organizaciones políticas y sociales.

El primer módulo abordó el tema “Pensamiento Político” y contó con la participación de José Oviedo, quien presentó las principales líneas del pensamiento político y David Álvarez,  quien analizó el pensamiento político dominicano del siglo XX y sus principales características.  Ambas intervenciones fueron enriquecidas con un espacio de intercambio entre los participantes del curso y los expositores.

La primera sesión del modulo II titulado “Democracia y Reformas Políticas” se realizará el viernes 6 de agosto y se abordarán los temas “Democracia y Gobernabilidad” y “Reformas Políticas y Consolidación Democrática”.  Para esta sesión de trabajo contaremos con los señores Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja.

El pasado jueves 22 de julio, Participación Ciudadana, a través de su proyecto Democratización del Liderazgo Político y el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social de INTEC inauguraron el II Curso de Formación Socio-Política, espacio dirigido a jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.

Durante el acto hablaron Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Altagracia López, Rectora de INTEC, Rafael Toribio, Director del Centro de Gobernabilidad Democrática, y Keila González, Encargada del Programa Democratización del Liderazgo Político de Participación Ciudadana.

En su intervención, Javier Cabreja resaltó la importancia de este tipo de espacio y reseñó el trabajo que ha venido realizando Participación Ciudadana con los jóvenes de partidos políticos y sociedad civil.  Asimismo, reconoció el avance logrado al realizar esta segunda experiencia en coordinación con la Universidad INTEC.

Por su parte, Altagracia López, Rectora de Intec saludó el interés de los jóvenes participantes en formarse políticamente en base a valores democráticos y reconoció la importancia de que instituciones como PC y la Universidad INTEC unan esfuerzos para contribuir con los procesos educativos nacionales.

El señor Rafael Toribio, director del Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social de INTEC presentó algunos comentarios sobre el Informe de la Democracia en América Latina publicado recientemente por el PNUD.

Finalmente, Keila González presentó una descripción general del curso, resaltando los temas que serían abordados, la metodología a utilizar y las expectativas para con los participantes de este espacio

Hoy nos convoca el tema de los fraudes bancarios denunciados el pasado año 2003 por las autoridades monetarias del país.

Tema que no ha perdido actualidad por varias razones muy relevantes.

En primer lugar, porque la solución aplicada por las autoridades monetarias y bancarias, de salvar indiscriminadamente a los ahorrantes de los bancos fraudulentamente quebrados, ha implicado una emisión monetaria descomunal, con su negativa secuela sobre el nivel de precios, incluyendo una devaluación de nuestra moneda superior al 100%.

En segundo lugar, porque para mantener fuera de circulación una proporción significativa del dinero inorgánico emitido, el Banco Central ha tenido que recurrir al uso de Certificados de Participación pagando altísimas tasas de interés, con lo cual, además de ahondar el déficit del sector público, echándole más leña al fuego de la inflación, encarece el financiamiento de eventuales inversiones del sector privado, y consecuentemente se dificulta superar la crisis que afecta al país, y que se traduce en pérdidas de empleos y, sobre todo, en disminución drástica de los niveles de vida de los sectores medios y bajos de la población.

Por otro lado, hemos venido observando con marcada preocupación, como se va perfilando la posibilidad de que la justicia dominicana sea de nuevo arropada por la cobardía o la complicidad con que tradicionalmente actúa, cuando los inculpados pertenecen a sectores de reconocido poder e influencia, como es el caso que nos ocupa.

Es ese temor el que llevó a 57 organizaciones  de la sociedad civil dominicana, entre las que se encuentra Participación Ciudadana, a publicar un documento, a mediados del mes pasado, que contiene dos párrafos que, por el interés de su contenido, quiero me permitan citar:

“Transcurrido un año de que se denunciaran los escandalosos fraudes que hicieron sucumbir a tres importantes bancos privados, queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el sector justicia. Una vez más, parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas, cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad”.

“La coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y decenas de organizaciones de la sociedad civil, volvemos a reiterar nuestro reclamo de castigo a los culpables, como lo hicimos el año pasado, porque si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución”.

Nos resistimos a creer en la veracidad de la versión que ha comenzado a circular con insistencia, en el sentido de que varios comisionados de las autoridades electas están tratando de lograr soluciones de aposento, que permitan a los inculpados resolver sus respectivos casos con arreglos extrajudiciales, que luego concluirían en sentencias venales de los tribunales de la República.

Estamos convencidos de que el tratamiento que reciban estos casos, de parte de los nuevos incumbentes del ministerio público, será la primera prueba de fuego de las autoridades entrantes, en torno a la sinceridad de su discurso anticorrupción.

En Participación Ciudadana hemos estado y seguiremos estando muy atentos al desenvolvimiento de estos procesos. Prestos a desenmascarar cualquier maniobra tendente a cubrir con impunidad a los autores y cómplices de la denunciada estafa bancaria, cuyas repercusiones negativas seguirán sintiéndose por varios años sobre la sociedad dominicana en general y, muy particularmente, sobre los segmentos más pobres de la población.

Estamos urgidos de una sociedad con instituciones sólidas, organizada en base a un claro mecanismo de rendimiento de cuentas y de un estricto sistema de consecuencias.

Este encuentro de reflexión lo hemos organizado como una manera de mantener el alerta permanente contra eventuales componendas para la aplicación del “borrón y cuenta nueva” que tanto daño ha ocasionado, haciendo más difícil para nuestras jóvenes generaciones asimilar que la superación individual debe estar basada, fundamentalmente, en el principio de integridad y en el trabajo honrado.

Quiero finalizar expresando nuestro agradecimiento a los señores panelistas que han correspondido a nuestra invitación para debatir este tema.

Estoy seguro que después de escucharlos, saldremos con un mayor esclarecimiento del impacto que han tenido los denunciados fraudes bancarios sobre la sociedad dominicana.

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana saluda, la decisión de la Cámara de Diputados,  de aprobar el proyecto de Ley de Libre Acceso a la Información Pública, por considerarlo un paso de avance y de respeto al principio constitucional del “derecho de los ciudadanos a investigar y recibir informaciones del Estado, de sus poderes y organismos de la administración pública.

Para impulsar la aprobación de la  Ley de parte de los diputados, PC diseñó una campaña que incluyó un afiche y brochurede sensibilización.

Esta decisión de la Cámara de Diputados quita el velo a la administración pública, pues a partir de la promulgación de esta Ley los funcionarios deberán tener abiertos los libros del Estado al público y los ciudadanos podrán pedirles  cuenta sobre el uso que les dan a los recursos que reciben del Estado Dominicano; pues de negarse serían pasibles de sanciones que van desde privación de libertad hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

En nota de prensa, Participación Ciudadana dijo que la ley de acceso a la información es una de las demandas que venía haciendo esta institución, por entender que  dicho acceso favorece  el derecho de la ciudadanía a obtener las informaciones que requieren de todos los organismo del  Estado.

Esta organización cívica reitera su felicitación a los legisladores por la aprobación de la Ley de Acceso a la información  Público, ya que consideramos que las informaciones pertenecen a la ciudadanía y el acceso a las mismas no debe depender de la voluntad del funcionario de turno.

Entiende PC que la nueva Ley garantiza un mejor manejo de los recursos del Estado, así como su transparencia, pues la misma una vez promulgada facilitará que los dominicanos  vigilen más de cerca los documentos oficiales, registros e  informes oficiales.

Participación Ciudadana en  coordinada con el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Universidad INTEC) realizará el Segundo Curso de Formación Socio-Política, dirigido a jóvenes de diferentes sectores del país.

El curso tendrá una duración de  tres meses y se inaugurará este 22 de julio,  en el salón de actos de la Biblioteca Julio Ravelo de la Fuente de la Universidad INTEC, a las 7:00 de la noche, durante un acto en el que asistirán los directivos de ambas instituciones.

Esta jornada educativa, que organiza PC en coordinación con el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social del  INTEC, tiene el propósito de continuar ofreciendo un espacio de formación política que permita la promoción de los valores democráticos y el intercambio entre jóvenes líderes locales, con vinculación directa a organizaciones de la sociedad civil y/ o partidos políticos.

En nota de prensa, el Departamento de Comunicación de PC informó que, en esta oportunidad, el curso se desarrollará en siete módulos sobre los temas, Pensamiento Político, Democracia y Reformas Políticas, Partidos Políticos y Sistema Electoral, Política y Economía, Liderazgo Democrático, Ética Política y Transparencia, Ciudadanía y Construcción de la Democracia.

Agregó que para el desarrollo de los temas se contará con las presentaciones de diversos expertos, académicos y analistas políticos, como son José Oviedo,  Mu-Kien A. Sang, Javier Cabreja, Ramón Tejada Holguín, Francisco Álvarez Valdez, Domingo Matías, José Ángel Aquino, Vianela Díaz, Isidoro Santana, Marina Hilario, Rafael Toribio y Betty del Villar, entre otros.

El curso iniciará el día 23 de Julio, a las 9:00 de la mañana y concluirá el día 15 de Octubre. Se impartido en siete sesiones de trabajo.

Ver mas información sobre requisitos para participar…

Participación Ciudadana  realizó un encuentro con legisladores con el propósito de compartir los resultados de la investigación: “Leyes, proyectos y decretos anticorrupción, 1996-2003: semejanzas, diferencias y contradicciones. El Rol del Congreso Nacional”.

En este encuentro, que se realizó este miércoles 30 de junio de 2004, se presentó el primer borrador de esta investigación, que hizo el consultor Faustino Collado.

A continuación el discurso de Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana:

Sras y Sres.
Amigos todos,

Agradecemos su amable disposición de compartir con nosotros en este 2do.  encuentro con legisladores que organiza PC, en el marco de su programa de transparencia de la gestión pública. En esta actividad presentaremos los resultados de la investigación: "Leyes, proyectos de leyes y decretos anticorrupción, aprobados y presentados en el Congreso Nacional en el período comprendido entre el 1996 y el año 2003”.

Además de la presentación del estudio, este encuentro tiene como propósito generar con ustedes un diálogo franco y abierto, que permita evaluar la situación en la que se encuentran distintas iniciativas legales que darían, a partir de su aprobación y/o aplicación, una mayor transparencia a la administración pública en nuestro país.el rol de liderazgo que le corresponde, en el conocimiento, debate y aprobación de una conjunto de proyectos de leyes que en materia anticorrupción han sido elaborados y presentados por distintos sectores nacionales.  Entre estos, el proyecto de ley de acceso a la información pública, el de contrataciones de obras, servicios y bienes del Estado y el que crea la oficina nacional de investigación y prevención de la corrupción administrativa, por sólo mencionar algunos.

Hoy más que nunca, es necesaria una profunda evaluación del marco legal anticorrupción que tenemos en el país, la cual permita, por un lado, reformar las leyes obsoletas y dispersas que tenemos, y por otro, hacer posible la creación y consolidación de nuevas leyes, instituciones, mecanismos y procedimientos  capaces de enfrentar con éxito los nuevos retos de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Estado dominicano.

En periodo de profunda crisis económica como el que nos encontramos, el acto de corrupción es doblemente inmoral y oneroso, pues mediante el mismo, los servidores públicos se apropian de los limitados recursos con que cuenta el Estado para invertir en salud, educación, vivienda o asistencia social a los más empobrecido. Sólo es posible salir de la crisis actual, si al tiempo que implementamos reformas de carácter fiscal, se promueve la eficiencia, la racionalidad la transparencia y el ejercicio ético en la administración pública.

Por otro lado, vivimos igualmente tiempos difíciles en materia de lucha contra la corrupción. Informes de organismos internacionales nos situan como uno de los países más clientelistas de la región, tenemos una Cámara de Cuentas que nada cuenta, y peor aún, no hay que le pida cuentas; una justicia que tiene a la corrupción como una de las materias pendientes y con muy poca voluntad de prepararse para pasarla; todo un sistema de impunidad que impide que casos como los sonados fraudes bancarios se lleven hasta las últimas consecuencias y se establezcan responsabilidades. De seguir así  estamos condenados al fracaso de la lucha contra la corrupción en nuestro país, aún estamos a tiempo de que esto no sea así.

En la última asamblea de la OEA realizada en Quito a principios de este mes, los Estados miembros, entre estos la RD, declararon que el fenómeno  de la corrupción representa un grave obstáculo para el desarrollo social de los pueblos y en ese sentido, reafirmaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, fenómeno éste que atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política.

Si en el país queremos detener estos efectos perversos de la corrupción en el sistema político y social, es necesario que sus  distintos sectores, entre ellos el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Justicia, las organizaciones de la SC y los empresarios, asuman desde ya  el ineludible compromiso de “intensificar esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente”, tal y como lo plantea la declaración final de la asamblea más arriba indicada.

Los resultados preliminares del estudio que hoy les presentamos, indican claramente que los legisladores tienen una gran responsabilidad en sus manos: legislar a favor de la institucionalidad y la rendición de cuentas.

Al Congreso Nacional le compete conocer, debatir y decidir sobre un conjunto de leyes de vital importancia para la transparencia del Estado dominicano y la estabilidad de su democracia. Estamos confiados en que nuestros representantes serán capaces de vencer los obstáculos y resistencias que impide la discusión y aprobación de estas leyes.

Participación Ciudadana ha estado, está y seguirá estando muy atenta a lo que pasa en el Congreso Nacional con estas iniciativas legales. Nuestra labor de seguimiento no implica sólo la crítica, sino además, una clara disposición de colaborar técnicamente, para que la discusión y aprobación de estas leyes pueda ser una realidad. En tal sentido, nos  ponemos a su disposición.

Gracias por acompañarnos, y esperamos que este sea un encuentro de mucho provecho para todos.

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana  realizó el Panel “Procesos electorales vistos desde la Juventud: propuestas para el futuro, este martes 29 de junio, con la participación de líderes jóvenes de los partidos políticos.

Las palabras de apertura del panel procesos electorales vistos desde la juventud, la dijo el Alfonso Abreu Collado, Coordinador General, quien precisó que los partidos políticos tienen que estar estructurados de tal manera que sean una expresión de una parte de la sociedad con disposición al diálogo y la negociación con las otras dominaciones partidarias y con los grupos organizados no partidarios existentes, de tal forma que se puedan obtener acuerdos que permitan el buen gobierno.

Este panel forma  parte de las actividades que realiza el programa Democratización del Liderazgo Político que desarrolla este movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana.

En este panel se desarrollaron dos exposiciones una sobre   “Visión de los jóvenes de partidos políticos sobre los procesos electorales: propuestas para el futuro”, que fue presentada por los dirigentes políticos José Felipe Laluz – PLD;  Julissa Hernández – PRD; Wellington Mejía – PRSC y  Julio Jiménez– PRI

En tanto que Vianela Díaz,  encargada del  Programa Político-Electoral de Participación Ciudadana, presentó un documento con el terma  “Visión desde la sociedad civil sobre los procesos electorales: propuestas para el futuro”.

A continuación palabras presentadas por el Sr. Alfonso Abreu Collado, coordinador general de PC.

La democracia y los Partidos Políticos

Es un verdadero placer dar apertura a este panel orientado a conocer la visión de la juventud organizada en los partidos políticos en torno a los procesos electorales.

Se puede considerar casi como un axioma que la presencia de los partidos políticos se hace necesaria para hacer viable el ejercicio democrático del poder.

La conquista del poder por la vía democrática implica que los partidos politicos tienen que someterse periódicamente al escrutinio de las urnas, presentando planes de gobiernos y candidatos que logren las simpatías del electorado.

Pero la democracia no puede estar limitada al simple ejercicio del voto cada determinado lapso, sino que también involucra la apertura de espacios para la participación de los ciudadanos, de la manera más amplia posible, en la toma de decisiones.

Por consiguiente, los partidos políticos tienen que estar estructurados de tal manera que sean una expresión de una parte de la sociedad con disposición al diálogo y la negociación con las otras denominaciones partidarias y con los grupos organizados no partidarios existentes, de tal forma que se puedan obtener acuerdos que permitan el buen gobierno.

Debe decirse, sin embargo, que la democratización, aún a lo interno de las estructuras partidarias, se torna difícil cuando en la conducción de los partidos predominan rasgos caudillistas. Los partidos requieren la adopción de procedimientos democráticos para elegir sus dirigentes con la participación de todos los miembros y afiliados, de tal manera que los jóvenes militantes, que reúnen las condiciones, puedan alcanzar niveles de dirección sin ser obstaculizados por los grupos que se atrincheran cerrando el paso a la renovación periódica de los mandos partidarios.

Por otro lado, la acción política de los partidos debe estar cimentada en determinados valores éticos, de tal manera que el interés público siempre esté por encima de cualquier interés particular de los dirigentes o miembros del Partido. Pues, de otra manera, cuando lo que predomina es el clientelismo y el otorgamiento de rentas, el partido se convierte en un simple grupo que, una vez llegado al poder, controla los mecanismos del Estado para dispensar favores y privilegios a correligionarios y relacionados, dejando de obrar de acuerdo al bien común.

El ejercicio político se corrompe cuando el partido o grupo que controla el poder estatal se agencia el apoyo de los grupos de presión económica privados en base a exenciones y tratamientos privilegiados, de carácter impositivo o financiero, que le aseguran a estos grupos una mayor acumulación de rentas. O cuando la lealtad de los miembros del partido se obtiene a través de otorgamiento de prebendas o canonjías.

La vía más utilizada por los sectores de presión privados para posteriormente garantizarse tratamientos privilegiados, es la de contribuir al financiamiento de las compañas electorales de los partidos.

Este tipo de comportamiento se acentúa cuando, como en el caso de nuestro país, la debilidad institucional es tan pronunciada que son escasos los controles administrativos y no existen mecanismos operativos y funcionales para exigir rendimiento de cuentas.

Es esa la razón de que sea cada vez más fuerte la presión de los sectores organizados de la sociedad civil no partidaria, demandando mayor transparencia en cuanto al origen y el destino de los recursos utilizados para financiar las actividades de los partidos en general y las campañas electorales en particular.

Percepción de la ciudadanía acerca de los partidos políticos

Para conocer la percepción de los ciudadanos dominicanos sobre los partidos políticos del país podemos referirnos a los resultados de las llamadas “encuestas Demos” de los años 1994, 1997 y 2001 publicados en el documento: “¿Hacia donde va la democracia dominicana? 1994-2001”. Todavía no están publicado los resultados de la encuesta correspondiente al año 2004, cuyos trabajos de campo ya han sido realizados y que debe estar en la etapa de análisis. Sin embargo, la consistencia observada en las tres encuestas anteriores en torno a la apreciación ciudadana en relación al comportamiento de los partidos políticos, nos permite conjeturar que dichos resultados no serán diferentes en esta ocasión. Y es que el accionar de los partidos políticos dominicanos, con el predominio de prácticas caudillistas, rentistas y clientelistas, ha conllevado a una percepción altamente negativa en torno al comportamiento político-partidario.

Así, puede apreciarse que en el año 2001 un 71% de la población entendía que la política es un medio utilizado por los políticos para obtener beneficios particulares y sólo un 15% consideraba que el objetivo de participar en política es mejorar la situación del país. Consistente con el resultado anterior, el 65% considera que los partidos políticos sólo sirven para participar en elecciones cada cuatro años.

Las encuestas de 1994 y 2001 arrojan resultados similares en cuanto a los intereses que defienden los partidos políticos. Mientras un 53% considera que sólo defienden los intereses de los propios políticos, el 37% entiende que defienden intereses de algunos grupos o personas. Es decir que el 90% considera que los partidos no están preocupados por el bienestar general del país, sino de grupos particulares.

Esa percepción negativa se reconfirma en las tres encuestas, con la apreciación del 93% de la población, de que los políticos se aprovechan siempre de sus cargos en beneficio propio.

Grave es constatar que la práctica clientelista es tan habitual que DEMOS 2001 arrojó que más de la mitad de la población acepta como válido que un funcionario reparta favores económicos en premio al apoyo recibido para llegar al gobierno.

Esta misma distorsión de valores queda de manifiesto al indagar en torno a la importancia del respeto y el cumplimiento de la ley. En este sentido el 87% de la población entiende que la norma legal queda relegada si se tiene un buen enllave en un alto cargo del gobierno. Y el 90% considera que la ley sólo se aplica al que está abajo y no tiene enllave.

Así se explica que una proporción cada vez mayor de la población prefiera mantenerse al margen de la militancia y los compromisos partidarios, pues además de no detectar ninguna diferencia en el accionar político de los principales partidos, desconfía de la integridad de sus dirigentes.

Por eso también en cada proceso electoral se puede apreciar que una alta proporción de ciudadanos ejerce el llamado “voto de castigo” o contra determinado partido a manera de protesta contra la forma en que el mismo ha ejercido el poder, mientras otra porción significativa de los ciudadanos prefiere abstenerse de votar para no cohonestar con el sufragio lo que supone será “más de lo mismo”.

Superar esas percepciones ciudadanas sobre el accionar de los partidos políticos y sus tradicionales practicas rentistas y clientelistas es, sin quizás, uno de los principales retos que tienen por delante los partidos políticos del país.

Es hora de adecentar la política dominicana.

Y, en esa tarea están llamados a jugar un papel de primer orden las nuevas generaciones de lideres de los diferentes partidos políticos. Es el liderazgo juvenil el que tiene las mayores potencialidades para un movimiento de renovación interna que rescate los principios y la mística que garanticen un ejercicio ético del poder y un respeto irrestricto a la ley de parte de los gobernantes.

Serán los jóvenes los responsables de dejar atrás, de una vez por todas, las prácticas caudillistas o clientelistas instauradas desde su origen en todos los partidos, y que la generación de relevo de los grandes caudillos no ha podido o no ha querido extirpar.

Los programas de Participación Ciudadana orientados a la formación de los jóvenes de los diferentes partidos, con una visión más democrática y participativa del quehacer político, es parte de nuestra contribución a la superación de ese lastre histórico que le dificulta al país alcanzar estadios superiores de crecimiento y una distribución del ingreso más equitativa entre los diferentes sectores sociales.

Espero que este panel de evaluación de los procesos electorales sirva para generar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad del ejercicio político de nuestro país.

El Coordinador General de  Participación Ciudadana, deploró la decisión asumida por el Senado de la República de rechazar la propuesta de realización de una auditoria a la Cámara de Cuentas propuesta por el  Senador Tonty Rutinel Domínguez,  Presidente de la Comisión de Reforma y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas,  a raíz de las denuncias de  irregularidades en ese órgano de control.

Alfonso Abreu Collado dijo que resulta sorprendente que el Senado de la República rechace la posibilidad de esclarecer una denuncia que proviene no solamente del Presidente de la Comisión de Reforma y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, sino de dos de los miembros renunciantes de esa misma entidad y de técnicos de organismos Internacionales  que fungían como asesores  de dicha Cámara.

Siendo el Senado el órgano responsable de nombrar a los integrantes de la Cámara de Cuentas, es indudable que corresponde a esta instancia su supervisión , y sobre todo le correspondería velar por el cumplimiento de sus funciones; razón por la cual resulta preocupante la no aceptación de la recomendación del  Senador Domínguez.

La Sociedad Dominicana requiere una explicación satisfactoria  sobre  las razones que llevaron al Senado, ya conocidas  públicamente las denuncias de irregularidades,  en primer lugar, a ratificar el nombramiento de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, y  luego a rechazar la realización de una auditoria independiente, que permita determinar la veracidad o no de las irregularidades.

Esperamos que el Senado de la  Republica reconsiderará esta desafortunada  decisión y asumirá la responsabilidad que le otorga la Constitución de ser vigilante del buen uso de los bienes públicos.

Alfonso Abreu Collado
Coordinador General

Transcurrido un año de que se denunciaran los escandalosos fraudes que hicieron sucumbir a tres importantes bancos privados, queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el Sector Justicia. Una vez más, parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad.

El 2 de junio de 2003, representantes de decenas de organizaciones, reunidos en la Cinemateca Nacional, proclamamos que no formamos parte, ni somos cómplices de estos graves hechos. También nos comprometimos a no silenciar nuestras voces para denunciar el fraude bancario. Nuestro compromiso llegó al punto de reclamar que  todo aquel que estuvo involucrado en esos vergonzosos hechos fuera investigado y que se publicaran las listas de beneficiarios.

Los fraudes ocurridos en BANINTER, BANCREDITO y MERCANTIL  representaron aproximadamente el veintidós por ciento (22%) del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el año 2003. La acción de salvamento decidida por las autoridades incurrió a su vez en múltiples irregularidades, ya que no solo es cuestionable desde el punto de vista de su racionalidad financiera, sino que llego incluso a violentar de manera flagrante  las disposiciones de la propia Ley Monetaria y Financiera respecto a los topes a ser reconocidos a los ahorrantes de los bancos quebrados.

Pasado un año del fraude, vistas las consecuencias que se han traducido en graves perjuicios económicos para la población, por vía de la inflación y la devaluación de la moneda, es oportuno recordar  que en atención al principio de la continuidad del Estado, y la responsabilidad que éste tiene de velar por los intereses de la nación, no se puede permitir que los casos de corrupción bancaria se diluyan en el desinterés o la complicidad.

El Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla el reforzamiento de las normas de supervisión bancaria y la aplicación de justicia a los casos puestos al descubierto en el 2003, por lo que esperamos que las nuevas autoridades cumplan fielmente con estas cláusulas del Acuerdo.

El deseo de justicia es permanente.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y decenas de organizaciones de la Sociedad Civil, hoy volvemos a reiterar nuestro reclamo de castigo a los culpables, como lo hicimos el año pasado, porque si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución.

Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad reiteran su interés de que el imperio de la justicia sea lo que prime en estos casos y no la impunidad de la que tradicionalmente ha sido testigo la sociedad dominicana.

14 de junio de 2004

1)           Acción Comunitaria para el Progreso, Inc. (ACOPRO)

2)           Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, ( ADME)

3)           Asociación Prodesarrollo  del Municipio de Juan de Herrera

4)           Asociación de Estudiantes Universitarios del Municipio de Juan de Herrera

5)           Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, ( ASOJAPAZ)

6)           Asociación de Juntas de Vecinos del Municipio de Vallejuelo

7)           Asociación de Mujeres Sagrado Corazón de Jesús

8)           Asociación Silvestre Gómez Para el Desarrollo Integral de Mata de Amacey. (Santiago Rodríguez)

9)           Centro Cristiano de Desarrollo Comunitario

10)       Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo

11)       Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, (CE MUJER)

12)       Centro de Educación y Asistencia Jurídica, ( CEAJURI) (Barahona)

13)       Centro de Planificación y Acción Ecuménica, (CEPAE)

14)       Centro de Desarrollo Infantil

15)       Centro de Desarrollo Social Integral

16)       Centro de Apoyo a las Iniciativas de la Mujer

17)       Centro Dominicano de  Educación Ecológica, (CEDECO)

18)       Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, (CEDAIL)

19)       Centro Esperanza de Vida

20)       Ciudad Alternativa

21)       Club Gregorio Luperón

22)       Club Cultural y Deportivo Diego de Velásquez,  (San Juan de la Maguana)

23)       Comisión Nacional de Derechos Humanos ( Filial Sabana Perdida).

24)       Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales, ( COPADEBA)

25)       Comité Para la Defensa de los Derechos del Pueblo,( Dajabón).

26)       Confederación Agrícola Unión Campesina Autónoma, (UCA) (Dajabón)

27)       Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales, ( Barahona)

28)       Consejo de Unidad Popular

29)       Consejo Nacional de la Empresa Privada , (CONEP)

30)       Federación de Iglesias Evangélicas del Suroeste

31)       Fundación Institucionalidad y Justicia, ( FINJUS)

32)       Fundación Para el Desarrollo de Villa Altagracia, ( FUDEVA)

33)       Fundación Solidaridad, Inc (Santiago de los Caballeros)

34)       Iglesia de la Cristianización Nacional ( San Francisco de Macorís).

35)       Iglesia el Shaday

36)       Iglesias Evangélicas de las Asambleas de Dios, Isaías 53

37)       Iglesia Luz en Medio de las Tinieblas

38)       Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, ( IDHSD)

39)       Instituto Nacional de la Salud, ( INSALUD)

40)       Instituto Dominicano de Desarrollo Integral , (IDDI)

41)       Junta Campesina la Esperanza

42)       Junta de Vecinos Madre Teresa de Calcuta de Gualey.

43)       Junta de  Vecinos los Altagracianos

44)       Junta de Vecinos Unidad Cristiana

45)       Kwen de Solidaridad (Santiago Rodríguez)

46)       Ministerio Sanidad y Vida

47)       Movimiento Cristiano de Trabajadores.(Santiago de los Caballeros

48)       Organización para el Desarrollo de la Salud, ( ODESA)

49)       Patronato de Cárceles Publicas de San Francisco de Macorís

50)       Participación Ciudadana

51)       Planeta Verde(Santiago Rodríguez)

52)       Promoción de la Mujer del Sur, (PROMUS)

53)       Radio Restauración

54)       Red Provincial por la Defensa de los Derechos Humanos (San Pedro de Macorís)

55)       Red Regional de Defensa de los Derechos Humanos

56)       Sindicato de Chóferes de Sabana Perdida y Zonas Aledañas.

            57)       Unión de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida