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La Policía viola ley al trasladar agentes sin viáticos lejos de sus hogares

SANTO DOMINGO. A pesar de que la Ley 96-04 que rige a la Policía Nacional establece que sus miembros deben recibir viáticos para alimentación y hospedaje por razón de servicios, y que le serán reembolsados los gastos por transporte, los agentes que son trasladados a municipios y provincias lejos de sus hogares no reciben esos beneficios.

Esta violación a la ley de la institución que debe velar por la seguridad ciudadana mengua el salario de los policías dominicanos pues, en muchos casos, lo devengado mensualmente se gasta casi o completamente en el traslado desde sus hogares al lugar de trabajo y viceversa.

El Artículo 59 de la Ley 96-04, sobre los derechos de los policías, en uno de sus párrafos dice que todos los miembros de esa institución deben “ser reembolsados por los egresos ocasionados por razón de servicios, tales como gastos de transporte, en los casos en que no fuere posible usar del servicio que ofrece el Estado, viáticos para alimentación y hospedaje, por razón de destino o residencia…”.

Al preguntársele a un agente por qué no reclaman esos beneficios respondió: “Pero ven acá, ¿usted no sabe dónde vive?”, insinuando que las leyes en el país regularmente no se cumplen.

Algunos policías dicen que no se explican por qué los trasladan a provincias lejanas a sus hogares “sin haber cometido faltas”, mientras que otros lo atribuyen a que no están “pegados” y no se cuenta con dinero para gestionar “lugares buenos”, que son aquellos en donde los agentes “pican su chelitos”.

“Al que no tiene nada, ni padrinos, los jefes cuando lo trasladan le dicen que fabrique, que los policías tienen que fabricar”, comentó un agente.

Tres casos

Un raso entrevistado, de 24 años, dice que reside en Invivienda, en Santo Domingo Este, y que desde febrero de este año fue enviado a Santiago. Trabaja de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y para no recurrir en mayores gastos en los viajes, labora dos días seguidos y duerme en el cuartel policial, para librar dos. Gasta en pasaje 700 pesos.

“A mí me gusta la Policía, pero de fuera se ve más bonita”, aseguró.

Sostuvo que es difícil sostenerse con el salario de 5,700 que le quedan “limpios”, incluidos los RD$240 de la ración alimenticia para todo el mes. Sin los descuentos, un raso policial gana 7,000 pesos en total.

Sostuvo que lo atrajo “engancharse a la Policía” porque pensó que algo debía tener de bueno con tantos agentes que tiene como miembros.

Otro raso, de 31 años, dice que lo enviaron de Sabana Perdida a Sonador, Piedra Blanca, en Bonao. Está separado de su esposa, que es bipolar y con quien tuvo un hijo.

Gasta 360 pesos en el traslado desde y hacia su trabajo. Una “ayuda” que dice recibir es la comida que le envía la Universidad Adventista cuando está en horas de servicio.

Tiene tres años y tres meses como raso. Ignora las razones por las cuales lo han trasladado tan lejos de su casa. “Yo no he faltado”, dice.

Sostiene que se enganchó a la Policía después de retirarse de la Marina de Guerra, porque “los trabajos están muy difíciles”, y que no solicita la baja voluntaria por no dejar sus años perdidos y calificar para la pensión que otorga la institución.

“Mi mamá me mete la mano, si no fuera por mi mamá yo no existiera”, cuenta. Según informó, su progenitora es conserje de una institución pública y vende productos de limpieza.

Un segundo teniente que presta servicio de patrullaje en Las Caobas, Santo Domingo Este, y vive en Villa Mella, Santo Domingo Norte, gestionó durante un año sin éxito su traslado al sector donde vive.

Si se traslada en un vehículo propio que tiene una instalación de gas propano, gasta RD$200 en combustible y si lo hace en un motor que también posee, el costo para trasladarse es RD$100.

Por el rango de segundo teniente devenga un salario de RD$13,000, que con los descuentos se reduce a RD$10,800 y que incluye los RD$300 por la ración alimenticia que le corresponde por todo el mes.

Explica que como trabaja en el Gran Santo Domingo devenga también 5 mil pesos por el 911, por lo que se considera “afortunado” porque los policías de servicio en otras provincias en donde no funciona todavía ese sistema solo cuentan con el salario de la institución.

Su horario de trabajo es un día de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y el día siguiente de 6:00 a 8:00 de la mañana. Libra el tercer día.

Articulo Original: diariolibre.com

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Sugiere Policía Nacional actúe con cautela frente a raso Daurin Muñoz

El politólogo y profesor universitario Belarminio Ramírez Morillo instó a la Jefatura de la Policía nacional a que actúe con cautela frente al raso Daurin Muñoz que colgó en las redes sociales un video emocional y sentimental donde expresa sus frustraciones por el bajo salario y pésimas condiciones en que laboran.

El escritor expresó que esa institución debe irse preparando para recibir como normal estas reacciones de parte de sus miembros, ya que ese tipo de actitud es normal dentro de la generación.

El abogado dijo que en el pasado las frustraciones de la juventud eran destapadas en círculos familiares o de amigos cercanos, pero ahora, esta generación lo hará de manera natural a través de su comunidad o sociedad aumentada que son las redes sociales, y lo harán de forma natural como si no estuvieran violentando las normas.

El politólogo dijo que el raso Daurin Muñoz, ahora es un referente de valentía tanto dentro de los miembros de la Policia Nacional como de la sociedad en su conjunto, y que desconsiderarlo sería un error.

Belarminio Ramírez expresó que es hora de que den pasos firmes para mejorar el nivel salarial y de vida de la Policia Nacional, y el debate suscitado con la denuncia del raso Daurin Muñoz, debe ser utilizado para no postergar la reforma policial.

https://www.youtube.com/watch?v=7isfiStLSr8

 

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Lentitud y la falta de voluntad política para promulgar el Reglamento General de la Administración Pública

El Coordinador General de Participación Ciudadana, consideró que el Presidente Danilo Medina tiene la obligación de aprobar el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Administración No. 247-12, que debió promulgar hace 2  años, 9 meses  y 9 días.  Cándido Mercedes, consideró grave la lentitud y la falta de voluntad política para aplicar e implementar la referida Ley y corregir las profundas distorsiones, dualidades en la estructura del Estado dominicano, y de esa manera hacer lo que nunca se ha hecho.

Cándido Mercedes expresó que “No tiene razones lógicas, sensatas para que no se apruebe el Reglamento General de Administración Pública, como ordena el Artículo 86 de la misma Ley, que establece que: “El  o  la Presidente de la  República concretizará su política organizativa, en implementación de la presente ley, mediante un  Reglamento General de la Administración Pública deliberado en Consejo de Ministros y que  constituirá un conjunto coherente y actualizado de normas y nomenclatura de referencia para la Administración Pública bajo jerarquía o tutela del Poder Ejecutivo”.

Sin embargo,  a dos años, 9 meses  y 9 días  de la  referida Ley 247 – 12, el Poder Ejecutivo no ha promulgado  el Reglamento  para su aplicación.  El 3 de enero  del 2014, el Consultor  Jurídico del Poder Ejecutivo,  señaló “ya se  está  trabajando en eso y  yo  estoy seguro que el Reglamento  estará listo en breve”. Hace un año, 4 meses y 15 días  de  esa entrevista al Dr. César Pina Toribio y el  referido Reglamento no  aparece.

El Reglamento  sería la llave  para poner en vigencia  dicha ley,  al tiempo que  crea la base  de organización y funcionamiento  del  Consejo de Ministros y conduce  las políticas  organizativas del Poder Ejecutivo.   Sin la aplicación  de La Ley  y su  respectivo Reglamento, la sociedad  dominicana no podrá  tener un Estado  real  de Derecho, que  sea coherente, eficiente, eficaz y actúe con calidad; imperando  como ahora el desorden  organizado que crea un poder distorsionado y disfuncional.

El Coordinador General de PC reiteró enfáticamente que el Presidente Danilo Medina, firmó el  Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, donde se comprometía a: “AUSPICIAR la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción”.

El Profesor y Coordinador de PC expresó que “No obstante a las disposiciones normativas, constitucionales y compromisos, el Presidente Danilo Medina ha violentado todos los plazos establecidos en la propia ley, para la aprobación del Reglamento de Aplicación”

Además señaló que para impulsar la operatividad y cumplimiento;  entre ellos se tenía un plazo de 1 año para la reestructuración de los órganos consultivos nacionales, suprimiendo las duplicidades existentes, creadas por décadas en la administración pública. Para ello falta la aprobación del Reglamento de Aplicación y la firme determinación de garantizar su cumplimiento.

PC demanda que el Reglamento, pendiente de aprobación y en manos del Presidente de la República sea aprobado, ya que su inobservancia  a  esta fecha  está violando preceptos  constitucionales, así como a las mismas leyes. Cándido Mercedes concluye diciendo que “Sin la aplicación  de la Ley  y su  respectivo Reglamento, la sociedad  dominicana no podrá  tener un Estado  real  de Derecho, que  sea coherente, eficiente, eficaz y actúe con calidad; imperando como ahora el desorden  organizado que crea un poder distorsionado y disfuncional”

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Coordinador de PC exhorta Presidente Danilo Medina urgente aprobación del Reglamento Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano

El Coordinador General de PC, lamentó que hoy a un (1) año en que el Ministerio de Administración Pública remitiera al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Reglamento de Aplicación Ley de Salarios, el Presidente Danilo Medina no promulga tan importante normativa para la administración pública.

El Prof. Cándido Mercedes no entiende y no tiene explicación lógica alguna el rezago del Poder Ejecutivo para impulsar la implementación de la  Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del  2013, hace casi dos (2) años.

La ausencia del Reglamento de Aplicación permite el desorden, la desigualdad, la distorsión salarial, la inequidad,  donde el funcionario público que más gana, percibe un ingreso de 205 veces más que un servidor público de menor ingreso; él tendría que trabajar 17 años para igualar u obtener un salario de los que más ganan en un mes.

El Coordinador General de Participación Ciudadana, expresó que  “se han violentado todos los plazos establecidos en la propia normativa, para la aprobación del Reglamento de Aplicación, que tenía un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Administración Pública elaborara el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, el cual debió ser dictado por el Presidente de la República y aún no lo hace”.

El sociólogo y profesor universitario Cándido Mercedes señaló que “el Reglamento de La Ley de Salarios,  se encuentra en el despacho  de la Consultoría Jurídica hace un año y  dice no comprender los retrasos y desidia para poner  a  caminar  ese importante instrumento  de la administración pública, que  vendría  a organizar  uno  de los  aspectos más neurálgicos del  Estado dominicano: El desorden salarial y la  desigualdad  que impera en el mismo,  a la hora  de su asignación”.

Para el Coordinador General de PC la ausencia  del Reglamento para la aplicación de la Ley de Regulación Salarial,  está vulnerando y  desconociendo la propia Constitución en su artículo 140, que  reza: “Ninguna institución  pública o entidad autónoma  que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones  tendentes  a incrementar la remuneración  o beneficios  a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron  electos o designados. La inobservancia  de  esta disposición será  sancionada  de conformidad con la ley”.

Expresó Cándido Mercedes que “la carencia de dicho Reglamento constituye una violación  a la Constitución y demanda a que el mismo que está en manos del Presidente de la República sea promulgado, ya que su inobservancia  a  esta fecha  está  violando preceptos  constitucionales, así como a la misma ley, pues las fechas previstas para emitir sus respectivos  reglamentos ya caducaron, poniendo en inmovilidad  los mecanismos institucionales, como la efectividad gubernamental, elementos primordiales de la gobernanza”.

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Coordinador de PC exhorta Presidente Danilo Medina urgente aprobación del Reglamento Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano

El Coordinador General de PC, lamentó que hoy a un (1) año en que el Ministerio de Administración Pública remitiera al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Reglamento de Aplicación Ley de Salarios, el Presidente Danilo Medina no promulga tan importante normativa para la administración pública.

El Prof. Cándido Mercedes no entiende y no tiene explicación lógica alguna el rezago del Poder Ejecutivo para impulsar la implementación de la  Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del  2013, hace casi dos (2) años.

La ausencia del Reglamento de Aplicación permite el desorden, la desigualdad, la distorsión salarial, la inequidad,  donde el funcionario público que más gana, percibe un ingreso de 205 veces más que un servidor público de menor ingreso; él tendría que trabajar 17 años para igualar u obtener un salario de los que más ganan en un mes.

El Coordinador General de Participación Ciudadana, expresó que  “se han violentado todos los plazos establecidos en la propia normativa, para la aprobación del Reglamento de Aplicación, que tenía un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Administración Pública elaborara el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, el cual debió ser dictado por el Presidente de la República y aún no lo hace”.

El sociólogo y profesor universitario Cándido Mercedes señaló que “el Reglamento de La Ley de Salarios,  se encuentra en el despacho  de la Consultoría Jurídica hace un año y  dice no comprender los retrasos y desidia para poner  a  caminar  ese importante instrumento  de la administración pública, que  vendría  a organizar  uno  de los  aspectos más neurálgicos del  Estado dominicano: El desorden salarial y la  desigualdad  que impera en el mismo,  a la hora  de su asignación”.

Para el Coordinador General de PC la ausencia  del Reglamento para la aplicación de la Ley de Regulación Salarial,  está vulnerando y  desconociendo la propia Constitución en su artículo 140, que  reza: “Ninguna institución  pública o entidad autónoma  que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones  tendentes  a incrementar la remuneración  o beneficios  a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron  electos o designados. La inobservancia  de  esta disposición será  sancionada  de conformidad con la ley”.

Expresó Cándido Mercedes que “la carencia de dicho Reglamento constituye una violación  a la Constitución y demanda a que el mismo que está en manos del Presidente de la República sea promulgado, ya que su inobservancia  a  esta fecha  está  violando preceptos  constitucionales, así como a la misma ley, pues las fechas previstas para emitir sus respectivos  reglamentos ya caducaron, poniendo en inmovilidad  los mecanismos institucionales, como la efectividad gubernamental, elementos primordiales de la gobernanza”.

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PC demanda designación nuevo-a director-a a DIGEIG comprometido con la ética, la integridad gubernamental y la transparencia

Al celebrarse el 29 de abril el “Día Nacional de la Ética”, y ante la reciente renuncia del titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Participación Ciudadana solicita al presidente Danilo Medina la designación en ese cargo de un ciudadano o ciudadana comprometida en la defensa de los principios éticos, la integridad gubernamental  y la transparencia y un mayor esfuerzo por el cumplimiento de las pautas éticas en el gobierno dominicano.

Participación Ciudadana entiende los insuficientes y los pocos resultados logrados desde la Dirección General  de Ética  e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano  rector  en los  temas  de ética e integridad  de la  Administración Pública, así como  del Acceso  a la Información Pública.

En el marco del Día Nacional de la Ética, el panorama  nacional no puede  ser más desolador y causante de pesadumbre, al verificarse que la corrupción y la impunidad se enseñorean, destruyendo la institucionalidad. El modelo social es la generalizada falta  de  respeto  a las normas y al imperio  de la ley, estableciendo un pragmatismo  que niega la  esencia  del servidor público, que es el bienestar de la comunidad.

La celebración nos encuentra con  varios  expedientes emblemáticos, que  acusan  a una parte importante del poder del Estado, de  no asumir su rol, como mecanismo regulador y legitimador de la democracia y  del respeto  a las normas legales. Un Estado social democrático  de derecho no puede cimentarse y desarrollar una  democracia  en medio  de corrupción e impunidad.

Una mirada a los instrumentos  que nos permiten establecer los niveles de la ética, nos dejan en la desolación. En el Índice de Transparencia Internacional (IPC) del 2014, obtuvimos una puntuación  de 32 sobre 100 y el país quedó en la posición 116 sobre 174 naciones, en el Ranking Mundial  del IPC. Las evaluaciones que hemos realizado al Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, firmado por los candidatos presidenciales en el 2012, arrojan un cumplimiento de apenas  el 25%, de los indicadores.

El Código de Pautas Éticas, ha  tenido  una supina  inobservancia, sobre todo en su numeral 6. Ese artículo 6, establece: “Cumplir  las normas  de  transparencia, comprometiéndose a) Presentar mi  declaración  jurada  de bienes,  a más  tardar  a los 30  días  de asumir el cargo, y  a demostrar el origen  de las mismas antes  durante y  después  de haber finalizado mis funciones, o,  a  requerimiento  de una autoridad competente; b) Presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia  de mis compromisos  tributarios, así como las exigencias que  se me requieran con  esa finalidad”.

La  Ley No. 311 sobre Declaración  Jurada  de Patrimonio  del 8  de agosto del 2014, demandaba un reglamento de aplicación  a los  tres meses de su promulgación; han transcurrido  cinco 5 meses de su vencimiento y aún no sólo no contamos con el reglamento sino que muchos funcionarios no han cumplido con la normativa, según la Cámara de Cuentas.

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Posición de PC frente a la Reelección

Ante la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de proponer una nueva reforma a la Constitución de la República para que el presidente Danilo Medina pueda optar por la reelección, Participación Ciudadana desea expresar su oposición, coherente con lo que hemos sustentado desde nuestra fundación hace 22 años.

1.- Como hay muchas personas de corta memoria comenzamos por recordar que en 1994 favorecimos la prohibición de la reelección consecutiva, por considerarla necesaria por algunas décadas para el fortalecimiento institucional dominicano. También estuvimos entre las entidades de la sociedad civil más opuestas al restablecimiento de la reelección consecutiva que realizó la Asamblea Nacional en el 2002, entonces bajo dominio del Partido Revolucionario Dominicano, para beneficiar al presidente Hipólito Mejía. Así mismo fuimos de los organizadores de una vigilia nocturna al Congreso Nacional, y asistimos en actitud de rechazo a la sesión donde se aprobó la reforma. Nuestro fundamento quedó de manifiesto en un folleto del que distribuimos diez mil ejemplares, bajo el título "En la Historia Dominicana la Reelección ha sido Antidemocrática"

2.- Nos inscribimos también críticos consistentes del proceso que culminó en la Constitución auspiciada por el presidente Leonel Fernández y promulgada en el 2010, que desconoció el viejo compromiso de una Asamblea Constituyente de elección popular. Entonces también nos opusimos a la actual formulación de reelección indefinida con un período de intervalo, por entender que estaba hecha a la medida para que ese mandatario pudiera evadir la limitación de dos períodos de gobierno y nunca más establecida en el 2002.

3.- La reforma que ahora se propone es la reiteración histórica de que la Constitución de la República es un papel que se arruga cada vez que un gobernante alcanza los finales de su período de gobierno para que pueda prolongarse en el poder, siempre a costa de vulnerar la institucionalidad democrática, dentro de sus propios partidos y luego con el abuso de los poderes del Estado, siempre aduciendo la necesidad de continuar y/o concluir su obra de gobierno. La aprobación de 23 personas en un órgano ejecutivo del partido gobernante no puede sustituir un precepto constitucional tan importante para la institucionalidad democrática. El primer costo institucional es que el Comité Político peledeísta ha ignorado que  "la dirección e instancia superior del Partido después del Congreso Nacional", es su Comité Central, según establece los artículos 13  y 17 de los Estatutos del PLD. El segundo costo institucional, también histórico, será el tráfico de influencias y compra de conciencias para conseguir la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional, de la que no disponen los propiciadores del proyecto. Y un tercer costo pudiera ser el fraccionamiento del propio partido.

4.- Treinta y ocho reformas constitucionales, en 171 años de la República, equivale a una cada 4.5 años. De ellas 32 han sido para propiciar la reelección o para, ampliar el poder o los años del mandatario de turno. Y la próxima sería la cuarta en apenas dos décadas. En el Siglo XXI, andamos en el eje circular de todo el Siglo XIX y comienzo del XX.

5.- Somos, conjuntamente con Haití, los dos países con más reformas constitucionales en el mundo, lo que es indicativo de la extrema debilidad institucional de nuestra democracia. Otra  reforma  constitucional para propiciar la  reelección, en nada contribuiría al desarrollo democrático y  lo que genera es  la personalización del Estado, más allá de  la esencia  de la democracia, donde el poder  debe  radicar  en sus instituciones.

6.- Como movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana pretende coadyuvar al logro de una firme institucionalidad democrática que auspicie el desarrollo social, justo y equilibrado de la nación dominicana. Nuestra  Declaración  de Principios, plantea el rechazo del ”legado autocrático que permea  las  estructuras  del Estado y de la propia sociedad civil, y que menoscaba  el despliegue  de las potencialidades del conjunto social dominicano al concentrar y personalizar  el poder en desmedro  de la institucionalidad  democrática”.

7.- Es en ese marco programático que no podemos estar de acuerdo con una nueva reforma constitucional, para auspiciar la reelección de un gobernante, más aún cuando la actual Constitución tiene apenas 5 años y 2 meses y todavía no hemos podido adecuar a la misma un amplio paquete de leyes, así como desarrollar las que la propia carta magna exige, incluyendo la de partidos políticos y la del régimen electoral.

8.- Independientemente de la percepción favorable del presidente Danilo Medina en las encuestas, la sociedad dominicana no se merece otra reforma constitucional en beneficio de los intereses políticos de turno. El ejercicio  de una ética política, llama a no incrementar tensiones que  desvían los esfuerzos  necesarios para encaminar el país  hacia las reformas  estructurales que coadyuven   a una mejor  distribución  de la riqueza,  al combate firme contra la pobreza y a asumir a plenitud la Estrategia Nacional  de Desarrollo, que  contiene cambios que ya  debieron producirse.

9.- Por todas esas razones Participación Ciudadana apela al presidente Danilo Medina para que haga lo que nunca se ha hecho en la historia nacional y desestime la propuesta de reforma constitucional, con lo cual daría un ejemplo de coherencia con criterios que sostuvo anteriormente, incluso al inicio de su gestión gubernativa.

10.- El presidente Danilo Medina haría un gran servicio al fortalecimiento de la institucionalidad democrática si el fuerte liderazgo que ha obtenido en su partido y la amplia aprobación de la ciudadanía la concentra para impulsar las reformas políticas que requiere la nación, como son: La ley orgánica del régimen electoral y la ley de partidos que garanticen una competencia electoral equitativa y plenamente democrática en los comicios del 2016.

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La justicia en la República Dominicana necesita mostrar independencia ante la interferencia política

Santo Domingo/Berlín, 8 de abril de 2015 – Transparency International, la organización líder de la sociedad civil luchando contra la corrupción alrededor del mundo y su capítulo nacional en la República Dominicana, Participación Ciudadana, están preocupados ante los presuntos casos de gran corrupción por parte de miembros de la élite política del país, y la aparente falta de autonomía de la Corte Suprema para juzgarlos.

Un Poder Judicial independiente es pieza clave de la democracia y un pilar fundamental en el sistema nacional de integridad de un país. Sin embargo, la aparente impunidad de la cual gozan actores políticos miembros del partido en el poder, como lo muestra el reciente escándalo que involucra al senador Felix Bautista, hace cuestionar el funcionamiento real y efectivo de las instituciones democráticas en el país caribeño.

El senador Bautista fue acusado de corrupción administrativa y otros delitos penales durante el tiempo que se desempeñó como Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en el periodo 2004 a 2010.

El Ministerio Público presentó un caso de corrupción bien documentado, mostrando entre otras cosas un enorme desacuerdo entre lo que Bautista reportó en su declaración patrimonial y lo que sus cuentas bancarias revelan. Sin embargo, un magistrado de la Corte Suprema desecho el caso, aludiendo que no había pruebas suficientes para seguir adelante con el caso. Este juez es miembro del partido al cual el acusado pertenece y en el cual ostenta un alto cargo en la jerarquía partidaria.

Esta decisión ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad y ha motivado a miles de personas a salir a las calles.

“Para evitar que este caso se vuelva una caricatura de como la corrupción y la impunidad prevalecen sobre los valores democráticos en la República Dominicana, este necesita ser revisado siguiendo el debido proceso y la autonomía de quienes estén a cargo deberá estar garantizada. Las personas en la República Dominicana están agotadas con razón, ante la impunidad de la cual gozan los corruptos y poderosos en el país, por eso no sorprende que salgan a manifestarse a las calles” dijo Alejandro Salas, el Director Regional para las Américas de Transparency International.

Los jefes y jefas de Estado de las Américas se reúnen esta semana en Panamá en la Cumbre de las Américas, donde gobernabilidad democrática y participación ciudadana serán parte central de su agenda. Mientras este evento ocurre, la República Dominicana tiene la oportunidad histórica de mostrar que los temas de corrupción se tratan con seriedad y que el país puede ser ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en la región.

Para que ello suceda, Transparency International, junto con Participación Ciudadana, pide que:

  • El caso del senador Bautista sea reabierto a partir de la apelación presentada por el Ministerio Público
  • Que se lleve a cabo una amplia reforma en el sector justicia para garantizar su autonomía y calidad, con particular énfasis en eliminar la interferencia política en las decisiones de los jueces
  •  Los líderes en la República Dominicana escuchen y actúen ante el pedido de justicia de amplios sectores ciudadanos.

Transparency International es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.
Contacto de prensa:
Natalie Baharav
T: +49 30 34 38 20 666
E: [email protected]

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Coordinador de PC califica como ilegal e ilegitimo aumento salarial de jueces de los Tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE)

El Coordinador de Participación Ciudadana calificó como ilegal e ilegitimo el aumento  del salario que dispusieron los jueces de los Tribunales Constitucionales (TC) y del Superior Electoral (TSE). Cándido Mercedes aprovechó para reiterar la necesidad de que el Ministerio de Administración Pública, como órgano rector del empleo público de la administración del Estado, y el órgano responsable de la actualización y administración del Sistema Remunerativo, controle estas decisiones violatorias de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

El Sociólogo Cándido Mercedes, Coordinador General de Participación Ciudadana, recordó que La Constitución de la República en su artículo 140 establece que: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Además reiteró que el Artículo 11  Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece que: “La escala salarial de los demás funcionarios de alto nivel incluyendo a los jefes, subjefes e inspectores generales de los estamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de los organismos autónomos y descentralizados, instituidos por leyes y demás funcionarios de sus dependencias jerárquicas, serán establecidos por reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Administración Pública. Reglamento que a la fecha no se ha promulgado, no obstante estar en manos del Poder Ejecutivo desde hace algún tiempo.

El aumento de los 13 jueces de los Tribunales Constitucional (TC) y los cinco del Superior Electoral (TSE), es ilegítima e ilegal y un precedente nefasto que contribuye con la distorsión salarial en el sector público, es el artículo 12 de la Ley No 105-13, que indica la “escala de remuneración de salario bruto máximo para los presidentes de los poderes y entes constitucionales con régimen propio del sector público dominicano”, es la siguiente:

  1. Presidente (a) de la República, hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos (RD$450,000).
  2. Presidente (a) del Senado, Presidente (a) de la Cámara de Diputados, Presidente (a) de la Suprema Corte de Justicia y el Presidente (a) del Tribunal Constitucional, hasta cuatrocientos mil pesos (RD$400,000).
  3. Vicepresidente (a) de la República, hasta cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00).
  4. Presidente (a) del Tribunal Superior Electoral, Presidente (a) de la Junta Central Electoral, hasta trescientos setenta y cinco mil pesos (RD$375,000.00).
  5. Presidente (a) de la Cámara de Cuentas, hasta trescientos cincuenta mil pesos (RD$350,000.00).
  6. Los (as) Ministros (as), el o la Procurador (a) General de la República, el Consultor (a) Jurídico (a) del Poder Ejecutivo, el Contralor de la República, hasta trescientos mil pesos (RD$300,000.00).
  7. El Defensor del Pueblo, hasta doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).

El Coordinador de PC aprovechó la ocasión para demandar al  Presidente Danilo Medina, a que proceda con la promulgación de las políticas y reglamentos pendientes para regular el salario en la administración pública y de esa forma “hacer lo que nuca se ha hecho” y que el Ministro de Administración Pública pueda proceder con la inmediata aplicación de los mismos.

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Participación Ciudadana entrega a jueces de la SCJ la versión popular de la acusación de Corrupción contra el Senador y Secretario de Organizaciones del PLD el Sr. Félix Bautista

Participación Ciudadana visita la Suprema Corte de Justicia y entrega la publicación popular de la acusación de Corrupción contra el Senador y Secretario de Organizaciones del Partido de la Liberación Dominicana el Sr. Félix Bautista.

La publicación que Participación Ciudadana entrega en el día de hoy a los jueces de la Suprema Corte de Justicia está un formato sencillo, en la modalidad de preguntas y respuestas sencillas para ayudar al entendimiento del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público y algunos antecedentes del imputado principal.

Participación Ciudadana ha considerado pertinente la entrega de dicha publicación sencilla, libre de la complejidad de la terminología jurídica, con la intención de poner a disposición, una versión simplificada, que permita conocer y entender el contenido fundamental del escrito de acusación, requerimiento de apertura a juicio, solicitud de medidas de coerción y orden de pruebas de fecha 22 de octubre del 2014. Y sobre todo, para que no se olvide.

En la carta enviada a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Participación Ciudadana  destaca que  “este trabajo ha  sido un  esfuerzo  de nuestro movimiento cívico, para  coadyuvar con el  desarrollo institucional y democrático  de la sociedad dominicana, donde  tenemos como  epicentro la lucha  en  favor  de la transparencia y la  rendición  de cuentas  de todos aquellos funcionarios públicos que trabajan con dinero público. Dicha publicación contiene 104 preguntas y respuestas sobre la acusación que presentó  el Ministerio Público, contra el Senador  Félix Ramón Bautista Rosario, en fecha 22 de octubre de  2014.

El  trabajo puesto en manos de los jueces de la SCJ, pone de manera didáctica, clara, objetiva y sencilla,  los contenidos de la  acusación, para que no solo no  se olvide, sino  para que la sociedad comprenda la dimensión de este caso.

7 de abril de 2015

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