Participación Ciudadana  conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizo el importante  panel el “Impacto Económico, Social y la Situación Jurídica de los Casos Bancarios”.

En el mismo participaron como expositores los licenciados Isidoro Santana, quien trato el tema “Impacto Económico de los Fraudes Bancarios”; Salvador Feliz se refirió al “Aspecto Contable de los Fraudes Bancarios” y Francisco Álvarez hablo de la “Situación Jurídica de los Casos Bancarios” y el discurso de apertura a cargo de Porfirio Rodríguez, Coordinador General de PC.

A continuación las ponencias:

• Discurso del Coordinador General de PC, Porfirio Rodríguez
• “Aspecto Contable de los Fraudes Bancarios”, Salvador Feliz
• “Impacto Económico de los Fraudes Bancarios”, Isidoro Santana
• “Situación Jurídica de los Casos Bancarios”, Francisco Álvarez

Desde Participación Ciudadana hemos impulsado la aprobación, aplicación e implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en la República Dominicana; un derecho ciudadano y una herramienta eficaz para garantizar la transparencia y la mayor publicidad de las acciones del Estado, fortaleciendo el sistema Democrático y garantizando un Estado de Derecho.

El derecho de acceso a la información pública es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa, en la medida que permite a los (as) ciudadanos (as) analizar, juzgar y evaluar los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración.

El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información es uno de los retos más importantes y arduos que enfrenta la sociedad dominicana. A casi tres años de la promulgación de Ley y dos años del Reglamento, hay muchas dudas sobre la voluntad de las autoridades nacionales para cumplir con la misma.

Transcurrido este período, sólo algunas de las entidades públicas permiten el acceso a información,

  siendo la regla común la falta de cooperación y colaboración en el cumplimiento de la Ley. Más aún, ante la solicitud de información, las autoridades públicas, de manera general, han respondido con desinterés o simplemente con el silencio.

Los informes de monitoreo de Participación Ciudadana evidencian un bajo nivel de cumplimiento de la Ley en las instancias principales de la Administración Pública y tenemos razones para suponer que en otras instancias, como los ayuntamientos municipales y en los partidos políticos,el nivel de cumplimiento es aún inferior.

Con esta actitud  se violenta el objetivo de esta Ley, que es el de garantizar que el flujo de informaciones no dependa de la voluntad del funcionario (a) de turno, permitiendo con ello que el autoritarismo y la burocracia se erijan en obstáculos para que los ciudadanos(as) puedan obtener informaciones del ámbito gubernamental o en entidades estatales.

El caso del Recurso de Amparo interpuesto por el comunicador Huchi Lora, presenta un reto para el recién creado Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, de cuyas motivaciones y decisión estaremos pendiente, por el precedente y la jurisprudencia que crearía en esta materia en el país.

Participación Ciudadana continuará impulsando acciones que garanticen la correcta aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entidad que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en aras de contribuir a la creación de una conciencia ciudadana sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, ha venido dando seguimiento muy de cerca a las actuaciones del  sistema de justicia penal en los casos de las acusaciones sobre fraudes bancarios de tres importantes bancos nacionales desde el 2003. Por ello ha procurado que la ciudadanía se mantenga informada de los detalles relevantes de estos hechos y que, con la debida vigilancia constante, logremos que el manto de impunidad que ha cubierto todos los crímenes sea levantado y  que todos los  responsables de los delitos cometidos sean castigados de acuerdo a lo establecido por ley.   Dentro de ese objetivo, la CTI ha observado cuidadosamente los hechos que han repercutido en la vida procesal del caso  Banco Mercantil y por este vía, deseamos fijar nuestra posición sobre el mismo.

Nos percatamos de que en este caso existe un conflicto de competencia, ya que en virtud de la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 de agosto del 2005,  se ordena Apertura a Juicio contra los señores:  1) Andrés Alejandro Aybar Báez; 2) Evelyn Altagracia Montandon; 3) Rafael Maximiliano Moya Hernández; 4) Ramón Aref Henríquez Risck; 5) José Manuel Mateo Contreras y dicho expediente  fue enviado por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.     Posteriormente,  la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, mediante su sentencia de fecha 30 de marzo del 2006 (apoderada por envío de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, según Decisión de fecha 03 de febrero del 2006), ordena Apertura a Juicio y apoderó al Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del mismo Departamento Judicial, contra los nombrados:  1) Eduardo Jacinto Alejandro De Castro Sánchez;  2)  Juan Rafael Oller Santoni; 3) Juan Rafael Reyes Mariñez; 4. Rafael Faxas-Flores Hernández.    Es así que, el mismo Caso Banco Mercantil, que contiene 9 imputados con apertura a juicio se encuentra dividido en 2 Jurisdicciones de Primera Instancia apoderadas, pertenecientes a Departamentos Judiciales diferentes.

Es por esto y en apego al artículo 70 del Código Procesal Penal dominicano, que establece que es atribución de la Suprema Corte de Justicia, conocer  del Procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de Apelación o entre jueces o tribunales de distintos Departamentos Judiciales, vemos que hace más de un año que nuestro más alto tribunal debió determinar cual de las 2 jurisdicciones apoderadas conocerá el caso.   Por vía de la instancia depositada en el día de hoy, ante la Suprema Corte de Justicia, solicitamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia, Que decida cuál de las jurisdicciones apoderadas, esto es, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional  o el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, deberá conocer el caso contra los señores: 1) Andrés Alejandro Aybar Báez; 2) Evelyn Altagracia Montandon; 3) Rafael Maximiliano Moya Hernández; 4) Ramón Aref Henríquez Risck; 5) José Manuel Mateo 6) Eduardo Jacinto Alejandro De Castro Sánchez;  7)  Juan Rafael Oller Santoni; 8) Juan Rafael Reyes Mariñez; 9) Rafael Faxas-Flores Hernández, todos sometidos a la justicia por presunta violación de las disposiciones de los artículos 147,148,405 y 408 del Código Penal dominicano y el articulo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02.

• Instancia de solicitud mediante la cuál se solicita a ese alto tribunal decidir cual de las dos jurisdicciones apoderadas deberá conocer del caso a que se refieren las sentencias anexas. (18-4-2007)

[1]Posición de la Coalición por la Transparencia  y la institucionalidad  (CTI) expuesta el 18 de abril del 2007, sobre el caso del Banco Mercantil

El coordinador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Porfirio Rodríguez, consideró como preocupante el descargo de tres funcionarios del gobierno, involucrados en el expediente del Programa de Eventual Mínimo de Empleo (PEME) por alegado desfalco contra el Estado por RD$1,427 millones.

Señaló que con esa decisión prevalece la percepción que hay en la población de que en el país existe impunidad en cuanto a la corrupción administrativa. Lamentó que las juezas no argumentaran ninguna razón jurídica para el descargo y sencillamente acogiera el retiro de la acusación contra los funcionarios de parte del Ministerio Público. Dijo  que con esto se percibe que hay un favoritismo o de que hay una situación que está contaminada por la posición del Ministerio Público que es parte del Estado y del partido en el gobierno.

 “Yo pensaba que a lo mejor los jueces ponderaron algo, pero si sólo lo que hacen es acogerse del Ministerio Público debe quedar claro que no es propiamente un juez que está descargando, es el Ministerio Público que está retirando la acusación”, expresó Rodríguez.

Manifestó que quisiera creer que originalmente el caso PEME obedeció a una acusación política, pero que el sistema mismo le resta credibilidad a lo que se quisiera que fuera la verdad.

Declaró que no le sorprendería que los demás acusados en el expediente sean exculpados, ya que en este país todos los casos de corrupción terminan en descargo.

“Si juzgamos por los casos que han ido a los tribunales y sus resultados somos uno de los países más honestos y con menos corrupción del mundo”, concluyó el coordinador de Participación Ciudadana.

Reforma Carta Magna:

El tema de la participación de la mujer dominicana en los partidos políticos y su papel en las reformas constitucional y electoral fueron los temas debatidos en un encuentro organizado por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

Licelott Marte de Barrios expuso su punto de vista acerca de cómo la ley de partidos políticos, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, puede garantizar una mayor participación de las féminas en la toma de decisiones en las organizaciones políticas.

Lograr que el proceso de reforma constitucional resulte en una Carta Magna "que sea el fundamento de una democracia plena, sin discriminación, ni exclusión por cuestión de género", fue una de las reflexiones expresadas por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Por su parte, Mariano Rodríguez, presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), se refirió a la posibilidad de revisar la utilización del voto preferencial, que en su opinión, perjudica fundamentalmente a las mujeres. También mencionó la transparencia que debe primar en las decisiones de la Junta, y al respecto anunció que todos los asuntos llevados a la Cámara Contenciosa serían tratados en audiencia pública y no en cámara de consejo.