Con el objetivo de  de discutir una propuesta acerca del “Financiamiento  a los Partidos Políticos”, Participación Ciudadana (PC), El Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y la Comisión  Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) organizaron un importante seminario.

Este es el segundo seminario que se celebra con el propósito de consultar a los diferentes sectores de la vida nacional para que puedan expresarse sobre la temática referida y cuyas opiniones y cuyas opiniones e inquietudes permitan la elaboración de una propuesta preliminar más acabada que sería  presentada al congreso nacional como parte de un anteproyecto de ley.

Las exposiciones de este seminario estuvieron a cargo del licenciado Manuel Olivero Rodríguez y los doctores Licelott Marte de Barrios y Tirso Mejía Ricart.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), doctor José Joaquín Bidó Medina.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños aboga porque se ponga un tope a la cantidad que el Estado asigna a los Partidos Políticos, porque pudiera llegar a ser una suma astronómica.

Expresó Castaños Guzmán que la JCE entrega mensualmente a los partidos políticos RD$ 24 millones, y de esta suma el 80% va a los tres grandes partidos (PLD; PRD y PRSC. En el país hay 23 organizaciones políticas  reconocidas  por la junta.

En total los partidos reciben alrededor de RD$300 millones al año, cuando no hay elecciones, y el doble de esa cifra en años electorales, según lo estipulado por la ley electoral

El presidente de la JCE abogó porque el país controle el uso que dan los partidos a los cientos de millones de pesos que reciben del Estado dominicano. Y advirtió que ese dinero no debe ser usado para pagar salarios y dietas a los dirigentes políticos.

Explicó Castaños Guzmán que se debe sistematizar los registros contables de los partidos para que no haya posibilidad de que los fondos no se usen adecuadamente.

Dijo que los recursos que aporta que aporta la ciudadanía a los partidos deben ser destinados a fortalecer las instituciones, a elevar los partidos en educación y participación política.

“Los partidos son indispensables para la democracia ya que son escuelas de participación política”, pondero Castaños Guzmán.

Indicó que hace falta una ley de Partidos Políticos para regular entre otras cosas, el modo en que se deben repartir los recursos económicos entre las organizaciones políticas.

Argumentó que  los tres grandes partidos reciben en conjunto RD$18 millones (80% del total), mientras otras 21 organizaciones reconocidas reciben entre todas RD$6 millones. “Tiene que venir una Ley de Partidos Políticos que aclare todo eso. Eso es lo que estamos nosotros esperando”.

Agregó que estratégicamente a los propios partidos les convendría que esto se revise.

Manifestó el presidente de la JCE, que los propios partidos incumplen la ley 275-97 en cuanto a que deben rendir un informe sobre la forma en que han gastado el dinero entregado por la junta.

Reconoció que la junta no ha elaborado un reglamento que establezca los límites de los usos que dan los partidos a los recursos que reciben.

Añadió Castaños Guzmán, que el pleno de la junta se ha abocado a dar un reglamento sobre esa contribución.

También hablaron en la actividad el doctor Marcos Villaman, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y en representación de Participación Ciudadana hizo uso de la palabra la licenciada Fátima Lorenzo, miembro del Consejo Nacional de este movimiento cívico.

Frente a la campaña infamante de desinformación y comentarios maliciosos que realizan dos diarios vinculados a los acusados de los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional en el 2003, y comentaristas asociados, Participación Ciudadana (PC) se ve precisada a formular los siguientes planteamientos:

1.- Nadie puede dejarse sorprender por la ofensiva contra esta institución de medios de comunicación que son parte del cuerpo del delito de los fraudes bancarios más grandes proporcionalmente de la historia, cuyos montos superaron el presupuesto nacional del año en que explotaron, representando más del 20 por ciento del producto bruto interno del país. Tampoco sorprende que algunos comentaristas y traficantes de la comunicación se sumen a esa campaña, pues muchos de ellos fueron receptores de una parte del patrimonio dispendiado.

2.- Es de dominio general que esos medios y sus asociados han operado como voceros de los incriminados, apelando a todo género de manipulaciones, chantajes y ofensas contra todo el que demanda justicia, no importa su jerarquía, nacional e internacional.  El Listín Diario es un caso paradigmático, pues las acciones originales fueron adquiridas por una compañía denominada Bear Park Internacional, creada en 1999 en Islas Vírgenes con un simbólico capital de mil dólares, con dinero extraído fraudulentamente del Banco Intercontinental, hasta un volumen cercano a los 100 millones de dólares, como lo ha documentado el Banco Central.

3.- En nuestro caso dejamos constancia de que de ninguna forma nos dejaremos chantajear ni intimidar por esta ni otra campaña de maledicencias y calumnias. Somos una institución transparente, cuyas actuaciones y aportes al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la práctica de ciudadanía y la lucha contra la corrupción han merecido un alto crédito nacional e internacional.

4.- Rechazamos con toda energía la pretensión de convertirnos en paleros o turberos, rememorando épocas felizmente superadas, porque una delegación de nuestro Consejo Nacional asistió a una de las sesiones del juicio que se sigue contra los acusados del descomunal fraude del Banco Intercontinental (BANINTER). Fuimos allí y volveremos como ciudadanos respetuosos de las leyes y de la majestad de la justicia, pero en pie de reclamo porque cese el manto de impunidad que socava las bases de la institucionalidad democrática. Creemos que toda la ciudadanía y sus instituciones deben mantenerse alertas y reclamando justicia en los fraudes bancarios, para que no se siga engrosando el récord de sólo 8 sentencias definitivas y tres condenatorias de 250 expedientes de corrupción en los últimos 25 años.

5.- Parte de la campaña de desinformación  sostiene que esta institución ejerce una gran influencia sobre la Junta Central Electoral.  Ni pública ni privadamente hemos propuesto ni promovido a nadie para la JCE ni para ningún otro cargo de elección directa o indirecta, o de designación. Somos una organización de presión y concertación para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de actuaciones transparentes y responsables. No nacimos para aspirar a cargos de ningún género ni para promovernos. Por eso nuestros estatutos declaran incompatibles las posiciones directivas de PC con los altos cargos públicos. Y por lo mismo renovamos nuestro principal dirigente cada año.

6.- Los doctores José Ángel Aquino y John Guiliani y la doctora Aura Celeste Fernández, han tenido vínculos diversos con PC, como decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas. Nunca han sido dirigentes de ningún organismo de esta institución. Los reconocemos como profesionales honorables y capacitados para las funciones que los eligió el Senado, pero no solicitamos su designación en la JCE a ningún senador ni dirigente político. Tampoco podríamos impedirles, como a ninguna persona que sea o haya sido miembro o colaborador de PC, aceptar cualquier puesto electivo o por designación.

7.-Como durante nuestros 14 años de existencia hemos entrenado a unos 20 mil ciudadanos y ciudadanas para la transparencia electoral y capacitado a centenares en niveles ejecutivos, es posible que algunos hayan sido escogidos para formar parte de juntas electorales, lo que en vez de avergonzarnos nos produce satisfacción. Pero ni ellos responden por nosotros ni nosotros por ellos. Son ciudadanos y ciudadanas en uso y ejercicio de sus derechos.

8.- PC ha sostenido relaciones de absoluto respeto y constructiva colaboración con todas las juntas electorales a partir de la escogida en 1994 y nuestro trabajo en ese ámbito ha obtenido los mayores reconocimientos de los jueces electorales como de los organismos especializados en la materia del nivel internacional. La misma colaboración respetuosa hemos tenido con otras entidades del Estado, lo que nos ha llevado a la firma de acuerdos de colaboración   y a proyectos comunes con el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, con el Consejo Nacional de Reforma del Estado y la antigua Comisión para la Reforma y Modernización del Estado. Ninguno de esos acuerdos nos ha inhibido de ejercer las críticas y reclamos correspondientes ante esas instituciones.

9.- Otra de las patrañas que propala la campaña de desinformación y chantaje de los periódicos señalados es la de que somos un instrumento o voceros pagados por la Embajada Estadounidense por el hecho de que la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) financia parte de nuestros programas. Ciertamente hemos recibido una significativa y valiosa ayuda de la AID como muchas otras ONG´s pero también hemos recibido ayuda de organizaciones y fundaciones que reciben apoyo del gobierno de España, Canadá, de la comunidad Europea, Etc. También de empresarios y ciudadanos de nuestro país. Todos nos han dado apoyo con absoluto respeto a nuestra independencia y dignidad sin ningún tipo de condiciones. A todos les agradecemos ese respaldo. Pretender satanizarnos porque recibamos fondos para proyectos y programas específicos, todos manejados con transparencia y supervisión que aparecen en nuestra página Web es parte del maniqueísmo y el chantaje con el que se quiere manipular a la opinión pública.

10.- Desde hace tres años PC declaró la lucha contra la corrupción como su principal prioridad de trabajo, dado el peso que tiene esa rémora en la sociedad dominicana. Estamos conscientes de los riesgos que implica su combate, ya que los corruptos han acumulado una inmensa cantidad de dinero y han comprometido muchas colaboraciones y silencios con sus generosas retribuciones.

11.- Finalmente ratificamos nuestra decisión de dar estrecho seguimiento a los juicios por los fraudes bancarios y nos satisfacen las advertencias recién formuladas por instituciones   como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como por múltiples economistas que han señalado las consecuencias negativas que tendría para la nación el que no se sancionara justamente los enormes fraudes bancarios. Debemos recordar advertencias similares hechas anteriormente por innumerables instituciones nacionales, incluyendo el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que reúnen a cientos de organizaciones, así como por embajadores y dignatarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, España y otras naciones.

Participación Ciudadana, como Movimiento Cívico que busca aportar al fortalecimiento del sistema Democrático en el país, mediante el impulso de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tendentes a contribuir con la construcción de una mejor relación de ciudadanos y ciudadanas con el Estado, presenta los resultados de su Tercer Informe del Observatorio Ciudadano a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del Monitoreo, identificando los avances, retos y dificultades, en la implementación de dicha norma en la República Dominicana.

Las ciento cinco (105) instituciones objeto del seguimiento en el presente observatorio son las mismas que monitoreamos en el 1er y 2do informe de seguimiento. A saber: las  Secretarías de Estado y Organismos con niveles de Secretaría de Estado, Direcciones Generales, Oficinas Nacionales e Instituciones dependientes de las Secretarías de Estado, Institución del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, Organismos Descentralizados, Organismos Adscritos a la Presidencia de la República, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado de la República) y Poder Judicial, (Suprema Corte Justicia).

En este tercer informe del Observatorio Ciudadano de seguimiento a la implementación de la Ley 200-04, fue realizado en varias etapas. En esta oportunidad nos centramos en el seguimiento a la designación de los Responsables a la Información (RAIs),  a la implementación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAIs), a la verificación del cumplimiento de las informaciones obligatorias que deben contener las Portales de Internet y los resultados de los pedidos de información de las instituciones públicas objeto del seguimiento.

Los resultados que presentamos en este tercer informe evidencian claramente  pocos avances en las instituciones que se encuentran bajo el ámbito de la aplicación de la Ley, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las oficinas de acceso a la información (OAI), la designación de los responsables de acceso a la información (RAI) y la ausencia en las respuestas a los pedido de información por parte de la ciudadanía en cada institución.

Desde Participación Ciudadana seguiremos promoviendo esta herramienta de control social, contribuyendo con la formación de ciudadanos y ciudadanas, cada vez más concientes de su derecho de cómo acceder a la información, haciendo uso de este poderoso instrumento, para saber, entre otras cosas, en qué se gastan los impuestos que pagan, cuáles son las prioridades del Gobierno y cómo estas pueden contribuir al desarrollo de su comunidad.

Celebrado el 16 y 17 de Agosto de 2007Salón Las Atarazanas – Hotel V Centenario, Santo Domingo, Rep. Dom

Participación Ciudadana anuncia el proyecto de “Asesoría y Asistencia Legal para el Derecho de Acceso a la Información pública en la República Dominicana” para brindar asesoría legal a los ciudadanos y periodistas a quienes las instituciones públicas les nieguen información.

El presente Curso tiene por objeto que los participantes profundicen sus conocimientos sobre el derecho de Acceso a la Información Pública, posean las capacidades para poder sustentar en justicia los recursos correspondientes en caso de violación del Derecho de Acceso a la información Pública y que adquieran el conocimiento de los procedimientos ante la Corte Interamericana.

• Programa
•  Principios y Límites de la Ley 200-04, Carlos Luis Roques
  
• Fortalezas, Debilidades y Retos de la Ley, Carlos E. Pimentel
• Recursos contra la violación al derecho al Libre Acceso a la Información,Laysa Melissa Sosa

• El Acceso a la Información ante la Corte Interamericana de DDHH, Moisés Sánchez