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Participación Ciudadana Presentó el 3er Informe del Observatorio de la LGLAIP

Participación Ciudadana, como Movimiento Cívico que busca aportar al fortalecimiento del sistema Democrático en el país, mediante el impulso de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tendentes a contribuir con la construcción de una mejor relación de ciudadanos y ciudadanas con el Estado, presenta los resultados de su Tercer Informe del Observatorio Ciudadano a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del Monitoreo, identificando los avances, retos y dificultades, en la implementación de dicha norma en la República Dominicana.

Las ciento cinco (105) instituciones objeto del seguimiento en el presente observatorio son las mismas que monitoreamos en el 1er y 2do informe de seguimiento. A saber: las  Secretarías de Estado y Organismos con niveles de Secretaría de Estado, Direcciones Generales, Oficinas Nacionales e Instituciones dependientes de las Secretarías de Estado, Institución del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, Organismos Descentralizados, Organismos Adscritos a la Presidencia de la República, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado de la República) y Poder Judicial, (Suprema Corte Justicia).

En este tercer informe del Observatorio Ciudadano de seguimiento a la implementación de la Ley 200-04, fue realizado en varias etapas. En esta oportunidad nos centramos en el seguimiento a la designación de los Responsables a la Información (RAIs),  a la implementación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAIs), a la verificación del cumplimiento de las informaciones obligatorias que deben contener las Portales de Internet y los resultados de los pedidos de información de las instituciones públicas objeto del seguimiento.

Los resultados que presentamos en este tercer informe evidencian claramente  pocos avances en las instituciones que se encuentran bajo el ámbito de la aplicación de la Ley, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las oficinas de acceso a la información (OAI), la designación de los responsables de acceso a la información (RAI) y la ausencia en las respuestas a los pedido de información por parte de la ciudadanía en cada institución.

Desde Participación Ciudadana seguiremos promoviendo esta herramienta de control social, contribuyendo con la formación de ciudadanos y ciudadanas, cada vez más concientes de su derecho de cómo acceder a la información, haciendo uso de este poderoso instrumento, para saber, entre otras cosas, en qué se gastan los impuestos que pagan, cuáles son las prioridades del Gobierno y cómo estas pueden contribuir al desarrollo de su comunidad.

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Curso Especializados en Técnicas y Estrategias Procesales basado en el Libre Acceso a la Información Pública

Celebrado el 16 y 17 de Agosto de 2007Salón Las Atarazanas – Hotel V Centenario, Santo Domingo, Rep. Dom

Participación Ciudadana anuncia el proyecto de “Asesoría y Asistencia Legal para el Derecho de Acceso a la Información pública en la República Dominicana” para brindar asesoría legal a los ciudadanos y periodistas a quienes las instituciones públicas les nieguen información.

El presente Curso tiene por objeto que los participantes profundicen sus conocimientos sobre el derecho de Acceso a la Información Pública, posean las capacidades para poder sustentar en justicia los recursos correspondientes en caso de violación del Derecho de Acceso a la información Pública y que adquieran el conocimiento de los procedimientos ante la Corte Interamericana.

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Observatorio Declaraciones Juradas de Bienes

Participación Ciudadana, en el marco del programa de Monitoreo a las Declaraciones de Patrimonio, solicitó, en fecha 19 de junio del 2007, a la Tesorería Nacional una relación de las/os Senadoras/es, Diputadas/os, Síndicas/os, Vice-Sindicas/os y Regidoras/es que han realizado y remitido sus Declaraciones de Patrimonio, desde agosto 2006 a la fecha, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 82-79 que obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado. Mediante comunicación No. 1938 fecha 26 de junio del 2007, la Tesorería Nacional suministró las informaciones requeridas, de donde extraemos las conclusiones siguientes. Al 26 de junio del 2007 habían presentado sus declaraciones Juradas de Bienes:

22 senadores, de 32, equivalente al 69%.

108 diputados/as, de 178, equivalente al 60%

10 síndicos/as, de 154, equivalente al 6%

2 vicesíndicos/as, de154, equivalente al 1%

14 regidores, de unos 2,000, equivalente al 0.7%.

En el interés ciudadano de que todos los servidores públicos se acojan a lo establecido por la Ley,  aprovechamos la oportunidad para indicar los nombres de los diputados, senadores y síndicos que NO han realizado sus declaraciones juradas de bienes.

Invitamos a la ciudadana a que visite nuestro sitio web www.pciudadana.com, donde tenemos un espacio con todas las declaraciones de patrimonio, que hemos recibido de la Tesorería Nacional.

Participación Ciudadana, espera que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) cumpla con su deber y exija a estos funcionarios mencionados precedentemente, la presentación de sus correspondientes Declaraciones de Patrimonio y que éstas sean debidamente transparentadas, de lo contrario, que dicha dependencia encamine las acciones administrativas de lugar para que se cumpla fielmente la Ley  82-79.

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Participación Ciudadana y FLACSO dan Apertura al II Diplomando Gestión Pública y Transparencia

Participación Ciudadana y FLACSO dan Apertura al II Diplomando Gestión Pública y Transparencia

Participación Ciudadana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) , en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional suscrito entre ambas entidades, han decidido impulsar la implementación de una segunda entrega del Diplomado en Gestión Pública y Transparencia, en aras de contribuir a generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de transparentar las funciones de las instituciones públicas, como condición para avanzar en la construcción de las instituciones propias del sistema democrático.

El segundo Diplomado en Gestión Pública y Transparencia hará una gran contribución en la capacitación de los recursos humanos que demanda la sociedad dominicana, pretendemos y es nuestro objetivo poder contribuir con la formación de profesionales y activistas sociales para que se coloquen en capacidad de aportar al establecimiento y fortalecimiento de instituciones y mecanismos que garanticen la implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas.

El diplomado está organizado en ocho (8) módulos, distribuido de la siguiente manera: Módulo 1 Teoría del Estado y El Estado Dominicano, Módulo 2: La Administración Pública y La Corrupción, Módulo 3: Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Modulo 4: Marcos Legales y Reformas para Combatir La Corrupción, Módulo 5: El Poder Judicial en el Combate a la Corrupción, Módulo 6: El Derecho Ciudadano de Acceso A la Información Pública, Módulo 7: Mecanismos de Participación de La Sociedad Civil y Rendición de Cuentas, Módulo 8: Ética en la Administración Pública, cada uno en su contiene sus respectivos objetivos generales y específicos para cada módulo, asimismo, se propone una bibliografía básica de consulta.

El II Diplomado en Gestión Pública y Transparencia tendrá una duración tres meses y medio durante los cuales los y las participantes recibirán un total de 82 horas de docencia presencial, distribuidas en 8 horas a la semana, los días miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y los viernes de de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Salón de Conferencias de la FLACSO.

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“La Primera Cumbre del Sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia”

Las principales autoridades del Sistema Judicial Dominicano, la municipalidad y la Sociedad Civil, realizan “La Primera Cumbre del sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia”, un este esfuerzo conjunto para el modelo de Casas Comunitarias de Justicia en el país que inicio Participación Ciudadana en Santiago.

La Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, Participación Ciudadana y otras instancias de la Sociedad Civil se unen para responder a las necesidades de acceso a la justicia de las poblaciones pobres que confrontan serios problemas para encontrar la debida protección a sus derechos fundamentales.

En este esfuerzo conjunto están involucrados Participación Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Procuraduría Fiscal de la Provincia Santiago, Oficina Nacional de Defensa Pública, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Además la Escuela Nacional de la Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Público, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Alcaldía del Distrito Nacional, Federación Dominicana de Municipios, Secretaría General del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Unión de Vecinos Activos y Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.

Durante el desarrollo de la Primera Cumbre, celebrada en la Suprema Corte de Justicia, se discutieran los detalles para la implementación del proyecto Casa Comunitaria de Justicia, centros interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de los servicios de solución de conflictos que aplica mecanismos de la justicia formal e informal en los sectores marginales de municipios y ciudades.

La instalación de la Primera Casa Comunitaria de Justicia la inauguró Participación Ciudadana en año pasado en la comunidad de Cienfuegos de la Provincia de Santiago. Con este proyecto se busca facilitar el acceso ciudadano a la justicia orientándolo sobre sus derechos y obligaciones con la sociedad para actuar desde la comunidad en la prevención de delitos, la reducción de la violencia y la conectividad.

Con mucho éxito se desarrollan la Casa Comunitaria de Justicia a nivel internacional, como en Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y El Salvador. La primera experiencia en la Región del Caribe se implementa en la República Dominicana, específicamente en el sector Cienfuegos del Municipio de Santiago.

Al final de la actividad se firmó un convenio entre las instituciones que aprobará la designación e integración de un equipo interinstitucional de trabajo, integrado por delegados del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización Judicial (CARMJ), las sindicaturas del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República y Participación Ciudadana.

Este acuerdo permitirá elaborar un concepto básico unificado de las Casas de Justicia para República Dominicana y preparar una propuesta de reglamentación de operación. Asimismo monitorear la operación de estas Casas de Justicia de Santiago y Santo Domingo y acompañar en la preparación y análisis de sus estadísticas.

Este compromiso también aprobó la realización de la Segunda Cumbre del sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia, para evaluar las propuestas del equipo interinstitucional, el plan de diseminación y adoptar las decisiones pertinentes en relación con las Casas Comunitarias de Justicia 2008. El mismo fue firmado por los representantes de las diferentes instancias.

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CTI solicita a la suprema corte de justicia que decida sobre la declaratoria de inhibición presentada por dos magistrados de la segunda sala de la cámara penal de la corte de apelación del distrito nacional apoderada del recurso de apelación del caso banc

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entidad que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en procura del fortalecimiento y la transparencia que deben regir todas las actuaciones de las entidades tanto públicas como privadas, ha venido dando un estrecho seguimiento a las actuaciones del Poder Judicial sobre las acusaciones de fraudes presentadas contra tres importantes bancos nacionales desde el año 2003, con la finalidad que la sociedad este informada del curso que han tomado dichos acontecimientos, que sacudieron política, económica y socialmente a la República Dominicana y que por su magnitud no pueden ser cubiertos con el manto del olvido.

En ese sentido, la CTI ha observado cuidadosamente el proceso penal seguido al Caso Bancrédito (Bancrédito pequeño), ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encontrándose que el conocimiento del mismo está suspendido hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre las declaratorias de inhibición presentadas por los Magistrados JULIO CESAR CANO ALFAUy KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTINEZ, Jueces que integran dicho tribunal colegiado.

Es por esto que la CTI en el día de hoy, 13 de junio de 2007, depositó una instancia en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia solicitándole respetuosamente a ese honorable tribunal de Justicia, decidir sobre la declaratorias de inhibición de los magistradosJULIO CESAR CANO ALFAUy KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTINEZ  jueces que integran la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que impiden continuar con el conocimiento de los recursos de apelación del Caso Bancrédito, en virtud de lo preceptuado por los artículos 78 y 79 del Código Procesal Penal dominicano, que establecen los motivos de inhibición y el trámite de la misma, así como el Art.14 de la Ley No.25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, que señala dentro de las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conocer sobre las recusaciones e inhibiciones de los jueces.

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Cámara De Diputados Y Participación Ciudadana Suscriben Convenio

La Cámara de Diputados y el movimiento cívico, Participación Ciudadana, firmaron un convenio en el que se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas para fortalecer la democracia, mediante la aprobación de leyes que garanticen que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta y a través de un proceso de discusión sobre la agenda pendiente en materia político electoral.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín y el coordinador general de Participación Ciudadana, Ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte.

Mediante esta alianza ambas entidades impulsarán la aprobación de las leyes de partidos políticos, de participación social, fiscalización y función pública, como instrumento fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, en procura de garantizar que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta.

También el acuerdo contempla la realización de consultas con diversos sectores para fortalecer la propuesta de la agenda priorizada, dando a conocer este mecanismo como una herramienta para la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo.

Asimismo las instituciones se comprometen a discutir y definir estrategias, políticas y participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos que impulsa la Cámara de Diputados para fortalecer la función de representatividad.

La alianza tiene previsto la realización de cursos, seminarios, talleres y desarrollar una experiencia piloto que ponga a prueba los mecanismos de participación diseñados para garantizar la intervención activa de la ciudadanía en los asuntos de su competencia.

Al acuerdo asistieron los miembros del Consejo Nacional, Ana Teresa Pérez, Luis Scheker Ortiz, Mayra Lorenzo, Yuscil Chez, Samir Chamir Isa y Domingo Matías y del equipo técnico Nurys Paulino y Josefina Arvelo.

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Informe de observación de las primarias de electores del Partido Reformista Social Cristiano.

Con el primer informe preliminar presentado el pasado día 10 de junio, Participación Ciudadana (PC) dio cuenta de lo ocurrido en la jornada de votación de las primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), durante las primeras horas de mañana, en lo concerniente a la llegada de los materiales de votación, la apertura de los centros de votación, el rol de los distintos actores del proceso, así como a los incidentes presentados en distintos puntos del país.

Este segundo informe, recoge los acontecimientos que pudieron ser observados en la fase de votación desarrollada en horas de la tarde del día de la jornada electoral reformista, así como del escrutinio realizado en los distintos  centros de votación en los que PC tuvo presencia a través de sus observadores. Los resultados presentados a continuación, tienen como base los informes de monitoreo presentados por los 350 voluntarios de esta organización, los cuales realizaron una observación itinerante en 44 municipios y el Distrito Nacional, y una observación fija en una muestra aleatoria de 80 centros de votación distribuidos en 63 municipios de 28 provincias y el Distrito Nacional.  Resultados Cualitativos.

1.  Aspectos organizativos y logístico del proceso de votación

En general puede afirmarse que, al igual que en otros procesos internos de los partidos políticos en el país, en las primarias de electores del PRSC se cumplió de manera satisfactoria con una serie de procedimientos relacionados con la logística electoral, necesarios para el buen desarrollo de procesos de esta naturaleza, como lo evidencian los siguientes aspectos:

  • Aunque hubo retrasos en la apertura de un número significativo de Centros de Votación, debido fundamentalmente a la llegada tarde de los funcionarios de mesas o al hecho de que las Escuelas se encontraban cerradas, esta situación pudo ser corregida a tiempo, como lo muestra el hecho de que el 97.33% de los Centros iniciaron antes de las 10:00  de la mañana.

  • En el 93.33% de los centros observados, las comisiones electorales estaban claramente identificadas y en igual proporción lo estaban los representantes de dos de los candidatos, excepto los delegados del precandidato Luis Toral. 

  • Según reportes enviados por los observadores de PC, el 82.77% de los locales de votación eran adecuados para ejercer el sufragio,  y  en el 76% de los mismos ofrecían condiciones para la privacidad del voto. Sin embargo, a pesar de esto, en muchos  de los Centros el voto no se ejercía de manera secreta

  • Se pudo constatar además,  que en el  97.33% de los centros de votación, el padrón electoral estaba en manos de los miembros titulares de la mesa. En 78.67% de los centros de votación, se dieron casos de electores  que no aparecían en el padrón.

No obstante a esto, se encontraron diversos problemas de carácter organizativo y logístico relacionados con la lentitud en el proceso al inicio de la votación y la desorganización en la filas de electores y en el funcionamiento de las mesas, debido fundamentalmente a la precaria capacitación de los funcionarios electorales y a la concentración de colegios electorales y sus padrones en una sola mesa. Se encontraron casos en que una sola mesa de votación, de apenas tres funcionarios, tenía que manejar entre 40 y 50 padroncillos correspondientes a los colegios que funcionan en  esos recintos de votación. Esta concentración no fue un problema aún más grave, debido a que la afluencia de electores no fue mayor.

A esto se suma el poco control de las autoridades electorales del partido, para impedir que los seguidores de los distintos precandidatos realizaran campañas proselitistas durante el día de las votaciones, lo que se constituye en una franca violación a lo establecido en el reglamento electoral del PRSC. En los centros donde hubo campaña, el 90% de la misma se realizó en favor del precandidato Amable Aristy, en el 66% a favor de Eduardo Estrella y en el 15% a favor de Luis Toral.

2. Incidentes encontrados

En general se reportaron diversos incidentes durante el proceso electoral interno del PRSC, algunos de los cuales fueron reportados en el primer informe presentado por PC el pasado domingo, siendo los más destacado los acontecidos en Jarabacoa y Cambita, lugar este último en que no fue posible la votación por las confrontaciones generadas entre seguidores del precandidato Aristy Castro y Eduardo Estrella.

Se reportaron casos de enfrentamiento y agresión física  entre simpatizantes de dos de los precandidatos, como los ocurridos en la escuela primaria de Jimaní, la escuela La Altagracia de Santo Domingo Este, o en la Escuela Básica de Quitasueños, San Cristóbal, lugar este último, en que además fue quemada una urna.  En otros lugares, como en la escuela de Barrio Lindo de San Pedro de Macorís, hubo discusiones y serias amenazas con exhibición de armas de fuego de parte de seguidores de uno de los precandidatos.

A esto se suma lo ocurrido en la comunidad de Villa Bao, del Distrito Municipal de Hato del Yaque, en que en medio de un lamentable incidente, dos dirigentes del PRSC fueron heridos de balas.  Estos hechos plantean la necesidad de que en posteriores procesos internos se debe contar con la presencia de miembros de la Policía Nacional que han trabajado en las elecciones realizadas en el país, como una forma de garantizar vigilancia y evitar que estos incidentes ocurran.

3. Sobre el Escrutinio y las actas de votación

En el 92% de los centros de votación observados por PC estaban presentes los miembros de la mesa y en el 98%  se encontraban los delegados de los distintos precandidatos. Sin embargo, con relación al llenado de las actas, en las mesas de la muestra de PC, pudimos comprobar dos hechos que llaman la atención.

En primer lugar, en la mesa de la Escuela la Abejita, del sector Primaveral de Villa Mella, nuestras observadoras comprobaron que habían asistido a votar alrededor de 70 electores, pero en el acta de votación se registraron 295 votantes, de los cuales aparecen 195 a favor del Candidato Amable Aristy, 13 a favor de Eduardo Estrella y 86 a favor de Luis Toral. Esto evidencia la existencia de una clara alteración de dicha acta. A este centro no asistió el delegado de Eduardo Estrella.

El segundo caso reportado por nuestros observadores y que llama mucho la atención, corresponde a la mesa de la muestra ubicada en la escuela pública Ángel Meriño de los Platanitos, Higuey, en que votaron 1,126 electores, 1118 por Amable Aristy, 6 por Eduardo Estrella y 2 por Luis Toral. Lo que se destaca de este caso, es que supera con crece el promedio de electores en las primarias del PRSC, que a nivel nacional se sitúa en alrededor de 200 personas por mesa. Esto quiere decir,  que esta cantidad  de personas no puede votar en una jornada de 8 horas.  Sólo puede ocurrir si cada elector se registra y vota en apenas 25 segundos, lo que es técnicamente imposible. Cabe señalar que en otros centros de votación ocurrieron situaciones similares.

Otros hechos observados en esta mesa de la provincia de Higuey, fueron los casos donde se  permitía un alto número de votación sin verificar correctamente la identidad de las personas e incluso quien firmaba el padrón electoral no era el elector. En ciertos casos solo se ponía una cruz como firma, de esa manera se facilitaba el voto masivo en algunas mesas pero no se garantizaba la identificación correcta del votante o se evitaba el voto duplicado del elector.

Posteriormente nos fueron reportadas otras actas de esta localidad, en las que el número de electores era muy alto, como el caso del  acta de la escuela básica Don Pedro Tapia, en donde supuestamente votaron 2,499 personas, lo que solo es posible si cada elector vota en un tiempo promedio de 12 segundos. En esta mesa el precandidato Amable Aristy aparece con 2,490 votos a favor, Eduardo Estrella con 4 votos y Luis Toral con 3.

4. El papel del dinero en las primarias

Un aspecto que llamó poderosamente la atención fue la práctica, mucho más evidente que en las otras primarias observadas, de la repartición de dinero a cambio de votos, lo que constituye una falta grave. Pudo ser observado un intenso clientelismo e intención de compra de votos, realizado en esta ocasión de manera abierta. En diversos centros de votación, los seguidores de los distintos precandidatos ofertaban dinero sin reparo alguno a cambio de apoyo. Tan grave como ello, muchos ciudadanos posiblemente sin ninguna afiliación reformista se ofertaban a ejercer el voto a cambio de compensación económica. El padrón  semiabierto, como el utilizado en esta ocasión, facilitó este tipo de práctica.

La influencia del dinero en este y los anteriores procesos internos de los partidos políticos, esta provocando daños profundo, no sólo al interior de las instituciones político partidarias, sino también en el sistema político e institucional del país, en tanto ya no es el  ejercicio del voto libre y responsable el que esta determinando los resultados de estos procesos,  sino las prácticas clientelares y la compra de consciencia, lo que es muy lamentable.

Agradecimiento

Participación Ciudadana agradece a la comisión organizadora de estas primarias por el apoyo brindado y reconoce la receptividad y cordialidad que tuvieron los dirigentes y miembros del PRSC participante en las internas del PRSC.

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Países enfrentan graves problemas en la transparencia de fondos políticos

Estudio llama a vigilar el financiamiento de campañas y partidos Berlín / Ciudad de Panamá, 3 de Junio 2007 – El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales se desarrolla en la oscuridad en ocho países latinoamericanos, según un estudio publicado hoy por Transparency International (TI) y el Centro Carter.

El estudio, parte del proyecto Crinis, demuestra que existen graves fallas en las normas y prácticas que rigen la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas de financiamiento de partidos y campañas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, países cubiertos por el estudio. Los principales problemas están en: la falta de control de las donaciones privadas, la falta de rendición de cuentas por parte de los candidatos, la poca confiabilidad de los datos presentados por los partidos y el hecho de que en la mayoría de los países la información sobre fondos políticos no se divulga al público.

“Nuestra meta no es criticar sino aportar para que los gobiernos democráticos mejoren. Para una participación justa de los votantes, debemos evitar que los candidatos y partidos se beneficien de sus recursos económicos derivando ventajas indebidas con fondos superiores y asegurarnos de que los donantes no influyan indebidamente las decisiones de los representantes electos cuyas campañas ayudaron a financiar. La regulación del financiamiento político es esencial para una democracia saludable”, dijo Jimmy Carter, ex mandatario estadounidense y fundador del Centro Carter en una declaración.

El dinero es un elemento esencial para el buen funcionamiento de las democracias y de los partidos siempre y cuando se utilice de manera transparente, debidamente contabilizado, a la vista pública y sujeto a mecanismos efectivos de control estatal y social. Esto garantiza a la ciudadanía el derecho fundamental de conocer los intereses económicos detrás de sus candidatos y poder tomarlos en cuenta al emitir su voto. La transparencia y rendición de cuentas también sirven para controlar irregularidades como la compra de votos o la entrada de fondos ilícitos.

Crinis propone medidas para que los gobiernos y ciudadanos ayuden a aumentar la transparencia y rendición de cuentas. Más allá de un análisis comparado de los resultados en ocho países, el estudio incluye un informe narrativo para cada país con resultados y recomendaciones detalladas.

“Los ciudadanos no tienen cómo saber quienes financian a sus candidatos y representantes políticos. La falta de transparencia del dinero en la política plantea alarmantes riesgos de corrupción ya que las donaciones privadas se convierten fácilmente en un canal para comprar favores”, dijo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International durante el lanzamiento del estudio en la ciudad de Panamá.

Un aumento en la transparencia conduciría a un mayor cumplimiento con acuerdos internacionales de estos países tales como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Ambos convenios han sido ratificados por todos los países evaluados en Crinis.

Financiamiento político a oscuras

Donaciones privadas sin control: En la mayoría de los países la rendición de cuenta de los partidos cubre principalmente los recursos públicos recibidos dejando en segundo lugar las contribuciones privadas, que suelen ser los aportes más significativos durante los procesos electorales. En los cuatro países centroamericanos y Paraguay los órganos estatales de control o no reciben informes sobre ingresos privados o los registran sin llevar a cabo ningún tipo de revisión o fiscalización de éstos, concentrándose sólo sobre el uso correcto de los recursos públicos.

La rendición de cuenta goza de baja confiabilidad: En los ocho países evaluados, los expertos encuestados confirman que los informes presentados por candidatos y partidos al órgano electoral sobre sus ingresos y gastos no son confiables o están incompletos. En Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, los expertos estiman que en general se declara menos que 50 por ciento de los fondos recaudados.

Cuando los políticos se sienten más comprometidos con sus donantes que con la ciudadanía, son los pobres quienes más sufren ya que sus recursos no alcanzan para influir a los políticos en el cumplimiento de sus promesas electorales. Esto afecta directamente la calidad de vida de la gente y la credibilidad de las democracias. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2006 de Transparency International, los encuestados en diez países de Latinoamérica perciben a los partidos políticos como uno de los sectores más corruptos de la sociedad, con una puntuación de 4,2 en una escala del 1 al 5 (1 menos, 5 más corrupto).

Sobre Crinis:

El proyecto Crinis -rayo de luz en latín- es un proyecto en conjunto de Transparency International y el Centro Carter que evalúa y compara niveles de transparencia y rendición de cuentas en los sistemas de financiamiento de partidos y campañas en: Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Basado en casi 150 indicadores detecta vulnerabilidades y fortalezas en áreas claves.

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Observatorios LGLAIP

Participación Ciudadana, dando continuidad al interés de garantizar con transparencia y equidad los procesos de aplicación de justicia en el país, lleva a cabo los observatorios de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (LGLAIP) Ley 200-04 partiendo ante todo de la importancia de esta herramienta para la ciudadanía. La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública se constituye en un valioso instrumento de trabajo en beneficio de procesos transparentes y veraces en favor de la sociedad dominicana, sobre todo por el fácil uso de este instrumento, para quienes todo ciudadano/a que procura su derecho de acceso a la información.

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