El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifestó su rechazo a la convocatoria del Congreso Nacional para una reforma de la Constitución al vapor.

El coordinador general de participación Ciudadana, Ramón Tejada Holguín, recordó que la Constitución es lo que rige toda la ciudadanía y no puede ser que un Senado y una Cámara de Diputados que están a punto de concluir su período sean los que conozcan su modificación.

“Sorprende que sean sectores de un partido como el PRD, que se ha opuesto tradicionalmente a la reelección y que ha sido víctima del uso de los recursos del Estado para reelección, quienes ahora estén prohijando esa modificación”, dijo Tejada Holguín.

Recordó que la sociedad dominicana ha gastado una gran cantidad de energía en un proyecto, a través de una comisión nombrada por el presidente el año pasado y parecería que los resultados de ese ejercicio en que participaron los partidos mayoritarios fue echado a la basura.

Hubo acuerdo entre los partidos mayoritarios el año pasado para conocer cuatro puntos entre los que no estaba la reelección presidencial continua y que fue violado.

Tejada Holguín hizo un llamado a los partidos políticos a retomar ese acuerdo y pidió a los diputados que se abstengan de aprobar el proyecto de convocatoria.

Agregó que la aprobación de ese proyecto evidenciaría que estarían colocando los intereses particulares por encima de los de la nación.

El Coordinador General de Participación Ciudadana hizo un llamado a la sociedad civil y a todos los sectores a unirse para enfrentar ese desaguisado.

Participación Ciudadana mostró hoy preocupación por la forma en que la Policía Nacional ha venido enfrentando las protestas barriales de los últimos días, que han dejado un  saldo de cinco personas muertas en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

El coordinador general del movimiento cívico no partidista, Ramón Tejada Holguín, entiende que las actuaciones policiales deben ceñirse en todo momento al respeto de los derechos humanos.

Agregó que los logros que había exhibido el jefe de la Policía Nacional, mayor general Jaime Marte Martínez, al reducir el número de víctimas por intercambios de disparos, se han visto empañados con las recientes acciones.

En un documento distribuido por el departamento de Comunicación de Participación Ciudadana, Tejada Holguín señala como evidencia de lo indiscriminada que es la respuesta policial a las manifestaciones, el hecho de que la mayoría de las víctimas reportadas eran ajenas a las movilizaciones.

Considera que la Policía Nacional debe agotar todos los recursos posibles antes de llegar a los casos extremos del uso de armas de fuego.  “Independientemente del origen de las protestas, no podemos continuar con las prácticas de hacer ahora y averiguar después”, dijo el Coordinador General de Participación Ciudadana.

Sostuvo que la forma brutal e indiscriminada con que se ha actuado revela la necesidad de reformas substanciales dentro del cuerpo policial. “Deben existir diferencias muy marcadas entre la forma actual de combatir la delincuencia y la respuesta que debe dársele a las protestas y manifestaciones de los sectores más pobres”, dijo Tejada Holguín.

Hizo un llamado al jefe de la Policía Nacional para que se sancione a los culpables de los excesos como prueba de que no cuentan con el apoyo de esa jefatura.

• Respaldo a la distensión iniciada por el Presidente Mejía; es necesaria una amplia concertación y cierta tregua política.
• La persistente amenaza de reforma constitucional sin consenso sólo sirve para crear incertidumbre.
• Es urgente concertar un acuerdo nacional para combatir la pobreza y promover el desarrollo nacional, que incluya una agenda constitucional y legislativa.

El movimiento cívico Participación Ciudadana respalda los planteamientos en pro de la concertación y colaboración política formulados en los últimos días por el ciudadano presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, al tiempo que celebra los contactos con el líder reformista doctor Joaquín Balaguer y el encuentro con el ex presidente Leonel Fernández.

El compromiso presidencial de colaborar, sin ningún género de discriminación, con los síndicos electos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano es un hecho positivo que amerita ponderación y consecuencia.

Los contactos en los más altos niveles políticos deben proseguir  con determinación y voluntad de concertación para las tareas legislativas pendientes, la reforma constitucional y la gestión gubernamental.

Es imperativo crear un clima adecuado a la intercolaboración para que la atención nacional se concentre en la búsqueda de acuerdos que reduzcan las contradicciones y divergencias y para lograr cierta tregua política tras la larga y costosa campaña electoral.

Esa tregua debería extenderse siquiera hasta comienzo del próximo año, aplazándose el lanzamiento de precandidaturas para las elecciones presidenciales del 2004, que ya se anuncian en los medios de comunicación.

También hay que rechazar la persistente amenaza de algunos legisladores de ejecutar una reforma constitucional sin consenso, algo que se ha evidenciado como carente de viabilidad y que sólo ha servido para crear incertidumbres.

La madurez del liderazgo político nacional debe evitar una repetición de los enfrentamientos del pasado, dando paso a una elección por consenso de los jueces electorales, del comité ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana y de los bufetes directivos de las cámaras legislativas, tomando en cuenta tanto a las mayorías como a las minorías.

Tomamos la palabra al Presidente Mejía en el sentido de que debe dejarse al nuevo Congreso la tarea de reformar la Constitución, previa concertación que debe comenzar en el propio partido de gobierno, dividido al respecto, y abarcar a todas las fuerzas políticas y a las instituciones representativas de la sociedad civil.

Al respecto habría que retornar al Pacto para la Reforma Constitucional suscrito en septiembre del año pasado por los líderes de los partidos mayoritarios y el Presidente de la República como testigo.

El Congreso saliente carece ya de tiempo para lograr el necesario consenso y ejecutar ponderadamente las reformas que demanda el conjunto de la sociedad dominicana. Al asumir su responsabilidad, los nuevos legisladores estarán más comprometidos con la concertación y la ponderación que aquellos que se retiran.

También queremos reconocer la posición manifestada por el mandatario  de rechazo a la pretensión de algunos legisladores y dirigentes políticos de liquidar la inamovilidad de los jueces, uno de los avances más significativos de los últimos años en el proceso de institucionalidad democrática

En Participación Ciudadana creemos que la nación debe hacer un esfuerzo para concentrar su atención en las políticas sociales llamadas a combatir la pobreza, en la conclusión de una serie de reformas económicas y sociales largamente aplazadas y en la renovación de impulsos al desarrollo nacional.

Esperamos que la distensión dé paso a la convocatoria de un gran acuerdo nacional en el que participen las fuerzas políticas y los sectores sociales y económicos más representativos.

Así mismo creemos que antes de llegar a la mitad del período constitucional el gobierno debe renovar su esfuerzo por impulsar una serie de mecanismos y organismos que ha creado para promover la participación social en su gestión.

Participación Ciudadana llama a los diversos sectores políticos y sociales a pronunciarse en apoyo al clima de distensión y a la concertación política y social para que avancemos todos juntos a un gran encuentro por el desarrollo y el combate a la pobreza.-

Participación Ciudadana, como en cada uno de los procesos electorales celebrados desde hace seis años, ha seguido muy de cerca las recientes elecciones congresuales y municipales, incluyendo las incidencias postelectorales.

En conferencia de prensa celebrada el pasado viernes 24 de mayo, evaluamos las dificultades del proceso electoral, haciendo énfasis en la poca capacidad acusada por una parte importante de los miembros que conformaron los colegios electorales, que permitió que muchas actas electorales estuviesen plagadas de errores, con el consecuente retraso en la entrega de los boletines electorales y las naturales suspicacias de una parte de  la ciudadanía.

Indicábamos, además, la necesidad de preservar a toda costa la confianza que legítimamente se han ganado las elecciones dominicanas y las autoridades electorales que han administrado los últimos cuatro comicios, de tal forma que han sido ejemplo de transparencia para la región. La confianza de la ciudadanía es el mayor activo con que cuentan las autoridades electorales, y los propios partidos políticos, para asegurar el éxito de futuras elecciones.

En tal sentido, reiteramos nuestra posición de que en los casos de denuncias que impliquen alteración intencional de actas de los colegios o de digitación, las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias, sin importar que pueda afectar o no los resultados preliminares.

Es responsabilidad de las juntas electorales y de la Junta Central Electoral (JCE), atender de manera satisfactoria las impugnaciones que les han sido presentadas por los partidos o candidatos en los diferentes municipios y/o circunscripciones electorales. En aquellos lugares donde las denuncias hayan sido debidamente sustentadas, la investigación debe incluir el cotejo de todas las actas de los colegios contra los formularios de resultados de colegios electorales validados.

Otra de las dificultades presentadas en las pasadas elecciones, tiene que ver con los hechos de violencia que cobraron la vida de varias personas tanto en Montecristi como en Jarabacoa. Condenamos enérgicamente estos hechos, y reiteramos nuestra demanda de que el ministerio público investigue y someta a la acción de la justicia a los responsables de la misma. La violencia y el terror no pueden ser jamás la forma de resolver los conflictos que se presenten en el marco de un proceso electoral.

En otro orden, es conocida la decisión de varias juntas electorales que, con el apoyo de los delegados de los partidos,  procedieron a la anulación de algunas actas que resultaban difíciles de descifrar. La anulación de las actas con irregularidades debe ser el último recurso posible, luego de haber agotado todos los medios para salvar el esfuerzo de la ciudadanía de acudir a las urnas para expresar su voluntad. Debe recurrirse, de ser necesario y posible, a la verificación de los votos físicos del colegio de que se trate. La anulación de las actas sin agotar todos los esfuerzos para salvarla, abre el camino para que en el futuro se utilice como estrategia la creación de incidentes que permitan invalidar por esta vía el voto ciudadano.

En torno al caso  de Santiago

En el caso concreto de Santiago hemos estado presentes en la Junta Municipal Electoral desde el día de las elecciones. El Coordinador General y otros directivos de nuestra organización visitaron la misma el sábado 18 y el lunes 20 de mayo con el propósito de recabar cualquier elemento que nos permitiera formar un juicio sobre los acontecimientos allí denunciados.

Ese mismo día depositamos en la Junta Municipal Electoral una solicitud en la cual reclamábamos la investigación exhaustiva de las denuncias. También reclamamos que se cotejaran todas las actas de la provincia completa contra los datos efectivamente digitados, y que este proceso se cumpliera con la presencia de los delegados de los partidos políticos y de los observadores que participaron en la jornada electoral.

La Junta Central Electoral acaba de evacuar su decisión sobre el caso de la senaduría de esta provincia, y con respecto a la misma Participación Ciudadana expresa su posición de la siguiente manera:

1.Los responsables de las irregularidades ya detectadas o las que se puedan detectar, deben ser objeto de las sanciones correspondientes, sobre todo en caso de que se pueda probar intención fraudulenta de  cualquiera de las partes.

2.Reconocemos el esfuerzo realizado por la JCE en la revisión de las actas del municipio de Santiago, aunque entendemos que hubiera sido conveniente que las actas cotejadas correspondieran a toda la provincia (integrada por siete municipios)   y no únicamente la del municipio cabecera, ya que lo que está en juego es una candidatura provincial y no municipal.

3.Lamentamos que el cotejo de las actas realizado por el pleno de la Junta Central Electoral en Santo Domingo se haya efectuado sin la  presencia de los representantes de los partidos políticos, lo que consideramos indispensable. Esto no puede subsanarse con la sola presencia de un observador de la sociedad civil, la cual es importante pero no suficiente, pues la presencia de los delegados de los partidos es indispensable.

4.Las autoridades electorales deben seguir actuando con la transparencia que siempre les ha caracterizado, y aun en ausencia de toda contención, de manera puramente administrativa, podrían organizar el cotejo de todas las actas de la provincia de Santiago, con la presencia de los partidos e incluso de los medios de comunicación, despejando así cualquier bruma que se pretenda esparcir sobre la pulcritud del proceso electoral.

Asimismo, llamamos a los partidos políticos y sus candidatos a actuar con absoluta responsabilidad, y no utilizar su derecho a la impugnación o la denuncia excepto que posean, como en el caso de Santiago, por lo menos indicios que permitan apreciar la seriedad de la denuncia.

Es importante recordar el esfuerzo realizado por las autoridades electorales en la organización de las elecciones del pasado 16 de mayo, que permitió, como describieron los observadores nacionales e internacionales, el desarrollo de una jornada electoral  satisfactoria. Las dificultades identificadas luego de iniciado el escrutinio se encuentran focalizadas en  lugares muy concretos del conocimiento de las autoridades y la ciudadanía. Resulta indispensable su cabal esclarecimiento para el bien de los futuros procesos electorales y de la democracia dominicana.

Participación Ciudadana ha luchado desde hace ocho años, junto a muchas organizaciones y ciudadanos conscientes, para que en este país se celebren elecciones limpias y transparentes, de las que salgan autoridades legítimas en las que el pueblo se sienta representado. Reiteramos a la población, en especial a nuestra membresía y voluntariado en todo el país, nuestro compromiso con la causa de la institucionalidad y la verdad. Todos debemos contribuir a fortalecer el sistema electoral. No podemos permitirnos el lujo de retroceder.

Ante los últimos acontecimientos relacionados con las recién efectuadas elecciones congresionales y municipales, Participación Ciudadana expresa su preocupación por las denuncias que han afectado dicho proceso, al tiempo que llama a los principales actores, incluyendo las autoridades electorales y los partidos políticos, a trabajar hasta haber despejado cualquier elemento que pueda afectar la credibilidad de los comicios

Debemos preservar a toda costa la confianza que legítimamente se han ganado las autoridades electorales que han administrado las últimas cuatro elecciones de tal forma que han sido ejemplo de transparencia para el continente.  La confianza de la ciudadanía es el mayor activo con que cuentan las autoridades electorales, y los propios partidos políticos, para asegurar el éxito de futuras elecciones.

En los casos de denuncias que impliquen alteración intencional de actas de votación o de digitación, las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias, sin importar que  pueda afectar o no los resultados preliminares. Y no se debe descansar hasta sancionar de manera rigurosa a los responsables de cualquier irregularidad que pueda ser documentada, por pequeña que sea.

En aquellas provincias o municipios afectados por las denuncias que hayan sido documentadas, la investigación debe incluir el cotejo de todas las actas de los colegios contra los formularios de Resultado de Colegios Electorales VALIDADOS. Este proceso debe estar rodeado de la más absoluta transparencia, incluyendo su supervisión  por los partidos políticos y observadores que laboraron en estas elecciones.

Estos comicios han revelado claramente deficiencia en la capacidad de los integrantes de los colegios electorales, lo que produjo una cantidad apreciable de errores en el llenado de las actas y los formularios con el subsecuente retraso en la emisión de los boletines con los resultados electorales.

Las autoridades electorales deben poner más atención en el reclutamiento y capacitación de este personal que, el día de las elecciones, tiene en sus manos el control del proceso.

Debe eliminarse la práctica de llenar las vacantes con personas reclutadas o sugeridas por los partidos políticos, ya que este mecanismo permite a los partidos manipular la selección de los miembros de mesas y colocar a personas allegadas.

Es importante recordar el esfuerzo realizado por las autoridades electorales en la organización de las elecciones del pasado 16 de mayo, que permitió, como describieron los observadores nacionales e internacionales, el desarrollo de una jornada electoral  satisfactoria, de la cual lamentamos los hechos de violencia que cobraron la vida de varias personas tanto en Montecristi como en  Jarabacoa. Es  responsabilidad del Ministerio Público investigar y someter a la acción de la justicia a los responsables de las mismas.

Las dificultades identificadas luego de iniciado el escrutinio se encuentran focalizadas en  lugares muy concretos del conocimiento de las autoridades y la ciudadanía. Resulta indispensable su cabal esclarecimiento para el bien de los futuros procesos electorales y de la democracia dominicana.

1. INTRODUCCIÓN:

Participación Ciudadana presenta  a la ciudadanía dominicana, así como a los medios de comunicación nacionales e internacionales, el primer informe de observación cualitativa de las elecciones congresionales y municipales que se están celebrando hoy en todo el territorio nacional.

Al igual que lo hicimos en el 1996, 1998 y 2000, en estas elecciones hemos organizado una red nacional de observadores,  en esta ocasión integrada por cerca de 7,000 voluntarios que cubren todos los centros de votación del país, apoyados en una estructura regional, municipal y local, reforzada por más de cien organizaciones sociales y comunitarias que, al igual que en las anteriores elecciones, se han integrado con nosotros  al proceso.

En nuestras oficinas de Santo Domingo, hemos instalado un centro de operaciones en el que trabaja todo nuestro personal técnico, el cual cuenta con el equipamiento de comunicación y cómputos para recibir y procesar de inmediato los reportes que recibimos de nuestros observadores y observadoras.

El Consejo Nacional y la Comisión Política de Participación Ciudadana se encuentran en sesión permanente, recibiendo y analizando las informaciones procesadas y verificadas por el equipo técnico.

Aunque tenemos observadores en todos los recintos de votación a nivel nacional, las informaciones contenidas en este informe proceden de una muestra aleatoria de 500 colegios electorales, diseñada conforme los más estrictos procedimientos estadísticos. Al elaborar este informe, teníamos procesado el 83% de la muestra.

La observación del proceso de votación en la tanda de la mañana se ha desarrollado con  normalidad y los reportes se han transmitido a tiempo. El equipo técnico de Participación Ciudadana ha procesado y evaluado las informaciones en nuestro Centro de Operaciones.

2. INSTALACIÓN DE LOS COLEGIOS ELECTORALES E INICIO DE INSCRIPCION.

Los reportes recibidos indican que los colegios electorales se instalaron en todos los lugares establecidos, aunque no con la puntualidad esperada. Sin embargo,  ya a las 6:30 de la mañana, el 78.5% de los  colegios habían  sido instalados. Esa proporción se elevó al 99.1% antes de las 7:30 a.m.

Cabe destacar que, en el 91.8% de los colegios, todos los miembros titulares  estuvieron presentes al momento de la instalación. En el restante 8.2% hubo que reclutar personas de la fila de votantes para llenar las vacantes.

Otro dato relevante del proceso de instalación fue que, en casi un 96% de los colegios había delegados de tres o más partidos.

Las informaciones preliminares que hemos recibido indican que la instalación de los colegios e inicio de las votaciones se realizó conforme a los reglamentos y de común acuerdo con los delegados de los partidos políticos.

En el 62.6% de los colegios se inicio la inscripción de las electoras entre las 6 y las 7 de la mañana y ya para las 8 se había iniciado en el 98.1% de los colegios.

A pesar de esas tardanzas, la inscripción y votación de las mujeres se produjo con normalidad. Nuestros observadores reportan un comportamiento cívico ejemplar de parte de las electoras, de los miembros de los colegios electorales y de los delegados de los partidos políticos.

Aunque en muchos recintos se observaron electoras que en principio no sabían ubicar su colegio de votación, una parte de ellas pudieron informarse en las listas de electores y electoras, en las vallas disponibles en los colegios o a través de los facilitadores de las Juntas Electorales designados para tal fin y por delegados de los partidos políticos que realizaron una activa labor de orientación.

Nuestros observadores reportaron que las vallas con las informaciones de los cambios de mesas estaban colocadas en la gran mayoría de los recintos electorales con cambios en la ubicación de las electoras.

La principal anomalía reportada por nuestros observadores fue la no aparición de electoras en el padrón electoral, presumiblemente por haber sido reubicadas. Eso ocurrió en el 19% de los colegios cubiertos por la muestra de Participación Ciudadana y la cantidad de excluidas representó aproximadamente el 2.8% de las electoras de esos colegios. Sin embargo, si se compara con el universo de electores, dicho porcentaje se reduce a un 0.65%, y es probable que muchas de ellas encontraran posteriormente su ubicación correcta.

3. INICIO DE VOTACIONES.

Las votaciones se iniciaron antes de las 9:30 de la mañana en el 72.9% de los colegios. Para las 10:00 a.m. se había iniciado la votación en el 97.6%. No se reportaron casos de colegios electorales que no iniciaran las votaciones.

Avanzada la votación de las mujeres, a media mañana, no se habían registrado incidentes de significación en la gran mayoría de los colegios.

4. CONCURRENCIA A LAS URNAS.

La tanda de la mañana contó con una asistencia que ha sido calificada como muy buenapor nuestros observadores.Miles de mujeres se presentaron desde temprano a los colegios de votación. Sin embargo, hasta este momento no contamos con la información que nos permita cuantificar el nivel de participación de la mañana. Las votantes han exhibido un comportamiento ejemplar y entusiasta, tal como ha ocurrido en los últimos procesos de votación.

5. AMBIENTE GENERAL E INCIDENTES.

Nuestros observadores itinerantes y la Unidad de Emergencia nos han reportado que existe en todo el país un ambiente de tranquilidad.

Hasta el momento de este informe no poseemos datos que nos permitan afirmar la existencia de patrones de irregularidad de ninguna naturaleza. Sin embargo, queremos resaltar algunos incidentes que deberán ser objeto de investigaciones posteriores.

1.       Nuestros observadores reportaron muy temprano en la mañana los incidentes ocurridos en la madrugada de hoy, antes del inicio del proceso electoral, en Castañuelas, Montecristi, con un balance lamentable de una persona fallecida por herida de bala y cuatro heridos.

2.       Nuestros observadores confirmaron la información del Presidente de la JCE en el sentido de que los hechos de persecución denunciados por el PLD el día de ayer, fueron controlados por el organismo electoral.

3.       Ponderamos como grave la información aparecida en la gráfica publicada en la edición del día de hoy del periódico Diario Libre, en la que señala como forma correcta de votar el marcado de todos los candidatos a diputados de un mismo partido. Cuando se marca más de un diputado, aunque el voto es válido para el partido y el senador, se invalida como voto preferencial. Esta información de primera plana pudo haber confundido a un número importante de votantes.

4.       El PRD utilizó la imagen del Dr. José Francisco Peña Gómez en sus credenciales para los delegados en las mesas de votación, lo que ocasionó protestas justificadas de los demás partidos.

No obstante, nuestra Unidad de Emergencia reportó algunos incidentes  aislados en la mañana de hoy, los cuales estamos investigando.

6. FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO.

Participación Ciudadana considera que la primera parte de la votación  se desarrolló con relativa normalidad,  con excepción de algunos pequeños incidentes  y algunos problemas de organización.

Nos complace felicitar a todos aquellos que han actuado con apego a las prácticas democráticas y a la normativa electoral, muy especialmente a las ciudadanas que una vez mas han pautado el ejemplo a seguir en el cumplimiento del deber cívico de acudir a votar en orden y con paciencia.

Tenemos la esperanza de que la votación de los hombres, y el escrutinio de los votos transcurra sin perturbaciones, corrigiendo las fallas de la mañana,  para poder alcanzar un final de la jornada exitoso.

Gratitud especial a los miles de voluntarios y voluntarias  que hacen posible la observación de estos comicios, los cuales han tenido que dedicar muchas horas de trabajo a su entrenamiento y a la realización misma de la tarea cívica; asimismo a las más de 100 organizaciones de la sociedad civil dominicana que han realizado una colaboración de primer orden en este proceso.

También agradecemos infinitamente la confianza depositada en nosotros por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales del Distrito Nacional y  de los municipios, los partidos políticos, las instituciones internacionales que nos respaldan, las entidades nacionales que se asociaron a este esfuerzo y a nuestros financiadores nacionales y extranjeros.

La observación nacional de las elecciones celebradas en el día de hoy permite concluir que asistimos a un mejoramiento del sistema electoral dominicano. En comparación con los comicios del año 2000, estos han registrado menor número de irregularidades, consideradas no relevantes y que de ninguna forma restan legitimidad ni éxito al proceso.

Un aspecto muy positivo fue la tranquilidad que reinó durante toda la jornada a pesar de  los hechos violentos que le precedieron en la provincia de Montecristi. La ciudadanía, incluyendo a los miembros y delegados de partidos políticos merecen reconocimiento por ello.

El principal obstáculo ha sido nuevamente el sistema de colegios electorales cerrados. Este siguió siendo uno de los factores que promueve la abstención de una parte importante de la ciudadanía, además de crear serios problemas de organización en todo el proceso de votación en los recintos y colegios.

Una vez más los ciudadanos y ciudadanas tuvieron que soportar de tres a cuatro horas para ejercer el sufragio, sometidos al calor, la exposición al sol y otras incomodidades.

La calidad de las elecciones dominicanas sigue mejorando, por lo que debemos congratular a la Junta Central Electoral y a la ciudadanía que respondió el llamado a las urnas.

A pesar de lo señalado se registraron dificultades entre las cuales resalta la ubicación de los colegios y recintos de votación por parte de un número indeterminado de ciudadanos. En muchos casos se trataba de cambios de colegio. Esto ocurrió en el 16.6 % de los colegios cubiertos por la muestra de Participación Ciudadana y la cantidad de afectados representó el 3.79 % de los electores de dichos colegios.

Sin embargo, si se compara con el universo de electores, este porcentaje se reduce a un 0.84 %. Aunque no se pudo medir, una cantidad de estas personas logró ubicar posteriormente el colegio donde se encontraba inscrito. En el año 2000 este tipo de anomalía ocurrió en un 24.6 % de los colegios, lo que implica una considerable reducción de esta dificultad.

La mayor parte de las dificultades logísticas que enfrentaron los colegios electorales en la tanda de la mañana, no afectaron en la misma manera durante la tanda de la tarde.

En la tanda de la tarde la inscripción de los electores transcurrió con bastante normalidad. En el 99.2 % de los casos se inicio antes de las 2:30 P.M., y apenas un 0.4 % se inicio después de las 3:30 P.M. Si comparamos estos datos con las elecciones de 2000, encontramos un gran avance pues en aquella ocasión sólo el 95 % de los Colegios iniciaron la inscripción antes de la 2:30 PM.

En el 99.6 % de los colegios la votación de los hombres inició antes de las 4:30 P.M., mientras que en 2000 este porcentaje había sido de 96.5 %.

Otras dificultades que recogieron nuestros observadores y que deseamos enfatizar son las siguientes:

1.En nuestro primer informe denunciamos el uso por parte del PRD de la imagen del Dr. Peña Gómez utilizada durante la campaña electoral en la credencial de identificación de sus delegados. Nuestros observadores reportaron también que el PLD utilizó en las credenciales de sus delegados un lema de campaña electoral (“más PLD”), y en algunos sitios el PRSC tenía credenciales de supervisores con fotos de candidatos (Alexandra Izquierdo, Johnny Jones). El PRI utilizó la imagen de Jacobo Majluta, que era parte de su campaña electoral.

2.En el municipio de Jánico se reportó que los candidatos municipales del PRI y del PTD no aparecieron en la boleta correspondiente, lo que motivó una impugnación. Esta situación, por las consecuencias que pudiera tener sobre la suerte de las elecciones en este municipio, debe ser investigada por la JCE.

3.En algunos colegios electorales sus miembros no parecían tener interés en relación al orden y demás aspectos logísticos y de organización del proceso de votación que había sido puesto  en sus manos por las autoridades electorales.

4.Otro problema que se presentó en algunos recintos de votación fue que electores y electoras que por diversas razones tuvieron que salir del recinto después de inscribirse, eran impedidos de reingresar por agentes de la Policía Electoral. Es cierto que la Ley Electoral dispone la permanencia en los locales, pero no es una facultad de militares y policías decidir la aplicación de sanciones que competen exclusivamente a los presidentes de los colegios electorales.

Desde este momento podemos anunciar que procederemos a recomendar a las autoridades electorales ponderar determinadas medidas para futuros torneos electorales, entre las que podemos citar:

1.Promover la eliminación de los colegios electorales cerrados.

2.Reglamentar la identificación de los delegados de los partidos políticos, estableciendo la aprobación previa de las credenciales de los delegados de los partidos políticos en los colegios y recintos electorales.

Finalmente, Participación Ciudadana considera que la jornada electoral se desarrolló exitosamente,  con excepción de algunos incidentes menores y algunos problemas de organización. También deploramos la violencia registrada en la provincia de Montecristi en las horas previas al inicio de la votación, que costó una vida.

Nos complace felicitar a la Junta Central Electoral y demás autoridades electorales y gubernamentales, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a todos aquellos que han actuado con apego a las prácticas democráticas, muy especialmente a la ciudadanía que una vez más ha dado ejemplo en el cumplimiento del deber cívico de acudir a votar en orden y con paciencia.

Expresamos nuestra gratitud especial a los miles de voluntarios y voluntarias  que hicieron posible la observación electoral; asimismo agradecemos a las más de 100 organizaciones de la sociedad civil que realizaron una colaboración de primer orden en este proceso.

Se extiende nuestra gratitud a las delegaciones de observadores internacionales que han mantenido una cordial relación y colaboración con Participación Ciudadana.

Consejo Nacional de Participación Ciudadana

En los últimos días se ha estado discutiendo en la prensa nacional sobre el voto preferencial. Participación Ciudadana entiende que esta forma de votación de diputados y diputadas tiene mayores ventajas que desventajas.

El voto preferencial posibilita un mayor nivel de acercamiento entre electores y representantes, por lo que beneficia a la gobernabilidad y representatividad de una institución tan vital para la democracia como lo es la Cámara de Diputados.

El voto preferencial ofrece un mayor nivel de autonomía de la ciudadanía a la hora de votar, ya que la da la posibilidad de escoger, de la lista que le presenta un partido político en su boleta, al o la candidato(a) que prefiera.

El voto preferencial impide que se comercialice con el orden de colocación en las boletas y obliga a que candidatas y candidatos tengan que ganarse el favor de los y las votantes, ya que quienes votamos podemos decidir a quien queremos como diputado en representación de nuestra circunscripción.

Recordemos que con el viejo sistema de votación los diputados y diputadas tienen una relación imprecisa con la demarcación territorial que dicen representar, y su relación con los votantes es bastante difusa. Los partidos han estado decidiendo el orden de colocación en las boletas de los diputados y diputadas, colocando en los primeros puestos a aquellos/as cuya elección desean los dirigentes, no la ciudadanía.

Tomando en cuenta la cantidad de votantes de los tres partidos mayoritarios, estar en uno de los primeros puestos aseguraba la llegada al Congreso. En más de una ocasión se ha escatimado la decisión de las bases colocando a candidatos y candidatas más votados en lugares en los que era poco probable su elección.

El argumento de que no hay tiempo para capacitar a la gente es falso. Los partidos políticos y la Junta Central Electoral han tenido y todavía tienen tiempo suficiente para capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del voto preferencial.

Participación Ciudadana ha estado colaborando también en la capacitación de la población sobre la nueva forma de votación. Miles de personas, pertenecientes a una gran diversidad de organizaciones y empresas  han sido beneficiarios de talleres sobre el voto preferencial  y sus implicaciones en todo el territorio nacional,

Con la debida orientación, la población dominicana tiene la capacidad de entender la nueva forma de votación y de ejercerla. Constituye un insulto y una forma de subestimar a la ciudadanía insistir en que los dominicanos y las dominicanas no son capaces de hacer un uso correcto del voto preferencial.

No hay razón valedera para volver al viejo sistema. El voto preferencial es una conquista de la ciudadanía, y como tal debe ser defendido y profundizado para que en las elecciones de 2006 esta opción pueda extenderse al nivel municipal.

Marina Hilario

Tradicionalmente los dominicanos y dominicanas estamos acostumbrados a que los temas de campaña de quienes aspiran a ocupar posiciones públicas (salvo honrosas excepciones), se concentran en aspectos que van a dirigidos a la solución de los problemas de subsistencia de los sectores mas empobrecidos del país, que son la mayoría de la población, por lo tanto en la lógica de la obtención de votos esta parece ser una estrategia importante.

Generación de empleos, incentivos para la micro y mediana industria, rebaja de artículos de primera necesidad, Subsidios en diferentes renglones, arreglo de calles, reparación de escuelas, equipamiento de hospitales y arreglo de cañadas, entre otras; son considerados puntos básicos de los y las candidatos y candidatas, cuando se trata de convencer a los electores.

Tal parecería que los dominicanos y dominicanas no tenemos otras preocupaciones y que temas tan importantes como el de la corrupción pública no existe o es un problema irrelevante; a pesar que el mismo se  ha convertido en uno de los problemas  que más afecta a las instituciones democráticas ante el impacto negativo que tiene en la vida de los ciudadanos y ciudadanas y la democracia.

El interés de la población en el tema puede medirse a partir de los resultados de la III Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática, publicada recientemente por Isis Duarte y Ramonina Brea, donde el 94% de los encuestados tienen la percepción de que la corrupción es un asunto grave.

La ausencia de transparencia en los actores públicos se ha convertido en una de las principales causas de negación de apoyo de la población a la democracia .

Los problemas de corrupción  en nuestro país están vinculados a la falta de instituciones fuertes, clientelismo en la burocracia gubernamental, debilidad en la aplicación de los marcos legales y su adaptación, el “patrimonialismo”, soborno e  ineficientes controles, falta de aplicación e incumplimiento de las normas y reglamentos, y la débil participación ciudadana.

Nadie discute que la erradicación de la corrupción  no es un problema de corto plazo, pero sí un tema de agenda que debe ser abordado rápidamente desde las diferentes dimensiones establecidas en la declaración final de la Conferencia sobre “Transparencia para el Desarrollo”, celebrada en mayo de 1999, durante el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros de las Américas, donde se identificaron como antídotos contra la corrupción la información, compromiso de liderazgo, acción colectiva y reglas claras.

A pesar que el problema debe ser enfrentado de manera conjunta y de manera integral por los diferentes actores de la sociedad. El  Congreso y los ayuntamientos son dos instancias fundamentales para avanzar en la disminución de dicho mal, por lo que no se justifica que los actuales candidatos y candidatas, dediquen tan escaso espacio a presentar sus propuestas en un tema como este.

En el caso del Congreso las propuestas a promover deben ser con mas claridad, si tomamos en cuenta que existen una serie de iniciativas legislativas en carpeta que buscan crear mecanismos, reglas y sistemas mas transparentes para el ejercicio de las funciones públicas, y de las cuales no hemos escuchado referencia de parte de los candidatos y candidatas a senadores/ as y diputados/ as.

Las principales iniciativas legislativas que se cuentan son:

a)     El  proyecto de ley de contratación para el diseño y ejecución de obras y servicios  delEstado, presentado por el CODIA.

b)     Los anteproyectos que abordan el tema del Presupuesto Nacional.

c)     El anteproyecto que aborda las iniciativas de independencia de la Contraloría  General de laRepública.

d)     El proyecto de ley entregado al congreso para crear una fiscalia nacional anti corrupción.

e)     La propuesta de ley de acceso a la información publica

Nadie podrá negar la importancia de dichas propuestas, que van dirigidas principalmente a disminuir la discrecionalidad de los funcionarios, disminuir la impunidad y aumento de la credibilidad de la democracia; .por lo que no entendemos por que han sido ignoradas y no forman parte del debate de ciudadanos y ciudadanas que son los mas llamados a orientar el debate político.

Marina Hilario*

Una de las primeras cosas que quiero plantear es que la característica de la sociedad civil, con su dimensión incluyente de la sociedad, la hace un actor de primer orden en cualquier proceso que busque perfeccionar la débil democracia que tenemos y en este proceso surgen y se fortalecen una multiplicidad de organizaciones.

La “corrupción se ha convertido en uno de los problemas  que afecta más gravemente a las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social”[i] al poner en juego la credibilidad de la misma ante la impunidad con que se realizan los actos de corrupción en cualquiera de sus modalidades, ya sea esta política, administrativa pública, social o privada. Aun de esta forma, no cabe duda que ante el impacto negativo que tiene en la vida de los ciudadanos y ciudadanas y la democracia, la corrupción pública se convierte en uno de los principales males de la sociedad actual.

En este sentido, permítanme vincular algunos resultados de la III Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática, publicada recientemente por Isis Duarte y Ramonina Brea, que a mi juicio reflejan la situación planteada y sobre todo la percepción de la ciudadanía sobre este tema .

1ero. La visión de inutilidad de los partidos políticos más allá de las elecciones, lo cual se constata, por ejemplo, con  el resultado que da cuenta de que el 53% de los y las ciudadanos y ciudadanas encuestados consideran que los partidos políticos solo defienden los intereses de los políticos y un 37% considera que defienden solo el interés de algunas personas.

2do. La desconfianza en los partidos. Solo el 6% dice confiar mucho en los partidos.

No cabe duda que ambos resultados tiene que ver con otra información que recoge la encuesta, que señala la visión de la ciudadanía de que los políticos siempre se aprovechan de sus cargos. En este sentido, el 77% de los encuestados se identificó con esta respuesta.

Por otro lado,  al completar la información con otros resultados, como el de la actitud de los funcionarios, se revela que el 92.8% de los encuestados considera que los políticos se aprovechan de sus cargos en beneficio propio y tiene la percepción de que la corrupción es un asunto grave (el 94%).

Vista esta información, la pregunta obligada es ¿hasta cuándo los dominicanos y dominicanas continuarán prestándole su apoyo a una democracia que los excluye? Obviamente la democracia dominicana está siendo puesta en juego por aquellos actores llamados a fortalecerla.

La ausencia de transparencia en los actores públicos se ha convertido en una de las principales causas del descreimiento de la población ante la falta de información de las actuaciones de las instancias estatales, que cada día asumen con más fuerza la cultura  del palo asechado.

Los problemas de corrupción  en nuestro país están vinculados a  la falta de instituciones fuertes, clientelismo en la burocracia gubernamental, debilidad en la aplicación de los marcos legales y su adaptación, el “patrimonialismo”, soborno e  ineficientes controles, falta de aplicación e incumplimiento de las normas y reglamentos, y la débil participación ciudadana.

¿Qué puede hacer la sociedad civil?

Participación Ciudadana entiende que la lucha contra la corrupción es un problema, en primer lugar, de dimensiones y voluntad política, que debe ser  enfrentado de manera integral.  Las diferentes instancias de la sociedad, los partidos políticos, el empresariado, el gobierno, los medios de comunicación, el Poder Judicial y la sociedad civil como instancias de participación directa de la ciudadanía y como expresión de la misma tienen que jugar su rol.

Nadie discute que la erradicación de la corrupción  no es un problema de corto plazo, pero sí un tema de agenda que debe ser abordado rápidamente desde las diferentes dimensiones establecidas en la declaración final de la Conferencia sobre “Transparencia para el Desarrollo”, celebrada en mayo de 1999, durante el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros de las Américas, donde se identificaron como antídotos contra la corrupción la información, compromiso de liderazgo, acción colectiva y reglas claras.

Y en este antídoto  se hace necesario retomar la participación ciudadana y de sus organizaciones en las estrategias de fiscalización y monitoreo como medios para promover la transparencia y eficiencia de la gestión pública, única garantía de retomar el valor ético del quehacer social.

La actitud desde la sociedad civil debe ser asumir como una prioridad su contribución para que el Estado haga frente al problema, jugando su rol solidario, sobre todo porque la deficiente gerencia de los fondos públicos y la corrupción contribuyen con el aumento de la pobreza;  “La sociedad civil es un instrumento al servicio de una sociedad más justa, y no cabe duda que el sentido de equidad” es parte de sus principios,  los cuales  guían sus acciones hacia la superación y la búsqueda de participación en las decisiones públicas.  

Aunque somos parte de su reproducción, los ciudadanos y ciudadanas somos los llamados a fijar posición en el problema, exigiendo transparencia en el manejo de los fondos y actuaciones del Estado, sus instituciones y personas que los conforman. “Los ciudadanos son, no solo los soberanos -que a fin de cuentas es una expresión política- sino los protagonistas de la vida pública, los actores principales . Los demás deben permanecer en sus papeles importantes pero secundarios”[ii]

En todo caso, es importante acotar que no podemos plantearnos la noción de un/a dominicano / dominicana fuera del contexto, ya que somos parte de la construcción de la sociedad, nos llama la atención, por ejemplo los resultados de la serie de investigaciones conocida como “Latino Barómetro”, en la que se revela que  solo una minoría cumple con las leyes, unos pocos nos declaramos honrados, confiamos menos en los demás. Eltrabajo duro y la recompensa que entrega todavía no es visto como garantía de triunfo y existe una  falta de cooperación entre ciudadanos y autoridades.

Si a todo este panorama agregamos el debilitamiento de las instancias de participación de la sociedad civil, no cabe duda de que se crean condiciones quefacilitan la evasión ciudadana de sus deberes y obligaciones.

A pesar de estos problemas, grupos de ciudadanos y ciudadanas asumen de manera responsable la búsqueda de soluciones. Múltiples experiencias generadas desde el sector de las organizaciones sociales, dirigidas a  promocionar mecanismos de control y rendición de cuentas, han dado sus frutos en este campo. Tienen ante todo una labor preventiva y su éxito dependerá fundamentalmente de la Participación Ciudadana, a saber:

•La Observación Electoral

•Elección Consejo de la Magistratura (1997)

•Seguimiento a autoridades locales, etc.

Son solo algunas de las experiencias desarrolladas en las cuales desde el sector de la sociedad civil se ha contribuido con los procesos de transparentar las acciones públicas.

La indiferencia de la ciudadanía ante lo que acontece es una de las mayores limitantes para superar el problema, por lo que no hay dudas de que uno de los primeros compromisos en los que deberá trabajar la sociedad civil es hacer de los procesos de cuestionamiento a la ilegalidad y la corrupción un ejercicio más inclusivo de otros actores que puedan sentirse parte y que permita que el ciudadano/a común comience a cuestionarse la cultura del fraude prevalecienteen nuestra sociedad.

Esto nos ayudará a comprender que ejercer nuestro compromiso como ciudadanos y ciudadanas es entender que tenemos deberes que cumplir.•La vía idónea es salir de la apatía e interesarnos en lo público y lo colectivo.•Las expectativas que tenemos de la democracia solo serán cumplidas en la medidaque pasamos de “súbditos” a “ciudadanos / as” que reclaman sus derechos porque cumplen sus obligaciones.

Tenemos que mirar hacia el futuro tratando de romper toda la herencia dañina legada  por políticos, caudillos, enquistados en diferentes lugares.

La sociedad civil en el tema de la corrupción tiene que asumir, al igual que en otros problemas, un doble rol: en primer lugar, de presión ante los actos de corrupción que se suscitan desde el Estado y, en segundo lugar, propositivo, generando y apoyando las acciones que tiendan a aportar soluciones para la erradicación del problema. En este sentido, la  amplia gama de organizaciones que conforman el sector están en condiciones de hacer sus aportes, como parte de esta estrategia, por ejemplo:

1.Desde las universidades y centros con personal especializado: se podrían impulsar estudios permanentes que permitan analizar las causas  y efectos de la corrupción, incluyendo estudios sectoriales (casos en sectores, salud, obras públicas etc).

2.Desde las ONG:fomentar programas de sensibilización ciudadana sobre el impacto de la corrupción en la economía del país y realizar programas de control social y seguimiento a las actuaciones de los funcionarios públicos.

3.Desde las organizaciones comunitarias:generar entre sus miembros la cultura de la responsabilidad ciudadana y del interés por la definición de las políticas públicas e  implementar programas y acciones de control social; que permitan obtener información sobre el uso de los fondos y de la aplicación eficiente de los mismos, en procura de una mayor transparencia de la gestión pública.

4.Otros actores:promover la cultura de la ética publica, el interés ciudadano y de rechazo de las practicas corruptas en todos los ámbitos.

El rol de la sociedad civil tiene que estar centrado, antes que todo, en hacer entender la magnitud del problema de manera independiente, presentar alternativas que contribuyan con la disminución de  su impacto en la sociedad. y se agentes activos que promuevan  el rescate, consolidación y enaltecimiento de la ética y la probidad en la conducta ciudadana, tanto pública como privada, haciendo especial énfasis en el pulcro tratamiento y transparencia del manejo de los bienes públicos.

Crear espacios de información, promover los reconocimientos a ciudadanos honestos y funcionarios eficientes, desarrollar acciones de educación ciudadana y trabajar para que las organizaciones de diferente índole asuman el compromiso de la intervención de la sociedad civil en la demanda por la trasparencia, como garantía para que el tema sea tomado en serio y con el debido conocimiento.

Debemos entender que solo la intervención del sector público, el sector privado y la sociedad civil de manera conjunta, determinará las mejores soluciones para los problemas específicos de cada sector área.

Por último, quiero recuperar algunas reflexiones sobre la fortaleza de la sociedad civil a partir de distintas experiencias en las que ha jugado un rol importante en procesos en los que jamás nos imaginamos que era posible. Las  transiciones democráticas de muchos de nuestros países, Centroamérica y Sudamérica, y  más recientemente en Perú, con la salida de Fujimori, son los ejemplos más conocidos. Todos estos procesos han estado vinculados a fuertes movilizaciones ciudadanas sobre todo de sectores descontentos con el funcionamiento.

En este sentido, nos toca ahora retomar el compromiso con la democracia que, al igual que en aquella oportunidad, se encuentra desarmada ante las amenazas de la corrupción.