La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entidad que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en aras de contribuir a la creación de una conciencia ciudadana sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, ha venido dando seguimiento muy de cerca a las actuaciones del  sistema de justicia penal en los casos de las acusaciones sobre fraudes bancarios de tres importantes bancos nacionales desde el 2003. Por ello ha procurado que la ciudadanía se mantenga informada de los detalles relevantes de estos hechos y que, con la debida vigilancia constante, logremos que el manto de impunidad que ha cubierto todos los crímenes sea levantado y  que todos los  responsables de los delitos cometidos sean castigados de acuerdo a lo establecido por ley.   Dentro de ese objetivo, la CTI ha observado cuidadosamente los hechos que han repercutido en la vida procesal del caso  Banco Mercantil y por este vía, deseamos fijar nuestra posición sobre el mismo.

Nos percatamos de que en este caso existe un conflicto de competencia, ya que en virtud de la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 de agosto del 2005,  se ordena Apertura a Juicio contra los señores:  1) Andrés Alejandro Aybar Báez; 2) Evelyn Altagracia Montandon; 3) Rafael Maximiliano Moya Hernández; 4) Ramón Aref Henríquez Risck; 5) José Manuel Mateo Contreras y dicho expediente  fue enviado por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.     Posteriormente,  la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, mediante su sentencia de fecha 30 de marzo del 2006 (apoderada por envío de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, según Decisión de fecha 03 de febrero del 2006), ordena Apertura a Juicio y apoderó al Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del mismo Departamento Judicial, contra los nombrados:  1) Eduardo Jacinto Alejandro De Castro Sánchez;  2)  Juan Rafael Oller Santoni; 3) Juan Rafael Reyes Mariñez; 4. Rafael Faxas-Flores Hernández.    Es así que, el mismo Caso Banco Mercantil, que contiene 9 imputados con apertura a juicio se encuentra dividido en 2 Jurisdicciones de Primera Instancia apoderadas, pertenecientes a Departamentos Judiciales diferentes.

Es por esto y en apego al artículo 70 del Código Procesal Penal dominicano, que establece que es atribución de la Suprema Corte de Justicia, conocer  del Procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de Apelación o entre jueces o tribunales de distintos Departamentos Judiciales, vemos que hace más de un año que nuestro más alto tribunal debió determinar cual de las 2 jurisdicciones apoderadas conocerá el caso.   Por vía de la instancia depositada en el día de hoy, ante la Suprema Corte de Justicia, solicitamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia, Que decida cuál de las jurisdicciones apoderadas, esto es, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional  o el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, deberá conocer el caso contra los señores: 1) Andrés Alejandro Aybar Báez; 2) Evelyn Altagracia Montandon; 3) Rafael Maximiliano Moya Hernández; 4) Ramón Aref Henríquez Risck; 5) José Manuel Mateo 6) Eduardo Jacinto Alejandro De Castro Sánchez;  7)  Juan Rafael Oller Santoni; 8) Juan Rafael Reyes Mariñez; 9) Rafael Faxas-Flores Hernández, todos sometidos a la justicia por presunta violación de las disposiciones de los artículos 147,148,405 y 408 del Código Penal dominicano y el articulo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02.

• Instancia de solicitud mediante la cuál se solicita a ese alto tribunal decidir cual de las dos jurisdicciones apoderadas deberá conocer del caso a que se refieren las sentencias anexas. (18-4-2007)

[1]Posición de la Coalición por la Transparencia  y la institucionalidad  (CTI) expuesta el 18 de abril del 2007, sobre el caso del Banco Mercantil

El coordinador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Porfirio Rodríguez, consideró como preocupante el descargo de tres funcionarios del gobierno, involucrados en el expediente del Programa de Eventual Mínimo de Empleo (PEME) por alegado desfalco contra el Estado por RD$1,427 millones.

Señaló que con esa decisión prevalece la percepción que hay en la población de que en el país existe impunidad en cuanto a la corrupción administrativa. Lamentó que las juezas no argumentaran ninguna razón jurídica para el descargo y sencillamente acogiera el retiro de la acusación contra los funcionarios de parte del Ministerio Público. Dijo  que con esto se percibe que hay un favoritismo o de que hay una situación que está contaminada por la posición del Ministerio Público que es parte del Estado y del partido en el gobierno.

 “Yo pensaba que a lo mejor los jueces ponderaron algo, pero si sólo lo que hacen es acogerse del Ministerio Público debe quedar claro que no es propiamente un juez que está descargando, es el Ministerio Público que está retirando la acusación”, expresó Rodríguez.

Manifestó que quisiera creer que originalmente el caso PEME obedeció a una acusación política, pero que el sistema mismo le resta credibilidad a lo que se quisiera que fuera la verdad.

Declaró que no le sorprendería que los demás acusados en el expediente sean exculpados, ya que en este país todos los casos de corrupción terminan en descargo.

“Si juzgamos por los casos que han ido a los tribunales y sus resultados somos uno de los países más honestos y con menos corrupción del mundo”, concluyó el coordinador de Participación Ciudadana.

Reforma Carta Magna:

El tema de la participación de la mujer dominicana en los partidos políticos y su papel en las reformas constitucional y electoral fueron los temas debatidos en un encuentro organizado por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

Licelott Marte de Barrios expuso su punto de vista acerca de cómo la ley de partidos políticos, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, puede garantizar una mayor participación de las féminas en la toma de decisiones en las organizaciones políticas.

Lograr que el proceso de reforma constitucional resulte en una Carta Magna "que sea el fundamento de una democracia plena, sin discriminación, ni exclusión por cuestión de género", fue una de las reflexiones expresadas por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Por su parte, Mariano Rodríguez, presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), se refirió a la posibilidad de revisar la utilización del voto preferencial, que en su opinión, perjudica fundamentalmente a las mujeres. También mencionó la transparencia que debe primar en las decisiones de la Junta, y al respecto anunció que todos los asuntos llevados a la Cámara Contenciosa serían tratados en audiencia pública y no en cámara de consejo.

El Movimiento Cívico, Participación Ciudadana expresa su desacuerdo con la decisión tomada por la Fiscalía del Distrito Nacional de excluir del expediente del Caso PEME a una parte de los implicados. Esta exclusión no tiene ninguna fundamentación legal y crea, por el contrario, un nuevo precedente nefasto y adverso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.

El pasado 20 de febrero del 2007, la Segunda Sala Penal  fue apoderada por la Fiscalia del Distrito Nacional,  de una solicitud de  exclusión del expediente de  cuatro de los siete implicados,  debido, según la Fiscalía, a que no existen indicios que comprometan su responsabilidad penal. Los beneficiados con la exclusión son:  Diandino Peña, ex Secretario Administrativo de la Presidencia, ahora Gerente General del Metro Santo Domingo con rango de Secretario de Estado; Simón Lizardo Mezquita, ex Secretario Administrativo de la Presidencia, en la actualidad Contralor General de la República;   Haivanjoe Ng Cortiña  ex Contralor General, hoy Superintendente de Valores y Noe María Camacho.

En  el mismo acto la  Fiscalía presentó cargos contra Luís Inchausti,  León  Antonio López Mata y Grecia María Peguero  y solicitó a la  Cámara de Cuentas un  nuevo experticio  contable a los fondos del PEME.

El Misterio Público no tiene competencias naturales  para excluir a ningún imputado en un caso que no esta en este momento en fase de investigación y sobre el cual existen varias decisiones jurisdiccionales, comenzando con la Providencia Calificativa que envía a juicio a los imputados, de fecha 6 de junio del 2001, decisión que fue ratificada por la Cámara de Calificación, el 8 de marzo del 2002, mediante la cual fue apoderada la Primera Sala Penal.

En este caso el procedimiento preparatorio, que tiene por objeto la determinación de los fundamentos para dictar apertura a juicio o no, mediante la recolección de los elementos de prueba que permitan basar la acusación del Ministerio Público o del querellante, concluyó de manera satisfactoria con el pronunciamiento de una Providencia Calificativa.

El Ministerio Público, en esta oportunidad sólo debe avocarse a redactar el Acta de Acusación, en virtud del nuevo Código Procesal Penal, teniendo como elementos para la sustentación de la misma, la propia providencia y las otras decisiones jurisdiccionales existentes en este caso, con las mismas pruebas que se presentaron y que fueron ponderadas en el Juzgado de la Instrucción, como son las aportadas por la Contraloría General de la República, la Junta Central Electoral, la Policía Nacional y los interrogatorios practicados en diferentes fases del proceso. 

El Ministerio Público debe ser único e indivisible, en el tiempo, en el interés que pueda actuar en la jurisdicción competente y continuar haciéndolo durante todo el juicio sosteniendo la acusación, que es lo único que tiene que realizar la Fiscalía del Distrito Nacional.

La decisión no fundamentada del Ministerio Público es un golpe mortal a la lucha contra la impunidad, por el adecentamiento de la actividad política y contra la corrupción administrativa. De seguir el derrotero que lleva este expediente de corrupción, que involucra a funcionarios de la anterior y la actual gestión del Dr. Fernández, se fortalecería la idea de que el sometimiento de otros casos de corrupción en los que pueden estar involucradas pasadas autoridades gubernamentales, sea visto como arma de lucha política y no formando parte de un plan integral para enfrentar la corrupción administrativa.

Condenamos de antemano cualquier intento de desistimiento de la acción pública, por parte del Ministerio Público o que desde el Poder Judicial se declare extinguida la acción penal, como artificio jurídico para  liberar de la responsabilidad penal a los imputados en este escandaloso caso que involucró un presunto desfalco al Estado Dominicano por RD$ 1,427 millones.

Esperamos que los jueces apoderados del caso, se resistan a dar un paso de esta naturaleza, pues el mismo establecería un precedente funesto y desmentiría los esfuerzos que se han venido realizando para borrar la imagen de impunidad en los delitos de corrupción que tanto descrédito han llevado al Sistema Judicial Dominicano.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana escogió a Porfirio Rodríguez Iriartecomo nuevo Coordinador General para este año 2007, durante la primera reunión de los directivos de este movimiento cívico no partidista, desarrollada el pasado lunes 12 de febrero.

Porfirio Rodríguez Iriarte sustituye en esta función al ingeniero Paulo Herrera Maluf.

Rodríguez Iriarte es Ingeniero Civil, miembro fundador de Participación Ciudadana. Es presidente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estereo Hondo, afiliado de la Fundación Testimonio y la Fundación de Cine y Televisión Educativa (FUNCITEVE).

En la actualidad se desempeña en los negocios de la inmobiliaria y la Administración de Condominio.  

Durante la primera reunión del Consejo Nacional, también  escogió los integrantes del Comité Coordinador para este año, integrado por el periodista Juan Bolívar Díaz,  Guillermo Saleta, Isidoro Santana, Luis Scheker Ortiz, Ana Teresa Pérez, Fátima Lorenzo y el propio Rodríguez Iriarte.

Los demás integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana son, Altagracia Salazar, Yuscil Chez, Domingo Matías, Paulo Herrera y  Marivi Arregui.

El movimiento cívico, Participación Ciudadana escogió a Juan Bolívar Díaz,  Guillermo Saleta, Isidoro Santana y a Luis Scheker Ortiz como nuevos integrantes de su Consejo Nacional.

La elección de estas figuras se produjo durante la decimotercera asamblea que se celebró en el convento de Los Dominicos. El periodista Juan Bolívar Díaz alcanzó la mayor votación con 159 votos. Le siguió Saleta con 103, Santana con 93 y Scheker con 88.

Próximamente el consejo -integrado por 14 miembros- se reunirá para seleccionar a las siete personas que integrarán el Comité Coordinador y a la coordinación general de PC.

En la asamblea también se escogió los integrantes de la Comisión del Fondo Anual, compuesta por Isidoro Santana, Alfonso Abreu Collado, Isidoro Santana, Melba Rita Barnett Rivas, Francisco Álvarez Valdez, Roque Napoleón Muñoz, Pavel Isa Contreras, Paulo Herrera y Leocadio Santana.

A esta comisión- Fondo Anual- se integrará, además, la persona que sea electa como coordinador/a general de la institución para este año.

En el curso de la actividad, se presentó las ejecutorias del año 2006, el plan de trabajo para el año 2007 y  se ratificó la Comisión Electoral.

Al final de la asamblea se juramentaron los cuatro nuevos integrantes del Consejo Nacional.