Discurso de Miriam Díaz Santana,
Coordinadora General del Movimiento Cívico Participación Ciudadana.
Estimados amigos y amigas de la sociedad civil:
Gracias por acompañarnos esta tarde. A nombre de las organizaciones convocantes expresamos nuestra satisfacción por la cantidad y la representatividad de los asistentes.
Estamos aquí para analizar las implicaciones para la sociedad dominicana que tiene el escándalo producido por la quiebra del BANINTER, tanto en los aspectos económicos, como institucionales, sociales y éticos. Este caso no ocurre de manera casual. Se enmarca dentro de un contexto general de deterioro de la sociedad dominicana que ha puesto en cuestionamiento el estado de derecho y los avances democráticos que con tanto esfuerzo hemos obtenido en las últimas décadas.
Las consecuencias económicas de este escándalo han sido las más analizadas y podemos resumirlas en las siguientes:
- La quiebra del BANINTER ya ha costado al país más de 43,000 millones de pesos que han sido emitidos por el Banco Central en efectivo y certificados de depósitos. Estas emisiones tienen el propósito, según las autoridades, de salvaguardar el sistema financiero en su conjunto, pero también implican que todos estamos pagando por este escandaloso fraude.
- Producto en gran medida del efecto BANINTER la tasa del dólar ha sobrepasado el treinta por uno, devaluación que el país contempla con asombro porque hasta hace poco la economía dominicana era bastante estable.
- Como resultado de las medidas tomadas por el Banco Central, la tasa de interés bancaria se ha elevado a niveles que hacen imposible la inversión privada, amenazan con la quiebra de miles de empresas y han frustrado las ilusiones de miles de dominicanos que aspiraban a una vivienda o a emprender un negocio.
- La inflación se ha disparado a niveles aun no suficientemente medidos, reduciendo de manera drástica los ingresos de la familia. Los sectores productivos aun no asimilan el golpe , agravado por la incertidumbre de la inestabilidad y la amenaza de mas impuestos.
- El Gobierno Dominicano ha solicitado la ayuda de los Estados Unidos y de organismos multilaterales. Esta ayuda es necesaria pero significará más endeudamiento que tendremos que pagar en los próximos años, reduciendo la inversión pública en los servicios básicos y en la educación.
- La devaluación ha reducido de manera dramática el ahorro nacional, con el consecuente empobrecimiento de la clase media, que además tendrá que asumir gran parte de los costos de esta crisis.
- Los análisis económicos de los especialistas presentan un panorama muy sombrío. El Comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada dice que los efectos de esta crisis “ necesariamente hipotecan el futuro del país por al menos los próximos 10 años.
EFECTOS INSTITUCIONALES.
Si los efectos económicos son devastadores, mucho más lo son las consecuencias institucionales, políticas y sociales. Sabemos que de las peores crisis económicas, incluidas las que producen las guerras, los países y las personas han sabido levantarse con bríos renovados y lograr recuperaciones a veces asombrosas. Pero las crisis institucionales y sociales son de más lenta superación, porque sus efectos desmoralizantes se convierten en multiplicadores.
Este escándalo ha desnudado a las instituciones dominicanas de manera tan dramática que se ha constituido en una vergüenza de las peores que hemos sufrido.
La quiebra del BANINTER ha puesto en entredicho al sistema financiero nacional, sus bases legales y la ética de sus directivos. Delante de todo el país se desarrolló un banco que registraba de manera clandestina la mayor parte de sus operaciones, con directivos que creaban empresas pantalla y compraban otras deficitarias con los recursos de los depositantes y luego se borraban las deudas. Repartían dinero y favores a manos llenas, como si contaran con una máquina de fabricar dinero, ante los ojos indiferentes de las autoridades.
El país ha visto con asombro cómo algunos directivos de una asociación mutualista con mucho prestigio recibieron 55 millones de dólares de adelanto de una operación de venta a espaldas de los demás socios y del país.
Este escándalo ha conmovido a todo el sistema bancario, Los empresarios de ese sector deberían rechazar públicamente estas acciones para que la ciudadanía no piense que todos actúan de la misma manera.
El escándalo BANINTER muestra a la institución rectora de la sociedad, el Estado Dominicano, comprometida hasta el fondo con unos empresarios que hace años venían dando muestras de utilización irresponsable de los recursos de sus clientes. Un Estado cuyos presidentes, de diferentes períodos y partidos, utilizan abiertamente recursos de las empresas y aceptan regalos de gran magnitud, renunciando de esa manera a la independencia y la dignidad que deben conservar las altas instancias de dirección del país.
El Estado cuenta con una Junta Monetaria, un Banco Central y una Superintendencia de Bancos, llenas de funcionarios que cuestan cuantiosas sumas al pueblo dominicano. Sin embargo, ninguno de ellos hizo algo para evitar esta tragedia nacional.
El escándalo ha salpicado también a los demás poderes del Estado: la Justicia y el Congreso Nacional. El informe oficial, producto de una investigación asesorada por organismos internacionales, señala que entre los cientos de personalidades que recibían sueldos de ese banco estaban numerosos legisladores y jueces.
Es escándalo BANINTER también ha implicado a las Fuerzas Armadas. El informe señala que unos 70 generales recibían sueldos y regalos de ese banco. Las declaraciones del Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que él no va a realizar ninguna investigación basado en el rumor público, arrojan mayor sospecha y si el Presidente Mejía no ordena esa investigación sólo logrará confirmar la veracidad de lo que se dijo en su propia cara y en un informe que contó con su anuencia.
La peor parte del escándalo es la implicación de gran parte del liderazgo de los principales partidos políticos del país, ya que deja a la ciudadanía, en el desamparo de no contar con líderes políticos capaces de asumir con la independencia y el valor que se requiere los retos de conducir al país y, sobre todo, el de acabar con la corrupción pública y privada.
El escándalo también ha implicado a instituciones de la sociedad civil que recibieron cuantiosas sumas, entre las que se encuentran: iglesias, medios de comunicación, artistas, deportistas, en fin, son muchos los que aparecen como beneficiarios de este festín. Algunos hasta han agradecido y mostrado su solidaridad al señor Báez Figueroa, a pesar de que regaló recursos ajenos y que tanta generosidad sólo encubría un fraude colosal.
Esta crisis ha puesto en evidencia los peligros que conlleva la excesiva concentración de medios de comunicación en manos de grupos económicos, situación ésta que es perniciosa para la libertad de expresión y para el ordenamiento democrático.
El panorama no es nada alentador, pero como ya sabemos, la primera condición para superar los momentos difíciles es reconocerlos y ventilarlos. De todas maneras, ya este escándalo anda recorriendo el mundo y nos coloca aún más alto en la lista de los países con mayores niveles de corrupción e impunidad.
La institucionalidad ha sido duramente golpeada, porque el escándalo ha salpicado a todos los sectores. Si antes sabíamos que teníamos unas instituciones débiles, ahora el problema adquiere dimensiones más preocupantes. Las instituciones son la base sobre la que se erigen las naciones y surgen para satisfacer las necesidades más importantes de la vida en sociedad. La Sociología dice que deben tener dos condiciones fundamentales. En primer lugar, un cuerpo de normas y valores que son aceptados y cumplidos por la gran mayoría y, en segundo lugar, una legitimidad proporcionada por el respeto y el reconocimiento de la población.
Cuando estas condiciones se pierden deviene la anomia social, el caos, la delincuencia y una secuela de males sociales. Sobre todas estas implicaciones hablará a seguidas el padre Jorge Cela.
Nos hemos reunido hoy, no para compartir nuestra pena por el estado en que se encuentra el país, lamentarnos y consolarnos unos a otros, sino fundamentalmente para acordar posiciones conjuntas y definir líneas de acción.
Los dirigentes políticos y gubernamentales han declarado en diversas ocasiones que la sociedad civil no puede trazarles pautas y se han referido a ella de manera despectiva, a pesar de que esa misma sociedad ha tenido un rol muy importante en la construcción de los avances democráticos de los que esos líderes políticos han sido beneficiarios.
Estamos aquí para exigir, para hacernos escuchar y para definir acciones, derechos que nos asisten y a los que no vamos a renunciar.
No estamos dispuestos a contemplar pasivamente cómo son destruidas nuestras instituciones y sepultados los avances democráticos que hemos logrado.
Es nuestro derecho y responsabilidad exigir a los líderes políticos que den muestras de un compromiso claro con el respeto a las leyes y la honesta administración de los recursos. Ante los hechos que se están produciendo en el país, la ciudadanía exige la definición de sus líderes, sin demagogias ni politiquería. Necesitamos saber de dónde sacan los partidos y líderes políticos los recursos para financiar sus actividades y sus estilos de vida.
Queremos información del sistema judicial. Saber porqué no han sido procesados los expedientes de corrupción que están depositados en los tribunales. La Suprema Corte de Justicia debe ordenar una investigación profunda sobre las posibles implicaciones de los jueces y decir qué se está haciendo para castigar la corrupción.
Exijamos informes a nuestros representantes en el Congreso y en los municipios. La ciudadanía debe poner en claro a sus representantes que no está dispuesta a seguir entregando cheques en blanco cada cuatro años. Por lo pronto, los directivos del Congreso Nacional deben explicar cómo fue que se introdujeron modificaciones al Código Financiero, con el propósito de facilitar la venta de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, como denunció el Gobernador del Banco Central.
Finalmente, el país espera por una investigación que determine las razones por las que los funcionarios públicos, encargados de supervisar el sector financiero, no cumplieron con sus responsabilidades y que se apliquen las sanciones correspondientes.
Estimados amigos y amigas, Participación Ciudadana aprovecha este encuentro para reiterar su compromiso con la democracia, el progreso del país, los derechos humanos y ciudadanos y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa,
Hoy nos sentimos alentados por la presencia de todos ustedes. Sabemos que no estamos solos, que hay muchas fuerzas sanas en todas las instituciones y sectores del país. Tenemos confianza en que, una vez más, el pueblo dominicano sacará lo mejor de si mismo para superar esta crisis y salir fortalecido.
