La Reforma Judicial iniciada en 1996 sobre la base de la modificación constitucional de 1994, ha logrado hasta ahora éxitos importantes aún cuando todavía falta mucho por hacer. En lo que va de proceso ha sido notoria la ausencia del Colegio de Abogados de la República, a pesar de que estaba llamado a convertirse en uno de los principales soportes de la reforma.
En las últimas semanas son frecuentes los artículos de prensa, comentarios de radio, cartas a los medios de comunicación, denunciando las precarias condiciones institucionales del Colegio de Abogados.
Las elecciones celebradas por el Colegio en los últimos años han sido fuentes continuas de escándalos, impugnaciones, denuncias de fraude, e incluso han debilitado tanto su institucionalidad que le han llevado a tener dos directivas distintas para un mismo período.
En la base de esta situación de crisis se encuentra la lucha de los partidos políticos por controlar la dirección del Colegio. Los partidos mayoritarios han llevado sus pugnas al Colegio, convirtiéndolo en un instrumento político partidista y sustrayéndolo de su verdadera misión de velar por los intereses de los abogados, entre los que se encuentra lógicamente contribuir con el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Resulta muy elocuente que de más de veinticinco mil abogados, apenas dos mil acudan anualmente a votar en las elecciones del Colegio. La realidad es que los abogados han abandonado a la entidad que por ley les representa. La lucha política al interior del Colegio y la forma en que operan pequeños grupos de intereses han contribuido a desestimular el ánimo participativo de los abogados en su colegio.
Un Colegio de Abogados bien organizado, con una membresía integrada a sus actividades, independiente de los partidos políticos, es un excelente instrumento no sólo para crear mejores condiciones de ejercicio profesional para sus miembros, sino también para colaborar en la institucionalización del país.
Por esta razón resulta indispensable que el Colegio de Abogados asuma su verdadero papel y para ello se requiere que sus miembros asuman conciencia de que les corresponde rescatarlo del camino seguido hasta el momento, y para ello contarán seguramente con la colaboración de toda la sociedad.
La vía democrática e institucional es la única posible para iniciar los esfuerzos de recuperación del Colegio de Abogados, por lo que se requiere entonces crear las condiciones indispensables para la celebración de elecciones seguras que estimulen a todos los abogados a participar y convertirse en los principales actores de la revitalización del Colegio.
De acuerdo con los Estatutos del Colegio, las elecciones deben celebrarse el primer sábado de diciembre de cada año. Sin embargo, la situación imperante ha impedido el cumplimiento de este mandato.
Las elecciones han sido convocadas para el 17 de febrero, pero la mayoría de los abogados desconoce esta fecha y no se conocen esfuerzos para divulgarla ni mucho menos para estimular la participación de los abogados.
El Colegio de Abogados carece de un padrón electoral y cada año se recurre a una lista de miembros aparentemente al día en el pago de su cuota. Así se determina quiénes tienen derecho al voto, sin que exista una depuración sobre su condición o no de abogado con exequátur. Los expedientes de los miembros se encuentran en un lamentable estado de abandono que dificulta su depuración, la que resulta indispensable ante las constante denuncias de expedición de carnets a personas que no son abogados y que, incluso, han dado lugar a querellas penales que nunca han sido decididas por los tribunales.
Por todas las razones señaladas hacemos un llamado a la directiva y a todos los miembros del Colegio de Abogados para que todos juntos, con la colaboración de la sociedad, realicen los esfuerzos necesarios para recuperar la confianza pérdida por esa organización, y para ello sugerimos la celebración de una Asamblea Extraordinaria del Colegio que adopte las siguientes medidas:
a) Seleccionar una Comisión Electoral integrada por Jueces del país, previa autorización de la Suprema Corte de Justicia.
b) Ordenar la depuración de los miembros del Colegio y la confección de un padrón electoral confiable, bajo el control de la Comisión Electoral integrada por jueces.
c) Fijar una nueva fecha para las elecciones con el tiempo suficiente para que el trabajo de confección del padrón esté concluido.
d) Ordenar el inicio de una campaña que estimule a los miembros a inscribir planchas para participar en las elecciones y a acudir a las votaciones.
e) Solicitar a todos los partidos políticos no interferir en la campaña electoral del Colegio, en sus elecciones ni en su vida institucional.
Estamos convencidos de que con estas medidas se dará inicio a un proceso de rápida recuperación de una institución obligada a dignificar el ejercicio de la profesión, a mejorar las condiciones de vida de sus miembros, y a contribuir con la calidad de la justicia dominicana.
Por la Coalición por una Justicia Independiente
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Participación Ciudadana
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Centro de Estudios Padre Juan Montalvo
Asociación Nacional de Abogados Empresariales (ADAE)
