La Cámara de Cuentas y Participación Ciudadana firmaron un convenio de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de lograr el fortalecimiento del Estado Dominicano, a través de la capacitación de los servidores públicos y la vinculación de la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas de las instituciones públicas.

El acuerdo fue firmado por la presidenta de la Cámara de Cuentas Licelott Marte de Barrios y el Coordinador General de Participación Ciudadana, Samir Shami Isa.

Con la firma del convenio, Participación Ciudadana se compromete a apoyar la Cámara de Cuentas en el proceso de instalación de las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAI) y de Control Social, dotando a la OAI de los formularios de solicitudes de información y en la capacitación del personal que laborará en esa área.

El Movimiento Cívico no partidista también orientará a la Cámara de Cuentas sobre la actualización del link de transparencia del sitio Web de la institución, con lo que se pretende facilitar el acercamiento del Organismo Fiscalizador del Estado con organizaciones sociales, así como prevenir irregularidades y actos de corrupción.

Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, anunció que PC dará este tipo de apoyo a otras instituciones públicas, como parte del "Programa Acción Ciudadana por la Justicia y Transparencia" que realizan con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Acuerdo además establece, que Participación Ciudadana colaborará con la Ente Fiscalizador en la creación y fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional del Impulso del Sistema Nacional de Control y Auditoria.

En ese mismo orden, Participación Ciudadana y la Cámara de Cuentas diseñarán y organizarán una serie de cursos sobre ética y probidad pública que serán impartidos con carácter obligatorio en la Escuela Nacional de Cuentas, actualmente en proceso.

De conformidad con lo establecido en el convenio firmado por ambas instituciones, éstas designarán un equipo técnico responsable de la ejecución y cumplimiento de dicho acuerdo, los cuales podrán promover y coordinar las acciones que consideren pertinentes para el cumplimiento de los objetivos fijados por ambas entidades.

El convenio fué firmado en el auditorio Pedro Miguel Caratini de la Cámara de Cuentas y contará con la presencia del Pleno de Miembros, Directores Departamentales, funcionarios, encargados y empleados del ente fiscalizador; así como invitados especiales de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de 30 organizaciones de la sociedad civil depositaron un documento en la Procuraduría General de la República para reclamar acciones ante las denuncias de corrupción de funcionarios del Estado.

Las organizaciones, agrupadas en el Foro Ciudadano, pidieron que se aplique la ley sobre las múltiples denuncias públicas de actos de corrupción para salvaguardar la transparencia del Estado.

Manuel Cabral, de la Asociación de Industriales de Herrera, Francisco Checo, de Participación Ciudadana, y José Ceballos, de Ciudad Alternativa, a puntaron que urgen acciones inmediatas para poner freno a la corrupción

“Cualquier funcionario que se demuestre que está involucrado en la malversación de fondos públicos debe ser sometido”, dijo Ceballos.

El documento también fue entregado en la Suprema Corte de Justicia, en el Senado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, la Comisión Nacional de Ética y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA).

El Foro Ciudadano está integrado por n Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, La Asociación de empresas Industriales de Herrera, el Centro Juan Montalvo, Centro Juan 23, La Lucha, Dominicanos por la Integridad, Colectivo Mujer y Salud, entre otras entidades.

El coordinador nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, licenciado Samir Rafael Chami Isa, defendió este miércoles la transparencia y la pulcritud con que esa institución maneja los fondos que recibe de varios organismos internacionales.

Afirmó que el monto de esos recursos y el uso que reciben están publicados en su página de Internet (www.pciudadana.com).

En tanto que, el jurista Carlos Salcedo, asesor de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó de “destempladas” las declaraciones que censuran los reclamos que hace esa entidad de pulcritud en el manejo de los recursos del Estado.

Chami Isa y Salcedo respondieron al reto que hiciera el superintendente de Seguros y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Euclides Gutiérrez Félix, a Participación Ciudadana y Finjus para que informen al país las nóminas de sus funcionarios y el origen de los fondos que manejan.

“De dónde sacan ellos el dinero para andar en carros bonitos, ropa, muchos sacos y corbatas, gente que no tienen antecedentes de éxitos profesionales ni magisterio”, dijo el funcionario, sobre los ejecutivos de las dos instituciones de la sociedad civil.

Chami Isa expresó que los organismos que financian las operaciones de Participación Ciudadana vigilan celosamente el uso de esos fondos y aseguró que la nómina de funcionarios de esa entidad es ínfima, porque los miembros del consejo de dirección trabajan de manera voluntaria.

“Esas declaraciones no son del momento”, dijo, tras señalar que Gutiérrez Félix debió referirse a los altos niveles de corrupción que, según dijo, afectan al gobierno del presidente Leonel Fernández.

No obstante, expresó que “estamos dispuestos a dar todas las informaciones sobre nuestras operaciones a quienes la requieran”.

De su lado, Salcedo defendió el derecho de FINJUS y del pueblo dominicana a reclamar pulcritud en el manejo de los recursos del Estado.

Consideró que la respuesta de Gutiérrez Félix a esos reclamos debió referirse a las acciones del Gobierno para enfrentar la corrupción en la administración pública.

“Qué están haciendo desde el Gobierno para garantizar la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos debió ser su respuesta”, precisó el destacado jurista.

La frase

Consideran esas declaraciones no son del momento

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones entregó un reconocimiento a los directivos del proyecto Casa Comunitaria de Justicia de Participación Ciudadana, por su buena gestión en el manejo de la Sala de Capacitación Digital instalada para los servicios que presta a la comunidad.

El reconocimiento fue entregado por José Rafael Vargas, director del Indotel y recibido por José Ceballos, coordinador de la Casa Comunitaria de Justicia.

Durante el reconocimiento, el Director del Indotel destacó los aportes de la Casa Comunitaria de Justicia en la capacitación de jóvenes y adultos mediante herramientas tecnológicas, contribuyendo así con la consolidación de la democracia y con el proceso de modernización del Estado en las tecnologías de información (TIC` S ).

El Funcionario valoró la capacidad de gestión lograda por los directivos de la Casa Comunitaria de Justicia en el mantenimiento de la Sala Digital, cumpliendo con los objetivos del proyecto en beneficio de la comunidad.

José Ceballos, Coordinador de la Casa de Justicia, indicó que en este proyecto han sido atendidas más de 15 mil personas que recibieron asistencia de información, orientación legal, referencia, mediación, resolución de conflictos y otros servicios legales de forma gratuita.

Ceballos destacó que estos Centros están destinados a ofrecer servicios a personas que no lo pueden pagar, y tiene como objetivo propiciar la convivencia pacífica en las comunidades, mejorando el acceso del ciudadano a la Justicia, al conocimiento de sus derechos, garantías y protecciones legales, así como implementando la mediación y otros mecanismos alternos de resolución de conflictos.

"Esto es solo uno de los seis proyectos que realiza Participación Ciudadana a favor de la comunidad, dando asistencia, formación y realizando estudios que sirven como referente a la sociedad. A través de nuestros proyectos y trabajos también buscamos lograr una mayor participación de la sociedad civil en los diversos ámbitos de la vida social, contribuyendo así con la consolidación de la democracia", expresó José Ceballos, director del Proyecto.

Al final del reconocimiento, el director del Indotel se comprometió a continuar apoyando nuevas Casas Comunitarias de Justicia.

Casa Comunitaria de Justicia.

Este proyecto fue creado en el 2006 y cuenta con dos centros de trabajo, una en la calle 2, casa número 14, del Barrio Duarte en Santo Domingo Oeste; y en Santiago en la calle 14, número 22, del sector Cienfuegos.

Participación Ciudadana también tiene previsto abrir una nueva Casa Comunitaria de Justicia el sector Villa Rosa, La Vega.

No se cuestiona la falta de leyes ni de mecanismos para impulsar la transparencia, sino la permisividad y la falta de voluntad para la sanción.

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales recibieron de buenas ganas y acogen el plan gubernamental de implantar un pacto por la transparencia con el sector privado. Pero advirtieron, en su comunicado semanal, que el Presidente Leonel Fernández no debe manejar con “paños tibios” los actos de corrupción denunciados en las últimas semanas a través de medios de comunicación. Las entidades dicen que ha faltado voluntad política y compromiso.

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) instaron al presidente Leonel Fernández no manejar con “paños tibios” los actos de corrupción denunciados en el gobierno y acogieron el plan gubernamental de implantar un pacto por la transparencia con el sector privado.

Las organizaciones empresariales, que presiden Manuel Cabrera e Ignacio Méndez, señalaron que el país cuenta con los marcos legales bien concebidos para contrarrestar el mal de la corrupción administrativa, pero que hace falta una voluntad política y un compromiso serio por parte del Estado para hacer cumplir la ley.

Asimismo, indicaron que le toman las palabras al presidente Fernández cuando señaló que los funcionarios que no cumplan sus labores con honestidad no tendrán cabida en su Gobierno.

“Esperamos que este discurso del presidente no sea un simple armazón de buenas intenciones y que se convierta en realidad, pues razones hay suficientes para eso”, apuntaron.

La AEIH y la FAI se pronunciaron en esos términos al comentar el encuentro del presidente Fernández con directores de medios de comunicación, en el cual el gobernante y varios funcionarios que le acompañaban

ofrecieron explicaciones legales e institucionales para contrarrestar la corrupción.

Manifestaron que actualmente lo que se cuestiona no es la falta de leyes ni de mecanismos institucionales para impulsar la transparencia en el Estado, sino la permisividad y la falta de voluntad para sancionar de manera firme a los funcionarios que manejan los fondos públicos como si salieran de sus bolsillos.

Comunicado conjunto de la AEIH y FAI

Esperamos que este discurso del presidente no sea un simple armazón de buenas intenciones y que se convierta en realidad, pues razones hay suficientes para eso”.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, manifestó que la corrupción en el sector privado debe ser castigada con igual energía que la de la administración pública.

Aseguró que para ello el Gobierno debe cumplir su rol de evitar por todos los medios que empresarios puedan burlar sus compromisos con las entidades recaudadoras.

Con relación al sector público, manifestó que el Gobierno tiene suficientes evidencias para sancionar a funcionarios que han cometido una serie de irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Insistió que la corrupción debe ser perseguida en el sector público y el privado.

Refirió que ya hay logros tangibles en la aplicación de esas medidas. Entre los funcionarios que se han vinculado a alegados actos de corrupción figuran el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), Radhamés Segura; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y el ex director del Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara. A este último se le impuso medidas de coerción producto una investigación iniciada por el Ministerio Público.

Esperaba decisión de investigar los cuestionamientos a funcionarios

Lo que debió decir en el almuerzo del jueves con ejecutivos periodísticos: que los casos denunciados de corrupción serían investigados a profundidad y de determinarse que realmente se cometieron algunos actos dolosos y taplicar las sanciones correspondientes.

Samir Chami Isa, hablando a nombre del Movimiento Participación Ciudadana, dijo que el Presidente Leonel Fernández no llenó expectativas.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) afirmó ayer que las explicaciones dadas por el Presidente Leonel Fernández a ejecutivos de diferentes medios de comunicación sobre la corrupción no llenaron las expectativas de la población.

“El presidente Fernández debió decir que los casos denunciados iban a ser investigados a profundidad y, en caso, de determinarse que realmente se cometieron actos dolosos, disponer la aplicación de las sanciones correspondientes”, expresó Samir Chami Isa, coordinador general de la entidad.

Refirió que a pesar de que el actual gobierno ha pregonado de que habrá “tolerancia cero contra la corrupción”, los hechos han demostrado lo contrario.

“Entendemos que es el mismo discurso de siempre, la falta de voluntad para atacar este flagelo”, insistió el representante de la sociedad civil, al ser consultado acerca del almuerzo que sostuvo el presidente Leonel Fernández con los medios de comunicación para abordar el tema de la corrupción administrativa.

Diversos sectores de la sociedad han reclamado que se investiguen los actos de corrupción administrativa denunciados en las últimas semanas y que los responsables sean llevados hasta los tribunales.

El pasado jueves, el Presidente Fernández se reunió con representantes de medios de comunicación del país, a quienes explicó las iniciativas que realiza el gobierno para enfrentar este flagelo.

Entre ellos citó el proceso de reforma legislativa que se ha venido llevando a cabo desde el 2005 para transparentar la gestión pública y fortalecer los controles internos de la administración pública.

Refirió que ya hay logros tangibles en la aplicación de esas medidas. Entre los funcionarios que se han vinculado a alegados actos de corrupción figuran el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), Radhamés Segura; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y el ex director del Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara. A este último se le impuso medidas de coerción producto una investigación iniciada por el Ministerio Público.

Participación Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil entregaron este miércoles a la Cámara de Diputados el "Anteproyecto de Ley de Participación" a través del cual se busca fortalecer el marco legal para garantizar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones del Estado.

El Anteproyecto fue entregado al presidente de la Cámara Baja, Julio Cesar Valentín, por una comisión encabezada por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana; Norma Méndez, directora del Proyecto de Promoción de Mujeres del Sur; Sergia Galván, directora ejecutiva del Colectiva Mujer y Salud; Fernando López, presidente del Centro de Educación y Acciones Ecuménica; Román Batista, director de Ciudad Alternativa, así como otros representantes de las organizaciones que participaron en la elaboración del mismo. Durante el encuentro Valentín destacó la importancia de este Anteproyecto y se comprometió a estudiarlo y apoyarlo.

Samir Chami Isa, coordinador general, explicó que "el Anteproyecto de Ley de Participación tiene por objeto establecer las normas y garantías para el ejercicio efectivo del derecho de participación por parte de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, de los recursos y los órganos estatales".

Con este Anteproyecto Las Organizaciones de la Sociedad Civil buscan contribuir a la ampliación de las prácticas y medidas democráticas para lograr una gestión pública más eficiente y transparente.

El Coordinador General de Participación Ciudadana dijo que este Anteproyecto de Ley recoge diferentes mecanismos de participación establecidos en otras leyes, muchas de las cuales fueron reagrupadas y organizadas con coherencia. Entre los mecanismos de participación que propone dicho Anteproyecto se encuentran el referéndum, la consulta popular, vistas públicas, participación en la labor legislativa, audiencias públicas y otros.

Samir Chami Isa indicó que muchos de estos mecanismos de participación están contenidos en la constitución de la República y la nueva reforma plantea la creación de una ley al respecto.

La Propuesta Legislativa también propone la creación de un Sistema Nacional de Participación, que estará conformado por representantes a nivel nacional, regional, provincial y local que trabajarán en coordinación para la supervisión de las labores del Estado.

Este anteproyecto fue ampliamente consensuado en la mesa de Sistemas Políticos y Electoral durante la cumbre de las Fuerzas Vivas de la Nación, en donde se propuso la creación de un sistema de control ciudadano para que la sociedad sea un ente activo en el esfuerzo de lograr el cumplimiento de las leyes, y se dispuso promover la aprobación del proyecto de Ley de Participación

Este Anteproyecto fue readecuado, luego de haber sido sometido al Congreso en el 2007, aprobado en la Cámara de Diputados, pero perimió en el Senado.

Los directores ejecutivos de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Francisco Cueto, dijeron que los resultados de la encuesta Gallup-Hoy, se corresponden con la realidad, en cuanto a la alta percepción de los ciudadanos sobre la corrupción pública en el país.

Recomendaron al gobierno tomar en cuenta lo que piensa la población sobre sus ejecutorias en materia de combate y sanción de la corrupción, en torno a la situación económica que padece, a los fines de tomar las medidas que corrijan los males que afectan el fortalecimiento de la democracia, el sistema de partidos políticos y la calidad de vida de la población.

Cabreja y Cueto opinaron sobre los resultados de la encuesta Gallup-Hoy, los cuales revelan que el 66% de los encuestados cree que la corrupción aumenta; mientras el 84% dice que hay mucha impunidad. Asimismo, el 82% ve negativa la economía local.

Sobre la corrupción Cabreja y Cueto dijeron que hay más percepción de corrupción por la falta de controles para el combate de ese flagelo.

El vocero de PC calificó grave que no se vean medidas dirigidas a investigar y sancionar la corrupción “sino más bien respuestas de las autoridades que intentan justificar esos hechos”.

Respecto a la situación económica del país, Cabreja lo atribuyó a la profundización de la crisis a nivel internacional y al mismo tiempo, al mal manejo del gobierno de la economía a nivel nacional, falta de austeridad, baja inversión social y a la mala calidad en el gasto.

Las claves

1. ¿Por qué la percepción?

Cabreja lo atribuye a la falta de controles del Estado para perseguir, sancionar y castigar la corrupción; a los altos niveles del gasto, a que el gobierno no ha tenido clara sus prioridades en términos económicos. Esto ha hecho, dice, se incrementen los niveles de pobreza y de deterioro y social y económico.

2. Datos preocupantes

Para Cueto son de preocupación los resultados de la encuesta Gallup-Hoy. Empero, considera que lo importante en la política y en la democracia es saber qué piensan los ciudadanos porque son éstos los que dan la legitimidad al sistema político.

Ante el pacto dado a conocer el jueves entre el Presidente de la República Leonel Fernández y quien fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del 2008, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Participación Ciudadana desea señalar lo siguiente:

1.Acogemos los aspectos positivos contenidos en el acuerdo presentado al país, especialmente en lo referente a la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, la elección de diputados nacionales por acumulación de votos que abriría las puertas a la representación de las minorías y la congelación de la matrícula de la Cámara de Diputados.

2.Resalta, sin embargo, que la prisa con que se pactó impidió que se presentaran los textos a ser sometidos a consideración de la Asamblea Nacional.

3.Deploramos que se haya ratificado la propuesta de reunificar las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales en un mismo año, a lo que siempre nos hemos opuesto por considerar que debilita la representación legislativa y fortalece el arrastre y en consecuencia el presidencialismo.

4.Es de mucha preocupación que este acuerdo  se haya hecho al margen de la institucionalidad de los partidos, reforzando la cultura caudillista que tanto daño ha causado al desarrollo institucional y democrático de la nación. Más lamentable por cuanto el doctor Leonel Fernández lo firmó como Presidente de la República, en vez de hacerlo como presidente de su partido, que era lo correspondiente. En cuanto al Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la condición de excandidato presidencial no le confiere ninguna representación institucional.

5.El acuerdo debió abarcar a los demás partidos políticos con representación legislativa, y haberse realizado en el marco mismo de la Asamblea Nacional Revisora a través de los bloques parlamentarios, lo que hubiese salvado la institucionalidad y la majestad de la Presidencia de la República.

6.El acuerdo es muy limitado, fundamentalmente en torno a la distribución del poder, y no aborda aspectos substanciales del proyecto de nueva Constitución  referentes a la institucionalidad democrática, la justicia, y los poderes legislativo y municipal, en los cuales no hay consenso.

7.Finalmente consideramos que todavía hay tiempo para someter el acuerdo a consideración de los órganos decisorios de los partidos políticos, así como para ampliar su contenido.