La Sala Vecinal felicitó la decisión del Centro Comercial y torre Acrópolis de suspender la instalación de cuatro plantas eléctricas de uso continuo par su autogeneración, las cuales contaminarían a los residentes en sus alrededores.

Sala Vecinal, que aglutina más de 20 juntas de vecinos del Distrito Nacional, interpreta la decisión como un triunfo de la razón y del entendimiento y una demostración de la importancia de que los vecindarios aúnen esfuerzos para búsqueda de objetivos comunes.

La operación de las plantas eléctricasde 10 mil kilovatiosno sólo hubiese dañado la calidad de vida de Santo Domingo, sino que hubiera afectado también las casas de quienes habitan en las proximidades, por las vibraciones producidas, ya que estarían encendidas las 24 horas del día durante todo el año, reiteró la Sala Vecinal.

Acrópolis envió una comunicación al síndico del Distrito Nacional, Juan de Dios Ventura, dando a conocer la decisión con la que pone fin al conflicto surgido con el proyecto de instalación de plantas de generación eléctrica a la cual se han venido oponiendo las juntas de vecinos.

Acrópolis informó, asimismo, que trabaja activamente despejando y reacondicionando las calles que bordean el centro comercial, las cuales se vieron afectadas, para fines de tránsito, durante el período de construcción del edificio.

La Sala Vecinal entiende que con esta medida, la compañía da cumplimiento a las regulaciones de medio ambiente y fortalece las relaciones de respeto y colaboración con las juntas de vecinos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

En un boletín de prensa, la Sala Vecinal agradeció la colaboración de los medios de comunicación, reiterando que los habitantes de esa comunidad tienen derecho a una vida sana.

Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal debatirán  el próximo miércoles el tema Hacia una Nueva Relación Estado Sociedad Civil, durante un seminario taller organizado por el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC).

El seminario, que se desarrollará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el hotel Meliá, permitirá hacer una reflexión de los desafíos, problemáticas y perspectivas de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y la sociedad civil.

Asimismo estimulará las relaciones armónicas entre la sociedad civil y los actuales representantes de los poderes del Estado.

Los participantes  analizarán las propuestas existentes y algunos de los modelos y experiencias de las relaciones Estado-Sociedad civil más representativos del país.

La apertura estará a cargo de la coordinadora general de Participación Ciudadana, Melba Rita Barnett, quien destacará la importancia del evento, ya que permite tener una relación más directa entre los representantes de los poderes del Estado y la sociedad civil.

También pronunciarán discursos la vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch; el presidente de la Suprema Corte de Justicia,  Jorge Subero Issa; la presidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Alburquerque; el síndico del Distrito Nacional, Juan de Dios Ventura, y el presidente de la Federación de Síndicos, Fausto Ruiz,

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil asistirán También al seminario.

La doctora Ortiz Bosch expondrá sobre la relación Poder Ejecutivo y sociedad civil; el doctor Subero Isa hablará sobre la relación Poder Judicial y sociedad civil; la doctora Alburquerque abordará el tema relación Poder Legislativo y la sociedad civil, mientras que Ruiz y Ventura tratarán el tema relación Poder Municipal y sociedad civil .

Las sesiones de trabajo se iniciarán con la creación de mesas de trabajo que analizarán las propuestas existentes sobre la relación Estado Sociedad civil. Además elaborarán propuestas para fortalecer la relación entre estos dos sectores.

Participación Ciudadana lamentó que la Junta Central Electoral haya decidido que el voto preferencial sea tomado en cuenta sólo para la elección en el nivel congresual en los comicios del próximo año,  posponiendo su aplicación respecto al nivel municipal.

En una conferencia de prensa celebrada en su local, el movimiento cívico no partidista pidió, asimismo, al tribunal electoral y a los partidos políticos apegarse a los criterios establecidos por la ley al renovar las juntas electorales.

Mediante la resolución 5-2001, la Junta Central Electoral ratificó el uso de dos boletas para las elecciones de 2002, una para el nivel congresual y otra para el nivel municipal, y dispuso que la elección de diputados sea hecha mediante votación preferencial.

Pero en cuanto a los regidores y sus suplentes dispuso que sean electos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Organización Municipal y en la Constitución de la República, postergando el voto preferencial para su escogencia.

Por voto preferencial se entiende que el (la) sufragante podrá votar por un/a candidato/a determinado/a, marcando el recuadro con la foto del (la) mismo/a o por el partido o agrupación política con sólo marcar el recuadro con el emblema y/o las siglas.

Participación Ciudadana considera que hubiera sido un mayor paso de avance para el país la implementación del voto preferencial tanto para la elección de los diputados como de  los regidores.

La organización cívica ha venido propugnando por la implementación de cuatro boletas electorales, dos para elecciones congresuales y dos para municipales, lo que hubiera permitido establecer el voto preferencial para elección de regidores.

Entiende Participación Ciudadana que así se contribuye a una mayor independencia en las elecciones, por cuanto reduce las probabilidades de arrastre y permite a los electores escoger más libremente entre las diversas opciones, dejando en manos del pueblo, y no en los partidos políticos,  la elección de sus candidatos.

Agrega que el sistema tradicional de arrastre despoja al pueblo del poder soberano para elegir a sus representantes, ya que son los partidos los que deciden quiénes nos van a representar en el Congreso y en los ayuntamientos, al establecer el orden de las boletas electorales.

Juntas Electorales

Por otra parte, Participación Ciudadana propuso a la Junta Central Electoral que publique una lista con los nombres de todos los miembros de las juntas electorales del país, a fin de que la ciudadanía conozca a las personas que organizarán las próximas elecciones.

Al saludar la decisión de abocarse a escoger a los miembros de las juntas electorales, el movimiento cívico no partidista exhortó a la JCE y a los partidos políticos a apegarse a los criterios establecidos por la Ley Electoral, número275-97, del 21 de diciembre de 1997.

Recuerdaal tribunal electoral tomar en cuenta a las personas que gocen del reconocimiento de las organizaciones sociales y políticas de sus respectivas comunidades.

Para Participación Ciudadana reviste importancia la publicación de la lista de las juntas, especialmente ahora que las circunscripciones serán más pequeñas y más complejas, dados los cambios introducidos en la forma de votación para elegir autoridades municipales y congresuales.

La Ley Electoral establece que para ser miembro titular o suplente de una junta electoral debe estar en pleno goce de sus derechos civiles, gozar de buena reputación, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, estar domiciliado en el municipio y tener por lo menos un año de residencia en él.

La ley establece, asimismo, que no pueden ser miembros ni secretarios de una misma junta electoral personas que tengan vínculos de parentesco o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ya sea entre sí o con candidatos o con miembros de órganos directivos o con delegados de partidos políticos que actúen en la jurisdicción del cuerpo electoral a que pertenezcan.

Hay una prohibición expresa que impide miembros de juntas electorales formar parte de cualquiera de los poderes del Estado o de organismos municipales. Esa prohibición está contemplada en el Párrafo I del artículo 20.

Participación Ciudadana recuerda, asimismo, que la Ley Electoral recomienda la designación de personas no afiliadas a partidos políticos para la integración de las juntas electorales.

 “Si esto no fuere posible se deberá nombrar a afiliados no políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como los respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos” dice el artículo 22 de la citada ley.

Con el objetivo de dotar a la ciudadanía de  informaciones que le permitan participar de manera consciente en el próximo torneo electoral,

Participación Ciudadana impartió en La Vega un seminario sobre circunscripciones electorales.

El seminario denominado Circunscripciones electorales: una nueva forma de votación para la provincia de La Vega, se desarrolló en el auditorio de la Cooperativa Vega Real. La apertura estuvo a cargo de Teresa Hernández, coordinadora de Participación Ciudadana en Moca.

Participaron como expositores José Ángel Aquino, quien habló sobre“Circunscripciones Electorales como Forma de Votación”, e Isis Duarte, quien desarrolló el tema “Participación Ciudadana y las Circunscripciones Electorales”.

En el seminario hablaron también Luis Del Villar, en representación del MIUCA; Altagracia Concepción, por el Partido Revolucionario Independiente (PRI), y Luis Tavárez, por el Partido Renacentista Nacional (PRN).

La Vega es una de las provincias donde se han establecido nuevas circunscripciones electorales para las elecciones de 2002.

Asistieron representantes de la Junta Municipal Electoral de La Vega, de la Corte de Apelación, de la Universidad Tecnológica del Cibao, de la Federación de Junta de Vecinos y delegaciones de los municipios de Constanza y de Jima Abajo.

José Ceballos, encargado de Territorio, tuvo a su cargo las conclusiones y el discurso de clausura. La conducción del evento estuvo a cargo de Bernardo Adan de la Cruz, asistente de la unidad de Articulación.

Estos seminarios son organizados por las unidades de Educación, Observación Electoral y Territorio con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre su participación en el próximo torneo electoral.

Los participantes en el seminario disfrutaron de un almuerzo servido en la casa club de la cooperativa Vega Real, en la carretera La Vega-Jarabacoa.

Las divergencias surgidas en la Comisión Especial creada por el Presidente de la República para buscar consenso en torno a las reformas que amerita la Constitución de la República y la forma de ejecutarlas, han producido un exagerado escándalo público no libre de manipulaciones y exclusiones.

En esa, como en otras materias, hay una enorme diversidad de opiniones en la sociedad dominicana, tanto en los partidos políticos como en las instituciones de la sociedad civil, pero en general hay un amplio consenso en el sentido de que la reforma se produzca por vía de una Asamblea Constituyente elegida por voto directo de la población.

El debate público se ha centrado en unos porcentajes contenidos en una propuesta, fruto de una de las siete subcomisiones en que se dividió el trabajo de la Comisión Especial.  Más aún, esa misma propuesta, que no ha sido aprobada por la Comisión Especial, contiene muchos otros aspectos que recogen el amplio consenso sobre una reforma constitucional, mediante una asamblea constituyente, del que han sido parte la mayoría de las organizaciones sociales y políticas.

En la sociedad civil hay también una gran diversidad. Pero predomina el criterio de que en una asamblea constituyente debe estar representada la gran diversidad de la sociedad dominicana de hoy. Aunque básicos en el sistema democrático, los partidos, como los poderes públicos, deben siempre consultar y escuchar a la ciudadanía, para dar dimensión participativa a la democracia que entre todos y todas buscamos fortalecer.

El valor de la Comisión Especial reside en que está llamada a conocer y someter a debate las diferencias y buscar consensos, sin exclusiones de ningún sector ni género. Más aún entre los líderes políticos y sociales.

Las dificultades evidenciadas en los últimos días afianzan el criterio de que se debe negociar un amplio consenso en el seno de la Comisión Especial creada por el Poder Ejecutivo y que los partidos son fundamentales para construir ese gran acuerdo.

Firmado:

ADOTRASOP

Asociación Comunitaria Acción por el Progreso (ACOPRO)

Asociación de Junta de Vecinos Zona Suroeste (AJUVESADO)

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Asociación Pro Desarrollo Guaricanos (APRODEGUA)

Centro Antonio Montesino

Centro Aquelarre

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Sj.

Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)

Centro de Investigaciones Económicas para el Caribe (CIECA)

Centro de Planificación y Apoyo Ecuménica (CEPAE)

Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

Centro Poveda

CEPROS

Colectivo Mujer y Salud

Comité Para La Defensa de los Derechos Barriales

Confederación Evangélica Dominicana (CONEDO)

Coordinadora Animación Socio-Cultural (CASCO)

Coordinadora de ONGs del Area de la Mujer

Diálogo por la Reforma

Foro Ciudadano

Fundación Dominicana para la Promoción y Acción (PROPAS)

Iniciativa Caribeña

INTEC

Participación Ciudadana

Red Dominicana por el Desarrollo Social Participativo (SOCIALPART)

Sistema Nacional de Integración Comunitaria (SINADIC)

UVA

Participación Ciudadana informó que la República Dominicana obtuvo una puntuación de 3.1 sobre 10 en el Indice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental dedicada exclusivamente a la lucha anticorrupción, con representación en más de 80 países.

El Indice de Percepción de la Corrupción se basa en encuestas que se realizan entre empresarios, organizaciones, analistas de los países y público en general y su función principal es clasificar a los países respeto al grado de percepción de la corrupción. Se publica desde el año 1995.

Participación Ciudadana dio a conocer aquí los resultados correspondientes al año 2001, elaborado en base a datos de encuestas recogidas entre 1999 y 2001, en un boletín distribuido por su departamento de Comunicación..

Es la primera vez  que se incluye a República Dominicana en esta encuesta. La baja puntuación refleja que los fondos públicos no están siendo utilizados de manera transparentes y son desviados hacia intereses particulares .

El informe destaca que “el nuevo índice muestra una vez más el círculo vicioso de pobreza y corrupción, donde las personas pobres son las mayores víctimas de la corrupción”.

El índice de Percepción de la Corrupción pretende ser una advertencia con relación a los retos que tiene la comunidad internacional, ya que a través de este se evidencia que la corrupción sigue siendo frecuente en muchos de nuestros países.

Este año fueron clasificados 91 países. Finlandia, Dinamarca y Singapur, entre otras naciones, obtuvieron una puntuación de nueve o más sobre una máxima de 10, lo que  indica niveles bajos de corrupción.

Los resultados  de esta encuesta deben dar la voz de alerta a la sociedad dominicana, que debe emprender acciones conducentes a aminorar esta situación, por lo que temas como el anteproyecto de ley de licitaciones públicas deben ser prioritarios en la agenda legislativa.

Participación Ciudadana  presentará a la Cámara de Diputados una lista de doce candidatos (as), compuesta por personalidades de reconocida solvencia moral, profesional  y con una trayectoria de defensa de los derechos ciudadanos, para asumir la función de Defensor(a) del Pueblo y/o formar parte del equipo que va acompañar a este titular.

Los candidatos a defensor del pueblo propuestos por Participación Ciudadana son: Mu-Kien A. Sang, Aura Celeste Fernández, Flavio Dario Espinal, Lourdes Contreras, Guarocuya Batista del Villar, Iraima Capriles, Luis Scheker Ortíz, Juan Pablo Acosta, Carmen Imbert Brugal, Guillermo Moreno, Rossina de la Cruz Alvarado y  Ramón Antonio Veras.

El movimiento cívico propone estas personalidades para la defensoría del Pueblo por su larga trayectoria profesional y el reconocimiento de su trabajo en los diferentes sectores de la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana solicita a los legisladores, tomar en cuenta los candidatos propuestos a la defensoría del pueblo, ya que los mismos garantizarían con su trabajo, el respeto a los derechos personales y colectivos de la ciudadanía, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.

Reiteró PC, que el Congreso Nacional tiene el compromiso de escoger un Defensor del pueblo realmente independiente, con un nivel de credibilidad y respeto en la población,  que le permita tener la suficiente autoridad para poder proteger al ciudadano común de las actuaciones inadecuadas o violatorias por parte de funcionarios del gobierno o empresas privadas que ofrecen servicios públicos.

Finalmente, dijo que con la selección del Defensor del Pueblo, se dará un importante paso de avance en la constitución y consolidación de un real Estado de Derecho en la República Dominicana.

DEFENSOR/A DEL PUEBLO

 LISTA DE CANDIDATOS/AS

Participación Ciudadana

Participación Ciudadana felicita la importante iniciativa de la  Cámara de Diputados, de convocar públicamente  a  todas  las  organizaciones  y ciudadanos/as a que presenten candidatos/as para la función de  Defensor del Pueblo, instituida en nuestro ordenamiento jurídico  mediante la ley 19-01.

La elección, por concurso público, de la terna que los diputados/as deberán presentar al Senado, se constituye en un interesante ejercicio  de participación y transparencia, que  contribuirá con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

El Defensor del Pueblo tienen como objetivo fundamental salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los/as ciudadanos/as, en caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública.

Es de su competencia:

1. a)    Vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
2. b)    Promover y divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. c)    Organizar y dirigir la Defensoría del Pueblo.
4. d)    Orientar e instruir a las personas sobre el ejercicio y la defensa de sus derechos.
5. e)    Rendir informe al Congreso Nacional sobre el cumplimiento de sus funciones.

Como lo expresa el perfil dado a conocer públicamente por la Cámara de Diputados, el pasado 14 de mayo,  entre los requisitos para  ser  Defensor  del  Pueblo  se encuentran:

1. a)    Ser  dominicano  de  nacimiento  u  origen.
2. b)    Ser mayor de treinta (30) años.
3. c)    Reconocida solvencia moral y profesional.
4. d)    No poseer  filiación  partidaria  comprobada.
5. e)    Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
6. f)      No  haber  sido  condenado a penas aflictivas e infamantes.
7. g)    No  tener  parentesco  en  tercer  grado  de  consanguinidad  con  los  responsables  directos de la selección.
8. h)    Tener conocimiento de la gestión gubernamental.

Participación  Ciudadana  entiende  que,  en un  acontecimiento  tan  trascendente  para  nuestra  vida  democrática, la  sociedad  civil  debe  desempeñar un  rol  proactivo,  propósitivo  y  de  vigilancia,  de  forma  tal  que  la  elección de este funcionario, represente  el  interés  general  de  la  ciudadanía  de  salvaguardar  los  derechos  ciudadanos.

El Defensor del Pueblo constituye una autoridad independiente, cuya característica debe ser la neutralidad, la no pertenencia a partidos políticos, ni la participación en actividades partidarias. En  tal  sentido, motivamos a las distintas organizaciones sociales, religiosas, no gubernamentales, empresariales, de mujeres, etc., para que en el transcurso de esta semana presenten formalmente, ante la Cámara de Diputados, candidatos y candidatas a Defensor/a del Pueblo, sus suplentes (2) y Adjuntos (5), que reúnan las condiciones anteriormente señaladas.

A un año y una semana de las elecciones Congresionales y Municipales, el Movimiento Participación Ciudadana expresa su disposición de colaborar con la Junta Central Electoral para el proceso educativo que conllevara la implantación del nuevo sistema electoral basado en circunscripciones.

Al mismo tiempo solicitamos a los honorables jueces electorales que pongan plenamente en vigencia las circunscripciones electorales, cuya esencia es dar oportunidad a la ciudadanía para que pueda escoger sus representantes en todos los niveles electivos, desde senador y diputados, hasta síndico y regidores.

Al efecto, hemos celebrado el amplio consenso predominante entre los partidos de que la boleta electoral debe ser desbloqueada de manera que los electores marquen el diputado y regidor de su preferencia. También que debe votarse por el senador separado de los diputados y para el síndico separado de los regidores.

El voto debe ser válido desde que exprese la preferencia partidaria, quedando a opción del ciudadano la expresión de la preferencia por diputado y regidor. Pero aquellos votos que no expresen preferencia, de ninguna forma deben ser atribuidos a cualquiera de los candidatos de la lista.

La propuesta, barajada en algunos sectores políticos, de hacer depositario a alguno de los candidatos de los votos que no expresen preferencia por diputado y regidor, debe ser rechazada porque podría vulnerar la voluntad ciudadana.

Para evitar confusiones o que se pretenda el mantenimiento de un orden de preferencia en la boleta, favorecemos que los candidatos sean situados por estricto orden alfabético, que además es la expresión universal de neutralidad.

Estas consideraciones son fruto de un largo proceso de consideraciones sobre las experiencias internacionales en materia de circunscripciones electorales, que concluyó la celebración de seminarios con la participación de expertos de diversos países.

Con ellas creemos recoger un amplio consenso entre los participantes nacionales, incluyendo relevantemente a los dirigentes políticos, legisladores, y expertos electorales.

Creemos firmemente que las circunscripciones electorales, con elección separada, boleta desbloqueada y voto preferencial redundará en una mejor representación congresional y municipal y contribuirá al acercamiento entre el sistema político partidario y la ciudadanía. Favorecerá la rendición de cuentas y el compromiso de los representantes con sus electores.

Todo ello se revertirá en un nuevo paso de avance de la democracia dominicana, al eliminar impurezas derivadas de las ambiciones y la debilidad del sistema de selección de los candidatos.

El Comité Coordinador de Participación Ciudadana acude hoy ante la Junta Central Electoral para expresarle su decidida colaboración en el proceso educativo que conllevará el nuevo sistema de votación para los congresistas y autoridades municipales.