La Policía Nacional y los políticos aparecen como los sectores más corrupto

Según el informe de la última encuesta de Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, dado a conocer en Berlín en el día de hoy. El 23% de los dominicanos pagó soborno para tener acceso a un servicio público o privado en los últimos 12 meses, mientras que el 77% afirma que no lo ha tenido que pagar. Sólo México y Bolivia están por encima de República Dominicana en el pago de soborno, pues en estos dos países el 28% de los encuestados dijo que pagó soborno, frente al 72% que afirmó que no lo pagó.

En Panamá el 8% dijo que pagó soborno, frente al 92% que expresó que no lo pagó. Argentina sobresale como el país latinoamericano donde menos sobornos se pagan, con 6%; frente al 94% que dice que no ha tenido que pagar sobornos. En Colombia y Chile, el 7% dijo que pagó sobornos, pero el 93% informó que no lo pagó.

De acuerdo a la encuesta de LATINOBAROMETRO el 54% de los dominicanos considera que el gobierno realiza acciones tendentes a combatir la corrupción, mientras que el 43% estima que no hay ningún esfuerzo tendente a enfrentarla.

Cuando se le preguntó a los encuestados ¿cómo valoran las acciones que realiza su gobierno para luchar contra la corrupción?, el 10% de los dominicanos respondió que las medidas eran “muy eficaces” y el 44% dijo que eran eficaces. Entre los que tienen una opinión negativa, el 23% estimó que la lucha contra la corrupción era ineficaz, el 11% dijo que el gobierno no lucha contra la corrupción y el 9% afirmó que lejos de combatirla, el gobierno fomenta la corrupción.

Evidenciándose una polarización en las percepciones positivas y las negativas.

Cuando se examinó los sectores o instituciones que practican la corrupción, la mayoría de los dominicanos afirmó que son los policías los más corruptos, con una puntuación de 4.4 en una escala donde 1 es el menos corrupto y 5 el más corrupto. El segmento menos corrupto de la sociedad dominicana es el religioso, con un índice de corrupción de 2.2.

A la Policía Nacional como entidad más corrupta le siguen los partidos políticos, que acumulan el 4.3; el Congreso Nacional y el sistema de aplicación de justicia que comparten el 4.1; las Fuerzas Armadas, con 3.6; la Hacienda (Recaudaciones y manejo de las finanzas públicas) 3.4; los negocios del sector privado, servicios públicos y los servicios de registro y permisos  y medios de comunicación con 3.1; los servicios médicos y las ONG acumulan un índice de corrupción de 3.0. El sistema educativo acumula el 2.7, para el más bajo de todo el sector público.

Cuando se examinó el impacto de la corrupción en la vida política, los encuestados asignaron a República Dominicana  un 3.0 en una escala donde el 1 es “En nada impacta” y 5 es  impacta en “Gran medida”.

El impacto de la corrupción en aun menor en los negocios, con 2.9 y mucho menor en la vida personal y familiar con solo 2.8.

El promedio de Latinoamérica es de 3.3 para la vida política, 2.9 para el entorno de negocios y 2.5 para la vida personal y familiar.

En la vida personal y familiar, Bolivia tendría el mayor impacto de la corrupción, con 3.1, seguido de República Dominicana con 2.8. El promedio de Latinoamérica para este aspecto es de 2.5.

Tabla SEQ Table * ARABIC 1.  Impacto de la corrupción en la vida política, el entorno de negocios y la vida personal y familiar.

A nivel general, los encuestados de todos los países creen que la corrupción afecta en gran medida a sus vidas y, por encima de todo, se muestran preocupados por el papel que desempeñan los partidos y los representantes políticos para abordar la corrupción. El reto de los líderes políticos sigue siendo el de demostrar que no están fomentando estas prácticas corruptas, sino que hacen auténticos esfuerzos por promover la transparencia, la responsabilidad y la integridad en las sociedades de todo el mundo.

En República Dominicana, la muestra fue recogida en las ciudades de Santo Domingo y Santiago entre el 12 y el 20 de agosto de pasado y el trabajo de campo fue realizado cara a cara por Sigma Dos, explica el informe.

Participación ciudadana hace un llamado en el marco de la conmemoración este nueve de diciembre como el Día Mundial contra la Corrupción, para que las autoridades encargadas de formular y ejecutar las políticas tendentes a frenar la corrupción, actúen de manera sistemática y oportuna, de manera que el país se encamine a mejorar estos índices negativos que están afectando su imagen internacional.

Participación Ciudadana
Santo Domingo, República Dominicana.

• Informe Barómetro Global

• Preguntas frecuentes

Participación Ciudadana entiende que la nueva Junta Central Electoral debe enfrentar de inmediato grandes desafíos para dotar a los procesos electorales y a la propia institución electoral de una mayor confiabilidad y credibilidad.

A pesar de que el procedimiento llevado a cabo por el Senado de la República para la selección de los miembros de la JCE parecía prometedor, al final prevaleció la práctica de distribuir miembros entre las principales fuerzas políticas del país.  Los miembros del pleno del organismo electoral, especialmente aquellos que no representan partidos políticos, tienen el gran compromiso de actuar en favor de los mejores intereses de todo el país, sobre todo para garantizar la transparencia electoral,la modernización del registro civil y el esclarecimiento de las denuncias sobre corrupción en cuanto al contrato con la empresa SOMO.

Es propicia la ocasión, para reiterar ante la opinión pública, que en la actual JCE, Participación Ciudadana no tiene ningún representante, pues como lo hemos señalado en distintas oportunidades, nuestra organización no presentó ni apoyó candidatura alguna ante el organismo electoral.

Algunos de los retos inmediatos que tiene por delante la nueva JCE son los siguientes:

• Llevar a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, debido a los cuestionamientos reiterados que han salido a la luz pública sobre el contrato con el consorcio SOMO.  Participación Ciudadana pide a la JCE que realice una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias sobre el caso, y que se tomen medidas para que la misma  tenga lugar en condiciones de independencia.  Para ello, hay que asegurar que en las pesquisas no participen personas que deban ser objetos de escrutinio y de fiscalización como parte de las mismas.

• Comprometerse con la efectiva modernización de las Oficialías del Estado Civil, la cual va más allá de la automatización del Registro Civil, pues supone una verdadera reingeniería institucional de estos organismos, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos; al tiempo que se garantiza la preservación y seguridad de las actas del estado civil. Es necesario resolver de una vez y por todas, el grave problema que significan los cientos de miles de dominicanos y dominicanas sin documento de identidad. Es necesario además, que se de cumplimiento al artículo 8 de la Ley 8-92  que establece que la Junta Central Electoral regulará las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil, consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben los oficiales de Estado Civil, a los cuales se les fijará un salario.

• debida capacitación de los integrantes de los colegios electorales. En esta oportunidad se requiere de un estricto control y supervisión de las campañas electorales para impedir que las mismas inicien antes del tiempo establecido por la ley  y que se conviertan en un escenario donde prime el abuso de los recursos del Estado, el derroche de  dinero, el clientelismo y la propaganda negativa. En este sentido, la JCE tiene ante sí la oportunidad de demostrar su compromiso con este tema, ejerciendo su autoridad para desmontar las campañas políticas que vienen realizando algunos pre-candidatos de varios partidos políticos, así como el exceso de publicidad estatal, parte de la cual puede interpretarse como campaña política realizada con fondos públicos.

Participación Ciudadana reitera su vocación de observadora electoral e institución independiente de los partidos, y se compromete ante la ciudadanía y los cientos de organizaciones que la han apoyado, a  mantenerse vigilante y a seguir exigiendo el cumplimiento de la normativa electoral.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana desea hacer de público conocimiento que durante los últimos días, a propósito de la elección de la nueva Junta Central Electoral, se ha desatado una intensa campaña que busca convencer a la opinión pública de que nuestra organización pretende desconocer la facultad del Senado de la República para la toma de esta importante decisión institucional.  Como parte de esta campaña, se ha intentado además vincular a miembros del Consejo Nacional de nuestra organización con la defensa de intereses de una empresa norteamericana vinculada al voto electrónico.

Sobre este tema, deseamos declarar lo siguiente:

En cuanto a la elección de los miembros de la Junta Central Electoral:

–          Participación Ciudadana en todo momento ha reconocido la competencia del Senado de la República para la selección de los miembros de la JCE, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la República.  En repetidas ocasiones hemos reconocido públicamente el procedimiento abierto y participativo que, hasta el momento, ha establecido la comisión designada por el Senado para esos fines.

–          Sin embargo, queremos reiterar que el Senado de la República debe culminar el proceso de selección de la nueva Junta Central Electoral sin ceder a presiones para nombrar como titulares a militantes reconocidos de partidos políticos.  El peor servicio que se le puede hacer a la institucionalidad electoral es continuar la práctica de tratar a la JCE como objeto de interés de los partidos políticos, y no como un tribunal cuya única misión es velar por el cumplimiento de la ley electoral. Sobre este particular, reiteramos asimismo que la JCE debe estar conformada en su totalidad por profesionales de perfil apartidista que no hayan estado involucrados en escándalos de corrupción.

En cuanto a la campaña sobre una supuesta vinculación con empresas de voto electrónico:

–          Participación Ciudadana ratifica su posición respecto de la inadaptación del voto electrónico a la realidad electoral dominicana.  Entendemos que las soluciones de voto electrónico no constituyen un paso necesario para la evolución del sistema electoral del país, siendo por el contrario una distracción innecesaria respecto de los verdaderos problemas que confronta el Registro Civil en la República Dominicana.

–          Queremos dejar establecido muy claramente que estamos opuestos a cualquier solución para el voto electrónico que se quiera implementar en el país y que ni nuestra institución – ni ninguno de sus directivos y directivas – tiene o ha tenido relación alguna con entidades promotoras de productos relacionados al voto electrónico.  Además, hacemos de publico conocimiento que una comitiva de una empresa fabricante de equipos para el voto electrónico visitó nuestra institución, así como visitó otras instituciones y partidos políticos. Sin embargo a  los representantes de dicha empresa se les informó que nuestra institución no promueve ninguna propuesta específica de voto electrónico, ni declara ninguna preferencia al respecto. Ese ha sido el único contacto que ha tenido nuestra organización, o cualquiera de sus directivos, con entidades vinculadas al voto electrónico.

–          Asimismo, reiteramos que es necesario que la actual Junta Central Electoral lleve a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, sobre todo tomando en cuenta que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) se comprometió frente a la Comisión Nacional de Ética a realizar una investigación exhaustiva sobre el caso.

–          Finalmente, queremos ratificar que todas y cada una de las acciones de nuestros voceros, así como sus declaraciones a los medios de comunicación, son una expresión fiel de las disposiciones del Consejo Nacional, el cual se encuentra totalmente de acuerdo en estos menesteres.

Ante los insistentes rumores que han estado circulando acerca de la conformación de la nueva Junta Central Electoral, y de que en la misma se reiterará la práctica de repartir la JCE entre los partidos políticos, Participación Ciudadana reitera lo siguiente:

• El proceso llevado a cabo por el Senado de la República debe ser respetado hasta su culminación, tomando en cuenta para las posiciones en la JCE solamente a personas que no hayan estado involucradas en escándalos de corrupción y a profesionales de perfil apartidista.

• Es necesario que la JCE actual lleve a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, debido a los cuestionamientos reiterados que han salido a la luz pública, incluyendo la emisión de cheques sin el debido soporte.  Participación Ciudadana recuerda que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) se comprometió frente a la Comisión Nacional de Ética a realizar una investigación exhaustiva sobre el caso, gestión de la cual no se tiene noticia.

• En caso de que el Senado de la República termine cediendo a las presiones provenientes de los partidos políticos y de los conflictos internos de los mismos, estaría enviando una señal muy pobre respecto del compromiso del organismo con el proceso de fortalecimiento institucional del país y sería un mentís a las declaraciones del Presidente del Senado con respecto a la elección de una JCE confiable y apartidista.  Aparte de esto, un fracaso en este proceso arrojaría dudas sobre la honestidad de la consulta para la reforma constitucional y desmotivaría a la participación en dicho proceso por parte de las organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Empeora el índice de la República Dominicana en el 2006, bajando su índice de 3.0 a 2.8, nivel que denota la percepción de que existe una corrupción rampante.

La puntuación de la República Dominicana

La República Dominicana bajó significativamente en el índice de percepción de la corrupción del 2006, que prepara la organización Transparencia Internacional, cayendo en un nivel de 2.8 este año, frente a un 3.0 en el 2005. En los países con índices por debajo de tres, que constituyen casi la mitad de las naciones del mundo, es porque se percibe la existencia de una corrupción rampante.

La República Dominicana se ubica en el lugar 19 entre los 28 países del Hemisferio Occidental y el lugar 99 entre los 163 países del mundo cubiertos por la investigación. Incluso, pese a que la República Dominicana siempre ha estado en la parte baja de la escala, nunca se había encontrado en un nivel tan bajo desde que el IPC incorporó explícitamente al país.

Se recuerda que entre los años 2001 y 2003, que fueron los primeros años que el país fue calificado, tenía puntuaciones por encima de los tres puntos, habiendo caído a 2.9 en el 2004, recibiendo un 3.0 en el 2005, para caer nuevamente en el presente, señal de que en tiempos recientes ha empeorado la percepción que se tiene del fenómeno de la corrupción en el país.

Percibidos como países de mayor corrupción que la República Dominicana aparecen actualmente en América Latina: Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Guyana, Honduras, Ecuador y Venezuela, además del caso extremo de Haití. Sin embargo, en Argentina, en que había mayor percepción de corrupción que en la República Dominicana, se colocó en mejor situación este año.

Del Hemisferio Occidental se destacan Canadá, Chile, Estados Unidos, Barbados y Uruguay, con índices superiores a 6. De todas maneras, ninguno de ellos se encuentra en la lista privilegiada de países con muy bajos niveles percibidos, encabezada por Finlandia, el país considerado más pulcro, y seguida por Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza, todos ellos con un índice mayor que nueve.

La percepción de vigencia de corrupción en el mundo

En casi las tres cuartas partes de los 163 países cubiertos por el estudio, se registran índices inferiores a 5, de un máximo de 10 posibles, reflejando graves niveles de corrupción en gran parte del mundo.

El Índice de Percepción de la Corrupción mide la forma como es percibida la corrupción vigente entre los políticos y funcionarios públicos, por medio de sondeos que realizan diversas instituciones internacionales a hombres de negocios, académicos, analistas de riesgos y expertos nacionales.

Para recabar dicha percepción se define uniformemente la corrupción como el mal uso de los poderes públicos en pro de beneficios privados. Sin embargo, su medición focaliza el aspecto de las percepciones; por tanto, no está basada en información concreta sobre lo que ocurre en términos de corrupción, debido a las dificultades inherentes a la determinación y validación de dichos datos. En todo caso, se procura recoger la información de organizaciones bien reputadas, de dentro y fuera de cada país, incluyendo expertos de los propios países evaluados.

En el informe de este año, Transparencia Internacional destaca la existencia de una gran correlación entre la corrupción y los niveles de pobreza de los países, aunque no quiere decir ausencia de corrupción en los países ricos, sino que esta tiende a ser percibida como menor. La puntuación posible para un  país varía en una escala que va desde 10 (mucha transparencia percibida) hasta cero (mucha corrupción).

Sin embargo, se encuentran países bastante desarrollados con altos niveles de corrupción, como Italia, Corea del Sur, Taiwan e Israel, mientras que varios países subdesarrolados han logrado progresos significativos reduciendo este mal, como Chile, Barbados y Uruguay, todos en nuestra región.

En el extremo opuesto aparecen como los de mayor corrupción Guinea, Iraq, Myanmar y Haití, con puntuaciones inferiores a 2. Muchos de los países de mayor corrupción se encuentran entre los países más pobres del mundo, reafirmando la hipótesis de que la corrupción es una de las principales causas de la pobreza, además de que estos dos males se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, la percepción de mucha corrupción tiende a alejar la inversión extranjera y dificulta el clima para los negocios. Pero además, sustrae recursos de los que podrían ser usados para la educación, la salud y el bienestar social de nuestros pueblos.

El Indice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2006 fue divulgado hoy en la ciudad de Berlín por la organización Transparencia Internacional. Al mismo tiempo, innumerables capítulos nacionales de Transparencia Internacional lo están publicitando en sus respectivos países.

Indice de Percepción de Corrupción 2006

1. Comunicado de Prensa

2. Tabla y Fuentes

3. Preguntas y Respuestas Frecuentes

4. Resumen de la Metodología

Participación Ciudadana reitera al Senado la solicitud de que las personas que sean elegidas para conformar la Junta Central Electoral sean reconocidas por la sociedad dominicana en el sentido de haber realizado sus labores con eficiencia y eficacia, con estricto apego a la etica y  de estar dotados de un profundo sentido de la equidad y sobre todo de no tener relación orgánica de liderazgo dentro de ninguno de los partidos del país. Además solicita que el Senado de un plazo para que se regularicen los actos del estado civil y se de un proceso de rendición de cuentas en la actual JCE.

El Senado Dominicano ha creado muchas expectativas acerca de la elección de la nueva Junta Central Electoral y su deber es cumplirlas. Tiene un gran reto con la elección de personas que puedan ayudar a recuperar el nivel de confianza en esa institución, que en las últimas encuestas realizadas solo un cuarto de la población dice confiar en ella.

Solicitamos que los Senadores tomen en cuenta que las funciones de la JCE van más allá de la organización de los procesos electorales, que esta tiene a su cargo todos los actos del Estado Civil. Lamentablemente, estos actos  se han manejado a un nivel de discrecionalidad tal que los oficiales del estado civil se abrogan la facultad de poner el precio que deseen. El proyecto de automatización en marcha, ha sido señalado como oneroso por parte de sectores importantes de la sociedad dominicana, por lo que solicitamos que los organismos competentes, DPCA y el Comisión Nacional de Ética, procedan a investigar los términos contractuales y las obligaciones contraídas por la JCE con la empresa Somos.

Participación Ciudadana reitera al Senado de la República, que haga una selección tomando en cuenta que la JCE necesita personas de reconocida integridad, que no hayan estado involucradas en escándalos públicos, actos de corrupción, tráfico de influencia o violaciones graves a las leyes penales, que se mantenga el principio de la  independencia partidaria, que sean personas caracterizadas por un buen conocimiento de los problemas sustanciales que afectan al sistema electoral dominicano y en especial al registro civil, entre otros aspectos.

Participación Ciudadana solicita que junto con la elección de los miembros a la JCE, se le dé un plazo a la misma para que tomen las medidas que sean necesarias para que se de cumplimiento al artículo 8 de la Ley 8-92 en el que se sostiene que “la Junta Central Electoral establecerá para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”. Es tiempo ya de que las Oficialías del Estado Civil se conviertan en oficinas al servicio de la ciudadanía, desarrollando una verdadera política de atención a los usuarios y promoviendo programas que den solución al sub-registro que afecta a una parte significativa de la población. El movimiento cívico Participación Ciudadana se propone en lo inmediato desarrollar acciones tendentes a vincular más activamente a la ciudadanía en los trabajos que desarrollan estas Oficialías, particularmente en todas aquellas iniciativas que puedan mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población.

Por ultimo, el Senado, como uno de los órganos del Estado que debe jugar la función de fiscalización, debe pedir a la JCE saliente que rinda cuenta sobre su desempeño y en particular sobre las acciones realizadas en materia de automatización del registro civil.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, en el marco de la conmemoración de su décimotercer aniversario, realizo la Primera Gala Ciudadana Anual, como una forma de celebración de los valores democráticos.

La Gala Ciudadana Anual es un evento que busca celebrar el derecho y el deber de ciudadanos y ciudadanas de asumir un rol activo dentro del sistema político.

En esta primera entrega, la actividad consistió  en una Cena-Conferencia con el Dr. Carlos Asilis sobre "Democracia y Desarrollo Económico". La misma se llevo a cabo en el salón Gran Embajador del Hotel El Embajador.

La disertación del doctor Asilis acerca de Democracia y Desarrollo Económico tocó temas de trascendencia en la agenda nacional y fue un nuevo aporte que este movimiento cívico hizo para edificar a la ciudadanía sobre aspectos muy importantes de la democracia.

El acto aniversario, se inició con las palabras del Coordinador General, Paulo Herrera Maluf, quien se refirió en su discurso a la historia  de este movimiento cívico y los aportes dado por la organización para fortalecer la democracia dominicana; siendo un valor incalculable el trabajo voluntario que los hombres que lo conforman realizan en pro de alcanzar los objetivos planteados desde sus inicios.

Dijo Herrera Maluf que con la realización de la Primera Gala Ciudadana Anual, esta organización cívica no partidista inicia la conmemoración de su décimo tercer aniversario. Luego realizará varias actividades, dentro de las que prevé un encuentro con la membresía.

La Presentación del doctor Asilis, estuvo a cargo de Javier Cabreja, Director Ejecutivo de este movimiento cívico no partidista.

 El Dr. Carlos Asilis se desempeña actualmente como Portafolio Manager y Estratega de Inversión para Vega Asset Management, un gestor de fondos global con oficinas en New York, Madrid y Londres. Antes de incorporarse a Vega desde Febrero del 2003, fue Jefe de Estrategia de Inversión global para JP Morgan Chase (New York).

Su labor en JPMorgan Chase y en otros bancos de inversión ha sido reconocida en diversas votaciones institucionales de mercado incluyendo las prestigiosas Institutional Investors Survey, Reuters Survey, Latin Finance y Greenwich Polls.

Las opiniones de Asilis sobre mercados globales son citadas regularmente en matutinos que incluye los distinguidos Wall Street Journal, Financial Times, South China Morning Post, Expansion (España), Nikkei (Japón), Frankfurt Allgemeine (Alemania), USA Today, Los Angeles Times así como también en revistas especiales como Business Week, The Economist y canales radiales como el BBC (Londres) y Bloomberg Radio.

En la actividad participaron representantes de los partidos políticos, del gobierno, del Poder Judicial, de los organismos de Reforma del Estado, del sector empresarial, de organizaciones de la sociedad civil así como ciudadanos y ciudadanas particulares.

Participación Ciudadana dejó abierta ayer la primera Casa Comunitaria de la Justicia en el barrio Cienfuegos de esta ciudad, plan piloto que busca prevenir la violencia y facilitar un clima de entendimiento y de cooperación.

La iniciativa busca garantizar que la justicia esté al alcance de los sectores más necesitados de Santiago.

El acto inaugural fue encabezado por el coordinador general de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, el Fiscal de Santiago, Raul Martínez, el gobernador, Prof. José Izquierdo, director ejecutivo de PC, Javier Cabreja  y el representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID), Richard Goughnor.

Herrera Maluf explicó que ese espacio operará como un centro integral de información, orientación legal popular, referencia y prestación de servicios de mediación y resolución alternativa de conflictos en la ciudadanía y sus comunidades.

En tanto, Goughnor sostuvo que una justicia independiente y accesible y un estado de derecho sólidos son los elementos fundamentales de una democracia operativa que protege los derechos políticos, civiles y humanos.

En ese sentido, el representante de la USAID  apoyó los esfuerzos de Participación Ciudadana de construir una base de apoyo entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, las diversas autoridades políticas locales, universidades y grupos sociales,  con la  creación de casas comunitarias de Justicia en varias comunidades.

Subero Isa, consideró que la iniciativa surge porque las comunidades buscan mecanismos alternos de defensa, cuando la administración de justicia no es efectiva.

El Procurador General, felicitó la iniciativa de PC y se comprometió apoyar el impulso de este tipo de proyecto que mucho benefician a la población más necesitada

Participación Ciudadana dejó abierta ayer la primera Casa Comunitaria de la Justicia en el barrio Cienfuegos de esta ciudad, plan piloto que busca prevenir la violencia y facilitar un clima de entendimiento y de cooperación.

La iniciativa busca garantizar que la justicia esté al alcance de los sectores más necesitados de Santiago.

El acto inaugural fue encabezado por el coordinador general de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, el Fiscal de Santiago, Raul Martínez, el gobernador, Prof. José Izquierdo, director ejecutivo de PC, Javier Cabreja  y el representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID), Richard Goughnor.

Herrera Maluf explicó que ese espacio operará como un centro integral de información, orientación legal popular, referencia y prestación de servicios de mediación y resolución alternativa de conflictos en la ciudadanía y sus comunidades.

En tanto, Goughnor sostuvo que una justicia independiente y accesible y un estado de derecho sólidos son los elementos fundamentales de una democracia operativa que protege los derechos políticos, civiles y humanos.

En ese sentido, el representante de la USAID  apoyó los esfuerzos de Participación Ciudadana de construir una base de apoyo entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, las diversas autoridades políticas locales, universidades y grupos sociales,  con la  creación de casas comunitarias de Justicia en varias comunidades.

Subero Isa, consideró que la iniciativa surge porque las comunidades buscan mecanismos alternos de defensa, cuando la administración de justicia no es efectiva.

El Procurador General, felicitó la iniciativa de PC y se comprometió apoyar el impulso de este tipo de proyecto que mucho benefician a la población más necesitada

Personal de la misma comunidad

La Casa Comunitaria de  la Justicia, establecida en Cienfuegos,  ofrecerá servicios judiciales gratuitos a los más necesitados, utilizará un personal surgido del seno de la vecindad  y tendrá mayor presencia institucional de las instancias judiciales, dijo el presidente de Participación Ciudadana.

La Casa Comunitaria de  la Justicia, establecida en Cienfuegos,  ofrecerá servicios judiciales gratuitos a los más necesitados, utilizará un personal surgido del seno de la vecindad  y tendrá mayor presencia institucional de las instancias judiciales, dijo el presidente de Participación Ciudadana.