La Coalición por una Justicia Independiente rechazó la conformación unilateral de una nueva Comisión Electoral en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Expresó que esa Comisión no cumple con la sugerencia hecha en el sentido de que sean seleccionados jueces para dirigir las elecciones del gremio profesional.

La Coalición también rechazó la posposición de las elecciones para agosto de este año, considerando que las mismas debían realizarse a más tardar en mayo próximo. Entiende que el padrón electoral del gremio debe ser sometido a una amplia depuración por parte de una Comisión Electoral independiente, lo que podría realizarse en los próximos tres meses.

La entidad, conformada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Centro de Estudios Padre Juan Montalvo, Asociación Dominicana de Abogados Empresariales (ADAE), Centro Dominicano de Investigación Legales (CEDAIL) y el Centro Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), demandó de los partidos políticos no interferir en la campaña electoral del colegio.

Las instituciones aseguraron que en los últimos años las elecciones celebradas por el gremio de los abogados se han visto envueltas en escándalos de fraudes que han debilitado su institucionalidad y le han impedido a esa organización integrarse al proceso de reforma judicial que vive el país.

La Coalición por una Justicia Independiente precisó que a través de una asamblea extraordinaria del CARD podrán adoptarse medidas que conlleven a un proceso eleccionario más democrático y participativo, que devuelvan la confianza de los abogados en su organización, que tiene funciones legales de representación.

Sostienen que la mayoría de los abogados desconoce la fecha de las elecciones, la cual, la actual directiva del gremio no ha hecho ningún esfuerzo para divulgar, ni muchos menos en estimular a su participación.

En una carta enviada al presidente del CARD, doctor Miguel de la Rosa Genao, las instituciones agrupadas en la Coalición por una Justicia Independiente insisten en que el gremio debe ser saneado, a fin de que recupere la confianza ante la ciudadanía.

"Para rescatar el Colegio de Abogados e insertarlo en la lucha por la reforma judicial tenemos que abrir sus puertas a la democracia y a la institucionalidad interna", refiere la comunicación enviada a Rosa Genao.

De acuerdo a los estatutos del CARD, las elecciones deben celebrarse el primer sábado de diciembre de cada año, sin embargo la situación imperante en el gremio ha impedido el fiel cumplimiento de la disposición.

Las instituciones trabajarán en la creación de un espacio permanente para la participación de todos los sectores de sociedad civil ante los retos del calentamiento global para el desarrollo nacional.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC) y Fundación Sur Futuro, lanzaron la convocatoria a la sociedad civil para la creación de un espacio de diálogo activo entre todos los actores sociales, con el objetivo de aunar esfuerzos para constituir el Foro Dominicano de Cambio Climático.

La iniciativa busca la creación de un espacio participativo donde se promoverá el diálogo y el consenso necesarios para enfrentar este nuevo reto que amenaza el desarrollo y la calidad de vida de toda la sociedad dominicana.

En la actividad participaron representantes de la organizaciones de la sociedad civil de la Academia de Ciencias de la R.D., Alianza ONG, Articulación Nacional Campesina, Asociación Nacional Campesina, Asociación Dominicana de Rehabilitación, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios – ANJE, Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (CADOAR), Cámara Forestal Dominicana, CODIA, Colegio Dominicano de Periodistas, Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicana, Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Inc. CODUE, Consejo Nacional de la Empresa Privada – CONEP, Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), Coordinación de Organizaciones para el Desarrollo de Los Guandules – CODEGUA, Coordinadora de Organizaciones de la Zurza, Cruz Roja Dominicana, Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO), REDOTUR y la Sociedad para el Desarrollo Integral de La Zurza, Inc.

La temática del foro incluirá aspectos de información, fortalecimiento de capacidades y diálogo sobre todo lo relacionado al cambio climático, con la garantía de que todos los sectores nacionales tendrán un espacio para ser escuchados dentro del más amplio y transparente ejercicio ciudadano.

La conformación de este foro surge dentro del marco del convenio de colaboración suscrito por el INTEC, Participación Ciudadana y Sur Futuro para la promoción de espacios de discusión de temas sobre el cambio climático, el consenso sobre políticas, estrategias y acciones para incidir en los procesos de toma de decisiones vinculadas con efectos del calentamiento global.

El convenio fue firmado por Rolando M. Guzmán, rector del INTEC; la señora Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro y Josefina Arvelo Tejada, coordinadora general de Participación Ciudadana.

Dirección de Comunicación Institucional

23 de noviembre de 2016.

Participación Ciudadana (PC), Movimiento Cívico no Partidista,  presentó el Informe  “Actuaciones Irregulares de la Policía Nacional en el Ejercicio de sus Funciones”. Esta nueva investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional  creado en  2013, se enmarca en el Programa “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ),  ejecutado en consorcio con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el financiamiento de la USAID. El Programa tiene como objetivo fortalecer el monitoreo ciudadano a la política de prevención y persecución del delito en la República Dominicana, mejorando el clima de diálogo entre los actores de la seguridad ciudadana en las reformas iniciadas.

Según los datos aportados por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional al Observatorio de PC, en 2015  se dictaron 1,882 medidas disciplinarias contra miembros de esta institución.  El 75% de los 513 agentes cancelados fueron separados del servicio por actos de corrupción y  se impusieron distintas sanciones disciplinarias a 496 agentes.  El 51% de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron un servicio irregular ajeno a los protocolos y el 13%  fueron expedientados por agresiones  y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad.  El exceso  de autoridad y las amenazas de muerte fueron también los principales motivos  por los que la Institución policial  envió a la justicia a 764 agentes el pasado año 2015.

El Informe llama la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales. En 2015, un total de 193 personas murieron como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, de las cuales  177 lo hicieron a manos de la Policía Nacional.  En el año 2010, el 10% de los homicidios cometidos en el país  fueron ejecutados por agentes policiales y en 2015 este porcentaje alcanzaba el 11% del total de muertes violentas en la República Dominicana. Aunque justificadas como muertes en defensa propia  y “caídos” en intercambio de disparos, los representantes de PC denunciaron  que estas ejecuciones extralegales son  graves violaciones a los derechos humanos.  Las comunicaciones de las autoridades policiales en las que se refieren a ellas como  “antisociales caídos por la acción policial”, reflejan una actitud de justificación  e impunidad  gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho.

Con respecto a las instituciones encargadas de investigar las violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional, los fiscales del Ministerio Público  han de iniciar las averiguaciones pertinentes cuando le sean notificados hechos que podrían constituir delitos. Sin embargo, tal como manifestó  la Oficina Nacional de Defensa Pública al Observatorio de PC, en la práctica, si la víctima o sus familiares no presentan denuncia formal es muy poco probable que se investiguen los hechos. Por el contrario, el Informe evidencia que el Defensor del Pueblo ejerció su potestad de control externo solicitando regularmente informes ordinarios semestrales y extraordinarios oportunos en cumplimiento de la ya derogada Ley Institucional de la Policía Nacional (art. 13, Ley No.96-04). En ellos, la Defensoría expresó su preocupación por los métodos represivos en las redadas barriales, exigió un mayor seguimiento a los casos de personas desaparecidas y mostró su indignación por los intercambios de disparos.  En 2015 se tramitaron ante el Defensor del Pueblo 25 reclamaciones contra  el Ministerio de Interior y Policía, la AMET y la Policía Nacional, denunciando actuaciones de sus funcionarios que lesionaban gravemente la libertad y la vida de las personas (20%),  la seguridad jurídica (28%), la seguridad personal (16%), la libertad de expresión y manifestación (4%)  y el libre tránsito (32%). 

Participación Ciudadana destacó la importancia de aprovechar el nuevo escenario de la Ley No. 590-16 para emprender una reforma estructural  de modelo y cultura de actuación  en el que primen la profesionalizacióny la recuperación de la confianza ciudadana. Para alcanzar estos objetivos, la Institución deberá caminar hacia una Policía de proximidad con enfoque comunitario, orientada a la solución de problemas para prevenir el delito, más visible a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos. En este sentido, los expertos presentaron los 6 desafíos para lograr el control efectivo y democrático de las actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad del Estado en la República Dominicana:

1. Fortalecer el compromiso con la transparencia de las instituciones de la seguridad ciudadana, facilitando en tiempo y forma  los documentos públicos que solicita la ciudadanía para sus labores de monitoreo.
2. Fortalecer el control disciplinario interno en la institución para erradicar las prácticas corruptas de los agentes.  
3. Democratizar la depuración policial, trasladando a la justicia  todos los casos que constituyan violación de  las leyes y superar  el secretismo e impunidad de la institución policial.
4. Fomentar un cambio de cultura de intervención en los asuntos de la comunidad en el que primen el respeto a la integridad personal y material, erradicando el uso ilegítimo de la fuerza y el abuso de autoridad.
5. Exigir al Ministerio Público el cumplimiento de su deber de oficio de velar por el respeto a los derechos humanos y  el debido proceso en todas las situaciones en que resulten comprometidos por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.
6. Incentivar la actitud proactiva y regular de control externo  del Congreso Nacional y el Defensor del Pueblo,  en materia de derechos humanos e institucionalidad democrática.

[display-frm-data id=6862 filter=limited entry_id=559]

Llama a la sociedad dominicana debe estar vigilante y evitar que la compra de equipos para la prevención y persecución del crimen, el narcotráfico y  el lavado, se convierta en una nueva fuente de corrupción e enriquecimiento ilícito como en caso TUCANOS.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista,  la Fundación Institucionalidad y Justicia,  en el marco del Proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y  la Justicia, con el apoyo de la Agencia Internacional de los Estados Unidas para el Desarrollo (USAID), organizaron junto al Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), el seminario: “IMPACTO DEL CRIMEN INTERNACIONAL Y EL NARCOTRÁFICO E INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA”, con el objetivo de dotar a los participantes de un panorama internacional y regional del crimen transnacional  y el narcotráfico, así como de las políticas que dan respuesta al mismo y su impacto en la seguridad ciudadana del país.

Las palabras de apertura estuvieron a  cargo de Josefina Arvelo, Coordinadora General de Participación Ciudadana, quien resaltó que para  Participación Ciudadana  la penetración del crimen y los avances del narcotráfico en la sociedad dominicana está incidiendo de forma profunda en los problemas de inseguridad, sobre todo si consideramos la ubicación geográfica del país, su condición de insularidad, los contextos societales, el sistema político y los factores culturales”.

Arvelo advirtió que todos los dominicanos debe estar vigilante y  evitar que la compra de equipos para la prevención y persecución del crimen, el narcotráfico y el lavado, se convierta en una nueva fuente de corrupción e enriquecimiento ilícito, “Como sucedió en el año 2007 donde ya se advirtió, que los montos de compra de los tucanos eran muy elevados en vista de que los 8 aviones adquiridos carecían de capacidad de vuelo nocturno por falta de los equipos de navegación y de artillería, mientras que esos mismos aviones adquiridos por el gobierno de Colombia fueron vendidos por un precio significativamente menor” y hoy la realidad de la transacción es cuestionada en el ámbito nacional e internacional con procesos abiertos y en espera de imputaciones en RD”.

La conferencia de apertura: “Políticas de Drogas y Seguridad Ciudadana en República Dominicana”, estuvo a cargo del Lcdo. José Antonio Tejeda Tejada, Director del Dpto. de Reducción de la Demanda del Consejo Nacional de Drogas (CND); Seguido por la Magda. Kenya Romero, Jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien disertó sobre “Justicia Terapéutica y el Tratamiento Bajo Supervisión Judicial”; Posteriormente  Zoe Reiter, Directora Regional de Programas en las Américas-Transparencia Internacional  hablo sobre el “Panorama actual del Narcotráfico y el Crimen Organizado – Presentación del Programa la “La Ruta de la Cocaína”.

Los participantes en el seminario tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre  “Lavado de Activos y Seguridad Ciudadana”, luego de participar en el panel  a cargo del                Mag. Germán Miranda Villalona, Procurador Adjunto de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos; Dr. Manuel Ulises Bonnelly,  Co- autor de Proyecto Ley de Extinción del Dominio y Heiromi Castro. Experto en Antilavado de Activos.

Francisco José Hidalgo Tous, Director Administrativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Rey  Mercedes Bastardo, Encargado de la Sub- Dirección de Capacitación  y  Adiestramiento de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN); Aida Valdez Liranz, encargada De Asuntos Comunitarios de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN); Miguel Ángel Mariñéz Comprés, Capitán de fragata, ARD,  Encargado División de Operaciones de Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y Fidias Aristy Payano, Ex Presidente del Consejo Nacional de Drogas, participaron en el panel “Políticas de Coordinación Interinstitucional de las  Agencias de Control del Crimen y el Narcotráfico”.

El seminario finalizo con el panel “Desafíos del Sistema de Justicia en la Lucha contra el Narcotráfico y la Seguridad Ciudadana”, a cargo del  Magistrado. José Alejandro Vargas, Juez Coordinador del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la Licda. Maritza Ramírez, Sub- Directora técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Dr. Cándido Simón, Abogado Penalista

Santo Domingo, D.N.- El Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, celebraron el X aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia.  Esta iniciativa surgió como un proyecto piloto para la promoción y uso de los métodos de mediación y conciliación, como herramientas idóneas para facilitar el acceso a justicia, en especial, de la población vulnerable.

Durante la celebración, el Embajador de los Estados Unidos de América, James W. Brewster, reconoció la ardua labor y el compromiso de Participación Ciudadana, la Procuraduría General, la municipalidad y la sociedad civil con el programa.  Destacó que el éxito del programa es el acceso a justicia en las comunidades de alta conflictividad.

Las Casas Comunitarias de Justicia son espacios donde convergen el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ayuntamientos municipales y el sector empresarial, bajo la coordinación de la sociedad civil.  Esta iniciativa fue replicándose, y en la actualidad se cuenta con 9 casas de justicia en el Distrito Nacional, Santiago, Moca, San Francisco, La Vega, Esperanza y Mao.

El Programa de Casas Comunitarias de Justicia ha beneficiado a más de 250,000 personas, a través del abordaje de conflictos tanto familiares como laborales y comunitarios, tales como pensión alimentaria, custodia de menores, regulación de visitas, partición de bienes, conflictos de linderos, inquilinato, deudas, ruidos ambientales y atención a personas migrantes en proceso de regularización.   Además ayudan a prevenir la violencia en las comunidades, ya que permiten a los ciudadanos tener acceso gratuito a los servicios de conciliación, la mediación, orientación legal, atención psicológica, asuntos municipales, articulación con las organizaciones sociales y educación ciudadana, atención a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, entre otros.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, expresó que aunque el programa ha resultado altamente exitoso y abogó por la unidad de diferentes sectores de la vida nacional para extender el modelo Casa Comunitaria de Justicia a diferentes partes del país.

Dentro del marco de la celebración se llevó a cabo la conferencia magistral “La Mediación y Conciliación como estrategia eficaz para la construcción de paz social” a cargo de la doctora María Maltos, experta internacional en mecanismos alternos para solución de controversias en Latinoamérica.

Durante más de cinco décadas en el país, la USAID, en estrecha colaboración con el pueblo y el gobierno dominicano, ha contribuido con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de instituciones dominicanas en los sectores de salud, economía, gobernabilidad, justicia, sociedad civil y educación.  A la fecha, la USAID ha invertido más de US$1,700 millones en la República Dominicana.

Al acusar a la sociedad civil de pretender que  el presidente Danilo Medina viole la Constitución de la República, cuando se le pide que auspicie un consenso para elegir los titulares de los órganos electorales y de la Cámara de Cuentas, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofende la inteligencia  de los dominicanos/as y revela una  deplorable escasez argumentativa para  negar derechos fundamentales.

El dirigente político pretende una independencia de poderes a ultranza que  negaría la facultad  presidencial de iniciar gestiones legislativas, y debería desprenderse también que los legisladores carecen de facultad para solicitar acciones del Poder Ejecutivo.

En todas las democracias los jefes de Estado tienen responsabilidad en la promoción de acuerdos y consensos políticos y sociales, sobre todo en los asuntos fundamentales que se refieren a la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Sería  una tontería citar  ejemplos.

Basta recordar que el propio Presidente Danilo Medina  fue quien recientemente  pidió la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado para buscar consenso una vez más sobre la Ley de Partidos Políticos y la Ley del Régimen Electoral.   El mandatario también ha tomado  otras numerosas iniciativas para buscar consensos políticos y sociales, anticipándose a la gestión legislativa.  Eso fue el intento de pacto fiscal del 2012, el pacto por la educación del 2015  y el pacto eléctrico  aún en discusión. En el 2013, mediante el decreto 286-13 creó una “Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo”, presidida por  el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, e integrada por abogados representantes de los sectores empresariales y sindicales.

Hasta para reformar la misma Constitución los presidentes Medina  y Leonel Fernández, del partido gobernante, crearon comisiones y auspiciaron amplias consultas político-sociales y crearon organismos como el Consejo Económico Social, con participación empresarial y social.

¿Fue el Congreso de la República  quien tomó la iniciativa para modificar la Constitución  el año pasado para posibilitar una nueva reelección del presidente Medina? ¿O ya Peralta olvidó que eso lo decidió el Comité Político del PLD en una sesión en la que él mismo tomó parte? ¿Violaron entonces la Constitución?

Pero si nos vamos más atrás encontraremos innumerables ejemplos de concertaciones político-sociales que luego fueron convertidas en leyes, como la del código laboral, la Estrategia Nacional de Desarrollo,  la Ley de Seguridad Social, y también para integrar la Junta Central Electoral o modificar la Constitución  o la Ley  Electoral, como ocurrió en los años 1994 con el Pacto por la Democracia,  y  luego en 1997, 2002 y 2003.

En Participación Ciudadana insistimos en reclamar, como lo hacemos junto a la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, en la necesidad de la concertación de un nuevo pacto político social para superar las debilidades  y los retrocesos registrados en el reciente proceso electoral. La elección de los titulares de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas  es parte fundamental de la concertación.-

27 de septiembre del 2016.-

En el marco proyecto ciudadanía activa para una gestión local transparente e inclusiva como parte del “Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales” (PASCAL), financiado por la Unión Europea, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, realizó el seminario nacional, “Políticas de Transparencia y Control por una Gestión Municipal de Calidad”.

El Seminario sirvió  de escenario para presentar y  dar a conocer el sistema nacional de control y auditoria en el ámbito municipal, sobre función pública municipal y profesionalización y sistema de contrataciones públicas trasparente y de la calidad.

Las Palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana y por Gloria Amézquita en representación de Oxfam/RD, como parte del proyecto Ciudadanía Activa.

En el seminario participó  el  Profesor  e investigador Faustino Collado, quien tuvo a su cargo la  conferencia: ‘’Políticas de Transparencia y Control por una Gestión Municipal de Calidad’’; También se realizó el panel: “Función Pública Municipal y Profesionalización”, en el que participó, Juan Luis Pimentel abordando el tema ‘’Limitaciones y obstáculos para el avance en la carrera municipal’’ y Domingo Matías que disertó sobre ‘’Como avanzar en la implementación de la Carrera Municipal’’.

En representación del  Ministerio de Administración Pública estuvo el Profesor Julio Canelo, Viceministro de Apoyo a la Municipalidad del Ministerio de Administración Pública (MAP), quien abordó el tema de “Avances en la Carrera Municipal”, participó además la  Dra. Yocasta Guzmán: Directora General Contrataciones Públicas, tratando el tema “Contrataciones públicas trasparentes para la mejora de los servicios municipales”.

La actividad finalizó con las  conferencia dictada por  Guadalupe Valdez, quien toco el tema “Control y Fiscalización del Congreso en el Ámbito Municipal”.

En el marco del proyecto “Acción de la Sociedad Civil  por la  Seguridad y la Justicia”, Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el financiamiento la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  realizaron el “Ciclo de Formación sobre Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana: “Responsabilidad de los Medios de Comunicación en la Seguridad Ciudadana”, dirigido a  estudiantes de  Comunicación Social de las  universidades del país.

La capacitación se realizó además con el apoyo de la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (ADECOM), allí  participaron  los alumnos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMM), Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Universidad O&M y  Universidad APEC.

El programa de trabajo inició con las conferencias, “Responsabilidad de los Medios de Comunicación en la Seguridad Ciudadana”, a cargo del Profesor Ramón Diloné; “Rol de los Medios de Comunicación en la Seguridad Ciudadana/ Falsas percepciones de la realidad en los medios de comunicación del siglo XXI” por la profesora  Elvira Lora; El Panel “Medios Comunicación y Seguridad Ciudadana” a cargo los periodistas Franklin Guerrero y Diulka Pérez; y finalizó con las palabras de Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana.

La capacitación se realizó con la finalidad de que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre un tema tan fundamental para la sociedad dominicana como lo es seguridad ciudadana, y  lo apliquen cuando les toque ejercer la carrera.