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La justicia en la República Dominicana necesita mostrar independencia ante la interferencia política

Santo Domingo/Berlín, 8 de abril de 2015 – Transparency International, la organización líder de la sociedad civil luchando contra la corrupción alrededor del mundo y su capítulo nacional en la República Dominicana, Participación Ciudadana, están preocupados ante los presuntos casos de gran corrupción por parte de miembros de la élite política del país, y la aparente falta de autonomía de la Corte Suprema para juzgarlos.

Un Poder Judicial independiente es pieza clave de la democracia y un pilar fundamental en el sistema nacional de integridad de un país. Sin embargo, la aparente impunidad de la cual gozan actores políticos miembros del partido en el poder, como lo muestra el reciente escándalo que involucra al senador Felix Bautista, hace cuestionar el funcionamiento real y efectivo de las instituciones democráticas en el país caribeño.

El senador Bautista fue acusado de corrupción administrativa y otros delitos penales durante el tiempo que se desempeñó como Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en el periodo 2004 a 2010.

El Ministerio Público presentó un caso de corrupción bien documentado, mostrando entre otras cosas un enorme desacuerdo entre lo que Bautista reportó en su declaración patrimonial y lo que sus cuentas bancarias revelan. Sin embargo, un magistrado de la Corte Suprema desecho el caso, aludiendo que no había pruebas suficientes para seguir adelante con el caso. Este juez es miembro del partido al cual el acusado pertenece y en el cual ostenta un alto cargo en la jerarquía partidaria.

Esta decisión ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad y ha motivado a miles de personas a salir a las calles.

“Para evitar que este caso se vuelva una caricatura de como la corrupción y la impunidad prevalecen sobre los valores democráticos en la República Dominicana, este necesita ser revisado siguiendo el debido proceso y la autonomía de quienes estén a cargo deberá estar garantizada. Las personas en la República Dominicana están agotadas con razón, ante la impunidad de la cual gozan los corruptos y poderosos en el país, por eso no sorprende que salgan a manifestarse a las calles” dijo Alejandro Salas, el Director Regional para las Américas de Transparency International.

Los jefes y jefas de Estado de las Américas se reúnen esta semana en Panamá en la Cumbre de las Américas, donde gobernabilidad democrática y participación ciudadana serán parte central de su agenda. Mientras este evento ocurre, la República Dominicana tiene la oportunidad histórica de mostrar que los temas de corrupción se tratan con seriedad y que el país puede ser ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en la región.

Para que ello suceda, Transparency International, junto con Participación Ciudadana, pide que:

  • El caso del senador Bautista sea reabierto a partir de la apelación presentada por el Ministerio Público
  • Que se lleve a cabo una amplia reforma en el sector justicia para garantizar su autonomía y calidad, con particular énfasis en eliminar la interferencia política en las decisiones de los jueces
  •  Los líderes en la República Dominicana escuchen y actúen ante el pedido de justicia de amplios sectores ciudadanos.

Transparency International es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.
Contacto de prensa:
Natalie Baharav
T: +49 30 34 38 20 666
E: [email protected]

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Coordinador de PC califica como ilegal e ilegitimo aumento salarial de jueces de los Tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE)

El Coordinador de Participación Ciudadana calificó como ilegal e ilegitimo el aumento  del salario que dispusieron los jueces de los Tribunales Constitucionales (TC) y del Superior Electoral (TSE). Cándido Mercedes aprovechó para reiterar la necesidad de que el Ministerio de Administración Pública, como órgano rector del empleo público de la administración del Estado, y el órgano responsable de la actualización y administración del Sistema Remunerativo, controle estas decisiones violatorias de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

El Sociólogo Cándido Mercedes, Coordinador General de Participación Ciudadana, recordó que La Constitución de la República en su artículo 140 establece que: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Además reiteró que el Artículo 11  Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece que: “La escala salarial de los demás funcionarios de alto nivel incluyendo a los jefes, subjefes e inspectores generales de los estamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de los organismos autónomos y descentralizados, instituidos por leyes y demás funcionarios de sus dependencias jerárquicas, serán establecidos por reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Administración Pública. Reglamento que a la fecha no se ha promulgado, no obstante estar en manos del Poder Ejecutivo desde hace algún tiempo.

El aumento de los 13 jueces de los Tribunales Constitucional (TC) y los cinco del Superior Electoral (TSE), es ilegítima e ilegal y un precedente nefasto que contribuye con la distorsión salarial en el sector público, es el artículo 12 de la Ley No 105-13, que indica la “escala de remuneración de salario bruto máximo para los presidentes de los poderes y entes constitucionales con régimen propio del sector público dominicano”, es la siguiente:

  1. Presidente (a) de la República, hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos (RD$450,000).
  2. Presidente (a) del Senado, Presidente (a) de la Cámara de Diputados, Presidente (a) de la Suprema Corte de Justicia y el Presidente (a) del Tribunal Constitucional, hasta cuatrocientos mil pesos (RD$400,000).
  3. Vicepresidente (a) de la República, hasta cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00).
  4. Presidente (a) del Tribunal Superior Electoral, Presidente (a) de la Junta Central Electoral, hasta trescientos setenta y cinco mil pesos (RD$375,000.00).
  5. Presidente (a) de la Cámara de Cuentas, hasta trescientos cincuenta mil pesos (RD$350,000.00).
  6. Los (as) Ministros (as), el o la Procurador (a) General de la República, el Consultor (a) Jurídico (a) del Poder Ejecutivo, el Contralor de la República, hasta trescientos mil pesos (RD$300,000.00).
  7. El Defensor del Pueblo, hasta doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).

El Coordinador de PC aprovechó la ocasión para demandar al  Presidente Danilo Medina, a que proceda con la promulgación de las políticas y reglamentos pendientes para regular el salario en la administración pública y de esa forma “hacer lo que nuca se ha hecho” y que el Ministro de Administración Pública pueda proceder con la inmediata aplicación de los mismos.

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Participación Ciudadana entrega a jueces de la SCJ la versión popular de la acusación de Corrupción contra el Senador y Secretario de Organizaciones del PLD el Sr. Félix Bautista

Participación Ciudadana visita la Suprema Corte de Justicia y entrega la publicación popular de la acusación de Corrupción contra el Senador y Secretario de Organizaciones del Partido de la Liberación Dominicana el Sr. Félix Bautista.

La publicación que Participación Ciudadana entrega en el día de hoy a los jueces de la Suprema Corte de Justicia está un formato sencillo, en la modalidad de preguntas y respuestas sencillas para ayudar al entendimiento del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público y algunos antecedentes del imputado principal.

Participación Ciudadana ha considerado pertinente la entrega de dicha publicación sencilla, libre de la complejidad de la terminología jurídica, con la intención de poner a disposición, una versión simplificada, que permita conocer y entender el contenido fundamental del escrito de acusación, requerimiento de apertura a juicio, solicitud de medidas de coerción y orden de pruebas de fecha 22 de octubre del 2014. Y sobre todo, para que no se olvide.

En la carta enviada a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Participación Ciudadana  destaca que  “este trabajo ha  sido un  esfuerzo  de nuestro movimiento cívico, para  coadyuvar con el  desarrollo institucional y democrático  de la sociedad dominicana, donde  tenemos como  epicentro la lucha  en  favor  de la transparencia y la  rendición  de cuentas  de todos aquellos funcionarios públicos que trabajan con dinero público. Dicha publicación contiene 104 preguntas y respuestas sobre la acusación que presentó  el Ministerio Público, contra el Senador  Félix Ramón Bautista Rosario, en fecha 22 de octubre de  2014.

El  trabajo puesto en manos de los jueces de la SCJ, pone de manera didáctica, clara, objetiva y sencilla,  los contenidos de la  acusación, para que no solo no  se olvide, sino  para que la sociedad comprenda la dimensión de este caso.

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Participación Ciudadana y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) Firman Acuerdo de Colaboración Interinstitucional

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)  y Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional,  firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, donde se comprometen a desarrollar acciones conjuntas para desarrollar plataformas tecnológicas para apoyar la implementación de políticas de transparencia en el sistema de compras y contrataciones  públicas y promover la participación de la ciudadanía.

El convenio fue  suscrito por el rector del ITLA, Ing. José Armando Tavárez y el Coordinador General de Participación Ciudadana, Lic. Candido Mercedes, hoy día 07 de abril del año 2015, mediante el cual ambas entidades crearán acciones para impulsar la participación de la sociedad civil vía herramientas tecnológicas de innovación y colaboración Estado-Sociedad, mecanismos propios para la promoción del gobierno y contrataciones abiertas.

El ITLA se compromete a realizar esfuerzos conjuntos para impulsar la participación de la sociedad civil en las acciones que conlleven el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo especializado a la aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Participación Ciudadana en su condición institución que coordina el Observatorio Ciudadana a las Contrataciones Públicas, utilizará la plataforma desarrollada por el ITLA para el proceso de seguimiento permanente a las compras y contrataciones públicas.

El ITLA apoyará el desarrollo de una plataforma electrónica que  permitirá al Observatorio Ciudadano a las Contrataciones Públicas dar un seguimiento permanente y  contribuir  en el desarrollo de las capacidades para el ejercicio de control social de las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios que por su impacto social o su importancia en materia presupuestaria, al tiempo que se convierte en una acción de colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

PC y el ITLA acuerda promover el uso de la tecnología para la constitución de redes locales de organizaciones sociales, para el seguimiento de contrataciones de obras públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de la comunidad.

Ambas partes, designarán un representante que constituido en equipo técnico de trabajo velarán por el cumplimiento de este acuerdo y sus propósitos, así como también, coordinarán acciones para su desarrollo, y establecerán y ejecutarán el cronograma de trabajo que deberá ser aprobado por ambas partes.

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Ante un desafortunado “No Ha Lugar”

Una Sentencia Complaciente de una Justicia Secuestrada. ¡Exijamos apelación del Ministerio Público!

El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, ha dictado un fallo de “No Ha Lugar” sobre la acusación de corrupción administrativa y otros delitos penales, incoada por el Ministerio Público contra el senador Félix Bautista y compartes, por hechos cometidos en ocasión de su desempeño como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, durante el periodo 2004-2010.

Los múltiples y contundentes indicios presentados por el Ministerio Público fueron ignorados por el juez Moscoso Segarra, quien apoyándose en un  desafortunado análisis de las pruebas y una descalificación de la acusación,  favorece a su compañero de partido, tratando de evitar que las pruebas sean valoradas en un juicio público, oral y contradictorio.

Con este infausto fallo quedó confirmado el temor de una parte significativa de la sociedad dominicana, la cual había vaticinado que en este caso se buscaría garantizar, una vez más, la impunidad que ha prevalecido en el país cuando de perseguir y sancionar la malversación y sustracción de los recursos públicos se trata.

Estamos en presencia de una “justicia secuestrada” por un partido político que, al conformar los más altos tribunales de la República en el año 2012, logró insertar en los mismos una cuota deliberada de militantes, activistas y simpatizantes de su organización partidaria.

La evidencia de lo anterior no es óbice para exigir que el Procurador General de la República apele esta malhadada sentencia, a fin de seguir poniendo a prueba la idoneidad de los demás jueces del tribunal supremo del país.

Esperamos que la ciudadanía mantenga viva la demanda de justicia, hasta que un día este anhelo sea reivindicado por un poder judicial independiente. Mientras tanto, que el juicio de la historia se encargue de sancionar moralmente a los jueces que contribuyen a mantener la impunidad que ensombrece actualmente a la justicia dominicana.

 

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51 uniformados en 6 casos criminales

LAS ACUSACIONES INCLUYEN NARCOTRÁFICO, HOMICIDIO,LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN DE MALHECHORES

El crimen organizado incide con fuerza en los sectores llamados a mantener el orden en República Dominicana. Al menos eso se desprende de seis expedientes judiciales abiertos analizados por LISTÍN DIARIO en los que oficiales y agentes de los distintos cuerpos armados del país protagonizan acusaciones de asociación de malhechores, lavado de activos, homicidios por encargo, tráfico de sustancias controladas y asaltos, como parte de bandas organizadas de carácter local e internacional.

Todos los expedientes de esta muestra han sido escándalos en su momento. En cada uno de ellos el denominador común es la participación de policías, miembros de la Armada, la Dirección Nacional de Control de Drogas o el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.

Al menos 50 uniformados, con rangos desde coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, hasta cabos y rasos de todas las instituciones castrenses aparecen en estos expedientes que datan de entre 2012 y este mes, la mayoría en curso en el Distrito Nacional.

En esta semana, la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, manifestó su preocupación porque en nueve de cada 10 casos de crimen organizado aparecen uniformados en medio de un repunte de la inseguridad ciudadana.

I- Caso Dican: Nueve agentes policiales están vinculados a la sustracción de 950 kilos de cocaína y acusados de violación a las leyes de tráfico nacional e internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos.

Lugar del hecho: Ensanche Isabelita II, Santo Domingo Este.

Fecha: 27 de septiembre 2014

Dato: Están vinculados también los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro. La mayoría se encuentra en prisión preventiva.

Nombres y rangos
1- Carlos Fernández Valerio, Coronel PN
2- Félix Humberto Paulino López, Teniente coronel PN
3- Luciano Gómez Cabrera, Mayor PN
4- Bárbaro Torrez Beltrán, Primer Teniente PN
5- Agapito Muñoz Evangelista, Cabo PN
6- Raidirys García Miranda, Raso PN
7- Pedro Almánzar González, Sargento PN
8- Antolín de los Santos Zabala, Sargento Mayor PN
9- Ruddy José Japa Álvarez, Mayor PN

II-    Caso pilotos franceses: Al menos 31 uniformados implicados de un total de 47 imputados, entre ellos cuatro franceses, en el transporte de un alijo de 700 kilos de cocaína distribuidos en 26 maletas Se presentaron cargos por tráfico ilícito de drogas, asociación para patrocinar el narcotráfico, entre otros ilícitos.

Lugar del hecho: La droga se incautó en el aeropuerto internacional de Punta Cana.

Fecha: 23 de marzo 2013

Datos: El caso se conocía en Higüey fue declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional por razones de seguridad por la Suprema Corte de Justicia.

El expediente se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los jueces fueron recusados momento en que el Ministerio Público presentaba acusación formal el 9 de marzo de este año.

Nombres y rangos:
1-  Bolívar Alberto Mercado Díaz Capitán PN, adscrito a la DNCD
2- Huáscar Zapata Ramírez, capitán del Ejército, adscrito a la DNCD
3- Rafael Aníbal de la Rosa Tapia, capitán PN, adscrito a la DNCD
4- Joan Antonio Daniel Rosario, primer teniente del Ejército, adscrito a la DNCD
5- Fernando Rubí, segundo teniente de las FF. AA., adscrito a la DNCD
6- Edinson Peña Albino, alférez de Navío, Marina de Guerra, adscrito DNCD
7- Arencio Guevara Guevara, alférez de Fragata, Marina de Guerra, adscrito DNCD
8- Arismendy Villamán, sargento de la Policía Nacional, adscrito a la DNCD
9- Andrison Antonio Reyes Suero, agente adscrito a la DNCD
10- Andrés Avelino Méndez García , primer teniente Ejército, adscrito DNCD
11- Carlos Rafael Herrand Martínez, segundo teniente Ejército, adscrito a la DNCD
12- Bienvenido Pérez Mesa, sargento mayor, Marina de Guerra, adscrito a la DNCD
13- Andris Ozuna Novas, cabo del Ejército, adscrito a la DNCD
14- Juan Carlos Santana Polanco, sargento mayor inspector AVSEC 1ra categoría, adscrito CESAC
15- Rolando Caonex Rojas, sargento CESAC
16- Michel Camilo Bacha Mateo, raso inspector Avsec 1ra. categoría FFAA, adscrito a CESAC
17- Irwin Alexander Arias Santana, asimilado militar inspector Avsec 1ra. categoría FFAA, adscrito a CESAC
18- Manauris Encarnación Sánchez, agente adscrito a la DNCD
19- Cristian Miguel Sánchez, agente adscrito a la DNCD
20- Orlando Francisco Franco Noble, agente especial adscrito a la DNCD
21- José Brazobán Adames, teniente coronel FFAA, adscrito CESAC
22- Carlos Manuel Meregildo Rodríguez, agente de la DNCD
23- José Manuel Celedonio Castro, capitán de corbeta, Marina de Guerra, adscrito CESAC
24- Anthony Antonio Santana Núñez, alférez de fragata, Marina de Guerra, adscrito a DNCD
25- Bartolo Marte Mañón capitán del Ejército, adscrito CESAC
26- Carlos Manuel Bejarán Echevarría, segundo teniente supervisor Avsec, adscrito a CESAC
27- José Altagracia Concepción Vásquez, teniente del Ejército, adscrito a la DNCD
28- Isidro Reyes Jiménez agente adscrito a DNCD
29- Vladimir Brito Pérez segundo teniente del Ejército, adscrito a la DNCD
30- Kisoris Ciprián Reyes, primer teniente del Ejército, adscrito DNCD
31- Luis Daniel Pérez Martínez, cabo, Marina de Guerra, adscrito a la DNCD
32- Sixto Alberto Familia Viola, primer teniente del Ejército, adscrito a la DNCD

III- Caso avioneta de Constanza: Tres militares fueron implicados en una banda acusada de constituirse en una red criminal dedicada al tráfico internacional y que presuntamente blanqueó decenas de millones de dólares.

Fueron apresados tras el accidente de una avioneta que se estrelló en Constanza.

Estaban involucrados dos estadounidenses, un venezolano y seis civiles dominicanos.

Lugar del hecho: Aeropuerto Internacional El Higu¨ero y Constanza.

Fecha: 14 septiembre de 201 2Dato: En el caso también figura como acusado el presidente de la línea aérea Caribair, Rafael Rosado.

Nombres y rangos:
1- Juan Ramón Rosado Pérez, teniente coronel del Ejército.
2- Henry Francisco Valdez García, primer teniente Fuerzá Aérea Dominicana.
3- José Antonio Cleto Cruz, sargento mayor del Ejército.

IV- Caso asesinato de dirigentes transporte: Al agente policial que aparece en este expediente se le implica en la muerte de al menos dos dirigentes de transporte, crímenes perpetrados en el mes de enero en el centro de la capital. Se encuentra detenido con prisión preventiva.

Lugar del hecho: C/Juana Saltitopa, Mejoramiento Social, Distrito Nacional.

Fecha: 17 de enero de 2015.

Dato: Se encuentra implicado en caso del regidor por Pedro Brand Erinson de los Santos Solís (Ney) ((Nombre y rango 1- Amaury Cabrera Martínez, sargento de la Policía Nacional.

V- Caso atraco vivienda exembajador de Haití: Dos agentes policiales están involucrados en el asalto perpetrado en la residencia del entonces embajador de Haití en el país, Joseph Antoine Fritz Cinéas Poincy. El expediente indica que en el robo se sustrajeron US$18,000, dos relojes, uno de ellos Rolex, dos pasaportes, uno de EE.UU. y uno de Haití, entre otros bienes.

Lugar del hecho: Los Cacicazgos, Distrito Nacional.

Fecha: 5 de febrero Dato: Los policías fueron puestos en libertad conjuntamente con cuatro civiles, pero una Corte de Apelación revocó la decisión y ordenó su reapresamiento.

Nombres y rangos:
1-Silfredo Encarnación Rosa Oviedo, cabo de la Policía Nacional.
2- Yeferi Jhoel Rosa Gómez, cabo de la Policía Nacional.

VI- Caso Abad: Tres agentes de la Policía y un cabo del Ejército están acusados de traficantes de drogas por estar supuestamente en posesión de dos paquetes de cocaína. Al grupo se le ocupó un fusil Taurus Famae, y cuatro pistolas calibre 9 milímetros, celulares de distintas marcas y modelos, y documentos personales. Otros implicados están acusados de lavado de activos del narcotráfico.

Lugar del hecho: Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (Avenida del Puerto) Fecha: 10 de abril 2014.

Dato: Hay 9 civiles implicados, entre ellos dos mujeres.

Nombres y rangos:
1- Winston Liriano Martínez, primer teniente de la Policía Nacional.
2- Guillermo Adriano Ruiz Quezada, sargento de la PN.
3- Edwin Osaylin Cornielle Basora, Raso de la PN.
4- Aníbal Enríquez Díaz Gil, cabo del Ejército.

Publicado originalmente en:
Listín Diario (21/03/2015)

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Participación Ciudadana celebró su Asamblea General Ordinaria Josefina Padilla y selecciona nuevos miembros a su Consejo Nacional

Participación Ciudadana celebró el domingo 15 de marzo su XXI  “Asamblea General Ordinaria”, en honor a Josefina Padilla Deschamps, fundadora de nuestra institución. Dicha actividad que constituyó un encuentro de los miembros activos  y donde se seleccionaron 4 de 12 integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

Para tal ocasión, fueron presentadas la Memoria Anual 2014, por la Coordinadora  General Sonia Díaz Inoa,  así como el Informe Financiero del año 2014, por Melba Barnett  y el Plan de Trabajo para el año 2015, expuesto por Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva, dichos documentos fueron aprobados por los asambleístas.

Dentro del trabajo realizado durante el año 2014, se identificó el “Segundo Informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad; en el que se evaluaron 9 medidas, de las cuales 7 no se cumplieron para un 77%, y dos están en proceso de implementación para el restante 21%. Se concluyó en que se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones, ya que informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública.

Una acción importante que realizó Participación Ciudadana durante el pasado año fue intervenir en el Tribunal Constitucional sometiendo un Amicus Cureae, solicitando que dicha Corte no declarara inconstitucional, el Párrafo III del Artículo 85 del Código Procesal Penal, que autoriza a cualquier ciudadano o ciudadana a querellarse contra los funcionarios públicos que crean cometen delitos de cuello blanco en el ejercicio de sus funciones o que violen derechos fundamentales. Esta solicitud se hizo en razón de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, había pedido que este derecho se declarara inconstitucional, para quitar a los ciudadanos la posibilidad de querellarse, amparados en esta disposición.

La Asamblea aprobó una línea de trabajo por la paz, contra la violencia y todo tipo de exclusión, así como apoyar a los/as periodistas que defienden y promueven el respeto de los derechos humanos en República  Dominicana.

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Urge revaluar las relaciones dominico-haitianas

Ante el nivel de tensión en que se encuentran las relaciones entre la República Dominicana y Haití, con graves repercusiones en ambas naciones obligadas por la geopolítica al entendimiento y la inter colaboración, deseamos formular un llamado a la ponderación, serenidad y coherencia en el análisis y el discurso sobre el particular.

Compartimos plenamente el unánime  rechazo nacional a la incursión de un núcleo radical que subió al techo del consulado en Puerto Príncipe para arriar y quemar la bandera dominicana, así como los últimos acontecimientos de agresión a consulados dominicanos.

A fin de contribuir a bajar tenciones entre naciones vecinas, se hace necesario que las autoridades nacionales ofrezcan una explicación convincente sobre la muerte del joven inmigrante haitiano Henry Claude Jean, quien el 11 de febrero apareció ahorcado en un parque de Santiago, atado de pies y manos, en lo que ha sido relacionado con grupos que allí predican el odio y ha desatado protestas y denuncias internacionales. A un mes de la ocurrencia, se espera una conclusión coherente de las investigaciones policiales y el procesamiento de los responsables de esa muerte, o por lo menos una clara y definitiva condena de las autoridades.

Urge superar las tensiones de las últimas semanas para la reanudación de las actividades diplomáticas,  consulares y comerciales. Satisface al respecto las garantías ofrecidas por las autoridades haitianas, bajo consideración del gobierno dominicano.

Para crear la imprescindible inter colaboración entre las dos naciones, es necesario que los dominicanos nos empeñemos en reducir el discurso de odio que predomina en sectores políticos y de la comunicación social. Es lamentable que las consignas que piden la muerte de quienes grupos radicales consideran traidores a la patria no hayan sido condenadas firmemente por las autoridades y por la generalidad de los medios de comunicación, aún cuando las estigmatizaciones ya alcanzan a altos funcionarios y hasta al propio presidente de la República.

Es lamentable que la vocinglería de  minorías de fanáticos de ambos lados estén trazando las pautas de las relaciones entre las dos naciones. Peor aún cuando se pone en riesgo la seguridad de las personas y propiedades relacionadas con una creciente actividad económica, industrial, comercial y de la construcción, de las que dependen miles de empleos en los dos países.

Es indiscutible que la masiva inmigración haitiana, incentivada por los que medran en el tráfico humano y por los que quieren disponer de una abultada mano de obra incondicional, tiene que ser controlada, pasando del discurso a las acciones efectivas que son posibles aún con respeto a los derechos humanos. Los problemas de esa inmigración y sus soluciones tienen que ser parte fundamental de la inter colaboración binacional.

Es necesario concentrar las mayores energías para el éxito del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros puesto en marcha por el gobierno, como primer paso para ordenar la casa nacional y abrir espacio a los mecanismos de control, aislando a los sectores nacionales  que buscan su fracaso y recabando una efectiva colaboración de las autoridades haitianas y de la comunidad internacional.

También es fundamental el estricto cumplimiento y sin más dilación de la ley 169-14 que instituyó mecanismos en beneficio de los dominicanos descendientes de inmigrantes indocumentados en su gran mayoría provenientes de Haití, lo que también ha afectado el clima de entendimiento en la isla.

Formulamos votos porque se retomen las conversaciones bilaterales iniciadas el año pasado y que llevaron al Ministro de la Presidencia,  Gustavo Montalvo, a proclamar el inicio de una nueva era en las relaciones dominico-haitianas.

Santo Domingo
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Participación Ciudadana publica versión popular del expediente de Félix Bautista

Participación Ciudadana puso en circulación el texto “Acusación contra el senador Félix Bautista. Preguntas y respuestas sencillas para entender el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia, y algunos antecedentes del imputado principal”.

Con la iniciativa la organización busca contribuir a que cualquier ciudadano o ciudadana pueda conocer y entender el contenido fundamental del escrito de acusación, el requerimiento de apertura a juicio, la solicitud de medidas de coerción y el orden de pruebas presentado por las autoridades. Además, PC pretende dejar “constancia escrita con los nombres y apellidos de los jueces que hasta ahora han participado en el conocimiento del proceso, a fin de que, de imponerse nueva vez la impunidad y quedar sin castigo la corrupción, sus decisiones sean debidamente analizadas y, si se ha actuado con parcialidad, tanto la presente como las futuras generaciones de dominicanos/as no borre de su memoria a los que prefirieron prevaricar y hacerse cómplices del robo al erario, archivando expedientes o valiéndose de cualquier otra excusa técnica procesal para que no se conozca el fondo del caso”.

El documento fue presentado durante un acto que se realizó este jueves, en las instalaciones del Colegio Médico Dominicano (CMD). En específico cuenta con 104 preguntas y respuestas sencillas sobre el caso del senador Félix Bautista. También incluye 14 artículos de opinión relacionados con el tema, y escritos por importantes periodistas, intelectuales y activistas sociales en diferentes medios de comunicación de República Dominicana.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de  Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de PC, y la presentación de la publicación fue realizada por Alfonso Abreu, ex-coordinador general y miembro de la Comisión de Transparencia, quien explicó los motivos y contenidos del material.

La actual composición de la Suprema Corte de Justicia, conformada por varios jueces que hicieron vida política en las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que es el mismo partido político del imputado principal, quien incluso ostenta el cargo de Secretario de Organización, tercero en la jerarquía partidaria, figura como una de las razones por las que la organización de la sociedad civil se vio motivada a dejar y popularizar una constancia escrita el proceso.

El material forma parte de la serie popular “Para que no se olvide”, que PC comenzó a publicar en octubre del 2005, cuando decidió difundir todo lo relacionado con los fraudes bancarios y sus implicados.

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Participación Ciudadana condena acoso y amenazas de muerte a periodistas

Participación Ciudadana, manifiesta su más firme rechazo al acoso y a las amenazas de muerte externadas por desconocidos a los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, quienes son acusados de “traidores a la patria” y de quienes los  desaprensivos  declarantes han dicho que son “merecedores de la muerte”.

Condenamos enérgicamente el agravio que  han sido objeto los comunicadores Roberto Cavada y  Amelia Deschamps, separadamente en lugares públicos, a quienes les han vociferado improperios y amenazas, advirtiéndoles que serán castigados con la muerte.

Apoyamos militantemente a los periodistas en la querella presentada contra personas fácilmente identificables que frente a las cámaras de televisión, en varias oportunidades, han hecho llamados a darles muerte, bajo la absurda acusación de que son “traidores a la patria”.  Las autoridades correspondientes ni siquiera tendrían que esperar una querella, puesto que las leyes nacionales sancionan la incitación pública a la violencia y a la comisión de actos delictivos, ante los cuales pueden actuar de oficio.

Además de tener los mismos derechos que tienen todos los dominicanos  y dominicanas de que se respeten sus vidas y sus ideas, los periodistas objeto de acoso  y amenazas de muerte, son ciudadanos ejemplares que se han ganado el respeto y la estima del pueblo dominicano, a base de trabajo duro y honesto, de defensa de las mejores causas nacionales, de los derechos de los más vulnerables, la lucha contra la corrupción y la participación activa en la educación y la formación de ciudadanía responsable y participativa.

Participación Ciudadana entiende que las autoridades nacionales deben actuar a tiempo ante estos sectores desbordados que pretenden desatar el odio y la violencia contra personas que ejercen su derecho a realizar un trabajo periodístico crítico y solidario con cualquier sector de la vida nacional que sea despojado de sus derechos. No permitir que desbordamientos como estos puedan crecer y concretizar amenazas que serían una tragedia para el país, es una responsabilidad de la autoridad pública.

La democracia se fortalece cuando las voces críticas se pueden expresar libremente y con respeto a la diferencia y a la diversidad, bajo el entendido de que el ejercicio pacífico y transparente de los derechos a la libertad de expresión e información contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva.

Hacemos un llamado a toda la sociedad dominicana y en especial a los medios de comunicación,    a respaldar a los periodistas amenazados y a unirse en el propósito de que este país se enrumbe por caminos de progreso, honestidad, respeto a los derechos y equidad.

JUAN BOLIVAR, HUCHI, AMELIA Y CAVADA TIENEN TODO NUESTRO RESPALDO, LOS ACOMPAÑAREMOS Y DEFENDEREMOS EN TODOS LOS ESCENARIOS QUE ELLOS ELIJAN.
LOS FALSOS PATRIOTAS QUE PRETENDEN IMPLANTAR UN ESTADO DE PERSECUCION Y VIOLENCIA NO NOS AMEDRENTARAN. CONTINUAREMOS CON NUESTRA LUCHA POR UN PAIS MEJOR.

Consejo Nacional
Febrero 3, 2015

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