Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, organizó el taller sobre “Seguridad Ciudadana, Medios de Comunicación y Justicia Penal” dirigido a periodistas de la región norte del país. La actividad, que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago el pasado 18 de marzo, contó con la participación de más de 40 profesionales del área.

La conferencia principal estuvo a cargo del jurista Román Jáquez, juez suplente del TSE y director de la escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, quien reconoció el importante rol que juegan los medios de comunicación para el fortalecimiento de la democracia a través de la vigilancia al desempeño de los poderes públicos.

Sin embargo, advirtió sobre el peligro que alberga para los procesos judiciales la mediatización de la justicia, es decir, cuando la prensa suplanta la función del poder jurisdiccional convirtiéndose en tribunales. Los medios de comunicación deben servir como mecanismo de control para mejorar el sistema judicial, no como sustitutos, sostuvo.

Tras la ponencia central, el abogado penalista Cándido Simón y Francisco Arsenio Jorge, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección Del Cibao Central de la Policía Nacional,  encabezaron una conferencia-panel en la que debatieron sobre los principales retos de los medios de comunicación, la justicia penal y las instituciones de seguridad del Estado.

Simón se refirió a la responsabilidad ética que deben asumir las y los profesionales de la comunicación. Argumentó que la credibilidad que se le transfiere de manera casi automática a los contenidos difundidos en medios de comunicación, confiere un importante poder a las y los periodistas: “lo que comunica, se asume como verdad”, afirmó. Continuó denunciando que en los medios "hay sicarios del honor que cobran para matar reputaciones con un micrófono". Mientras que Arsenio Jorge habló sobre la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16).

En la segunda parte del taller, representantes de la Oficina Nacional de Estadísticas presentaron la ponencia: “Rol de las estadísticas en la investigación periodística”, en la que mostraron a los periodistas como utilizar algunas de las herramientas virtuales de la ONE. La actividad concluyó con la participación de la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, quien explicó los detalles del “Caso Lava Jato, Embraer y Odebrecht: Impacto de la información en el seguimiento de los casos de mega corrupción”.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en el Día Mundial del Agua abogó por un marco legal que permita el aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, enfatizando en que se trata de una demanda que el sector ambiental sostiene desde hace más de una década.

“Se hace urgente la aprobación de una Ley de Aguas que defina mecanismos para su conservación y uso sustentable a través de políticas públicas integrales; delimite las responsabilidades institucionales con relación a su administración y protección; asegure una gestión consciente y compartida de los recursos hídricos”, señaló.

Ante la perspectiva de una progresiva disminución en el acceso a este derecho, el Estado debe garantizar espacios de reflexión que integren a expertos y actores vinculados a la temática  para lograr un consenso sobre el proyecto de ley, así como motivar su pronta discusión en el Congreso Nacional. Agregó que “la reducción en la disponibilidad de agua debido al aumento en el consumo y a los cambios climáticos nos deben obligar a buscar acuerdos en beneficio de la población y de los intereses del país”.

La organización reiteró el llamado a legisladores y funcionarios a ponerse de acuerdo,  a fin de que para este 2017 República Dominicana disponga de una ley sectorial que efectivice lo establecido en la Constitución dominicana, la cual refiere el agua como “patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” y afirma que “el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.

Participación Ciudadana socializó los resultados de la consulta sobre seguridad ciudadana realizada en Monseñor Nouel con organizaciones de la sociedad civil e  instituciones del Estado que participaron del proceso. El estudio, coordinado por la antropóloga social Tahira Vargas, abordó como ejes centrales las acciones preventivas e intervención correctiva frente al aumento de la delincuencia en el Distrito Nacional, analizando las distintas expresiones del flagelo en la niñez, juventud, familia, cultura social, organizaciones comunitarias, educación y medios de comunicación.

Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, organizó el conversatorio sobre “Coordinación Interinstitucional en la Investigación de delitos complejos”, a propósito de la decisión del magistrado Alejandro José Alejandro Vargas de declarar el caso Odebrecht de procedimiento para asuntos complejos al precisar un requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica que el solicitado por el Ministerio Público.

Por el modo de operar del crimen organizado, el Estado y sus agencias deben trabajar de forma planificada y coordinada a los fines de no sólo identificar los responsables de los actos ilícitos sino también desmontar a los cabecillas  de esas redes criminales, informó la organización.

El panelista Olivo Rodriguez Huerta, especialista en derecho administrativo, expuso sobre la complejidad y naturaleza atípica del fenómeno delictivo del lavado de activos.  Argumentó que  “es necesario establecer  un régimen preventivo y sancionador eficaz”.  Reconoció la relación del derecho penal y del derecho administrativo en su relaciones entre la actividad criminal que copta al Estado y el entendimiento del funcionamiento de la administración pública.

En tanto, German Miranda Villalona, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos, se refirió al impacto del lavado de activos en el mercado, explicando que genera distorsión económica, produce cambios inexplicables en la demanda de dinero y provoca una mayor volatibilidad en los flujos de capital, las tasas de interés y los tipos de cambio como consecuencia de grandes transferencias internacionales de activos no anticipados.

A continuación, el magistrado Pelagio Alcantara Sánchez, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores de la Superintendencia de Valores, abordó sobre el trabajo que se está realizando en la prevención de delitos de mercado de valores  y en la intervención, cuando es necesario.

Los representantes de la Unidad de Análisis Financiero Saika Rodríguez y Bienvenido Robert Carrero, expusieron sobre el trabajo de inteligencia que se realiza para la prevención de las actividades ilícitas financieras, así como valoraron la importancia de la colaboración interinstitucional para lograr la identificación del flujo del dinero.  Reconocieron las múltiples limitaciones y obstáculos que cada día se identifican para lograr recavar información de interés como, por ejemplo, el secreto bancario o de confidencialidad.

Los participantes destacaron la importancia de garantizar una efectiva cooperación interinstitucional y comunicacional con respecto a las investigación de delitos complejos, al considerar que sólo sobre la base de coordinación se logrará reducir los niveles de intervención del crimen organizado.

Diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana en la provincia de Puerto Plata a través de la firma de un acuerdo conjunto elaborado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

El documento integra las recomendaciones sistematizadas a partir del proceso de consulta de la Mesa de Concertación Estado-Sociedad coordinado por Participación Ciudadana, que incluyó a las instituciones firmantes y otros actores de la región, con el propósito de identificar las principales problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana, los desafíos pendientes y las instituciones responsables de dar respuestas oportunas y contundentes.

“La firma de este compromiso surge por la necesidad de dar una respuesta integral a la inseguridad ciudadana, con acciones de prevención e intervención correctiva que articulen de manera intersectorial a las instituciones gubernamentales y del gobierno local, e integre la participación de la sociedad civil”, afirmó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa.

El acuerdo fue suscrito por representantes de la Cámara de Diputados, Oficina de Defensa Pública de Puerto Plata;   Procuraduría Fiscal; Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani); Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Ministerio de Educación; Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata; Ministerio de la Mujer; Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes; Policía Nacional; así como autoridades académicas, líderes de juntas de vecinos y dirigentes comunitarios.

Según la investigación, dirigida por la antropóloga social Tahira Vargas, las principales preocupaciones de la sociedad puertoplateña están vinculadas al alto nivel de atracos y robos,  el auge del microtráfico de drogas, la decadencia del turismo debido al impacto de la inseguridad y los feminicidios.

De acuerdo al diagnóstico, se requieren medidas de prevención más efectivas, que integren programas de formación en derechos humanos y patrones de crianza, programas de salud mental para fomentar la integración y la equidad, y campañas de promoción de hogares dignos y familias sin violencia.

Se hacen también imperiosos mecanismos que aseguren un mayor control sobre los medios de comunicación con respecto a la programación basada en violencia y delincuencia; establecer sistemas de sanciones claros y efectivos; e implementar programas de fomento del empleo hacia la juventud, así como la creación de espacios deportivos y de formación técnica.

Sobre la violencia de género, se propuso generar estructuras de asistencia psicológica y centros de atención para hombres agresores, y desarrollar programas de reinserción escolar para adolescentes y jóvenes de género masculino.

Con respecto a la intervención correctiva, resulta necesaria una reforma integral de la Policía Nacional, que incluya el mejoramiento condiciones laborales de los agentes, un mayor grado de profesionalización, un proceso de depuración policial y mecanismos efectivos de integración Policía-sociedad civil. Asimismo, se sugiere mayor firmeza en la aplicación de la ley y del régimen de consecuencias en el Poder Judicial.

Mientras que para el Ministerio Público se recomienda la integración de fiscales a los problemas y contexto social, el fortalecimiento de las fiscalías barriales, y el sometimiento a la Justicia y destitución de fiscales que violen la ley y que se politicen en sus acciones.

La propuesta de suscribir un compromiso vinculante para todos los actores llamados a dar respuesta a las problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana surgió durante la socialización de los resultados de este proceso de consulta realizado por Participación Ciudadana el pasado 17 de marzo en la Cámara de Comercio de Puerto Plata. La firma se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Universitario Regional del Atlántico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CURA-UASD).

El movimiento cívico Participación Ciudadana dio inicio al segundo diplomado sobre “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana”, dirigido a miembros de organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos.

El diplomado se propone analizar la problemática de la seguridad ciudadana, entendida no sólo como ausencia de violencia, sino como el aumento de los escenarios fundamentales para la construcción de una convivencia pacífica, en el marco del sistema internacional de derechos humanos, así como del marco jurídico nacional. Aborda, además, el rol del sistema de justicia y la sociedad civil, identificando los mecanismos que se aplican a la protección de los derechos humanos.

De acuerdo a la organización, reflexionar sobre las principales problemáticas relacionadas a seguridad ciudadana en el país y producir conocimientos en torno a estos debates es imprescindible para la formulación de políticas públicas, objetivos, estrategias, planes y programas efectivos y pertinentes.

El Diplomado se llevará a cabo cada sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde durante cuatro meses y contará con la participación de las magistradas Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Denisse Hernández de la Nuez, jueza del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago; y Juana Omayra Santana, jueza titular del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Valverde.

También se integrarán como docentes Carlos Pimentel, gerente de Gestión Pública y Transparencia de Participación Ciudadana; Omar Ramos, experto en Derecho Constitucional y Administrativo; Domingo de Prats Ramírez, director Regional del Consejo Nacional de Drogas; y Ramón Estrella, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana – Seccional Santiago.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la coordinadora del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Carolina Ramírez, seguida del panel “Conceptos y principios básicos de los Derechos Humanos”, a cargo de la directora ejecutiva de PC, Rosalía Sosa. El encuentro tuvo lugar en el espacio Ercilia Pepín de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto Santiago (UASD-Santiago).

Participación Ciudadana se sumó al paro activo de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, para demandar que sean garantizados los derechos de todas las mujeres dominicanas. El equipo salió a la calle con pancartas y luego realizó una jornada de reflexión sobre la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y los desafíos aún pendientes.

El movimiento cívico Participación Ciudadana proclamó este 2017 como el Año de lucha por el fin de la Impunidad, comprometiéndose a brindar constante apoyo a la Marcha Verde, tras considerar que la única garantía para revocar las elevadas tasas de corrupción en el país es la presión masiva y persistente de la sociedad.

Así fue declarado en el marco de la celebración de su XXIII Asamblea General Ordinaria, realizada en el Salón de Actos del Convento de los Dominicos, en la que las y los miembros activos de la organización participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron cuatro de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

En el acto de proclama, se determinó priorizar la promoción de conciencia sobre “las graves implicaciones sociales, económicas e institucionales de la corrupción en todas sus expresiones y de la impunidad que la fomenta”, así como de los principios constitucionales y legales que proscriben y sancionan estos flagelos. También se decidió promover la creación de un Comité Jurídico que se constituya en parte civil acusatoria en casos documentados de corrupción.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de “elevar la presión por la aprobación de las tantas veces aplazadas reformas políticas y electorales llamadas a establecer límites a la malversación de los recursos públicos, al rentismo y el clientelismo corruptor, a regular efectivamente y transparentar la gestión partidista y las campañas electorales”.

La coordinadora general, Josefina Arvelo, hizo un recuento de las principales acciones y avances de 2016, destacando el importante rol del movimiento en el proceso de observación en las pasadas elecciones, en el que participaron 2,377 voluntarias y voluntarios. Resaltó además las demandas por mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Se refirió igualmente a las múltiples acciones de incidencia y educación para la defensa y fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, así como para la transparencia e integridad en la gobernabilidad financiera.

Informó que en el pasado año se celebró el décimo aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), desde el cual se impulsa la creación de centros de mediación y conciliación en distintos puntos del territorio nacional  para contribuir a la construcción de una cultura de paz y seguridad ciudadana. En 2016 se inauguró la 9na Casa Comunitaria de Justicia y se logró beneficiar a 46,224 personas, para un alcance de más de 257,000 beneficiarias y beneficiarios en el período de vida del proyecto.

Reconoció la labor de los integrantes de la Red Regional de Seguridad Ciudadana y el impacto del Plan de Prevención contra la delincuencia y el Crimen que está implementando la organización en Cienfuegos y en Las Caobas,  e  invitó a cada miembro, voluntario  o  ciudadano preocupado por la inseguridad a trabajar de manera activa para lograr la reforma y modernización de la Policía Nacional, el fortalecimiento y la independencia del sistema de justicia, instituciones  importantes en la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

Arvelo también enumeró los nuevos acuerdos firmados con diversas instituciones como: el Centro de Orientación Integral (COIN), el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADIS); el Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Fundación Sur Futuro y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Finalmente felicitó al voluntariado de Participación Ciudadana “por su entrega incondicional a la organización y por su pronta respuesta en los momentos más difíciles”, así como a las y los integrantes del Consejo Nacional, al Equipo Técnico y la Dirección Ejecutiva.

Durante la Asamblea se eligieron como nuevos miembros del Consejo Nacional Ángela Calvo, Sonia Díaz, Pedro Acevedo y Miguel Collado, quienes pasaron a sustituir a las y los integrantes salientes Cándido Mercedes, Josefina Arvelo, Somnia Vargas y Luis Sánchez Limardo.

Participaron también del encuentro la directora ejecutiva Rosalía Sosa, así como los miembros del Consejo Nacional Juan Bolívar Díaz, Fátima Lorenzo, Nelly Heredia, Argentina Gutiérrez, Alcibíades Moreta, Marisela Duval y Julio César Urbaez.

El movimiento cívico Participación Ciudadana desarrolló el panel “El Ministerio Público y la Cooperación Internacional en la Persecución del Crimen y el Delito” el martes 21 de febrero, para debatir sobre el rol de las misiones de apoyo internacional en Guatemala y Honduras en las investigaciones relacionadas a los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, reafirmó la importancia de esta discusión para el país en un momento en el que miles de dominicanos y dominicanas acuden a firmar el Libro Verde por el Fin de la Impunidad para demandar la conformación de una comisión de fiscales independientes, con acompañamiento técnico de las Naciones Unidas, que investigue todo el entramado delictivo relacionado con las operaciones de la constructora en República Dominicana.

“Luego de analizar el funcionamiento, competencia, misión, como las características de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el contexto social, político e institucional que le dieron origen, vale la pena pensar en un órgano de esta naturaleza en el país,  para apoyar la prevención y persecución de la corrupción en la República Dominicana”, sostuvo.

Calificó como deficiente el desempeño del Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución y sanción de la corrupción, enfatizando en la necesidad de fortalecer estas instancias, “para dotarlas de las capacidades, herramientas, entereza e integridad, y de esa forma poder desenmarañar las redes de la corrupción y el crimen que han penetrado todas las estructuras del Estado”.

Esta misión de acompañamiento técnico funcionaría como un órgano autónomo que brindaría apoyo a los fiscales independientes designados para la investigación del caso de Odebrecht. Asimismo, aportaría recursos técnicos al Ministerio Público para investigar, procesar y enjuiciar con robustas acusaciones en los casos complejos de corrupción pública-privada.

En el panel participaron Carlos Hernández, director ejecutivo de Asociación para una Sociedad más Justa, capitulo hondureño de Transparencia Internacional; Juan Jiménez, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) con el auspicio de la OEA; y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

Ante la revelación de un acuerdo firmado por la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifiesta su desconcierto sobre el contenido, términos y plazos que han sido revelados hasta ahora.

El acuerdo parece limitar la responsabilidad civil de la empresa brasileña al pago del duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos dominicanos, cuando esa es solo una parte de su responsabilidad y probablemente la parte menor. El acuerdo parece excluir las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, los 163 millones de dólares que dicha empresa admite haber ganado gracias a los sobornos, que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito, y el costo financiero del dinero de los contribuyentes dominicanos.  Pretender que no se devolverá lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción y para colmo seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado, lo que debe ser inadmisible para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana.

El acuerdo debió haber incluido una cláusula que estableciera que las sumas y forma de pago se acuerdan de manera preliminar y que las cifras y conceptos definitivos  serán establecidos luego de culminadas las investigaciones y validados por los tribunales dominicanos.

Es igualmente lamentable que con la firma del acuerdo no se haya obtenido absolutamente ninguna información sobre los funcionarios públicos dominicanos que fueron sobornados, pues lo que está bajo confidencialidad en Brasil son las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht, pero no la información que ésta tiene en sus archivos a través de su División de Sobornos, llamada por ella División de Operaciones Estructuradas, donde también está la información de cuáles contratos y funcionarios dominicanos se encuentran involucrados en el caso de soborno transnacional más grande,  y en el que lamentablemente nuestro país está entre los protagonistas principales.

El gobierno dominicano debe actuar como lo está  haciendo con el caso de Los Tres Brazos, y rescindir todos los contratos que Odebrecht tiene actualmente en la República Dominicana, amparado en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite la rescisión unilateral de los contratos sin responsabilidad para el Estado dominicano en casos como éste, como lo han hecho ya otros países.

Ningún acuerdo que establezca de manera definitiva los montos a pagar por Odebrecht debe ser homologado por los tribunales dominicanos hasta tanto no se conozca el alcance de los daños sufridos por nuestro país en este caso, pues de lo contrario se estaría actuando con extrema irresponsabilidad.

Participación Ciudadana quiere dejar constancia de que más importante que el resarcimiento económico, que debe perseguirse hasta el último centavo, es la sanción penal que debe recaer sobre todos los responsables de haber contribuido a extraer de las arcas públicas los escasos recursos con los que cuenta nuestro país para cumplir con una deuda social que se arrastra históricamente y que mantiene a más un 40% de la población en la pobreza.

Existe gran desconfianza de la ciudadanía de que se identifiquen a todos los responsables y recaigan sobre ellos las sanciones más drásticas que establece nuestro ordenamiento legal, por lo que se ha solicitado, y nos sumamos a este reclamo, la designación de fiscales adjuntos independientes que trabajen el caso con la colaboración de las Naciones Unidas.