Ante la grave crisis financiera

• Graves consecuencias del más escandaloso fraude financiero 

• Fruto del maridaje y el sistema de complicidad de los grandes intereses económicos y políticos

• La nación tiene que exigir justicia con total transparencia

• Llamamos a un acto por la sanidad moral de esta sociedad

La nación dominicana se enfrenta a las consecuencias económicas y morales de lo que puede ser catalogado como uno de los más escandalosos fraudes financieros del mundo.

Las autoridades han informado que la quiebra del Banco Intercontinental involucra un déficit financiero de 55 mil 845 millones de pesos, suma que equivale a las dos terceras partes del presupuesto nacional de este año y aproximadamente un 15 por ciento del producto interno bruto. Ninguno de los fraudes financieros conocidos en el mundo guarda esas proporciones.

En lo inmediato la quiebra del BANINTER ha obligado al Banco Central a emitir 43 mil millones de pesos, alrededor del 20 por ciento en efectivo y el resto en certificados financieros, masa monetaria que ya ha obligado a nuevas y mayores restricciones monetarias que se traducirán en altas tasas de interés y desincentivo a la inversión y en altos niveles de devaluación del peso e inflación que afectarán a las familias de medianos y escasos recursos.

Todos los análisis indican que el costo para cubrir este fraude financiero será excesivamente pesado para la nación y que tendremos que pagarlo todos los dominicanos y dominicanas, probablemente durante diez o quince años. Se traducirá en restricciones de la inversión, pública y privada, mayor desempleo y pobreza.

Establezcamos las responsabilidades

La nación no sale del asombro ante la magnitud del descalabro financiero, ante los detalles de las operaciones dolosas que se han denunciado y la desprotección en que se encuentra la ciudadanía. Cómo ha sido posible que ninguna autoridad gubernamental, ni los auditores externos, ni los organismos internacionales que han realizado estudios y evaluaciones del sistema financiero dominicano, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, nadie pudo constatar y denunciar el hecho de que durante 14 años se operó un banco clandestino dos veces superior al legal.

La responsabilidad recae particularmente sobre quienes ejercieron funciones en la Superintendencia de Bancos, en el Banco Central y en la Junta Monetaria, teniendo la obligación de supervisar, normar y ordenar el mercado financiero. Sobre todo cuando el derroche y la multiplicación de propiedades originaban cuestionamientos en todo el que tenía ojos y oídos para ver y escuchar. Hasta el momento estas instancias no han asumido esa responsabilidad,  ni las consecuencias que necesariamente deben derivarse de sus acciones u omisiones.

Pero más allá de las responsabilidades que tocan a los gobernantes y funcionarios, este escándalo es fruto del sistema de complicidad inmoral que se ha instituido entre grandes intereses económicos y políticos, aceptado y legitimado por sectores de influencia de la sociedad.

Se trata de un sistema que financia a la mayoría de los partidos y de los precandidatos y candidatos; que soborna y corrompe a quienes ejercen los poderes del Estado: gobernantes, legisladores, jueces, funcionarios civiles, policiales y militares; extendiéndolo también al liderazgo de las más variadas instituciones sociales, de los medios de comunicación y sin respetar ni siquiera al poder eclesial y las altas instancias de la justicia. Eso fue lo que denunció el gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, en discurso desde el Palacio Nacional y ante una amplia representación de los poderes nacionales.

Un fraude de la magnitud y amplitud de éste sólo fue posible por la gran repartición que se realizó desde BANINTER. Se ejecutaron todas las posibilidades, comenzando por muchos de los ejecutivos de la misma institución, pasando por los sectores gubernamental, político y social, por una generosa inversión en publicidad y en las actividades artísticas y deportivas.

Pero las autoridades han dicho que el grueso del dinero de los ahorrantes se desvió para un amplio sistema de empresas propias, muchas de ellas deficitarias, especialmente para un complejo de medios de comunicación que incluía 4 diarios, 8 canales de televisión, una red de empresas de telecable y 76 emisoras radiofónicas.

Resultaba difícil supervisar a un grupo financiero cuyos ejecutivos tenían tal poder mediático, que desayunaban, comían y cenaban con las autoridades y el liderazgo político, religioso y social, les proporcionaban sus aviones, helicópteros y yates, les regalaban lujosos automóviles, incluso a los dos últimos presidentes de la nación, así como tarjetas de crédito sin límites y todo el financiamiento que necesitaran.

La complicidad es tan amplia en este escándalo que muchos abrigan el temor de que una vez más predomine la impunidad, a pesar del inmenso costo económico que conlleva. Lo que obliga a la sociedad dominicana a un sacudimiento y a exigir justicia con transparencia. Apego a los procedimientos jurídicos, pero firmeza en su aplicación, sin privilegios para nadie.

Correctivos y propuestas

Si este inmenso fraude bancario no es sancionado hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano debilitándolo hasta su disolución o hasta provocar estallidos de hastío y rebeldía como los que han afectado el orden institucional en varias naciones latinoamericanas.

Es necesario que se recuperen todos los activos derivados del fraude bancario y que se agilicen los procedimientos para su venta y compensar siquiera parcialmente el enorme déficit impuesto a la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana solicita a los diversos sectores de la sociedad  preocupados por la suerte de la nación a clamar por la moralidad y el límite a la corrupción, por la transparencia y la justicia.

Tenemos que renovar la lucha por transformaciones legislativas que pongan fin al tráfico ilícito con los recursos públicos y a la complicidad entre intereses políticos y privados. Hay que evitar que los intereses económicos coloquen cuadros en los organismos públicos y que financien sin límites a los partidos y candidatos, y a quienes ejercen los poderes del Estado, sea con regalos y sueldos, o con igualas o préstamos, por más legítimos que parezcan. Ya los partidos están financiados por el presupuesto nacional.

Tenemos también que reclamar límites a la perniciosa concentración de los medios de comunicación en manos de los grandes grupos financieros y empresariales, especialmente de las frecuencias de radio y televisión, que son limitadas y de propiedad pública.-