Rechazamos la modificación a la Constitución que pretende realizar un grupo de legisladores, a pesar del compromiso de todos los partidos políticos de colaborar para que sea una Asamblea Constituyente electa exclusivamente para esos fines la que asuma la responsabilidad de reformar nuestra carta magna.

Ese grupo de congresistas tiene la intención no sólo de secuestrar nuevamente el poder judicial, sino de dar un golpe de estado constitucional extendiendo el período legislativo actual por dos años más.
Una reforma constitucional de espalda al sentir nacional podrá ser formalmente legal, pero carecerá absolutamente de legitimidad.

Desde el mismo momento en que de manera sorpresiva se aprobó en el Senado de la República el Proyecto de Ley de reforma constitucional, advertimos que detrás de ella se ocultaba la intención de revertir el proceso de reforma judicial que desde hace más de tres años se desarrolla en nuestro país.

Resultaba sumamente sospechoso que a pesar de que en la reforma constitucional de 1994 ya se había introducido el concepto de "inamovilidad de los jueces" , ahora en el proyecto de ley de reforma se señalara como uno de sus objetivos "establecer la inamovilidad de los jueces", es decir, establecer lo ya establecido.

Por fin, el viernes 2 de febrero del año en curso, el Senador Dario Gómez (PRD-Santiago Rodríguez) confesó las intenciones que habíamos leído entre líneas, pues en una comparecencia a un programa de televisión admitió que la idea consistía en reformar la constitución para establecer que los jueces del país durarían en sus funciones ocho años, al cabo de los cuales serían ratificados o sustituidos.

En los últimos días crecen los rumores de que los diputados, a espaldas del sentir ciudadano, pretenden aprobar el proyecto de ley, por lo que nos vemos en la necesidad de advertir las consecuencias nefastas que traerían una reforma de esta naturaleza sobre el Poder Judicial.

La inamovilidad de los jueces fue consagrada en el párrafo III del Artículo 63 de la Constitución, con la finalidad de darle sentido al concepto de carrera judicial también introducido en el párrafo I del mismo artículo 63.

Cualquier carrera, incluyendo la militar, queda desvirtuada desde el momento en que se establece un plazo o período para el ejercicio de las funciones.

Por esta razón, cuando a la Asamblea Revisora de 1994 se le propuso fijar un plazo de ocho años a la función de los jueces se señaló en la misma que se "… ha hablado de un plazo para la Suprema Corte de Justicia, pero eso está concebido como un Poder Judicial inamovible y de carácter permanente….que aquí se está planteando la inamovilidad de los jueces, lo que es muy importante porque ello se corresponde con el principio de la carrera judicial".

Por esa razón la Asamblea Revisora consideró "….improcedente esta propuesta ya que no se puede decir que vamos a elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia por ocho años, porque hace un rato que aquí aprobamos el Consejo Nacional de la Magistratura y se estableció que los jueces son inamovibles." Así consta en el acta de la Asamblea Revisora de la Constitución de 1994.

A pesar de haberse discutido y descartado en la Asamblea Revisora de 1994, ahora se pretende volver a plantear la eliminación de la inamovilidad de los jueces con el establecimiento de un plazo para el ejercicio de la función, lo que entrañaría la eliminación de la carrera judicial.

Lo que se encuentra en juego no es otra cosa que la independencia del Poder Judicial, pues cuando todos los jueces para ser ratificados en sus funciones para un nuevo período dependan de si siguieron correctamente las instrucciones recibidas, retornaremos al sistema anterior que prohijó la corrupción y llevó al Poder Judicial al más absoluto descrédito.

Los jueces de la Suprema Corte tendrían que evitar molestar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los partidos políticos sí desean que el Consejo Nacional de la Magistratura los confirme luego de vencido el período para el cual sean designados. En esas condiciones ¿podrá la Suprema declarar inconstitucional un decreto o una ley?

Con respecto a los demás jueces del país, perderán su independencia a lo interno del Poder Judicial, y estarán sujetos a la buena fe o no de aquellos que los designan, es decir de la Suprema Corte de Justicia. La mayor parte de los jueces, deseosos de conservar sus posiciones, estarán constantemente siguiendo las señas de sus superiores, para evitar ser desplazados al vencimiento de su período.

Por el contrario, de mantenerse el sistema de inamovilidad que rige actualmente, ahora provisto de un buen reglamento de carrera judicial, los jueces tienen sus posiciones seguras mientras se desempeñen con honradez y eficiencia y hasta la edad de retiro obligatorio y nadie fuera de estos casos puede desplazarlos de sus posiciones, asegurando de esta manera su completa independencia.

La Suprema Corte de Justicia habrá de invertir en el futuro inmediato cuantiosos recursos económicos en la capacitación de los jueces. De qué servirá si luego de capacitados, son removidos y sustituidos por personal no entrenado, como acaba de acontecer con el ministerio público, desprovisto de carrera y por tanto de protección.

Por la Coalición por una Justicia Independiente

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Participación Ciudadana
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Asociación Nacional de Abogados Empresariales (ADAE)
Centro de Estudios Padre Juan Montalvo
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Centro de Investigación y Asesoría Legal (CEDAIL)

Participación Ciudadana, el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo S.J., el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto Nacional de Salud (INSALUD), el Centro Poveda y numerosas organizaciones sociales de todo el país hemos concertado un acuerdo para hacer avanzar la descentralización en sectores claves como son la educación, la salud, la municipalidad y el marco legal institucional.

Estas líneas de acción cuentan con el respaldo de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo Inmediato a la Reforma del Estado (PAIRE), que tiene como contraparte nacional a la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME).

Desde finales del año pasado, nuestras organizaciones están realizando investigaciones en las diferentes áreas que servirán de base para diseñar una estrategia de la sociedad civil para impulsar de forma inmediata el proceso de descentralización del Estado dominicano.

La iniciativa que presentamos se encamina a buscar que una buena parte de la sociedad civil se incline por retomar los esfuerzos ya existentes e impulsar áreas estratégicas para la descentralización, conscientes de que es necesario obtener resultados tangibles a corto o mediano plazo.

Además, se está efectuando un registro de experiencias de descentralización y de desarrollo local a nivel municipal que se hayan llevado a cabo en el país con la participación de organizaciones y de la comunidad.

Para la elaboración de una estrategia y un plan de la sociedad civil sobre la descentralización, se celebrarán en febrero encuentros en el sector salud, educación, municipalidad y legal institucional, y un encuentro general, que reunirán a expertos y organizaciones, con el propósito de impactar en los puntos que puedan acelerar en el país el proceso de descentralización.

Es nuestro propósito ser catalizadores de lo existente y caminar hacia una dinamización de los procesos de descentralización desde la sociedad civil y en alianza con todos los sectores que deseen un país mejor planificado, más equitativo y con políticas más justas y sustentables.

Con la descentralización buscamos fomentar un equilibrio entre las aspiraciones ciudadanas y las ofertas del actual sistema político dominicano. Queremos decir que las relaciones y participación en los asuntos del Estado tienen que abrirse a la intervención de los diversos sectores de la sociedad, de modo que trascienda el marco exclusivo de participación de los partidos políticos, lo cual podría estar contribuyendo con el atraso político y social en los planos locales y regionales.

La descentralización de los servicios básicos dentro del sistema de salud, educación y la municipalidad necesariamente se traducirá en ventajas expresadas en más eficiencia, eficacia y gestión participativa de la ciudadanía, siendo esta última la expresión de legitimidad de nuestra democracia.

Para lograr que esta propuesta sea operativamente viable hemos distribuido responsabilidades por áreas según instituciones. Participación Ciudadana y el Centro Juan Montalvo asumirán el compromiso de impulsar la descentralización en el ámbito municipal, el Centro Poveda en educación, el CUEPS en el plano legal-institucional e INSALUD la descentralización en el sistema de salud.

Por último queremos informar a la opinión pública nacional que se está conformando una Red de la Sociedad Civil en Apoyo a la Descentralización con organizaciones de carácter territorial como son las juntas de vecinos, asociaciones y federaciones de campesinos, comités y patronatos de desarrollo, ONGs locales, asociaciones de mujeres, centros de madres, clubes de servicios, deportivos y culturales, comités de salud, grupos ecológicos, organizaciones religiosas, sociedades de padres, madres y amigos de la Escuela, entre otras.

Estas organizaciones por su estrecha vinculación al territorio y a los pobladores, son actores determinantes para motorizar la descentralización del Estado, el fortalecimiento del municipio y el desarrollo local.

Desde septiembre a diciembre, esta Red en formación ha efectuado dos encuentros nacionales, 17 encuentros provinciales, municipales y zonales, y numerosas reuniones organizativas en diferentes localidades, en los cuales se ha discutido el documento fundacional de esta Red, el decreto presidencial 685 y los proyectos de leyes relacionados con la descentralización. En la actualidad, más de trescientas organizaciones de base y de segundo nivel están incorporadas a esta Red en apoyo a la descentralización.

Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS)

Participación Ciudadana

Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, S.J.

Centro Poveda

Instituto Nacional de Salud (INSALUD)

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Apoyo a la Descentralización.

Frente a la reiterada propuesta del Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, en el sentido de que serían absueltas de cualquier responsabilidad penal las personas que habiendo obtenido maliciosamente fondos públicos y los devolvieran, Participación Ciudadana expresa lo siguiente:

1. Esa misma postura, fuera de toda consideración jurídica, fue asumida por el doctor Abel Rodríguez Del Orbe, procurador general de la República en los primeros años de la anterior administración en torno al bochornoso expediente de Bahía de las Aguilas.

2. El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), en la actual administración, dictaminó que la sola devolución de RD$600,000.00 por parte del anterior director, Doctor Sabino Báez, exoneraba a ese ex funcionario de rendir cuenta por haber utilizado recursos públicos para actividades privadas y personales, lo que constituye una violación de la legislación vigente en sanción a uso ilícito de dinero del Estado.

3. El Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, dijo a los medios de comunicación la pasada semana que si los ex funcionarios enjuiciados por el caso PEME devolvían los RD$1,458.4 millones de pesos envueltos en esa operación serían eximidos de responder penalmente por sus acciones. Iguales consideraciones ha habido en torno al expediente de sobrevaloración de la carretera San Juan de la Maguana-Vallejuelo.

4. Esta postura del Procurador General de la República es contraria a la ley y abre la puerta a que en el ámbito burocrático se generalice la idea de que robar al Estado es fácil y que las sanciones pudieran evitarse con procedimientos como los señalados

5. Participación Ciudadana llama la atención del procurador general de la República, para que sea revisado el contenido de los artículos 171 y 172 del Código Penal, cuyos textos no dejan lugar a dudas en relación al procedimiento que debe seguirse con las personas dispuestas a devolver el resultado de robo contra el Estado.

6. "Art. 171.- La apropiación por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministros o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco".

7. "Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convicto de desfalco, de conformidad por lo dispuesto en los artículos anteriores, será castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso en la justicia, se reparase en cualquier forma el daño causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena será la de no menos de un año de prisión correccional y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años".

8. La política de persecución y sanción de la corrupción, pasada y presente, debe tener indicios bien claros de la administración pública presente, y en especial del Ministerio Público, para que la sociedad pueda ser realmente resarcida, sancionados los responsables de corrupción, y recuperados en parte o todos los bienes y dineros que les han sido enajenados al pueblo dominicano.

9. Política expresa y reiterada por el doctor Virgilio Bello Rosa, de exonerar de responsabilidad a quienes devuelvan lo robado, no contribuye al saneamiento del Estado ni es un buen ejemplo para reducir a su mínima expresión la corrupción en la administración pública, propósito que tiene este gobierno, de acuerdo con lo expresado por el presidente Hipólito Mejía.

Participación Ciudadana fue seleccionada esta semana para coordinar una de las comisiones de trabajo que elabora los documentos sobre las temáticas de la sociedad civil que se tratarán en la Cumbre de las Américas.

Una delegación de la República Dominicana se encuentra en Miami, Estados Unidos, participando en la preparación de la cumbre. Además de varios representantes del gobierno dominicano, la comisión está integrada por la Licenciada Marina Hilario, encargada de Articulación de la Sociedad Civil, de Participación Ciudadana.

Al mismo tiempo el movimiento cívico puso en circulación un documento con las recomendaciones y sugerencias que harán las organizaciones de la sociedad civil del país a los jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas a celebrarse en Quebec, Canadá en abril próximo.

El documento trata los temas "Fortalecimiento de la Democracia", que se refiere a la lucha anticorrupción desarrollada por la sociedad civil, "Creando Prosperidad", sobre las microempresas dominicanas y "Realización del Capital Humano" que abarca la necesidad de buscar mayores oportunidades para la población. En la reunión participan representantes de 17 países, y por la República Dominicana fue seleccionada Participación Ciudadana para coordinar la comisión que trabajará la temática "Realización del Capital Humano".

Los planteamientos recogidos en "Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas: Experiencia de la República Dominicana" abogan por la aprobación de una nueva ley de Migración, incremento en el presupuesto destinado a la educación, así como la creación de la Fiscalía Anticorrupcción, entre otros puntos.

Participación Ciudadana dijo esperar que las iniciativas de la sociedad civil sean incluidas entre las recomendaciones y sugerencias que hará el gobierno dominicano en ese evento internacional.

En la cumbre además de Participación Ciudadana asistirán representantes del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Alianza ONGs, Foro Ciudadano, Centro de Investigaciones Económicas del Caribe (CIECA) y Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

La Reforma Judicial iniciada en 1996 sobre la base de la modificación constitucional de 1994, ha logrado hasta ahora éxitos importantes aún cuando todavía falta mucho por hacer. En lo que va de proceso ha sido notoria la ausencia del Colegio de Abogados de la República, a pesar de que estaba llamado a convertirse en uno de los principales soportes de la reforma.

En las últimas semanas son frecuentes los artículos de prensa, comentarios de radio, cartas a los medios de comunicación, denunciando las precarias condiciones institucionales del Colegio de Abogados.

Las elecciones celebradas por el Colegio en los últimos años han sido fuentes continuas de escándalos, impugnaciones, denuncias de fraude, e incluso han debilitado tanto su institucionalidad que le han llevado a tener dos directivas distintas para un mismo período.

En la base de esta situación de crisis se encuentra la lucha de los partidos políticos por controlar la dirección del Colegio. Los partidos mayoritarios han llevado sus pugnas al Colegio, convirtiéndolo en un instrumento político partidista y sustrayéndolo de su verdadera misión de velar por los intereses de los abogados, entre los que se encuentra lógicamente contribuir con el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Resulta muy elocuente que de más de veinticinco mil abogados, apenas dos mil acudan anualmente a votar en las elecciones del Colegio. La realidad es que los abogados han abandonado a la entidad que por ley les representa. La lucha política al interior del Colegio y la forma en que operan pequeños grupos de intereses han contribuido a desestimular el ánimo participativo de los abogados en su colegio.

Un Colegio de Abogados bien organizado, con una membresía integrada a sus actividades, independiente de los partidos políticos, es un excelente instrumento no sólo para crear mejores condiciones de ejercicio profesional para sus miembros, sino también para colaborar en la institucionalización del país.

Por esta razón resulta indispensable que el Colegio de Abogados asuma su verdadero papel y para ello se requiere que sus miembros asuman conciencia de que les corresponde rescatarlo del camino seguido hasta el momento, y para ello contarán seguramente con la colaboración de toda la sociedad.

La vía democrática e institucional es la única posible para iniciar los esfuerzos de recuperación del Colegio de Abogados, por lo que se requiere entonces crear las condiciones indispensables para la celebración de elecciones seguras que estimulen a todos los abogados a participar y convertirse en los principales actores de la revitalización del Colegio.

De acuerdo con los Estatutos del Colegio, las elecciones deben celebrarse el primer sábado de diciembre de cada año. Sin embargo, la situación imperante ha impedido el cumplimiento de este mandato.

Las elecciones han sido convocadas para el 17 de febrero, pero la mayoría de los abogados desconoce esta fecha y no se conocen esfuerzos para divulgarla ni mucho menos para estimular la participación de los abogados.

El Colegio de Abogados carece de un padrón electoral y cada año se recurre a una lista de miembros aparentemente al día en el pago de su cuota. Así se determina quiénes tienen derecho al voto, sin que exista una depuración sobre su condición o no de abogado con exequátur. Los expedientes de los miembros se encuentran en un lamentable estado de abandono que dificulta su depuración, la que resulta indispensable ante las constante denuncias de expedición de carnets a personas que no son abogados y que, incluso, han dado lugar a querellas penales que nunca han sido decididas por los tribunales.

Por todas las razones señaladas hacemos un llamado a la directiva y a todos los miembros del Colegio de Abogados para que todos juntos, con la colaboración de la sociedad, realicen los esfuerzos necesarios para recuperar la confianza pérdida por esa organización, y para ello sugerimos la celebración de una Asamblea Extraordinaria del Colegio que adopte las siguientes medidas:

a) Seleccionar una Comisión Electoral integrada por Jueces del país, previa autorización de la Suprema Corte de Justicia.
b) Ordenar la depuración de los miembros del Colegio y la confección de un padrón electoral confiable, bajo el control de la Comisión Electoral integrada por jueces.
c) Fijar una nueva fecha para las elecciones con el tiempo suficiente para que el trabajo de confección del padrón esté concluido.
d) Ordenar el inicio de una campaña que estimule a los miembros a inscribir planchas para participar en las elecciones y a acudir a las votaciones.
e) Solicitar a todos los partidos políticos no interferir en la campaña electoral del Colegio, en sus elecciones ni en su vida institucional.

Estamos convencidos de que con estas medidas se dará inicio a un proceso de rápida recuperación de una institución obligada a dignificar el ejercicio de la profesión, a mejorar las condiciones de vida de sus miembros, y a contribuir con la calidad de la justicia dominicana.

Por la Coalición por una Justicia Independiente

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Participación Ciudadana
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Centro de Estudios Padre Juan Montalvo
Asociación Nacional de Abogados Empresariales (ADAE)

Tertulia sobre

LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

Isidoro Santana será el expositor

Fecha: Jueves 1 de febrero

Hora: 6:00 de la tarde

Lugar: Local de Participación Ciudadana

Esperamos contar con la presencia de las personas de la dirección y del equipo técnico, de miembros y demás personas relacionadas.

· La Ley del Defensor del Pueblo es ya una realidad.
· Solicitamos que el proceso de selección de la persona sea transparente y participativo.
· El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública protegerá los derechos de la ciudadanía y fomentará la transparencia en la gestión pública.

1. El Defensor del Pueblo

El Senado de la República acaba de convertir en ley el proyecto que crea el Defensor del Pueblo, que como autoridad autónoma, neutral y no partidista tendrá como objetivo salvaguardar los derechos personales y colectivos de la ciudadanía en caso de que sean violados por funcionarios públicos, así como velar por el correcto funcionamiento de la administración pública.

Con la puesta en ejecución de esta ley la ciudadanía dispondrá de una instancia donde elevar sus quejas en todos aquellos aspectos relacionados con los derechos humanos, medio ambiente, asuntos de género y de niños, niñas y adolescentes, protección del consumidor, así como en cuanto al trato que dispense la administración pública a ciudadanos y ciudadanas.

Para que el Defensor del Pueblo pueda constituirse en un defensor de los derechos y en una autoridad verdaderamente independiente y sin militancia partidaria, resulta de primer orden que el proceso de su selección se realice de manera transparente y participativa.

Participación Ciudadana solicita que el proceso de selección de la terna por parte de la Cámara de Diputados permita que la ciudadanía pueda expresarse presentando candidaturas que formen parte de esa terna. Las vistas públicas podrían utilizarse como mecanismo para que los diputados puedan recibir las opiniones y propuestas de los diversos sectores.

2. El proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública

Por otro lado, el Senado aprobó y remitió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

De ser convertido en ley, como esperamos, este proyecto contribuiría notablemente a la creación de un ambiente de transparencia en la gestión pública al permitir que cualquier ciudadano pueda requerir y obtener de cualquier autoridad pública, informaciones relacionadas con sus actuaciones.

Es fundamental tener en cuenta que el acceso a la información pública crea condiciones favorables para la protección de los derechos de la ciudadanía y para la lucha contra la corrupción administrativa.

De esta manera la ciudadanía contaría con un recurso adicional al de los medios de comunicación para informarse de las actividades de los poderes del Estadoy los ayuntamientos, y podría participar de manera efectiva en la supervisión de la gestión pública.

Felicitamos a los congresistas por estas decisiones, al tiempo que les recordamos que para apoyar la lucha contra la corrupción es necesario que todos a un tiempo contribuyamos a agilizar iniciativas pendientes tales como: Etica del Servidor Público, Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, Lavado y Activos Provenientes de Actividades Criminales, Adquisiciones y Licitaciones Gubernamentales, Modificación de la Ley de Presupuesto y Modificación a la Ley de la Contraloría General de la República.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, informó este viernes que en la próxima semana  someterá un anteproyecto ante el Congreso Nacional, con el que buscan derogar la ley que otorga dos exoneraciones de vehículos a los legisladores durante su período congresual. Cabreja manifestó que el propósito de esta ley es erradicar este privilegio del que gozan los legisladores, y dijo que a raíz de una investigación que hizo Participación Ciudadana que el Estado ha dejado de percibir 1,000 millones pesos, por concepto de pago de impuestos por entrada de vehículos. Dijo que no se justifica que cada dos años un legislador  reciba una exoneración de un vehículo cuando está establecido que la vida útil de un vehículo es cinco años.

En el anteproyecto a presentar el vehículo que se le asigna al legislador corresponde al Estado dominicano,  y que cuando el legislador finalice su período, el vehículo debe volver al Estado.

También propondrán que el vehículo tenga un monto establecido y consideró que a raíz de que los legisladores están amparados en una ley que les otorga la facilidad de obtener exoneraciones la Dirección General de Impuestos Internos  no puede hacer nada, por lo que se considera necesario la derogación de la ley.