• Graves consecuencias del más escandaloso fraude financiero 

• Fruto del maridaje y el sistema de complicidad de los grandes intereses económicos y políticos

• La nación tiene que exigir justicia con total transparencia

• Llamamos a un acto por la sanidad moral de esta sociedad

La nación dominicana se enfrenta a las consecuencias económicas y morales de lo que puede ser catalogado como uno de los más escandalosos fraudes financieros del mundo.

Las autoridades han informado que la quiebra del Banco Intercontinental involucra un déficit financiero de 55 mil 845 millones de pesos, suma que equivale a las dos terceras partes del presupuesto nacional de este año y aproximadamente un 15 por ciento del producto interno bruto. Ninguno de los fraudes financieros conocidos en el mundo guarda esas proporciones.

En lo inmediato la quiebra del BANINTER ha obligado al Banco Central a emitir 43 mil millones de pesos, alrededor del 20 por ciento en efectivo y el resto en certificados financieros, masa monetaria que ya ha obligado a nuevas y mayores restricciones monetarias que se traducirán en altas tasas de interés y desincentivo a la inversión y en altos niveles de devaluación del peso e inflación que afectarán a las familias de medianos y escasos recursos.

Todos los análisis indican que el costo para cubrir este fraude financiero será excesivamente pesado para la nación y que tendremos que pagarlo todos los dominicanos y dominicanas, probablemente durante diez o quince años. Se traducirá en restricciones de la inversión, pública y privada, mayor desempleo y pobreza.

Establezcamos las responsabilidades

La nación no sale del asombro ante la magnitud del descalabro financiero, ante los detalles de las operaciones dolosas que se han denunciado y la desprotección en que se encuentra la ciudadanía. Cómo ha sido posible que ninguna autoridad gubernamental, ni los auditores externos, ni los organismos internacionales que han realizado estudios y evaluaciones del sistema financiero dominicano, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, nadie pudo constatar y denunciar el hecho de que durante 14 años se operó un banco clandestino dos veces superior al legal.

La responsabilidad recae particularmente sobre quienes ejercieron funciones en la Superintendencia de Bancos, en el Banco Central y en la Junta Monetaria, teniendo la obligación de supervisar, normar y ordenar el mercado financiero. Sobre todo cuando el derroche y la multiplicación de propiedades originaban cuestionamientos en todo el que tenía ojos y oídos para ver y escuchar. Hasta el momento estas instancias no han asumido esa responsabilidad,  ni las consecuencias que necesariamente deben derivarse de sus acciones u omisiones.

Pero más allá de las responsabilidades que tocan a los gobernantes y funcionarios, este escándalo es fruto del sistema de complicidad inmoral que se ha instituido entre grandes intereses económicos y políticos, aceptado y legitimado por sectores de influencia de la sociedad.

Se trata de un sistema que financia a la mayoría de los partidos y de los precandidatos y candidatos; que soborna y corrompe a quienes ejercen los poderes del Estado: gobernantes, legisladores, jueces, funcionarios civiles, policiales y militares; extendiéndolo también al liderazgo de las más variadas instituciones sociales, de los medios de comunicación y sin respetar ni siquiera al poder eclesial y las altas instancias de la justicia. Eso fue lo que denunció el gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, en discurso desde el Palacio Nacional y ante una amplia representación de los poderes nacionales.

Un fraude de la magnitud y amplitud de éste sólo fue posible por la gran repartición que se realizó desde BANINTER. Se ejecutaron todas las posibilidades, comenzando por muchos de los ejecutivos de la misma institución, pasando por los sectores gubernamental, político y social, por una generosa inversión en publicidad y en las actividades artísticas y deportivas.

Pero las autoridades han dicho que el grueso del dinero de los ahorrantes se desvió para un amplio sistema de empresas propias, muchas de ellas deficitarias, especialmente para un complejo de medios de comunicación que incluía 4 diarios, 8 canales de televisión, una red de empresas de telecable y 76 emisoras radiofónicas.

Resultaba difícil supervisar a un grupo financiero cuyos ejecutivos tenían tal poder mediático, que desayunaban, comían y cenaban con las autoridades y el liderazgo político, religioso y social, les proporcionaban sus aviones, helicópteros y yates, les regalaban lujosos automóviles, incluso a los dos últimos presidentes de la nación, así como tarjetas de crédito sin límites y todo el financiamiento que necesitaran.

La complicidad es tan amplia en este escándalo que muchos abrigan el temor de que una vez más predomine la impunidad, a pesar del inmenso costo económico que conlleva. Lo que obliga a la sociedad dominicana a un sacudimiento y a exigir justicia con transparencia. Apego a los procedimientos jurídicos, pero firmeza en su aplicación, sin privilegios para nadie.

Correctivos y propuestas

Si este inmenso fraude bancario no es sancionado hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano debilitándolo hasta su disolución o hasta provocar estallidos de hastío y rebeldía como los que han afectado el orden institucional en varias naciones latinoamericanas.

Es necesario que se recuperen todos los activos derivados del fraude bancario y que se agilicen los procedimientos para su venta y compensar siquiera parcialmente el enorme déficit impuesto a la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana solicita a los diversos sectores de la sociedad  preocupados por la suerte de la nación a clamar por la moralidad y el límite a la corrupción, por la transparencia y la justicia.

Tenemos que renovar la lucha por transformaciones legislativas que pongan fin al tráfico ilícito con los recursos públicos y a la complicidad entre intereses políticos y privados. Hay que evitar que los intereses económicos coloquen cuadros en los organismos públicos y que financien sin límites a los partidos y candidatos, y a quienes ejercen los poderes del Estado, sea con regalos y sueldos, o con igualas o préstamos, por más legítimos que parezcan. Ya los partidos están financiados por el presupuesto nacional.

Tenemos también que reclamar límites a la perniciosa concentración de los medios de comunicación en manos de los grandes grupos financieros y empresariales, especialmente de las frecuencias de radio y televisión, que son limitadas y de propiedad pública.-

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana participará del 15 al 18 de mayo,  en latoma de posesión del Grupo Coordinador de la Red Interamericana para la Democracia, (RID).

Participación Ciudadana fue electa recientemente  miembro del Grupo Coordinador de la RID, durante la celebración de las elecciones internas que desarrollo este grupo.

El  Grupo Coordinador está compuesto por: FOCAL (Canadá, POA (EE.UU.), PARTICIPACIÓN CIUDADANA (República Dominicana) FUNPADEM (Costa Rica), DECIPOL (Colombia), ASER (Perú), CONCIENCIA (Argentina), PARTICIPA (Chile) y  VOTO CONSCIENTE (Brasil)

Durante la toma posesión, que se celebrará en  Washington D.C, las organizaciones que integran el grupo coordinador discutirán temas de gran relevancia para el futuro de la Red Interamericana para la Democracia.

La Red Interamericana para la Democracia está compuesta por más de 200 organizaciones representantes de diferentes países de América Latina y El Caribe.

En nota de prensa, el movimiento cívico explicó que la RID tiene el propósito fundamental de  promover mayor participación de la ciudadanía en la vida democrática de los países del hemisferio.

Asimismo pretende que los ciudadanos conozcan sus derechos, sus responsabilidades ciudadanas y a la vez,  puedan ejercerlos en beneficio del fortalecimiento de sus comunidades.

También busca que las organizaciones de la sociedad civil que pertenezcan a la RID fortalezcan sus capacidades técnicas, lo que les permitirá ampliar su alcance dentro de sus comunidades y en el espacio público internacional.

La nota de prensa explicó además que la RID pretende fortalecer las acciones de colaboración entre organizaciones lideres de la sociedad civil en la región, así como desarrollar un liderazgo en los temas de democracia.

Participación Ciudadana solicita de las autoridades del Banco Central y la Junta Monetaria una explicación sobre lo sucedido en el Banco Intercontinental (BANINTER), que provocó su intervención a finales de marzo, y que ha conllevado una operación de salvamento de muy alto costo financiero y moral para el Gobierno, las autoridades monetarias y el propio sistema financiero privado.

Pedimos una explicación de lo que ha ocurrido porque durante casi dos meses hemos esperado la información oficial que hasta el momento nadie conoce formalmente, salvo las especulaciones que algunos medios de comunicación han dado a conocer.

Participación Ciudadana procura la transparencia en la gestión pública, desarrolla programas en ese sentido y en este momento está lanzando su campaña “Tiempo de Actuar… La corrupción es un problema de todos”, que procura el combate a la corrupción en todos los terrenos, tanto público como privado.

La credibilidad es un tesoro para el sector financiero y debe serlo para las autoridades encargadas de observar el cumplimiento de las reglas que ellas mismas han impuesto. En este caso no ha habido transparencia, tal y como lo exige y proclama el Código Monetario y Financiero, contenido en la Ley 183-02, de modo que al día de hoy el país está pagando las consecuencias de la quiebra de BANINTER con altas tasas de cambio, contínua devaluación de la moneda y falta de recursos gubernamentales para hacer frente a los más urgentes problemas de la sociedad dominicana, caracterizada por la pobreza y la indigencia de la mayor parte de su población.

Esperamos que en su respuesta las autoridades oficiales informen qué están haciendo para resolver la quiebra de BANINTER y cuántos recursos del Banco Central ya han comprometido en esta intervención y hasta cuándo el Banco Central tendrá en su poder, y bajo su responsabilidad, con todas las consecuencias que se derivan, al Banco Intercontinental (BANINTER).

Consideramos que ha transcurrido mucho tiempo desde el momento en que se inició la intervención del Banco Central sobre BANINTER, y que para mantener la institucionalidad y credibilidad ya han debido haber resultados sobre las responsabilidades penales o civiles que se desprendan de la violación de la ley 183-02.

üEl primer desafío es revestir de mayor credibilidad a la JCE, superando las diferencias internas que han aflorado.

üLa restauración de la posibilidad de reelección presidencial obliga a mayores previsiones, a la luz de la experiencia histórica.

üLa instauración del voto en el exterior es la novedad del proceso.

üUrge dar seguimiento al financiamiento de los partidos y candidatos.

üEs necesario revisar las objeciones a los últimos comicios para prevenir retrocesos en el sistema electoral.

I.- Introducción.-

Desde su fundación en 1993 el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha tenido dentro de sus objetivos fundamentales contribuir al mejoramiento del sistema electoral, promoviendo la celebración de elecciones transparentes, libres de los fraudes que caracterizaron la mayoría de los comicios nacionales.

En 1994 denunciamos las múltiples irregularidades y fraudes que caracterizaron las elecciones generales y originaron una grave crisis política que hubo de ser conjurada mediante un pacto por la democracia que incluyó importantes reformas constitucionales, como la que prohibió la reelección presidencial.

A partir de la doble vuelta de los comicios presidenciales de 1996, y en los del 2000, al igual que en los congresionales y municipales de 1998 y 2002 hemos desarrollado procesos cada vez más minuciosos de observación electoral, no sólo de la jornada de votación, sino de las precampañas internas, las campañas electorales y todo el proceso organizativo por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

Una experiencia particularmente rica fue la que vivimos en el exitoso proceso electoral del 2000, por cuanto implicó no sólo la preparación de la votación, sino la creación de un nuevo padrón electoral fotográfico, en un ambiente de suspicacias e incertidumbres, derivado de la elección, sin consenso, de los jueces electorales.

Fuimos testigos de tres elecciones sin mayores irregularidades ni impugnaciones. Sin embargo para las elecciones congresionales y municipales del 2002, reaparecieron las denuncias de irregularidades y se presentaron numerosas impugnaciones que dejaron algunas sombras sobre el proceso

Ya hemos iniciado la observación integral del proceso conducente a los comicios presidenciales del 2004, destacándose hasta el momento el seguimiento de las elecciones primarias de los partidos y el acercamiento a los nuevos jueces electorales, con quienes deseamos establecer una relación de colaboración dentro de un marco de respeto absoluto a las respectivas jurisdicciones, como ha sido desde nuestra fundación.

II.- El primer desafío.-

La elección de la actual Junta Central Electoral, que se produjo sin el deseable y conveniente consenso entre los diversos actores políticos, ha sido un elemento de discordia y siembra de desconfianza en el proceso hacia los comicios presidenciales del próximo año.

Esa deficiencia ha sido compensada parcialmente con la ley de reforma que amplió el número de jueces y dividió las funciones de la JCE, pero es de público dominio que ha habido tensiones entre la mayoría de los titulares y el presidente, lo que ha continuado sembrando dudas sobre el proceso organizativo.

Es fundamental que todos los integrantes del organismo rector del sistema electoral y los actores políticos acepten la realidad de que el consenso logrado a duras pruebas, fue la transacción posible para conjurar revestir a la JCE de cierta credibilidad.

Participación Ciudadana espera obtener, una vez más, la confianza tanto de los jueces electorales como de los partidos políticos para movilizar las energías de cientos de instituciones sociales y millares de voluntarios en todo el país, a fin de contribuir a un nuevo proceso electoral sin traumas y que reafirme la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones nacionales.

III.-La Restauración de la reelección presidencial.-

La restauración de la posibilidad de reelección presidencial marca un desafío histórico para la nación. Es obvio que el continuismo en el poder ha sido una fuente de elecciones amañadas, con abuso de los recursos del poder y de arrebatos en los cómputos de los sufragios, tanto en el país como en muchas naciones latinoamericanas.

No se registra una sola elección nacional libre y transparente cuando ha habido repostulación del Presidente de la República. Es la razón por la que todavía, pese a los avances institucionales logrados, una considerable proporción de la ciudadanía y sus organizaciones se opuso a la reforma constitucional del año pasado que reestableció la reelección presidencial prohibida tras los traumas electorales de 1990 y 1994.

Todos cuantos hemos contribuido al mejoramiento del sistema electoral, a partir de 1996, estamos en la obligación de multiplicar esfuerzos para evitar que el presupuesto nacional y las instituciones del Estado se pongan al servicio de un partido político y un candidato, como ha sido constante histórica y fuente de conflictos.

IV.- El voto en el exterior.-

Una particularidad novedosa del próximo torneo electoral es que por primera vez los ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior podrán ejercer el sufragio para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, lo que implica mayores esfuerzos logísticos transparentes.

Resalta la poca receptividad que hasta ahora ha tenido en la comunidad del exterior la convocatoria a registrarse por parte de la JCE. Hace apenas semanas se informó que sólo unas pocas miles de personas habían llenado los requisitos para ejercer el derecho al voto en el exterior, lo que se atribuye en parte al difícil proceso de inscripción y recepción de la cédula de identidad y electoral a que se somete a esa parte del electorado.

El tiempo parece agotarse para que se facilite el proceso de inscripción imprescindible, lo que parece indicar que esta primera vez será ínfima la proporción de votantes en la comunidad dominicana del exterior. En todo caso serviría como experiencia piloto para el futuro.

No compartimos los objeciones a que las inscripciones se realicen en las legaciones consulares de la República, puesto que eso es lo correspondiente y la práctica internacional. Las suspicacias carecen de fundamento si el proceso se realiza, como hasta ahora, con la participación de todos los actores políticos, y si se entrega a tiempo el correspondiente padrón en cada localidad, como establece el artículo 5 del Reglamento para el Registro de Electores en el Exterior.

Esta conquista de la meritoria comunidad dominicana residente fuera de la geografía nacional no puede ser vulnerada ni convertida en un elemento de conflicto en los próximos procesos electorales.

V.- El financiamiento a los partidos.-

Tomando en consideración que la reforma electoral de 1997 instituyó el financiamiento del Estado a los partidos políticos, por lo que se les entrega cuantiosos recursos aportados por la ciudadanía, es urgente que la JCE dé seguimiento a la forma en que se utilizan.

Dado que los partidos siguen recibiendo también amplio financiamiento privado, fuente de un rentismo que se cobra a los ganadores por parte de entidades y personas interesadas, es necesario que las autoridades electorales requieran informaciones más detalladas sobre las fuentes y cuantías de esos recursos y que se publiquen los informes correspondientes.

Sería conveniente una mayor rigurosidad en la ley sobre esta materia. Pero aún no se ponen en práctica previsiones vigentes, como la contenida en el artículo 52 de la Ley Electoral, y en especial en su Párrafo II el cual dispone que "La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes". Es convicción general que las campañas electorales dominicanas son cada vez más costosas, con derroche de recursos que de una u otra forma tienen origen en el trabajo de los dominicanos y dominicanas, lo que origina el rentismo y dificulta  las posibilidades electorales de los precandidatos y candidatos que no cuentan con abundantes recursos financieros.

Por otro lado, las opciones alternativas están en evidentes desventajas, al no contar ni siquiera con una proporción equitativa del financiamiento estatal, lo que se traduce en simple reafirmación de los partidos tradicionales.

VI.- Experiencias  de la última elección.-

Las elecciones Congresionales y Municipales del 2002 registraron deficiencias en el personal de mesas y de juntas municipales, así como irregularidades que en el caso de Santiago fueron comprobadas y rectificadas por la propia JCE.

Las lecciones de ese proceso obligan a una mayor transparencia y consenso sobre el personal que conforma las Juntas Electorales de los municipios y los Colegios Electorales, superando la práctica de cuotas a los partidos y escogiéndolos en base a criterios de independencia, capacidad y honestidad.

La selección más rigurosa de los agentes electorales y un mejor entrenamiento es de las recomendaciones que formulamos tras la observación de los comicios del año pasado. Los partidos están también en el deber de mejorar el entrenamiento de sus delegados para evitar tramperías y errores en el levantamiento de las actas.

Es necesario que las autoridades electorales, los partidos y la ciudadanía mantengan una estrecha vigilancia sobre el proceso de escrutinio, no sólo en los colegios electorales sino también en las juntas municipales, para evitar irregularidades e intentos de fraude.

Al respecto sugerimos adoptar la tecnología utilizada por el Partido Reformista Social Cristiano para el escrutinio en su reciente elección primaria, consistente en uso de barras codificadas para lector óptico y revestimiento de plástico sobre las actas, lo que debe reducir el margen de alteraciones frecuente en nuestra tradición electoral.

Confiamos en que tanto la JCE como los partidos y las organizaciones sociales harán los mayores esfuerzos para que el proceso electoral ya en marcha culmine como un nuevo certamen democrático que ratifique los avances de los últimos años, superando las deficiencias registradas en los del 2002.-

Palabras de  MIRIAN DIAZ SANTANA
Coordinadora General de Participación Ciudadana

Buenas tardes y gracias a todas las personas, representantes de organizaciones amigas y periodistas que nos acompañan en el  lanzamiento de esta campaña.

El tema de la corrupción parece ser uno de las principales preocupaciones de la opinión pública  en este año y en los próximos, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial.

La corrupción no es un problema exclusivo de un país o de un gobierno en particular y no se limita al ámbito gubernamental, sino que alcanza las diferentes esferas de las naciones . El Índice de Percepción de la  Corrupción 2002 elaborado por la organización Transparencia Internacional, que incluye a 102 países, revela que, de cada diez países, siete, entre los que se encuentra la República Dominicana, son calificados como de alta incidencia de la  corrupción.

Este es un fenómeno múltiple y complejo que tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que se manifiestan en todas las instituciones y corrompen las bases sobre las que se construye la nación, puesto que tiene una capacidad multiplicadora extraordinaria. Las prácticas de corrupción cotidianas e impunes hacen muy difícil convencer a la juventud de cimentar sus vidas sobre los valores éticos que conforman el ideal de la patria que soñaron los creadores de nuestra nacionalidad y por los que han luchado y ofrendado sus vidas tantos buenos dominicanos. El escepticismo, la compasión y hasta la burla es la respuesta de muchas personas a las invitaciones a sumarse a acciones contra la corrupción.

La corrupción que ha sido práctica común en la mayoría de los gobiernos que ha tenido el país es, en gran medida, responsable de la pobreza, del aumento de la criminalidad, de la descomposición social y de la debilidad crónica de las instituciones.

Es por estas razones que Participación Ciudadana incluyó dentro de su Declaración de Principios la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias que pervierten todos los mecanismos regulatorios de las relaciones del ciudadano y la ciudadana con el Estado y la  propia sociedad.

Este compromiso nos ha llevado a realizar y apoyar en los últimos años numerosas acciones tendentes a promover las reformas institucionales que sirvan de base para enfrentar esta terrible enfermedad y a crear la conciencia ciudadana de que la corrupción es un problema de todos y que no sólo debemos criticarla, sino también denunciarla y enfrentarla en el ámbito público y en el privado.

En nuestra última Asamblea General, celebrada el 25 de enero pasado aprobamos y dimos a conocer al país el documento DIEZ PUNTOS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN, todos los cuales estamos impulsando en nuestro plan de trabajo de este y los próximos años.

En el ámbito de las reformas de la legislación hemos apoyado los proyectos de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado; Acceso a la Información Pública; Reforma de la Ley de Declaraciones Juradas de Bienes; Creación de la Fiscalía Anticorrupción; Modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República; Modificación de la Ley de Presupuesto; la Ley que crea el Estatuto del Ministerio Público; la Ley del Defensor del Pueblo y la Ley de Participación Social. Todas estas leyes están destinadas a crear mecanismos institucionales para el control de la corrupción y mecanismos de participación de la sociedad en el control del Estado.

Nuestra organización ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, derivado de la Convención Interamericana contra la Corrupción y ha impulsado el seguimiento de la misma. Formamos parte por un año y medio del Consejo Presidencial en Materia Anticorrupción, del que terminamos renunciando por considerarlo un mecanismo inoperante. Hemos coordinado acciones con el Departamento de Prevención de la Corrupción y estamos participando en la conformación de las Comisiones de Auditoria Social en diferentes municipios.

Recientemente, Participación Ciudadana ha sido elegida como representante de la región del Caribe en el Grupo Coordinador de la RED Interamericana para la Democracia, espacio desde el que seguiremos impulsando la lucha contra la corrupción.

Con el respaldo de todas estas acciones y otras que tenemos en nuestros planes de los próximos años es que Participación Ciudadana lanza al país esta campaña de lucha anticorrupción.

Estamos concientes de que la erradicación de este cáncer que corroe nuestra sociedad desde antes aún de su fundación, es una tarea de largo plazo y muy difícil, pero también estamos seguros de que esta es, quizás la principal amenaza que tiene el desarrollo social y democrático del país y que estamos comprometidos a colocar este tema en un sitial importante de nuestras preocupaciones y acciones porque si nos sumamos al silencio, la complicidad, la indiferencia o la autocompasión todo lo que predicamos y hacemos no tendrá sentido.

Al poner en circulación esta Campaña, queremos reiterar nuestra invitación a todos los sectores de la vida nacional a que aunemos esfuerzos para detener la corrupción. En especial, proponemos que en el corto plazo nos concentremos en los siguientes puntos:

1)     Solicitar al Congreso Nacional que complete la plataforma jurídica anticorrupción con la aprobación de las leyes que están pendientes de conocimiento y dar seguimiento a la puesta en ejecución, de manera transparente y apegado a la letra de la Ley,  de las que ya han sido promulgadas.

2)     Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República el conocimiento por parte de los tribunales de los expedientes que han sido sometidos, sin intervención de manipulaciones políticas de los mismos, con objetividad y justicia..

3)     Que la Comisión encargada para tal fin acelere la conformación y puesta en funcionamiento de las Comisiones de Auditoria Social, creadas mediante el decreto 3920-03 y que las mismas pongan especial énfasis en la fiscalización de los recursos que  ejecutarán el Gobierno Central y los ayuntamientos desde ahora hasta pasadas las elecciones del próximo año.

4)     Hacer un llamado al empresariado nacional a asumir un compromiso junto a los sectores de la sociedad civil involucrados en la lucha anticorrupción para desterrar las prácticas que desde el ámbito empresarial han alimentado una cultura política que ha hecho mucho daño al país y han propiciado escándalos como el que recientemente involucró a una de las más grandes entidades bancarias, con las graves consecuencias económicas que ya estamos padeciendo.

5)     La importancia de este tema amerita también que desde el ámbito educativo, en escuelas y colegios se emprendan campañas de promoción de valores éticos, focalizadas en el combate de la corrupción.

6)     A las organizaciones de la sociedad civil, por nuestra propia naturaleza, nos corresponde ser vanguardia y ejemplo en la lucha anticorrupción, no sólo promoviendo valores éticos, sino también practicándolos en la administración de los recursos que la sociedad y las agencias internacionales ponen en nuestras manos.

7)     Los medios de comunicación ya están jugando un rol fundamental en esta materia y, por su gran diversidad y pluralidad estamos seguros de que lo seguirán haciendo y de que contamos con ellos para que esta campaña y todas las que vengan sean difundidas y respaldadas.

No nos referiremos en esta ocasión a las acciones que le corresponden a los políticos y funcionarios gubernamentales. Estos están concientes del papel que han jugado en materia de corrupción y de lo que hay que hacer para erradicarla.

Creemos fervientemente que a la sociedad dominicana en su conjunto le incumbe la lucha anticorrupción y que ésta no podrá controlarse hasta que los ciudadanos, las familias, las iglesias, las instituciones, el empresariado, la sociedad civil, en fin todos, digamos NO A LA CORRUPCIÓN.

ES TIEMPO DE ACTUAR, solo con el concurso de todos y todas podremos superar los males que aquejan a la democracia dominicana.

Muchas Gracias

Tiempo de Actuar…La Corrupción es un Problema de Todos, es el nombre de la campaña que lanzará Participación Ciudadana, el próximo miércoles 30 de abril, a las 6:30 de la  tarde, en el Hotel V Centenario.

La corrupción se ha convertido en un problema que amenaza la democracia, por lo que Participación Ciudadana entiende que en estos momentos se amerita que la ciudadanía y todos los sectores se involucren en acciones que contribuyan a la búsqueda de soluciones a ese mal que afecta directamente a la sociedad en su conjunto.

En nota de prensa, el movimiento cívico explicó que con esta campaña se pretende sensibilizar a la ciudadanía en torno a los problemas que genera la corrupción pública-administrativa.

Asimismo reiteró que la campaña encierra una serie de elementos que motivarán a la ciudadanía a vigilar y a exigir a las autoridades públicas y privadas que actúen acorde con lo que establecen las leyes.

Tiempo de Actuar…La Corrupción es un Problema de Todos, incluye un spot, una cuña radial, afiches, borchurre, vallas humanas, el buzón en la página web sobre documentación de la corrupción, publicaciones y  la realización del  concurso de Ensayo dirigido a estudiantes del bachillerato : “ Una sociedad Transparente: La Corrupción un mal que debemos combatir que culminó el pasado  11 de abril.

El movimiento cívico precisó que esta campaña involucrará a la ciudadanía en acciones que la hagan reflexionar y salir de los aparentes niveles de apatía en torno a una problemática de tanta importancia, como es la corrupción.

La campaña se enmarca dentro del Programa Transparencia de la Gestión Pública que ejecuta Participación Ciudadana,  y es auspiciada por  la Agencia Internacional Para el Desarrollo de Estados Unidos y OXFAM Gran Bretaña.

Finalmente, PC entiende que con acciones como esta se aporta al desarrollo de ciudadanos y ciudadanas críticos e interesados en la superación de este problema.

Participación Ciudadana felicitó a la Comisión Especial para la Defensoría del Pueblo de la Cámara de Diputados, por la organización y el impulso de los trabajos de preselección realizados, al tiempo de objetar la candidatura de la Dra. Zoila Martínez de Medina, quien no podría asumir responsabilidades de Defensora del Pueblo, Adjunta o Suplente, pues esto se constituiría en una violación de la ley No. 19-01, en sus artículos No. 1 y11.

De acuerdo a la Ley, en los artículos 1 y 11  el Defensor del Pueblo debe ser una persona que no esté vinculada a ninguna organización política partidaria y la Dra.  Martínez Medina es miembro activo e integrante de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano –PRSC- condición que la inhabilita para asumir funciones relacionadas con la Defensoría del Pueblo.

El movimiento cívico reitera que mantener la candidatura de una reconocida figura político-partidaria, afectaría la credibilidad y confianza de esta nueva institución que tiene como objetivo fundamental, el salvaguardar los derechos personales y colectivos de los dominicanos y las dominicanas en su relación con el Estado y/o con entidades  prestadoras de servicios públicos.

En una carta enviada a la Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Comisión, el movimiento cívico valoró como positivo la publicación del listado y fotografías de los 42  candidatos preseleccionados, al tiempo de solicitar la ampliación del plazo para dar respuesta a las objeciones de los candidatos/ as, ya que el fijado por la Comisión coincidió con  la Semana Mayor,  lo que limitó la participación de las organizaciones y personas.

La Comisión hizo la solicitud a la sociedad de que en un plazo de 10 días -a partir de la fecha de publicación, viernes 2 de abril 2003- presente  por escrito cualquier objeción a los concursantes a la Defensoría del Pueblo.

Asimismo Participación Ciudadana  recomendó a la Comisión Especial de la Defensoría del Pueblo  estudiar la posibilidad de publicar nueva vez, y en un número mayor de medios de comunicación escrito, el listado de candidatos preseleccionados para dar mayor difusión a esta nueva etapa del proceso.

En nota de prensa Participación Ciudadana, explicó que la acción desarrollada por esta Comisión de Defensoría del Pueblo es un paso importante hacia la transparencia de procesos que como estos deben mantenerse en beneficio de la credibilidad y su aceptación.

Finalmente Participación Ciudadana reitera su apoyo a las candidaturas presentadas por esta institución  y preseleccionadas, el Dr. Luis Scheker Ortiz y la Licda. Iraima Capriles.

Asimismo respaldó a otros candidatos que tienen una trayectoria social reconocida por esta organización  y que se entiende reúnen las condiciones para asumir las funciones relacionadas con la Defensoría del Pueblo. Estas personas son: Roxanna Reyes Acosta, Rosalía Sosa, Samir R. Chami Isa, José Ceballos, Dorina López  y Bernardo Matías

“Esta institución está confiada en los esfuerzos que realiza la Comisión Especial de la Defensoría del Pueblo por  lograr una selección transparente y apartidista de los funcionarios de esta importante institución, la cual deberá contribuir con la consolidación del estado de derecho en nuestro país”, dijo.

Colegio Claret gana 1er. Lugar

El Colegio Claret con el seudónimo La Número 1, ganó el primer lugar del concurso de Ensayo “UNA SOCIEDAD TRANSPARENTE: LA CORRUPCIÓN UN MAL QUE DEBEMOS COMBATIR”, que organizó Participación Ciudadana.

El segundo lugar lo ganó el Colegio Lux Mundi, con el Seudónimo Igor y el tercer lugar resultó electo el Instituto Politécnico Cardenal Sancha, con el seudónimo Salomé.

Otras escuelas que resultaron ser preseleccionadas fueron el Liceo Gastón Fernando Deligne de San Pedro de Macorís, con el seudónimo La Soñadora y el Colegio APEC Minetta Roques, con el seudónimo Los Impolutos.

Participación Ciudadana realizó este concurso nacional de Ensayo “UNA SOCIEDAD TRANSPARENTE: LA CORRUPCIÓN UN MAL QUE DEBEMOS COMBATIR”, con el objetivo de estimular la reflexión y la acción de los y las jóvenes en torno al problema de la corrupción y sus efectos para el desarrollo del país.

Los premios a los ganadores serán entregados el viernes 11 de abril de 2003, a las 10:00 de mañana, durante un acto artístico cultural que será celebrado en el Auditórium  del Museo de Historia y Geografía, Plaza de la Cultura.

Para la realización de este concurso de Ensayo, Participación Ciudadana desarrolló 25 talleres a nivel nacional con  estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados  participantes en la actividad.

Para la selección de los ganadores, se contó con un jurado compuesto por Nuria Piera, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, Lissette Dumit, y Gladys Meregildo representante del DPC  quienes seleccionaron  los ganadores, en la categoría primer lugar, segundo lugar y tercer lugar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANAcompletó la recolección y procesamiento de la información recogida en el día de ayer en la observación de las elecciones primarias del PRSC.

Como se explicó ayer, nuestra organización realizó una observación itinerante en 134 centros de votación, en 19 municipios y una observación permanente, desde la instalación hasta el escrutinio de los votos en una muestra de 60 centros de votación escogidos aleatoriamente en todo el territorio nacional. La muestra fue recuperada en un  93%, es decir, 56 centros de votación.

La información de la muestra procesada anoche confirma, en términos generales, la apreciación que presentamos sobre la calidad del proceso de votaciones expresado en el informe que se presentó ayer.

CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES.

PC estimó la participación en las elecciones primarias del PRSC en aproximadamente de un 25 a un 30 por ciento del total de personas registradas en el padrón que, como ya sabemos era de 1,454,284 electores, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Comisionado Electoral del PRSC.

Un elemento muy significativo del proceso fue que en más del 91% de los centros observados se presentaron casos de personas que alegaron ser miembros del Partido Reformista y que no aparecieron en el padrón. Tal como había establecido el reglamento, a estas personas no se les permitió votar. Se estima que la cantidad de personas que no pudieron votar representa el 10 por ciento de los concurrentes. Sin embargo, Participación Ciudadana no cuenta con ningún indicador de que esta situación perjudicara a un candidato en particular.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO:

La observación permanente de centros de votación mostró, al igual que la itinerante, una organización aceptable del proceso, de acuerdo a las siguientes informaciones:

1)     En el 82% de los centros el proceso se inició antes de las 10 de la mañana.

2)     El 95% de los centros cerró antes de las 5:30 de la tarde.

3)     El 89% de las comisiones electorales estaban claramente identificadas.

4)     El 77% de los delegados de los precandidatos estaban identificados.

5)     El 100% de los centros tenían padrón de electores.

6)     En el 91% de los centros se presentaron personas que no estaban en el padrón.

7)     El 70% de los locales eran adecuados en espacio y organización.

8)     El 86% de los locales permitían votar de manera secreta.

9)     En el 42% de los centros se realizó campaña proselitista a favor de uno o ambos candidatos.

10)En el 96% de los centros los funcionarios estuvieron presentes durante el escrutinio .

11)En el 91% de los centros los delegados de los precandidatos presenciaron el escrutinio.

INCIDENTES E IRREGULARIDADES OBSERVADOS.

Como informamos ayer, los principales incidentes reportados en este proceso se originaron en los casos de personas que no pudieron votar por no aparecer en el padrón, lo cual originó, en algunos casos, fuertes discusiones que, afortunadamente no desencadenaron actos de violencia significativos. También se reportaron deficiencias en el entrenamiento del personal que trabajó en los centros de votación, así como algunos casos de insuficiencia de boletas.

El caso de San Pedro de Macorís merece mención especial. En esa ciudad  ubicamos dos observadores en el Centro de Votación No. 005, situado en la Calle Virgilio Díaz Ordóñez, No. 52, (Casa de la Profesora Lidia Cedeño). En esta provincia este fue el único que salió en la muestra aleatoria de 60 centros ya mencionados, además teníamos un observador itinerante realizando un recorrido por diferentes centros de votación y otro observador en el centro de acopio y computo de esta localidad..

Sin embargo, nuestro observador de esta muestra, a pesar de haber permanecido en el centro desde su apertura, no pudo presenciar el escrutinio de dicho centro porque se le  pidió que se retirara. Al momento de retirarse, nuestro observador tenía información de que habían votado menos de 400 personas. Las cifras de votación de ese centro fue obtenida por el observador de PC en el centro de acopio y cómputos de San Pedro de Macorís, habiéndose reportado una cantidad de 1163 votos a favor del candidato Eduardo Estrella, 51 a favor del candidato Jacinto Peynado y 22 votos nulos para un total de votación de 1,236.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Participación Ciudadana considera que la dirección del PRSC, en especial su Comisionado Electoral,  ha hecho un esfuerzo loable en la organización de estas primarias.

En tal sentido, y para que este proceso culmine en el fortalecimiento de ese Partido, recomendamos el cotejo exhaustivo  de todas las actas de la Provincia de San Pedro de Macorís y, en el caso de que se compruebe la comisión de irregularidades, sea anulada la votación y celebradas nuevas elecciones en esta provincia. Ofrecemos desde ahora nuestra colaboración, mediante la observación, en caso de acogerse alguna de estas recomendaciones.

En segundo lugar, recomendamos a la alta dirección del PRSC iniciar en breve plazo una labor de saneamiento de su padrón electoral, a fin de que el mismo refleje la realidad actual, acompañado de una campaña entre sus militantes para asegurar que todos estén debidamente registrados.

PRIMER INFORME DE LA OBSERVACIÓN

La observación desplegada por Participación Ciudadana sobre las elecciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para seleccionar a su candidato presidencial, se ha desarrollado exitosamente en los 134 centros de votación pre-seleccionados, en 19 municipios, lo que ha conllevado la movilización de más de 250 personas voluntarias en todo el territorio nacional.

En esta observación se involucraron los miembros del Consejo Nacional de PC, el Comité Coordinador, el Equipo Técnico y el voluntariado a nivel nacional. En esta tarea se ha contado con la colaboración de la dirección del PRSC, de manera especial de su Comisionado Nacional Electoral, que preside la doctora Licelot Marte de Barrios.

PC optó por realizar su observación electoral en varios niveles, que incluyen:

a)     La observación itinerante de 134 centros de votación, distribuidos en 19 municipios, por voluntarios que se trasladaban de un centro a otro para recoger las incidencias ocurridas en los mismos. Los centros observados se encontraban localizados en los lugares de mayor incidencia para este proceso electoral interno, como el Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, entre otros.

b)     La observación permanente, desde la instalación hasta el levantamiento del acta con los resultados, en una muestra de 60 centros de votación, escogidos aleatoriamente a nivel nacional, que incluyen  una población de 50,000 votantes.

Desarrollo de la observación

La convención del PRSC ha transcurrido con normalidad hasta el mediodía del domingo, con una afluencia moderada de militantes en los centros de votación, en los cuales se ha observado actividad promocional significativa a favor de ambos candidatos.

La convención ha tenido una organización aceptable, sin inclinaciones, y en la medida en que transcurrían las primeras horas de la mañana se descubrían los primeros inconvenientes, vinculados a la calidad del padrón electoral.

Fue observada una indeterminada cantidad de personas que no podían ejercer su derecho al voto debido a que no se encontraban en el padrón de electores. En el Distrito Nacional hubo presidentes de centros de votación que desconocían si el PRSC había reinscrito a todos sus militantes para confeccionar un nuevo padrón o si el padrón utilizado era un documento actualizado con nuevos inscritos. La mayor cantidad de aparentes reformistas que no podían ejercer su derecho al voto se proclamaban como “viejos” militantes.

Pese a la escasa presencia de votantes reformistas en una parte de los centros, era notable que algunas de las personas responsables de dirigir el proceso no tenían el conocimiento, la destreza y la formación para encontrar nombres en las listas de votantes, o carecían del conocimiento sobre los centros de votación a los que debían remitir a los ausentes en las listas de votación.

No se registraron casos de violencia o incidentes considerables, pese a que en algunos centros de votación se produjeron fuertes discusiones.  Muchos centros de votación carecían de las condiciones para garantizar el secreto del voto en el momento de ser emitido.

A varios centros de votación no se les suministró la cantidad suficiente de boletas. Es el caso, por ejemplo, del centro de votación 0026, de Gaspar Hernández en el que había un total de 82 personas inscritas y sólo llegaron 51 boletas, por lo que hubo que cerrar el centro cuando se agotaron las boletas.

A continuación presentamos algunos datos concretos de los resultados de la observación itinerante realizada por directivos y miembros de nuestra organización, en 134 centros de votación.

1.      El 93 %  de los observadores  reportó que todos los centro visitados tenían  las comisiones electorales claramente identificadas.

2.      En el 93% reportó que los precandidatos tenían delegados debidamente identificados.

3.      El 100 % reportó que los centros disponían del padrón de votantes, aunque informaron de  casos de personas que no pudieron votar  por no aparecer en el padrón.

4.      El 88 % de los centros de votación contaban con la organización y el espacio adecuado para votar.

5.      En el 67%  de los locales se podía votar de manera secreta.

6.      En el 79 % de los locales se observaba campaña a favor de los precandidatos. En el 8 %  de los casos esta se producía dentro del local y en el 92 % fuera del mismo.

7.      No se reportó ningún centro que no funcionara.

8.      El 88 % de los centros comenzó las votaciones antes de las 10 de la mañana.

9.      El 96 % de nuestros observadores reportó que en  los centros visitados la militancia concurría y votaba en orden.

10.  En el 8 % de los centros visitados se reportaron discusiones y pleitos, aunque en no todos esta situación afectó el orden de los centros.

 En el día de mañana, lunes 31 de marzo, ofreceremos los resultados finales de nuestra observación, que incluirá los datos de la muestra aleatoria antes descrita.