La Cámara de Diputados y el movimiento cívico, Participación Ciudadana, firmaron un convenio en el que se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas para fortalecer la democracia, mediante la aprobación de leyes que garanticen que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta y a través de un proceso de discusión sobre la agenda pendiente en materia político electoral.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín y el coordinador general de Participación Ciudadana, Ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte.

Mediante esta alianza ambas entidades impulsarán la aprobación de las leyes de partidos políticos, de participación social, fiscalización y función pública, como instrumento fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, en procura de garantizar que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta.

También el acuerdo contempla la realización de consultas con diversos sectores para fortalecer la propuesta de la agenda priorizada, dando a conocer este mecanismo como una herramienta para la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo.

Asimismo las instituciones se comprometen a discutir y definir estrategias, políticas y participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos que impulsa la Cámara de Diputados para fortalecer la función de representatividad.

La alianza tiene previsto la realización de cursos, seminarios, talleres y desarrollar una experiencia piloto que ponga a prueba los mecanismos de participación diseñados para garantizar la intervención activa de la ciudadanía en los asuntos de su competencia.

Al acuerdo asistieron los miembros del Consejo Nacional, Ana Teresa Pérez, Luis Scheker Ortiz, Mayra Lorenzo, Yuscil Chez, Samir Chamir Isa y Domingo Matías y del equipo técnico Nurys Paulino y Josefina Arvelo.

Con el primer informe preliminar presentado el pasado día 10 de junio, Participación Ciudadana (PC) dio cuenta de lo ocurrido en la jornada de votación de las primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), durante las primeras horas de mañana, en lo concerniente a la llegada de los materiales de votación, la apertura de los centros de votación, el rol de los distintos actores del proceso, así como a los incidentes presentados en distintos puntos del país.

Este segundo informe, recoge los acontecimientos que pudieron ser observados en la fase de votación desarrollada en horas de la tarde del día de la jornada electoral reformista, así como del escrutinio realizado en los distintos  centros de votación en los que PC tuvo presencia a través de sus observadores. Los resultados presentados a continuación, tienen como base los informes de monitoreo presentados por los 350 voluntarios de esta organización, los cuales realizaron una observación itinerante en 44 municipios y el Distrito Nacional, y una observación fija en una muestra aleatoria de 80 centros de votación distribuidos en 63 municipios de 28 provincias y el Distrito Nacional.  Resultados Cualitativos.

1.  Aspectos organizativos y logístico del proceso de votación

En general puede afirmarse que, al igual que en otros procesos internos de los partidos políticos en el país, en las primarias de electores del PRSC se cumplió de manera satisfactoria con una serie de procedimientos relacionados con la logística electoral, necesarios para el buen desarrollo de procesos de esta naturaleza, como lo evidencian los siguientes aspectos:

• Aunque hubo retrasos en la apertura de un número significativo de Centros de Votación, debido fundamentalmente a la llegada tarde de los funcionarios de mesas o al hecho de que las Escuelas se encontraban cerradas, esta situación pudo ser corregida a tiempo, como lo muestra el hecho de que el 97.33% de los Centros iniciaron antes de las 10:00  de la mañana.

• En el 93.33% de los centros observados, las comisiones electorales estaban claramente identificadas y en igual proporción lo estaban los representantes de dos de los candidatos, excepto los delegados del precandidato Luis Toral. 

• Según reportes enviados por los observadores de PC, el 82.77% de los locales de votación eran adecuados para ejercer el sufragio,  y  en el 76% de los mismos ofrecían condiciones para la privacidad del voto. Sin embargo, a pesar de esto, en muchos  de los Centros el voto no se ejercía de manera secreta

• Se pudo constatar además,  que en el  97.33% de los centros de votación, el padrón electoral estaba en manos de los miembros titulares de la mesa. En 78.67% de los centros de votación, se dieron casos de electores  que no aparecían en el padrón.

No obstante a esto, se encontraron diversos problemas de carácter organizativo y logístico relacionados con la lentitud en el proceso al inicio de la votación y la desorganización en la filas de electores y en el funcionamiento de las mesas, debido fundamentalmente a la precaria capacitación de los funcionarios electorales y a la concentración de colegios electorales y sus padrones en una sola mesa. Se encontraron casos en que una sola mesa de votación, de apenas tres funcionarios, tenía que manejar entre 40 y 50 padroncillos correspondientes a los colegios que funcionan en  esos recintos de votación. Esta concentración no fue un problema aún más grave, debido a que la afluencia de electores no fue mayor.

A esto se suma el poco control de las autoridades electorales del partido, para impedir que los seguidores de los distintos precandidatos realizaran campañas proselitistas durante el día de las votaciones, lo que se constituye en una franca violación a lo establecido en el reglamento electoral del PRSC. En los centros donde hubo campaña, el 90% de la misma se realizó en favor del precandidato Amable Aristy, en el 66% a favor de Eduardo Estrella y en el 15% a favor de Luis Toral.

2. Incidentes encontrados

En general se reportaron diversos incidentes durante el proceso electoral interno del PRSC, algunos de los cuales fueron reportados en el primer informe presentado por PC el pasado domingo, siendo los más destacado los acontecidos en Jarabacoa y Cambita, lugar este último en que no fue posible la votación por las confrontaciones generadas entre seguidores del precandidato Aristy Castro y Eduardo Estrella.

Se reportaron casos de enfrentamiento y agresión física  entre simpatizantes de dos de los precandidatos, como los ocurridos en la escuela primaria de Jimaní, la escuela La Altagracia de Santo Domingo Este, o en la Escuela Básica de Quitasueños, San Cristóbal, lugar este último, en que además fue quemada una urna.  En otros lugares, como en la escuela de Barrio Lindo de San Pedro de Macorís, hubo discusiones y serias amenazas con exhibición de armas de fuego de parte de seguidores de uno de los precandidatos.

A esto se suma lo ocurrido en la comunidad de Villa Bao, del Distrito Municipal de Hato del Yaque, en que en medio de un lamentable incidente, dos dirigentes del PRSC fueron heridos de balas.  Estos hechos plantean la necesidad de que en posteriores procesos internos se debe contar con la presencia de miembros de la Policía Nacional que han trabajado en las elecciones realizadas en el país, como una forma de garantizar vigilancia y evitar que estos incidentes ocurran.

3. Sobre el Escrutinio y las actas de votación

En el 92% de los centros de votación observados por PC estaban presentes los miembros de la mesa y en el 98%  se encontraban los delegados de los distintos precandidatos. Sin embargo, con relación al llenado de las actas, en las mesas de la muestra de PC, pudimos comprobar dos hechos que llaman la atención.

En primer lugar, en la mesa de la Escuela la Abejita, del sector Primaveral de Villa Mella, nuestras observadoras comprobaron que habían asistido a votar alrededor de 70 electores, pero en el acta de votación se registraron 295 votantes, de los cuales aparecen 195 a favor del Candidato Amable Aristy, 13 a favor de Eduardo Estrella y 86 a favor de Luis Toral. Esto evidencia la existencia de una clara alteración de dicha acta. A este centro no asistió el delegado de Eduardo Estrella.

El segundo caso reportado por nuestros observadores y que llama mucho la atención, corresponde a la mesa de la muestra ubicada en la escuela pública Ángel Meriño de los Platanitos, Higuey, en que votaron 1,126 electores, 1118 por Amable Aristy, 6 por Eduardo Estrella y 2 por Luis Toral. Lo que se destaca de este caso, es que supera con crece el promedio de electores en las primarias del PRSC, que a nivel nacional se sitúa en alrededor de 200 personas por mesa. Esto quiere decir,  que esta cantidad  de personas no puede votar en una jornada de 8 horas.  Sólo puede ocurrir si cada elector se registra y vota en apenas 25 segundos, lo que es técnicamente imposible. Cabe señalar que en otros centros de votación ocurrieron situaciones similares.

Otros hechos observados en esta mesa de la provincia de Higuey, fueron los casos donde se  permitía un alto número de votación sin verificar correctamente la identidad de las personas e incluso quien firmaba el padrón electoral no era el elector. En ciertos casos solo se ponía una cruz como firma, de esa manera se facilitaba el voto masivo en algunas mesas pero no se garantizaba la identificación correcta del votante o se evitaba el voto duplicado del elector.

Posteriormente nos fueron reportadas otras actas de esta localidad, en las que el número de electores era muy alto, como el caso del  acta de la escuela básica Don Pedro Tapia, en donde supuestamente votaron 2,499 personas, lo que solo es posible si cada elector vota en un tiempo promedio de 12 segundos. En esta mesa el precandidato Amable Aristy aparece con 2,490 votos a favor, Eduardo Estrella con 4 votos y Luis Toral con 3.

4. El papel del dinero en las primarias

Un aspecto que llamó poderosamente la atención fue la práctica, mucho más evidente que en las otras primarias observadas, de la repartición de dinero a cambio de votos, lo que constituye una falta grave. Pudo ser observado un intenso clientelismo e intención de compra de votos, realizado en esta ocasión de manera abierta. En diversos centros de votación, los seguidores de los distintos precandidatos ofertaban dinero sin reparo alguno a cambio de apoyo. Tan grave como ello, muchos ciudadanos posiblemente sin ninguna afiliación reformista se ofertaban a ejercer el voto a cambio de compensación económica. El padrón  semiabierto, como el utilizado en esta ocasión, facilitó este tipo de práctica.

La influencia del dinero en este y los anteriores procesos internos de los partidos políticos, esta provocando daños profundo, no sólo al interior de las instituciones político partidarias, sino también en el sistema político e institucional del país, en tanto ya no es el  ejercicio del voto libre y responsable el que esta determinando los resultados de estos procesos,  sino las prácticas clientelares y la compra de consciencia, lo que es muy lamentable.

Agradecimiento

Participación Ciudadana agradece a la comisión organizadora de estas primarias por el apoyo brindado y reconoce la receptividad y cordialidad que tuvieron los dirigentes y miembros del PRSC participante en las internas del PRSC.

Estudio llama a vigilar el financiamiento de campañas y partidos Berlín / Ciudad de Panamá, 3 de Junio 2007 – El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales se desarrolla en la oscuridad en ocho países latinoamericanos, según un estudio publicado hoy por Transparency International (TI) y el Centro Carter.

El estudio, parte del proyecto Crinis, demuestra que existen graves fallas en las normas y prácticas que rigen la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas de financiamiento de partidos y campañas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, países cubiertos por el estudio. Los principales problemas están en: la falta de control de las donaciones privadas, la falta de rendición de cuentas por parte de los candidatos, la poca confiabilidad de los datos presentados por los partidos y el hecho de que en la mayoría de los países la información sobre fondos políticos no se divulga al público.

“Nuestra meta no es criticar sino aportar para que los gobiernos democráticos mejoren. Para una participación justa de los votantes, debemos evitar que los candidatos y partidos se beneficien de sus recursos económicos derivando ventajas indebidas con fondos superiores y asegurarnos de que los donantes no influyan indebidamente las decisiones de los representantes electos cuyas campañas ayudaron a financiar. La regulación del financiamiento político es esencial para una democracia saludable”, dijo Jimmy Carter, ex mandatario estadounidense y fundador del Centro Carter en una declaración.

El dinero es un elemento esencial para el buen funcionamiento de las democracias y de los partidos siempre y cuando se utilice de manera transparente, debidamente contabilizado, a la vista pública y sujeto a mecanismos efectivos de control estatal y social. Esto garantiza a la ciudadanía el derecho fundamental de conocer los intereses económicos detrás de sus candidatos y poder tomarlos en cuenta al emitir su voto. La transparencia y rendición de cuentas también sirven para controlar irregularidades como la compra de votos o la entrada de fondos ilícitos.

Crinis propone medidas para que los gobiernos y ciudadanos ayuden a aumentar la transparencia y rendición de cuentas. Más allá de un análisis comparado de los resultados en ocho países, el estudio incluye un informe narrativo para cada país con resultados y recomendaciones detalladas.

“Los ciudadanos no tienen cómo saber quienes financian a sus candidatos y representantes políticos. La falta de transparencia del dinero en la política plantea alarmantes riesgos de corrupción ya que las donaciones privadas se convierten fácilmente en un canal para comprar favores”, dijo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International durante el lanzamiento del estudio en la ciudad de Panamá.

Un aumento en la transparencia conduciría a un mayor cumplimiento con acuerdos internacionales de estos países tales como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Ambos convenios han sido ratificados por todos los países evaluados en Crinis.

Financiamiento político a oscuras

Donaciones privadas sin control: En la mayoría de los países la rendición de cuenta de los partidos cubre principalmente los recursos públicos recibidos dejando en segundo lugar las contribuciones privadas, que suelen ser los aportes más significativos durante los procesos electorales. En los cuatro países centroamericanos y Paraguay los órganos estatales de control o no reciben informes sobre ingresos privados o los registran sin llevar a cabo ningún tipo de revisión o fiscalización de éstos, concentrándose sólo sobre el uso correcto de los recursos públicos.

La rendición de cuenta goza de baja confiabilidad: En los ocho países evaluados, los expertos encuestados confirman que los informes presentados por candidatos y partidos al órgano electoral sobre sus ingresos y gastos no son confiables o están incompletos. En Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, los expertos estiman que en general se declara menos que 50 por ciento de los fondos recaudados.

Cuando los políticos se sienten más comprometidos con sus donantes que con la ciudadanía, son los pobres quienes más sufren ya que sus recursos no alcanzan para influir a los políticos en el cumplimiento de sus promesas electorales. Esto afecta directamente la calidad de vida de la gente y la credibilidad de las democracias. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2006 de Transparency International, los encuestados en diez países de Latinoamérica perciben a los partidos políticos como uno de los sectores más corruptos de la sociedad, con una puntuación de 4,2 en una escala del 1 al 5 (1 menos, 5 más corrupto).

Sobre Crinis:

El proyecto Crinis -rayo de luz en latín- es un proyecto en conjunto de Transparency International y el Centro Carter que evalúa y compara niveles de transparencia y rendición de cuentas en los sistemas de financiamiento de partidos y campañas en: Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Basado en casi 150 indicadores detecta vulnerabilidades y fortalezas en áreas claves.

Participación Ciudadana, dando continuidad al interés de garantizar con transparencia y equidad los procesos de aplicación de justicia en el país, lleva a cabo los observatorios de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (LGLAIP) Ley 200-04 partiendo ante todo de la importancia de esta herramienta para la ciudadanía. La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública se constituye en un valioso instrumento de trabajo en beneficio de procesos transparentes y veraces en favor de la sociedad dominicana, sobre todo por el fácil uso de este instrumento, para quienes todo ciudadano/a que procura su derecho de acceso a la información.

• 1er. Informe Observatorio Acceso Información

• 2do. Informe Observatorio Acceso Información

Señor

Dr. Reinaldo Pared Pérez

Presidente del Senado de la República Dominicana

Su Despacho.-

Asunto: Solicitud de destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas

Distinguido Señor Pared Pérez: 

Las instituciones y personas abajo firmantes desean hacer llegar al Senado de la República, por su intermedio, la presente solicitud de destitución y sustitución de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

A. Los hechos. 

• En fecha 28 de diciembre de 2006 fue promulgada la Ley No. 497-06 sobre Austeridad en el Sector Público, cuyo artículo 1 establece una reducción “de los sueldos de todos los funcionarios del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado…” Para los funcionarios que devengaren un sueldo mayor a RD$200,000 la reducción debió ser de un 15%.

• La referida ley establece en su artículo 11 que “el Contralor General de la República y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, tendrán la obligación de velar para el cumplimiento de esta ley y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Planificación e Inversión Pública”.

• En fecha 18 de enero del año 2007 la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó por resolución el aumento de ingresos de sus miembros desde la suma de RD$261,088.28 hasta la suma de RD$449,994.28. En un claro mecanismo de pretender argumentar que no hubo aumento del sueldo, el aumento fue consignado en la partida de dietas o viáticos.

• Ante la repudio general originado por la resolución, la Cámara de Cuentas la dejó sin efecto el 16 de mayo de 2007, consignando en un documento público que “con ese aumento los miembros de la Cámara de Cuentas enviábamos la firme señal de que en nuestro accionar sólo contaríamos con los ingresos legalmente establecidos”.

B. Nuestros argumentos.

• Los miembros de la Cámara de Cuentas que aprobaron o aceptaron el aumento de sus ingresos, violaron claramente la Ley de Austeridad recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

• Es todavía más escandaloso pretender insultar la inteligencia del pueblo dominicano, incluyendo la de los legisladores,  con la excusa de que lo que estaba prohibido era el aumento del salario y no de las dietas o viáticos, cuando la Ley de Austeridad es bastante clara cuando en su preámbulo establece que “un aumento de la presión fiscal, o cualquier programa de compensación de ingresos tributarios, deben ser acompañados con medidas de austeridad y control del gasto público”.

• Además, el  monto del aumento deja claramente al desnudo la intención de los miembros de la Cámara de Cuentas de aumentarse sus ingresos en forma desproporcionada, en franca violación a la ley ya citada.

• La violación es todavía más grave cuando burla la confianza que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo han puesto en los miembros de la Cámara de Cuentas al encomendarle el deber de velar por el cumplimiento de la Ley de Austeridad.

• La Ley No. 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, establece en su artículo 14, lo siguiente:

“Art. 14.- Separación. Los miembros de la Cámara de Cuentas sólo podrán ser separados de sus cargos durante el ejercicio de su mandato por el Senado de la República, en virtud de decisión motivada, por incumplimiento de sus responsabilidades o por la comisión de graves irregularidades, previo estricto respeto del derecho de defensa.”

• La violación a la Ley de Austeridad cometida por los miembros de la Cámara de Cuentas constituye una grave irregularidad y además un incumplimiento de las obligaciones que dicha ley pone a su cargo.

• El argumento utilizado y hecho público de que el aumento pretendía mandar la señal de que sólo contarían con sus ingresos para actuar como miembros de la Cámara de Cuentas, hace suponer que, una vez derogado el aumento, esa garantía

• no existe, generando una pérdida total de la credibilidad de que deben estar dotados los miembros de un organismo que, como la Cámara de Cuentas, está llamado a examinar el uso de los fondos públicos.

• En adición, con su decisión de aumentarse sus ingresos, los miembros de la Cámara de Cuentas violaron las leyes de Presupuesto y de la propia Cámara de Cuentas al comprometer fondos no aprobados por el Congreso Nacional.

C. Petición.

Por las razones expuestas solicitamos, muy respetuosamente, que el Senado de la República, luego de cumplir con el debido proceso, separe de sus posiciones de miembros de la Cámara de Cuentas a sus actuales integrantes por haber violado la Ley de Austeridad.

A la espera de que nuestra solicitud  sea atendida.

Atentamente,

Organizaciones firmantes:

1. Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO)

2. Centro Mujer y Participación-CE-MUJER-

3. Central Nacional de Transportistas Unificados

4. Centro de Apoyo Aquelarre

5. Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo

6. Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)

7. Centro de Planificación y Acción Ecuménica –CEPAE-

8. Centro de Trabajo Popular

9. Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal –CEDAIL-

10. Centro Mujer y Participación (CEDEMUR)

11. Ciudad Alternativa

12. Colectiva Mujer y Salud

13. Color Service Cx A

14. Comunidad Cosecha de Cotui

15. COPADEBA

16. Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios –CONACONU-

17. Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción

18. Foro Ciudadano

19. Frente Amplio de Lucha Popular –FALPO-

20. Fundación por una Ética Empresarial y de Organizaciones

21. Fundación Solidaridad

22. Hogar Renacer

23. Instituto Nacional de la Salud –INSALUD-

24. Junta de Vecinos Gran Almirante

25. Participación Ciudadana

26. Programa Sábado Cultural de Santiago

27. Proyecto Petrolero Dominicano-PROPEDOM C x A

28. Solidaridad Fronteriza

29. Unión de Vecinos Activos

30. Unión Junta de Vecinos Sabana Perdida

31. Coordinadora de Mujeres del Cibao

La organización Transparencia Internacional pone en circulación el Informe Global de la Corrupción correspondiente al 2007

El Informe Global de la Corrupción ofrece un análisis anual y sistemático de la corrupción a nivel mundial, con un tema especial cada año. En este año se dedica una atención especial a la corrupción en el sistema judicial.

El Informe destaca que la corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negándoles a las víctimas y a los acusados el derecho humano elemental a un juicio justo e imparcial.

El principio de que todos somos iguales frente a la ley, base fundamental del estado de derecho en las sociedades democráticas, se ve seriamente afectado cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencias políticas.

“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, dice el informe. “Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,”

Además, un sistema judicial corrupto mina el crecimiento económico, dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.

Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de la corte entren en escena.

Latinoamérica es la región del mundo en que se percibe mayor prevalecía de corrupción en la justicia, seguida por los nuevos estados independientes de la Europa del Este.

En el caso de la República Dominicana, el informe indica que, pese a que la institución de un proceso de selección basado en el mérito ha mejorado la calidad del estrado y disminuido la corrupción de manera temporal, se registran quejas de retrocesos. De hecho, los últimos nombramientos a la Corte Suprema han obedecido en un alto grado a consideraciones políticas.

¿Qué es la corrupción? ¿Qué implica la corrupción judicial?

Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”. Y los diversos tipos de funcionarios públicos, de todos los poderes, disponen de un poder que les ha sido encomendado. El uso abusivo de que hacen, defrinido como corrupción, abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material, tales como la promoción o conservación del poder político. 

La corrupción judicial se refiere a toda influencia indebida ejercida sobre el proceso judicial por parte de todo aquel que esté en condiciones de hacerlo. Existen dos tipos principales de influencia: uno es la interferencia política, a través de la intimidación de los jueces y la manipulación de nombramientos judiciales u otros medios, los cuales ponen en peligro la independencia judicial; el otro es el soborno.  

Un hallazgo desalentador del Informe Global de la Corrupción 2007  es que pese a décadas de iniciativas de reforma y creación de instrumentos internacionales que apuntan a proteger la independencia judicial, los jueces y el personal de la corte en todo el mundo continúan experimentando presión para fallar a favor de entidades políticas o económicas poderosas, en lugar de regirse por lo establecido en la ley. 

La corrupción judicial y la corrupción política se refuerzan mutuamente. Cuando el sistema de justicia es corrupto, es probable que no se apliquen las sanciones a las personas que se valen de cohechos y amenazas para sobornar a políticos. Las ramificaciones de esta dinámica son profundas por cuanto disuaden a candidatos más honestos y sin trabas de entrar o triunfar en la política o el servicio público.

El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho dela estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno.

Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.  

En resumen, la corrupción afecta la independencia de la judicatura por cuanto no puede actuar sin estar sujeta a la influencia indebida que ejercen los grupos de intereses poderosos. Y afecta su rendición de cuentas, tales como la eficacia de los reglamentos y el monitoreo.

El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.

El IGC va dirigido a un público de amplio alcance, pero resulta de particular utilidad para los legisladores, quienes deben mantenerse al tanto de los avances en otros países y de los resultados de las últimas investigaciones.La edición de este año está orientada a los legisladores y profesionales de la judicatura, tales como ministros de justicia, jueces y fiscales. No obstante, todo aquel interesado en el estado de derecho, incluidos los periodistas, activistas de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado, encontrarán en el IGC un importante recurso.

Los abogados Miguel Angel Prestol, Laura Acosta y Melisa Sosa afirmaron anoche que carece de validez jurídica el recurso sometido por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) de clasificar información relativa al proyecto del Metro de Santo Domingo, por lo que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia declararlo inadmisible.

   Durante el Panel sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Sentencia sobre el Caso Huchi 'Lora, los juristas hicieron la solicitud al tribunal de alzada tras afirmar la "clasificación" no fue amparada en una Ley o un decreto como establece la Ley 200-04.

Tanto prestol como las abogadas del periodista Hu­chi Lora, advirtieron que la Ley 200-04 sólo establece como limitante a la libre obtención de la información vincu­lada con la defensa o la segu­ridad del Estado, el que ésta ­"hubiera sido clasificada co­mo reservada por ley o por decreto del Poder Ejecutivo."

En la actividad efectuada en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y organizada conjuntamente con Par­ticipación Ciudadana, los abogados precisaron que pa­ra que el argumento fuera sustentable la información clasificada que se alega para no entregar los documentos que requiere Lora debieron haber sido previamente declarados"resguardados" por las autoridades competentes.

Para defender la sentencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, los profesionales del Dere­cho se sustentaron en los artí­culos 17,18 y otros de la Ley 200-04, así como el artículo 8 de la Constitución, además de los convenios, tratados y convenciones internaciona­les sobre Derechos Huma­nos ratificados por el Estado dominicano.

La entidad cívica pretende contrarrestar los estragos provocados por una precampaña desarrollada con mucha antelación.

Participación Ciudadana ha estado promoviendo un proyecto cuyo objetivo es conseguir que los partidos políticos detengan sus actividades proselitistas durante la última mitad del año.

La iniciativa parece razonable. De lograrse, la nación se ahorraría una significativa cantidad de recursos y muchos momentos de tensión y de jolgorio propagandístico. Los gastos de campaña interna presupuestados por los tres partidos mayores ascienden a unos 409 millones de pesos.

Con su propuesta Participación Ciudadana pretende contrarrestar los estragos provocados por las precampañas que abrieron los partidos anticipadamente y que se iniciaron inmediatamente después de las elecciones legislativas y municipales de 2006.

Satisface que, según se ha anunciado, se están encaminando conversaciones con dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Socialcristiano (PRSC) para discutir un acuerdo conducente al cese en el activismo y la propaganda tan pronto concluya el proceso de primarias en esas organizaciones. Los peledeístas y los perredeístas ya seleccionaron a sus respectivos candidatos. Los reformistas lo hará el 10 de junio.

La importancia de esa iniciativa, que aspira a concertar una especie de tregua extendida, consisten que se convertiría en un fuerte compromiso de los partidos mediante la cesación provisional de una de las actividades a las que esas organizaciones dedican más tiempo, esfuerzos y dinero, y de la cual aparentemente esperan que broten los cambios que pregonan en un tráfago permanente de estimulación de las pasiones políticas.

Ese compromiso, para que sea efectivo, deberá contar con el monitoreo de la Junta Central Electoral, entidad definida por la ley como la responsable de proclamar oficialmente la apertura de la campaña electoral

Si la iniciativa resulta exitosa, tendríamos una oportunidad para desintoxicarnos.

Esta carta fue enviada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana a los Jueces de la Junta Central Electoral, a propósito de que hoy estamo a ley de un año para la realización de las elecciones nacionales en el que se escogerá al presidente de la República.

P.C./067/07                                                           15 de mayo de 2007                     

Dr.  Julio César Castaños Guzmán

Presidente, y Jueces integrantes del Pleno de la

Junta Central Electoral

Presentes

Distinguidos Ciudadanos:

         Nos complace saludarles y congratularles por sus reiterados propósitos y esfuerzos concretos por aplicar la ley electoral, reglamentar lo concerniente a las elecciones primarias de los partidos y hacer transparente el sistema de financiamiento de las actividades partidistas.

         Consideramos un precedente de extraordinario valor la reciente decisión de la Cámara Administrativa de esa institución de reprobar la publicación de un mensaje de promoción personal de un precandidato formulado a nombre de un organismo del Estado como lo es la Liga Municipal Dominicana.  Es fundamental que demos seguimiento al caso hasta comprobar que se hayan realizado las rectificaciones correspondientes ya dispuestas.

A un año de las próximas elecciones presidenciales la fecha es propicia para respaldar el propósito anunciado por ustedes de convocar a los partidos políticos para hacer cumplir los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral 275-97 que limitan las campañas electorales al período de 90 días antes de los comicios a partir de la proclama que al efecto debe hacer publicar esa honorable Junta.

         La extensión, sin precedentes, que esta vez han tenido los procesos de elección de candidatos en los principales partidos, el desbordamiento de sus alcances que los han convertido en verdaderas campañas nacionales, y las enormes sumas invertidas en su financiamiento han escandalizado y obligan a establecer límites al proselitismo para las elecciones a celebrarse dentro de un año.

        Los fundamentos de esta urgencia son conocidos de sobra por ustedes, y los expuso con precisión y detalles el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, justamente en la ceremonia religiosa con motivo del aniversario de esa  Junta el pasado 12 de abril.

         Participación Ciudadana quiere hacer propios los planteamientos del Arzobispo de Santiago sobre los "efectos perniciosos para la institucionalidad democrática" que conllevan las extensas y costosas campañas electorales dominicanas que ya casi no cesan en virtud de que celebramos elecciones cada dos años.

         En consecuencia, compartimos la propuesta que se acuerde con los partidos la prohibición de toda promoción de candidaturas hasta que se inicie formalmente el período electoral, 90 días antes de los comicios del año próximo. Eso debe incluir todos los medios de comunicación y los espacios públicos.

         Se debe prohibir también todo género de manifestaciones proselitistas en espacios abiertos, como calles, plazas, carreteras y en las oficinas públicas, así como prohibir las concentraciones nacionales que impliquen caravanas y masivas movilizaciones de vehículos, que no sólo conllevan un alto costo, sino que también afectan las normales actividades de la ciudadanía.

         Para que haya equidad, en vista de que el ciudadano Presidente de la República será candidato presidencial, la restricción de la promoción electoral debe incluir todos los actos oficiales, como inauguraciones de obras y conmemoraciones. Y tal como propuso Monseñor de la Rosa, prohibir durante los 90 días de campaña la celebración de actos públicos gubernamentales que puedan servir de promoción de candidaturas.  También debe prohibirse a los organismos estatales la repartición de cualquier tipo de bienes, de uso o consumo, a nombre o con la fotografía del Presidente de la República.

         Esa honorable Junta también debe reglamentar para limitar la cantidad de publicidad que pueda hacer cada partido y candidato, tanto en los medios impresos como electrónicos y en las vías públicas, durante el período de la campaña electoral, como ya se hace en muchas naciones en aras de evitar que el dinero apabulle la conciencia ciudadana y contamine el medioambiente.

         Particular reglamentación y atención debe darse al uso de los medios de comunicación en manos del Estado, sobre todo ahora que son múltiples por las incautaciones derivadas de las quiebras bancarias del 2003.

         Como la experiencia demuestra nuestra propensión a firmar pactos para luego no cumplirlos, el consenso a impulsar con los partidos tiene que incluir las sanciones para quienes violen las limitaciones.

Quede constancia que no propugnamos por conculcar el derecho de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, sea a través de un partido o cualquier otro género asociativo, a promoverse y buscar apoyo para un cargo público.  Lo que se pretende es limitar las actividades propias de la campaña electoral, para garantizar los derechos ciudadanos en general y reducir el costo de la democracia. En ningún caso se podría impedir las actividades en locales cerrados, sean de carácter público o privado, como tampoco la comparecencia en los programas de radio y televisión o las informaciones, entrevistas y artículos en los medios impresos.

         Tal como dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, estas propuestas se fundamentan en "la necesidad de preservar la democracia dominicana de la amenaza que significa el preocupante encarecimiento de los procesos electorales y de la peligrosa y creciente influencia del poder del dinero".

         Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestra disposición a colaborar en todo lo que redunde en fortalecimiento de la institucionalidad democrática y para informarles que hemos constituido una comisión de coordinación con esa honorable Junta, presidida por el Coordinador General, Porfirio Rodríguez, e integrada por los miembros Ana Teresa Pérez, Rafael Toribio, Francisco Álvarez Valdez y Juan Bolívar Díaz.

         A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, les saludan,

 Atentamente,

Ing. Porfirio Rodríguez

Coordinador General

Participación Ciudadana ha realizado la observación de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana-PLD-, en dos escenarios. En el primero se realizó una observación itinerante por parte de la dirigencia y voluntarios de nuestra organización, la cual abarcó 400 centros de votación, en 45 municipios y el Distrito Nacional en todo el país.

En el segundo escenario se realizó una observación fija  de 60 centros de votación, seleccionados de manera aleatoria. La muestra abarcó  37 municipios y el Distrito Nacional con la participación de 160 voluntarios, los cuales permanecieron en los centros de votación durante toda la jornada.  Tanto en la observación itinerante, como en la fija realizada en las mesas de la muestra, Participación Ciudadana estuvo presente en 61 municipios, de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional.  Para esta jornada se contó con el trabajo voluntario de más de 300 observadores. Resultados del  Conteo Rápido de Participacion Ciudadana a la Convención Interna de PLD.

1.  Aspectos organizativos del proceso de votación

En general puede afirmarse que las primarias del PLD se caracterizaron por una buena organización del proceso en los centros de votación. Una de las características más importante ha sido la participación de una proporción significativa de los miembros de este partido, los cuales acudieron de manera ordenada, dando muestra de una gran conducta cívica en el ejercicio del sufragio, pese a que en algunas mesas electorales el proceso se desarrolló con cierta lentitud.

El Congreso Elector Profesor Juan Bosch ha transcurrido con normalidad como lo evidencia el hecho de que una alta proporción de los centros de votación comenzaron a operar a la hora prevista, 9:00 AM y una hora después ya lo hacía más del 97%.  Por otra parte en el 98.11% de los centros observados las comisiones electorales estaban constituidas y claramente identificadas y en igual proporción lo estaban los representantes de las dos precandidatos.

El espacio y la organización del local eran adecuados para ejercer el sufragio en el 77.36% de las mesas observadas y  en el 82% de los locales se podía votar de manera secreta. Sin embargo en la generalidad de las mesas electorales no había casetas de votación que aseguraran una mayor privacidad del voto. Por otro lado, nuestros observadores reportaron que la gran mayoría de la militancia peledeista conocía a cabalidad la manera de ejercer el sufragio.

Se contacto que en el 96.23% de los centros de votación, el padrón electoral estaba en manos de los miembros titulares de la mesa y en una proporción similar a disposición de los representantes de los precandidatos. No hubo mayores problemas con el padrón de electores. Solo en algunos casos no aparecían los electores que estaban habilitados para votar. En el 69% de los centros observado se dio por lo menos un caso de esta naturaleza. Se pudo establecer que esto se debía a que algunos no acudían  a los centros que les correspondía y en otros casos las personas fueron trasladadas a un centro de votación mas próximo a su domicilio.

En el 48.08% de los centros observados se contactó la realización de campaña a favor de los precandidatos, en violación de los reglamentos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay que señalar que en la mayoría de estos casos se realizó fuera del recinto de votación.

Nuestro observadores pudieron contactar que el escrutinio en los centros de votación se desarrollo con normalidad y con la presencia de los representantes de los distintos precandidatos.

2. Incidentes encontrados

En general no se reportaron incidentes significativos durante el proceso. Sin embargo, a partir del resultado de nuestra observación itinerante, se pudo determinar que en algunos pocos centros de votación se registraron actos de violencia. Resalta entre ellos el generado en el distrito municipal de Mata Palacio, Hato Mayor, donde se reportó un hecho violento en que fue herido el Sindico Municipal de esta localidad. Otro incidente de este tipo se reportó en San Pedro de Macorís. En la escuela Pedro Henríquez Ureña, de San Juan de la Maguana, se generaron enfrentamientos que paralizaron la votación por varias horas.

En un 8.55% de los centros visitados se pudo comprobar que se produjeron discusiones y peleas de diversa magnitud. Ejemplo de esto lo constituye el caso reportado desde la Escuela Erminia Pérez de Santiago de los Caballeros donde hubo enfrenamientos entre simpatizantes de los precandidatos, entre otros casos.

Reportes recibidos por nuestros observadores indicaron la persistencia de la vieja práctica electoral nacional de compra de cédula o gratificación para inducir el voto, como aconteció en el Liceo Benito Juárez de Cristo Rey. Hubo casos en que electores ofrecían en venta su voto. En algunos centros ambas cosas pudieron ser contactadas por nuestros observadores, aunque hay que señalar que estos hechos ocurrieron de manera dispersa y no influyeron en el resultado final del proceso.

3. Algunas recomendaciones

Al reconocer el esfuerzo que en términos organizativos realizó la Comisión Nacional Electoral para el éxito del Congreso Elector del Partido de la Liberación Dominicana, es importante a su vez, presentarle algunas de las principales recomendaciones que se desprenden de esta observación, entre las cuales tenemos:

1.La necesidad de crear mejores condiciones para que los electores pueden ejercer su voto con un mayor nivel de privacidad, ya que en muchos de los lugares observados, el derecho al voto personal y secreto se perdía. En tal sentido es conveniente establecer casetas de votación que den una mayor garantía.

2.Se debe hacer un mayor esfuerzo para impedir que simpatizantes y militantes realicen proselitismo a favor de sus candidaturas en sus respectivos recintos electorales.

3.Debe haber una mayor vigilancia y control, de manera que se puedan evitar los posibles conflictos y enfrentamientos que se dieron en algunos de los lugares observados.

4.Sin dudas, el desafío más importante de la dirigencia del PLD, de cara a sus procesos internos, esta referido a como tener un mayor control de la precampaña, de manera que las mismas no sean tan largas y costosas como lo fueron en esta ocasión.

4. Agradecimiento

Participación Ciudadana reconoce y agradece la receptividad y cordialidad que tuvieron los dirigentes y miembros del PLD participante en el congreso elector Profesor Juan Bosch con nuestros observadores y espera que de  este proceso el Partido de la Liberación Dominicana salga fortalecido, al igual que el sistema de partidos y la democracia dominicana.