Un estudio revela que la República Dominicana y Guatemala son los países que tienen el menor índice de credibilidad de transparencia en la elaboración presupuestaria en América Latina. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La Fundación Solidaridad y Participación Ciudadana presentaron el estudio “Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria”, donde fue analizada la transparencia en la elaboración del presupuesto en once países latinoamericanos, y en el cual se incluye a la República Dominicana por primera vez. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La investigación fue realizada por Fundar: Centro de Análisis e Investigación en Temas de Democracia desde el 2001. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Juan Castillo, representante de la Fundación Solidaridad y coordinador general del estudio en el país, expresó que los resultados generales apuntan a la poca transparencia y participación presupuestaria en la región. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Pero también, dijo, evidencian retrocesos y todas las naciones de Latinoamérica, excepto Costa Rica, reciben calificación probatoria menor a 60 puntos, siendo la del país de 38. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La encuesta explica que el proceso presupuestario actual del país está enmarcado en una etapa de transición, debido a que las leyes que conforman el nuevo marco legal de la Hacienda Pública no ha logrado ser implementado, dando lugar a la aplicación de antiguos procedimientos y perpetuando debilidades tradicionales en el ámbito de transparencia presupuestaria. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Las variables mejor evaluadas en el caso del país fueron información sobre criterios macroeconómicos, la Ley de Acceso a la Información y cambios en el presupuesto. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La conclusión del estudio señala que esto es un indicativo de que aún falta voluntad política que acompañe los cambios legales necesarios para mantener los niveles conseguidos, y para crear nuevos mecanismos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Resultados generales

El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Reclaman se cumpla con la ley sobre inversión del 4 % del PIB.

El Foro por la Educación y Participación Ciudadana recordó al Gobierno central y al Congreso que el presupuesto para esa área deberá ser incrementado para 2010 en 0.5% del Producto Bruto Interno, en comparación con el vigente, lo que implica adicionar RD$11,400 millones, más los RD$2,109 recortados en el Presupuesto de 2009.

En rueda de prensa celebrada ayer en el local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ambas entidades informaron que el objetivo es alcanzar una asignación de RD$44,800 millones para el próximo año y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el desarrollo de la nación una asignación menor.

En un comunicado leído por Francisco Cueto Villamán, director de Flacso, el Foro Educativo sostuvo que la educación es un derecho humano y que es deber del Estado garantizarla a través de una inversión acorde con las necesidades, los rezagos educativos y los estándares internacionales.

Recuerdan que llevan 12 años esperando alcanzar el cuatro por ciento del PIB para la educación Inicial, Básica y Media de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Señalaron que el 4 por ciento del PIB dirigido a la educación no es un número mágico y que cuando en 1997 se estableció esa meta de financiamiento mínimo para la educación pre-universitaria, la región destinaba precisamente ese porcentaje del PIB.

“Hoy día, el país no ha logrado alcanzar ese promedio y ya la región destina en promedio 5% del PIB al sector educación”, dice.

El comunicado está suscrito por Participación Ciudadana, Educa, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fe y Alegría, la Flacso, Intec, el Centro Cultural Poveda, el Foro Ciudadano, el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Fundación Tecnológica.

Señalaron que a estas alturas no se han cumplido las demandas de la sociedad plasmadas en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 como esfuerzo consensuado por todos los actores sociales y asumido oficialmente por el Gobierno en el 2008, así como en la recién celebrada Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis mundial, Advirtieron que no habrá salida a la pobreza sin inversión en educación.

Metas no cumplidas por el Gobierno

El Plan Decenal estableció metas viables para alcanzar el 4% al año 2012. Para 2009 fue establecida en 2.67% del PIB, garantizando un aumento anual de 0.48% del PIB hasta alcanzar el 4% del PIB, meta de la cual el país se aleja años tras año.

El presupuesto en educación fue recortado de RD$33,359 millones a RD$31,249 millones para todo el año 2009. Ello ha llevado a la secretaría de Educación al acumulamiento de atrasos, que implicará que parte del presupuesto del año 2010 sea tomado para pagarlos.

En reconocimiento de la caída de los ingresos fiscales en el contexto de la crisis financiera internacional, el país se ha visto obligado a reajustar el gasto público hacia la baja. Este reajuste no ha tomado en cuenta la necesitad de blindar la inversión social, en particular la inversión en educación.

Escollos

El gasto público tiene múltiples programas de bajo impacto social y existen muchas duplicidades en ámbitos como la asistencia social, lo que se traduce en espacio para privilegiar el aumento de la inversión social prioritaria como la dirigida a la educación.

El presente contexto representa una oportunidad para que la secretaría de Educación ataque las ineficiencias internas, reasignando recursos hacia las actividades de más impacto educativo y promoviendo la participación de los municipios, las organizaciones comunitarias, el sector privado y padres en la búsqueda de mejores resultados.

Participación Ciudadana aboga por mayor apoyo a CCJ; con trabajo ahorran millones al Esta

Alrededor de 22 mil personas han recibido servicios legales y de educación ciudadana en Herrera, Santo Domingo Oeste, y Cienfuegos de Santiago, a través de las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) que auspicia Participación Ciudadana, con la colaboración de universidades y otras instituciones desde hace tres años.

De enero de 2006 a octubre de 2009, las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) ofrecieron servicios de diferentes aspectos a 21,949 personas con muy escasos o ningún tipo de recurso, que de lo contrario se hubieran convertido en conflictos de magnitudes impredecibles. Se incluyen 2,198 que fueron favorecidos con cursos de capacitación mediante talleres.

Sólo en Cienfuegos, los facilitadores de la CCJ atendieron a 11,531 personas, 5,820 mujeres y 5,711 hombres; en tanto que 7,432 ciudadanos se dieron cita en la CCJ de Herrera, de los que 4,297 fueron mujeres y 3,135 hombres.

Per solamente de septiembre de 2008 a septiembre de 2009 unas 11,937 personas participaron de los servicios judiciales y labores educativas de estas nuevas instancias.

Por otro lado, el 54.6% de quienes tuvieron acceso a los servicios fueron mujeres y 45.4% hombres, mientras que 763 representantes de organizaciones comunitarias fueron capacitados en torno al conocimiento y dominio de sus deberes y derechos fundamentales, así como de las leyes y herramientas que facilitan su acceso a justicia.

Los usuarios recibieron servicios de orientación e información legal popular, fiscalía, psicología, mediación, conciliación, asuntos municipales, de familia, juventud y de capacitación.

La capacitación se desarrolló en forma de cursos en más de 30 talleres con contenidos en materia de acceso ciudadano a la justicia, municipalidad y presupuesto participativo y Ley de Libre Acceso a la Información Pública

De los cursos ofrecidos, la Fiscalía ocupó el 34.16 por ciento, Mediación el 51.7 por ciento, Orientación Popular el 9.67 por ciento y Psicología el 5.10 por ciento. Aclara que la CCJ de Cienfuegos no presta servicio psicológico

Mayores conflictos

Entre los conflictos de mayor presencia en los trabajos de las CCJ se destacan el robo simple, inquilinato, estafa, deudas, trabajos pagados no realizados, trabajos realizados no pagados, amenazas, daño a la propiedad privada, golpes y heridas, riñas, abuso de confianza y partición de bienes.

Asimismo, conflictos entre padres e hijos, conflictos de pareja, manutención alimentaria, guarda de hijos menores, regulación de visitas, protección a niños, niñas y adolescentes, linderos, conflictos por construcción, protección de áreas públicas, convivencia comunitarias y, además, violencia intrafamiliar.

Ruth Henríquez y Petronila Rosario, directora y mediadora, en la CCJ de Herrera, resaltan como uno de los mayores logros haber contribuido a restablecer los lazos entre familias, vecinos y relacionados, evitando la violencia

Cuando los conflictos no tuvieron solución en las CCJ fueron derivados a fiscalías especializadas, departamentos de Violencia de Género, Defensoría Pública, Departamento de Familia y Menores, hospitales de Salud Pública y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

Destacaron, además, el reconocimiento de las comunidades donde funcionan los centros por los servicios que prestan.

Señalan que el trabajo se hace en colaboración de las organizaciones comunitarias de cada lugar en el que funcionan las CCJ, que son las que conocen los casos y canalizan los conflictos. Normalmente se trata de las juntas de vecinos y entidades de amas de casa.

Reclama apoyo Estado y sector privado

José Ceballos, encargado de Justicia y Derechos Ciudadanos de Participación Ciudadana, define como trascendental el trabajo que se realiza en las CCJ, pero dice que necesitan respaldo económico de instituciones públicas y privadas para seguir desarrollándolas en otros lugares conflictivos de Santo Domingo. Lamenta que todavía en la zona Norte del Distrito Nacional no existe un CCJ, a pesar de que esa parte es la más vulnerable, lo mismo que en Santo Domingo Norte y Este.

Entre los ejes fundamentales en que se basa el proyecto citó la operación con una cultura de paz, que tiene la finalidad de reducir la violencia barrial y familiar; acercar a la gente a los servicios de justicia, ya que, como se sabe, los procesos judiciales son caros y de difícil acceso; y la creación de conciencia y esperanza en nuevos mecanismos para resolver los conflictos.

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Participación Ciudadana firmaron un convenio en el que ambas entidades se comprometen a impulsar de manera conjunta la realización de cursos de grado, diplomados conferencias, seminarios y tertulias promotoras de la discusión de temas judiciales y de transparencia que demanden del tratamiento académico y la reflexión de la sociedad dominicana.

La firma se produce en el marco del lanzamiento del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), bajo los auspicios de Transparencia Internacional (TI), dentro del cual, los estudiantes de UNIBE tendrán la oportunidad de realizar pasantías y colaborar en actividades que vayan en procura de fomentar el combate de la corrupción.

Asimismo Participación Ciudadana asume el compromiso de capacitar y especializar al personal universitario que se asigne al proyecto, en materia de la legislación que atañe a la corrupción, el recurso de amparo, la ley de acceso a la información pública y lo relacionado con el funcionamiento técnico del ALAC.

El documento fue firmado por el rector de UNIBE, doctor Julio Amado Castaños Guzmán, y el Coordinador general de Participación Ciudadana, Dr. Samir Rafael Chami Isa en el Salón Peña Batlle de la academia universitaria.

A la firma del convenio asisto por parte de Participación Ciudadana, Lucía Collado, Asistente operativa de asistencia legal anticorrupción. Tanto Chami Isa como Collado son egresados de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana y expresaron sentirse orgullosos y regocijados al ver el crecimiento de su alma máter y el liderazgo e impacto de sus estudiantes y egresados en la sociedad.

Asimismo, agradecieron a la Escuela de Comunicación Publicitaria de UNIBE, ya que el logo que representará el ALAC fue diseñado por Mariela Medina Burgos, estudiante de ésta escuela.

Por parte de UNIBE estuvieron presentes la vicerrectora académica, doctora Odile Camilo, el decano y coordinadora de la Escuela de Derecho, Doctor José Perez Gomez y Doctora Sagrario Feliz y la Directora de Relaciones Interinstitucionales, Loraine Amell.

Tanto Castaños Guzmán como Chami Isa mostraron satisfacción con la firma del acuerdo de colaboración y entienden fundamental involucrar e incentivar la toma de conciencia en los jóvenes sobre los procesos importantes que se llevan a cabo en el país y con temas tan fundamentales y críticos como el fomento de la ética y la lucha contra la corrupción.

El tribunal contencioso y administrativo aplazó juicio contra PRD para 11 de noviembre

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) se mostraron ayer en disposición de aplicar la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

José Tomás Pérez, propulsor de la Ley 200-04 cuando fue senador, dijo que en el PLD las cuentas siempre han estado claras. Recordó que durante su ejercicio como secretario general de la organización los libros estaban abiertos.

Aseguró que la entidad está preparada para que cualquier ciudadano que quiera investigar sus arcas pueda hacerlo.

No obstante, Pérez favoreció que partidos como el PLD y el PRD, con estructuras amplias y grandes, tengan un estamento que le dé seguimiento a la aplicación de la ley 200-04.

Asimismo, el secretario de Comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, destacó que la entidad dispone de una secretaría de Finanzas, que se sustenta en un departamento de contabilidad y de auditoría que mantiene estrictos controles sobre todos sus gastos

Dijo que los ingresos y gastos en el PLD siguen desde su fundación una rigurosa normativa de controles internos.

De su lado, Salín Ibarra, director legal del PRD, favoreció que ese partido desde la oposición cumpla con la ley 200-04 para tener calidad para exigir transparencia, pero también para actuar de esa manera desde un futuro gobierno.

Los 23 partidos políticos violan actualmente la ley de Libre Acceso a la Información Pública. La norma obliga a ofrecer informaciones sobre sus actos.

Los protagonistas

José Tomás Pérez

Ex senador PLD, Promotor Ley 200-04

Recuerda que la ley 200-04, aprobada y promulgada en 2004, obliga a todas las entidades privadas que reciben recursos del Estado a rendir cuentas y a tener los libros abiertos, más aún los partidos políticos que obtienen altas sumas de dinero.

En el PLD no hay problemas. Está dispuesto a dar informes sobre los recursos que se soliciten”.

Salím Ibarra

Director asuntos legales del PRD

El PRD comenzó a defenderse en los tribunales por un recurso de Amparo interpuesto por el ciudadano Allan Tiburcio porque se le negó informaciones sobre el uso de los fondos públicos. El juicio fue remitido para el 11 de noviembre próximo

Favorezco que el PRD desde la oposición rinda cuentas para que haga lo mismo en el gobierno”.

Javier Cabreja

Director de participación ciudadana

Esa entidad a principio de año solicitó informaciones a los partidos políticos mediante la ley, las cuales fueron nulas. Solamente respondieron los partidos más pequeños. PC observa poca voluntad y disposición de cumplir con la ley 200-04.

Los partidos deben informar sobre el financiamiento privado que es mayor que el público”.

Servio Tulio C.

Vicepresidente de la FINJUS

Señala como debilidad de la ley 200-04 que no se ha aprobado la ley de partidos que la fortalecería. Resalta que el proyecto en el Congreso crea las condiciones y regulaciones necesarias para que los partidos rindan cuentas.

A los partidos hay que someterlo al orden. Se debe crear un sistema de consecuencias”.

Tan pronto sea proclamada la Constitución, decenas de leyes estarán en contradicción con el nuevo ordenamiento jurídico

La Reforma Constitucional tendrá que dar paso a otra tarea colosal: actualizar decenas de leyes que entrarán en contradicción con la flamante Carta Magna.

Entre las legislaciones que chocan con las nuevas normas constitucionales están la Ley Electoral, la que instituye el Defensor del Pueblo, la de Medio Ambiente, la de Migración y la de Presupuesto. En el ámbito electoral está adaptar la matrícula de jueces de la JCE a cinco miembros y la creación de un Tribunal Superior Electoral.

El Congreso tendrá que abocarse en lo inmediato a reformar decenas de leyes que se convertirán en inconstitucionales en el mismo instante en que la Asamblea Revisora proclame la nueva Constitución.

Entre las leyes que entrarían en contradicción con la nueva Ley Fundamental figuran la Ley Electoral, la que instituye el Defensor del Pueblo, la de Medio Ambiente, la de Migración y la de Presupuesto.

La Carta actual la componen 120 artículos y la nueva tendrá 282, que abarcan gran parte de las leyes vigentes, que deberán ser adaptadas a través de un proceso a que se abocará el Congreso.

La Ley Electoral deberá acoger las disposiciones de la nueva ley de leyes en esa materia, a saber, la reducción a cinco del número de miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y lo relativo a la creación del Tribunal Superior Electoral.

Asimismo, el aumento de la matrícula de la Cámara de Diputados de 178 a 190 miembros, para incluir la elección de diputados nacionales, reforma orientada a favorecer a las organizaciones políticas minoritarias,y la celebración de comicios para escoger a los representantes de los dominicanos en el exterior.

La ley que crea el Defensor del Pueblo también deberá ser adaptada a las disposiciones de la nueva Constitución, que varía lo relativo a su escogencia y funciones.

A través de la reforma constitucional se redujo el número de adjuntos del Defensor del Pueblo, así como la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para proponer al Senado su designación.

Con respecto al medio ambiente y a los recursos naturales, la Asamblea Revisora aprobó diferentes disposiciones encaminadas a proteger ese patrimonio.

Se recuerda lo relativo al uso de las playas y balnearios, lo que generó protestas por parte de quienes entendían que la medida prohibía el acceso del público a esos lugares de diversión.

Deberán adaptarse a la nueva Constitución todas las leyes orgánicas de las secretarías de Estado, que ahora serán ministerios.

Las claves

1. Migración

La Ley de Migración deberá adaptarse a lo aprobado respecto a los dispositivos de la nacionalidad en base a los principios del jus solis y el jus sanguini.

2. Presupuesto

La Ley Orgánica de Presupuesto deberá acoger lo relativo al plazo que la nueva ley de leyes otorga al Poder Ejecutivo para someter la pieza al Congreso e incluso el propio nombre de la ley, que ahora se denominará Ley de Presupuesto General del Estado.

3. Justicia

También deberán adaptarse a la nueva Carta Magna la Ley de Organización Judicial, número 821-27, y la de Carrera Judicial y su reglamento de aplicación, que lleva el número 327-98.

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana denunció que la nueva constitución está plagada violaciones a los derechos ciudadanos violentando acuerdos internacionales.

Previo al inicio de una Asamblea en contra el Retroceso Constitucional, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que entre los puntos aprobados que violan los derechos ciudadanos se encuentran el limite al libre acceso a las playas; la aprobación del artículo 38, antiguo 30, sobre la interrupción del embarazo; la eliminación del derecho de la ciudadanía de elevar recursos de inconstitucionalidad; el no reconocimiento a la nacionalidad de hijos de extranjeros que no han regularizado su situación en el país; otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los fiscales y mas del 50 por ciento de los fiscales adjuntos ya que esto crearía mayor dependencia del Poder Judicial del Gobierno.

“Esta situación refleja a toda luz que esta Nueva Constitución es ilegitima”, expresó Cabreja.

Mientras que Luis Gómez, investigador, profesor universitario y experto en el área constitucional dijo que la reforma a la Carta Magna ha tenido sus luces y sombras. Gómez señaló que una de las acciones que provocó mayor insatisfacción en la población es que los legisladores que participaron en la Asamblea Revisora solo aprobaron los artículos pactados entre dos de las principales fuerzas políticas del país, ignorando las consultas populares y el interés colectivo.

Por esta razón Participación Ciudadana en coordinación con otras organizaciones ha realizado varias Asambleas en Contra del Retroceso Constitucional que se han llevado a cabo en Higuey, Barahona, San Francisco de Macorís y Santiago.

La Asamblea de Santiago se realizó este miércoles 28 de octubre en el Ateneo Amante de la Luz, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma, y sus repercusiones en la población.

El evento contó con la asistencia de cientos de personas, incluyendo periodistas, abogados, religiosos, amas de casa, organizaciones civiles, grupos juveniles, asociaciones de mujeres y juntas de vecinos.

Entre las organizaciones que apoyaron el evento se encuentran el Foro Social Alternativo, la Coordinadora de Mujeres del Cibao y la Coordinadora de juntas de vecinos zona sur de Santiago, entre otras.

Durante la rueda de prensa, Cabreja también destacó algunos aspectos positivos de la nueva Carta Magna como son la aprobación de mecanismos de participación directa como el referéndum y la iniciativa legislativa popular, la inclusión en la Carta Magna del estatuto de la función pública, que el defensor del pueblo tenga rango constitucional y que la terna de la Cámara de Cuentas sea elegida por la Cámara de Diputados.

La Asamblea Nacional contra el Retroceso Constitucional que se llevó a cabo en horas de la tarde en Santiago y estuvo encabezada por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, el profesor Luis Gómez, experto constitucional y otros. La misma se realiza en momentos en una comisión de la Asamblea Nacional realiza las ultimas revisiones a la nueva carta magna.

Los evangélicos lograron que se reconocieran sus matrimonios.

SANTO DOMINGO. Los matrimonios religiosos no católicos también tendrán efectos civiles en los términos que establezcan la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Así lo aprobó ayer la Asamblea Revisora de la Constitución que también acogió la sugerencia de las asociaciones empresariales garantizó en la Constitución la libre empresa.

Los asambleístas reconsideraron ambas propuestas, que habían sido rechazadas en primera lectura, acogiendo el informe de la comisión de Verificación y Auditoría.

También la Asamblea acogió que las uniones no formales o "concubinato" generan derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales y que "la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley".

Sobre la libertad de empresa fue sancionado que "el Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las leyes.

23 artículos

En la sesión de este martes fueron sancionados 23 artículos que incluyen el derecho a la libertad y seguridad personal; la prohibición de la esclavitud; el derecho a la integridad personal; al libre desarrollo de la personalidad; a la intimidad y el honor personal la libertad de conciencia y de cultos; la de tránsito, de asociación y de reunión.

También se consignó el derecho a la propiedad; a la propiedad intelectual y del consumidor, la seguridad alimentaria y los derechos de familia; la protección de las personas menores de edad; de la tercera edad y de las personas con discapacidad.

Además fueron sancionados los derechos a la Salud, vivienda y a la seguridad social y el derecho al trabajo.

124 asambleístas votaron en contra de calificar la información de veraz; 38 a favor La Asamblea Nacional Revisora estará en receso hasta el próximo

SANTO DOMINGO. La Asamblea Nacional Revisora de la Constitución rechazó ayer incluir el término "veraz" para calificar la información que puede ser difundida por toda persona en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información.

En contra del término votaron 124 asambleístas y 38 a favor de que se agregara al numeral primero del artículo 50.

En los debates, el proponente de la moción, el asambleísta Pelegrín Castillo trató de convencer a sus colegas " de la importancia de que el término información veraz figurara en la constitución junto a la cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista".

Sin embargo, el pleno de la Asamblea desechó su propuesta y aprobó el artículo con sus numerales que establece: "Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;

2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley;

3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;

4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley;

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.

Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público".

Participación Ciudadana y la Dirección General de Contrataciones Públicas firmaron un acuerdo con el que se comprometen a elevar la transparencia y fortalecer el sistema de compra y contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado.

El convenio fue suscrito por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana y Eric Hazim, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana informó que PC dará apoyo a la DGCP en la evaluación de su Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), dotándole de recomendaciones, insumos técnicos, capacitación del personal y orientaciones para actualizar el link de transparencia del sitio Web de la Institución.

Mientras que Eric Hazim indicó que con este acuerdo se busca fomentar la eficiencia y transparencia en las acciones enmarcadas en la Ley de Contrataciones Públicas.

El Movimiento Cívico también coordinará con la DGCP la conformación de una Mesa de Diálogo entre las entidades de fiscalización de recursos públicos, grupos profesionales y empresariales para recibir su valoración y recomendaciones en torno a los procesos de compras y contrataciones en sentido general.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Participación Ciudadana además trabajarán en conjunto en la capacitación y monitoreo del personal que laborará en el proceso de incorporación de los Ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste en los procedimientos de la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas. Con esta parte del proyecto ambos entidades buscan que los Cabildos utilicen los manuales de procedimientos de compras, elaboren los planes anuales de compras y contrataciones e incorporen sus proveedores en el registro único de la DGCP.

PC asimismo apoyará a la DGCP en la realización de un seminario internacional dirigido a servidores públicos para generar sensibilización en el tema.

El financiamiento de estos trabajos y la designación del equipo técnico estarán a cargo de ambos organismos.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una duración de tres (3) años pudiendo el mismo ser renovado o darse por terminado a instancia de una de las partes.