La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano solicitan al Poder Ejecutivo la pronta promulgación del prometido Decreto que regularice las Contrataciones Públicas de Obras, Bienes, Servicios y Concesiones, área que históricamente ha sido más vulnerada por actos de corrupción.

La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción entregó al Señor Presidente Constitucional una propuesta de Decreto, en la cual nuestras organizaciones realizaron importantes aportes y cifraron grandes esperanzas contando con su rápida promulgación tal como prometió el Presidente. Este decreto sería un indicador convincente de que  existe una real voluntad política para reducir las posibilidades de corrupción dentro del Estado, en especial cuando se toma en cuenta que a un año de gestión del actual período gubernamental se han identificado varias contrataciones no apegada a los estándares de transparencia.

El decreto es una necesidad impostergable para poder ir avanzando en lo que debe  ser la implementación de un eficiente, eficaz, transparente, y ágil sistema de compras y contrataciones del ámbito de acción del Poder Ejecutivo: El decreto tendría la virtud de poder convertirse en un elemento que acelere el conocimiento de un Proyecto de Ley similar que descansa en el Congreso y el cual tendría como ámbito de acción a todo el Estado Dominicano, incluyendo los gobiernos locales, el congreso, la justicia y el poder ejecutivo.

Su promulgación daría paso a mecanismo e instrumentos transparentes, ya que puede permitir:

1.Operativizar la inactiva, inoperante e insuficiente Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, constituyendo un Órgano Rector responsable de las contrataciones y concesiones del Estado como una unidad funcional de carácter normativo y consultivo, bajo los principios de centralización normativa y descentralización operativa; que procurará la excelencia en las contrataciones cumplimiendo con principios expuestos en el Reglamento.

2.Crear las bases para el Registro Nacional de Proveedores, Constructores y Consultores, directamente o por vía de concesión de estos servicios;

3.Generar la necesidad del Sistema de Información de Contrataciones (SIC), en el que se incluyen las concesiones, así como las bases de datos y página WEB, directamente o mediante concesión de estos servicios;

4.Crear un medio para las consultas, sobre la materia de contratación administrativa       pública, donde se podrán acceder a los requerimientos que formulen las entidades del sector público;

5.Obligar al registro de datos de inhabilitados para contratar con el Estado;

6.Estructurar desde las instituciones del gobierno central los Comités de Licitaciones y  Comités Técnico de Apoyo.

7.Contar con un procedimiento de emergencia más transparente, cerrando el paso al grado a grado.

Nuestra preocupación se inscribe en la necesidad de ir creando las bases y estructuras  necesarias para la aplicación de una nueva legislación y es en este sentido es que se inscribe la propuesta que derogaría  Decreto-Reglamento 262-98 y el Decreto 406-04, con sus debilidades y limitaciones.

Para dar una firme demostración de voluntad en la prevención de la corrupción, el Presidente Fernández tiene a mano un recurso efectivo, que además sería muy bien acogido por la opinión pública, cumpliendo con la recomendación de promulgar e implementar ese importante marco normativo elaborado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.

ES HORA DE CONTRATACIONES TRANSPARENTES!

Que se apruebe el Decreto que prohíbe el grado a grado

Si requiere información adicional,
favor comunicarse con Nurys Paulino,
Participación Ciudadana teléfonos 809-685-6200/ 224-8997

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana reunido en San Pedro de Macorís, ha declarado en torno a la situación de los emigrantes haitianos lo siguiente:

1.El problema de la inmigración haitiana tiene que ser analizado con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares de grupos o sectores.

2.Somos también un país de emigrantes hacia Estados Unidos, Puerto Rico, Europa  y las Islas del Caribe. En algunas de estas naciones  los dominicanos emigrantes llegan a ser  el 8 y 10 por ciento de la población.

3.Ciertamente que República Dominicana no puede cargar con el peso de la pobreza haitiana, permitiendo el ingreso de todos los que quieran venir. Se impone una real política de migración, y el establecimiento de cuotas para aquellos oficios en que sean imprescindibles.

4.de prestaciones. La ley tiene que sancionar ese tráfico y la violación de las cuotas de trabajadores extranjeros.

5.En tanto  aceptamos y explotamos la mano de obra haitiana, estamos obligados moral y jurídicamente, por la Constitución y las Leyes, y los tratados y compromisos internacionales, a darles un trato  acorde con  el Código Internacional de los Derechos Humanos.

6.Al igual que ocurre con los dominicanos que han emigrado, es normal y ponderable que las iglesias e instituciones sociales especializadas tiendan a solidarizarse con las miserias y precariedades, con el abandono, la discriminación y la soledad, que afecta a los migrantes, de todas las razas y nacionalidades.

7.sin que  se considere eso lesivo a la soberanía ni la dignidad de la nación dominicana.

8.Los cerca de un millón y medio de dominicanos que viven en el exterior, en su mayoría con ingresos ilegales, una buena  proporción aún indocumentadas, nos obligan a la serenidad y hasta la generosidad en el tratamiento de los problemas  migratorios. Sobre todo, porque sobre sus remesas descansa la economía nacional, tanto como del turismo.

9.Condenamos cualquier acto de violencia provenga de donde provenga.

10.Llamamos a la tradicional hospitalidad del pueblo dominicano y a evitar situaciones que puedan afectar la imagen del país en el exterior.

SANTO DOMINGO, D.N.- El coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Luís Scheker Ortiz, manifestó que si bien la entidad no discute si el Estado Dominicano es fallido o si la democracia representativa ha fallado, “el país ha mostrado un insuficiente avance en términos de desarrollo humano, menos de lo que avanzó el mundo y por debajo del promedio de los países de la región”.

El dirigente cívico, leyó el documento de PC durante celebrado en Santiago el domingo, subrayó “que en medio de la opulencia oprobiosa de unos pocos, ocupamos el tercer lugar de pobreza de la región de América y el Caribe, y eso es señal inequívoca de corrupción”.

A su juicio, esa corrupción toma múltiples formas y mecanismos, como son cohecho, soborno, asociación de malhechores, prevaricación, tráfico de influencia, desviación de fondos públicos, conexiones onerosas o ilícitas, fraude, lavado de dinero, extorsión, enriquecimiento ilícito, estafa y robo.

Expresa que esa gama de conductas “antisociales y perversas”, que en vano se ha pretendido detener “con elocuentes discursos y leyes justicieras pero vacías, huecas al momento de implementarse, de ser traducidas a la práctica por falta de una real voluntad política que las sostenga y las haga suya, firmemente, con manos de Estadista”.

Denuncia que la corrupción viene a ser prácticamente admitida y fomentada por sectores empresariales y políticos, por negociante de la política que manejan la cosa pública como si fueran propiedad privada, que se refleja en el abultamiento de nóminas, el nepotismo y favoritismo político.

Dice que cuando Participación Ciudadana advierte sobre estos hechos lastimosos y pide que se investiguen y se ventilen en la Justicia, para que sea esa instancia quien juzgue sin privilegios ni preferencias, sino con objetividad e imparcialidad, imponiendo sanciones que los hechos ameritan “se le acusa, sin razón alguna, de favorecer a tal o cual partido político o sector”.

“Pero Participación Ciudadana, como movimiento cívico, representativo de los intereses de la sociedad civil que busca no gobernar, sino ser bien gobernado por aquellos que tienen el deber y la responsabilidad constitucional de defender y proteger los intereses nacionales por encima de todo interés particular”.

Scheker Ortiz, quien produjo estas consideraciones al pronunciar el discurso central del encuentro de Participación Ciudadana con representantes de la región del Cibao, celebrado el pasado domingo 24 de este mes, dijo que la entidad “sigue como Quijote, impertérrito su camino, sin favor ni temor en búsqueda de la verdad, la justicia y el bienestar del pueblo dominicano”.

Propuesta al Gobierno

En otra parte de su discurso, dijo que al asumir el actual gobierno el presidente Leonel Fernández, Participación Ciudadana, preocupada por la crisis económica y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo, presentó una propuesta de solución al gobernante.

“Participación Ciudadana le presentó al gobernante una lista de 10 aspectos que deberían de ser asumidos como un compromiso ético para el ejercicio del poder, y traducirse en un nuevo modelo de gobierno dirigido a combatir la corrupción y garantizar los servicios públicos mediante una gestión eficiente y austera, para lo cual se ofrecía de manera desinteresada, y lo mantiene, su total apoyo y cooperación”.

Precisó que dicha oferta no recibió respuesta alguna y al cado de 11 meses y días del inicio de su gestión, “muy pocas de esas recomendaciones han sido debidamente atendidas en un algunos casos el mal denunciado se ha agravado”.

Participación Ciudadana critica la campaña mediática emprendida contra el sistema financiero, el Banco Central y su Gobernador, por sectores vinculados a los acusados de fraudes bancarios y entiende que la misma persigue presionar a las autoridades y a los jueces de la Cámara de Calificación que conoce el caso Baninter debido a la proximidad del fallo.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana alerta a la ciudadanía y autoridades, específicamente a las judiciales, para que no se dejen sorprender por la intensa campaña montada contra el sistema financiero dominicano, el Banco Central de la República Dominicana, y su Gobernador, Héctor Valdez Albizu, pretendiendo desacreditar los casos de los fraudes bancarios del 2003, que costaron más de dos mil millones de dólares al país y que, junto a la forma en que las autoridades enfrentaron la crisis, son la causa directa del enorme déficit cuasi fiscal del Banco Central, que asciende a más de ciento treinta mil millones de pesos, y que deberemos pagar por muchos años todos los dominicanos a través de más impuestos.

Resulta preocupante que un importante periódico, vinculado a uno de los principales acusados del caso Baninter, haya dedicado su espacio principal de primera página en tres ocasiones en cinco días, a reproducir declaraciones e informes sólo en aquellos aspectos en que pudieran favorecer al propietario del medio implicado por las autoridades en los fraudes, omitiendo aquellos aspectos que claramente le perjudican.

Inconformes con la actitud del Banco Central de no desistir de las acciones judiciales iniciadas en el 2003, incluso con los mismos abogados, las críticas de los acusados y sus abogados, directamente o a través de los medios que controlan, son dirigidas contra las autoridades del Banco Central, desde su gobernador hasta su consultor jurídico.

Tampoco ha escapado a esta campaña el sistema financiero dominicano en su totalidad, pues como absurdo medio de defensa se plantea que los acusados del fraude bancario no hicieron nada distinto de lo que hacia la banca en sentido general en el año 2003. Más que una defensa este argumento plantea una auto incriminación, pues nadie puede quedar exento de responsabilidad alegando que violó la ley porque otros lo hacían.

Se ha llegado al extremo de que uno de los implicados hiciera un llamado público, en un programa de televisión,  a las autoridades del Banco Central para que preserven el clima de confianza que se requiere para superar la todavía precaria situación económica del país, en un claro esfuerzo por presionar a las autoridades para que desistan de las acciones judiciales emprendidas.

Nos llena de asombro el esfuerzo que se realiza, encabezado por el Presidente y el jefe sus asesores económicos, por llamar crisis a los fraudes bancarios del 2003, o de pretender que los mismos fueron consecuencia solamente de la mala política económica del gobierno pasado, obviando que sólo en Baninter se ocultó a las autoridades, por años, la existencia de un banco dos veces superior al mostrado a los supervisores y al país, burlando obligaciones fiscales y de encaje, y permitiendo la distracción de miles de millones de pesos.

Esta campaña interviene en momentos en que la Cámara de Calificación apoderada del caso Baninter, compuesta por los magistrados Katia Miguelina Jiménez, Esther Angelàn Casasnovas y Sergio Ortega, se apresta a dictar su decisión. Los acusados abogan porque la Cámara decline el caso a la jurisdicción administrativa del propio Banco Central. Si un precedente de esta naturaleza llegara a sentarse, en el sentido de que la jurisdicción administrativa tiene preeminencia sobre la acción penal, estaríamos creando en los banqueros una casta de intocables, pues luego de ser sancionados en la jurisdicción administrativa con una multa que no puede exceder de diez millones de pesos, no se le podría someter penalmente sin violar el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa (non bis in idem), por lo que los fraudes cometidos por ellos jamás podrían ser sancionados con penas de prisión.

La impunidad de los autores de los fraudes bancarios del 2003 sólo puede arrojar vergüenza y descrédito, local e internacionalmente, y sería la mejor forma de asegurar nuevos fraudes de la misma naturaleza en el futuro, sembrando de incertidumbre nuestro porvenir.

Participación Ciudadana está organizando el Seminario sobre Pobreza y Corrupción: Retos de los programas Sociales. Con esta actividad se busca analizar los diferentes niveles de las políticas y acciones sociales que se producen desde el Estado para superar la pobreza y las debilidades institucionales que permiten prácticas corruptas que dificultan la equidad y la transparencia.

Asimismo este seminario pretende analizar como las prácticas de corrupción y las principales formas y mecanismos recaen con mayores niveles de crudeza sobre los más pobres y se agudiza la misma ante la falta de fiscalización ciudadana y adecuados controles institucionales.

El seminario Pobreza y Corrupción: Retos de los Programas Sociales, pretende también ponderar la importancia que tiene la transparencia en las políticas, programas y acciones sociales  para lograr un mayor impacto y la racionalización de los recursos. Analizará los diferentes niveles de las políticas y acciones sociales que se producen desde el Estado para superar la pobreza y las debilidades institucionales que permiten prácticas corruptas que dificultan la equidad y la transparencia

Esta actividad que forma parte de las acciones que realiza el programa Transparencia dela Gestión Pública se desarrollará en tres paneles con los siguientes temas:

1.-Corrupción y pobreza

Trata de establecer como la corrupción genera pobreza de manera directa e indirectamente a través de las diferentes formas de corrupción.

2.-La acción social desde el Estado frente a la pobreza: Elementos para lograr prácticas de equidad y cero opacidad.

Con este tema se tratará de establecer las principales modalidades de corrupción que han estado presentes en los programas sociales y cuales estrategias desarrollar para superar el problema.

3.-Transparencia en las Políticas Sociales

Trata la manera de articular mecanismos que garanticen la transparencia y la participación de la ciudadanía desde la labor de fiscalización o control social.

El seminario se realizará el jueves 14 de julio a partir de las 9:00 a.m, en el hotel Santo Domingo.

Participación Ciudadana celebró su acostumbrada tertulia mensual, con el tema: Análisis Jurídico y Económico del 2do. Informe de Experto Contratados por el FMI sobre Fraudes Bancarios. En esta actividad tuvimos como expositores al abogado Francisco Álvarez Valdez y al economista Isidoro Santana, en la misma contamos con la participación de una 120 personas.

A continuación las exposiciones de la referida tertulia:

• El Nuevo Informe del Panel de Expertos Internacionales sobre la Crisis Bancaria,Francisco Álvarez Valdez

• Impacto económico de la crisis bancaria, Isidoro Santana

Doctor
Leonel Fernández Reyna
Presidente de la República
Palacio Nacional

HonorableSeñor Presidente:

Nos complace saludarle al tiempo de expresarle nuestras profundas  preocupaciones por una serie de acontecimientos que vienen sucediéndose en  las últimas semanas y que denotan unos, falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y  de racionalidad  en la inversión pública y otros que se inscriben en el proceso de descomposición moral que se percibe en la vida pública y privada de la nación, y particularmente en el ejercicio de la función pública.

Apenas a 8 meses de iniciado su gobierno, en el que las grandes mayorías nacionales han cifrado esperanzas de renovación, modernización y progreso, nos encontramos con hechos que generan escándalo y tienden a reducir la credibilidad en la gestión pública, con el agravante de escasa fe en las investigaciones y los procesos judiciales.

Queremos referirnos concretamente a la falta de transparencia y racionalidad en las siguientes inversiones, realizadas sin concursos ni licitaciones y sin que estuviesen consignados en la Ley de Gastos Públicos:

1.La desproporcionada inversión de 241 millones de pesos en muebles y decoraciones ostentosas en el nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, con duplicidad de contratos, lo que constituye una ofensa frente a la pobreza que sufren las mayorías nacionales, y las mismas precariedades que se observan en el resto del Poder Judicial.

2.La compra de un edificio por mil millones de pesos para alojar la Dirección General de Aduanas, sin que se produjera ninguna licitación pública al respecto, ni se evaluará la oportunidad de dicha compra, a pesar de que presumiblemente esa institución deberá reducir significativamente el volumen de sus operaciones debido a la tendencia hacia acuerdos de libre comercio y desgravación arancelaria.

3.Sustitución de pisos, asientos y ventanas en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién construida, por una suma multimillonaria hasta ahora imprecisa, sin previa solicitud de sus autoridades.

4.La inversión de 25 millones de dólares en un hospital privado en la Ciudad de Santiago, en momentos en que se denuncian grandes carencias en el sistema público de salud que han retrasado la puesta en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

5.Persistencia en iniciar la construcción de un sistema subterráneo de transporte que concentrará la inversión pública en la Ciudad de Santo Domingo, con estimados de costos que especialistas nacionales e internacionales consideran subestimados y con escasas consideraciones de otras soluciones viales más adecuadas a las circunstancias económicas del país. La construcción del metro no sólo implicaría una desproporcionada inversión, sino que también  aumentaría excesivamente la deuda externa, lo cual apuntalaría una política de endeudamiento público que ha sido criticada por el actual gobierno.

Nuestras preocupaciones aumentan, Señor Presidente, por acontecimientos turbios, colindantes con la corrupción y denuncias de actuaciones irregulares que pasan como normales, mientras los rumores apuntan a mayores implicaciones. Nos referimos a los siguientes casos:

a)   Relaciones entre funcionarios civiles y militares y la contratista del amueblado y decoración del edificio de la Suprema Corte, con el señor Quirino Paulino Castillo, involucrado en la mayor incautación de droga en la historia del país. La información de que una parte de los muebles destinados a esa edificación fueron encontrados en un almacén del procesado, fortalece versiones más graves que circulan persistentemente desde diciembre pasado. Algunas de estas han sido incluso difundidas por medios de comunicación, sin que se hayan hecho las aclaraciones pertinentes.

b)   Nos parece sumamente grave  que el subsecretario de las Fuerzas Armadas Julio César Ventura Bayonet estuviera en la finca de un comerciante de Moca justo cuando fue encontrado allí un cargamento de licores introducido al país de contrabando, lo cual amerita una explicación racional y convincente, no siendo suficiente el informe del estamento militar al que el Subsecretario pertenece.

c)   Crea un conflicto de intereses y causa profunda preocupación el que el propio Secretario de Estado de Salud Pública sea accionista del Hospital privado de Santiago, en el cual invertiría el Estado, directa o indirectamente, 25 millones de pesos, pasándose ese hecho por inadvertido, lo que violenta el Artículo 102 de la Constitución de la República.

d)   El escandaloso caso de que al Fiscal del Distrito Nacional se le asigne  una yipeta de lujo que se sabía que había sido robada en Estados Unidos, aunque se creía que no había sido reclamada, esto último desmentido por la Embajada de Estados Unidos en el país.

e)   No es coherente con las promesas de combate a la corrupción el que fueran retirados, sin inmediata sustitución, los abogados que por parte del Estado conducían el proceso judicial por las irregularidades denunciadas hace 4 años y medio en el Programa de Empleo Mínimo Eventual,  (PEME).

Todos estos acontecimientos, Señor Presidente, han producido un gran desconcierto en amplios sectores nacionales, sobre todo porque manchan una gestión de gobierno iniciada con grandes promesas de saneamiento.  Ante esta situación, nos permitimos los siguientes planteamientos:

1.Solicitarle que impulse la  aprobación  del proyecto de ley ya consensuado en  la Cámara de Diputados y con numerosas instituciones sociales para establecer nuevas normas para las compras, contrataciones y concesiones del Estado.

2.Que mientras se produce tal aprobación, se establezcan esas normas por decreto presidencial para reducir el margen de rentismo, clientelismo y corrupción que se registra en las compras y contrataciones estatales.

3.Fortalecer  los organismos consultivos y participativos que usted mismo ha instituido, como la Comisión Nacional deÉtica, que debe impulsar el cumplimiento del Código de Ética  del Servidor Público y el Consejo Económico, Social e Institucional,  llamado a establecer las prioridades en materia de inversión pública.

4.Que se separe de la administración pública, o sean suspendidos mientras se establece si son pasibles de procesamiento judicial, los funcionarios civiles y militares involucrados en actividades  escandalosas.

5.Reclamar la publicación de todas las auditorías realizadas por los organismos estatales correspondientes, y que el ministerio público inicie los procesamientos judiciales que de ellas se deriven sin importar la jerarquía de los involucrados.

6.Que definitivamente se suprima la práctica de la factura consular, se unifiquen todas las tarifas de servicios consulares  y se fijen sueldos a los cónsules en concordancia con los recibidos por el resto de los servidores del Estado en el exterior.

7.Que se le dé vigencia y aplicación a la Ley 1491, que establece el Servicio Civil y la Carrera Administrativa para enfrentar el clientelismo, las deficiencias y la inestabilidad del empleo público.

Señor Presidente:  Estas inquietudes y recomendaciones se la hemos formulado como expresión de sana preocupación por el país y por la imagen de su gobierno, conscientes de las expectativas cifradas en el mismo por el 57 por ciento de quienes lo invistieron en la máxima magistratura del Estado en las elecciones de hace casi un año.

En su discurso del día martes 3 de los corrientes, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, en ocasión de la promulgación de la Ley 122-05 que deroga y reemplaza la Orden Ejecutiva 520 del 26 de junio de 1920, usted resaltó la importancia y el papel estelar que está llamado a desempeñar la sociedad civil junto a su gobierno para reencausar el país en términos más democráticos y venturosos.  Esa es nuestra preocupación y esa nuestra esperanza.

Con sentimientos de consideración y estima,  a nombre del Consejo Nacional de nuestra institución, le saluda,

                                            Atentamente,

Consejo Nacional
Participación Ciudadana

Nota: Esta correspondencia fue remitida el pasado viernes 5 de Mayo de 2005 al Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna.

Participación Ciudadana realizó un encuentro con los dirigentes políticos de los tres partidos mayoritarios (PRD, PLD y PRSC), para discutir “Los Procesos de Renovación Interna en los Partidos Políticos: Balance y Perspectivas”.

Esta actividad en la que participaron como expositores  los altos dirigentes políticos Tirso Mejía R. (PRD); Melanio Paredes (PLD)  y Federico Quique Antún (PRSC), tiene el  fin de discutir la  situación interna y ver el desarrollo del proceso de renovación a que se han abocado estas organizaciones políticas.

Este proceso de renovación interna implica cambios en las estructuras  de dichas organizaciones en el plano nacional. Estas  elecciones internas en la que los miembros de las organizaciones políticas elegirán sus nuevos representantes se realizarán en los meses de mayo y junio.  De esta manera tenemos que el Partido de la Liberación Dominicano realizará su convención el 16 de mayo, el Partido Reformista Social Cristiano el día 22   y el Partido Revolucionario Dominicano hará la elección de sus autoridades nacionales, provinciales y zonales el 5 de junio y la elección de los distintos frentes de profesionales el 19 de junio.

Participación Ciudadana consciente de la importancia de este proceso, planificó este  conversatorio para que la ciudadanía conozca  el proceso que desarrollan a lo interno las organizaciones partidarias ya mencionadas, lo que va en beneficio del fortalecimiento de  su democracia.

A continuación las palabras del director ejecutivo, Javier Cabreja pronunciadas en el panellos procesos de renovación interna en los partidos políticos: balance y perspectivas”

En nombre de nuestra institución queremos dar la más cordial bienvenida a todos  y a todas las presentes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, miembros y directivos de organizaciones partidarias, académicos y público en general. De igual manera quisiera agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan: Melanio Paredes del Partido de la Liberación Dominicana, Tirso Mejía Ricart del Partido Revolucionario Dominicano y Federico Antún Battle del Partido Reformista Social Cristiano, por su gentileza y disposición de compartir con nosotros los procesos internos de reestructuración que están llevando a cabo cada uno de sus partidos.

En distintas oportunidades, Participación Ciudadanaha expresado públicamente su preocupación en relación a las confrontaciones internas existentes en por lo menos dos de las principales fuerzas políticas del país, lo que ha derivado en una crisis profunda de estas instituciones y como resultado, lamentables procesos de división y ruptura. Esto, unido a la crisis de representatividad de las agrupaciones políticas, al abandona de sus principios ideológicos y del discurso programático en función del simple proselitismo electoral, y a su incapacidad de responder a las expectativas ciudadanas una vez se tiene el control del poder político, a traído como consecuencia una creciente perdida de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos dominicanos.

Esto sin dudas se constituye en una seria amenaza para la gobernabilidad en nuestro país, pues sin partidos políticos fuertes institucionalmente, no puede haber estabilidad del sistema democrático. Es por eso que entendemos que uno de los principales retos que tiene la sociedad dominicana actualmente, es el de consolidar su sistema de partidos políticos, lo que supone la definición e implementación de importantes procesos de reformas y de reestructuración interna, que afiancen la democracia, el desarrollo institucional y la transparencia de estas agrupaciones. Esta no es sólo una responsabilidad de los militantes y dirigentes de estas agrupaciones, sino de toda la sociedad, sobre todo de aquellos que tenemos la esperanza de ser bien representados.

Claro está que esto por sí sólo no es suficiente, no podríamos llegar muy lejos, si al mismo tiempo no promovemos cambios a nivel de la legislación nacional, como el que pudiera significar la aprobación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, que regularía no sólo los procesos de selección de los candidatos y autoridades de los partidos, sino además el financiamiento de estas instituciones, en cuanto a sus fuentes y distribución, entre otros aspectos.

De todas manera, como organización estamos consciente de la importancia que tienen  los procesos de renovación  de los cuadros dirigenciales en los que están inmersos las tres organizaciones mayoritarias de nuestra nación. En tal sentido hemos considerado oportuno celebrar este panel, en que nuestros expositores abordarán sobre el avance de los trabajos realizados, los logros y las perspectivas que se han trazado para el futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Participación Ciudadana ponderando el valor de este interesante proceso y su aporte a la calidad de la democracia, les augura éxito, reiterando la importancia de los partidos políticos en  la construcción y consolidación de la democracia de nuestra nación.

Participación Ciudadana rechaza el  tono y el contenido de las declaraciones ofrecidas por el Lic. Miguel Cocco, Director General de Aduanas, en relación con los comentarios efectuados por los periodistas, Juan Bolívar Díaz, Fausto Rosario Adames y Altagracia Salazar sobre la adquisición por dicha Dirección General, de un inmueble por la suma de mil millones de pesos.

En dichas declaraciones el Lic. Cocco, involucró a nuestra organización, al acusarnos de prácticas nepotistas y de recibir fondos de “una potencia extranjera”.

Participación Ciudadana cree en la transparencia y en la rendición de cuentas, por lo que informa a la  opinión pública, con respecto a tales declaraciones, lo siguiente:

Nuestra organización no tiene restricción alguna al trabajo estrictamente voluntario de personas relacionadas con algún grado de consanguinidad o afinidad y por el contrario estimula que familias enteras se integren al trabajo voluntario. Con respecto al trabajo  asalariado, tenemos políticas claras para evitar prácticas nepotistas.

Con relación a nuestras finanzas reiteramos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que el principal aporte que recibe PC es precisamente el trabajo no remunerado de sus voluntarios; y los aportes económicos provienen, en menor grado, de las cuotas de  nuestra membresía, y en mayor grado de la colaboración  de organismos y agencias de cooperación internacional. Asimismo, recibimos colaboración de muchas empresas nacionales que apoyan el trabajo que realizamos y confían en nuestra organización. Todas estas informaciones se publican en nuestra   página Web www.pciudadana.com .

Finalmente, debemos señalar que PC ha sido una abanderada permanente de la transparencia, tanto en el sector público como en el sector privado y por esta razón ha mantenido firme su línea política contra la corrupción y la impunidad, y promueve que las compras de bienes y servicios por parte del Estado, sean sometidas a licitaciones públicas.

El movimiento cívico Participación Ciudadana censura el enfrentamiento que han protagonizado las últimas semanas el Gobierno Central y representantes del Congreso Nacional  y cuyos términos ponen en entredicho el interés de las partes en contribuir con la gobernabilidad democrática sobre la base de fortalecer el Estado de Derecho.

Aunque una de las características de la democracia es precisamente que el gobierno y la oposición  pueden expresar y discutir libremente sus desacuerdos, lo que se ha producido entre el Gobierno y  miembros del PRD en el Congreso, no ha sido otra cosa que una sucesiva cadena de presiones, en la que las partes han olvidado sus responsabilidades con la Nación y el pueblo dominicanos, para anteponer sus intereses particulares.

Esto es lo que se deduce al analizar las diferentes propuestas y declaraciones de los funcionarios del Gobierno peledeísta y de los legisladores y dirigentes políticos pertenecientes al PRD. Por una parte,  el Lic. Danilo Medina, Secretario de Estado de la Presidencia, amenaza con dar a conocer una serie de auditorias bajo la premisa de que las mismas contienen informaciones “estremecedoras” en perjuicio del pasado gobierno.  Parece olvidarse el Lic. Medina que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las autoridades a dar a conocer esta información a todo aquel que la solicite, pudiendo ser sometido a la acción de la Justicia el funcionario que niegue este acceso.  Además, si de estas auditorias se deriva la comisión de algún crimen o delito, es también una responsabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo, el apoderar a los funcionarios judiciales competentes y no utilizar esta información como un mecanismo para silenciar la oposición y obtener su apoyo complaciente.

En otro sentido, es también reprobable que el Senado de mayoría perredeísta postergue sus obligaciones de legislar, condicionándolas a que el gobierno cumpla una serie de demandas. Si el Senado entiende que tal o cual funcionario está violando la ley mediante cancelaciones irregulares o anulando disposiciones adoptadas legítimamente por el Ex Presidente Hipólito Mejía, la Constitución de la República tiene los mecanismos para que ese funcionario sea interpelado ante las propias cámaras legislativas, pudiendo ésta adoptar las sanciones de lugar.  Pero intercambiar la aprobación de préstamos o bonos  con la reposición de cancelados o con “que no se persiga a ningún compañero”, desnaturaliza los propósitos de la función legislativa y no constituye una acción efectiva de fiscalización.

En ese mismo orden, Participación Ciudadana advierte sobre una peligrosa tendencia que se percibe en ciertos sectores del Gobierno, en el sentido de ofertar impunidad a cambio de una mal entendida  “gobernabilidad”, sustentada en la actitud obediente y sumisa por parte de legisladores y opositores. Entendemos que el Ministerio Público debe dar continuidad a los procesos de investigación de actos de corrupción, independientemente de sí sus autores son del actual o del pasado gobierno. Ningún funcionario o ex funcionario puede sentirse molesto porque se inicien acciones de investigación respecto de las responsabilidades públicas en que se ha desempeñado. En todo caso, lo que si debe exigirse es que estas pesquisas se hagan cumpliendo estrictamente el debido proceso y que las mismas no sean utilizadas con fines meramente politiqueros.

Participación Ciudadanallama al Gobierno y a los legisladores a reflexionar muy seriamente sobre el rol que cada uno debe jugar en las actuales circunstancias que vive la República y que precisan del concurso mancomunado de sus mejores hombres y mujeres. A entender que es necesario fomentar la gobernabilidad democrática, pero sobre la base del respeto a la Justicia y el cese a la impunidad,  castigando la corrupción de ayer y de hoy; fomentando la ética y la transparencia en la gestión pública; concertando una agenda legislativa  y una Agenda Nacional de Desarrollo, que establezcan las prioridades nacionales en los próximos años, dando respuesta a los acuciantes problemas que afectan la población dominicana y que actualmente vive una continua crisis en servicios elementales como el agua, la  salud, el suministro de energía eléctrica y la educación.

Advertimos que cualquier tipo de “gobernabilidad” lograda sobre la base de la impunidad, se constituirá en otro factor que aumentará el descrédito y la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos y sus dirigentes y será además un caldo de cultivo para que en el futuro se cometan nuevos actos de corrupción.