Un adecuado manejo de la política macroeconómica, traducido en estabilidad, aparece como el logro más importante que puede exhibir la presente administración de gobierno, al pasar balance a su primer año de gestión. Entre los aspectos positivos vale señalar también ciertos niveles de apertura en la relación del gobierno con la sociedad civil y la promulgación de importantes leyes que habían estado estancadas en el Congreso Nacional, como son las de Seguridad Social, Defensoría del Pueblo, Electricidad, Salud y Educación.
En contraposición, se advierte una marcada incapacidad del gobierno para poner en funcionamiento el llamado “paquetazo social”, así como un acelerado endeudamiento a corto plazo, retroceso en la aplicación de la ley de carrera administrativa, continuación de la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras públicas y las muertes de civiles a manos de la Policía Nacional.
A grandes rasgos, el actual gobierno ha tenido que lidiar con tres tipos de problemas económicos:
Uno, que le llegó, con el cual ha tenido que convivir, pues no puede hacer nada para enfrentarlo: un contexto internacional gravemente adverso.
- Y un tercero que no encontró, sino que lo creó: un ambiente de falta de confianza en el presente e incertidumbre sobre el futuro.
El contexto de la economía mundial está actuando muy adversamente sobre el desempeño económico nacional. Por un lado, el precio de los combustibles se ha mantenido cerca de los 30 dólares el barril y la tendencia no indica que vaya a bajar en el corto plazo.
Por otro lado, el cambio negativo que se ha registrado en el crecimiento de la demanda mundial ha sido espectacular. Pasamos de una economía mundial con toda una década de fuerte crecimiento, a una súbita recesión, lo cual afecta los sectores de mayor empuje de la economía dominicana, como turismo y zonas francas, así como los ingresos por remesas y las exportaciones en general.
Particularmente, la caída de la economía de los Estados Unidos, que a pesar de realizar intentos por reanimarla no presenta logros visibles.
A su vez, las demás economías grandes de Europa afectan más a nuestro país que la moneda común europea, el euro, está muy devaluada, encareciendo para sus nacionales todos los costos en dólares, como son los viajes a la República Dominicana.
El actual gobierno heredó un fuerte problema macroeconómico. Por un lado, el gobierno anterior no había ajustado el precio interno de los combustibles a las nuevas condiciones externas, las recaudaciones fiscales habían caído, justamente en el momento en que el gobierno más estaba gastando para terminar las obras que tenía en ejecución. Se atrasaba el servicio de la deuda externa, se emitía dinero inorgánico y se acumulaban nuevas deudas internas.
En resumen, la sociedad como un todo estaba gastando más de lo que producía. Para postergar la inestabilidad que esto conllevaba, se usaban dos medios: uno, altas tasas de interés y reducción de las reservas monetarias que había disponibles. Estos medios eran sólo viables para un gobierno con un horizonte temporal muy corto, que podía jugar al tiempo, pero uno nuevo que comenzara no podía seguir ese juego, tenía que resolver rápidamente, pues cuando los agentes económicos percibieran que las reservas se estaban agotando, saldrían en busca de los pocos dólares que quedaran y la tasa de cambio se dispararía.
El actual gobierno actuó correctamente equilibrando las finanzas públicas. En un caso como el expuesto, la sociedad tiene que reducir su gasto global. El gobierno disminuyó su gasto en inversión (pudo haber reducido el corriente) y obligó al sector privado también a gastar menos cobrándole más impuestos. Ante una circunstancia así las empresas ven disminuir sus ventas y la actividad económica se resiente.
Ciertamente hay algunos importantes éxitos macroeconómicos que las autoridades pueden exhibir. La amenaza de inestabilidad ha sido conjurada. El déficit fiscal desapareció, y en esto el gobierno ha actuado con valentía, porque implica dejar de complacer peticiones de diversas índoles y cobrar más impuestos, todo lo cual es impopular. La tasa de cambio y los precios muestran estabilidad. Los bancos tienen ahora una gran liquidez y las tasas de interés han estado normalizándose.
El deterioro del entorno internacional iba a afectar irremisiblemente el desenvolvimiento de la economía nacional. Y el proceso de ajuste a que fue sometido el país también iba a restringir la actividad económica. Pero sorprende que el impacto ha sido más grande de lo que se esperaba. El PBI creció muy poco al final del año pasado y este año prácticamente no ha crecido. Esto parece obedecer a que el gobierno no ha logrado crear el adecuado clima de confianza en el futuro del país.
Por un lado, los funcionarios oficiales no proyectan la imagen de equipo, unido en pro de un propósito definido. La imagen que ha irradiado es de pesimismo, de no saber bien hacia dónde se dirige. Esta imagen se refuerza con la toma de decisiones sin mucho miramiento y de volatilidad en las medidas de política económica. Las suspicacias afectan también la credibilidad de las políticas públicas: a pesar de que las cifras del primer año muestran que el gobierno se ha manejado con mucha disciplina, los reclamos de empleos para los que hicieron campaña generan dudas de que el gobierno pueda mantener la disciplina en el gasto corriente.
También preocupa la política de endeudamiento, sobre todo con préstamos procedentes de fuentes privadas, que son bastante caros, pues se trata de instituciones que en lo único que piensan es en hacer negocios, independientemente de que el dinero se gaste bien o mal. Dentro del mismo, se destaca la muy discutida emisión de bonos soberanos por US$500 millones. Si bien se trata de la incursión del país en un mercado en el cual es poco conocido, para hacer una emisión tan cuantiosa el gobierno escogió el peor momento de la historia reciente.
Y como se trata de financiamientos que habrá que pagar en poco tiempo, alguna gente piensa que en breve se necesitarán más impuestos para pagar lo que se toma hoy, y todo esto genera mucha incertidumbre, sobre todo, entre aquellos que tienen que gastar su dinero hoy apostando a que van a sacar el beneficio en el futuro, los inversionistas
Una de las principales debilidades mostradas por la presente administración al arribar a su primer año de mandato ha sido, sin duda, su incapacidad para poner en funcionamiento una política social claramente definida. Ni siquiera ha podido poner en funcionamiento el conjunto de medidas destinadas a contrarrestar los efectos del denominado “paquetazo económico”.
La presión de la militancia del partido de gobierno por puestos públicos ha sido fuerte y como efecto directo del clientelismo político se nota un retroceso en áreas de la administración pública en las que se había avanzado, mientras se estanca la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa.
Lejos de aminorar, se ha mantenido la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras del Estado, y ha continuado en aumento el número de muertes de civiles a manos de la Policía Nacional .
Es justo reconocer que durante este período de gobierno se han producido ciertos niveles de avance en las relaciones Estado-sociedad civil, sobre todo en lo que respecta a la institucionalización de dichas relaciones.
El decreto que crea el Consejo Nacional de Seguimiento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, instancia mixta con participación del Estado y de la sociedad civil, y el que establece los Consejos de Desarrollo Regionales, Provinciales, Municipales y Sectoriales y que deben constituirse en un puntal importante para la descentralización, son pruebas de este avance.
También lo son el que establece el Consejo de Lucha Contra la Pobreza; el que instituye el gabinete social, y el que crea la Comisión Especial de Reforma Constitucional, de cuya matrícula una parte importante son personas e instituciones de la sociedad civil.
De igual forma se ha dado participación a la sociedad civil en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, que constituye un punto de avance en los procesos de rendición de cuentas que ha demandado la sociedad dominicana.
Se advierte, sin embargo, que estos decretos pudieran resultar coyunturales si no van acompañados de una definición de políticas y estrategias a mediano y largo plazo que incorpore temas relativos al papel del sector en el desarrollo nacional y su vinculación con los diferentes poderes del Estado.
Finalmente, aunque el gobierno comenzó con muchos ímpetus la denuncia de la corrupción y presentó un proyecto de ley para crear una fiscalía anticorrupción, el cual permanece engavetado, la percepción general es que el esfuerzo está en franca disminución; la falta de transparencia en las asignaciones de las obras públicas y en las compras, más algunos brotes públicos de irregularidades, hacen temer que el cáncer de la corrupción prosigue minando las emergías financieras que deberíamos invertir en el pago de algunas deudas sociales del Estado dominicano.
