1.Participación Ciudadana ha recibido y analizado los documentos relacionados al contrato de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la empresa SunLand Corporation para la venta en el mercado internacional de pagarés por un monto de 130 millones de dólares. También hemos ponderado comunicados de esta y otras empresas, así como opiniones de abogados, entidades políticas y agentes de opinión pública.

2.Resulta sorprendente que el secretario de Estado Félix Bautista, firmante de la "Carta-Acuerdo" junto a la señora Heredia Lombert, gerente general de la Sun Land, y el gobierno mismo hayan guardado silencio pese a la gravedad de aspectos involucrados en lo que para muchos es un nuevo escándalo político administrativo.

3.Del análisis de la información disponible se puede concluir que el 12 de mayo del 2006 el presidente Leonel Fernández, mediante el oficio 106-06 otorgó un poder al ingeniero Félix Bautista, secretario de Estado y director de la OISOE, para que "a nombre y en representación del Gobierno Dominicano" firmara un contrato con la indicada empresa por 130 millones de dólares para el suministro de materiales, equipos, productos y servicios de construcción para una serie de obras públicas.

4.Aunque no se han podido conocer los términos del contrato, sí son de dominio publico los de una "carta-acuerdo" que comprometió al Estado dominicano con la venta en el mercado internacional de 19 pagarés por la indicada suma y que ese documento establece que el repago de los mismos sería incluido en los presupuestos de la OISOE del 2007 y 2008 y serían registrados, como la deuda que son, en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas (ahora Hacienda), la cual autorizaría el pago en las fechas en que se fueran venciendo, entre enero del 2007 y julio del 2008. Especifica que la Sunland o "cualquier otro tenedor cedido de los pagarés los harían efectivo y que tendrían "la mayor prioridad frente a todas las obligaciones internacionales del Estado Dominicano".

5.Tanto la "carta-acuerdo" como le letra de los pagarés no dejan la menor duda de que se trata de un endeudamiento en dólares contraído en el exterior por el Estado dominicano y que como tal debería registrarse en la Secretaría de Finanzas, ahora de Hacienda, y siguiendo los canales normales y legales los 130 millones de dólares, o el monto en que fueron vendidos los pagarés, debieron entrar al Banco Central de la República.  Preocupa además lo costoso que puede resultar este método de financiar obras públicas.  Cada pagaré estipula una penalidad por mora de 2.16% mensual, es decir un 25.92% anual, por lo que si no se paga a tiempo se sumarán al costo del descuento estos intereses sumamente gravosos.

6.Resulta obvio que el gobierno ha violado la Constitución de la República y la Ley de Presupuesto al contraer una deuda en moneda extranjera sin someterla a la aprobación del Congreso Nacional.  De acuerdo con la letra de los pagarés, el Estado no otorgó un aval o garantía, sino que asumió directamente una deuda, no subordinada a la ejecución de contrato alguno, por lo que su pago es obligatorio aún cuanto no se ejecuten las obras a que hace referencia el poder presidencial.

7.El secreto en que se hizo la operación y los intentos de ocultamiento que han seguido a su denuncia son relevantes de una turbiedad que choca con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas que deben pautar toda gestión gubernamental. Comenzando por el hecho de haber realizado el contrato sin concurso público con una empresa que no había tenido relación con el sector de la construcción y a la cual ya  el año pasado hubo que anularle un  contrato por 132 millones de dólares para equipar la Policía Nacional, tras comprobarse que contenía sobrevaluaciones de hasta un 500 por ciento en vehículos, computadoras y otros equipos.

8.El caso es más grave por cuanto casi 17 meses después la mayoría de las obras indicadas en el poder autorizado por el Presidente de la República no han sido ejecutadas. Y más aún porque en abril pasado, a 11 meses de la autorización la empresa Sunland sostuvo que las obras no se habían ejecutado, en carta dirigida al secretario de Hacienda y hecha pública por éste en uno de múltiples intentos por confundir a la opinión pública, a veces con explicaciones simplemente políticas que ofenden la inteligencia de la comunidad dominicana.

9.Si ese dinero contratado por el Estado ha permanecido casi un año y medio en manos de la indicada empresa, nos encontramos ante un hecho sin precedente que amerita una exhaustiva explicación del gobierno y ya no del secretario Félix Bautista, sino del propio Presidente Leonel Fernández, quien no puede seguir indiferente ante el escándalo.

10.El presidente de la República debe dar cuenta cuanto antes de todos los detalles del contrato e informar dónde está depositado el dinero contratado, de cuánto es el descuento o los intereses que se pagan por el mismo y, si no se ha hecho, disponer que sea depositado en el Banco Central. Si alguna parte de los 130 millones de dólares ha sido invertida, debe publicarse una relación pormenorizada.  El silencio sólo serviría para agravar el escándalo.-

11.Contrato de Construcción de Obras Prioritarias (The SunLand Corporation R.D.)

SANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.-Miles de ciudadanos y ciudadanas convocados por una coalición de organizaciones de la sociedad civil participaron este sábado una marcha de protesta contra de la corrupción, la impunidad y el macuteo.

La protesta también reclamó una mayor celeridad por parte del sistema judicial en el conocimiento y sentencia de los casos de corrupción que han sido sometidos a los tribunales.

Las entidades participantes se comprometieron a continuar sin descanso la lucha por lograr la erradicación de la corrupción y la impunidad, para construir un país donde los ciudadanos puedan compartir  con transparencia, honestidad, libertad y equidad los recursos que entre todos producen.

Resaltaron los hallazgos arrojados por el Primer Estudio Nacional del Costo de la Corrupción, el revela que en un año los hogares dominicanos tuvieron que desprenderse de más de 6 mil millones de pesos en el pago de sobornos y otras expresiones de la corrupción a menor escala, siendo los pobres y sectores de la clase media los más perjudicados por esta práctica.

La manifestación, organizada por las entidades Participación Ciudadana (PC), Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Dominicanos por la Integridad, Red Dominicana Anticorrupción, Consejo de Organización de la Región Oriental, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios y otras entidades, partió desde la Plaza España, en la Zona Colonial, y culminó en la Puerta del Conde.

"¡Los corruptos para la victoria, porque Najayo es un resort!” “¡No a la corrupción, la cárcel china para los corruptos!”, “Menos corrupción y más valores es igual a progreso”, fueron algunas de las consignas expuestas en pancartas y coreadas por los participantes en la actividad de protesta cívica. Alrededor de dos mil personas participaron en el recorrido.

Justicia lenta en casos de corrupción

Entre los temas tratados por los organizadores de la marcha resaltó el hecho de que de los 250 expedientes sometidos sobre casos de corrupción en los últimos 25 años, sólo ocho han tenido una sentencia definitiva y apenas tres personas han sido condenadas.

“Esperamos que los jueces y las juezas a cargo de esos procesos produzcan un fallo apegado irrestrictamente al debido proceso, al derecho y a la justicia, y que su sentencia, en base a las pruebas legítimas sea ejemplar sobre los que resulten responsables”, sostuvieron.

Indicaron que dentro de esos expedientes están los procesos relacionados con las quiebras de las tres entidades bancarias, la cuales sacudió en el ámbito social, político, económico e institucionalmente a la sociedad dominicana y arrojó 1 millón y medio de personas a la pobreza, afectando de este modo la gobernabilidad y la seguridad jurídica del país.

La preocupación de los organizadores y manifestante se extendió a lo que definieron como “situación de indefinición”  que muestra la aplicación de la ley 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública, alegando que la nación pierde un valioso recurso para lograr la transparencia de la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia efectiva bajo la vigilancia de la ciudadanía.

En su manifiesto de “La Lucha Contra la Corrupción” las entidades anunciaron que la inquietud de todas las organizaciones que apoyaron la caminata también abarca  lo relacionado a las opciones electorales y la necesidad de  transparencia en el financiamiento de las campañas de los partidos políticos “con fondos del Presupuesto Nacional” canalizados a través de la Junta Central Electoral.

La caminata culminó con el depósito  de un arreglo floral en Altar de la Patria, donde descansan los restos mortales de los Padres de la Patria. Las palabras de agradecimiento a los participantes fueron expresadas por el Coordinador General de Dominicanos por la Integridad, Rafael Madera.

Entre los participantes estuvieron directivos y miembros de Participación Ciudadana, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, de las iglesias cristianas evangélicas y católicas, asociaciones de empresarios, grupos barriales y partidos políticos.

Se destacaron la participación de Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República; Ramón Rogelio Genao y Víctor Bisonó, del Partido Reformista Social Cristiano; el sacerdote Rogelio Cruz, entre otros.

Con el tema “Impacto Económico, Social y la situación Jurídica  de los Casos Bancarios”, Participación Ciudadana realizó un interesante panel en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

En la actividad participaron como expositores el Dr. Tomás Hernández Mets, Abogado del Consejo de Defensa de la Autoridad Monetaria y Financiera y el Lic. Alfonso Abreu, renombrado economista y miembro del Consejo de nuestra entidad, quienes manifestaron sus valoraciones sobre las repercusiones jurídicas, económicas y sociales de estos hechos.

También hicieron uso de la palabra el Coordinador General de Participación Ciudadana, Porfirio Rodríguez,  quien dio el discurso de apertura y el doctor Juan Germosen, director de la Escuela de Derecho de UTESA; quien dio las palabras de bienvenida.

El objetivo de este panel  es que los participantes profundicen sus conocimientos sobre la Situación Jurídica de los Fraudes Bancarios y las Consecuencias Económicas y Sociales por las cuales atraviesa el país.

Participación Ciudadana desde su nacimiento asumió el compromiso de despertar la conciencia de la gente sobre sus derechos políticos y sociales, al tiempo de movilizarla por la profundización de las reformas democráticas y por el combate a la corrupción en todos los ámbitos.

Este movimiento cívico ha tenido un discurso coherente frente al fenómeno de la corrupción, por el debilitamiento que produce en el funcionamiento de un sistema democrático, impidiendo el fortalecimiento de nuestras Instituciones y por ende el establecimiento de un Estado de Derecho.

La quiebra fraudulenta del BANINTER, del MERCANTIL y del BANCREDITO seguirán afectando por muchos años la economía y a la población dominicana, por lo que desde Participación Ciudadana, nos sentimos en la obligación de no dejar que se borre de la memoria colectiva, de tal manera que no se olviden los hechos ni los protagonistas de esos enormes fraudes bancarios, porque la misma fue consecuencia de graves violaciones a la ley, que deben ser juzgadas y sancionadas por los tribunales de la República.

Mantenemos la esperanza de que en esta ocasión no prevalecerá la impunidad y que nuestro sistema judicial sancionará debidamente a los responsables, sin dejarse intimidar por el poder mediático, poder político, económico de los imputados.

En un acto público celebrado hoy en la ciudad de Berlín, Alemania, la organización Transparencia Internacional puso en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), a nivel mundial, correspondiente al año 2007. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, cuya representación en la República Dominicana ejerce el movimiento cívico Participación Ciudadana.

El Índice de Percepción de la corrupción clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe existe entre los funcionarios públicos y el liderazgo político. Es un índice compuesto, cuyos datos provienen de la percepción que se extrae de sondeos realizados entre expertos de organismos internacionales, inversionistas, instituciones y empresas independientes, así como expertos nacionales consultados de cada país.

Para la preparación del índice, Transparencia Internacional concentra la atención en la corrupción en el sector público, y la define como el abuso del servicio público para beneficio individual. El estudio de este año cubre unos 180 países, de los cuales se recabaron informaciones por medio de 14 encuestas diferentes. En el caso de la República Dominicana se obtuvieron datos procedentes de 5  organismos.

El IPC solo mide percepción, no se trata de cuantificación de hechos reales. La razón es que, como la corrupción tiene lugar por medio de múltiples mecanismos subterráneos, invisibles, como soborno de funcionarios, legisladores o jueces, pagos irregulares en las contrataciones, malversación de fondos, o arreglos para beneficiar a determinados agentes en la aplicación de las políticas, resulta muy difícil su medición de manera inequívoca, de modo que las organizaciones preocupadas por el combate a la corrupción tienen que guiarse por la percepción pública.  En todo caso, se procura recoger la información de organizaciones bien reputadas, de dentro y fuera de cada país.

La puntuación posible para un  país varía en una escala que va desde 10 (mucha transparencia percibida) hasta cero (mucha corrupción).  Naturalmente, hasta el presente momento no se ha presentado ningún caso de un país que haya alcanzado una puntuación de 10, que indicaría ausencia total de corrupción, así como también es casi imposible encontrar un país con una puntuación de cero.

Los lugares más altos en el índice son normalmente ocupados por un selecto grupo de países en que se percibe que las instituciones funcionan relativamente bien, con poca corrupción. Este año el puesto número uno fue asignado simultáneamente a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, ambos con una puntuación de 9.4. Apenas  15 países superan la puntuación de ocho, incluyendo a Canadá, que es el único que está en nuestro continente, pues la mayoría son países europeos o de otros continentes.

Ningún país de América Latina se encuentra en ese selecto grupo de países en que se percibe poca corrupción. Sin embargo, es de reconocer que algunos de Sudamérica, como Chile y Uruguay, así como otros del Caribe, tales como Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Dominica, son sociedades en que existe mayor transparencia en el manejo de los asuntos públicos, y tienen puntuaciones superiores a 5. También se notan progresos significativos en Costa Rica, tras haber escarmentado a ex funcionarios de alto nivel involucrados en acciones dolosas.

La puntuación alcanzada por la República Dominicana este año volvió a subir ligeramente, hasta  un tres, recuperando el nivel que tenía dos años atrás. Se recuerda que el año pasado la puntuación del país había bajado a 2.8. En todo caso, cualquier país que recibe una puntuación de 3 hacia abajo denota la percepción de que existe en ese país una corrupción rampante. Se presume que la ligera mejoría de este año se relaciona con el hecho de que se aprecia como más evidente ahora que ciertos casos de corrupción llegan a conocerse en las principales instancias de la justicia.

Muchos de los países de mayor corrupción se encuentran entre los países más pobres del mundo, reafirmando la hipótesis de que la corrupción es una de las principales causas de la pobreza, además de que estos dos males se refuerzan mutuamente.

La República Dominicana ocupa el lugar 99 entre los 180 países del mundo cubiertos por el estudio. Dentro del área de Las Américas, nuestro país está en el lugar 21 de 32, lo que muestra que es uno de los percibidos como más corruptos. En el hemisferio occidental, solo 8 tienen una puntuación por encima de 5. Esto es alarmante considerando que desde hace una década la región dispone de marcos legales para combatir la corrupción como la Convención Interamericana contra la Corrupción, y reforzada después por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas firmadas y ratificadas por nuestro país.

Todavía más,  el 15 de noviembre del año 2006, en la ciudad de Guatemala, los presidentes y primeros ministros de los países de Centroamérica y la República Dominicana firmaron una Declaración por una Región Libre de Corrupción, que parece haber pasado a ser letra muerta.

En el informe correspondiente a este año, Transparencia Internacional resalta lo difícil que resulta la lucha contra la corrupción si no se cuenta con un sistema judicial profesional e independiente, que permita eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial, y promover la confianza de los ciudadanos. “Si no se puede confiar en las cortes para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción”, expuso la Presidenta de TI, Huguette Labelle.

Asimismo, se destaca que los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada. Se refiere al caso de los paraísos fiscales, que han jugado un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes.

Akere Muna, Vicepresidente de Transparencia International, señaló que es el momento indicado para que las naciones desarrolladas emprendan acciones en el área de la recuperación de activos, y puntualizó: “La crítica de los países ricos con respecto a la corrupción en los países pobres ostenta poca credibilidad cuando sus instituciones financieras atesoran riqueza robada de los pueblos más pobres del mundo”. Se recuerda que el Sr. Akere Muna estuvo el mes de mayo en la República Dominicana, invitado a participar  Conferencia Hemisférica sobre Poder Judicial, Prensa, Impunidad

En muchos casos el rastreo y recuperación de fondos se ven dificultados por el blanqueo de dinero, el cual es gestionado por bancos transnacionales ubicados en jurisdicciones donde el secreto bancario todavía es norma. Los gobiernos deben adoptar medidas contra el blanqueo de dinero a efectos de erradicar los refugios de activos robados, según contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, insiste el informe del 2007.

El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2007 está siendo divulgado hoy en Berlín y Londres por la organización Transparencia Internacional. Al mismo tiempo, innumerables capítulos nacionales de Transparencia Internacional lo están publicitando en sus respectivos países.

Participación Ciudadana, Capítulo Nacional en formación para la República Dominicana de Transparencia Internacional, ha recibido el informe y se siente honrada de contribuir a su difusión en nuestro país.

Con el objetivo de desarrollar actividades de colaboración y compromiso en materia de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la gestión pública, derechos humanos y ciudadanos, acceso ciudadano a la justicia, así como el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos/as, de las organizaciones comunitarias, Participación Ciudadana (PC) y Children International-Santo Domingo suscribieron un importante acuerdo de cooperación interinstitucional en proyectos de educación ciudadana

El acuerdo fue rubricado por el ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte, Coordinador General de PC y el señor Rafael Manuel Mejía Pérez, Director Ejecutivo de Children International-Santo Domingo.

El Director Ejecutivo de PC, Javier Cabrera tuvo a su cargo  las palabras de bienvenida y la lectura del convenio, ponderando los puntos más importantes y relevantes del mismo.

Los firmantes al dirigirse a los presentes convinieron en señalar que con la firma del convenio ambas instituciones se comprometen a elevar la capacidad técnica  y ética del personal y grupos metas, que permitan garantizar  una labor más eficaz y apegado a los valores que promueven ambas instituciones.

En el mismo las partes acuerdan aunar esfuerzos y mantener relaciones de trabajo estrechas para poder alcanzar los objetivos del pacto como son diseñar y organizar talleres, charlas y cualquier manifestación docente que contribuya a difundir, comprender y capacitar a los y las ciudadanas que se involucren en el proceso.

A través del convenio se pretende la colaboración con nuestros recursos y medios a la implementación de las experiencias de acceso a la información pública, observación electoral, acceso ciudadano a la justicia y rendición de cuentas que se ejecuten en ambas instituciones.

También se propiciará y ponderará las iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias encaminadas a fortalecer la relación entre el gobierno municipal y las comunidades mediante mecanismos de participación establecidos.

PC y Children International-Santo Domingo convienen aunar esfuerzos para enfrentar de manera directa los problemas que atenten contra el fortalecimiento institucional de la sociedad y de  manera particular fortalecer la participación de la ciudadanía en acciones que se traduzcan en beneficio de la comunidad.

El Movimiento Cívico no partidista Participación y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), anunciaron la realización del concurso de Investigación Periodística en base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en coordinación con las Escuelas de Comunicación Social del país  y el auspicio del Banco Mundial.

El Concurso, en el que podrán participar estudiantes de comunicación social y carreras afines y profesionales con menos de dos años de graduados, busca promover la  Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en las universidades, al tiempo que fomenta la investigación periodística sobre la gestión y administración de las instituciones estatales, como parte del impulso a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

En las bases del concurso se establece que se escogerán tres ganadores, que recibirán premios en efectivo, placas de reconocimiento, la publicación de sus trabajos  en las páginas Web de Participación Ciudadana y Finjus. Estas bases están disponibles en las oficinas y páginas electrónicas de ambas instituciones.

La presentación del concurso se realizó en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el rector de la UASD, Doctor Roberto Reyna, seguido del Licenciado Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, quien tuvo a su cargo la apertura del acto.

Reyna al dar la bienvenida manifestó que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) esta comprometida con el respeto al libre acceso a la información y que esa institución ya dispone en su página web de informaciones sobre el presupuesto, contratos  y otros compromisos de la institución.

Agregó que se propone lograr que la alta casa de estudios se constituya en un modelo en América Latina en cuanto al derecho al libre acceso a la información.

Mientras que Cabreja, explicó que con este concurso se pretende promover la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en las universidades.

Además agregó que con el mismo se quiere fomentar la investigación periodística sobre la gestión y administración de las instituciones estatales, como parte del impulso a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del estado.

El Doctor Servio  Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus pronunció una conferencia acerca de la “Importancia de la Ley de Libre Acceso de  Información Pública para el Ejercicio Periodístico”.

Las bases del concurso fueron presentadas  por el licenciado Carlos Pimentel, encargado del Área de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana, quien resaltó la importancia de que desde las aulas los profesionales de la comunicación se conozcan ese instrumento legal, para un ejercicio más idóneo de su trabajo de comunicador social.

Las bases del concurso están disponibles en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicada en la Calle Wenceslao Alvarez número ocho de la Zona Universitaria y en Finjus, en la Torre Piantini. en la avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejía Ricart; y en sus respectivas páginas web: www.pciudadana.org y www.finjus.org.do

• Bases del Concurso

• Formulario de Preinscripcion

En medio de  los ataques a que hemos sido sometidos por los periódicos  Listín Diario y Diario Libre, por habernos atrevido a pedir justicia  por los Fraudes Bancarios hay voces que no han manifestado su apoyo.

A continuación la columna “MIS BUENIS DÍAS”, del doctor Rafael Molina Morillo que salió publicada  el lunes 27 de agosto en la página 4 del matutino Hoy

Mis buenos días

Participación Ciudadana 

La labor de educación cívica y fortalecimiento de los derechos humanos que viene desarrollando la organización apartidista Participación Ciudadana ha dejado frutos invaluables en beneficio de la institucionalidad entre nosotros.

No pretendo hacer aquí un recuento o un inventario de las jornadas en las que ha jugado un rol estelar esa entidad, pero si quiero unir mi voz a aquellas que han salido en su defensa, frente a los ruines, insensatos e interesados ataques que se le profieren en estos días.

Sólo hay que ver de cuáles linderos provienen los insultos a Participación Ciudadana para darse uno cuenta de dónde se esconden los intereses que los mueven.

Pero por evidentes que resulten las pruebas, no debemos cruzarnos de brazos mientras las aguas negras corren por las cloacas.

No soy ni he sido miembro de esa digna institución, aunque sí me cuento como un respetuoso admirador del trabajo que realiza por el bien de nuestra sociedad.

Pero precisamente por eso, por no ser uno de sus miembros, me siento con más autoridad moral para reclamar el respaldo pleno de todos los amantes del Derecho, la Justicia y la Democracia en este país, para que Participación Ciudadana siga adelante con sus programas dignificantes, a sabiendas de que sus esfuerzos son reconocidos y emulados por los buenos dominicanos.

La parte oscura de la sociedad podrá continuar su malsana campaña de desinformación, pero la parte buena no se dejará corromper ni confundir.

¡Adelante, amigos!

([email protected])