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Propuesta Para La Selección Del Defensor Del Pueblo

Participación Ciudadana considera una avance institucional y democrático la existencia legal de la figura del Defensor/a del Pueblo. Es una manera de garantizar la existencia de derechos adquiridos por ciudadanos y ciudadanas y que en la práctica no son reconocidos por funcionarios y servidores públicos.

Para que la figura del Defensor/a del Pueblo nazca con la suficiente autoridad y legitimidad frente a la sociedad, sugerimos el establecimiento de algunos mecanismos de consulta que permita a los señores legisladores escoger con criterios de eficiencia, independencia y capacidad a las personas que van a ocupar posiciones en este valioso instrumento jurídico.

De acuerdo con la ley, el Defensor/a del Pueblo constituye una autoridad independiente, cuya característica debe ser la neutralidad, la no pertenencia a partidos políticos, ni la obediencia a grupos particulares.

La ley requiere que las personas seleccionadas para conformar la Defensoría del Pueblo cumplan con una serie de condiciones, tales como poseer una reconocida solvencia moral y profesional, poseer amplios conocimientos de la Administración Pública y de la gestión gubernamental, así como conocimientos especializados sobre medio ambiente, asuntos de la mujer, de la niñez y la juventud, y del consumidor. Todos estos asuntos requieren de una evaluación profesional para determinar si los/as candidatos/as elegibles cumplen con los requisitos establecidos por la Ley.

Para poder realizar una selección objetiva que permita organizar la Defensoría del Pueblo con la mayor eficacia, que de cumplimiento a los objetivos que justificaron su creación, se hace necesario crear un mecanismo de selección transparente y participativo.

Ante la necesidad de elegir ocho personas que cumplan las mismas condiciones y que para cada una de las mismas la Cámara de Diputados pueda seleccionar una terna para su presentación al Senado de la República, nos permitimos presentar un esquema para el establecimiento de la metodología de selección:

1. Determinar el perfil de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Este perfil deberá ser diseñado teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley, incluyendo la preparación académica, los conocimientos técnicos especializados y la experiencia en asuntos de la administración pública y teniendo en cuenta características tales como liderazgo, honestidad, dinamismo, manejo de conflictos, responsabilidad y capacidad de análisis.

2. Establecer criterios profesionales y políticos de selección. Tener en cuenta que las personas que conformen la Defensoría del Pueblo aseguren el funcionamiento de los sistemas políticos envueltos, que estén en capacidad de vigilar el mantenimiento de un equilibrio que asegure el respeto al marco legal existente, mantenga un ambiente que permita el cumplimiento de los programas de comunicación, investigación y educación, el no partidismo y la capacidad moral que se requiere para cumplir con el objeto que le da origen.

3. Que la Cámara de Diputados designe un equipo de depuración y que el mismo se auxilie de una empresa especializada en selección de personal. Esto puede asegurar que se tomen en cuenta los criterios de selección establecidos en la ley.

4. Que al inicio del proceso de elección la Cámara de Diputados llame a concurso público, a través de los medios de comunicación, y que preseleccionados los candidatos, llame a vistas públicas para el conocimiento y debate sobre los mismos.

5. Publicación de la lista de candidatos preseleccionados en la primera depuración, con la finalidad de que la ciudadanía remita sus objeciones o apoyo. Deberá incluirse la fecha límite para recibir observaciones.

6. La comisión seleccionada analizará las observaciones recibidas, depurará los candidatos con sus motivaciones para ser presentado ante la Cámara de Diputados para la selección de las ternas.

7. El pleno selecciona y remite las ternas al Senado con las justificaciones correspondientes.

8. El Senado realiza su análisis final y selecciona los candidatos para las ocho posiciones disponibles.
Esperamos que los señores legisladores de ambas cámaras mantengan el espíritu participativo de la ley sobre Defensoría del Pueblo, y tengan a bien tomar en cuenta la presente sugerencia.

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Rechazamos La Reforma Constitucional De Espaldas A La Ciudadania

Las abajo firmantes, entidades de la sociedad civil, queremos expresar nuestro profundo rechazo al intento de sectores al interior del Congreso Nacional de modificar la Constitución de la República, sin contar con la ciudadanía en un acontecimiento de tanta importancia política y social.

Reiteramos que la vía más adecuada para reformar la constitución continúa siendo un proceso de discusión en el que se integre a la ciudadanía. Tal como afirma el artículo 2 de la Constitución, los verdaderos soberanos somos los ciudadanos. Al reclamar que la Constitución se reforme sólo después de un proceso de verdadera consulta y discusión pública, no estamos apelando a la buena voluntad de los legisladores, sino que hacemos uso de nuestros derechos constitucionales al reclamarles que cumplan con su obligación de ser representantes de los intereses y deseos de la ciudadanía.

La única reforma aceptable es la que establezca una Constituyente elegida por voto popular que esté diseñada para maximizar la integración de la ciudadanía al proceso de reforma, de espaldas a la ciudadanía no puede haber reforma constitucional.

1. Participación Ciudadana
2. Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS
3. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
4. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña(UNPHU)
5. Coalición por una Justicia Independiente
6. Instituto Nacional de Salud, INSALUD
7. Dialogo por la Reforma
8. Cámara de comercio y producción de Santo Domingo
9. Alianza ongs.
10. Fundación Siglo XXI
11. Foro Ciudadano
12. Centro de Estudios de Genero/INTEC
13. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA
14. Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.
15. Asociación de Empresas Industriales de Herrera.
16. Acción Callejera, INC
17. Foro Social de Puerto Plata.
18. Centro para la Democracia
19. FUNDELOSA
20. Apoyo al Anciano
21. Asociación Americana de Juristas.
22. Asociación Desarrollo Andes, INC.
23. Asociación para el progreso Incorporada, ACOPRO
24. Asociación de comerciantes de la calle el conde y ciudad colonial, INC
25. Casa Abierta
26. Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAE.
27. Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA
28. Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, CUDEM
29. Coord. de ongs del área de la mujer.
30. Comité de Salud Popular, COSALUD
31. Asociación de Bancos comerciales de la República Dominicana.
32. Programa de Desarrollo Provincia de Puerto Plata
33. Proyecto de Salud Mamá Malta Pto. Plata
34. Movimiento de mujeres Dominico/Haitianas, MUDHA
35. Asociación de Bancos de Desarrollo, INC
36. Asociación de comerciantes Industriales de Santiago, INC
37. Asociación de concesionarios de fabricantes de vehículos, INC
38. Academia de Profesores para la Paz (FUNDAPAZ)
39. Asociación de Empresas Inmobiliarias
40. Asociación de Empresas remedadoras de Divisas(ADEREDI)
41. Asociación de fabricantes de conservas del agro
42. Fundación Generación 2000
43. Asociación de fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carne, INC
44. Asociación de Hacendados y Agricultores
45. Asociación de Industria y Comercio de la Zona Oriental, INC
46. Junta de Vecinos del Caliche
47. Asociación de Industriales de la Región Norte, INC
48. Comunidad Eclesial de Base Luz y Esperanza, El Caliche de Cristo Rey
49. Asociación de fabricantes de productos p/El Cuidado e Higiene personal y del Hogar
50. Asociación Nacional de distribuidores de gas licuado y de petróleo, INC
51. Alfalit Dominicana
52. Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas de la República Dominicana
53. Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas,INC
54. Ciudad Alternativa
55. Asociación de las medianas y pequeñas empresas
56. Asociación de Navieros de la República Dominicana
57. Asociación de Productores de Ron
58. Centro Dominicano de Estudios de la Educación, CEDEE.
59. Asociación de representantes, agentes y productores farmacéuticos
60. Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones
61. Centro Cultural POVEDA
62. Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, INC
63. Instituto Dominicano de Desarrollo, IDDI
64. Asociación Dominicana de promotores y Constructores de Viviendas
65. Federación de mujeres en desarrollo de Guerra
66. Fundación Ecológica Rudolf Johan Gaube.
67. Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, INC
68. Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera
69. Asociación Dominicana de Empresas de Leasing, INC
70. Ce Mujer
71. Asociación Dominicana de Empresas Financieras
72. Centro Aquelarre
73. Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, INC
74. Asociación Dominicana de Exportadores, INC
75. Centro Antonio Montesinos, CEM
76. Asociación Dominicana de fabricantes de Cerveza
77. Centro de asesorías legales para la mujer ,CENSEL
78. Asociación Dominicana de Fabricantes de Pinturas Y afines ,INC
79. Bloque de organizaciones no gubernamentales, INC.
80. Casa de la Masculinidad.
81. Centro Dominicano de Asesorías y Asistencia Legal, CEDAIL
82. Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP
83. Coordinadora de animación Socio Cultural, CASCO
84. Escuela Nacional de Educación Cooperativista, Inc. ENECOOP
85. Fundación para la integración Social y educativa, FISOE
86. Fundación Dominicana para una Promoción y Acción Social, PROPAS
87. Organización para el Desarrollo de la Salud, ODESA
88. Asociación Tú, Mujer
89. Unión de Vecinos Activos. UVA
90. Equipo de Educación Popular y Comunitaria Alternativa, EPCA
91. Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Inc.
92. Asociación Dominicana de Igualas Medicas, Inc
93. Asociación Dominicana de Industrias Textiles
94. Asociación Dominicana de Mujeres empresarias, Inc.
95. Asociación Dominicana de productores de Leche, APROLECHE
96. Asociación Dominicana de Tenerías
97. Asociación Dominicana de Zonas Francas, Inc.
98. Asociación Interamericana de Hombres de Empresa, Inc.
99. Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, Inc.
100. Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Inc.
101. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc.
102. Asociación Nacional de Industriales de Harina, Inc.
103. Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas y Profesionales, Inc.
104. Asociación para el Desarrollo de Microempresas, Inc.
105. Bolsa de Valores de la República Dominicana
106. Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
107. Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana
108. Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago, Inc.
109. Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York, Inc.
110. Cámara de Comercio Dominico Japonesa
111. Cámara de Comercio Dominico Canadiense, Inc.
112. Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc.
113. Cámara de Comercio y Producción San Cristóbal, Inc.
114. Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, Inc.
115. Cámara Dominicana de la Construcción
116. Cámara Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa
117. Cámara Dominicana de la Salud, Inc.
118. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana
119. Cámara Nacional de la Energía, Inc.
120. Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Inc.
121. Confederación Patronal de la República Dominicana
122. Empresas Farmacéuticas de Investigación y Desarrollo, Inc.
123. Federación de Asociaciones de Plazas y Arterias Comerciales, Inc.
124. Federación de Cámaras Europeas de Comercio de la República Dominicana
125. Federación de Colonos Azucareros
126. Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, Inc.
127. Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este
128. Junta Agroempresarial Dominicana
129. Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados, Inc.

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Por El Desarrollo Y La Transparencia Del Ayuntamiento Del Distrito Nacional

"La Sala Vecinal", un espacio de coordinación de Juntas de Vecinos de zonas residenciales del Distrito Nacional, felicita al Síndico Juan de Dios Ventura por la destitución de varios funcionarios administrativos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Entiende la Sala Vecinal que la cancelación de Waldys Taveras, Rafael Nina y Manolo Muñoz es una señal positiva frente a las demandas de las organizaciones que luchan por más transparencia en la gestión de las actuales autoridades municipales.

Las Juntas de Vecinos de las zonas residenciales de Santo Domingo, dicen haber visto durante muchos años el estancamiento y la desaparición de sus reclamos en departamentos del Ayuntamiento como Planeamiento Urbano, la Consultoría Jurídica y la Secretaría de la Sala Capitular.

El cambio de estos funcionarios podría significar un paso de avance en el proceso de institucionalización del gobierno de la ciudad, por lo que además de felicitar al Síndico Ventura Soriano, solicitan que medidas reformadoras e institucionales alcancen los Tribunales municipales, a la Sala Capitular y el comportamiento de algunos regidores que muchas veces violan la ley municipal colocándose contrarios a la ciudadanía que los eligió.

La forma en que se han manejado los departamentos de Planeamiento Urbano, la Consultoría Jurídica y la Secretaría de la Sala Capitular han sido fuentes permanentes de conflictos con la ciudadanía, por lo que los cambios de funcionarios deben ir acompañados de medidas que transformen la gestión pública del Cabildo.

"Ha llegado el momento de reformar el Ayuntamiento del Distrito Nacional y nuestras organizaciones están en la disposición de respaldar esa reforma para hacerlo más transparente y efectivo", dijeron las organizaciones de la Sala Vecinal.

La entidad inició un proceso de observación, contactos y seguimiento a los nuevos funcionarios para tratar de fortalecer sus actividades y evitar los niveles de exclusión a que las comunidades han sido sometidas en experiencias anteriores.

Una gran agenda queda pendiente entre el Ayuntamiento y las Juntas de Vecinos de las Zonas Residenciales que esperan soluciones reales y el compromiso de los nuevos funcionarios para el impulso de un nuevo tipo de relación entre el ayuntamiento y la comunidad.
La nota está firmada por las siguientes organizaciones:

1. Junta de vecinos Altos de Arroyo Hondo, Los Pinos
2. Junta de vecinos Residencial Isabelita
3. Junta de vecinos Altos de Arroyo HondoII
4. Junta de vecinos San Gerónimo
5. Junta de vecinos Costa Brava
6. Junta de vecinos Cuesta Hermosa I
7. Junta de vecinos Mirador del Sur
8. Junta de vecinos Mirador del Sur, Los Maestros
9. Junta de vecinos Primaveral
10. Junta de vecinos Los Arroyos de Arroyo Hondo
11. Junta de vecinos Los Ríos
12. Junta de vecinos Los Cerros de Arroyo Hondo III
13. Junta de vecinos Lomas de Arroyo Hondo
14. Junta de vecinos Urbanización Fernández
15. Junta de vecinos Arroyo Hondo I
16. Junta de vecinos Carret. Sánchez Km. 7

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Tertulia sobre La selección del defensor del pueblo

Tertulia sobre

La selección del defensor del pueblo

Expositores:

Julio Cesar Valentín
(Diputado y abogado)

Francisco Alvarez Valdez
(De Participación Ciudadana y abogado)

Fecha: Miércoles 28 de febrero

Hora: 6:00 de la tarde

Lugar: Local de Participación Ciudadana

Esperamos contar con la presencia de las personas de la dirección y del equipo técnico, de miembros y demás personas relacionadas.

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Coalición Por Una Justicia Independiente

La Coalición por una Justicia Independiente felicita a todos los(as) jueces(zas) del país por la celebración del Segundo Congreso Nacional de Jueces que por primera vez se celebra con la presencia de testigos de la sociedad civil y luego de un amplio proceso de consulta ciudadana que abarcó a todos los Departamentos Judiciales de la República Dominicana.

Este evento es el espacio más propicio para renovar los votos de colaboración de todos los sectores interesados en contribuir a la institucionalización de nuestro país a través de la presencia de una justicia verdaderamente independiente y además eficiente.

La independencia a la que aspiramos implica la existencia de jueces que a la hora de conocer, estudiar y fallar sus casos, estén libres de toda influencia extraña a la finalidad de impartir justicia con apego a la ley, sin importar que estas influencias provengan del Estado, de los partidos políticos, de los empresarios, los sindicatos, de la sociedad civil organizada, de la ciudadanía y aún de jueces superiores.

La independencia a lo interno del Poder Judicial requiere la participación activa de todos los jueces, desde los Jueces de Paz hasta los de la Suprema Corte de Justicia. Una justicia independiente implica una justicia más democrática y participativa, convirtiendo a cada juez en vigilante del proceso y del cumplimiento de las leyes y reglamentos que norman la carrera judicial.

Sin embargo, la independencia a la que aspiramos no implica encerrar a los(as) magistrados(as) en burbujas de cristal para evitar contaminarlos, pues también deseamos una justicia más vinculada a la comunidad, sólo alcanzable a través de jueces(zas) vinculados y comprometidos con la sociedad, conscientes de la realidad social del país, que colaboren en mejorar los conocimientos de la ciudadanía sobre el sistema público de administración de justicia, que interpreten la ley con espíritu de justicia y conscientes de que la justicia no es otra cosa que un servicio que se ofrece a la ciudadanía y que por lo tanto son servidores de los ciudadanos.

En estos momentos en que la reforma se acerca a los cuatro años, la ciudadanía confía que se encuentre cercano ya el tiempo de una justicia más oportuna, de menos presos preventivos en las cárceles.

Es mucho lo que se ha avanzado en los últimos tres años, pero es todavía mayor el camino que queda por recorrer para lograr una justicia independiente y eficiente. Son muchos los peligros en el camino, pero son mayores la voluntades para recorrerlo exitosamente.

PARTICIPACION CIUDADANA
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA
ASOCIACION NACIONAL DE JOVENES EMPRESARIOS
ASOCIACION DOMINICANA DE ABOGADOS EMPRESARIALES
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES PADRE JUAN MONTALVO
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTA
CENTRO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES LEGALES (CEDAIL)

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Santiago Conmemora Aniversario Pc

El Comité Municipal de Participación Ciudadana en Santiago conmemoró el séptimo aniversario de su fundación, con un acto en el que fueron reconocidos los pasados coordinadores de la institución en el municipio y el periódico local La Información.

El acto se realizó el 25 de enero pasado en los salones de la Alianza Cibaeña Inc., y al mismo asistieron los miembros de Participación Ciudadana en Santiago, instituciones y personas amigas. Por el Consejo Nacional estuvieron presentes Melba Barnett, coordinadora general, Juan Bolívar Díaz y Teresa Hernández.

Les fueron entregadas placas de reconocimientos a Pengsien Rafael Sang, José Luis Taveras y Raúl Martínez pasados coordinadores del Comité Municipal de Participación Ciudadana en Santiago. El doctor Fernando Pérez Memén, director del periódico La Información recibió una placa de reconocimiento a nombre de ese diario.

En el acto hicieron uso de la palabra Ana Vásquez, coordinadora municipal, y Juan Bolívar Díaz, a nombre del Consejo Nacional, quienes se refirieron a la ardua labor que en beneficio de la democracia a desarrollado Participación Ciudadana en los siete años de existencia.

El Comité Municipal de participación Ciudadana en Santiago fue constituido el 26 de enero de 1994, siendo su primer coordinador Pengsien Rafael Sang.

El acto fue amenizado por el conjunto músico- vocal ILUMANTA, y al final fue ofrecido un brindis a todos los asistentes.

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Sobre la Reforma Constitucional

· Celebramos que los partidos mayoritarios hayan rechazado la reforma constitucional cocida al vapor por grupos de legisladores.

· Esperamos que el Presidente Hipólito Mejía asuma una posición definida al respecto y honre el compromiso perredeísta de amplia participación social y gobierno compartido.

Participación Ciudadana expresa su satisfacción por la decisión de los diputados de no repetir la celeridad del Senado de la República al aplazar para una próxima legislatura el conocimiento del proyecto de convocatoria a una reforma de la Constitución, y por su reconocimiento de que la misma debe conllevar una amplia consulta con toda la sociedad dominicana.

Insistimos en que mueve a justificadas suspicacias el afán de legisladores de ambas cámaras en promover una reforma constitucional sin guardar ni siquiera las consultas y búsqueda de consenso que hace tiempo es normal para cualquier proyecto de ley.

El firme rechazo expresado por dirigentes de los tres partidos mayoritarios a la forma en que se ha encaminado el proyecto de reforma constitucional debe traducirse en un aplazamiento por el tiempo necesario para que el propósito sea reorientado, mediante la consulta a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil.

Como los diputados han anunciado que no conocerán el proyecto aprobado por el Senado en la legislatura extraordinaria en curso, el mismo habrá de perimir al pasarle dos legislaturas consecutivas. Esa circunstancia favorecerá la reorientación de la iniciativa, al dejar sin efecto la apresurada aprobación senatorial.

Merece ponderación que la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, en su sesión del martes 6 de febrero, decidiera no sólo instruir a sus diputados para que rechazaran el proyecto aprobado por los senadores, sino también que la reforma debe hacerse a través de una asamblea constituyente.

Al hacer pública la decisión, el presidente del PRD, Hatuey de Camps, recordó que la asamblea constituyente fue enarbolada firmemente por el desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez y respaldada por el ahora Presidente de la República, Hipólito Mejía. Saludables son también las declaraciones de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) contrarias a la reforma constitucional precipitada.

Vale recordar que tal planteamiento se encuentra en varios de los programas de gobierno y en innumerables declaraciones de los principales líderes del PRD y del Partido de la Liberación Dominicana.

No ignoramos que el procedimiento de la asamblea constituyente no está previsto en la actual Constitución de la República, pero tenemos derecho a reclamar el cumplimiento de los programas y promesas empeñadas en las campañas electorales de las que surgieron los actuales legisladores y gobernantes.

Puede discutirse el mecanismo a seguir para la asamblea constituyente, que implicaría una reforma constitucional con el único objetivo de instituirla. En cualquier caso el sistema partidista tiene el compromiso y el deber de consultar al pleno de la sociedad para una reforma profunda, duradera y responsable, sobre todo ahora que no vivimos una crisis política.

La ponderación tiene que ser mayor si se trata de revocar cuestiones tan valoradas por la sociedad y tan vitales para la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de los poderes judicial, legislativo y municipal, como han sido la inamovilidad de los jueces y la separación de las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales.

Las circunstancias nos obligan a reiterar nuestro rechazo al propósito expresado por grupos de legisladores de autoprolongarse el período para el cual fueron electos, bajo el pretexto de volver a juntar en un mismo año las elecciones congresionales, municipales y presidenciales.

El Presidente Hipólito Mejía debe abandonar la posición de indiferencia en que se ha mantenido al respecto y asumir la responsabilidad que le concierne como dirigente de un partido históricamente comprometido con las reformas democráticas, con la participación y el gobierno compartido. Sobre esos planteamientos se reunieron los votos que lo invistieron como Presidente de la República.

La asamblea constituyente ha sido demandada en los últimos años por gran parte de las organizaciones de la sociedad civil, no para desconocer a los partidos políticos ni a los legisladores que elegimos, sino para ampliar el marco de nuestra democracia y para dotar al país de una Constitución que sea fruto del más amplio consenso político y social. No es para retornar al pasado de las minorías ilustradas, ni siquiera de distinguidos juristas, sino para avanzar al futuro de una democracia participativa, de todos y con todos.-

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La Contrareforma Constitucional Amenaza La Reforma Judicial

Rechazamos la modificación a la Constitución que pretende realizar un grupo de legisladores, a pesar del compromiso de todos los partidos políticos de colaborar para que sea una Asamblea Constituyente electa exclusivamente para esos fines la que asuma la responsabilidad de reformar nuestra carta magna.

Ese grupo de congresistas tiene la intención no sólo de secuestrar nuevamente el poder judicial, sino de dar un golpe de estado constitucional extendiendo el período legislativo actual por dos años más.
Una reforma constitucional de espalda al sentir nacional podrá ser formalmente legal, pero carecerá absolutamente de legitimidad.

Desde el mismo momento en que de manera sorpresiva se aprobó en el Senado de la República el Proyecto de Ley de reforma constitucional, advertimos que detrás de ella se ocultaba la intención de revertir el proceso de reforma judicial que desde hace más de tres años se desarrolla en nuestro país.

Resultaba sumamente sospechoso que a pesar de que en la reforma constitucional de 1994 ya se había introducido el concepto de "inamovilidad de los jueces" , ahora en el proyecto de ley de reforma se señalara como uno de sus objetivos "establecer la inamovilidad de los jueces", es decir, establecer lo ya establecido.

Por fin, el viernes 2 de febrero del año en curso, el Senador Dario Gómez (PRD-Santiago Rodríguez) confesó las intenciones que habíamos leído entre líneas, pues en una comparecencia a un programa de televisión admitió que la idea consistía en reformar la constitución para establecer que los jueces del país durarían en sus funciones ocho años, al cabo de los cuales serían ratificados o sustituidos.

En los últimos días crecen los rumores de que los diputados, a espaldas del sentir ciudadano, pretenden aprobar el proyecto de ley, por lo que nos vemos en la necesidad de advertir las consecuencias nefastas que traerían una reforma de esta naturaleza sobre el Poder Judicial.

La inamovilidad de los jueces fue consagrada en el párrafo III del Artículo 63 de la Constitución, con la finalidad de darle sentido al concepto de carrera judicial también introducido en el párrafo I del mismo artículo 63.

Cualquier carrera, incluyendo la militar, queda desvirtuada desde el momento en que se establece un plazo o período para el ejercicio de las funciones.

Por esta razón, cuando a la Asamblea Revisora de 1994 se le propuso fijar un plazo de ocho años a la función de los jueces se señaló en la misma que se "… ha hablado de un plazo para la Suprema Corte de Justicia, pero eso está concebido como un Poder Judicial inamovible y de carácter permanente….que aquí se está planteando la inamovilidad de los jueces, lo que es muy importante porque ello se corresponde con el principio de la carrera judicial".

Por esa razón la Asamblea Revisora consideró "….improcedente esta propuesta ya que no se puede decir que vamos a elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia por ocho años, porque hace un rato que aquí aprobamos el Consejo Nacional de la Magistratura y se estableció que los jueces son inamovibles." Así consta en el acta de la Asamblea Revisora de la Constitución de 1994.

A pesar de haberse discutido y descartado en la Asamblea Revisora de 1994, ahora se pretende volver a plantear la eliminación de la inamovilidad de los jueces con el establecimiento de un plazo para el ejercicio de la función, lo que entrañaría la eliminación de la carrera judicial.

Lo que se encuentra en juego no es otra cosa que la independencia del Poder Judicial, pues cuando todos los jueces para ser ratificados en sus funciones para un nuevo período dependan de si siguieron correctamente las instrucciones recibidas, retornaremos al sistema anterior que prohijó la corrupción y llevó al Poder Judicial al más absoluto descrédito.

Los jueces de la Suprema Corte tendrían que evitar molestar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los partidos políticos sí desean que el Consejo Nacional de la Magistratura los confirme luego de vencido el período para el cual sean designados. En esas condiciones ¿podrá la Suprema declarar inconstitucional un decreto o una ley?

Con respecto a los demás jueces del país, perderán su independencia a lo interno del Poder Judicial, y estarán sujetos a la buena fe o no de aquellos que los designan, es decir de la Suprema Corte de Justicia. La mayor parte de los jueces, deseosos de conservar sus posiciones, estarán constantemente siguiendo las señas de sus superiores, para evitar ser desplazados al vencimiento de su período.

Por el contrario, de mantenerse el sistema de inamovilidad que rige actualmente, ahora provisto de un buen reglamento de carrera judicial, los jueces tienen sus posiciones seguras mientras se desempeñen con honradez y eficiencia y hasta la edad de retiro obligatorio y nadie fuera de estos casos puede desplazarlos de sus posiciones, asegurando de esta manera su completa independencia.

La Suprema Corte de Justicia habrá de invertir en el futuro inmediato cuantiosos recursos económicos en la capacitación de los jueces. De qué servirá si luego de capacitados, son removidos y sustituidos por personal no entrenado, como acaba de acontecer con el ministerio público, desprovisto de carrera y por tanto de protección.

Por la Coalición por una Justicia Independiente

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Participación Ciudadana
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Asociación Nacional de Abogados Empresariales (ADAE)
Centro de Estudios Padre Juan Montalvo
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Centro de Investigación y Asesoría Legal (CEDAIL)

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Instituciones Y Organizaciones De La Sociedad Civil Impulsarán La Descentralización

Participación Ciudadana, el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo S.J., el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto Nacional de Salud (INSALUD), el Centro Poveda y numerosas organizaciones sociales de todo el país hemos concertado un acuerdo para hacer avanzar la descentralización en sectores claves como son la educación, la salud, la municipalidad y el marco legal institucional.

Estas líneas de acción cuentan con el respaldo de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo Inmediato a la Reforma del Estado (PAIRE), que tiene como contraparte nacional a la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME).

Desde finales del año pasado, nuestras organizaciones están realizando investigaciones en las diferentes áreas que servirán de base para diseñar una estrategia de la sociedad civil para impulsar de forma inmediata el proceso de descentralización del Estado dominicano.

La iniciativa que presentamos se encamina a buscar que una buena parte de la sociedad civil se incline por retomar los esfuerzos ya existentes e impulsar áreas estratégicas para la descentralización, conscientes de que es necesario obtener resultados tangibles a corto o mediano plazo.

Además, se está efectuando un registro de experiencias de descentralización y de desarrollo local a nivel municipal que se hayan llevado a cabo en el país con la participación de organizaciones y de la comunidad.

Para la elaboración de una estrategia y un plan de la sociedad civil sobre la descentralización, se celebrarán en febrero encuentros en el sector salud, educación, municipalidad y legal institucional, y un encuentro general, que reunirán a expertos y organizaciones, con el propósito de impactar en los puntos que puedan acelerar en el país el proceso de descentralización.

Es nuestro propósito ser catalizadores de lo existente y caminar hacia una dinamización de los procesos de descentralización desde la sociedad civil y en alianza con todos los sectores que deseen un país mejor planificado, más equitativo y con políticas más justas y sustentables.

Con la descentralización buscamos fomentar un equilibrio entre las aspiraciones ciudadanas y las ofertas del actual sistema político dominicano. Queremos decir que las relaciones y participación en los asuntos del Estado tienen que abrirse a la intervención de los diversos sectores de la sociedad, de modo que trascienda el marco exclusivo de participación de los partidos políticos, lo cual podría estar contribuyendo con el atraso político y social en los planos locales y regionales.

La descentralización de los servicios básicos dentro del sistema de salud, educación y la municipalidad necesariamente se traducirá en ventajas expresadas en más eficiencia, eficacia y gestión participativa de la ciudadanía, siendo esta última la expresión de legitimidad de nuestra democracia.

Para lograr que esta propuesta sea operativamente viable hemos distribuido responsabilidades por áreas según instituciones. Participación Ciudadana y el Centro Juan Montalvo asumirán el compromiso de impulsar la descentralización en el ámbito municipal, el Centro Poveda en educación, el CUEPS en el plano legal-institucional e INSALUD la descentralización en el sistema de salud.

Por último queremos informar a la opinión pública nacional que se está conformando una Red de la Sociedad Civil en Apoyo a la Descentralización con organizaciones de carácter territorial como son las juntas de vecinos, asociaciones y federaciones de campesinos, comités y patronatos de desarrollo, ONGs locales, asociaciones de mujeres, centros de madres, clubes de servicios, deportivos y culturales, comités de salud, grupos ecológicos, organizaciones religiosas, sociedades de padres, madres y amigos de la Escuela, entre otras.

Estas organizaciones por su estrecha vinculación al territorio y a los pobladores, son actores determinantes para motorizar la descentralización del Estado, el fortalecimiento del municipio y el desarrollo local.

Desde septiembre a diciembre, esta Red en formación ha efectuado dos encuentros nacionales, 17 encuentros provinciales, municipales y zonales, y numerosas reuniones organizativas en diferentes localidades, en los cuales se ha discutido el documento fundacional de esta Red, el decreto presidencial 685 y los proyectos de leyes relacionados con la descentralización. En la actualidad, más de trescientas organizaciones de base y de segundo nivel están incorporadas a esta Red en apoyo a la descentralización.

Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS)

Participación Ciudadana

Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, S.J.

Centro Poveda

Instituto Nacional de Salud (INSALUD)

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Apoyo a la Descentralización.

 

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PC en desacuerdo con el Procurador

Frente a la reiterada propuesta del Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, en el sentido de que serían absueltas de cualquier responsabilidad penal las personas que habiendo obtenido maliciosamente fondos públicos y los devolvieran, Participación Ciudadana expresa lo siguiente:

1. Esa misma postura, fuera de toda consideración jurídica, fue asumida por el doctor Abel Rodríguez Del Orbe, procurador general de la República en los primeros años de la anterior administración en torno al bochornoso expediente de Bahía de las Aguilas.

2. El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), en la actual administración, dictaminó que la sola devolución de RD$600,000.00 por parte del anterior director, Doctor Sabino Báez, exoneraba a ese ex funcionario de rendir cuenta por haber utilizado recursos públicos para actividades privadas y personales, lo que constituye una violación de la legislación vigente en sanción a uso ilícito de dinero del Estado.

3. El Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, dijo a los medios de comunicación la pasada semana que si los ex funcionarios enjuiciados por el caso PEME devolvían los RD$1,458.4 millones de pesos envueltos en esa operación serían eximidos de responder penalmente por sus acciones. Iguales consideraciones ha habido en torno al expediente de sobrevaloración de la carretera San Juan de la Maguana-Vallejuelo.

4. Esta postura del Procurador General de la República es contraria a la ley y abre la puerta a que en el ámbito burocrático se generalice la idea de que robar al Estado es fácil y que las sanciones pudieran evitarse con procedimientos como los señalados

5. Participación Ciudadana llama la atención del procurador general de la República, para que sea revisado el contenido de los artículos 171 y 172 del Código Penal, cuyos textos no dejan lugar a dudas en relación al procedimiento que debe seguirse con las personas dispuestas a devolver el resultado de robo contra el Estado.

6. "Art. 171.- La apropiación por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministros o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco".

7. "Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convicto de desfalco, de conformidad por lo dispuesto en los artículos anteriores, será castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso en la justicia, se reparase en cualquier forma el daño causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena será la de no menos de un año de prisión correccional y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años".

8. La política de persecución y sanción de la corrupción, pasada y presente, debe tener indicios bien claros de la administración pública presente, y en especial del Ministerio Público, para que la sociedad pueda ser realmente resarcida, sancionados los responsables de corrupción, y recuperados en parte o todos los bienes y dineros que les han sido enajenados al pueblo dominicano.

9. Política expresa y reiterada por el doctor Virgilio Bello Rosa, de exonerar de responsabilidad a quienes devuelvan lo robado, no contribuye al saneamiento del Estado ni es un buen ejemplo para reducir a su mínima expresión la corrupción en la administración pública, propósito que tiene este gobierno, de acuerdo con lo expresado por el presidente Hipólito Mejía.

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