I.- BALANCE POLITICO-INSTITUCIONAL
A pesar de que el nuevo gobierno se había comprometido a implementar un plan de austeridad que disminuiría las cargas innecesarias en la nómina pública, durante el año 2005 se han multiplicado los funcionarios públicos onerosos, tales como los cónsules y vicecónsules, los Ayudantes Civiles de la Presidencia, los subsecretarios de Estado y Secretarios de Estado sin Cartera. Esto evidencia que el sistema político dominicano continuó caracterizándose por el clientelismo, el populismo y el rentismo.
Los procesos de reforma y modernización del Estado se han limitado a algunas entidades públicas. Continuamos sin aplicar de manera generalizada la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, impidiendo que el Estado se dote de un cuerpo de funcionarios profesionales y competentes que garanticen la calidad de la administración pública.
El sistema de partidos políticos ha pasado este año por un importante proceso de renovación de sus liderazgos, que ha fortalecido la legitimidad de los grupos que controlan las direcciones partidarias. Sin embargo, las elecciones internas constituyeron verdaderas campañas generales, en las cuales el voto de la militancia se vio distorsionado en muchos casos por las prebendas y el populismo. Los distintos proyectos de alianzas que las fuerzas políticas están orquestando de cara a las elecciones del 2006, se inscriben en esta conducta política exclusivamente orientada hacia la repartición de cargos electivos y otros beneficios derivados del poder.
En relación con las Oficialías del Estado Civil y ante los escándalos de falsificaciones que han afectado a estas dependencias, aumentó la demanda de la sociedad para que la Junta Central Electoral realice un verdadero proceso de modernización del Registro Civil, que no se limite a la simple incorporación de tecnología informática y que entrañe una integral reingeniería institucional, orientada a la mejora de la atención al público, la conservación y seguridad de las actas del Estado civil, el establecimiento de tarifas equitativas y un régimen salarial y de carrera para sus funcionarios y empleados.
a) Limitados avances en materia de lucha contra la corrupción.
El año 2005 no llenó las expectativas creadas por las actuales autoridades nacionales en lo referente a un manejo más transparente de la administración pública, así como la persecución de los actos de corrupción que insistentemente fueron denunciados al inicio de la presente gestión. Una vez más parece haberse aplicado el “borrón y cuenta nueva” y se repiten las mismas prácticas administrativas que han llevado al país a ser percibido, tanto internamente como en el exterior, como un paraíso de la corrupción.
A pesar del impulso inicial de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y de encomiables esfuerzos de algunos de sus miembros, puede afirmarse que los resultados del año son pobres. Hasta el momento, la comprobada falta de ética en el manejo de la licitación de la OPTIC, que motivó la renuncia de Gustavo Montalvo como coordinador de la Unidad Técnica de la Comisión, no ha tenido consecuencia alguna sobre el funcionario objeto de cuestionamientos.
Un punto a favor de esta comisión lo fue la elaboración de un Plan Nacional de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción, el cual definió algunas prioridades estratégicas para enfrentar la corrupción en el gobierno central y que de aplicarse jugaría un papel importante en esta línea. Cabe destacar que la aplicación del plan continua siendo el reto principal de esta comisión.
La Comisión Nacional de Ética, con la colaboración de la sociedad civil, elaboró un proyecto de decreto sobre contrataciones de obras, servicio y concesiones públicas y se lo remitió al Presidente de la República para que el mismo sirva de normativa hasta tanto se logre una ley al respecto. Desde septiembre, el Presidente tiene en sus manos el proyecto de decreto, sin que el mismo haya sido promulgado.
Mientras tanto, decenas de obras públicas, compras y contrataciones se siguen realizando a espaldas de las más elementales normas de transparencia que rigen las sociedades modernas y democráticas. Los casos más destacados de esta situación son: el del inicio de la construcción de un metro en Santo Domingo, sin presupuesto ni licitaciones; la compra del edificio de la Dirección General de Aduanas; la terminación del edificio de la Suprema Corte de Justicia; las construcciones y remodelaciones en la UASD. Otro ejemplo contundente de falta de transparencia lo constituye el contrato firmado por el Estado con una compañía privada para la construcción de una isla artificial frente al malecón de Santo Domingo.
Por otro lado, el Estado, con su desinterés, ha pretendido sepultar el caso PEME que involucra varios altos funcionarios del actual partido de gobierno y que fue ampliamente documentado por el DPCA en la pasada administración.
Un hecho positivo que merece mencionarse en materia de lucha anticorrupción lo constituye el mantenimiento, por parte de las autoridades del Banco Central, de la demanda contra los acusados de los fraudes bancarios que en el 2003 hundieron al país en un déficit cuasi-fiscal de enormes proporciones. La persecución y condena de Luís Álvarez Renta en un tribunal de Miami y el sostenimiento de la acusación en los casos que se ventilan en el país, es un mensaje de aliento en el camino para evitar que en estos casos prevalezca la impunidad.
b) Funcionamiento de la Justicia durante el año 2005.
El elemento fundamental en materia de Justicia está definido por el balance del primer aniversario de la puesta en ejecución del Código Procesal Penal, instrumento jurídico llamado a proteger las garantías procesales contenidas en la Constitución de la República.
En este sentido cabe destacar aspectos importantes como la agilización de procesos judiciales en los tribunales, descongestión de los mismos, incremento de solicitudes de medidas de coerción y la apertura de juicios, públicos, orales y contradictorios en función de las pruebas presentadas.
Como motivos de preocupación en torno a la Justicia dominicana podemos señalar: El número de “Autos de No ha Lugar” (673) dictados en diferentes tribunales del país; la situación de la Policía Nacional que continúa en una inestabilidad institucional sin poder responder por la distribución de sus efectivos; las muertes de civiles en supuestos intercambios de disparos: el estado de inseguridad ciudadana y la percepción de la ciudadanía de que los responsables de la misma aún cuenta con impunidad judicial; la cantidad de recursos de inconstitucionalidad sin decisión en la Suprema Corte de Justicia y la creciente percepción en funcionarios del ámbito judicial de que aumenta la centralización de las funciones judiciales en la Corte Suprema, situación que dificulta el avance de la Reforma.
II.- BALANCE ECONÓMICO
En el ámbito económico, en el año 2005 la República Dominicana registró importantes logros, encontrándose en proceso de recuperación de la aguda crisis que tuvo lugar en los dos años previos.
Debe destacarse el control de la inflación, después de un año 2004 de gran inestabilidad y a pesar de los incrementos de precio de los combustibles. Al mismo tiempo, se logró reiniciar el crecimiento de la economía, aunque existen serias dudas sobre la magnitud de las cifras oficiales, dada la metodología empleada.
Por otro lado, la fuerte apreciación cambiaria verificada, se tradujo en un extraordinario incremento de las importaciones, particularmente de vehículos y bienes de consumo duraderos, aumentando el déficit comercial y revirtiendo el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos verificado en los dos años previos.
Debe señalarse que el gobierno cumplió satisfactoriamente todas las metas y topes cuantitativos establecidos en el acuerdo con el FMI, lo que contribuyó al mantenimiento de la estabilidad y la confianza. Esto le permitió obtener dispensas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo sobre reformas estructurales, expresadas en varios proyectos de leyes sometidos al Congreso Nacional.
Entre los logros del gobierno también se encuentra el haber llegado a acuerdos amigables para posponer los pagos de diversas deudas, incluidas la del Club de París (con los gobiernos acreedores de países desarrollados), la del Club de Londres (con la banca privada) y con los inversionistas tenedores de los bonos soberanos emitidos en 2001 y 2003. También se firmó el acuerdo Petrocaribe, con Venezuela, para un financiamiento por montos considerables de la factura petrolera.
Lamentablemente, esos importantes logros del país en términos de estabilidad macroeconómica, se ven fuertemente empañados por resultados increíblemente pobres en otros aspectos. El gasto público social se encuentra en uno de sus niveles más bajos en muchos años, particularmente en salud y educación, pese a ciertos avances en materia de seguridad social, por medio de la tarjeta de asistencia Solidaridad.
La inversión pública se ha constreñido a niveles bajísimos, y los pocos recursos que recientemente se han dispuesto para inversión se están concentrando en megaproyectos urbanos, al tiempo que la infraestructura existente acusa un marcado deterioro.
Fueron fallidos los intentos del gobierno para resolver el serio problema eléctrico nacional, cuyas manifestaciones más visibles son los apagones y las altas tarifas. La sociedad dominicana tiene que dedicar más recursos a subsidiar el consumo eléctrico que los que destina a la educación o la salud.
Todavía no se ve en el horizonte la forma como será afrontada esta deuda que acumuló el Banco Central para pagar el fraude bancario.
A pesar de algunos avances recientes, persisten las debilidades en el sistema financiero, lo cual, junto a la deuda cuasifiscal, son los elementos que hacen dudar que la estabilidad sea sostenible, pues todavía no se ve en el horizonte la forma como será afrontada esta deuda que acumuló el Banco Central para pagar el fraude bancario.
III.- PERSPECTIVAS PARA EL 2006
En el próximo año se realizarán las elecciones Congresuales y Municipales que muy posiblemente modificarán la correlación de fuerzas políticas y partidarias en el Congreso y en los Ayuntamientos, aunque las alianzas realizadas apuntan a una modificación limitada.
Estas elecciones representarán para el gobierno una especie de “evaluación de medio término” con sus consecuencias diferentes según salga beneficiado o no de cara a las elecciones presidenciales del 2008.
Las perspectivas para el año 2006 en materia de lucha contra la corrupción no lucen muy halagüeñas. Desde ya, es mucho el dinero que se está invirtiendo en precampañas y campañas electorales para las próximas elecciones, con la natural sospecha de que esos dineros serán recuperados mediante prácticas de corrupción.
La percepción de corrupción expresada por la sociedad dominicana en todas las encuestas e índices aplicados en el presente año y en los anteriores, es un motivo de gran preocupación, por cuanto es una amenaza a las bases mismas del sistema democrático que con tanto esfuerzo hemos construido.
En términos económicos, no hay razones valederas para anticipar que el 2006 será peor que el 2005. Si ya la economía comenzó a crecer, debería seguir creciendo, aunque tampoco hay una explicación muy lógica para que lo haga tan aceleradamente como indican las cifras oficiales.
La inflación debería permanecer bajo control, a menos que ocurriera algún fenómeno que deteriorara el ambiente de confianza, o algún choque externo nuevo. Sin embargo, ninguno de los dos parece previsible. En todo caso, dado el monto de la deuda de corto plazo del Banco Central, hay que mantener la vigilancia de las variables monetarias, debido a que, en virtud del proceso electoral, podrían generarse presiones que desborden la capacidad de gastos del gobierno, particularmente con algunos de los megaproyectos que se han iniciado, presionando al alza la tasa de cambio.
Otro elemento que pudiera afectar la estabilidad es que, al ponerse en vigencia del DR-CAFTA, con una moneda de por sí sobrevaluada, se agudice el déficit externo que ha comenzado a perfilarse desde el segundo semestre del 2005.
Para el 2006, la sociedad dominicana debe plantearse, como mínimo, las siguientes metas:
· Un proceso electoral transparente y respetuoso de la voluntad popular.
· Conocimiento y condena por los tribunales de los casos de corrupción bancaria y otros casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.
· Aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Concesiones.
· Que se ponga en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, creando en cada institución estatal los mecanismos y previsiones establecidos por la misma.
· Ejecutar el Plan Nacional de Ética elaborado por la Comisión Nacional de Ética y que ésta cumpla con la misión para la que fue creada.
· Fortalecimiento del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y que el mismo muestre reales avances en la prevención y lucha contra la corrupción.
