Participación Ciudadana y la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), firmaron un acuerdo de cooperación en el cual pretenden desplegar esfuerzos conjuntos para llevar a cabo Mesas de trabajo para la búsqueda de consenso en la implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa mediante el establecimiento de un espacio de intercambio y concertación que debata los temas relativos a los recursos humanos en la administración pública y los retos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades por la que ha atravesado en este tema.

La firma del convenio fue hecha por el director de ONAP, Lic. Ramón Ventura Camejo y el Coordinador General de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado. En tanto que la lectura del acuerdo la hizo el Director Ejecutivo de PC, Javier Cabreja.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL (ONAP) Y PARTICIPACION CIUDADANA

DE UNA PARTE: El movimiento cívico no partidista PARTICIPACION CIUDADANA, legalmente representado por su Coordinador General, señor Alfonso Abreu Collado, dominicano, mayor de edad, casado, economista, provisto de la Cédula  de Identidad y Electoral No.001-0750-6, con domicilio elegido en el local que ocupan las oficinas de la mencionada organización, en la calle Wenceslao Álvarez No. 8, Zona Universitaria, de esta ciudad; y

DE LA OTRA PARTE:La Oficina Nacional de  Administración y Personal (ONAP); representada por su Director, Lic. Ramón Ventura Camejo , casado, de profesión  politólogo, provisto de la Cédula de  Identidad  y Electoral No. 031-0115621-8,  con domicilio elegido en el local que ocupan las oficinas de la mencionada entidad  ONAP – Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".

Considerando: Que dentro de las medidas de un sistema de prevención de la corrupción para que este cumpla con sus propósitos uno de los puntos a tomar en cuenta es la prevención institucional y dentro de esta la definición de un sistema idóneo de contratación y promoción de servidores públicos, que garantice la implementación de una real carrera administrativa.

Considerando:Que uno de los retos que enfrenta el Estado Dominicano es lograr la reducción de la nómina pública a niveles adecuados para garantizar una labor más eficiente que contribuya con la disminución del gasto corriente del Gobierno Central.

Considerando:  Que la administración Pública tiene que dar prioridad al fortalecimiento del sistema de contratación y permanencia de los servidores públicos, como un medio para superar el clientelismo y garantizar una burocracia estatal  que su primera fidelidad sea el estado.

Considerando: Que los distintos sectores que conforman la sociedad dominicana están conscientes de la importancia que reviste para el país la implementación de la ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera administrativa .

Considerando: Que la aplicación de la Ley 14-91 de  Servicio Civil y Carrera Administrativa ha enfrentado múltiples barreras y que enla actualidadhay incorporados a la carrera trece mil cuatrocientos treinta y ocho (13,438 ) servidores públicos, y diez mil novecientos cuarenta y uno (10,941) del área docente.

Considerando:Que en cada cambio de gobierno el país se ve abocado a un proceso de cancelación de servidores públicos, incluyendo aquellos en los que el Estado ha realizado fuertes inversiones para su capacitación

Considerando:Que La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) es la entidad responsable de velar por la implementación del sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa .

Considerando:Que La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) tiene dentro de sus funciones presentar las recomendaciones que considere de lugar para garantizar la eficiencia de las entidades que forman parte de la administración pública.

Considerando: Que Participación Ciudadana desarrolla un programa dirigido a contribuir con la transparencia de la gestión pública y desde el mismo se ha definido como una de las prioridades de la lucha anti corrupción contar con un sistema idóneo de contratación de servidores de la administración pública .

Considerando: La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAPy Participación Ciudadana coinciden en los objetivos de lograr mayores niveles de transparencia en la administración pública y sobre todo garantizar la implementación de la Ley 14-91 de servicio Civil y Carrera Administrativa.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

Primero:  Objetivo.-  Que La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana acuerdan desplegar esfuerzos conjuntos para llevar a cabo Mesas de trabajo para la búsqueda de consenso para la implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa mediante el establecimiento de un espacio de intercambio y concertación que debata los temas relativos a los recursos humanos en la administración pública y los retos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades por la que ha atravesado en este tema.

Segundo:  Definición de resultados.-  La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana se comprometen a  trabajar para establecer un pre diagnóstico de la situación de la aplicación de la Ley 14-91, y sobre todo establecer las estrategias a desarrollar para la búsqueda de herramientas técnicas y políticas que contribuyan con la superación de las debilidades que han impedido una correcta aplicación de la Ley.

Tercero:  Actividades.-  La ONAP y Participación Ciudadana se comprometen a preparar y desarrollar un calendario de actividades de acuerdo a la propuesta general de mesas de trabajo presentada por Participación Ciudadana, con el fin de cubrir la primera parte de este convenio al 30 de noviembre. Dicha propuesta es parte integra del presente convenio.

Para lograr los fines previstos, ONAP y Participación Ciudadana designarán un equipo técnico responsable de operativizar la presente propuesta; el cual podrá de común acuerdo promover y coordinar las acciones que considere de lugar para cumplir con los objetivos previstos por ambas entidades.

Cuarto:  Financiamiento.-  ONAP yParticipación Ciudadana se comprometen a colaborar con el financiamiento para las actividades cubiertas por este convenio de acuerdo a la disponibilidad en sus respectivos presupuestos.

Quinto:  Vigencia del acuerdo.-  El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una duración de tres meses; pudiendo el mismo ser renovado a partir del interés expreso de ambas partes. Podrá darse por terminado a instancia de una de las partes por medio de un documento escrito que justifique la acción.

Palabras del Coordinador General (Alfonso Abreu Collado)
En ocasión de la firma del Acuerdo de Cooperación entre ONAP y PC

La nómina pública de nuestro país no guarda ninguna relación con el tamaño y la cantidad de instituciones públicas que serían suficientes para manejar con eficiencia el Estado Dominicano.

La práctica clientelista de buscarle colocación a los militantes, miembros y simpatizantes de cada partido que llega al poder, ha creado una costosa e ineficiente burocracia, en la cual se está invirtiendo actualmente la tercera parte de los ingresos ordinarios del gobierno.

Sin olvidar que, a ese costo hay que añadirle los enormes recursos gastados en la preparación de técnicos y funcionarios medios que luego son cancelados con cada cambio de partido en la administración gubernamental.

Cuestión que se repite tanto en el Gobierno Central, como en las instituciones descentralizadas, el Poder Legislativo y en los Ayuntamientos del país.

Esa situación ha ocasionado que la ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con trece años de promulgada, no haya podido ejecutarse a plenitud, pues a la fecha menos del 5% de los servidores públicos ha sido incorporado a la carrera.

La aplicación plena de la ley 14-91, significaría una selección en base a meritos profesionales, así como garantía de permanencia en funciones después de una adecuada especialización.

Empero, en las actuales circunstancias, la aplicación de esta ley requerirá, eventualmente, una depuración previa de la nómina pública, para suprimir cargos excesivos e incluso instituciones completas que no tienen razón de existir porque sus funciones son ejercidas por otras de similar naturaleza.

Precisamente el acuerdo que estamos firmando con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), como organismo responsable de ejecutar las disposiciones de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, tiene como propósito crear un espacio de concertación y debate en torno a la mejor manera de superar los obstáculos que han impedido la aplicación de la ley 14-91.

Agradecemos al Director de ONAP señor Ramón Ventura Camejo que haya acogido esta iniciativa y esperamos que este trabajo conjunto entre PC y la ONAP redundará en efectivas directrices para abordar el tema del Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

El primer aspecto contemplado en el documento “Por un Compromiso Ético Para el Ejercicio del Poder” publicado el pasado 12 de agosto, por nuestra organización Participación Ciudadana, en ocasión de la toma de posesión del Presidente Leonel Fernández Reyna, se refiere a la necesidad de aplicar una política racional en el gasto público.

En ese sentido, escuchamos con satisfacción que en su discurso de toma de posesión el Presidente Fernández Reyna manifestó su disposición a reducir los gastos del Estado al menos en un 20%, suprimir los cargos públicos excesivos y no permitir gastos dispendiosos en automóviles, llamadas telefónicas, viáticos y otros de similar naturaleza.

Sin embargo, hemos visto con preocupación como a un mes de iniciada la presente gestión se ha continuado con la vieja práctica de realizar nombramientos en posiciones no incluidas en el organigrama del gobierno, como son los casos de múltiples Secretarios de Estado sin Carteras, Subsecretarios y Vicecónsules sin funciones específicas, al mismo tiempo que se mantienen otras funciones que, a todas luces, compiten entre sí. El caso más dramático es el relativo a las políticas sociales, donde diferentes instancias, algunas de ellas creadas por decreto, están organizando áreas de acción social que sólo han servido en el pasado como caldo de cultivo para prácticas corruptas y para desviar recursos a manos de particulares.

Debe señalarse además, que mientras se mantienen y crean nuevos puestos inorgánicos, muchos servidores públicos amparados por la ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, han sido expulsados de sus puestos, al igual que en gobiernos anteriores, sin tomar en cuenta la inversión que ha hecho el Estado en su preparación técnica y la experiencia acumulada.

En cuanto al manejo de los fondos públicos, insistimos en la necesidad de que el Presidente de la República instruya a sus funcionarios para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan con los mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, para evitar la corrupción y el tráfico de influencia que trae aparejado el otorgamiento de contratos grado a grado.

Asimismo, estamos todavía a la espera de la disposición anunciada por el Presidente Fernández Reyna para fijar salarios a los funcionarios consulares, suprimiendo la práctica clientelista de usar los nombramientos de cónsules para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios pertenecientes al erario público.

Por otro lado, vencido el plazo para que los funcionarios nombrados en la presente gestión como los salientes den cumplimiento a la ley 82-79 que obliga a la Declaración Jurada  de Bienes, Participación Ciudadana se une a la exigencia que ha venido haciendo el Ministerio Público de que los servidores del Estado acaten esta disposición legal.

Corrupción e Impunidad

Resultó alentador escuchar al Presidente Fernández Reyna expresar que la corrupción es moral y legalmente inaceptable, que su gobierno se ocupará de prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso, así como que pedirá rendición de cuentas y no será abanderado del borrón y cuenta nueva. De igual modo fue grato su pronunciamiento en el sentido de que debe erradicarse de nuestra sociedad el tráfico de influencias, el clientelismo y el enriquecimiento ilícito.

No obstante, hemos observado con asombro el nombramiento en posiciones importantes de la Administración Pública de personas con expedientes de corrupción pendientes en la justicia dominicana, lo que envía una señal negativa a la ciudadanía y a la propia justicia, pues puede interpretarse que desde el Poder Ejecutivo se pretende cobijar y proteger ex funcionarios con el fin de que la Justicia los absuelva, cuestión más grave aún en aquellos casos donde los nombramientos otorgados tienen que ver directamente con la fiscalización del uso de los recursos públicos.

A lo anterior se agregan los escándalos de corrupción recientemente descubiertos y que han estremecido a la ciudadanía, entre otras razones porque proceden de dos instancias públicas responsables de la persecución de los delitos y la seguridad ciudadana. Nos referimos, por una parte, a los tráficos de indultos, que involucra a pasadas autoridades del Ministerio Público. Y, por otro lado, el uso por la propia policía de vehículos robados y recuperados. Estos hechos deben ser investigados a profundidad y sancionados ejemplarmente de acuerdo a lo establecido por las leyes. La sociedad dominicana no puede seguir haciendo de la impunidad su estandarte.

Participación Ciudadana entiende que este último caso está poniendo a prueba la aplicación de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, al negarse la Policía Nacional a entregar la lista con los nombres de los beneficiarios del uso de los vehículos, cuestión inadmisible, que todos los ciudadanos debemos enfrentar.

Este movimiento cívico no partidista reitera las sugerencias realizadas al Presidente de la República en el documento público remitido en víspera de su toma de posesión y se pone a su disposición para colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan enfrentar la impunidad y hacer más eficiente el gasto público.

El movimiento cívico Participación Ciudadana expresa su más alta preocupación ante incremento de la delincuencia con su secuela de pérdidas de vidas humanas, temores y daños materiales, generando una crisis de seguridad ciudadana en el país.

Los actos de violencia registrados en las últimas semanas crean una situación de desasosiego e intranquilidad en la familia dominicana y un clima inapropiado para el desarrollo productivo y la inversión.

En estas circunstancias, se hace necesario que las autoridades tomenuna decisión  definitiva para  enfrentar este flagelo con políticas integrales que incorporen a la sociedad y  sus instituciones.

Un elemento que debe estar contenido en estas políticas es la reforma  reale integral de la Policía Nacional, fomentando un organismo de investigación delictiva que sea capaz de prevenir y perseguir el delito, generando confianza en la comunidad. Para ello se necesita desarrollar un auténtico plan de depuraciónde esta institución, investigando a fondo los denunciados vínculos entre oficiales y clases con  los grupos criminales.

Para recuperar la credibilidad de la PN es imprescindible que se llegue hasta las últimas consecuencias en el escándalo de la expropiación, por altos oficiales de la institución, de más de un centenar de vehículos robados, aplicándose las sanciones correspondientes

Es necesario promover un nuevo tipo de agente policial que esté estrechamente vinculado a la ciudadanía, lejos de sospechas criminales y con apego a la ley. Necesitamos desarrollar la capacidad investigativa del cuerpo del orden mediante la incorporación de las técnicas modernas de criminalística y la adquisición de los equipos que se requieren para garantizar la seguridad y protección de sus miembros.

Ninguna reforma policial puede ser eficiente si no contempla un mejoramiento del salario y el sistema de seguridad de esa profesión, sobre la que se fundamenta el reclutamiento de un personal más capaz y proclive a las normas éticas.

Las medidas tomadas hasta el momento por las autoridades no pueden limitarse a la Policía Nacional, deben tocar otros ámbitos institucionales del país. Se trata de adoptar e impulsar un verdadero plan de seguridad ciudadana que integre a las organizaciones sociales en las iniciativas de prevención que se tomen en cada barrio, ensanche o comunidad.

Este plan debe comprender una política criminal  desde el Ministerio Público para la persecución y castigo de la criminalidad, pero no sólo en la delincuencia común, sino también y muy especialmente de la de “cuello blanco", practicada tanto en el sector público como en el privado y cuya impunidad es un estímulo para que algunos salgan a las calles a “buscársela” de cualquier manera.

Participación Ciudadana entiende que desde la óptica del ministerio público, es necesario insistir en que sus representantes ante las diferentes jurisdicciones del país deben procurar la adquisición de los medios de prueba que permitan la persecución y condena de las personas cuya culpabilidad haya sido efectivamente comprobada. Asimismo, es imprescindible limitar las posibilidades de que criminales reincidentes obtengan libertad provisional mediante una de las múltiples fórmulas que todavía existen en nuestro sistema judicial.

Por otra parte,la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de menor jerarquía, deben dar muestras fehacientes de que existe una voluntad nacional para castigar el delito y el crimen, sin tomar en cuenta la clase social o el vínculo político del autor de un hecho delictivo.

En las actuales circunstancias, la impunidad se constituye en una fuente reproductora del crimen que no puede ser tolerada por quienes aspiramos a vivir en una sociedad democrática.

Una agenda para las reformas político-electorales

La necesidad de fortalecer las instituciones políticas se ha convertido en una demanda de importantes sectores de la sociedad civil, en el entendido de que mientras más consolidadas estén las instituciones, mayores garantías existirán para la buena conducción del país y la promoción de valores, prácticas y relaciones sociales más democráticas.

La dispersión de las instituciones, la competencia entre los poderes, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y participación de la ciudadanía, el incumplimiento de los diferentes acuerdos asumidos por la clase política, la discontinuidad en la agenda de las reformas, las propuestas de contra reformas políticas, entre otros elementos, son algunos de los puntos que debemos enfrentar si queremos que el sistema político supere los niveles de descrédito y falta de confianza existentes.  La sociedad en su conjunto se ve afectada por esta situación, por lo que es una responsabilidad de todos buscar, de manera colectiva, las respuestas que contribuyan con su superación.

Ante esa situación, Participación Ciudadana ha iniciado un proceso para el debate de las reformas políticos electorales pendientes, convirtiéndose dicho proceso  en un medio para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las principales reformas políticas que requiera el país y favoreciendo que  sugerencias, propuestas y  demandas de la ciudadanía puedan ser organizadas en pliegos de recomendaciones para  que los organismos correspondientes ya sea la propia Junta Central Electoral  y/o el Congreso Nacional, conozcan y consideren.

La participación de la sociedad civil en  los procesos de Reformas

Importantes avances en el proceso de fortalecimiento de las instituciones electorales y en términos de la organización de procesos más libres, diáfanos y transparentes se producen en el país entre 1994 y el 2000. Estos cambios experimentados en el sistema electoral son en gran medida el resultado de una  mayor presión de la sociedad civil sobre el sistema político dominicano y en particular sobre las  elites partidarias. El conjunto de reformas electorales efectuadas durante  la década pasada han incidido también en la competencia político-partidaria y han creado condiciones más propicias para la participación desde la sociedad civil en favor de la  democratización del sistema político dominicano.[1]

Entre estas reformas podemos mencionar:

El cambio  en la  proporción de votos válidos que requiere un candidato presidencial para ser elegido, que pasó de mayoría simple a mayoría absoluta o el 50% más un voto.

El establecimiento de la  doble vuelta electoral, en caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría requerida.

La separación de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales, con un período de dos años entre cada proceso.

Prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Reforma, echada para atrás  en  enero del 2003.

La conformación de los Colegios Cerrados, también modificado para las elecciones presidenciales del 2004, aplicándose la modalidad de los colegios abiertos pero que fue considerada una medida salomónica, ya que reducía el margen de fraude el día mismo de la jornada electoral.

En 1997 se introducen otras 4 reformas al sistema electoral mediante las cuales se dispone financiamiento del Estado a los partidos políticos para la campaña electoral, se establece una cuota de candidatura femenina no menor al 25% para los cargos congresionales y municipales, se crean circunscripciones electorales para elegir los diputados y regidores, y se otorga el derecho al  sufragio de los dominicanos residentes en el exterior, puesta en práctica esta última en estas elecciones transcurridas, es decir 7 años después de su introducción.

En el año 2000 el  reto más importante que enfrentó las autoridades electorales  fue sacar adelante un proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral  y la elaboración de un nuevo padrón electoral digital y fotográfico, conjuntamente con la organización de las elecciones. Para esas elecciones, se había modificado la ley electoral añadiendo dos (2) integrantes a la Junta Central Electoral, de manera provisional. Pasados los comicios, se aumentaría y así se hizo, con un carácter permanente la cantidad de integrantes del organismo, de 5 a 7.

En el año 2000 también se aprobaron las leyes 12-2000 y 13-2000 que aumentaron la cuota de candidaturas femenina para la Cámara de Diputados y las Salas Capitulares para las elecciones congresionales del año 2002

En las elecciones del 2002 se introduce la elección de los funcionarios municipales y congresionales a través de nuevas circunscripciones electoralesy se utilizaron listas electorales desbloqueadas y cerradas para la elección de los integrantes de la cámara de diputados, entendiéndose  que la separación   de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales trae consigo una serie de ventajas que favorece a la propia ciudadanía la cual tendrá la oportunidad de elegir sus representantes a través de un voto más consciente y objetivo sin dejarse presionar por la propia cultura caudillista que nos ha caracterizado.

La sociedad civil ha mantenido la expectativa   de que dicha separación  traer consigo cambios importantes en la relación  partido y comunidad,  ya  que las candidaturas  deben tener su propio atractivo a nivel local,  por no estar amparadas en la sombra de  la candidatura presidencial.[2]

En el año 2003 la ley electoral sufre nuevas modificaciones. La ley número 02-03 del 7 de enero del 2003, reformula la composición y funcionamiento de la Junta Central Electoral, aumentando a nueve (9) miembros sus integrantes y creando las Cámaras Administrativa y Contenciosa y el Pleno del organismo. Asimismo, la indicada ley introduce los cambios necesarios para ajustar la ley electoral al sistema de colegios electorales abiertos.[3]

Desde el punto de vista logístico, las elecciones del 2004 conocieron de otros cambios de no menor importancia. Entre otros asuntos, se introdujo un sistema de plastificación de las actas electorales que previene cualquier tipo de alteración y se instaló un sistema de lectura y transmisión de resultados por scanner.

Al transcurrir  de manera exitosa las elecciones presidenciales del 2004, a pesar de todas las dificultades que  caracterizaron las mismas, el rol de la sociedad civil debe estar enmarcado a promover el  debate de las reformas electorales pendientes, porque como ya expresara se hace necesario alcanzar la institucionalidad del proceso a fin de que podamos participar de una manera diferente en comicios  futuros.

Esta institucionalidad debe abarcar todos los ámbitos y  espacios  políticos como son:

Los poderes del  Estado:  el  Poderes Ejecutivo erradicando el uso de los recursos del Estado en la campaña a favor de su organización política haya o no reelección, El poder Legislativo  concertando con la ciudadanía  y respetando la voluntad popular en asuntos relacionados con reformas alcanzadas y valoradas como logros para el sistema político.

Los partidos políticos mediante  la transparencia en el manejo de los fondos del financiamiento público y privado y la  propia calidad de las campañas electorales  permitiendo  el conocimiento y el debate de los programas de gobiernos y por supuesto el respeto  a lo que denominamos el código de ética electoral, para que podamos tener campañas electorales de calidad  y respeto no sólo a la condición humana de los adversarios sino a  todo lo que es el patrimonio nacional  como son los espacios públicos.

La Junta Central Electoral de modo que sus ejecutorias estén reglamentadas y pueda actuar en consonancia con el precepto constitucional que la define como la rectora de todos los procesos electorales. Es decir que  su  labor debe  también abarcar de manera clara y precisa todo lo relacionado con lo contencioso electoral.

Las expectativas de la sociedad civil es  contribuir a lograr la institucionalidad del sistema político electoral, por ende entendemos que el debate de las reformas electorales pendientes debe ser realizado en la actualidad, de manera que se pueda elaborar un pliego de demandas bien documentadas, para que las reformas se realicen de manera consciente, evitando lo que ha sido una tradición: la realización de reformas en momentos de crisis para salvar situaciones coyunturales, método que no es el adecuado ni el que aspiramos porque el mismo sólo trae consigo satisfacciones de intereses particulares y para evitar que las reformas se adopten  precipitadamente, en función de conveniencias del momento de los principales partidos políticos, sin incorporar otras perspectivas, y sin pensar cuidadosamente en el impacto de las reformas electorales para el funcionamiento del sistema democrático.[4]

En una fase inicial estamos promoviendo el debate de las siguientes reformas pendientes:

A. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS

Organo Electoral.Se ha planteado la necesidad de modificar las regulaciones relativas al órgano electoral dominicano, la Junta Central Electoral. Primero, para garantizar que su  elección este dotada de una mayor legitimidad y de una composición equilibrada y no partidista. Segundo, para separar de manera más efectiva sus funciones jurisdiccionales y administrativas, evitando las dobles competencias y la falta de una clara unidad de mando que dificulta la operatividad del organismo.

Partidos Políticos.Se ha depositado en el Congreso Nacional y ya se encuentra bajo estudio de una comisión legislativa, el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Este proyecto trata de regular la organización democrática de los partidos, sus elecciones primarias, su financiamiento y supervisión, creación y extinción, entre otros aspectos.

Fiscalía Nacional Electoral.Para garantizar la persecución de los delitos electorales y especializar un órgano público en la supervisión de los partidos políticos, se ha valorado la propuesta de crear una Fiscalía Nacional Electoral, tomando como parámetros las que ya existen en Panamá y El Salvador.

Campañas Electorales y Uso de los Medios de Comunicación.La modificación de la ley electoral en cuanto a la regulación de las campañas electorales y el uso de los medios de comunicación, tendría como propósito limitar el uso del espacio público, las manifestaciones y los “bandereos” que hasta ahora han caracterizado estas jornadas;  estimular la promoción de los candidatos a través de sus propuestas programáticas y garantizar la utilización equitativa de los medios de comunicación.

Participación Social.Fue sometida al Congreso Nacional la propuesta de Ley General de Participación, que crea mas espacios para la integración de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en la gestión pública, tanto municipal como nacional.

Uso de los Recursos del Estado. Una de las reformas pendientes a la ley electoral tendría elpropósito de limitar una serie de actividades que implican el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral y establecer sanciones graves a los responsables de estos hechos.

Separación del Nivel Congresional.Para eliminar el arrastre entre los senadores y diputados, se ha propuesto separar el nivel congresional de manera que se tenga que votar especificamente por el senador y por el diputado de manera diferenciada.

Cuota Femenina. Está pendiente la revisión de la cuota de candidaturas femeninas a fin de garantizar la elección de más legisladoras, regidoras y sindicas.

Voto Electrónico. Con el propósito de eliminar el manejo de actas por delegados políticos y agilizar el proceso de votación y escrutinio, se ha estado debatiendo la conveniencia de introducir el sistema de voto electrónico con una tecnología similar a la que se usa en Brasil o Venezuela

Unificación de las Elecciones Presidenciales y Congresionales. Ante el propósito manifestado por diversos sectores en el sentido de reformar la Constitución de la República a fin de que todas las elecciones se realicen en un mismo año, es necesario definir las estrategias correspondientes, valorando lo que más convenga a la gobernabilidad y al equilibrio de poderes.

B. REFORMAS REGLAMENTARIAS Y OPERATIVAS

Existen una serie de propuestas de reformas electorales pendientes que pueden ser implementadas mediante un Reglamento o Resolución que la Junta Central Electoral adopte al respecto:

Lista Desbloqueada.Se ha planteado incluir el sistema de lista desbloqueada para elegir los regidores y regidoras, garantizando así un voto más personalizado y un compromiso más directo entre el elector y su representante.

Automatización del Registro Civil.Una de las tareas pendientes de la JCE es la automatización del registro civil con el propósito de mejorar sustancialmente los servicios que los ciudadanos requieren en cuanto a su estado civil y de manera implícita, mejorar también el padrón electoral.

Actualización del Padrón Electoral.Dando cabida a las sugerencias que ofreciera la compañía que auditó el padrón electoral, está pendiente la inclusión de las huellas dactilares y el control de la imagen en el padrón, lo cual eliminaría las posibilidades de que una persona tuviera dos cédulas y limitaría la falsificación del documento electoral.

Revisión del Escrutinio en las Juntas Electorales.Una de las conclusiones derivadas del recién finalizado proceso electoral, es que resulta necesario revisar el proceso de acopio de actas y escrutinio en las Juntas para garantizar que sea suficientemente ágil y que los delegados de los partidos no obstaculicen el mismo.

Carrera Administrativa Electoral. Se ha ponderado la necesidad de aplicar la ley de servicio civil y carrera administrativa en la Junta Central Electoral con el propósito de profesionalizar cada vez más el personal de los organismos, incorporando también a determinados funcionarios de las juntas electorales.

Código de Ética Electoral.Es necesario que se adopte de manera oficial el Código de Ética Electoral promovido por las organizaciones sociales en el proceso electoral recién terminado, como una forma de contribuir a mejorar la calidad de la actividad política nacional.

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO DE DEBATE DE LAS REFORMAS POLITICO- ELECTORALES

Encuentros regionales para la discusión del ante proyecto de ley  de las organizaciones políticas.

Realización de  4  encuentros regionales para la discusión del ante proyecto de ley de los partidos políticos, con el fin de que la ciudadanía participe activamente en  la comprensión de dicho ante proyecto de ley  y pueda opinar y dar sugerencias que puedan enriquecer y mejorar la propuesta. Estas recomendaciones se organizarán y se  elaborará un pliego de sugerencias para entregar a la JCE y/o Congreso nacional a fin de que sean consideradas en el momento del debate para su implementación como ley. Los lugares sede han sido: Santiago,  Valverde, Mao, San Juan de la Maguana y Distrito Nacional.

Seminarios  sobre la ley de participación social. Realización de dos seminarios con el fin de socializar el proyecto de ley general de participación sometido a la cámara de diputados por diversos sectores de la vida nacional y recoger sus observaciones, recomendaciones al tiempo de propiciar el cabildeo frente  a sus legisladores. Los lugares sedes de los encuentros son Región Este, en la Romana y en la provincia  Santo Domingo.  Estas acciones han sido  planificadas para  los representantes regionales,   entre los que consideramos a Miembros de Organizaciones; Autoridades Locales, Membresía de Participación Ciudadana

Paneles de jóvenes de partidos políticos y sociedad civil. Tres paneles han sido planificado por el programa liderazgo político, con el tema del ante proyecto de ley de partidos políticos, a fin de que los jóvenes  se incorporen al debate de este importante anteproyecto de ley y cuyas reflexiones sean parte del pliego de recomendaciones a presentar a las autoridades correspondientes.

Cursos locales sobre las reformas político-electorales pendientes. Se realizan 50 cursos con una diversidad de participantes, entre los se encuentran líderes  comunitarios, representantes de las ONGs locales, miembros de  organizaciones políticas y estudiantes universitarios. Estos cursos pueden ser de una sola reforma o del conjunto de reformas, dependiendo de lo que los beneficiarios aspiran conocer.

Paneles de discusión.  Realización de un panel sobre las circunscripciones electorales de Santiago:  Balance del 2002 y posibles soluciones para el 2006. Entendiendo que entre las 7  provincias que en las elecciones del 2002 fueron divididas con nuevas circunscripciones electorales, Santiago fue la que presentó  mayores dificultades,   era pertinente iniciar con tiempo el proceso de discusión. El resultado de esta acción será conocida por la JCE a fin de que considere las diversas propuestas planteadas.

Proceso de debate de las reformas electorales pendientes.

Esta  actividad ha sido planificada considerando tres acciones fundamentales:

Un taller de trabajo.  La realización de un taller de trabajo con expertos nacionales, analistas políticos,  Directivos de PC , representantes de partidos políticos y congresistas, a fin de analizar y debatir los temas de las reformas electorales pendientes. Alrededor de los diferentes temas que aborde la propuesta se organizarán los debates dentro de los Talleres. Estos talleres harán discusiones por grupo de cada tema presentado. Las conclusiones de los grupos serán sometidas al debate de la plenaria.

Un seminario Internacional.  Se realizará un  seminario internacional donde se presentarán experiencias exitosas  en otras naciones relacionadas con los tema de las reformas electorales que nos ocupan.

Un taller técnico. Se realizará un taller técnico para elaborar una una propuesta base que toque los diferentes aspectos pendientes de reforma, tanto de la Constitución de la República como de la Ley Electoral.

El próximo miércoles 8 de septiembre, a partir de las 9:00 am, en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata, Participación Ciudadana llevará a cabo un panel regional de discusión dirigido a jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, sobre el tema “Democracia Interna de los Partidos Políticos: propuestas de la juventud”.

Durante este espacio diversos jóvenes de partidos políticos presentarán sus opiniones sobre la democracia interna de sus agrupaciones políticas, así como algunas ideas y propuestas para fortalecer estos procesos.

En esta ocasión se contará con Demóstenes Martínez (PLD), quien es regidor en Santiago, Nelson Carela (PRD), Rafael Cruz (PRSC), quien funge como vice-presidente regional de la Juventud Reformista Social Cristiana y Rebeca Ureña (FNP).

Esta actividad forma parte de las acciones que desarrolla la institución desde el proyecto iniciado en el año 2001 denominado “Democratización del Liderazgo Político”, línea de trabajo que tiene como base la integración de la juventud en diferentes espacios de formación e intercambio de ideas con miembros de organizaciones sociales y partidarias.

El movimiento cívico Participación Ciudadana destacó que la nueva ley de primarias electorales tiene una serie de elementos que deben ser objeto de revisión, a fin de que la misma contribuya al fortalecimiento del sistema de partidos políticos del país.

Señala la organización de la sociedad civil que lo más legítimo y democrático es que sea la militancia de los partidos políticos la que decida con su voto universal y secreto quienes serán los candidatos y candidatas que les representarán en las elecciones nacionales y municipales. “Las elecciones primarias –indica la nota – evitan que las élites partidarias impongan sus candidatos a la mayoría del partido y permite un mayor desarrollo de la democracia interna en las organizaciones políticas”.

Participación Ciudadana, sin embargo, cuestiona que la ley conciba las elecciones primarias de manera “abierta”, es decir, que se permita que todo el que figure en el padrón electoral pueda participar en estos procesos partidarios. Señala que esto podría conllevar a  que los miembros de un partido se involucren en las elecciones de otro y además incrementaría de manera desproporcionada el costo de las precampañas electorales. “Desde el momento en que toda la población pueda votar en la selección de los candidatos de cada partido, los precandidatos tratarán de conquistar la simpatía del mayor número de ciudadanos lo cual va a obligarles a realizar mayores inversiones económicas que las que tendrían que hacer si el proceso se realizara internamente.

En cuanto a la organización de las primarias, Participación Ciudadana plantea que es necesario que la Junta Central Electoral juegue un efectivo rol regulador y contencioso, pero entiende que el organismo electoral no tiene la estructura necesaria para organizar estos procesos y que deben ser los propios partidos políticos los encargados del montaje y desarrollo de sus primarias. “El papel de la Junta Central Electoral – apunta PC – debería limitarse a comprobar que las elecciones primarias son organizadas por los partidos dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, así como garantizando los derechos de su membresía”.  Asimismo, la organización de la sociedad civil sostiene que son las convenciones internas de los partidos políticos las que deben proceder a validar los resultados de las elecciones primarias y a proclamar los candidatos y candidatas electos y no la Junta Central Electoral.

Otros elementos que conforme el criterio de Participación Ciudadana deberían estar incorporados en la nueva ley de primarias electorales son los siguientes:

§         Regular que el padrón electoral de cada partido político, sea entregado oportunamente a los diferentes aspirantes y tendencias internas, a fin de que puedan revisarlo y depurarlo de manera adecuada.

§         Prohibir que una persona pueda estar inscrita como afiliado en más de un partido político.

§         zermitir que las organizaciones de la sociedad civil observen el proceso de organización y desarrollo de las elecciones primarias.

§         Regular la cuota de candidaturas que puedan ser designadas o atribuidas por los organismos de dirección de los partidos políticos a los fines de articular alianzas o coaliciones.

Finalmente, Participación Ciudadana plantea la necesidad de que la nueva Ley de Elecciones Primarias sea ponderada junto con el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas  que actualmente conoce la Cámara de Diputados de la República Dominicana, con el propósito de garantizar su compatibilidad y armonía como instrumentos que pueden servir al fortalecimiento del sistema de partidos y la democracia dominicanas.

Este informe fue presentado por la Comisión de la Sociedad Civil de Seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción,  integrada por  cincuenta y un (51) organizaciones sociales de diversa índole. Dicha comisión surge en el marco del Primer Seminario Internacional de Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrado del 27 al 29 de noviembre de 2002 en el Distrito Nacional de la República Dominicana, y es ratificada en el Seminario Taller de Capacitación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, convocado por Participación Ciudadana los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003.

Para la elaboración del presente informe se crearon dos sub comisiones de trabajos, las cuales se ocuparon de manera independiente en el proceso de recolección de información, y de manera conjunta, en el proceso de socialización, verificación y validación.

La primera parte del documento da respuesta al Artículo III, numeral 4 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sobre el Sistema de Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas: “Sistema para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando correspondan”.

Las respuestas fueron elaboradas por la sub comisión compuesta por seis (6) organizaciones de la sociedad civil: la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), la Fundación Federalista, Inc, La Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología Inc, (FEVHE), el Bloque de Organizaciones no Gubernamentales (BONGS), la Fundación Opción Comunitaria y Juvenil (FUNOCOJ) y  la Fundación por la Educación y Recuperación de la Adicción Inc, (FERA). Las citadas organizaciones son entidades no gubernamentales, dicha sub comisión fue coordinada por la FINJUS.

La segunda parte presenta los resultados de la sub comisión que trabajó el tema de los Mecanismos para Estimular la Participación de la Sociedad Civil y Organismos no Gubernamentales en los Esfuerzos Destinados a Prevenir la Corrupción,Artículo III, numeral 11, y está integrada por ocho (8) organizaciones. A saber, Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, Bloque de Organizaciones No gubernamentales, Consejo de Juventud de la República Dominicana, Consejo Municipal del Desarrollo del Hábitat, Fundación Dominicana de Ayuda al Anciano, Fundación Universidad Popular, Fundación para la Reforma y Participación Ciudadana. Esta última entidad recibió el mandato de las organizaciones miembros de la Comisión de Seguimiento para coordinar los trabajos para tales fines.

Ver Informe Alternativo CICC- Primera Ronda (PDF)…

El viernes 20 de agosto concluyó el segundo modulo sobre “Democracia y Reformas Políticas”, del II Curso de Formación Socio-Política que organiza Participación Ciudadana en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC.  El módulo contó con 27 participantes y 2 oyentes.

Esta segunda sesión del módulo II contó con la participación de Francisco Álvarez Valdez y Domingo Matías, quienes abordaron el tema “Justicia y Estado de Derecho”, y compartieron con los asistentes los avances logrados en términos de las reformas en el sistema judicial dominicano, las principales debilidades del sistema y los retos a enfrentar para el futuro.

Ambos expositores trabajaron los temas con los participantes de forma interactiva.  Además, hubo una sesión de trabajo y un ejercicio grupal, mediante el cual los participantes presentaron sus opiniones respecto a si las reformas judiciales han sido positivas o negativas, y sobre el nivel en que se encuentra la descentralización en nuestro país.

El modulo III, que versará sobre el tema “Partidos Políticos y Sistemas Electorales”, se realizará el viernes 3 de septiembre y contará con las ponencias de José Angel Aquino y Vianela Díaz.

La actual crisis económica y el creciente deterioro de las condiciones de vida del Pueblo Dominicano son de tal magnitud que exigen un compromiso de todos. Es por ello que el movimiento cívico Participación Ciudadana desea manifestarle nuestra plena disposición a apoyar todas aquellas acciones y decisiones de su Gobierno orientadas al fortalecimiento institucional del país y a superar la actual situación.

Corresponde al Gobierno dar las primeras señales de que sus directrices serán firmes en esa dirección. Entendemos que la sociedad espera una gestión estatal caracterizada por la transparencia y, particularmente, la no impunidad. Es por ello que proponemos un compromiso ético para el ejercicio del poder, dirigido a fomentar una gestión pública  moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos a la ciudadanía, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno fundado en la eficiencia y la austeridad.

Estamos convencidos de que si su gobierno empieza dando señales claras de pulcritud y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos, recibirá todo el apoyo que necesita de la ciudadanía.

En este sentido consideramos que el compromiso ético debe estar fundamentado en los siguientes aspectos:

1.Aplicar una política racional en el gasto público,que abarque desde la depuración de la nómina hasta el control estricto de los gastos en materiales y servicios tales como combustibles, viáticos, telecomunicación inalámbrica y de larga distancia, publicidad, viajes y otros de similar naturaleza.

2.Instruir administrativamente a todos sus Secretarios de Estado, Directores y Administradores Generales y a cualquier funcionario que tenga la responsabilidad de manejar fondos públicos, para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan estrictamente con mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, como única manera de eliminar la corrupción inherente al otorgamiento de contratos grado a grado.

3.Suprimir la práctica clientelista de realizar nombramientos en determinados consulados para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios que deberían ser depositados en la Tesorería Nacional. Entendemos que lo correcto es remunerar a esos servidores públicos con un sueldo o salario en función del costo de la vida de la ciudad o país donde le corresponda ejercer sus funciones.

4.Seleccionar un Ministerio Público comprometido con la lucha contra la corrupciónpública o privada, dotado de la suficiente independencia y probidad para no amedrentarse ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados.

5.Dar cumplimiento estricto a la Ley 82 que obliga a los funcionarios públicos a hacer una Declaración Jurada de Bienes ante un Notario Público, tanto al inicio como al final de su gestión, disponiendo además que estas declaraciones de bienes sean auditadas por la Contraloría General de la República y publicadas en una página de internet.

6.Cesar la práctica de otorgar exenciones y “facilidades” arancelarias,que no estén amparadas por la ley.

7.Velar de manera especial por un eficaz funcionamiento de los mecanismos estatales de control y supervisión en toda la administración pública y muy particularmente en los sectores financiero y eléctrico, así como garantizar la preservación de la propiedad pública.

8.Procurar que los programas sociales lleguen a los sectores más pobres sin distinción en función de preferencias políticas y adoptando los controles necesarios para evitar que se constituyan en fuentes de corrupción.

9.Disponer, una vez depurada la nómina gubernamental, un ajuste general de salarios, en dos etapas,que permita a los servidores públicos y trabajadores en general recuperar parte del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la devaluación y la inflación padecida por el país tanto en el presente como en el pasado año.

10.Impulsar y velar por el estricto cumplimiento de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, incluyendo su Código de Ética del Funcionario Público

Como podrá observar, Sr. Presidente, las líneas de acción de este compromiso ético no requieren la intervención de ningún otro poder del Estado para su ejecución. Dependen sólo de su propia voluntad política.

Por eso, esperamos que estas, así como cualesquiera otras medidas imbuidas del mismo espíritu, serán ejecutadas y mantenidas durante todo el periodo de su mandato constitucional.

Participación Ciudadana, en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC continúan con la realización del II Curso de Formación Socio-Política iniciado el pasado mes de julio.

El pasado viernes 6 de agosto, se dio inicio al segundo modulo del curso titulado “Democracia y Reformas Políticas”, y en dicha sesión participaron 32 participantes y 4 oyentes.

En esta primera sesión del módulo II se contó con la participación de Ramón Tejada Holguín, quien abordó el tema “Democracia y Gobernabilidad” y Javier Cabreja,  quien expuso sobre la importancia de las reformas políticas para el sistema democrático y las principales reformas ocurridas en República Dominicana durante la última década, enfoques del tema “Reformas Políticas y Consolidación Democrática”.

Ambos expositores trabajaron los temas con los participantes de forma interactiva.  Asimismo, durante esta segunda sesión de trabajo se realizó un ejercicio grupal donde los participantes presentaron sus opiniones respecto a los principales desafíos de la gobernabilidad en la República Dominicana y los principales actores y escenarios involucrados en las reformas políticas de los últimos años.

La segunda sesión del modulo II se realizará el viernes 20 de agosto y se abordarán los temas “Justicia y Estado de Derecho” a cargo del Sr. Francisco Alvarez Valdez y “Descentralización en la República Dominicana” a cargo del Sr. Domingo Matías