Participación Ciudadana rechaza el  tono y el contenido de las declaraciones ofrecidas por el Lic. Miguel Cocco, Director General de Aduanas, en relación con los comentarios efectuados por los periodistas, Juan Bolívar Díaz, Fausto Rosario Adames y Altagracia Salazar sobre la adquisición por dicha Dirección General, de un inmueble por la suma de mil millones de pesos.

En dichas declaraciones el Lic. Cocco, involucró a nuestra organización, al acusarnos de prácticas nepotistas y de recibir fondos de “una potencia extranjera”.

Participación Ciudadana cree en la transparencia y en la rendición de cuentas, por lo que informa a la  opinión pública, con respecto a tales declaraciones, lo siguiente:

Nuestra organización no tiene restricción alguna al trabajo estrictamente voluntario de personas relacionadas con algún grado de consanguinidad o afinidad y por el contrario estimula que familias enteras se integren al trabajo voluntario. Con respecto al trabajo  asalariado, tenemos políticas claras para evitar prácticas nepotistas.

Con relación a nuestras finanzas reiteramos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que el principal aporte que recibe PC es precisamente el trabajo no remunerado de sus voluntarios; y los aportes económicos provienen, en menor grado, de las cuotas de  nuestra membresía, y en mayor grado de la colaboración  de organismos y agencias de cooperación internacional. Asimismo, recibimos colaboración de muchas empresas nacionales que apoyan el trabajo que realizamos y confían en nuestra organización. Todas estas informaciones se publican en nuestra   página Web www.pciudadana.com .

Finalmente, debemos señalar que PC ha sido una abanderada permanente de la transparencia, tanto en el sector público como en el sector privado y por esta razón ha mantenido firme su línea política contra la corrupción y la impunidad, y promueve que las compras de bienes y servicios por parte del Estado, sean sometidas a licitaciones públicas.

El movimiento cívico Participación Ciudadana censura el enfrentamiento que han protagonizado las últimas semanas el Gobierno Central y representantes del Congreso Nacional  y cuyos términos ponen en entredicho el interés de las partes en contribuir con la gobernabilidad democrática sobre la base de fortalecer el Estado de Derecho.

Aunque una de las características de la democracia es precisamente que el gobierno y la oposición  pueden expresar y discutir libremente sus desacuerdos, lo que se ha producido entre el Gobierno y  miembros del PRD en el Congreso, no ha sido otra cosa que una sucesiva cadena de presiones, en la que las partes han olvidado sus responsabilidades con la Nación y el pueblo dominicanos, para anteponer sus intereses particulares.

Esto es lo que se deduce al analizar las diferentes propuestas y declaraciones de los funcionarios del Gobierno peledeísta y de los legisladores y dirigentes políticos pertenecientes al PRD. Por una parte,  el Lic. Danilo Medina, Secretario de Estado de la Presidencia, amenaza con dar a conocer una serie de auditorias bajo la premisa de que las mismas contienen informaciones “estremecedoras” en perjuicio del pasado gobierno.  Parece olvidarse el Lic. Medina que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las autoridades a dar a conocer esta información a todo aquel que la solicite, pudiendo ser sometido a la acción de la Justicia el funcionario que niegue este acceso.  Además, si de estas auditorias se deriva la comisión de algún crimen o delito, es también una responsabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo, el apoderar a los funcionarios judiciales competentes y no utilizar esta información como un mecanismo para silenciar la oposición y obtener su apoyo complaciente.

En otro sentido, es también reprobable que el Senado de mayoría perredeísta postergue sus obligaciones de legislar, condicionándolas a que el gobierno cumpla una serie de demandas. Si el Senado entiende que tal o cual funcionario está violando la ley mediante cancelaciones irregulares o anulando disposiciones adoptadas legítimamente por el Ex Presidente Hipólito Mejía, la Constitución de la República tiene los mecanismos para que ese funcionario sea interpelado ante las propias cámaras legislativas, pudiendo ésta adoptar las sanciones de lugar.  Pero intercambiar la aprobación de préstamos o bonos  con la reposición de cancelados o con “que no se persiga a ningún compañero”, desnaturaliza los propósitos de la función legislativa y no constituye una acción efectiva de fiscalización.

En ese mismo orden, Participación Ciudadana advierte sobre una peligrosa tendencia que se percibe en ciertos sectores del Gobierno, en el sentido de ofertar impunidad a cambio de una mal entendida  “gobernabilidad”, sustentada en la actitud obediente y sumisa por parte de legisladores y opositores. Entendemos que el Ministerio Público debe dar continuidad a los procesos de investigación de actos de corrupción, independientemente de sí sus autores son del actual o del pasado gobierno. Ningún funcionario o ex funcionario puede sentirse molesto porque se inicien acciones de investigación respecto de las responsabilidades públicas en que se ha desempeñado. En todo caso, lo que si debe exigirse es que estas pesquisas se hagan cumpliendo estrictamente el debido proceso y que las mismas no sean utilizadas con fines meramente politiqueros.

Participación Ciudadanallama al Gobierno y a los legisladores a reflexionar muy seriamente sobre el rol que cada uno debe jugar en las actuales circunstancias que vive la República y que precisan del concurso mancomunado de sus mejores hombres y mujeres. A entender que es necesario fomentar la gobernabilidad democrática, pero sobre la base del respeto a la Justicia y el cese a la impunidad,  castigando la corrupción de ayer y de hoy; fomentando la ética y la transparencia en la gestión pública; concertando una agenda legislativa  y una Agenda Nacional de Desarrollo, que establezcan las prioridades nacionales en los próximos años, dando respuesta a los acuciantes problemas que afectan la población dominicana y que actualmente vive una continua crisis en servicios elementales como el agua, la  salud, el suministro de energía eléctrica y la educación.

Advertimos que cualquier tipo de “gobernabilidad” lograda sobre la base de la impunidad, se constituirá en otro factor que aumentará el descrédito y la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos y sus dirigentes y será además un caldo de cultivo para que en el futuro se cometan nuevos actos de corrupción.

Participación Ciudadana realizó un encuentro con legisladores en el que participaron alrededor de 50 congresistas, entre diputados y senadores de los diferentes bloques y miembros de la Comisión de Ética, creada recientemente por decreto del Poder Ejecutivo, para presentar la campaña “Aprobación del Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones”.

El encuentro titulado “presentación Prioridades Legislativas en el Área de Transparencia de la Gestión Pública, se inició  con el discurso del director ejecutivo, Javier Cabreja, seguido de Faustino Collado, quien se refirió al proyecto de Ley Contrataciones Públicas en el marco del proceso de Reforma del Estado; el diputado peledeísta, Euglides Sánchez se refirió a las dificultades y obstáculos para la aprobación del proyecto de Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, servicios y Concesiones y finalmente la intervención de Miriam Díaz Santana, coordinadora de la Comisión de Transparencia de la institución.

Esta actividad que es organizada por  el programa Transparencia de la Gestión Pública, se enmarca dentro del grupo de acciones que desarrolla este componente a fin de constituir un espacio de diálogo y reflexión sobre la agenda legislativa que en materia de lucha contra la corrupción esta pendiente en el Congreso Nacional.

Discurso Javier Cabreja, director Ejecutivo de Participación Ciudadana  

Distinguidos representantes del Congreso Nacional, Amigos todos,

Permítanme en primer lugar agradecer su presencia en este encuentro entre legisladores y representantes de Participación Ciudadana, el cual tiene como propósito constituirse en un espacio de diálogo y reflexión sobre la agenda legislativa que en materia de lucha contra la corrupción esta pendiente en el Congreso Nacional y cuyo conocimiento y aprobación contribuiría de manera significativa con la promoción de la transparencia y el buen gobierno en la República Dominicana.

Estamos confiados en la disposición de los legisladores de discutir, aprobar y promover las iniciativas legales que hagan falta para enfrentar los crecientes niveles de corrupción que afecta a nuestro país. Tenemos en el actual Congreso algunas experiencias positivas en esta dirección, como lo constituye la aprobación de la ley de acceso a la información pública y la reforma a la ley 520 que regula el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro. Claro está, el gran reto ahora es lograr la efectiva implementación de estas importantes leyes, y que las mismas no queden en letras muertas.

El encuentro de hoy ser entendido como continuidad de un proceso iniciado hace más de dos años, el cual ha sido coordinado por PC en el marco de su programa de Transparencia de la Gestión Pública, y como parte del mismo, los legisladores acompañados de representantes de organizaciones de la SC, han debatido sobre la necesidad impostergable de empujar las importantes reformas legales que promuevan la rendición de cuentas desde los poderes públicos y el fortalecimiento de los instrumentos de prevención y sanción de los actos dolosos en la administración del Estado.

Desde Participación Ciudadana entendemos que no puede haber una lucha efectiva contra la corrupción, mientras existan leyes obsoletas o dispersas que no ayudan en el control y la persecución de los actos de corrupción.  Necesitamos dotar al país de un moderno marco legal que permita a las autoridades enfrentar con éxito este flagelo que merma las finanzas públicas en beneficio de particulares.  Por esta razón, demandamos el conocimiento y la aprobación sin más demoras, de proyectos de leyes como:

• El de la Ley que crearía la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción.

• La Ley de General de Participación

• La Ley de Declaraciones Juradas de Bienes

• La Ley que crearía la Contraloría General Independiente

• La Ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Internacional Contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

• Un Código Penal con nuevas y severas sanciones para los actos de corrupción, por ser de interés colectivo o público

• Ley de Contrataciones Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.

Les reiteramos que Participación Ciudadana, con el objetivo de contribuir con el proceso de disminución de la corrupción administrativa, se propone dar seguimiento hasta su aprobación a los distintos instrumentos jurídicos legales pendientes y otros que debemos adecuar para que el país este acorde con las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En esta oportunidad consideremos de urgencia la aprobación del Proyecto de ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, pues entendemos que esta ha sido una de las áreas más vulnerable para actos dolosos y para el enriquecimiento ilícito. Según diferentes estudios se estima que aproximadamente un 10% de los gastos en contrataciones públicas lo absorbe la corrupción y las diferentes modalidades del soborno, sea pasivo, activo, o trasnacional.

Diferentes sectores de la sociedad dominicana han expresado su convicción de que la administración pública dominicana debe contar con un instrumento legal para el tema de un sistema de contratación eficiente, eficaz, ágil y transparente que garanticen mayores niveles de institucionalidad y credibilidad en  el Estado dominicano.

Por ello, hoy les presentamos la campaña que hemos titulado ¡CONGRESISTA ES UNA NECESIDAD! Referida a la aprobación del proyecto de “Ley de Contrataciones Públicas…”. Es por todos conocido, que con este nueva iniciativa legal se pretende establecer los principios y las normas generales que deben regir las contrataciones públicas, las obras serían todas presupuestadas sujetas a una programación por sorteos y licitaciones públicas, atendiendo a criterios de selección por competencia técnica.

La aprobación de este proyecto seria de gran trascendencia para el país en el entendido que eliminaría el grado a grado, modalidad de uso tan generalizado para beneficiar a allegados, amigos y parientes, en detrimento del Estado. Esta ley también regularía las concesiones que hasta la fecha carecen de un marco legal en la República Dominicana.

Insistimos en la confianza que tenemos en que los Diputados/As y senadores/as se  comprometan en  trabajar por la aprobación de ese instrumento legal que beneficia a todos por igual y reduce los privilegios de quienes históricamente se han beneficiado de esta práctica dañina para el desarrollo del país.

Conozcamos el contenido de esta iniciativa, defendamos su aprobación y hagámosla una realidad!.

Participación Ciudadana recibió respuesta de la Suprema Corte de Justicia con relación al emplazamiento que elevo recientemente, esta organización, para que este alto tribunal agilice el conocimiento de los casos de corrupción pendientes desde hace varios años.

En ese sentido, el Dr. Jorge Subero Isa detalló mediante comunicación la situación en que se encuentran  los casos, alegando que fueron remitidos a la Procuraduría General de la corte de Apelación del D.N, otros a la Procuraduría General de la República, que tiene dos recursos de inconstitucionalidad, además señaló que están pendientes de fallos y en otros casos el tribunal no ha sido apoderado.

Este movimiento cívico, precisó que para dar seguimiento a los expedientes pendientes de casos de corrupción en la justicia dominicana, solicitó vía una  comunicación al Procurador General de la República, explicación sobre la situación en que se encuentra estos casos y este informó el estado general de los mismos.

El magistrado Domínguez Brito dijo que el expediente  de recusación seguido contra el Sr. Angel Lockward, por supuestas irregularidades en la distribución de los cupones para la obtención del Gas Licuado de Petróleo fue remitido al Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, quien a su vez apoderó el Juzgado de Instrucción, a los fines de realizar la sumaria.

De acuerdo con la comunicación del Procurador Domíguez Brito, en lo referente a la recusación contra los jueces de la Cámara de Calificación, que conocen el caso BANINTER el representante del Ministerio Público hizo saber a Participación Ciudadana que el proceso está nuevamente en manos de la Suprema Corte de Justicia y que de seguro el alto tribunal lo remitirá al organismo judicial, para que emita su opinión al respeto

En cuanto al caso seguido contra el Sr. José Michelen Stefan (CASO INESPRE), cuyo expediente se encentra en la Procuraduría General de la República, desde el 15 de agosto del año 2002, Domínguez Brito dijo que oportunamente la Procuraduría dejara saber el curso que se le sigue al proceso.

Participación Ciudadana entiende que la agilización de estos casos y otros que  demandó recientemente al Ministerio Público deben ser resueltos, puesto que estos han causado un grave daño social,  moral,  económico e institucional, por las características que presentan.

En tal sentido consideró que los representantes de la justicia dominicana deben darle seguimiento, en cualquier instancia apoderada de los mismos, hasta su conclusión definitiva.

El movimiento cívico esta convencido de que la lucha contra la corrupción y  el cese de la impunidad sólo saldrá victoriosa cuando los tribunales del país asuman la responsabilidad que les corresponde, sancionando drásticamente a los culpables de estos delitos, sin importar su poder o su influencia política o económica y sin hacer distinciones por razones de apellidos o abolengo social.

Representantes de la Comisión de la Sociedad Civil de Seguimiento a la Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), República Dominicana participaron en la VII Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la CICC, celebrada el lunes 7 de marzo, en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA, Washington, DC.

La reunión se produjo en el marco de la Ronda de Evaluación de  República Dominicana, Trinidad Tobago, El Salvador, México y Honduras, para determinar los niveles de implementación de la CICC, la misma contó con la participación de los expertos y representantes de los gobiernos que han ratificado la Convención.

La comisión de la Sociedad Civil de República Dominicana estuvo integrada por los representantes de Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS y por la Fundación Federalista, quienes de manera directa presentaron a los expertos las recomendaciones producidas en el Informe Alternativo de manera particular el Sistema de Declaración Juradas de Bienes, Ingresos, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos , así como de los Mecanismos para Estimular la Participación de la Sociedad Civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

Dentro de estas recomendaciones podemos citar la modificación de la Ley No. 82-79 a fin de que se amplíe el número de funcionarios obligados a presentar dicha declaración, el establecimiento de criterios contables claros y un formato unificado para la presentación de las declaraciones, así como el establecimiento de los mecanismos para realizar el cruce de información, para la constatación y verificación de lo declarado por los funcionarios.

Además el fortalecimiento de las sanciones y de manera especial la implementación de los mecanismos que permitan a la ciudadanía el acceso a dichas declaraciones.

En lo referente a los mecanismos de participación de la sociedad civil se recomendó la adopción de una política que garantice que los mecanismos existentes cumplan con las funciones para los cuales fueron creados, siendo importante que este criterio sea aplicado a la recién conformada Comisión Nacional de Ética y Combate  a la Corrupción.

Se sugirió en el marco de la reunión en la OEA,  la emisión de un Decreto Presidencial, que obligue en un breve plazo a las entidades gubernamentales, a abrir y mantener actualizado un portal con informaciones relativas a la rendición de cuentas y aspectos administrativos contables, como garantía de manejo transparente de los fondos públicos. También se sugirió crear las condiciones necesarias para que las entidades gubernamentales conozcan y cumplan la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Cabe resaltar que la participación de los representantes de la Comisión de Seguimiento de RD contó con el apoyo del Programa de Convenciones de Transparencia Internacional, el cual constituye un soporte importante para la difusión de las recomendaciones presentadas en el Informe Alternativo elaborado por dicha comisión y los futuros trabajos que deberá asumir para monitorear que las recomendaciones producidas en la evaluación a RD sean efectivamente implementadas en el país.

Los suscribientes ciudadanos y ciudadanas dominicanos, expresamos nuestro apoyo ferviente   a la iniciativa de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad  y el Foro Ciudadano de convocar un Encuentro por los Valores patrios, contra la corrupción y la impunidad para el sábado 26 de febrero a las 10  de la mañana en el Club San Carlos.

Todas y todos  los preocupados por el futuro de la nación  debemos aunar esfuerzos y unir voluntades para contener la corrupción que está carcomiendo el alma de la sociedad dominicana.

Para ese objetivo es fundamental que exijamos el fin de la impunidad frente al desfalco y la corrupción pública y privada que tanto han dañado la economía y las instituciones nacionales.

• Ada Wiscovitch
• Jaime Moreno
• Nuria Piera
• Adriana del Conte
• Javier Cabreja
• Nurys Paulino
• Aida Consuelo Hernández Bonnelly
• Jesús Moreno
• Oscar Valiente
• Alfonso Abreu Collado
• Jesús Tellería
• Padre  Antonio Avelino
• Altagracia López
• Jochy Santos
• Padre Antonio Lluberes
• Altagracia Salazar
• Jorge Cela
• Padre Jesús Zaglul
• Ana Mitila Lora
• José Antonio Flaquer
• Padre José Luis Alemán
• Arismendy Díaz Santana
• José del Carmen Ariza
• Padre Luis Rosario
• Arturo Peguero
• José Guerrero
• Padre Pablo Mella
• Bienvenido Álvarez Vega
• José Manuel Paliza
• Patricia García
• Braulio Portes
• José Mella
• Patricia Solano
• Carlos Luis Roques Sánchez
• José Rafael Rodríguez S.
• Polita Barceló de Dupoy
• Carlos Villaverde
• José Ricardo Roques
• Porfirio García
• Carmen Imbert Brugal
• José Ricardo Roques Ortiz
• Radhamés Martínez Aponte
• Carmen Virginia Rodríguez
• José Vitienes
• Rafael Acevedo
• Celso Marranzini Pérez
• Josefa Sarte
• Rafael Molina Morillo
• César Estrella  Sahdalá
• Josefina Padilla
• Rafael Toribio
• César García
• Juan Bolívar Díaz
• Ramón Antonio Veras
• Circe Almánzar
• Juan Sully Bonnelly
• Ramón Echavarría
• Cristina Roques Ortiz
• Laly Sánchez Padilla
• Ramón Pérez Minaya
• Cristina Taveras
• Ligia Bonetti de Valiente
• Ramón Tejada Holguín
• Damaris Defilló
• Lizzie Sánchez
• Raquel Vicini  Alonso
• Eduardo García Michel
• Luis Eduardo Lora
• René Fortunato
• Elena Viyella de Paliza
• Luis Scheker Ortiz
• Ricardo Augusto Roques Sánchez
• Emigdio Valenzuela
• Magaly Caram
• Roberto Reyna
• Emma Polanco
• Manuel Batista
• Roberto Santana
• Fabiola Medina
• Maribel Gassó
• Roque Napoleón Muñoz
• Faustino Collado
• Marina Hilario
• Rosa Rita Álvarez
• Fausto Rosario Adames
• Marino Ginebra
• Rosario Espinal
• Felipe Ciprián
• Marisol Pagés
• Sergia Galván
• Felix García
• Marisol Vicens
• Servio Tulio Castaños
• Fernando Armenteros
• Mary Fernández Rodríguez
• Silvio Herasme Peña
• Fernando Pérez Memén
• Mary Pérez Marranzini
• Soledad Álvarez
• Francisco Álvarez Valdez
• Matty Vásquez
• Somnia Vargas
• Francisco José Castillo C.
• Melba Rita Barnett
• Víctor Víctor
• Freddy Beras Goico
• Miguel Ceara Hatton
• Virgilio Ortega
• George Arzeno Brugal
• Miguel Guerrero
• Wenceslao Vega
• Giselle Caputo de la Maza
• Mildred Minaya
• Wilfredo Alemany
• Gustavo Tavares
• Miriam Díaz Santana
• Willian Malamuk
• Hamlet Hermann
• Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio
• Xandra Sánchez
• Hermano Pedro Acevedo
• Mu-Kien Sang Beng
• Yandra Portela Vila
• Isidoro Santana
• Nerissa Rancier
• Yudith  Castillo

El abogado Luis Schecker Ortiz fue escogido como nuevo coordinador general de Participación Ciudadana, sustituyendo en esas funciones al economista Alfonso Abreu Collado.

La elección se produjo durante la primera sesión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por el propio Schecker Ortiz, Juan Bolívar Díaz, Vilma Arbaje, Samir Chami Isa, Ramón Tejada Holguín, Pavel Isa Contreras y Luis Rosa Valerio.

El Sr. Schecker Ortiz es doctor en derecho con más de 40 años de ejercicio, Posee una maestría en Administración Pública  y  de Personal y también ha desempeñado funciones pública.

Participación Ciudadana escoge cada año un coordinador general. El prestigioso abogado Scheker Ortiz lleva un año como miembro del Consejo Nacional, y hasta el momento de ser electo estaba a cargo de la coordinador de la Comisión de Justicia de la institución.

El Consejo Nacional está integrado por 12 miembros, electos por la asamblea general, más los coordinadores de las comisiones de trabajo y de regiones.

El pasado 29 de enero, PC realizó su Asamblea Anual Ardinaria y cambió parte de su dirección, los  cuatro nuevos miembros para integrar el Consejo Nacional de la institución son Pavel Isa Contreras, Pedro Acevedo, Jefrey Lizardo y Leocadio Santana

Los demás miembros que integran los 12 del Consejo Nacional de PC son: Oscar Grullón, Rafael Toribio, Schecker Ortiz, Juan Bolívar Díaz, Vilma Arbaje, Samir Chami Isa, Ramón Tejada Holguín y Luis Valerio.

Los nuevos miembros del Consejo electos en la asamblea sustituyen a Alfonso Abreu Collado, Mu-Kien Sang, Samuel Encarnación Oviedo e Isidoro Santana.

El coordinador General de Participación Ciudadana saluda y se solidariza con la declaración del Presidente de la Republica, Dr. Leonel Fernández, en el sentido de que "se propone iniciar  una nueva relación de gobierno con las distintas comunidades del país, porque está inmerso en la tarea de establecer pactos sociales para el desarrollo comunitario", según cita la prensa nacional.

Luis Scheker Ortíz entiende que la mejor política de inversión que puede implementar el gobierno nacional es priorizar sus recursos  orientándolos precisamente al rescate de las comunidades rurales y campesinas mediante obras de infraestructura,  indispensables para su fortalecimiento y desarrollo.

En nota de prensa distribuida por el Departamento de Comunicación, el coordinador general de Participación Ciudadana considera que el apoyo a las autoridades municipales y a los organismos de la sociedad civil seriamente comprometidos con sus respectivas comunidades, mediante pactos y alianzas dirigidas a superar los niveles de carencia y de pobreza sería una formula eficiente para elevar el nivel de participación y descentralización en la toma de decisiones con la presencia efectiva de los dirigentes locales comunitarios.

Por otra parte, Scheker Ortíz pide que se someta a un escrutinio mas severo la decisión de construir el Metro de Santo Domingo, obra que ha sido vivamente cuestionada por expertos que entienden que dado su elevado costo y su debatida utilidad ese magno proyecto, al igual que la edificación de una isla artificial frente al Malecón, no se compadece con la situación económica actual por la que atraviesa el país y la política de austeridad proclamada por el Gobierno y auspiciada por el Fondo Monetario Internacional.