*Las actuaciones de la Policía Nacional deben enmarcarse en el orden institucional y jurídico de la nación.
*Demandamos la atención del Presidente de la República ante el rosario de crímenes atribuidos a las fuerzas del orden público.
*La Suprema Corte de Justicia debe responder la instancia que procura declarar inconstitucional los tribunales policiales.
*No habrá efectivo combate a la delincuencia sin una reforma profunda de la Policía Nacional.
En los últimos días la nación vive una nueva oleada de muertes a manos de los agentes encargados precisamente de velar por el orden público y la seguridad de la ciudadanía, mientras continúan las denuncias sobre detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos de los detenidos.
A nombre del combate a la delincuencia, la Policía Nacional desarrolla una política de aniquilamiento de reales y supuestos delincuentes, cuya ineficacia se puede medir por el hecho de que aunque cada año las cifras de estas víctimas van en aumento, también se incrementan las acciones delictivas.
Obviamente que tal política de ejecuciones sumarias es absolutamente violatoria del orden jurídico nacional, que presume inocente a todo acusado de un delito mientras no se produce la condena de un tribunal, tras un juicio con respeto a las garantías individuales, con abogado defensor, oral, público y contradictorio.
Pero, además, tampoco existe la pena de muerte en nuestro país y ni en nombre de la lucha contra la delincuencia ni bajo ningún otro pretexto se puede justificar que simples agentes policiales o patrullas de la PN puedan decidir sobre la vida y la muerte de ciudadanos en las calles de las ciudades, a menudo en sus propias casas, delante de padres y madres, hijos e hijas.
Como es natural, han ocurrido más terribles injusticias cuando se confunde a personas honorables con supuestos delincuentes, y se les hace víctimas de vulgares asesinatos. El caso más paradigmático fue el del padre José Antonio Tineo, asesinado por una patrulla policial a la puerta de su congregación religiosa.
Esa política de exterminio viene de lejos en la lógica policial y militar, obviamente con apoyo de amplios sectores de gobernantes y ciudadanía cuya cultura autoritaria concibe el derecho a la muerte sumaria de los delincuentes. Desde luego, con la excepción de los grandes traficantes y delincuentes, los de cuello blanco, los depredadores de los bienes públicos y aquellos que desfalcaron bancos y financieras.
Pero el incremento registrado en los últimos años ha llegado a niveles absolutamente intolerables, incentivando a grupos criminales dentro de la Policía Nacional, en detrimento de la oficialidad profesional con capacidad para desarrollar políticas más efectivas, institucionales y justas en el combate de la delincuencia.
Las estadísticas de que disponemos, manejadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y publicadas en los periódicos, especialmente en El Siglo, Hoy y Diario Libre, indican que las ejecuciones policiales se han disparado en los últimos tres años.
Mientras en 1996 no llegaban a 100, para 1999 y 2000 se registraban cifras cercanas a las 200 muertes, con proyección a ser superadas en el presente, ya que para mediados de año se registraban 110 víctimas de la violencia policial.
Aunque la información de la Policía Nacional dice invariablemente que las víctimas han caído al enfrentar a balazos a sus agentes, los testimonios orales y hasta gráficos (como quedó de manifiesto por un vídeo tomado en Gaspar Hernández a 4 hombres amarrados que luego fueron declarados muertos) muestran que en la mayoría de los casos estamos ante reales ejecuciones.
Un indicio revelador se encuentra en una investigación realizada en el Departamento de Patología Forense. De 23 personas muertas en mayo a manos de agentes policiales, cuyos cadáveres llegaron a este organismo, 12 fueron víctimas de balazos en el pecho o la cabeza.
La situación ha llegado a extremos de ser denunciada en todos los informes sobre violación de derechos humanos que se publican en el mundo, tanto de instituciones multilaterales como de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA; de entidades privadas como Amnistía Internacional y American Wachman; o de órganos gubernamentales, caso del Departamento de Estado norteamericano.
Las muertes de cuatro hombres en Santiago, dentro de un automóvil, y la ejecución en la vía pública de un joven en Villa Francisca, a la vista de familiares y vecinos durante el pasado fin de semana, han desbordado la indignación. Tanto que doña Carmen Quidiello de Bosch abandonó el lecho de enfermo de su ilustre esposo para ir a expresar su solidaridad y a proponer un frente de madres contra la violencia.
Ante la gravedad de la situación, Participación Ciudadana se permite apelar al ciudadano presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, para que ordene el cese inmediato de esa política de exterminio.
Debe disponer también el cese de todo género de tortura, la suspensión de todo tipo de detenciones arbitrarias, como la de familiares y relacionados de supuestos delincuentes, frecuentemente tomados de rehenes por autoridades policiales. Así mismo, debe terminar el rudimentario método de las redadas masivas con el que se pretende combatir la delincuencia, pero que hace víctimas inocentes a cientos de residentes de los barrios populares.
Al mismo tiempo queremos reiterar nuestras posiciones anteriores sobre la Policía Nacional, en los términos siguientes:
1.- Urge una transformación de la función policial para un combate efectivo de la delincuencia, insistiendo en la prevención y en la investigación con apego a los derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Para ello hay que impulsar una auténtica reforma de la ley orgánica de la PN, creando una policía judicial, dependiente del ministerio público, y una policía municipal más vinculada a las organizaciones sociales.
2.- Es imprescindible el mejoramiento de los recursos humanos de la institución a velar por el orden público, con mayores niveles de profesionalidad, de salarios y de seguridad, así como un adecuado equipamiento tecnológico y logístico.
3.- El código de justicia policial, como el militar, debe ser derogado para que los agentes del orden que incurran en torturas, asesinatos o cualquier otra violación del código penal respondan ante la justicia ordinaria
4. Reclamamos a la Suprema Corte de Justicia que emita su dictamen sobre el recurso de inconstitucionalidad del tribunal policial interpuesto el 4 de septiembre de 2000 por Participación Ciudadana, junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro Juan Montalvo y Alfalit Dominicana.
