Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de su programa Justicia y Gobernabilidad, realizó el encuentro "Experiencias en la aplicación de la ley de libre acceso a la información pública en el ejercicio periodístico".
Esta actividad forma parte de un ciclo de actividades que se están desarrollando para promover el uso y conocimiento sobre la Ley General de Acceso a la Información Pública (LGAIP) al cumplirse un año de la publicación de sus reglamentos.
El encuentro "Experiencias en la aplicación de la ley de libre acceso a la información pública en el ejercicio periodístico", contó con la intervención de David Carlson, Presidente de la Sociedad de Periodistas Profesionales de los Estados Unidos, participarán directores de medios, periodistas y académicos de la materia.
El Sr. Carlson, tuvo a su cargo la conferencia titulada "La Experiencia Norteamericana en la Aplicación de la Ley de la Libertad de la Información de los Estados Unidos" y Nuria Piera, productora de televisión, expuso sobre la experiencia dominicana en el uso de la ley.
Las palabras de apertura la pronunció el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja y la clausura la hizo Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación institucionalidad y Justicia.
Javier Cabreja
Director Ejecutivo de Participación Ciudadana
Muy Buenos Días a todos y todas los presentes.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Proyecto Justicia y Gobernabilidad y Participación Ciudadana, agradecen su presencia en este importante evento de reflexión y análisis de los resultados de la puesta en ejecución de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en la República Dominicana, a un año de su promulgación. Esta actividad cuenta con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución a la cual queremos reconocer por todo el apoyo brindado.
Uno de los propósitos de este encuentro, es el de compartir con distintos comunicadores sociales representantes de diversos medios de comunicación, en relación a una herramienta fundamental para el desempeño de su importante labor, como lo es esta ley; la cual deberá contribuir con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Este dialogo de día de hoy, deberá servirnos para evaluar los avances, si los hemos tenido, en la superación de la discrecionalidad en el manejo de los asuntos públicos o si se ha ido creando, en las instituciones del Estado, la voluntad política para promover los instrumentos que garanticen el derecho ciudadano al libre acceso a la información pública.
Como sabemos, para garantizar ese derecho ciudadano a las informaciones generadas en el Estado, contamos con la Ley No. 200-04, (de Libre Acceso a la Información Pública) y su Reglamento de Aplicación promulgado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto No. 130-05. Ambos instrumentos legales, elaborados con una amplia participación de las organizaciones sociales, generaron una gran expectativa en la sociedad dominicana, sin embargo, en la actualidad existen serias dudas en torno a su efectiva implementación.
Esto queda claramente reflejado en los resultados del primer Informe del Observatorio Ciudadano de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que en los próximos días presentará Participación Ciudadana, y en el cual se establece que se ha avanzado muy poco y muy lentamente en la implementación de esta ley y su reglamento, sobre todo en lo relativo a la instalación de la estructura que deberá garantizar este tipo de servicio en la administración pública, como es el caso de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y las designaciones de los Responsables de Acceso a la Información (RAI). De acuerdo a los resultados de dicho observatorio, solo en 25 entidades del Estado han sido nombrados los Responsables de Acceso a Información (RAI), quedando un número importante de instituciones fundamentales del Estado, sin nombrar este servidor público.
Lamentablemente tenemos que resaltar que existen pocos avances en el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 200-04, donde se establece la obligatoriedad del Estado de poner a disposición de la ciudadanía información de oficio. De igual manera, es preocupante que en lo concerniente al uso de los recursos públicos, las instituciones del Estado continúen siendo tan poco transparente, pues este es el ámbito donde se registra mayor nivel de denegatoria para entregar este tipo de información.
Ante esta situación, es necesario que la sociedad dominicana y los actores comprometidos en la lucha contra la corrupción, insistan en una correcta aplicación de la Ley 200-04 y su Reglamento. Las instituciones estatales deben crear las condiciones para la proporción permanente de este tipo de información, y la ciudadanía debe hacer uso de su derecho a demandar de manera oportuna este tipo de servicio, tan importante para avanzar en la consolidación de una gestión pública basada en la transparencia.
En nuestro país, ha sido muy importante el rol jugado por los medios de comunicación dirigido a vencer la fuerte resistencia a la rendición de cuentas que existe en muchas instituciones estatales. La Ley de Acceso a la Información, deberá contribuir a mejorar el desempeño de los medios y sus comunicadores en el desempeño de este papel. Para ello, es necesario generar un amplio proceso de capacitación sobre la forma en que deben utilizarse las normas de acceso a la información y los derechos que protegen a los trabajadores de la comunicación en el ejercicio de sus funciones. En esto momentos Participación Ciudadana se apresta a la firma de un convenio interinstitucional con el Colegio Dominicano de Periodistas, para acompañarle en la ardua tarea de promover un periodismo de investigación en la República Dominicana.
Queremos finalizar estas palabras expresando nuestra profunda gratitud a los panelistas que nos acompañan. Al Sr. Sr. David E. Carlson Presidente de la Sociedad de Periodistas Profesionales y del Club de Prensa de Albuquerque de los Estados Unidos; a la distinguida comunicadora dominicana Nuria Piera, productora del más importante programa de investigación periodística del país, “Nuria en el 9”; y a Sr. Rafael Núñez Grassals, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro del equipo de comunicadores de Clave Digital.
Desde Participación ciudadana valoramos la importancia de contar con una norma de acceso a la información pública y creemos que es un marco jurídico adecuado, moderno, ágil e integral y que resultará fundamental para impulsar una mayor transparencia y apertura de las instituciones públicas respecto al trabajo que desarrollan. Esperamos que este evento contribuya con una mejor y más efectiva aplicación de esta ley en lo adelante.
Muchas gracias!
Ponencia presentada por Nuria Piera
El libre acceso a la información. El reglamento.
El primer medio de comunicación que hizo uso de la ley, al menos públicamente, es el que dirigimos.
Enviamos una carta el 7 de septiembre del 2004 al Secretario de Interior y Policía y a la Policía Nacional, para que nos suministraran los nombres de los policías que según la investigación realizada por ellos, habían hecho uso indebido de los carros robados recuperados por ellos y no devueltos a sus verdaderos dueños, si no asignados a sus allegados, familiares y amantes.
En varias oportunidades se hablo de esa lista en los medios de comunicación pero nunca se mencionaban los nombres. Temerosa que fuera omitido o negociados, realizamos la petición. Los resultados, los esperados, una negativa, con la excusa de que todavía estaban en proceso de investigación.
Pero hubo una variante, cierta preocupación, no era la negativa fría y cortante, sabían que había una presión adicional, la ley, a la cual se le había dado mucha publicidad, ya que en esas semanas se había promulgado, por lo tanto fueron rápidos en la respuesta, hasta un poco dudosos y cuidadosos al hablar, por otro lado la posición de nosotros también fue diferente, nos sentimos resguardados, con mas fuerza a la hora de pedir la información gracias a la ley, por supuesto.
Tenemos entendido que luego se nos unió el periódico el Día, pidiendo lo mismo. Es posible, que con esa pequeña presión y la novedad de la ley, hizo que a los pocos días, la misma Secretaria de Interior y Policía diera a la prensa la lista de los policías involucrados.
Sentí una ligera sensación de satisfacción, no hay duda, luego de sentirse huérfana por tanto tiempo de apoyo a la hora de solicitar información de los documentos públicos, era un paso de adelanto gigantesco.
Hicimos otros intentos de conseguir información haciendo uso de la ley. Los sueldos de los funcionarios era el tema, parecía fácil pero no lo fue, tardamos semanas en espera de respuesta por parte de las instituciones, otras se negaron a darnos las cantidades, y tuvimos que recurrir a los funcionarios pasados, para lograr conocerlos.
Uno de ellos inclusive por teléfono nos argumento que la institución era descentralizada y que era capital privado, que por tanto no tenia que dar esa información, era la refinería, se le comunico que el estado era socio y que la ley en su artículo 1 la incluía, quedo en investigar y nunca supimos cual era su sueldo.
Otra negativa fue la de Indotel, para luego decirnos a través de una carta, después que saliera el reportaje, con la negativa de los actuales directivos, que esa información era de dominio público, ya que estaba en su página Web, accesamos a ella y eso precisamente no estaba.
Quisimos averiguar los extras, tarjetas, y gastos de representación del presidente de la Rep. – Dr. Fernández, no se pudieron obtener. De igual forma fue imposible obtener la de los funcionarios. La Contraloría dijo no tener.
Fue desalentador que ni siquiera la Contraloría diera información precisa sobre este tema.
Pensamos en ese momento que ya la ley no estaba tan fresca en la mente de los funcionarios, que había que esperar el reglamento y sobre todo que las oficinas de acceso a la información, que la ley estipula, no habían sido formadas. Pero como veremos mas adelante era el inicio del fin.
La ley y su reglamento sirven de poco, si las instituciones no están organizadas para dar la información. Como se demostró en este caso en particular, donde nos interesaba saber cuanto gastaba el estado en consumo de combustible, ya que en ese momento el gobierno obligaba al país a someterse a un plan de austeridad, y como uno de los protagonistas principales de ese alto consumo son ellos, era necesario establecer y obtener el parámetro que le correspondía y la cuota de sacrificio por parte del estado que le tocaba, directamente proporcional a lo que consumía.
Primeramente fue una tortura encontrar el departamento al cual enviar la correspondencia, en cualquiera de las instituciones que llamamos, optando por enviarla a los funcionarios principales, no haciendo esto la tarea mas fácil, todo lo contrario. No nos quedamos con los brazos cruzados, insistimos a través del teléfono, para obtener las cifras lo más pronto posible.
Comenzaron a llegar con cifras poco confiables, otras dadas en galones, como Salud Publica que dio la información un mes después, estableció un consumo en 6 meses de 14,816 en gasolina y24, 346 en gasoil, con la variación de los precios ya entenderán que necesitamos esfuerzos adicionales para saber los diferentes precios de los mismos, porque varían en días.
Esto violaba la ley en su articulo 24, donde establece que dicha información de debe ser actual y explicativa de su contenido'.
En su mayoría fueron imprecisas y poco creíbles y casi todas violaron lo que establece la ley de los 15 días que tiene para rendir el informe, otras instituciones como el INDRI nunca respondieron.
No conformes decidimos corroborar esas cifras, la pregunta era donde buscar una confirmación, en Contabilidad gubernamental.
Allí fue peor, luego de una espera larga, nos envían cifras diferentes a las dadas por las instituciones.
Al final pudo salir el reportaje, semanas después, cuando las medida del gobierno comenzaban a desfallecer, dejando duda de la veracidad de las cifras dadas por las empresas publicas y sobre todo dejando evidenciado la nula implementación de la ley y su reglamento, de invertir dinero en la oficinas y el personal capacitado para dar los datos necesarios confiables y transparentes.
Como colofón días después de salir el reportaje llego la carta del ing. Montas, pero las cosas no cambiaron, paso a leer la carta.
Luego una noticia pequeña establecía que la comisión se sentía satisfecha por el ahorro de la energía por parte del estado, en 8%.
¿Cómo llegaron a esa conclusión? No lo sabemos, pero ya no teníamos tampoco la energía para averiguarlo.
En dos oportunidades solicitamos a las fuerzas Amadas informaciones haciendo uso de la Ley. El primero con el caso de Pepe Goico y su supuesta participación en un curso de Estado Mayor en España, y el otro, el encuentro de Mísiles en un vertedero, que le costo la mano derecha a un joven. Los medios de comunicación informaron que el Ejercito Nacional había hecho una investigación, pero no abundaban más. Interesado en estos dos casitas enviamos las cartas. Sobre Goico manifestaron vía telefónica que era un secreto Militar y con la otra jamás respondieron.
Caso contrabando bebidas alcohólicas.
El 23 de abril del 2005 presentamos un amplio reportaje sobre un contrabando. de bebidas millonario que encontró Aduanas y el DNI.
A la semana siguiente solicitamos al Director de Aduanas de manera verbal y por el departamento de Relaciones Publicas, el acuerdo convenio a que llego la Dirección de Aduanas y el Sr. Julio Cesar Pichardo, principal responsable del contrabando.
Como no tuvimos respuesta verbal procedimos a enviarle una carta el 27 de abril del 2005 recordándole que estábamos amparados en la nueva ley general de acceso a la información pública.
El Director de Aduanas no nos cedió la información pero por lo menos tuvo la gentileza de responder nuestra carta comunicándonos que todavía faltaban investigaciones en torno al caso y que los departamentos responsables estaban trabajando en eso, que fue un acuerdo verbal y por lo tanto no había nada escrito de eso, que el sr. Pichardo se comprometió en ese acuerdo a no seguir traficando con bebidas y a cumplir todos los requerimientos de la Dirección General de Aduanas.
Si me preguntan, luego de este recuento hablado aquí, sobre el tanteo hecho por nuestro programa sobre la efectividad de la ley, si estamos preparados operativamente para realizar el ejercicio de acceso a la información? Mi respuesta es NO, y podría comenzar por enumerar unos cuantos obstáculos para lograrlo:
1. La falta de Cultura de transparencia, y la poca costumbre de informar de los empleados públicos.
Todavía tenemos el síndrome de la dictadura de las 3 no… No hablar, No ver y No saber nada. La ley y el reglamento disponen de planes para darla a conocer en colegios, universidades, instituciones lo cual no se ha efectuado.
En el artículo 43 Del reglamento señala a la secretaria de Educación como responsable de la tarea de promover en las escuelas, colegios la ley de acceso a la información. En una rápida investigación llamamos al azar a varios colegios y esta fue la respuesta.
Colegio ABC. La coordinadora de español y encargada de programas especiales Evangelina González que nadie ha propuesto eso.
Colegio Lux Mundi. no
Colegio Arroyo Hondo. Director desconoce la Ley
Colegio Despertares. No ha oído ni visto a nadie para hablar de eso.
Colegio Miguel Cervantes. La directora Xiomara Ortiz no le ha visitado nadie, pero ella lo va a sugerir'
Escuela Nuestra Señora de la Altagracia. Su directora Sor Irma… No conoce la Ley, y si la visitan que la llamen antes porque tiene mucha reuniones.
Escuela Club 16 de Agosto. El director Pablo Santana… Pregunta desde cuando esta la Ley… y espera que lo visiten.
2. La falta de organización de las empresas publicas.
El reglamento dispone en el articulo 6 la creación de las oficinas de acceso a la información OAI y crear una empleomanía especial para estas oficinas, con un encargado a la cabeza llamado Responsable de acceso a la Información RAI (siglas que parecen de extraterrestres, no solo por lo extraño sino porque tampoco nadie los ha visto). Llamamos a varios empresas públicas y esto fue el resultado.
En Contraloría General de la República
No tienen ese departamento, cualquier cosa llamar el Dpto. Jurídico
En la Tesorería. No tienen ese departamento solo la Pág. de Internet.
En la Sec. de Agricultura. No existe, cualquier información presupuesto.
Llame a Secretaria de Educación. No lo tiene, pero que cualquier información pasar por planificación.
3. La falta de archivos.
Uno se pregunta dónde esta la información requerida? En los archivos de las instituciones.
Están organizadas no-solo los históricos sino en los archivos de las gestiones actuales? No, y es que a falta de una normativa moderna que regularice la forma operativa de los archivos, no se podrá concretizar nada, así las cosas están mangas por hombros. Recuerden el reportaje del Combustible, mencionado antes. Nadie tenía los datos precisos. Y es que no hay duda que la desorganización beneficia al Corrupto. Y como dijo alguien, el Corrupto le teme más al orden que el honesto al desorden.
El articulo 30 merece una mención (me da un poco de pena, para no decir risa). Establece que el estado dominicano en su conjunto, con los organismos, Instituciones y entidades descriptos en el artículos 1 de la LGLAIP, así como todo organismo legalmente constituidos o en formación, deberán tener a disposición de toda persona y de contarse con la posibilidad deberán publicar sus respectivos sitios en Internet el listado temático de información clasificada
Como reservada que hubieran elaborado y/o clasificado y/o encontrara bajo su guarda.
Hicimos algunas llamadas nuevamente y este el comentario de ellos. .
Secretaria de Estado de Interior y policía.
Se llamo a relaciones públicas, nos pidieron llamar a Despacho, aquí a recursos humanos y de ahí a informática, para terminar en jurídica. Como pueden ver esta información esta reservada.
Secretaria de estado de Industria y comercio En relaciones publicas nos dijeron que en jurídica y aquí nos pidieron llamar mañana y preguntar por Vilma, que ella te dice.
Secretaria de estado de finanzas.
En Relaciones públicas no entendieron dijeron que ellos tenían una página Web.
4. La más importante de todas, la falta de un organismo regulador que fiscalice el buen desenvolvimiento de la ley y su aplicación.
Que se encargue de crear las iniciativas, organice las oficinas, se ocupe de que cada institución escoja el personal adecuado y no parcializado, (según el reglamento en su articulo 42, le confiere al Instituto Nacional de Administración Publica, la tarea de diseñar e implementar un plan de capacitación y difusión destinado a concientizar, y actualizar a los Integrantes de las DAI y los servidores públicos en general, llamamos interesados para hacer el curso, y nos dijeron que todavía no han comenzado, que hicieron un seminario sobre el tema y que si nos interesa que hablemos con la encargada de recursos humanos de la institución de la cual trabajo para que sea esta, la que motive el curso, llamando a la directora académica de
