I. Comportamiento político-institucional
a. Un año de actividad clientelar
En términos políticos dos son los aspectos importantes a destacar durante el año, en primer lugar la forma en que se llevaron a cabo las elecciones y en segundo lugar el desempeño de los partidos políticos. Hay evidencias de la necesidad de un mayor nivel de fortalecimiento de las instituciones políticas y de que estas respondan a las demandas de la ciudadanía. Los partidos políticos dominicanos se han enfrascado en competencias internas y en querellas entre ellos y no están desempeñando las funciones de mejorar el entorno institucional y político. Cada vez es menor la lealtad de las militancias y la dirigencia hacia los partidos, lo cual puede explicarse por tres razones:
En primer lugar: durante el proceso electoral de este año se hizo evidente que los partidos carecen de una visión sobre el orden social, que no tienen mecanismos para el surgimiento de nuevas generaciones de políticos más vinculados a las necesidades de la ciudadanía y que han centrado la competencia política en el uso de los recursos y la presentación de candidatos y candidatas cual si estos fueran mercancías, y no personas que tienen una propuesta sobre cómo deben abordarse los problemas nacionales. Esto debilita el sentido de lealtad y pertenencia a un partido político, por lo que los cambios de banderas se hacen más fáciles.
En segundo lugar: lo partidos tienden a respetar cada vez menos sus propios mecanismos institucionales y provocar problemas de gobernabilidad internas, en el recién pasado torneo electoral algunos irrespetaron las decisiones de sus propias bases y de los legítimos mecanismos de elección de las candidaturas, lo que hizo que muchos de sus candidatos y candidatas pasaran a ser postulados por otros partidos.
En tercer lugar: hubo un uso desmedido de los recursos del Estado para la compra de dirigentes medios y candidatos de parte de todos los partidos que tenían acceso a los fondos públicos. Estos tres aspectos juntos, es decir las pocas diferencias conceptuales entre los partidos, el descontentos de muchos por la forma en que se irrespetan los mecanismos institucionales de elección fruto del excesivo poder de las cúpulas partidarias y la ausencia de controles para el uso de los recursos públicos provocan el debilitamiento de los partidos políticos vía el trasiego de militantes y dirigentes entre los partidos.
Lo grave de todo esto es que la forma en que están actuando los partidos y el estilo clientelista del control partidario están socavando las bases de esos partidos. En ese sentido se observa con preocupación que puede crecer el nivel de apatía de la gente hacia la política o pueden surgir opciones autoritarias y mesiánicas como ha ocurrido ya en otros países.
Es necesario fortalecer el sistema de partidos en el país y establecer mecanismo para elegir autoridades electorales en base a los criterios de eficiencia en el desempeño de sus actividades públicas, en la capacidad mostrada para el trabajo colectivo y la inquebrantable moralidad y no en razones partidarias. ,
b. Pocos avances en materia de transparencia
Durante el año recién transcurrido podemos encontrar algunos aspectos positivos en materia de transparencia, como lo indican los pasos dados para el establecimiento de un marco legal que contribuya con una efectiva lucha en contra de la corrupción, específicamente en lo que se refiere a la aprobación de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Pieza legal que aún requiere ser mejorada.
De igual manera, se debe reconocer el esfuerzo realizado por el gobierno, a través del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), para la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, el cual ha implicado un amplio proceso de capacitación a nivel de los servidores públicos, así como la instalación de oficinas de acceso a la información en varias dependencias gubernamentales y el nombramiento del Responsable de Acceso a la Información.
Sin embargo, durante el 2006, el gobierno no mostró la suficiente firmeza y voluntad política en el enfrentamiento del flagelo de la corrupción, como lo evidenció:
- La falta de apoyo financiero y tecnológico a instituciones claves en el combate de la corrupción, como el Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA) y la Procuraduría General de la República.
- El detenimiento de la investigación y persecución del caso PEME.
- El silencio gubernamental frente a los contratos onerosos enviados al Congreso Nacional por parte del Ejecutivo (equipamiento de la Policía Nacional, Isla Artificial y ENADE), que aunque se hayan detenido, estos hechos, a todas luces dolosos, no tuvieron consecuencia alguna para sus responsables.
En el año que finaliza, la República Dominicana bajó significativamente en el Índice de Percepción de la Corrupción del 2006, que prepara Transparencia Internacional, cayendo en un nivel de 2.8, frente a un 3.0 en el 2005. Esto indica que en el país se percibe la existencia de una corrupción rampante. En gran medida por la impunidad reinante, debido a la lentitud e ineficiencia de la Justicia Dominicana para conocer y fallar sobre los casos de corrupción.
Fue importante el hecho de que este año haya pasado a la fase de juicio de fondo el caso correspondiente al Banco Intercontinental (Baninter), uno de los escándalos de corrupción más grandes, no-solo por el monto involucrado en el mismo, ascendente a RD$79,406 millones, sino por las diversas modalidades implementadas en el fraude y sobre todo por el alto numero de favorecidos en este proceso. Sin embargo, lamentamos los múltiples incidentes presentados por los abogados de la defensa y la lentitud en el conocimiento de los mismos y en el desarrollo de las audiencias.
II. El comportamiento de la economía
En términos macroeconómicos, el comportamiento de la economía dominicana tendría que ser evaluado de manera bastante satisfactoria durante el año 2006. Según las cifras oficiales, el producto bruto interno eventualmente terminará el año con un crecimiento por encima de un 10%, que es una de las tasas más elevadas del mundo, motorizado por el renovado impulso del sector construcción, las telecomunicaciones, el comercio y la agropecuaria.
A lo anterior se suma una inflación, de alrededor de un 6%, pese a que los precios del petróleo se mantuvieron anormalmente altos durante la mayor parte del año. Debe señalarse, sin embargo, que a esa reducida inflación contribuyó la ejecución de una política monetaria notablemente restrictiva, que forzó un tipo de cambio que termina el año más bajo que el nivel vigente cuando comenzó. Un costo de esa restricción monetaria ha sido la sobrevaluación de la moneda nacional, con su negativa secuela sobre los principales sectores que tienen que competir internacionalmente, de los cuales el más afectado ha sido el de las zonas francas, que ha entrado en una profunda crisis, agravada por la creciente competencia asiática.
Otro costo importante ha sido el persistente endeudamiento del sector público, ahora con características distintas, pues en vez de tratarse de financiamiento de proyectos individuales de inversión pública, el mecanismo usado es el de financiamiento parcial de la factura petrolera utilizado, fundamentalmente, para canalizar subsidios; a lo cual se agrega el incremento de la ya pesada deuda cuasifiscal del Banco Central.
Por otra parte, el gobierno no hizo el ajuste del gasto público a que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que, por lo contrario, incurrió en un exceso de gastos corrientes, sobre todo en el primer semestre del año, al tiempo que no ha encontrado ninguna vía de solución a la brecha financiera del sector eléctrico, con lo cual se ha agudizado el déficit de las finanzas públicas.
Pero no sólo falló en hacer el ajuste convenido sino que, fiel a su tradición, concentró la mayor parte de sus recursos de inversión en una sola obra: una línea del ferrocarril metropolitano de Santo Domingo, con lo cual sigue descuidando los requerimientos de infraestructura de la mayor parte de la población nacional, para resolver el problema del transporte a una porción ínfima de los habitantes de la capital de la República.
Tampoco se aprobaron en su debido momento algunas de las reformas institucionales que se habían planteado como necesarias para un adecuado manejo de la gestión financiera del Estado y para mejorar el clima de competencia, como había sido acordado tanto con el FMI como con los negociadores comerciales de los EUA, dificultando la entrada en vigencia del DR-CAFTA, lo que deviene en expectativas negativas para la inversión privada.
Cabe señalar, en ese sentido, que todavía no ha comenzado a aplicarse la ley sobre compra y contratación de obras públicas, tantas veces reclamada para disminuir la corrupción a través de las licitaciones, abaratando las inversiones gubernamentales.
En suma, la estabilidad y el crecimiento se han conseguido al costo de ir posponiendo la solución a los grandes desequilibrios, y ya han pasado tres de las evaluaciones trimestrales que el FMI se ha negado a aprobar, manteniéndose la incertidumbre en torno al Acuerdo Stand By la mayor parte del año. Intentando destrabarlo, el gobierno se ha comprometido a realizar un fuerte ajuste fiscal para el 2007, para lo cual procura una nueva reforma tributaria con mayores impuestos y reducción de algunos servicios públicos. Las discrepancias en torno a la magnitud y naturaleza de este ajuste aún persisten, ensombreciendo el futuro del Acuerdo con el Fondo, base de la confianza que sostiene la estabilidad.
III. Perspectiva 2007
Participación Ciudadana espera que el próximo año:
Se realice una profunda reforma institucional de la Junta Central Electoral, que incluya: 1) establecer mecanismo para evitar que los miembros de este organismo se sigan eligiendo sobre la base de componenda entre los partidos, 2) separar las atribuciones administrativas de las jurisdiccionales, 3) ponderar si el organismo electoral está en capacidad de seguir acometiendo las arduas tareas derivadas de las funciones registrables que están a su cargo, 4) regular la integración de las Juntas y Colegios Electorales, para garantizar que estos organismos estén compuestos por personas competentes que realicen una labor eficiente al servicio de los procesos electorales.
Ante el derroche de dinero y el debilitamiento de las identidades partidarias, creemos que es necesario regular las campañas electorales, que la JCE cumpla con su papel y evite que las mismas se conviertan en un escenario donde prime el abuso de los recursos del Estado y el derroche de dinero con fines clientelistas. El clientelismo político es sinónimo de corrupción pública, degrada la actividad política y no permite el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes. Sólo la regulación de las campañas y una JCE fuerte y legitimada puede limitar el costo de las campañas y disminuir la influencia del reparto.
El proceso electoral del 2006 puso nuevamente de relieve la necesidad de que los partidos políticos dominicanos lleven a cabo un proceso de renovación tendente a superar las prácticas clientelares y rentistas. El alto índice de cambio de partidos registrados, el continuo descrédito de los partidos políticos y sus candidaturas, deben constituirse en una voz de alerta para que los dirigentes políticos impulsen los procesos internos de cambio. Por eso apoyamos la aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que tienda a fomentar la democratización de las prácticas partidarias y promueva una revalorización de la actividad política. Los partidos políticos deben cumplir con las normas vigentes sobre rendición de cuentas y transparencia, es necesario una mayor regulación sobre los gastos de la contribución del Estado a los partidos políticos, sobre todo garantizando que una parte sustantiva del financiamiento se dedique a la capacitación política y que el mismo sea adecuadamente distribuido entre los diferentes segmentos de cada partidos.
En lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción seria excelente institucionalizar la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, para lo cual se deben desarrollar varias acciones:
- Eliminar la separación entre consejo rector y unidad técnica y se haga un sólo organismo decisorio.
- Que el presidente se comprometa a hacer cumplir las peticiones de la Comisión Nacional de Ética
- .Fortalecer el DPCA y se de la autonomía necesaria para actuar contra la corrupción y se acelere el proceso de conformación de las Oficinas de Acceso a la Información Pública.
Finalmente creemos que en el aspecto “económico, será muy difícil para el gobierno alcanzar logros como los registrados en el 2006, y que lo más probable es que se reduzca marcadamente el crecimiento, debido a las restricciones que impondrá la nueva reforma tributaria y que el FMI luce que será más estricto en la exigencia de ajustes de gastos públicos. Eventualmente entrará en vigencia el DR-CAFTA, con lo cual en el plazo inmediato se agudizarán los problemas de algunos sectores productivos, a la espera de los efectos positivos sobre otras ramas, que podría tomarse su tiempo."
